18.4.25.Las reformas universitarias de Carlos III.

LAS REFORMAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

DE TIEMPOS DE CARLOS III[1].

La disputa entre colegiales y manteístas

en tiempos de Carlos III.

Tras el triunfo político de los manteístas a partir de 1766, era preciso poner fin a la disputa entre colegiales y manteístas en cuanto a la calidad de formación de unos y otros. Ensenada no era universitario, ni tenía antepasados de alcurnia, pero había llegado a ser un gran gobernante, era un golilla y había demostrado que los golillas podían ser tan útiles al Estado como la nobleza más rancia.

Los colegiales, alta nobleza y clero, defendieron siempre que para ser un buen gobernante era precisa una sólida formación jurídica, formación que la nobleza adquiría en casa de sus padres y en los grandes bufetes.

Los nuevos gobernantes, manteístas y golillas, pusieron en duda la eficacia de un saber basado en enseñanzas antiguas que ya no se adaptaban a la realidad de los nuevos tiempos (era obvio en el caso de la Metafísica y el Derecho Romano), opinando que muchas veces la experiencia en la administración era más eficaz que la formación jurídica teórica, impartida en la Universidad según recetas medievales del siglo XIII.

Frente a los manteístas y golillas, Aranda seguía defendiendo que una buena formación y una estricta moralidad, sólo podían garantizarse desde la alta nobleza, hombres que no necesitaban dinero para sobrevivir. Un gran patrimonio era imprescindible para ser un buen gobernante.

Cualquiera de los dos razonamientos tenía ventajas e inconvenientes, pues no era cierto que todos los manteístas y golillas fueran mejores personas porque habían tenido que esforzarse más, ni tampoco era cierto que los hijos de alta nobleza estuvieran capacitados para altas misiones de Gobierno por estar formados en casas donde de cultivaba la cultura y en Colegios Mayores donde había buenos profesores.

Carlos III decidió aprovechar a los golillas de mérito, formados en la propia Administración desde pequeños, así como a los manteístas que habían demostrado su valía ganando cátedras, y a los colegiales que demostraran conocimientos y espíritu de servicio al rey. Era la postura más racional: aprovechar las buenas cabezas, fuera cual fuera su origen.

El tema que se derivaba de esta discusión, era la calidad de los estudios, y ello conducía a la necesidad de la reforma universitaria.

El papel de la universidad española

en la renovación del saber en el XVIII.

En el siglo XVIII, apenas sabemos qué papel jugó la Universidad frente a los cambios que se requerían, y los que se iban a producir en siglos futuros. Admitimos que, en general, las universidades españolas fueron conservadoras, antiprogresistas y antiilustradas.

El papel de las Universidades incompletas, que casi siempre eran centros religiosos de formación de dominicos, benedictinos, jerónimos… era lógico que fuera conservador. En general, todas concedían el título de bachiller sin hacer exigencia ninguna a los candidatos, sólo por el hecho de que querían ingresar en la orden, y de que decían tener vocación. Más tarde, pretendían convalidar su título en las Universidades Mayores mediante formalismos diversos, e incluso mediante la mera y simple compra del título. Y luego, algunos renunciaban a la ordenación religiosa recibida y se buscaban la vida en la administración o el ejército, y otros continuaban en las órdenes religiosas.

La mayor parte de los rectores de estas Universidades incompletas eran clérigos que luchaban por conservar las cátedras en manos de miembros de su Orden Religiosa. La enseñanza practicada en ellas era memorística, y casi nunca impartían ciencias útiles, ciencias aplicadas, pues se limitaban a la filosofía y la teología, con el latín conveniente para poderlas estudiar y enseñar.

Pero el papel de las grandes Universidades no fue mejor. Las cátedras de todas las Universidades se gestaban en los Colegios Mayores de las Universidades Mayores, y normalmente sólo servían para promocionarse los colegiales a sí mismos a fin de acceder a cargos del Estado y de la Iglesia, mejor pagados, administrando grandes cantidades de bienes en beneficio de sus preferidos (familiares, compañeros de orden religiosa, paisanos…). El absentismo en las cátedras era una cosa que, desde el punto de vista de hoy, parece desmesurado, inconcebible. Algunos catedráticos poseían la cátedra por simple prestigio y no la ocupaban nunca. Estaban más interesados en sus cargos en la Corte de Madrid. El siglo XVIII luchó contra este absentismo donde el sustituto no había pasado por ninguna prueba que garantizase su competencia docente.

Los Colegios Mayores repartían un pastel muy suculento, y pronto los manteístas, o alumnos de las Universidades Mayores no pertenecientes a Colegios Mayores, exigieron su parte de la tarta. Pero los manteístas en general, no querían reformas, sino participar de los privilegios abusivos de los colegiales, continuidad en los privilegios pero repartidos entre todos, acceso a los cargos y las cátedras. Los manteístas verdaderamente reformistas fueron pocos. Los reformistas procedentes de Colegios Universitarios fueron también muy pocos.

Sólo una minoría de profesores conocía los avances científicos que se estaban produciendo en Europa ya desde el XVII y durante el siglo XVIII, pero ni aun esos conocimientos se proyectaban en el ejercicio docente, pues los profesores temían manifestarse en este sentido. En consecuencia, el desprestigio de la función docente era grande.

En la segunda mitad del XVIII se acusaba a la Universidad de corrupción, pero no se atacó el núcleo de la corrupción misma, sino sus manifestaciones puntuales en los estudiantes y profesores. Y es que una reforma como la que se necesitaba requería de financiación, y no la había.

La idea de los Borbones era que la Universidad la pagaran los Ayuntamientos, mediante la concesión de determinadas rentas, pero que la dirigiera el Estado, a fin de poder introducir cambios al estilo de las universidades francesas reformadas por Luis XIV. Esto era imposible en España, porque ni los Ayuntamientos estaban dispuestos a pagar esa carga, ni las Universidades aceptaban la tutela del Estado. No se aceptaron los cambios propuestos por la Corona. Detrás de todo ello estaba la Iglesia, que controlaba las Universidades y no quería perderlas, aliada a la alta nobleza que dominaba las instituciones del Estado a partir de su paso por la Universidad.

Posibilidades de reforma universitaria.

La facultad con más posibilidades de incorporar los nuevos saberes como la Historia Natural, Física y Matemáticas era principalmente la de Artes, preparatoria a las demás, y las cátedras de química y botánica de la de Medicina. Las Facultades grandes, las clásicas, tenían pocas posibilidades de reformarse: Los grandes inconvenientes eran la defensa que los Colegios Mayores hacían de sus privilegios, la defensa que los jesuitas y otras órdenes religiosas hacían de los derechos de la Iglesia sobre la enseñanza, la poca remuneración de las cátedras que llevaba a que los religiosos tuvieran ventaja en el deseo de acceder a ellas pues tenían al lado un convento que les proporcionaba comida y cama, y también los nobles que podían pagarse sus propios gastos temporalmente hasta que conseguían un puesto bien remunerado en la Administración.

En el siglo XVIII, el mal mayor no era que la Universidad adoleciera de tradicionalismo y escolasticismo, sino que rechazara la nueva ciencia, los nuevos saberes de física, anatomía, botánica, geografía, astronomía, historia natural y, sobre todo, matemáticas. Incluso unos reformadores como los de la época de Carlos III, habían protegido las cátedras de Teología, Derecho, Escritura y Cánones, y no se habían atrevido a introducir los nuevos saberes, las nuevas cátedras, las que serían nuevas Facultades Universitarias en el futuro.

La reforma de la Universidad no era fácil, porque las rémoras eran muchas y seculares:

El absentismo era habitual tanto ente los estudiantes, como entre los profesores. Los estudiantes no tenían exámenes y únicamente debían justificar su asistencia a la Universidad durante unos años, y hacer una lectio o una disputatio que fuera del agrado de unos profesores. Los profesores, ponían inmediatamente un sustituto de cátedra y se iban a ganar dinero a un puesto bien remunerado de la Administración.

Las cátedras estaban muy desigualmente retribuidas y había rencillas entre catedráticos. Todo catedrático aspiraba a una cátedra mejor retribuida y saltaban con facilidad de una a otra, sin que entendamos muy bien si los catedráticos eran especialistas en alguna materia.

Había cátedras “particulares” financiadas por personas particulares o por órdenes religiosas, con excesiva dependencia de su patrono.

Se producían serios y constantes abusos por parte de los colegiales mayores, que exigían las cátedras para ellos apoyándose en privilegios concedidos a su Colegio Mayor.

Los métodos de enseñanza se consideraban inamovibles.

Los contenidos eran a menudo estériles y artificiosos.

La picaresca para ganar asignaturas y convalidar grados era admitida con cierta laxitud.

La Universidad estaba anclada en el escolasticismo. Sus cátedras de Teología y Escrituras (con cátedras de prima, de vísperas, y algunas veces más) no estaban al servicio de la ciencia, sino de la Iglesia. Las cátedras de Cánones (prima y vísperas), correspondían a lo que entendemos por Derecho o Leyes, pero Derecho Romano, y tenían poca utilidad para el Estado y su necesidad de interpretar las leyes actuales. Otras cátedras menores eran la de Decretos, la de Liber Sextus, la de Clementinas… Era preciso eliminar estas cátedras y sustituirlas por otras. Y ello significaba que había que decirles a los grandes profesores universitarios, que su saber no valía para nada, que sus cátedras iban a ser suprimidas y que había que introducir nuevas cátedras de otros saberes. Demasiado complicado.

Este era el problema más evidente a la hora de introducir cátedras de ciencias. Porque nuevas cátedras significaban desviar recursos y alumnos desde las cátedras antiguas, y muchas veces suprimir cátedras muy antiguas, lo cual no era de esperar que fuera bien aceptado. El asunto se magnificó y se sacó de su significado real, cuando los conservadores aseguraron que se atacaba al escolasticismo porque se quería atacar a la Iglesia Católica según ideas francesas sospechosas de ateísmo. Era un planteamiento falso, pues no era toda la Iglesia la que se oponía a las ciencias, ni el Estado borbónico se oponía a la Iglesia. De hecho, la mayoría de los novatores habían sido eclesiásticos y habían aceptado la ciencia.

Sí que era cierto que la mayor parte de las Universidades eran fundaciones religiosas católicas, y en ellas la Santa Sede tenía normativas por las que los catedráticos debían ser clérigos. Las reformas eran muy difíciles en esas Universidades. Las Universidades a reformar debían ser estatales.

Las probabilidades de éxito en la reforma universitaria eran muy pocas:

Las clases bajas odiaban a los reformadores ilustrados, porque suponían mayores impuestos, mayor control del Estado, y porque los sacerdotes las impulsaban contra el movimiento ilustrado.

Los jesuitas, que eran los más afines a aceptar los nuevos conocimientos, se oponían a contradecir al Papa, con lo que toda reforma debía venir de Roma para ser aceptada por ellos.

Los Colegios Mayores defendían el inmovilismo y los colegiales de todos los colegios se habían coaligado para defender sus privilegios y para repartirse, primero, las cátedras de la Universidad, y en segundo lugar, los puestos de la Administración y de la Iglesia, pues los padres de los estudiantes, salidos también de los colegios mayores, guardaban las vacantes de cátedras para los colegiales.

Los profesores puestos por los colegiales no garantizaban altura de conocimientos, aunque podía coincidir que alguno sí los tuviera (citar alguno con valía, no tiene peso en contra de este argumento, porque se pueden citar muchos sin capacitación). De hecho, los manteístas, o estudiantes de fuera de los colegios Mayores, odiaban a los colegiales y al sistema de provisión de cargos en el Estado.

Los intentos fallidos

de reforma universitaria.

Con Felipe V, apenas cambió la Universidad, o los cambios fueron pequeños, pues se redujeron las dotaciones y con ello surgió el descontento entre el profesorado. Felipe V tenía interés por consolidar su Corona y decidió ser prudente y seguir el consejo de su abuelo: fortalecer su monarquía sin comprometer la Corona. Pero con menos dotación, los nobles y clérigos, que tenían medios suficientes para vivir, tenían ventajas para dominar las cátedras.

Uno de los primeros intentos de los Borbones del XVIII para reformar la Universidad española fue introducir unas asignaturas de Derecho de tradición francesa, un Derecho que emanaba del rey, el Derecho nacional. La Universidad se opuso y defendió que seguiría explicando Derecho Romano e incluso amenazó al rey de excomunión. Por ese camino, los intentos de reforma de las Facultades tradicionales estaban condenados al fracaso. Entonces se intentó introducir los nuevos saberes, las ciencias, por una vía alternativa a la Universidad.

El rey reaccionó creando los “Reales Colegios”: Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz 1748, Colegio de Cirugía en Barcelona 1760, Real Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid 1780, Escuela de Veterinaria en Madrid 1792, Real Estudio de Medicina Práctica en Madrid 1795, Real Colegio de Cirugía de Burgos 1799 y Real Colegio de Cirugía de Santiago 1799. En estos Reales Colegios, se intentaba imponer las asignaturas de matemáticas y de ciencias. Los Reales Colegios de Cirugía, tenían facultad para otorgar título de medicina y cirugía, algo novador porque, anteriormente, el título de Medicina estaba reservado a la Universidad. Estos Colegios se eliminaron en 1843 cuando se crearon las Facultades de Medicina.

El plan de estudios se completó con la creación del Instituto de San Isidro en 1770, en donde se introducían los saberes científicos en la enseñanza media.

Coincidió el establecimiento de estos Reales Colegios con un relajamiento de la Inquisición en el tema de la enseñanza y los Colegios introdujeron estudios de mecánica, hidráulica, astronomía, matemáticas y geografía y se empezó a explicar a Newton, a Descartes, además de la cirugía moderna.

Desde 1763, Campomanes luchó por imponer la soberanía regia en las Universidades, lo cual suponía enfrentarse a los Colegios Mayores y a la nobleza y órdenes religiosas. Fue un fracaso.

En 1765, un manteísta llamado Manuel de Roda llegó Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, el ministerio que gestionaba la enseñanza. Sustituía al colegial marqués de Campo Villar. Es el punto donde se iniciaron reformas de calado en la Universidad. Se propuso uniformizar los métodos, autores y materias de las distintas Universidades españolas e introducir las ciencias experimentales, pero ello no iba a ser tan sencillo como nos puede parecer hoy. Además, se contaba con poco dinero, y ello daba mayor lentitud todavía al proceso reformador.

En 1766, Esquilache intentó una reforma abierta, directa e inmediata del sistema de provisión de cargos del Estado y la Iglesia, antiguo privilegio de los Colegios Mayores, y resultó un fracaso por sublevación general organizada por los nobles y eclesiásticos contra él. En el grupo reformador de 1766 podemos incluir a Pérez Bayer, Roda y al obispo de Salamanca Felipe Bertrán.

En 1767 tuvo lugar el intento de reforma de Manuel de Roda, Secretario de Estado del Despacho de Gracia y Justicia, el cual encargó a Gregorio Mayans y Siscar[2] un proyecto. En 1767, Mayans presentó su proyecto de reforma universitaria, Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades de España, pidiendo un método uniforme para todos los centros docentes con centro piloto en Valencia. Es decir, se intentaba poner una reforma y decretar que los demás centros copiaran los planes de estudios del centro reformado. Entre las reformas que Mayans sugería estaban el introducir manuales y suprimir el dictado de apuntes; introducir preguntas del profesor en las clases; obligatoriedad de los exámenes en cada asignatura; potenciación de las enseñanzas prácticas, sobre todo para médicos y abogados; suprimir en Filosofía la enseñanza por escuelas de pensamiento, y exponer el tema exponiendo todas las escuelas que hablaban sobre él; introducir en Leyes el Derecho nacional, municipal y natural; Introducir en Teología los textos bíblicos como apoyo de la teoría; reorganizar los cargos de Canciller, Rector y claustro.

Mayans estaba convencido de que las reformas no se estaban imponiendo por simple ignorancia. Criticaba a los clérigos universitarios por insolentes, fariseos e ignorantes y exigía que todos los clérigos, regulares y seculares, antes de ordenarse sufrieran un examen de Estado que garantizase un mínimo de conocimientos. En segundo lugar, criticaba a los catedráticos y exigía que se nombraran por rigurosa oposición, y que las cátedras fueran dotadas de un salario digno, pues en otro caso, sólo los clérigos podían mantenerse en ellas.

El 26 de septiembre de 1767 se solicitaron informes a los centros universitarios sobre los cambios que consideraban precisos en los estatutos, a fin de que fueran corregidos los abusos y mejorada la docencia. Las respuestas fueron desalentadoras. El intento de Mayans fracasó.

En 1767, Olavide, siguiendo las ideas de Mayans, intentó reformar la Universidad de Sevilla con propósito de desterrar “enseñanzas inútiles y frívolas” en beneficio de las “artes útiles” como agricultura, y ciencias prácticas. Lo difícil en estos casos es definir qué es una ciencia útil y cuál es frívola. Aunque introdujo las matemáticas, geometría, política, anatomía, botánica, química y farmacia, siguió sin hacer una verdadera reforma, y no pudo alejar a los religiosos de las cátedras, lo cual significaba que se impartían las enseñanzas que les convenían a ellos, y no a la sociedad que concebían los ilustrados. En Derecho, pedía más Derecho Nacional y Derecho Natural, en detrimento del Derecho Romano y Canónico. En Teología, pedía reducir los contenidos a temas de dogma, moral y sagradas escrituras, suprimiendo la Escolástica.

El mismo año de 1767, Antonio Tavira, un joven profesor de Salamanca que llegaría a ser obispo de la ciudad, presentó un proyecto que le había pedido Campomanes. En él, hizo un estudio correcto de los males de la Universidad, tanto académicos como extraacadémicos, y propuso unas mejoras: reforma de los estatutos universitarios a fin de fortalecer la autoridad del Rector, con la condición de que el Rector ya no sería un alumno, sino un graduado con edad suficiente que ejercería por cuatro años; redistribución de las dotaciones universitarias; supresión de muchas Universidades Menores y Escuelas de Gramática de pueblos pequeños que no eran viables económicamente; selección rigurosa de los catedráticos y exigencia de que éstos cumplieran sus deberes docentes; edad mínima para poder obtener el grado de bachiller; examen público para alcanzar el grado de bachiller; creación de nuevas cátedras como Derecho Natural y de Gentes, Derecho del Reino, historia profana y eclesiástica, física experimental, y otras, así como el reforzamiento de lenguas y creación de cátedras de lenguas.

Un Discurso atribuido a Campomanes, escrito entre 1767 y 1768, recomendaba reducir el número de establecimientos universitarios, reorganizar el Gobierno de las Universidades, introducir en las Universidades conventuales las asignaturas de griego y hebreo, restringir la facultad de conceder grados a tan sólo las Universidades Mayores, mejorar la lengua y latinidad en todas las cátedras, dictar incompatibilidades de los catedráticos…

Las reformas de 1768 de la enseñanza universitaria.

En 1767, un Informe sobre los Estudios, proponía secularizar las Universidades y excluir de las cátedras al clero regular, a la vez que se enviaran estudiantes al extranjero para entrar en contacto con los nuevos saberes que había en el mundo y se difundieran libros buenos.

Ya anteriormente, Gregorio Mayans y Siscar había hablado de la necesidad de la reforma de los estudios religiosos, para que tras ello, fuera posible la reforma de la Iglesia, la lucha contra la superstición, la elección de obispos dignos y un plan de remedio general de los males de la Iglesia. Y en 1767, Mayans fue llamado a colaborar en la reforma de los estudios españoles.

En 1768 el Plan de Estudios de Pablo Olavide, firmado por Olavide, pero redactado por un grupo de ilustrados manteístas como José Ceballos, pidió:

la “nacionalización” de la Universidad, entendiendo por ello que debía ser controlada por el Estado y no estar en manos de la Iglesia;

la reducción de los Colegios Mayores a entidades dependientes de la Universidad, cesando la costumbre de que fueran dirigentes de la misma y proveedores de cátedras;

la admisión de minorías preparadas para la Universidad y la dedicación del resto de la población a “tareas productivas”;

el alejamiento de los regulares de la Universidad de modo que la Universidad se pusiera al servicio del Estado preparando dirigentes y cuadros intermedios;

una mayor atención a las ciencias experimentales y a la filosofía moderna.

En 1768 se ordenó que las Universidades tuvieran programa de estudios: en estos programas, la más avanzada fue Sevilla, programa de Olavide, que admitió las matemáticas y la física por completo, y la más retrógrada fue Salamanca que se enfrascaba en la vieja filosofía escolástica. Alcalá fue impulsada al modernismo por la Corte, y Valencia y Granada se mostraron antiescolásticas.

La Universidad de Sevilla fue reformada por Olavide en 1769 con un nuevo plan de estudios que afirmaba que la enseñanza era un servicio público y que su finalidad era proporcionar al Estado hombres preparados para la gestión de los diversos ministerios del mismo.

En 1768 las universidades pasaron a ser de jurisdicción real, origen de las actuales universidades estatales.

Una vez estatalizadas, hubo un REGLAMENTO UNIVERSITARIO:

En primer lugar se trataba de corregir la corrupción ya institucionalizada: no se permitía acceder a la Universidad sin saber latín y griego, no se permitió pasar de curso sin pasar examen y aprobar el curso anterior, se jerarquizó a los enseñantes en bachilleres y doctores y se regularon sus vacaciones dejándolas en 40 días al año.

El 14 de marzo de 1769, una Real Cédula establecía el cargo de Director de Universidad (quizás equivalente a Canciller), exigiendo que fuera un ministro del Real y Supremo Consejo de Castilla que no hubiera sido alumno en la Universidad en que iba a ser Director. El Director tenía atribuciones en materia de estudios, hacienda universitaria, provisión de cátedras, acuerdos del claustro, e investigación y vigilancia sobre el estado de la Universidad y de las enseñanzas impartidas en ella. Cada Universidad iba a ser regida por un Consejero del Consejo de Castilla y se le privaba de poder elegir ella misma a los catedráticos y de seleccionar los libros de texto que se iban a seguir.

Los Directores de Universidad establecieron planes de estudio nuevos (Sevilla 1769 y Valencia 1786) y se estableció una censura previa llevada por la Corona. Los catedráticos tenían que presentar un programa con los saberes que iban a impartir y el Estado controlaba que se dieran las clases oportunas. Ante esta política, Salamanca reaccionó en contra del Gobierno y volvió a unos programas anticuados y tradicionales, pero Alcalá, Sevilla, Granada y Valencia se dejaron llevar por las normas del Estado y resultaron renovadoras.

En Teología se trató de poner profesores tomistas o eclécticos, que hicieran una teología práctica y se olvidaran un poco de la dogmática, es decir, que enseñaran moral, pastoral, sagradas escrituras, concilios e historia de la iglesia.

En Leyes se trató de imponer el Derecho Natural y de Gentes de Grocio y Puffendorf, y el Derecho Nacional junto al Derecho Romano, que dejaba de ser exclusivo.

En Cánones se debía defender el regalismo y el jansenismo español, al estilo de la doctrina de Van Espen.

En Medicina se debían aceptar los textos de Herman Boerheave, profesor de Leyden en 1709-1738, quien introdujo la química en los estudios de medicina.

En Artes y Filosofía se debían introducir las matemáticas, física, química y el eclecticismo filosófico. Esta “facultad menor” resultó una de las reformas más importantes para el futuro de España.

Pero la reforma de Olavide adoleció sobre todo de una falta de sentido práctico del reformador, al no poner personas adecuadas, que supieran de los nuevos saberes que se pretendía imponer, y al no dotar a las nuevas cátedras de fondos suficientes para que fuera posible la sustitución. La falta de personas con conocimientos suficientes, hacían inviable abrir cátedras para reformar esos conocimientos.

Complementariamente, el 6 de septiembre de 1770 se introdujeron los Censores Regios que debían examinar los escritos producidos en la Universidad, antes de imprimirse y difundirse, de modo que no fueran lesivos a la Corona.

Se establecía lo que los conservadores entendían como una censura previa llevada por la Corona: Los catedráticos tenían que presentar un programa con los saberes que iban a impartir y el Estado controlaba que se dieran las clases oportunas. Ante esta política, Salamanca reaccionó en contra del Gobierno y volvió a unos programas anticuados y tradicionales, pero Alcalá, Sevilla, Granada y Valencia se dejaron llevar por las normas del Estado y resultaron renovadores.

La crítica de Pérez Bayer.

Francisco Pérez Bayer[3] escribió en 1771 Por la Libertad de la Literatura Española, una memoria sobre el problema universitario, y concluyó que las reformas serían imposibles sin acabar antes con los jesuitas y con los Colegios Mayores, que se beneficiaban de la situación existente y nunca cederían las ventajas y privilegios que ello les otorgaba. Pidió revisar las constituciones de los Colegios, suspender el sistema de provisión de becas, y reclamó para el Gobierno el poder de hacer las reformas universitarias. Los estudiantes le contestaron que esas reformas las harían jueces de tribunales de justicia. Pérez Bayer tuvo influencia en las reformas de Universidad, porque desde 1771, los Colegios fueron despoblándose de estudiantes, pues no se admitieron colegiales nuevos, lo que significaba que a medida que los colegiales acababan quedaban menos privilegiados procedentes de la nobleza y del clero.

La reforma del estudiantado universitario.

Otro aspecto a cambiar en la Universidad era el papel de los estudiantes: los estudiantes de la Edad Media y Moderna habían representado la corrupción misma. Pasaban más tiempo jugando a las cartas que en las aulas. El tunante era el prototipo estudiantil. La cuestión llegó a ser tan escandalosa que, en 1750, Fernando VI hubo de prohibir el juego. Por otra parte, para ser colegial era imprescindible el celibato, pero los colegiales se daban a las fiestas sexuales y algunos, más moralistas, se casaban, con lo cual incumplían unos y otros las “constituciones” de los Colegios Mayores. En 1771, la Corona exigió una hora de recogida, insistió en la prohibición del juego, obligó a residir en el Colegio, suprimió las “hospederías” de modo que transcurridos ocho años, el colegial debía abandonar el Colegio, e hizo una suspensión provisional de becas. Y las reclamaciones de los estudiantes eran de continuar con su vida licenciosa, y no de mejorar el nivel de estudios.

Se necesitaba cambiar el régimen de oposiciones, los exámenes de ingreso de los alumnos, la asistencia de los profesores y alumnos a clase que se quería hacer obligatoria, y los requisitos para la obtención de los grados. En nada ello se podía esperar la colaboración estudiantil.

Como decimos en otros párrafos, también se necesitaba desterrar asignaturas completas y muchas lecciones de otras asignaturas, lo que dejaba fuera de la Universidad a muchos clérigos, y crear nuevas cátedras de ciencias modernas y racionalizadoras, para lo cual no había personas preparadas, ni dinero del Estado para dotar las cátedras. Pero no iban a ser los estudiantes los que colaboraran en las reformas, sino todo lo contrario, los partidarios del conservadurismo, y de la revuelta y el follón. Era un embrollo difícil de solucionar, un nudo gordiano que requería el tajo de una espada.

Con todo ello, la Universidad de fines del XVIII se convirtió en un foco de agitación ideológica y política y el Gobierno se vio en más problemas de los que hubiera podido prever, pues el movimiento “liberal” nacido allí iba contra el propio sistema de Gobierno de la Nación. Muñoz Torrero y Ramón de Salas en Salamanca, y Alberto Lista, Blanco White, Reinoso y Arjona en Sevilla, eran más “revolucionarios” folloneros que reformistas. Ello tendrá efectos en 1810 y años siguientes.

El ambiente llegó a ser tan violento, que Cabarrús pidió suspender las Universidades “como cloacas de la humanidad” y crear enseñanzas extraacadémicas mucho más fiables.

Las reformas Universidad por Universidad.

Ante el fracaso evidente de los planes de reforma en bloque, se decidió iniciar reformas parciales, universidad a universidad. Una posibilidad era reformar alguna Universidad y hacer que las demás la imitaran: Carlos III en 1771-1772, pidió planes de reforma, y se encontró con una Salamanca que defendía el tradicionalismo y lideraba a las demás en ello.

En 1771, Aranda intentó la misma idea que había ensayado Mayans cuatro años antes: hacer la reforma en una Universidad, esperando obtener la semilla válida para el resto. Por una parte se obtendrían profesores, y por otra debería surgir un espíritu de emulación. El Plan Aranda de 14 de septiembre de 1771, pidió un plan de reforma a cada Universidad, esperando que de alguna saliese la reforma esperada y tomarla como centro piloto.

En 1770, el Consejo de Castilla pidió a todas las Universidades que se impusieran nuevos planes de estudios, pero las Universidades se hicieron remolonas. Las Universidades debían introducir en los planes de estudios las nuevas ciencias y la moral natural, con sus correspondientes cátedras de Filosofía Moral, Matemáticas, y Física Experimental (asignatura que se oponía a la física de Aristóteles). Entonces, algunos estudiosos leyeron lo que circulaba en Europa en ese momento y se encontraron no sólo los libros de ciencia, sino también a Febronio[4] y su doctrina de la igualdad de los obispos y de superioridad del Concilio sobre el Papa. Febronio fue declarado hereje en febrero de 1764. Con ello, la apertura de la Universidad católica española a Europa se hizo más complicada.

La primera Universidad en presentar un plan de reforma era la jesuítica de Gandía, orden que había sido suprimida en 1767. Sus propuestas estaban diametralmente alejadas de las pretensiones del Gobierno. No sólo el Estado no aceptó el plan de reforma, sino que se cerró la Universidad.

El segundo plan presentado fue el plan de Reforma de Sevilla, según proyecto de Olavide de 1769, muy influido por la idea de Mayans. Olavide proponía liberar a la Universidad de Sevilla de su dependencia del Colegio Menor Santa María de Jesús y excluir a los regulares de la Universidad; invalidar los títulos expedidos por regulares en los conventos; que las cátedras se ganaran por oposición y fueran bien remuneradas; que se introdujesen materias experimentales y prácticas como Botánica, Química y Farmacia en Medicina, Derecho Natural y de Gentes en Leyes, y Biología, Ciencias Naturales y Física Experimental en la facultad de Artes; crear Estudios Superiores de Matemáticas como centros independientes de la Universidad.

Este plan de Olavide criticaba el escolasticismo, tildándolo de ridículo y quimérico, sugería la inutilidad de la teología, y hablaba de la necesidad de profundizar en materias de Derecho Natural, Derecho de Gentes y Derecho Patrio. Afirmaba que la enseñanza era un servicio público y que su finalidad era proporcionar al Estado hombres preparados para la gestión de los diversos ministerios del mismo. Según estos principios, la filosofía debía ser abordada con conocimientos científicos y matemáticos. Se prohibía que los clérigos regulares ejerciesen enseñanzas en la Universidad. Quedaba claro el espíritu de sacar la Universidad de manos de los frailes.

En 1771 se presentó el Plan de Reforma de Salamanca, el cual introducía en Medicina algunas instalaciones prácticas como teatro anatómico, jardín botánico y museo de simples; exigía exámenes para obtener los grados y para ingresar en la Facultad de Artes, pero no hablaba de exámenes en las asignaturas; fijaba cursar cuatro años mínimo para obtener el bachiller, y después del bachiller se necesitarían otros cuatro años para licenciarse en Derecho o tres años para licenciarse en Teología, Medicina o Artes; pedía reforzar el latín, el griego y la Retórica. En cuanto al Plan de Estudios en la Facultad de Artes, programaba dos años comunes con asignaturas de dialéctica, lógica y metafísica, y una diversificación posterior de los alumnos en la que los que iban a estudiar Teología debían cursar Física Aristotélica, los que iban a estudiar Leyes debían cursar Filosofía Moral, y los que iban a estudiar Medicina debían cursar Geometría, Álgebra y física Experimental. En el plan de estudios de la Facultad de Medicina, se proponía separar Medicina de Cirugía; utilizar textos de Boerhaave o de Heister; hacer disecciones en clase; y utilizar el microscopio y las inyecciones. En el plan de estudios de la Facultad de Leyes no se aceptó la propuesta de Salamanca y a Salamanca se le impuso el Plan de Valladolid. En cuanto al plan de reforma de la Facultad de Cánones se decidió primar el Derecho Conciliar sobre el Derecho Pontificio escogiendo los autores adecuados. En el plan de reforma de la facultad de Teología el Estado impuso a Santo Tomás a pesar de la oposición a ello que hicieron los catedráticos de Salamanca.

El plan de Salamanca fue valorado por el Consejo de Castilla por haber introducido la Física, Anatomía, Filosofía Moral y Matemáticas. Pero el único avance real de 1771 fue la anulación de los privilegios de los Colegios Mayores, y la anulación de la autonomía de las Universidades. Pero no se logró la reforma de los planes de estudio.

Valladolid propuso en su reforma de la Facultad de Leyes disponer de manuales modernos de Derecho Romano e introducir el Derecho Real. En las Escuelas de Gramática introdujo el griego, árabe y las matemáticas. En la Facultad de Artes puso asignaturas diferentes según la Facultad a la que el estudiante pretendiera acceder. El resto era muy similar a lo dicho para Salamanca.

Apoyándose en el plan de reforma de Valladolid, el Consejo de Castilla, en 1771 decidió imponer en otros planes de reforma que estaban presentando otras Universidades, el Derecho Patrio, el Derecho Natural y de Gentes y la Economía Política (que introducía autores como Smith y Say), pero las universidades se negaron a hacerlo y permanecieron en su cerrazón hasta 1807.

Alcalá de Henares presentó su plan de Estudios en 1772 y se le rechazó casi todo, reformándola ampliamente desde el Estado, pues en la Escuela de Gramática se añadió la cátedra de árabe, en la Facultad de Artes se añadieron las matemáticas, en Medicina y Teología se les obligó a aceptar al Plan de Salamanca y en Leyes se introdujo el Derecho Civil que hasta entonces nunca había existido en Alcalá.

Y el resto de las universidades sufrió alteraciones en sus proyectos de planes de estudios para igualarlas con lo dicho para Salamanca, Valladolid y Alcalá. Santiago presentó su proyecto en 1772, Oviedo lo hizo en 1774, Zaragoza en 1775, Granada en 1776, Zaragoza en 1776 y Valencia los presentó en 1786.

Los cambios más interesantes estaban produciéndose en la Universidad de Granada, una Universidad pequeña que pasaba de 21 cátedras a 33, reforzaba la latinidad, lenguas orientales y las matemáticas superiores; establecía calendario, horarios, repasos de verano para suspensos, pues había exámenes en las asignaturas; la clase de latín se daba en castellano; la de griego y hebreo se daba con textos; la Facultad de Artes introducía unas asignaturas comunes, Lógica, Metafísica y Ética por un lado, Física General, Física Experimental y Matemáticas, por otro, y luego estudios preparatorios de acceso a la facultad que se deseaba; la asignatura de matemáticas aparecía en filosofía, en Teología y en Medicina, y también se creaban unos Estudios Superiores de Matemáticas que constarían de tres cursos como en Sevilla; la Facultad de Teología se orientaba al eclecticismo de forma que se explicaban todo tipo de autores y no los de una escuela determinada, se separaba Teología Dogmática de Teología Práctica, y ésta última trataba de moral, pastoral y Sagradas Escrituras; la Facultad de Leyes se convertía en Facultad de Jurisprudencia y desaparecían las facultades de Leyes por un lado y Cánones por otro, se conservaba el Derecho romano y el Derecho Canónico, pero se añadía Derecho Natural y de Gentes, y Derecho Nacional; en Medicina se ponía Jardín Botánico, laboratorio químico farmacéutico, un hospital para disecciones y una cátedra de medicina práctica.

La Reforma de 1786 de Vicente Blasco García (rector en 1784-1813) en la Universidad de Valencia, imponía nuevos autores en filosofía y potenciaba el derecho nacional frente al canónico y el romano, que disminuyeron horas. Introducía ciencias exactas, filología, literatura, prácticas de medicina, jardín botánico, gabinete de física, laboratorio químico y observatorio astronómico.

La reforma de los Colegios Mayores.

Una gran reforma política previa a la reforma universitaria se debió a Aranda: en 1767, tras la expulsión de los jesuitas de España, propuso una reforma de los Colegios Mayores universitarios a fin de que éstos no tuvieran la mayoría en los claustros universitarios. La reforma se basó en los decretos de 15 de febrero de 1771, 22 de febrero de 1771 y 21 de febrero de 1777.

Según los decretos de reforma de los Colegios Mayores, Los Colegios Mayores debían ser en adelante para estudiantes pobres y quedarían excluidos de ellos los nobles con recursos suficientes. Los decretos citados tenían una importancia muy considerable, pues se cortaba el acceso directo a las cátedras de los hijos de nobles y de los religiosos de determinadas órdenes religiosas, que eran la base de la carrera política hacia los cargos del Gobierno. Se rompió el dualismo de “colegiales” nobles, y “manteístas” de baja nobleza y burguesía. Los manteístas adquirían ventaja, pues la valía de la persona se impondría sobre la ascendencia familiar. La Universidad se dividió en dos grupos antagónicos: el primero, los conservadores, estaba integrado por muchos nobles y muchos religiosos, que luchaban por el escolasticismo tradicional. El segundo, los reformadores, luchaban por la introducción de sistemas ideológicos distintos, modernos, sobre todo por las matemáticas, las ciencias físico-químicas y naturales, la filosofía moral natural.

En 1769 había aparecido un escrito de Francisco Pérez Bayer criticando los abusos de los Colegios Mayores en cuanto a la provisión de cátedras, control de prebendas catedralicias y control ideológico sobre los nuevos estudiantes. El confesor del Rey, Joaquín de Eleta, tomó nota y se dispuso a reformarlos, pidiendo ayuda a Pérez Bayer, Roda y Felipe Bertrán (obispo de Salamanca), logrando los decretos de febrero y marzo de 1771. En estos decretos se ordenó que en adelante las becas las otorgara el rey y no los Colegios Mayores. La oposición de los Colegios Mayores fue frontal. Se negaron a admitir ninguna reforma.

Los Colegios Mayores estaban viciados de fondo y de forma, y actuaban como partidos políticos dentro de la Universidad e incluso en las Secretarías de Despacho. Entre ellos se repartían las becas y las cátedras, así que casi todos los profesores eran colegiales. Sólo un 20% de los no colegiales, o manteístas, llegaba a la capacidad de enseñar. De esta manera se colocaban tanto los monjes como los segundones de familias nobiliarias. Los segundones de la nobleza alta aprobaban sin estudiar y sin examinarse. Con el pretexto de la enseñanza, los monjes-profesores habían pedido dispensa del voto de pobreza y eso les permitía acaparar las cátedras, togas y prelacías, siempre que lo repartieran adecuadamente con los nobles, segundones de familias nobles, para que nadie de fuera pudiera asaltar la Universidad. Ello tenía la contrapartida de que las casas nobiliarias pedían obispados para sus hijos.

Algunas autoridades eclesiásticas estaban escandalizadas de la cantidad de vagos y de gente sin valía que se acogía a vivir de la Universidad y en las diócesis, y decretaron que las becas sólo duraran ocho años, y los más avanzados empezaron a admitir manteístas en sus colegios mayores (lo que es una contradicción in terminis), con la única condición de que demostraran limpieza de sangre.

Las primeras reformas limitaron a 8 años la duración de las becas para que no hubiera becarios vitalicios. Pero esto dio en la desaparición de las becas.

En 1771, se impusieron normas en la Universidad para que no se hablase en contra de la autoridad del rey ni de las regalías.

El 21 de febrero de 1777 empezó la reforma del obispo Felipe Beltrán, Obispo en Salamanca, y de Pérez Bayer, preceptor de los príncipes y catedrático de Hebreo en Salamanca. Se trataba de reformar los Colegios Mayores y se creía, inocentemente, que el problema se solucionaba eliminando nobles y clérigos de ellos. La eliminación de nobles y clérigos en los Colegios Mayores no fue ninguna solución ni reforma verdadera, porque los nuevos colegiales pidieron las mismas prerrogativas y privilegios que tenían sus antiguos compañeros. Creyeron que los abusos de unos podían ser heredados por ellos, y se demostró que por la vía populista no se iba a reformar la Universidad.

El enfrentamiento por el negocio de los Colegios Mayores debía ser profundo, pues Godoy, en 1797, expropió los bienes de los Colegios Mayores, en una de sus desamortizaciones.

Las reformas universitarias en el Derecho.

Uno de los campos donde más duros fueron los enfrentamientos fue el Derecho: En el campo del Derecho se impuso el Derecho Natural, una forma de agrupar las leyes en temas y sacar de ellos unos principios básicos de los que emanarían todas las leyes. Campomanes y Jovellanos trabajaron en este campo, pero sus trabajos acabaron en el Índice.

En 1771, los Reales Estudios de San Isidro de Madrid implantaron la asignatura de Derecho Natural, y ello fue decisivo para que otros muchos centros empezaran a introducir ideas en ese sentido.

En 1775 se conoció en Zaragoza un libro de Zeger Bernhard Van Espen, 1646-1728, profesor de Lovaina, defendiendo el regalismo, teoría que defendía el derecho de los reyes sobre sus iglesias nacionales. Los integristas católicos se encolerizaron.

En 1785, en la Universidad Sertoriana de Huesca, un profesor impartió lecciones de Derecho Natural y Civil.

En 1787, Floridablanca recomendó el Derecho de Gentes al clero. Pero en 1790, Floridablanca dio un giro radical y prohibió todo el Derecho Natural en todos los centros de estudios del Estado.

Balance de las reformas propuestas

por las Universidades en 1768 y años siguientes.

El resumen de los cambios propuestos por los planes de Estudios de las Universidades era decepcionante, pero no se podía esperar que los catedráticos admitiesen que sus enseñanzas no servían para nada y sus cátedras debían desaparecer para dar paso a otras más modernas. Los cambios fueron más aparentes que reales. En las aulas se seguía haciendo lo mismo que siempre, a pesar de los nuevos planes de estudios. Las Universidades incorporaron teología moral y pastoral, una teología más práctica que la tradicional, más en contacto con problemas cotidianos, y también se difundió el estudio de las fuentes, lenguas, el derecho nacional (superando estudiar sólo Derecho Romano), derecho civil (sumándolo al Canónico), y algo de matemáticas, física y química y medicina moderna.

La mayor parte de las reformas propuestas trataban de temas organizativos y disciplinarios, reglamentación de las lectiones, extensión del curso, horarios, asistencia a las clases, temas todos ellos secundarios, pero no se hablaba de cambiar los contenidos e introducir el saber de la revolución científica y los nuevos métodos racionalistas, el tema principal.

Además, los planes de reforma apenas pasaron de la fase de proyecto por causas obvias: no había profesores preparados en las nuevas materias; los conservadores eran muchos y se oponían a las reformas; no había recursos para contratar profesores de valía de fuera de la Universidad; y el Estado no quería ni podía asumir el protagonismo de hacer la reforma sino que cedió la iniciativa a las propias universidades, que no se autorreformaron. Estamos hablando de asumir el Estado costes políticos.

Las Universidades Menores, muchas de ellas propiedad de órdenes religiosas, era impensable que se reformaran. Las Mayores, no tuvieron fuerza ni defensores suficientes.

La obsesión por introducir las “ciencias aplicadas” tal vez perjudicó el avance de las reformas, pues no se vio con claridad el objetivo final que era abrirse a las nuevas ideas científicas y racionales en todos los campos del saber y se derivó la cuestión a temas secundarios, prácticamente de metodología.

Algún cambio se produjo por el propio devenir de los acontecimientos ordinarios: Las universidades de Irache, Oñate, Osma, Osuna, Orihuela y Baeza decayeron por falta de alumnado.

El intervencionismo del Estado no funcionó, pues las Universidades se rebelaban y arrastraban con facilidad a los estudiantes, siempre fáciles de arrastrar al populismo. Y la propuesta de autorreformas propuestas por las propias Universidades resultaba una utopía porque los universitarios, acostumbrados a los privilegios, reclamaron como derechos propios lo que sólo eran abusos inmorales. El cambiar los abusos de los estamentos nobiliario y eclesiástico, por los abusos de la clase universitaria, no alteraba el fondo del problema. Además, los estudiantes eran una clase mucho más reaccionaria que los antiguos detentadores de privilegios.

Los cambios que más perduraron tras esta campaña reformista de la Universidad fueron los de autoridades académicas y de manuales:

En 1769 se introdujo la figura del Director de la Universidad catedrático, con el encargo de llevar la disciplina de la institución. En 1770 se introdujo el cargo de Censor de la Universidad, cuyo trabajo era defender el regalismo en las diversas cátedras.

Otro de los cambios observables fue que algunas Universidades cambiaran sus manuales por otros más modernos. En teología se impuso el tomismo severo, antiprobabilista, seguramente para mostrarse antijesuitas como se puso de moda. En Artes se revalorizaron las lenguas clásicas, de las que ya no gustaban los estudiantes, y sobre todo se revalorizó el griego, que por entonces no gustaba ni a algunos catedráticos. En filosofía se impuso un texto de Jacquier, que hablaba de algunas ciencias naturales. En Medicina se introdujo a Boerhaave, un autor con ideas más modernas que Galeno. En Leyes se crearon cátedras de Derecho Natural y de Gentes. En Cánones se introdujo a Van Espen, autor que defendía el regalismo, y se introdujo el estudio de los concilios y del Derecho Patrio, en detrimento del Derecho Romano. Pero el profesorado continuó siendo el mismo, y los cambios de 1768-1776 fueron muy pequeños.

El saber extrauniversitario.

Lo más significativo en las reformas de la enseñanza se iba a producir fuera de la Universidad, en el colegio de Vergara de la Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País, en las academias militares, en los hospitales militares…

El colegio de Vergara, en su Plan de Estudios de 1769 incluyó, junto a las asignaturas tradicionales de latín y gramática castellana, las de lengua francesa (vehículo de la ciencia en ese momento), matemáticas, música, dibujo, historia y geografía, religión y baile. Pero la Sociedad Vascongada de Amigos del País, así como los Reales Colegios y Academias Militares, fueron vistos como enemigos de la Universidad y competidores y no se acertó en utilizarlas para la labor de reforma universitaria que se pretendía.

Pero no debemos magnificar tampoco estas escuelas extrauniversitarias: tampoco las Sociedades Económicas aplicaron suficiente dinero a los cambios. Creaban cátedras nuevas, pero no las dotaban económicamente, y no atraían a profesores con suficientes conocimientos para hacer creíbles los cambios. Algunas excepciones notables, como el caso de Vergara, son casos muy aislados.

Tensiones en la Universidad a finales del XVIII.

A partir del momento de la reforma, las tensiones en la Universidad española eran inevitables. No había profesorado capacitado para impartir los nuevos conocimientos, salvo honradas excepciones, y muchos interpretaban mal estos conocimientos. Los tradicionalistas se oponían en bloque y ciegamente a las reformas. Las órdenes religiosas que detentaban las cátedras y, naturalmente, los Colegios Mayores de estas órdenes religiosas cuyos colegiales se las repartían en turno riguroso presentaban batalla frontal contra las reformas.

Como fruto de esta polémica surgieron algunos pensadores interesantes: Destacó en Oviedo Benito Feijoo Montenegro, 1676-1764, un monje benedictino que daba clases en la Universidad de Oviedo y dedicó su vida a la divulgación del saber científico, que obviamente lo conocía del francés. Ocurría que muchas veces no encontraba palabras para traducir términos científicos y los daba directamente en francés, sin traducirlos.

En Historia surgieron historiadores eruditos y críticos como Burriel, Pérez Bayer, Juan B. Muñoz, y el Padre Flórez.

Sólo en época de Carlos III salió la Universidad de la barbarie intelectual: se introdujo el método y el lenguaje preciso y se prohibió que cada profesor y cada bando utilizara su método y su terminología particular. Pero el problema mayor era que las cátedras estaban mal remuneradas y ello había hecho que casi todos los profesores fueran frailes.

Los enseñantes reformadores fueron calificados de febronianos, galicanos y jansenistas.

El febronianismo es un movimiento católico que inició Johann Nikolaus von Honthein, alias Julius Febronius, en 1763, con un libro titulado “Justini Febronii Juris Consulti…”, en el que defendía que había que disminuir el autoritarismo papal a favor de la autoridad de los obispos: el Papa tenía la primacía de la Iglesia en cuanto la representaba como conjunto, vigilaba la ortodoxia y proponía las reformas oportunas, pero las decisiones correspondían a los concilios ecuménicos y no al Papa. En el Concilio Ecuménico, todos los obispos debían ser iguales, incluido el de Roma, y las decisiones del Concilio obligaban al Papa. A la contra, las decisiones del Papa no obligaban al Concilio, sino que podían ser revocadas por éste. Naturalmente, El Vaticano reaccionó condenando esta doctrina el 5 de febrero de 1764.

El galicanismo era muy parecido al febronianismo, pero formulado con anterioridad dentro del despotismo ilustrado de Luis XIV, en 1682: En las cosas temporales (no religiosas), los reyes eran independientes de la Curia Romana; el Concilio estaba por encima del Papa; el Papa debía respetar las leyes y costumbres de las iglesias nacionales de cada Estado; los dogmas católicos sólo podían ser dictados por el Concilio Ecuménico.

El jansenismo español, ya visto en el capítulo de Fernando VI, 18.3.9. de este mismo estudio, participaba de estas mismas ideas. Criticaba las prácticas pseudorreligiosas, de tipo mágico y supersticioso, criticaba la religiosidad externa que no se correspondía con vivencias auténticamente cristianas, criticaba las instituciones disfrazadas de catolicismo que encubrían actividades no cristianas, como el lucro de algunos.

Nuevos intentos de reforma universitaria en 1786.

El 22 de enero de 1786, una Real Cédula de Carlos III intentaba uniformizar las materias que el rey creía esenciales en la Universidad, a fin de que fueran efectivos los decretos que se daban acerca de las reformas académicas. En 1786 se generalizó a todas las Universidades el Plan de Estudios de Salamanca. Con ello, se reglamentaba el curso escolar, que duraba de 18 de octubre a 18 de junio, la matrícula en la Universidad, la asistencia a las cátedras, los ejercicios de las academias, las oposiciones, los cursos académicos y las materias a impartir. Se nombraron Censores y se pusieron Directores que vigilasen el cumplimiento de los nuevos programas. A cambio, el Estado prometía mayores dotaciones para las Universidades. Insistimos en que no sirvió para nada, pues no hubo dotaciones para aplicar lo programado.

El cambio del Rector estudiante por el Director catedrático venía forzado por la experiencia de querer renovar la Universidad, pues un alumno rector resultaba una posición conservadora y antiprogresista por sí misma, con tintes de populismo barato, pues se oponía a todo lo que significase esfuerzo y disciplina de los alumnos.

La finalidad de esta reforma era evitar la libertad individual por la que cada profesor creía tener derecho a mantener sus programas anticuados y retrógrados, amparándose en la libertad de Cátedra. El Consejo de Castilla estaba atribuyéndose funciones universitarias que nunca había tenido, como poder dispensar de edad, regular la asistencia a los cursos, legitimar los grados, aprobar los libros de texto de todas las Universidades. En este sentido, exigía examen de ingreso en todas las Facultades y reglamentaba qué Facultades podían otorgar títulos, los días lectivos mínimos, la igualación de colegiales con manteístas y la supresión de turnos para ocupar una cátedra (turnos entre Colegios Mayores y manteístas).

Igualmente, la reforma pretendía potenciar los estudios en las Universidades seglares.

En 1786 se pusieron condiciones de ingreso para los estudiantes, se exigió cumplimiento de horarios, se decidieron calendarios precisos y se regularon las oposiciones, intentando sanear la materia prima con la que trabaja la Universidad.

En 1786, de alguna manera el Gobierno confesaba su fracaso reformador en los años anteriores. Si las reformas anteriores habían fracasado, habrían de intentarse por caminos más indirectos y retorcidos. Que la Universidad se reformase a sí misma era un imposible, pues el sistema exigía sus contraprestaciones, y los hijos de los colegiales querían los puestos de sus padres en la Administración, de modo que padres e hijos nobles, además de las órdenes religiosas que copaban el profesorado, se oponían a las reformas.

Reformas universitarias de Carlos IV.

Carlos IV, 1789-1809, cerró y suprimió los Colegios Mayores y confiscó sus bienes. Ello es posible que tuviera sus repercusiones en los motines de El Escorial y de Aranjuez, pues quitaba a la nobleza el privilegio de colocar a sus hijos.

En 1797, Jovellanos intentó reformar la Universidad, pero permaneció poco en el poder, y todo se quedó en proyectos.

El 20 de abril de 1799 se suprimieron todas las Facultades de Medicina de todas las Universidades, incluidas las cátedras de medicina, cirugía y anatomía y se instituyó una “Facultad Reunida” controlada por el Real Colegio de Cirugía, y regulada desde una Junta Suprema. Pronto se vio que el proyecto no era viable y, el 8 de marzo de 1801 se extinguió la Facultad Reunida y se restableció el Protomedicato.

En 1802 se intentó la reforma de los Colegios de Jurisprudencia obligando a los alumnos a cursar 4 años de Leyes del Reino y a ejercer durante dos años más una pasantía en el despacho de cualquier abogado, tiempo en que también deberían asistir a vistas de pleitos, tras lo cual obtenían el título de abogados.

En 29 de junio de 1807 apareció el Plan General de Reforma Universitaria de José Antonio Caballero, marqués de Caballero, con nuevos planes de estudios para las Universidades. Una vez más se intentó la reforma global, centralizando los planes de estudios, todos iguales para todas las universidades, tomando como modelo el plan de Salamanca. Debían ajustarse a este plan las Universidades de Valladolid, Alcalá, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Huesca, Cervera, Santiago y Oviedo.

Lo más importante del Plan Caballero fue la idea de suprimir las Universidades con pocas rentas propias, que sólo podían sobrevivir a costa de los fondos de la Corona, Universidades Menores como era el caso de Almagro, Ávila, Baeza, Gandía, Irache, Oñate, Orihuela, Osuna, Osma, Sigüenza y Toledo. Un siglo antes, en 1707, aprovechando la derrota de Cataluña, ya se habían suprimido Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Tarragona, Tortosa y Vic. En total eran 17 las suprimidas en la península. Ello hacía posible que el Estado financiase la Universidad. También se suprimieron las facultades de Medicina, excepto en Salamanca y Valencia que parecían funcionar con estudios modernos. Se hizo obligatorio un examen de latinidad previo al ingreso en cualquier facultad. Antes de estudiar Cánones y Leyes, o Teología, era preciso hacer un curso de Filosofía Moral. La Facultad de Cánones debía incluir una asignatura de Historia Eclesiástica. La Facultad de Teología debía incluir el Compendio de los Salmaticenses de Fray Marcos de Santa Teresa. La Facultad de Artes comprendía tres cursos académicos, la de Teología y la de Medicina, cuatro cursos, y la de Cánones y Leyes, 5 cursos. Las cátedras se convirtieron en perpetuas y en propiedad. Se introdujeron cátedras de química, física, historia natural y economía política, que antes funcionaban más fuera de la Universidad, en Academias.

El plan Caballero fue interrumpido por la guerra de 1808, y se perdió. Las reformas universitarias fracasaron definitivamente tras los sucesos de 1808 y guerra posterior hasta 1814.

Prueba de que el Plan Caballero no había servido de mucho, fue que el 26 de enero de 1820 se ordenó que todas las universidades se adecuaran al plan de Salamanca, reiteración de la ley de 1807.

En 1814 el informe de Manuel José Quintana trataba como Universidades Mayores a las de Salamanca, Santiago, Burgos, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Madrid, La Laguna, México, San Luis de Potosí, Guadalajara, Mérida-Yucatán, Saltillo, Chihuahua, Guatemala, Manila, La Habana, Lima, Charcas, Caracas, Santiago de Chile y Santa Fe. Como las 14 últimas estaban a punto de independizarse de España, quedaban 10 en el reino de Fernando VII.

La contrarreforma universitaria de Calomarde.

La siguiente reforma universitaria, o contrarreforma mejor dicho, sería la de Calomarde en 1824: En 14 de abril de 1824, Francisco Tadeo Calomarde mandó suprimir las asignaturas de ciencias introducidas durante el Trienio Liberal y volver a las enseñanzas tradicionales de Teología y Derecho. Afortunadamente no duró mucho esta barbaridad, aunque también podríamos decir que doce años son toda una generación universitaria:

En 4 de agosto de 1836, el Plan General de Instrucción Pública del duque de Rivas declaró que eran “facultades universitarias” las enseñanzas de Jurisprudencia, Teología, Medicina y Cirugía, Farmacia y Veterinaria. Eran Escuelas Especiales las enseñanzas de Caminos y Canales, Minas, Agricultura, Comercio, Bellas Artes, y Artes y Oficios. Eran Estudios de Erudición la Arqueología, Numismática y Bibliografía. Se estaban dando pasos hacia la actualización de la ciencia, pero muy cortos. Para entonces, desaparecieron las Universidades de La Laguna y Toledo, que se convirtieron en Institutos de Segunda Enseñanza, Burgos volvió a Valladolid, y apareció Oviedo entre las 10 universidades españolas. Madrid fue declarada Universidad Central, única que impartía los grados de doctorado y confería los títulos de doctor.

[1] Luis Miguel Enciso, La Reforma Universitaria de Carlos III.

Biblioteca Valenciana Digital, Gregorio Mayans Siscar

Inmaculada Arias de Saavedra, La reforma de los Planes de Estado Universitarios en España en época de Carlos III. Balance historiográfico.

[2] Gregorio Mayans Siscar, 1699-1781, estudió en un colegio de jesuitas en Cordelles, y en la Universidad de Valencia, donde hizo Derecho y conoció a los “novatores” (Tomás Vicente Tosca, Juan Bautista Corachán, Baltasar Íñigo) que le prestaron libros de Locke y Descartes. En 1719 fue a Salamanca donde se interesó por los clásicos latinos y griegos y por los humanistas españoles del XVI (Antonio de Nebrija, Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Francisco Sánchez el Brocense, Juan Luis Vives, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Miguel de Cervantes…). Fue catedrático de Código Justiniano en Valencia y se enfrentó a los profesores conservadores. Defendió que había que reformar el Derecho apartándose un poco de la letra del Derecho Romano, para hacer un Derecho más acorde a las nuevas realidades políticas y sociales del XVIII. También defendió que se abandonara el latín eclesiástico-bizantino, y se volviera al latín romano-clásico. En 1730 fue a Madrid y fue bibliotecario real, pero encontró dificultades no menores que en Valencia. En 1739 se retiró a Oliva (Valencia). En 1767 trabajó en la reforma de los estudios universitarios.

[3] Francisco Pérez Bayer, 1711-1794, era valenciano e inició estudios de tipo eclesiástico, graduándose de bachiller en Cánones en Gandía y estudiando Derecho Civil y Canónico en Salamanca. En 1738 regresó a Valencia para ser secretario del arzobispo. Luego regresó a Salamanca como catedrático de hebreo. Se mostró renovador en la Iglesia y por ello fue apreciado por Campomanes. Se le concedió una beca en Italia y conoció otros ambientes culturales diferentes al español. en 1767 fue nombrado preceptor de los infantes y desde ese cargo se propuso renovar el saber en España, la Universidad, los Colegios Mayores y la preparación de jóvenes en los nuevos saberes científicos, lo cual hizo desde los Reales Estudios de San Isidro de Madrid.

[4] Johan Nikolaus von Hontheim, alias Julius Petronius, era un canónigo de Tréveris que defendía la disminución de la autoridad del Papa y el aumento de la autoridad de los obispos, argumentando que Jesús no había creado una monarquía para su Iglesia. Con ello, creía que se podían llegar a reunificar los cristianos en una sola Iglesia, al tiempo que los obispos de cada monarquía podrían colaborar con sus rey respectivo. En 1763 escribió Justinii Febronii Juris consulti de State Eclesiae et legítima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos disidentes in religione christianos compositum. La obra fue declarada herética en 5 de febrero de 1764. En esa obra, Febronio afirmaba que el Papa, aunque Primado de la Iglesia, está subordinado a la Iglesia Universal. Como Primado, es guardián de la ley eclesiástica y tiene capacidad para promover nuevas leyes que la completen, pero su soberanía sobre la Iglesia no es jurisdiccional, sino de orden y coordinación, porque la Iglesia fue encomendada por Jesús a los obispos. El Papa sólo es el primero entre los iguales y está sujeto a los que digan los Concilios Ecuménicos. En los Concilios, todos son iguales, Papa y Obispos. La convocatoria de concilio la pueden hacer también los obispos. Las decisiones del Concilio no necesitan confirmación papal, ni pueden ser corregidos por el Papa. En cambio, las decisiones papales sí pueden ser corregidas por el Concilio.