GOBIERNO DEL CONDE DE ALCUDIA.

20 enero 1832 – 1 octubre 1832

 

Fue Secretario de Estado, Antonio Saavedra Jofré, conde de Alcudia[1]. No cambiaron el resto de los Secretarios de Despacho del Gobierno de 24 de octubre 1825 y de 19 agosto 1825. El Presidente del Consejo de Castilla fue el general Francisco Javier Castaños desde 1832 hasta 1834.

La causa de la sustitución de González Salmón por Saavedra Jofré, fue que aquel enfermó gravemente, siendo sustituido interinamente por Calomarde. El 18 de enero de 1832, González Salmón murió. El 20 de enero fue designado Secretario de Despacho de Estado el conde de Alcudia.

Los problemas a los que tuvo que enfrentarse Antonio Saavedra fueron fundamentalmente cuatro: los menores, fueron las amenazas de los emigrados liberales y su enemistad con Ballesteros: los mayores, la quiebra de Hacienda, y los sucesos de 14 de septiembre de 1832 en La Granja.

Los emigrados preparaban un golpe, pero habían sido vencidos en 1830 y en 1831, y no parecían el mayor problema a principios de 1832.

El conde de Alcudia hizo una crítica demoledora a la gestión del ministro de Hacienda, Ballesteros, hasta el punto de que éste presentó su dimisión al Rey, pero no le fue aceptada.

Pero vayamos a los que considero problemas más graves:

 

Uno de los problemas graves era la ruina de Hacienda, cuyas causas provenían de hasta sesenta años antes y que amenazaba bancarrota. En septiembre de 1831, ya Ballesteros había reconocido el fracaso de su reforma impositiva. No se había podido recaudar lo previsto y, desde nuestro punto de vista actual, lo vemos como imposible dado que no había catastro, ni declaraciones de ingresos personales. Además, el arrendamiento de impuestos causaba malestar y disgusto. Tras los sucesos de Francia en 1830 se había cortado el crédito a España, el salvavidas utilizado en las últimas décadas. La bancarrota era una posibilidad no lejana. La Dirección General del Tesoro tenía un déficit de 65 millones de reales, la Real Caja de Amortización de 274 millones, la Dirección General de Rentas de 100 millones, lo cual era ya imputable a Ballesteros, pues desde 1823 debería haber conseguido más realizaciones, y no tanta teoría como estaba prodigando. A ello había que añadir que se debían 3.000 millones a los extranjeros y 760 millones a los tenedores de deuda españoles. El total de la deuda se elevaba pues a 4.199 millones de reales.

No debemos confundir los problemas de Hacienda con la marcha de la economía. La vitalidad económica del momento era visible en El Boletín de Comercio en Madrid. En 1832 apareció en Madrid el Boletín de Comercio, un periódico de la Junta del Real Consulado de Madrid que se publicaba 2 veces en semana y en el que colaboraban Fermín Caballero[2], Manuel Rodrigo y Antonio Gil de Zárate[3]. Era una publicación con ideas liberales, pero el absolutismo le obligó a publicar órdenes reales y le impidió hacer crítica política, por lo que se dedicó algún tiempo a crítica literaria y descripciones de situaciones ocurridas en países europeos. En 1833, a la muerte de Fernando VII, quedará en libertad y se publicará tres días a la semana, y si bien presentaba un formato más pequeño, tuvo muchos más lectores. Era demasiado liberal, y el Gobierno de 1834 le impuso un redactor-inspector para moderarlo, que fue Manuel Bretón de los Herreros[4]. En abril de 1834 desapareció para dar lugar a El Eco del Comercio.

En fin, que si la economía iba a mejor y la ruina de Hacienda persistía, era evidente que Ballesteros estaba fallando.

 

 

La enfermedad de Fernando VII.

 

En julio de 1832, tras pasar la primavera en Aranjuez y una vez llegado a La Granja para veranear, Fernando cayó enfermo de gota. La enfermedad empeoró en septiembre y los médicos decían que su muerte era inminente. Estaban junto al Rey los miembros del Gobierno, Antonio Saavedra y Francisco Tadeo Calomarde, así como el barón Antonini, embajador de Nápoles en España que protegía los derechos de María Cristina.

El 1 de septiembre de 1832 María Cristina sondeó la opinión de Don Carlos ante el tema de la sucesión. Los carlinos, y Carlos de España en concreto, amenazaron con la guerra civil si no se derogaba la pragmática de 1789 publicada en marzo de 1830. Carlos tenía el apoyo de Francia y de Nápoles, donde también había gente con derechos de sucesión a la corona de España, aunque por detrás de don Carlos. Fernando accedió en septiembre a derogar la Pragmática que hacía herederas a las mujeres, lo cual significaba entregar la Corona a Don Carlos y sus apostólicos ultraabsolutistas o ultrarrealistas, denominados realistas en la época.

Por otra parte, los anti-ultrarrealistas de Madrid (se entiende que liberales muy moderados, afrancesados y absolutistas moderados), se ofrecieron a María Cristina a fin de que no gobernaran Don Carlos y los apostólicos: Los llamados en muchos libros “liberales”, y que nosotros hemos denominado anti-ultrarrealistas, se organizaron en un Gobierno paralelo, que sería oficialmente, en 14 de septiembre, “Junta” para defender los derechos de Isabel, en la que estaban:

el absolutista moderado Miguel de Ibarrola[5] marqués de Zambrano;

el liberal moderado Manuel Pando Fernández de Pinedo marqués de Miraflores[6];

José Máximo Agustín de la Cerda conde de Parcent[7];

Juan José Mateu conde de Puñonrostro[8];

El general Pablo Morillo conde de Cartagena, el pacificador de Colombia y Venezuela de 1815 a 1820;

Joaquín José de Melgarejo duque de San Fernando;

Juan Carrasco,

Rufino Carrasco,

Juan Donoso Cortés[9].

Era una coalición de absolutistas moderados que no querían la guerra, y de constitucionales que querían restablecer el sistema constitucional, una constitución, a fin de evitar luchas nacionales por intereses familiares. Estos políticos se llamaban a sí mismos “cristinos”, haciendo alusión a que apoyaban una regencia de María Cristina, y buscaron partidarios que hicieran frente a la sublevación carlista que se estaba preparando.

 

 

Los sucesos de La Granja.

 

El 13 de septiembre de 1832, Fernando VII tuvo una crisis aguda de gota en el palacio de La Granja de Segovia y todos pensaban que se moría. Entonces tuvo lugar el problema más decisivo de la historia de España de primera mitad del XIX, conocido como los “sucesos de La Granja”.

Calomarde, el 14 de septiembre, convocó al Secretario de Despacho de Estado (Antonio Saavedra Jofré conde de Alcudia), a un oficial mayor de Justicia (González Maldonado), y al embajador en Nápoles (barón Antonini), para tratar de las medidas a tomar ante la inminente muerte del rey. Acordaron llamar al Gobierno en pleno, que tenía que llegar desde Madrid. Se preguntaron si el Rey tenía otorgado testamento, y convinieron que debía hacer uno nuevo, haciendo a María Cristina regente hasta que Isabel fuera mayor de edad. María Cristina autorizó a Alcudia el orden del día del Consejo de Ministros que había de celebrarse esa misma tarde:

Que el rey tenía hecho testamento, pero se dudaba en qué forma debía abrirse.

Que se debía determinar qué personas debían estar presentes en la apertura del testamento y quién debía citarlos.

Que se debía formar una Junta de Consejo que estaría integrada por el Consejo de Castilla y el Consejo de Estado, para encargarse del orden público a la muerte del Rey.

A las 21 horas del 14 de septiembre, el Gobierno en pleno estaba en La Granja, y en ese Consejo de Ministros se tocaron estos puntos:

Se informó que sí que había testamento y que designaba heredera a Isabel,

Se organizó el protocolo de la apertura del testamento con todas las personalidades que debían asistir al caso,

Y se decidió que Zambrano, Secretario de Estado de Guerra y jefe de los Voluntarios Realistas, tomase medidas para guardar el orden público en Madrid, para lo cual volvería a Madrid de inmediato.

 

Antonini informó a María Cristina de que el Consejo de Ministros había ido muy bien para ella, pero volvió a verla al poco rato para informarla de que la Guardia Real de Madrid estaba luchando contra los realistas. María Cristina preguntó a San Román, jefe de la Guardia Real, qué posibilidades había, y éste le contestó que preveía un derramamiento de sangre.

Este mismo 14 de septiembre se organizó en Madrid una Junta para defender los derechos de Isabel, que sería definitiva en el transcurso de los acontecimientos. Hemos hablado de ella en la página anterior. La Junta reclutó gente, repartió armas y se presentaron en La Granja, donde se manifestaron por la calle y se entrevistaron con María Cristina, a la que aconsejaron despedir a todos los ministros y nombrar otros más adictos a Isabel, desterrar a Calomarde a 40 leguas de la Corte y de Sitios Reales a fin de que este personaje no interfiriera, pues le creían muy negativo.

El 16 de septiembre, María Cristina quiso que Don Carlos reconociese los derechos de Isabel, lo cual evitaría la guerra.

El 17 de septiembre se presentó a Fernando VII un escrito habilitando a María Cristina a ser regente. María Cristina quiso que Antonio Saavedra conde de Alcudia estuviera presente como Secretario de Estado que era. Se declaró regente provisional a María Cristina, pero sólo para los casos de urgencia que hubiera. Se encargó al conde de Alcudia intentar convencer a don Carlos a fin de evitar la guerra.

El conde de Alcudia, en una primera entrevista con Don Carlos, propuso que éste y el Consejo de Estado acudiesen al despacho de la reina, pero don Carlos se negó.

Se llegó a un punto de máxima tensión, porque el Rey parecía muerto. De hecho, el embajador francés comunicó a su país el fallecimiento del monarca.

Entonces el conde de Alcudia propuso al duque del Infantado una corregencia, pero González Maldonado y Antonini recordaron la sugerencia de Calomarde de pactar un matrimonio de la recién nacida princesa Isabel con el hijo de don Carlos. La corregencia llevaría a una tutela de Don Carlos sobre su hijo, es decir, una regencia de don Carlos en la práctica, y ello no era una solución que gustara en Palacio.

El conde de Alcudia, en una segunda entrevista con Don Carlos, trató de poner paz ofreciendo a Don Carlos un puesto de Gobierno si aceptaba el reinado de Isabel. Don Carlos manifestó, por primera vez ante testigos, su decisión de impugnar la Pragmática. Dijo que su conciencia le impedía reconocer una ley no aceptada por sus abuelos, y que su religión no le permitía privar a sus hijos de sus derechos. Alcudia le propuso casar a uno de sus hijos con Isabel, pero Don Carlos consideró una deshonra recibir el trono de una mujer. Alcudia le preguntó por fin si quería la guerra civil, y Don Carlos contestó que eran los isabelinos los que querían la guerra civil.

Era la primera vez que Don Carlos decía en acto oficial que quería ser rey. Alcudia se lo comunicó a María Cristina. María Cristina pidió un acto público, ante todo el Cuerpo Diplomático, Grandes, Ministros, Jefes del ejército y Diputaciones de los Reinos, en el que Carlos María Isidro de Borbón manifestase en público si aceptaba o no la Pragmática (la derogación de la Ley Sálica). En caso de que don Carlos se negara, María Cristina prometía ceder los derechos de Isabel a Don Carlos.

El conde de Alcudia se alarmó por la sorprendente decisión de María Cristina, pues podía ser el triunfo definitivo de Don Carlos. Entonces sugirió a María Cristina que el asunto lo resolviesen en privado, sin comprometerse a ceder el trono todavía.

La cuestión empezaba a ser ardua, porque los realistas (ultraabsolutistas) recibieron la orden de estar preparados para asaltar el trono, aun a costa de una guerra civil, si Fernando VII moría y dejaba a Isabel como reina. Apoyaban la sucesión a favor de don Carlos los embajadores de Austria (Brunetti), de Nápoles (Antonini) y de Cerdeña (Solaro). María Cristina y el conde de Alcudia se daban por vencidos.

El 18 de septiembre la guerra civil se veía ya como una realidad inminente. Antonini y Alcudia hicieron un último intento para encontrar una solución alternativa a la de la guerra: derogar la Pragmática de 1830 y evitar así el levantamiento realista. Los fernandinos (cristinos) estaban convencidos de que perderían ante ese levantamiento. La jugada política era buena, porque se pretendía que el decreto debería ser refrendado por el Consejo Real, lo cual les daba algún tiempo, y siempre podía ser destruido si hacía falta. A este fin, Alcudia decidió que el documento fuera secreto, y que se hiciera ante tres ministros que actuarían como testigos. Fernando VII estuvo de acuerdo.

Fernando llamó a Calomarde, Secretario de Estado de Gracia y Justicia, que se presentó a mediodía y se negó a que un Real Decreto fuese secreto. Recomendó un Decreto sencillo, el cual sí podía ser secreto si no se publicaba de momento, sino hasta el fallecimiento del Rey. También recomendó que Alcudia levantase acta de las entrevistas con don Carlos, para poderlas usar en su día contra el hermano del Rey.

Calomarde dio un paso muy comprometido con estas declaraciones pues se hizo enemigo de los carlistas y de los liberales. Él mismo se daba cuenta de lo trascendente de sus actos, y cayó en un estado de nerviosismo patológico. Tuvo que ser sustituido. González Maldonado se negó a presidir el acto del nuevo Decreto. Calomarde pidió a Alcudia que presidiera él mismo, y Alcudia se negó. Por fin, Calomarde aceptó presidir y redactar el decreto que desheredaba a Isabel. Calomarde leyó el decreto ante los ministros, en las habitaciones del Rey. Eran las seis de la tarde. Estaba ausente Zambrano, que se hallaba en Madrid. Estaba firmado el 18 de septiembre. El documento contenía cláusula derogatoria de disposiciones anteriores en contra de lo allí dicho, y es conocido como la Derogación de la Pragmática. Don Carlos parecía triunfar.

Calomarde mostró a González Maldonado el documento y le contó con detalle el acto de la firma del Rey, al tiempo que lo depositaba en Secretaría.   Resultó que el decreto secreto se hizo cosa conocida por todos. González Maldonado, que se oponía a él, lo contó a todos los que pudo. Calomarde se lo comunicó a Don Carlos. Y casi todo Madrid lo sabía, e incluso Luisa Carlota, que estaba en Sevilla, se enteró.

Calomarde quiso ver a María Cristina para hablar del tema, pero la reina se negó a recibirle. Quiso publicar el decreto, a lo que se le contestó “ya se hará”. Tuvo noticias de que se intentaba asaltar su Secretaría, destruir el decreto y asesinarle a él. No controlaba ya sus nervios. Informó al Consejo de que la policía le había informado de que querían asesinarle, y se preparó para huir a Francia en el mismo momento en que expirase el Rey.

Inmediatamente la infanta Luisa Carlota, hermana de María Cristina y cuñada de Fernando VII se puso de camino desde Sevilla hasta La Granja a donde llegó el 22 de septiembre.

Fernando VII había mejorado el 21 de septiembre. Luisa Carlota llegó, desde Sevilla, el 22 de septiembre reforzando a los cristinos, e hizo una protesta contra lo ocurrido el 18, cuando Fernando VII había desheredado a Isabel. Luisa Carlota tenía mucho genio y se imponía a los que estaban a su alrededor. Se dice que Luisa Carlota dio una bofetada a Calomarde y le quitó la cédula de las manos para romperla, a lo que Calomarde respondió “Manos blancas no ofenden”.

Entonces los cristinos decidieron redactar un escrito derogando la derogación de la Pragmática, escrito que presentaron al rey el 28 de septiembre de 1832. Fernando VII cambió de opinión, derogó la derogación de 18 de septiembre y confirmó a María Cristina como encargada del Gobierno.

Y el 1 de octubre, se produjo una crisis de Gobierno, porque se cesaba a los carlinos más representativos, a Francisco Tadeo Calomarde, y al Gobierno en pleno del conde de Alcudia, quien había hecho concesiones a los carlinos. Calomarde huyó a Francia, Alcudia fue enviado a San Petersburgo.

 

[1] Antonio Saavedra Jofré, VII conde de la Alcudia, 1777-1842, fue un marino español al que la Regencia de 1823 le había hecho encargado de negocios en San Petersburgo, pero no se incorporó a su destino, y en 2 de diciembre de 1824 fue nombrado ministro plenipotenciario en Estados Unidos, y también renunció a su destino. Era como si no aceptara alejarse. Por fin, fue nombrado ministro plenipotenciario en Londres, y sí aceptó, ejerciendo el cargo hasta junio de 1828. Fue Secretario de Estado en enero de 1832.

[2] Fermín Caballero Morgáez, 1800-1876, había estudiado en el seminario conciliar de Cuenca hasta que en 1820 abandonó el camino del sacerdocio para hacer estudios en Alcalá y en Madrid, donde conoció las ideas liberales. En 1822 fue profesor de Geografía y Cronología en la Universidad de Madrid. En 1823, al restablecerse el absolutismo, abandonó Madrid. Regresó en 1832 y trabajó en el Boletín de Comercio criticando a los conservadores, y en 1834 en El Sepulturero de los Periódicos, en el que firmaba como Eduardo Foncillas. Fue alcalde de Madrid y realizó un censo de población de la ciudad. En 1843 se opuso a Espartero..

[3] Antonio Gil de Zárate, 1796-1861, estudió en Francia de 1804 a 1811, y de 1817 a 1819 haciendo físicas y exactas, lo que le sirvió para ser catedrático de francés. Colaboró con los liberales en el Trienio, y se marchó de Madrid en 1823, regresando en 1826 otra vez como catedrático de francés. En 1832 colaboró en el Boletín del Comercio, y más tarde en Revista de Madrid y en Semanario Patriótico. En 1835 fue Director General de Instrucción Pública. En 1839 colaboró con Pablo Montesino en la creación de la Escuela Normal Central de Maestros de Madrid. En 1842-1844 escribió un Manual de Literatura Española. En 1845 colaboró en la redacción del Plan de Estudios Gil y Zárate (Ley Pidal), que organizó la enseñanza secundaria. En 1859 colaboró en la creación del Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria. Era anticlerical en política y ecléctico en religión, y lo reflejó en sus obras de teatro.

[4] Manuel Bretón de los Herreros, 1796-1873, había luchado en la Guerra de la Independencia, pero no ascendió nunca en el ejército, quizás por su conducta irregular (perdió un ojo en un duelo en 1818) y se licenció en 1822 para buscar otro modo de vida. Llegó a Madrid y escribió algunas comedias, que fueron criticadas por el absolutista Larra, por su poca originalidad, y se hizo amigo de Espronceda, que era liberal y más acorde con sus ideas. En efecto, Larra tiene razón en que Bretón reproducía argumentos de comedias francesas y utilizaba personajes populares españoles sin crear ninguno original, pero le servían para criticar la vida social del burgués medio, y tenía mucho éxito entre estos burgueses.

[5] Miguel de Ibarrola González, 1776-1842, marqués de Zambrano fue un militar absolutista, con una trayectoria larga, como era habitual en esos años: en 1790 se había incorporado a la Compañía de Caballeros Pajes de Su Majestad, y en 1792 ya era Capitán de Dragones. En junio de 1793 había luchado en el Rosellón y el Ampurdán contra los franceses. En diciembre de 1793 se incorporó a las Guardias Españolas. En 1799 fue destinado al Regimiento Lusitania, y en 1801 fue destinado al Regimiento de Dragones de Almansa, puesto en el que participó en la Guerra con Portugal. En 1802 pasó al Regimiento Voluntarios de España. En 1803 fue ascendido a Teniente Coronel.con destino en el Regimiento de Dragones de Sagunto. En 1808 ascendió a Coronel con destino en el Regimiento de Húsares Españoles de Mallorca. En contra de las órdenes recibidas de permanecer en la isla, pasó a Tarragona a luchar contra los franceses, por lo que fue arrestado, pero la Junta Central le repuso en el mando de su regimiento y continuó luchando en Cataluña. En mayo de 1809 fue herido y destinado a batallones de reserva, pero siguió en la lucha. En agosto de 1810, Enrique O`Donnell marqués de La Bisbal le ordenó atacar Montblanc y el marqués de Zambrano se negó, motivo por el que fue encarcelado y se le hizo Consejo de Guerra, alegando Zambrano que los franceses eran muy superiores en ese punto y no era razonable atacar en ese momento. Fue condenado a seis meses de arresto en un castillo y luego destinado a puestos menores como Jerez de la Frontera, y se le denegó el ascenso a Teniente General. El castigo se levantó en 1819 haciéndole Jefe Político interino de Zaragoza, pero en ese puesto fue detenido por sus soldados en marzo de 1820, al triunfar la revolución liberal y no querer jurar la constitución. En diciembre de 1823 fue de nuevo repuesto en la confianza del Gobierno como Gobernador Militar de Málaga, ascendido a Teniente General en junio de 1824 con destino en la Real Guardia de Caballería, en Madrid, y nombrado Secretario de Estado y Despacho de Guerra en junio de 1825. En 1832 era Capitán General de Castilla la Nueva (jefe de las fuerzas armadas en Madrid), cuando tomó la defensa de Isabel II. En agosto de 1834 fue licenciado del ejército.

[6] Manuel Pando Fernández de Pinedo, 1792-1872, marqués de Miraflores y de Pontejos, conde de Villapaterna y de la Ventosa, señor de Villagarcía del Pinar y de Miraflores, era hijo de un miembro de la camarilla del príncipe Fernando VII y fue paje del rey Carlos IV. Su familia participó en los sucesos del 2 de mayo de 1808 y eran afrancesados, por lo que huyeron de Madrid en 1813. En 1814 se casó con Vicenta Moñino Pontejos, condesa de Floridablanca. Entró en la política en 1814 escribiendo un Memorial, Memorial Miraflores, en el que recomendaba a Fernando VII no aceptar la constitución de 1812 porque no había salido de su iniciativa real, pero convocar Cortes, unir en torno a sí a todos los leales a la Corona y dar una amnistía para delitos políticos. En 1820 está con la Milicia Nacional y se muestra liberal, pero en 1822 se retira de la política a la llegada de los exaltados. En diciembre de 1832 se declaró partidario de Isabel II y trabajó como diplomático para apoyar a María Cristina, obteniendo en 1834 la Cuádruple Alianza (Portugal, España, Reino Unido y Francia). En 1835, colaboró con Mendizábal, pero abandonó esa tendencia política en verano de 1836, tras los sucesos de la Granja, pues partidario de utilizar la violencia contra los amotinados. Como también estaba en contra del restablecimiento de la constitución de 1812, se marchó a Francia. Regresó en 1838 y juró la constitución de 1837, a pesar de ser ésta marcadamente liberal, y colaboró en la obtención del Convenio de Vergara con los carlistas. No apoyó a Espartero, porque Miraflores era partidario del diálogo con los disidentes y de la moralidad y honestidad de los políticos y no consideraba de esta condición a Espartero. Fue Presidente del Gobierno en febrero de 1846 y trató de poner buena imagen al matrimonio de Isabel II y Francisco de Asís, con no demasiado éxito, fue ministro de Estado en 1851 para Bravo Murillo. En 1856 se apuntó a Unión Liberal y fue colaborador de O`Donnell. Volvió a presidir el Gobierno en mayo de 1863.

[7] José Máximo Agustín de la Cerda Cernesio y Palafox, 1794-1851, VII conde de Parcent, conde de Contamina y del Villar, marqués de Bárboles, Eguarás y Fuente el Sol, vizconde de Mendinieta.

[8] Juan José Mateu y Arias Dávila, 1802-1836, XII conde de Puñonrostro, liberal desde las primeras horas del liberalismo, pues había sido uno de los firmantes de la constitución de 1812.

[9] Juan Donoso Cortés y Fernández Canedo, 1809-1853, marqués de Valdegamas está tratado en Isabel II, -> 5.Narváez.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *