GOBIERNO INTERINO MANUEL GONZÁLEZ SALMÓN[1].

19 agosto 1826 – octubre de 1830.

 

Fue Secretario de Despacho de Estado, Manuel González Salmón, interino hasta octubre de 1830, cuatro años, y titular a partir de esas fechas hasta 18 de enero de 1832. No cambiaron el resto de Secretarios del Gobierno de 24 octubre 1825.

En 1827 murió el Presidente del Consejo de Castilla, Ignacio Martínez de Villela y fue sustituido en el cargo por Bernardo de Priega y Solares, que estaría hasta 1830.

González Salmón, tenía conocimiento suficiente de los políticos europeos de su época, y por ello parecía el hombre idóneo para la crisis de Portugal. Había estado destinado en Portugal y en París. También se puede interpretar que los moderados habían buscado a un hombre poco significativo, para apartar a Infantado sin que los carlinos se mostraran hostiles. Convenía menguar el poder de los absolutistas en el Consejo de Estado. Si fue ésta la finalidad de elegir a Salmón, acertaron, pues hubo estabilidad más de cuatro años.

 

El principal asunto de este Gobierno fue el tema de los absolutistas portugueses exiliados en España, que constituían un peligro para Fernando VII que podía ser derrocado por Don Carlos, al tiempo que los liberales españoles se refugiaban en Portugal, otro peligro para Fernando VII que podía ser derrocado por los liberales:

El 6 de septiembre de 1826 se acordó exigir a Portugal que no acogiese a liberales españoles, contrarios al Gobierno español, lo cual era contradictorio con el hecho de que España acogía a ultraabsolutistas portugueses, contrarios al Gobierno portugués. Los exiliados portugueses absolutistas pidieron la intervención armada de España en Portugal, lo cual tampoco era posible sin enfrentarse a las potencias europeas.     El Gobierno portugués, a través del conde de Villarreal, exigió la devolución de las armas que los exiliados se habían llevado consigo y la entrega del general Silveira, quien era la cabeza de los absolutistas portugueses en España, así como de Tort, otro líder absolutista. Se le contestó que Portugal también retenía armas de los desertores españoles de Olivenza. Se le dijo también que Tort no era súbdito portugués, y Portugal no tenía derecho a reclamar que España tomase medidas contra él. Y sobre el general Silveira, se le dijo que se le observaría, pues estaba acogido al asilo español, y que, en cuanto dejase de observar buena conducta, se le expulsaría. Todo ello era concordante con que Portugal no había expulsado de su territorio a los componentes de la Junta Constitucional española allí formada.

Pero el Gobierno español quedó tocado por la discusión del tema portugués: Zambrano, López Ballesteros, Salazar y González Salmón querían ser transigentes con los liberales moderados portugueses en el Gobierno y su solución de hacer una Carta Otorgada. Calomarde y Alameda eran partidarios de apoyar a los ultraabsolutistas portugueses liderados por María Francisca de Portugal, la Princesa de Beira, y don Miguel de Portugal. Como las potencias europeas no se manifestaban en este tema, la postura española no se quería manifestar tampoco con claridad.

La Comisión del Consejo de Estado encargada del tema de Portugal (Abarca, Alameda, Erro y conde de Venadito) se puso de parte de los absolutistas, y los ministros partidarios de condescender con los liberales portugueses, mayoría en el Gobierno español, quedaron en minoría en el Consejo de Estado, verdadero órgano de Gobierno, como hemos dicho más arriba. La cuestión era que el Gobierno portugués había acogido a los liberales españoles huidos desde Gibraltar, y éstos trataban de organizar guerrillas en la frontera con España, lo cual inclinó, por fin, al Gobierno español contra el de los portugueses.

El 2 de octubre de 1826, España decidió intervenir en el asunto portugués. A finales de octubre de 1826, el Algarve se sublevó por don Miguel, que estaba en Viena, y los exiliados portugueses en España fueron organizados y armados para invadir Portugal. Sus jefes eran el marqués de Chaves y el vizconde Canellas. La expedición sería mandada por el capitán general de Valladolid, general Francisco de Longa[2], que se trasladó para ello a Ciudad Rodrigo. Carlota Joaquina se autoproclamó regente de Portugal. Por otra parte, España decidió llevar a los absolutistas portugueses poco a poco, en pequeños grupos que no alborotasen, a la frontera con Portugal.

Sorpresivamente para España, don Miguel de Portugal, el líder absolutista, juró la constitución portuguesa en Viena. Tras el acontecimiento debemos ver a la mano de Metternich, que deseaba intervenir en el conflicto, y el deseo de Pedro IV de conciliar a los portugueses. La explicación era que el canciller austriaco había retomado la idea de la boda de don Miguel con la reina María de la Gloria. Y Don Miguel vio que el poder quedaría en sus manos, pues había sido designado regente por don Pedro, el rey fallecido, y podía acceder legalmente al poder siempre que aceptase la constitución portuguesa y se casase con María de la Gloria, María II de Portugal, la reina que entonces tenía 7 años de edad. Miguel tenía 26 años.

En noviembre de 1826 se reorganizaron los realistas portugueses y nombraron jefe del ejército realista al Marqués de Chaves, jefe de Estado Mayor al general Silveira conde de Canellas, y jefes de la fuerza militar de campo a Montealegre, Magessi y Téllez Jordán.

El 20 de noviembre de 1826 se produjo la invasión de Portugal desde España. El 22 entraron en Tras os Montes y el 26 se tomó Braganza y se formó una Junta Gubernativa Provisional. El 25 Magessi entró por Extremadura hasta Villaviçosa.

Pero aquella Junta portuguesa estaba destinada al fracaso porque los portugueses se peleaban por acaparar el poder: lo querían los militares y también las Juntas. Silveira, Chaves y Montealegre discutieron con Magessi y Téllez Jordán. También hubo discusiones de los militares con la Junta Gubernativa Provisional.

La invasión se completó en diciembre cuando Téllez Jordán atacó la zona de Beira y tomó Almeida.

El asunto de Portugal se complicaba en España bajo dos puntos de vista: Primero, que los portugueses estaban divididos respecto al absolutismo, los ultraabsolutistas no eran mayoría, y segundo, que los Agraviats catalanes estaban iniciando unas campañas de apoyo al absolutismo en España, de modo que era incongruente apoyar a los absolutistas portugueses en el oeste peninsular, y luchar contra los absolutistas españoles en el este.

 

 

Ofalia negocia la paz con Portugal.

 

Luis XVIII protestó por la invasión de Portugal y amenazaba con llevarse de España los soldados franceses que guardaban el orden público y protegían al Gobierno de Fernando VII. Canning de Inglaterra amenazó con llevar un ejército inglés a Portugal si España no se retiraba. Y el 28 de diciembre España decidió abandonar y envió al general Longa a Valladolid de nuevo. Ofalia fue encargado de negociar con París y Londres una paz. Ofalia fue a París donde logró que Villele mantuviera al ejército francés en España un poco más. Los absolutistas portugueses, abandonados, fueron vencidos y pasaron a España, los últimos en marzo de 1827. España se limitó a poner un Ejército de Observación en el Tajo, que se puso a las órdenes de Sarsfield.

Las negociaciones de Ofalia con Francia en abril de 1827, se centraron en mantener el absolutismo en España, reconocer a Fernando VII como rey de España, reconocimiento de la dinastía Borbón, exigir orden suficiente en Portugal como para que no supusiera un peligro para España, acordar que Miguel fuera el regente de Portugal, y la prohibición de que los liberales españoles se establecieran en la frontera francesa. El francés Barón de Damas le pedía tranquilidad y estabilidad de los Gobiernos ibéricos, que España no hiciera más agresiones a Portugal y que se hicieran cambios en el Gobierno que garantizasen lo dicho.

En mayo, Ofalia pasó a Londres, en donde estuvo dos años y trató los asuntos de independencia de las colonias, la regencia de Don Miguel en Portugal (Miguel dio un golpe de Estado y solucionó el tema por sí mismo), y las reformas administrativas que se debían introducir en España (y que nunca se hicieron).

En Portugal, el 3 de julio de 1827, Pedro le pidió oficialmente a su hermano Miguel que aceptara y jurase la Carta Otorgada y asumiera la Regencia de Portugal casándose con María de la Gloria, hija de Pedro IV.

Don Miguel de Portugal, Miguel de Bragança y Borbón (1802-1866), hermano de Pedro IV, dijo aceptar la constitución y el matrimonio con su sobrina María de la Gloria, y se trasladó a Lisboa donde desembarcó en 22 de febrero de 1828, juró la Carta Otorgada en 3 de marzo y, una vez proclamado Regente (Lugarteniente General del Reino), abolió las Cortes en 13 de marzo de 1828, se hizo proclamar rey absoluto y abolir la Carta Otorgada en 28 de junio de 1828 y depuso a la reina María de la Gloria tras derrotar a sus partidarios en Coimbra. En esta operación de tan poca honestidad, Austria le apoyó (Meternich) e Inglaterra se conformaba y calló, a pesar de los británicos fueron expulsados de Portugal.

España no intervino ya en nada de estos asuntos portugueses. Pero Pedro I de Brasil abandonó su trono brasileño en 7 de abril de 1831 y fue hasta Azores (Portugal) a hacerle la guerra a su hermano Miguel I de Portugal. Éste tuvo como apoyo incondicional, el de su hermana María Teresa de Bragança, la princesa de Beira, y también el de don Carlos de España, el líder carlista español. La guerra duró hasta 1834, y Pedro repuso en el trono a María de la Gloria, su hija, en mayo de 1834, abandonando a continuación Portugal en 26 de mayo de 1834. En 24 de septiembre de 1834, murió Pedro, que había sido Pedro I emperador de Brasil y Pedro IV rey de Portugal. María de la Gloria reinó hasta noviembre de 1852. El ultraabsolutismo había sido vencido en Portugal en 1833-1834.

 

 

 

Inicio del desarrollo industrial español[3].

 

Legislación preparatoria de la revolución industrial en 1825-1826:

La llegada al Gobierno de los absolutistas moderados significó la vuelta del comercio, de las obras públicas y del orden social. Lo que los moderados no estaban dispuestos a tolerar era la vuelta de las masas populares exaltadas con sus altercados, desórdenes y manifestaciones cotidianas en las calles, como en 1823.

Los absolutistas moderados acercaron al Gobierno a un grupo de personas muy valiosas, hasta entonces desaprovechadas por haber sido afrancesados o ilustrados, decidiendo olvidar su pasado. Nos estamos refiriendo a Cambronero, López Pelegrín, Clemencín, Cano Manuel, Javier de Burgos, Lista, Miñano, Reynoso y otros.

 

El 4 de julio de 1825 se aprobó la conocida como Ley de Minas, o más exactamente Decreto, que conservaba las ideas básicas de la legislación española sobre el tema de que todos los yacimientos mineros eran del rey, y éste se reservaba la explotación de las que daban mejores rendimientos como el mercurio de Almadén, cobre de Riotinto, plomo de Linares, y hierro y carbón de Asturias, concepto que sólo cambiaría en España a partir de 1849 cuando las minas pasaron de ser “propiedad del monarca” a “bien de dominio público”. Complementariamente, se suprimieron los estancos sobre el plomo, cobre y mercurio. La ley de minas, por otra parte, fijó las reglas de adquisición de concesiones, su demarcación, las condiciones que debían guardar los empresarios para mantener la concesión y los derechos que se debían satisfacer al rey. También se constituyó la Dirección General de Minas, Inspecciones mineras en cada provincia, la Escuela de Almadén para preparar a estos inspectores, y se envió a Alemania a algunos becarios para aprender más sobre minas. El principal resultado de esta ley es que se empezaron a investigar los criaderos de carbón y otros minerales en España, siendo lo más destacable de este trabajo el hallazgo en 1829 de 105 afloramientos de carbón en Asturias, aunque eran afloramientos ya conocidos popularmente en cada zona, pero no catalogados por el Estado ni susceptibles de ser explotados, dadas las condiciones de las comunicaciones entre ellos y de los caminos y puertos existentes. Esta Ley de Minas de 1825, será cambiada en diciembre de 1868, otorgando al Gobernador Civil de cada provincia la facultad de conceder concesiones mineras, incluso con carácter perpetuo mientras se mantuviese el laboreo o mientras se pagase el correspondiente canon al Estado.

El Decreto de 4 de julio de 1825 sobre Minas, cambiaba la situación decretada por Felipe II en 1584, en el sentido que definía unos deberes para los concesionarios de minas: los concesionarios debían mantener la mina “poblada” con un mínimo de 4 operarios y con un laboreo mínimo de cuatro meses ininterrumpidos al año, u ocho meses de forma discontinua. Las concesiones tendrían una extensión máxima de 200×100 varas (1,4 hectáreas), lo cual condenaba al sector minero al minifundismo. No se podía acumular más de dos concesiones por persona. Se establecían unas cargas fiscales de 1.000 reales al año por pertenencia, y el 5% del producto bruto.

El decreto de Minas de 1825 será la “ley de minas” básica del XIX, aunque será reformada el 11 de abril de 1849: para atribuir la propiedad de las minas al Estado, y no al monarca, para ampliar el tamaño de las concesiones, y para reducir las exigencias fiscales. De nuevo será modificada en 6 de julio de 1859 para facilitar concesiones más grandes, que permitieran el interés de las grandes empresas. La siguiente Ley de Minas importante es la de diciembre de 1868.

 

El 27 de marzo de 1826 hubo un Real Decreto del Arancel General. Arancel es la tarifa fijadas por la prestación de un servicio público y también el impuesto de exportación e importación que perciben las aduanas de un país, que puede ser “ad valorem”, o “específico” referido a cada peso o volumen determinado. El arancel de 1826 gravaba la importación de productos textiles, lo cual vino a favorecer a Cataluña, pero también gravaba la importación de algodón, lo cual beneficiaba la producción interior del mismo pero perjudicaba a Cataluña. El arancel anterior databa de 1790, y sus ideas fueron recuperadas en el arancel de noviembre de 1837, y luego modificadas en el de 1845, corregido en 1846.

 

En 27 de marzo de 1826 se hizo la Ley de Patentes para proteger la invención y la introducción de inventos en España. Las patentes, en el siglo XVI se denominaban Reales Cédulas de Privilegio de Invención, y adjudicaban el monopolio de fabricación a un particular o a la Corona, que en ese caso condecía un título, premio en metálico o cargo en la administración, al inventor. Estos alicientes perdieron interés en el XVII, al tiempo que el nivel cultural y técnico del país bajó, y los inventores desaparecieron, en fenómeno simultáneo. Las Sociedades Económicas de Amigos del País trataron de elevar el nivel técnico e incluso de pensionar estudios en el extranjero, pero ello no fue suficiente. La ley de Privilegio de Invención de 1770 (Carlos III), otorgaba exenciones de impuestos, eliminaba la competencia al inventor en determinados territorios y otorgaba de nuevo cargos y premios, tratando de estimular a los inventores. El primer intento moderno de proteger las patentes estuvo en el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811, copiando una ley francesa de 1791, pero esa legislación duró poco, pues se abolió en 1814. El concesionario debía poner en marcha el invento antes de dos años, no tenía derecho a patentarlo en el extranjero y debía pagar unas tasas al Estado, que el Estado guardaba en el Conservatorio de Artes y Oficios, a cambio de lo cual podía abrir establecimientos en todo el reino para explotar su invento, podía ceder y vender su invento, el Estado castigaba a los que le hicieran competencia con sus propios métodos. La ley de Patentes de 1811 fue renovada en 2 de octubre de 1820 con la innovación de que se especificaba que se protegían las máquinas, aparatos y métodos de fabricación, pero no las formas, proporciones y modelos distintos de una máquina ya existente, y se limitaba la protección a 10 años como periodo de invención, 5 años como introducción y 7 de mejora.

El Real Decreto de marzo de 1826 marcó que la protección del privilegio de invención duraba 5 años si se pagaban 1.000 reales al Estado, 10 años si se pagaban 3.000 reales, y 15 años si se pagaban 6.000 reales. Por el privilegio de introducción de un invento extranjero se tenía protección por cinco años. La protección se perdía al no practicar el negocio durante un año y un día. Lo más importante, desde el punto de vista histórico, es que ya siempre e ininterrumpidamente habrá un sistema de protección al inventor.

La siguiente ley, que sustituiría a la de 1826 fue la de 1878, la cual concedía 20 años de protección si eran patentes de propia invención y 5 años si eran de otro tipo, y tenía el gran avance de que el inventor pagaba en anualidades, lo cual facilitaba el invento pues se pagaba con beneficios del propio negocio empezado. Además se le daba al inventor un “certificado de adición”. En la ley de 1878 se preveían condiciones de nulidad de la patente si no era nueva invención, si afectaba a las buenas costumbres, si no se había descrito suficientemente, si no se pagaba la anualidad al Estado y si se dejaba de explotar más de un año y un día. Este tema será revisado en 1902 cuando se proteja la invención por 20 años, privilegio de introducción por 5 años y se abra un Registro de la Propiedad Industrial. Pero el arreglo definitivo del tema se hará en 26 de julio de 1829, dictadura de Primo de Rivera, cuando se estableció que para obtener una patente había que pasar un examen previo del gobierno comprobando la novedad del invento, y se abrió una Oficina Nacional de Patentes que sustituía al viejo Registro de la Propiedad Industrial, y también se exigía sacar una licencia de explotación. La última ley al respecto se hizo en 1986 estableciendo un examen técnico previo, y un examen de novedad, y eliminando la protección a los privilegios de introducción.

Y en 1827, se cree que la crisis económica española tocaba fondo y empezaba una recuperación. La crisis se había iniciado en el reinado de Carlos III, y había sido larga.

 

 

Realidades industriales a partir de 1826.

 

La industrialización surgió en dos polos, cada uno en una actividad, Barcelona en lo textil y Málaga en lo metalúrgico.

En Barcelona, la política de Luis López-Ballesteros Varela en el campo económico resultó muy positiva, pues permitió a los barceloneses importar máquinas textiles modernas (mule-jenny, continua y selfatina) y abandonar las bergadanas. Ello acarreó dos consecuencias: la primera industrialización de Cataluña, y los primeros movimientos luddistas.

Cataluña tenía una industria textil tradicional desde el siglo XVIII, pero era el momento de adoptar los avances de la Revolución Industrial. A partir de estas medidas de apertura económica se asociaron algunos financieros y hombres de negocios y surgieron los primeros empresarios, muchos de ellos afrancesados y doceañistas, pero tolerados por su importancia económica para el Estado. Destacaban los afrancesados Calero y Portocarrero. La tendencia librecambista dio como fruto el “Real Arancel General de Entrada de Frutos, Géneros y Efectos del Extranjero”, de 1826. Este movimiento era apoyado por Flórez Estrada, y estaban a la contra la Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón del Principado de Cataluña. La citada Comisión pedía que hubiera proteccionismo hasta alcanzar el nivel técnico de Inglaterra. En 1832 se estaban recuperando las industrias algodoneras de Sabadell y Tarrasa y empezó un gran proyecto en Barcelona: En 1832 los hermanos Bonaplata pusieron la fábrica El Vapor, en Barcelona. También apareció La Maquinista Terrestre y Marítima.

 

En septiembre de 1826 se abrió una empresa férrica en Marbella (Málaga) llamada Sociedad Anónima de la Herrería de la Concepción, propiedad de Manuel Agustín Heredia[4], Pedro Pablo del Valle, Jaime Setta, Juan Mirasol, Juan Giró, Jorge Lering, Domingo de Urueta, Manuel Enríquez, Domingo María López, Guillermo O`Shea, y Francisco Antonio Elorza, para explotar el mineral de hierro de Ojén, con madera de los bosques de pinos de la sierra de Málaga y la energía y agua del río Verde. El objetivo era fabricar aros de hierro para toneles de vino, pasas, aceite, tabaco y otros artículos. Fracasaron en el intento de montar una ferrería. Lo intentarían en 1830 de nuevo con carbón vegetal y volverían a fracasar, porque los precios de la madera se fueron encareciendo paulatinamente.

 

 

Los Realistas Puros en 1827-1833.

Agraviats o Malcontents.

 

En noviembre de 1826 hubo ocasión para conocer la ideología de Carlos María Isidro cuando lanzó el “Manifiesto al Pueblo Español de la Federación de Realistas Puros”. Conocido en 1827, el documento lleva fecha de 1826, pero desconocemos su autor, e incluso los carlistas dijeron posteriormente que el autor había sido un liberal y que lo había hecho para desacreditar a Carlos, pero esto también puede ser una táctica de echar balones fuera cuando nos conviene, que utilizaban los carlistas al igual que otros muchos políticos. La cuestión es que tuvo un gran impacto. Los puntos fundamentales del Manifiesto eran:

-el realista puro se debía entregar a la voluntad de Dios y de la Iglesia Católica en cuerpo y alma;

-Fernando VII era débil, estúpido, ingrato, indigno, parricida, mal esposo, pérfido amigo, mal hermano, un monstruo que debía ser derrocado y sustituido por Don Carlos. El pecado de Fernando VII era que mantenía tolerancia para con los liberales;

-se debía volver a las tradiciones españolas.

Los Voluntarios Realistas catalanes propusieron entonces que el sucesor de Fernando VII, que no tenía hijos, fuera Carlos de España. Los Apostólicos planteaban la doctrina política de la “legitimidad de ejercicio” o adecuación de la conducta del monarca a la misión histórica que Dios le ha encomendado. Esta legitimidad era más importante que la legitimidad de origen o de sangre. Los que aceptaron esta doctrina de la legitimidad de ejercicio se denominaron “realistas puros”.

Los realistas se quejaban de unos supuestos abusos, vejaciones e injusticias que sufrían: de no ser atendidos en sus reclamaciones, de no recibir los empleos que el rey había decretado que se les devolviesen. También se quejaban de la Justicia, de los impuestos de Hacienda y de las actuaciones de la policía, cuerpo en el que se sospechaba que había muchos constitucionales.

Efectivamente, algunos constitucionales y milicianos se mantenían en sus cargos desde 1823 y los decretos de restituir en sus cargos a los realistas de 1820 no se cumplían. Los salarios de los militares realistas no se abonaban. Los constitucionales se habían colocado en el cuerpo de policía y eran duros para con los realistas. Y se ponían contribuciones a pueblos que habían sido realistas, y que los realistas pensaban que eran injustas. Esto no sólo era cierto en Cataluña, sino también en otros lugares de España.

Fernando VII tomó a mal la injerencia realista, que dio lugar al principio del carlismo, y ordenó atrapar y fusilar a los principales jefes “apostólicos”, o realistas puros. El trono peligraba y Carlos podía ser proclamado rey en cualquier momento. Fernando VII empezó a pensar que debía ir apoyándose en absolutistas moderados.

El punto más fuerte de los absolutistas era Cataluña. El Manifiesto fue apoyado por muchas partidas de Voluntarios en Cataluña. Se trataba de una rebelión ultrarrealista contra Fernando VII que se inició en Tortosa en marzo de 1827 protagonizándola el capitán Llovet y el coronel Trillas, que intentaron liberar a los presos ultrarrealistas que había en la ciudad. La causa inicial era que muchos oficiales habían pasado a la situación de “indefinidos”, que era como se llamaba entonces a una situación de inactivos militares. La causa general del éxito de estas guerrillas, o cuadrillas de bandoleros, era la crisis que afectaba a Cataluña, por una parte a una industria textil rural que no podía competir con la industria moderna de las ciudades, y, por otra, a los agricultores pequeños y de técnica tradicional que no podían soportar las bajadas de precios agrícolas que se empezaban a notar y durarían ya todo el siglo XIX. A estos desplazados por el avance técnico agrícola e industrial se les llamó malcontents (descontentos).

Inmediatamente se formaron partidas y se emitieron proclamas realistas, destacando Planas, Dinat, Abrés, Bosch, Ballester, Puigbó… y siendo los pueblos más rebeldes Gerona, Figueras, Vich, Manresa, Berga y Montseny. Tres jefes de malcontents, Planas, Puig y Trillas, fueron ajusticiados.

En 30 de abril de 1827, el capitán general de Cataluña, marqués de Camposagrado, ofreció el indulto a quien depusiese las armas, y la mayoría de los guerrilleros aceptó, pero no lo hicieron José Bussoms (el Jep del Estanys) y Juan Cavallería (el Ne). Voluntarios realistas de Granollers, Ripoll e Igualda, se sumaron a estas partidas rebeldes. En 1827, desde abril a octubre, llegaron a mantener viva una sublevación en Cervera, Manresa y Vich. Se llamó la revuelta “dels Agraviats” o “dels Malcontens” (de los agraviados o de los descontentos).

Otros puntos secundarios de los considerados bandoleros por el Gobierno español, o partidas ultrarrealistas, estaban en Aragón, Valencia y País Vasco.

La sublevación superaba las posibilidades de la policía, y fue llamado el ejército, a las órdenes de los brigadieres Manso, Torres y Brasa.

En julio de 1827 se multiplicaron las partidas de guerrilleros, integradas por guerrilleros de 1820-1823 y por algunos curas, aunque los obispos se oponían a que los clérigos participasen en estas luchas. Ese mismo mes, la sublevación se extendió a Manresa (cuyo jefe era Agustín Saperes[5], alias Caragol), Vich (cuyo jefe era José Clará), y Gerona.

En agosto de 1827, los agraviados o malcontents eran dueños del Pirineo y manejaban 30.000 hombres pero no podían mantenerse en ninguna ciudad frente al ejército, ni enfrentarse cara a cara con éste. Pero el ejército de Fernando VII no podía atacarles en el Pirineo. Incluso el “agraviado” Rafi Vidal llegó a adueñarse de Reus, muy al sur. Dominaron Vich, Manresa, Berga, Reus y Cervera e instituyeron en ellas unas “juntas locales” que obedecían a la Junta Suprema del Principado.

Entonces, los malcontents instituyeron en agosto de 1827 una Junta Suprema de Manresa o Junta Suprema del Principado. Eran miembros Agustín Saperes, alias Caragol, que actuaba como presidente, el presbítero José Quinquer, fray Francisco Vinader, el médico Magín Pallás que era síndico en Manresa, el regidor Bernardo Senmatí que actuaba como secretario, y en septiembre se añadiría el canónigo de Vich J.Corrons.

Poco después pasó a ser presidente de la Junta José Bussoms, el Jep dels Estanys. Eligieron como jefe militar al Jep dels Estanys, y jefes de las distintas partidas a Abrés, Saperes (Alias Caragol) y Villela. Crearon un periódico llamado El Catalán Realista. En su programa decían que no iban contra Fernando VII sino contra los realistas moderados y los constitucionales pacíficos que no estaban dando al pueblo lo que necesitaba, y seguramente se referían con ello a las pensiones concedidas a los militares.

Los obispos condenaron la sublevación, pero los párrocos y religiosos no les hicieron mucho caso.

El 7 de septiembre de 1827, el conde de España fue encargado de reprimir la sublevación. Camposagrado fue destituido. El conde de España recibió 20.000 hombres y 400 caballos y la ayuda de Juan A. Monet. Los agraviats seguían sin poder hacer frente al ejército y ocupaban sus ciudades cuando el ejército las abandonaba, pues el ejército no podía quedarse ocupando todas. Las acciones más atrevidas de los agraviats fueron que Abrés decidió atacar Gerona y que Rafí Vidal intentó hacer lo mismo en Tarragona, aunque se quedó en la represión de los pueblos de alrededor.

Fernando VII y Calomarde decidieron romper con los absolutistas exaltados y se publicó una proclama en Cataluña el 12 de septiembre de 1828. Fernando VII condenaba la sublevación, lo cual ya era un golpe duro para los realistas ultras, pues basaban su sublevación en su apoyo al rey. El rey afirmaba que no era preso de los liberales ni de ningún otro grupo. El 18 decidió ir a Cataluña. Cambió al capitán general de Cataluña marqués de Campo Sagrado, por el conde de España. El 28, llegó Fernando VII a Cataluña para afirmar que no estaba preso de los liberales, que nadie en el gobierno conspiraba contra la religión y que estaba dispuesto a castigar a los que se unían a las partidas de guerrilleros y a escuchar sus justas reclamaciones.

Ante la visita del rey, las partidas entregaron espontáneamente sus armas y se retiraron del campo. La Junta Suprema de Manresa se disolvió y los jefes de las partidas se presentaron ante Fernando VII para recibir nuevas órdenes. Fernando VII decidió perdonarles a todos afirmando que sólo había sido un exceso de celo y cariño hacia el monarca. El 10 de octubre, casi todo estaba terminado. Quedaban pequeñas resistencias en guerrilleros como Laguardia, que fue vencido enseguida, Abrés, que fue encontrado en un escondite, Suré, que estaba huido y también fue encontrado, y Bussoms, Saperes, Queralt, Dinat, que pasaron a Francia.

Pero, inmediatamente después, la orden de Fernando VII y del conde de España fue capturarles y fusilarles a todos (escaparon Agustín Saperes, alias Caragol, y José Bussoms, alias el Jep dels Estanys) siendo ejecutados muchos otros entre noviembre de 1827 y febrero de 1828.

El total de los sublevados, que los autores del siglo XIX elevaban a cifras de entre 24.000 y 80.000, creemos hoy que no fueron más de 7.000, lo que explica que no fueran capaces de enfrentarse a un ejército. De estos 7.000, 241 fueron muertos o huyeron, y 300 fueron a presidio.

El rey ordenó investigar las reclamaciones de los agraviats y el 15 de octubre se formó un tribunal, compuesto por el obispo de Gerona, obispo de Lérida, obispo de Tarragona, duque de Almenara, y Ramón Lázaro de Dou canciller de Cervera.

Pero también otro tribunal, la Audiencia de Cataluña, se puso a averiguar los autores y cómplices de la rebelión (obra de Juan de la Dehesa), a instruir causas contra agraviados (obra de la Sala del Crimen). Juan de la Dehesa inculpó a 19 párrocos y 28 frailes. Fue imposible juzgarlos porque chocaron privilegios religiosos, cuestiones políticas y la propia justicia. Se decía que Juan de la Dehesa era constitucional, y que los Secretarios de Despacho Salazar y Zambrano eran masones y estaban compinchados en la persecución a los realistas. Lo cierto es que los agraviados eran todos gentes sencillas y no muy cultos.

Entonces empezó una campaña de persecución abierta tanto a los Apostólicos, lo cual era novedoso, como a los liberales, que ya venían siendo perseguidos desde 1823. Eran encarcelados y sometidos a tormento hasta que delataran a sus cómplices. Los suicidios para evitar el tormento y los ahorcados fueron muchos. Los carlistas posteriores negaron toda relación con los malcontents catalanes.

En diciembre de 1827, Fernando VII suprimió el servicio de bagajes, persiguió el contrabando, restableció los gremios y propuso el indulto general, intentando dar por solucionado el problema.

 

[1] Manuel González Salmón, 1778-1832. Su padre había sido embajador plenipotenciario en Marruecos, y él nació en Cádiz. Había estudiado en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Universidad de Alcalá. Fue diplomático de España en Sajonia en 1796, secretario de la legación en Dinamarca en 1802, de la legación de Dresde en 1803, y también había visitado Rusia. En mayo de 1808 estaba en Madrid y huyó hacía Sevilla, siendo en 1809 Secretario de Despacho de Estado para la Regencia. En 1810 fue a Portugal como encargado de negocios. Era un secretario de la embajada en París en 1814-1818, cuando fue nombrado Funcionario para el ministerio de Estado en 1818 y Secretario de Despacho de Estado interino en 1819 (sustituía a Ofalia). En septiembre de 1819 fue embajador plenipotenciario en Sajonia y en 1820 embajador plenipotenciario en Rusia, siendo cesado por los liberales en 1820. En 1825 fue depurado. En 1826 volvió a ser nombrado Secretario de Despacho Estado interino. No era liberal ni ultrarrealista, sino un hombre cumplidor de su trabajo. Los liberales opinaban que era una marioneta de Calomarde y de López Ballesteros, los hombres fuertes del momento y calificaban a Calomarde de ultrarrealista, cosa de la que hoy se tienen dudas. Más bien, hoy se cree que González Salmón era un diplomático profesional., poco brillante, sin iniciativas políticas importantes. Lo que tenía a su favor era el conocimiento de las Cortes europeas.

 

[2] Francisco Tomás de Anchía y Urquiza, 1783-1831, nació en Longa (Vizcaya) y fue conocido como Francisco de Longa. Fue un guerrillero que actuaba contra las fuerzas franceses en 1808-1813 en el norte de Burgos, y tuvo tal éxito que le siguieron cientos de voluntarios. Siguió a Wellington a Francia en 1813, y regresó a España, donde fue nombrado general.

[3] Fuente: J. Patricio Sainz González, Invención,Patentes e Innovación en la España Contemporánea. Ministerio de Industria y Energía, 1999.

[4] Manuel Agustín de Heredia, 1786-1846, había sido hasta entonces exportador de vinos de Málaga. Había nacido en Rabanera de Cameros (Logroño) y llegó a Vélez Málaga en 1800, a los 14 años de edad, para trabajar en un comercio. En 1804, puso comercio propio en Málaga, pues ya sabía que los productos se adquirían en Gibraltar de contrabando, por lo que puso en 1813 comercio también en Gibraltar, Heredia y Cía, pero lo mantuvo poco tiempo pues era más caro que traficar ilegalmente. Se casó con Isabel de Limermore Salas, de familia rica recién llegada a Málaga y obtuvo capital para poner un gran comercio de vino, aceite, pasas y aguardiente, que compraba a los campesinos de la provincia a precio fijado de antemano, con grandes ganancias al venderlo, También vendía coloniales, y también manufacturas inglesas. También comerciaba con América con éxito. Hizo mucho dinero y en 1816 adquirió el 25% de una fábrica de azúcar en Torrox (vendida en 1824). Incorporó la venta de tabaco. Y llegó el momento culminante, cuando obtuvo la contrata de suministro a los presidios africanos en 1825. Compró un velero mercante para suministrar. Pero justo entonces le sobrevino una crisis por falta de toneles de roble y aros de hierro para hacerlos, lo cual era la base de las ventas de líquidos, y decidió fabricárselos él mismo, así que en 1826 abrió una sociedad con otros 9 socios, llamada La Concepción, que debía fabricar hierro en Río Verde–Marbella. En 1838 añadió a sus negocios La Unión Malagueña, una compañía de seguros marítimos y terrestres. En 1840 sumó una nueva compañía de seguros, Sociedad de Seguros Mutuos, con objetivo de asegurar edificios contra incendios.

[5] Agustín Superes, Caragol (Caracol), 1793- , lucho durante la Guerra de la Independencia en Marina, pero desertó. En 1821 aparecía, dentro del ejército, como antiliberal fanático, pero fue acusado de robo y licenciado indefinidamente. En 1827 se unió a los Malcontents y, tras su derrota, huyó a Francia. En 1834 reapareció como jefe carlista.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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