Gobierno duque del Infantado.

24 octubre 1825 – 19 agosto 1826.

 

En octubre de 1825 se designó Secretario de Estado a Infantado. Ello abrió una época en la que el terror antiliberal fue más moderado, pues aunque Infantado era ultraconservador, podía convivir en el Gobierno con Secretarios de Estado y Despacho más moderados, cuando los consideraba útiles. Era la quinta época de Infantado en el poder: En su primera época, se enfrentó a Godoy, hasta ser expulsado de Madrid en 1804, pero volvió en 1806. En 1807 estaba entre los conspiradores de El Escorial y fue confinado en Écija. En marzo de 1808, al triunfar Fernando VII, empezó su segunda época de triunfo político, y fue Presidente del Consejo de Castilla y jefe del ejército del Centro. La Junta Central le destituyó y en 1811 le envió a Londres como embajador. En 1812 tuvo un tercer triunfo político al ser nombrado Regente, cargo que ejerció hasta marzo de 1813. En 1814 fue otra vez Presidente del Consejo de Castilla y miembro de la camarilla de Fernando VII. En 1825 llegó su quinto triunfo, esta vez como Secretario de Estado, máximo cargo político tras el rey, lo que duró hasta agosto de 1826. El resto de su vida es más bien irrelevante, excepto porque murió soltero y sin hijos en Madrid en 1841, y su herencia fue una de las cuestiones más populares en cuanto al seguimiento del resultado, y con más avatares políticos y judiciales, dada la cuantía inmensa de la fortuna a repartir. La línea del ducado del Infantado siguió mediante una rama colateral y los duques del Infantado ya nunca alcanzaron la mucha fama de la que habían gozado el Marqués de Santillana, padre del primer duque, el cardenal Mendoza en tiempos de Enrique IV de Castilla, o Alcántara de Toledo y Salm Salm, nuestro personaje.

 

Secretario de Estado, Pedro Alcántara de Toledo y Salm Salm, duque del Infantado/ 19 agosto 1826: Manuel González Salmón / 8 enero 1832: Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá / 20 enero 1832: Antonio Saavedra Frigola, conde de Alcudia.

Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá.

Guerra, Miguel de Ibarrola González, marqués de Zambrano.

Marina, Luis María Salazar Salazar.

Hacienda, Luis López Ballesteros.

 

Infantado no es que fuera extraordinariamente inteligente, pero tenía experiencia en muchos cargos de la Administración y había presidido la Regencia de 1823, y se movía perfectamente en el Gobierno. Era absolutista convencido, conservador a ultranza, y lo basaba todo en el orden público y las buenas relaciones con las potencias europeas. Tenía algunas obsesiones personales que fueron el programa de su Gobierno:

se oponía a pagar la deuda contraída durante el Trienio;

se oponía a reconocer las independencias sudamericanas;

quería embajadores capaces y discretos;

deseaba que se fueran de España los franceses cuanto antes;

estaba obsesionado por averiguar por qué había menos ingresos de Hacienda y por qué las cuentas no aparecían nunca claras;

desconfiaba de los oficiales del ejército, pues muchos de ellos habían sido liberales y masones.

Pero Infantado no se negaba a tener en su Gobierno a realistas moderados, incluso a partidarios de integrar a los liberales moderados en la política. López Ballesteros, Salazar y el marqués de Zambrano eran de este grupo de moderados.

El inicio de una dulcificación de las persecuciones, y de una liberalización económica y de Hacienda, llevada a cabo por Ballesteros, daría sus frutos a partir de 1827 con una primera industrialización, relanzamiento económico y colaboración en el Gobierno con algunos viejos afrancesados y liberales moderados, aunque todo ello sucedería ya en el Gobierno posterior de González Salmón.

 

Reacción realista: Los realistas se dieron cuenta del cambio de rumbo respecto a la política antiliberal y reaccionaron inmediatamente: el 2 de noviembre de 1825, Mariano Rufino González, el jefe de policía destacado en la persecución de liberales, pidió que, o se le encausara, o se le declarara inocente devolviéndosele su trabajo en la Administración. Era un envite al Gobierno. Así se entendió, y el caso fue al Consejo de Ministros, donde se protestó por haber dejado pasar tanto tiempo sin hacerle acusaciones ni reponerle en sus cargos, pero no se decidió tampoco nada.

A fines de 1825, Infantado quiso poner orden en las disputas entre la policía y los Voluntarios Realistas, que realizaban, de hecho, funciones parecidas. Había muchas quejas sobre la policía: los obispos decían que se estaba robando en las iglesias y se atacaba a los curas, sin que la policía hiciera nada por impedirlo. Se trataba de bandoleros que atacaban las posesiones de la Iglesia en el norte de España, y de jornaleros que querían impedir la contratación de jornaleros forasteros para impedir bajadas de jornales. También había algunos ataques a Voluntarios Realistas. La gente hablaba mal de la policía y bien de los Voluntarios.

La causa de esta impopularidad de la policía era que ésta estaba equivocando sus métodos: quitaba las armas a los campesinos y los dejaba indefensos frente a los bandoleros; cobraba impuestos para el Estado que antes eran más fáciles de ocultar a los campesinos; arrestaba a los realistas sin distingos respecto a los liberales, cuando la gente pensaba que lo propio era arrestar a los liberales, y se quejaba de que éstos salían a la calle como si no hubiese pasado nada, sin que se les detuviese. Además había otras circunstancias que generaban descontento, pues hubo sequía, retrasos en la percepción de haberes de militares, de empleados civiles y de funcionarios, y se culpaba de ello al Gobierno, y de rebote, a los policías.

 

El 6 enero de 1826 se creó un organismo de poder típico de la Década Absolutista y del Gobierno de Carlos III y Carlos IV, denominado Consejo de Estado[1], que estaría integrado por 19 consejeros: el arzobispo de Toledo Pedro Inguanzo de Rivero; el obispo de León Joaquín Abarca Blanque; fray Cirilo de la Alameda[2]; el duque del Infantado (Estado); José Miguel de Carvajal, el duque de San Carlos; Luis María de Salazar (Marina); Francisco Tadeo Calomarde (Gracia y Justicia); Luis López Ballesteros (Hacienda); Marqués de Zambrano (Guerra); Francisco Javier Castaños; marqués de Villaverde[3]; Francisco Javier Venegas, marqués de la Reunión; Juan José Ruiz de Apodaca, conde de Venadito; José García de la Torre[4]; F. Fernández de Leiva; Juan Bautista Erro; José Aznárez Navarro[5]; Joaquín Peralta; y Pío Elizalde. La idea recordaba a Aranda y su Consejo de Estado de 1792, una élite de nobles y clérigos muy preparados para gobernar y para defender las ideas básicas de una política determinada. Era también parecido al Consejo de Estado de 19 de noviembre de 1823, sumando algunas personalidades absolutistas.

Según Reglamento de 6 de enero de 1826, el Consejo de Estado se reunía diariamente, excepto domingos y fiestas, por espacio de unas tres horas en Palacio con Fernando VII y tenía competencias universales. Debía asumir las funciones que se habían atribuido al Consejo de Ministros en 19 de noviembre de 1823. La principal misión que le encomendó Infantado fue averiguar las causas de los males que aquejaban a España y proponer las medidas para mejorar, así como informarse de todo lo importante que ocurría en el reino y comunicarlo al Gobierno y al Rey. Cada ministro debía explicar ante el Consejo de Estado sus proyectos y actuaciones. O sea, que el Consejo de Estado supervisaba a los ministros, e Infantado lo justificaba alegando que de esa manera los Secretarios de Despacho no serían señores “absolutos”.

Este organismo no levantaba actas y por ello sabemos muy poco de sus trabajos. Podemos verlo como la institucionalización de la Camarilla y no se debe confundir con el Consejo de Ministros, aparecido a partir de abril de 1834, que sería más parecido al actual Consejo de Ministros.

Acerca del sentido que Infantado quería dar al Consejo de Estado, es significativa la anécdota de que, el 8 de febrero de 1826, el Consejo de Ministros envió sus papeles al Consejo de Estado, “como a personas de confianza que ciertamente se encargarían de los verdaderos problemas de España”.

Pero, evidentemente, el Consejo de Estado chocaba con los ministros moderados, que incluso debían dar cuentas ante este Consejo de lo que hacían, y no les agradaba hacerlo ante un sanedrín de absolutistas. Los ministros moderados protestaron formalmente.

En 1827 habría graves discrepancias entre los miembros del Consejo de Estado, pues desde las primeras reuniones discutían el asunto del castigo a los liberales, y los apostólicos se negaban a la amnistía que las potencias europeas pedían. Pasaron el tiempo en esas discusiones y no se ocuparon de asuntos más graves de Gobierno, por los que fueron disueltos. A la muerte de Fernando VII, éste dejó en testamento en octubre de 1833 un Consejo de Gobierno, reedición del Consejo de Estado de 1826, que se mantuvo paralelo a los Consejos de Ministros hasta 1836. En enero de 1834, Martínez de la Rosa introdujo en el Gobierno la figura del “Ministro de Estado”, proclamándole Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado, lo cual parecía oscurecer al Consejo de Gobierno fernandino, pues era el Presidente del Gobierno quien supervisaba a los ministros. Mendizábal denominó a la antigua Secretaría de Interior, “Gobernación del Reino”, lo cual también oscurecía al Consejo de Gobierno, y Calatrava suprimió definitivamente en agosto de 1836 este Consejo de Gobierno. A partir de este momento los Presidentes del Consejo de Ministros tienden a nombrarse simultáneamente Ministros de Estado, pero Espartero diferencia ambos cargos en 1837, y a partir de entonces unos Presidentes diferenciaron en dos personas ambos cargos, y otros los reunieron en su persona.

 

El 16 de enero de 1826 se hizo el Reglamento para las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, del que hemos hablado más arriba, en el capítulo de la reforma educativa (2.3.3. Gobierno de Cea Bermúdez de 1824).

 

El 24 de enero de 1826 tuvo lugar la “Exposición” de Javier de Burgos[6] al rey, en la que se indicaba al monarca que debería dar una amnistía plena y entera, tomar un empréstito interior de 300 millones de reales con apoyo en una desamortización de bienes del clero, que se creía autorizada por los permisos que Pío VII había hecho a Carlos IV, y abrir un Ministerio de Interior (que correspondía a lo que entendemos hoy por Fomento) para sacar al país de la miseria. Fue el primer moderado que se atrevió a escribir algo que podía significar una crítica a Fernando VI. Nos sorprende hoy, el hecho de que circularon más de 5.000 copias del documento, es decir, por toda la esfera política. Por lo demás, no tuvo ninguna trascendencia, excepto dar cierta fama a Javier de Burgos, pero de momento no se hizo nada.

Las reformas prometidas de Fernando VII eran incompatibles con la restauración de privilegios que se estaba haciendo. De hecho la única reforma viable era la igualdad de impuestos, haciendo pagar a nobles y clérigos, y sin ella no se podrían financiar las demás reformas. Tampoco los créditos exteriores eran posibles pues los Gobiernos extranjeros se negaban a darlos, acusando a España de represión intolerable.

 

En febrero de 1826 continuaba la represión de Calomarde decretando que los acusados de liberalismo no tuvieran cargos políticos, no conocieran nunca sus expedientes y no tuvieran derecho de apelación en caso de acusación. La principal consecuencia de todo esto fue que miles de personas fueron acusadas y privadas de su cargo o trabajo durante algún tiempo, aunque luego fueran declaradas inocentes.

La represión de 1826 ya no era dura, como había sido la de 1824: Las Comisiones Militares de depuración eran ante todo un juramento de no ser masón ni comunero y la principal consecuencia de su establecimiento era que muchos se autoexcluían del ejército, pero no impidieron entrar en él a los que estaban dispuestos a jurar, y guardaban el sigilo suficiente como para no ser descubiertos. Era el caso de algunos Ayacuchos, procedentes de la Guerra de América, que juraron lo que les era requerido y permanecieron en masa en el ejército, y nunca fueron delatados por sus compañeros Ayacuchos, por lo que eran odiados por los de la Guardia Real, que sospechaban de la falsedad del juramento. Se autosepararon del ejército algunos progresistas radicales y algunos ultrarrealistas a partir de 1827. Pero los que se separaban, tampoco se iban muy lejos del ejército, pues los ultrarrealistas se incorporaban a Voluntarios Realistas enseguida, y los progresistas se incorporarían a Milicias Nacionales a partir de 1837.

 

El 18 de febrero de 1826 se sublevaron el coronel Antonio Fernández Bazán[7] y su hermano Juan, desembarcando en Guardamar (Alicante) con 60 hombres, pronunciándose por la Constitución. Atacados por los Voluntarios Realistas, huyeron hacia Crevillente. Fueron fusilados 28 hombres el 23 de febrero en Alicante. Los conspiradores españoles actuaban desde bases británicas (Jersey, Gibraltar y Londres) y en esos grupos, destacaba el liderazgo de los hermanos Bazán y de Espoz y Mina. Los Bazán se trasladaron a Gibraltar, pero fueron expulsados de allí en diciembre de 1825. De entre los fusilados, algunos eran franceses. La conspiración liberal se estaba fraguando en Londres y su líder era Espoz y Mina, pero éste cayó enfermo y los planes se interrumpieron hasta que fueron retomados a fines de 1825. Espoz y Mina nombró cuatro comisionados que se situaron en Madrid, Oporto, Gibraltar y Bayona, y tenían como programa revolucionario el derribar al Gobierno absolutista, el reconocer la deuda de España contraída durante el Trienio, acabar con la policía, y acabar con los que habían perseguido a los liberales. La táctica era tratar de dividir a los absolutistas enfrentando a fernandinos con carlinos, procurando que no ganasen nunca los carlinos. En febrero de 1826, los Bazán no fueron capaces de esperar más, e iniciaron la sublevación por su cuenta. La sublevación liberal continuará a partir de mayo de 1826, con Mata Echevarría.

 

El 8 de marzo de 1826 se estableció un arancel fuertemente proteccionista llamado “Real Arancel General de Entrada de Frutos, Géneros y Efectos del Extranjero” y conocido como “derecho diferencial de bandera”, al tiempo que se prohibía la importación de 657 artículos. El decreto había sido aprobado el 19 de octubre, pero no se publicó hasta 1826. López Ballesteros estaba haciendo su trabajo.

 

 

Reestructuración de cargos policiales.

En 1824-1826.

 

El 8 de marzo de 1826 fue nombrado Inspector General de Voluntarios Realistas el teniente general José Carvajal. Era parte una reestructuración militar más amplia: Carvajal venía de la Capitanía General de Valencia, para la que fue nombrado José O`Donnell. Éste dejaba la plaza de comandante del Campo de Gibraltar. También se nombró Capitán General de Aragón a Felipe Sainz Marcq, Capitán General de Navarra al duque de Castroterreño, y Capitán General de Castilla la Vieja a Francisco Longa.

El 24 de abril de 1826 fue reformada la policía. Este cuerpo había sido creado en 8 de enero de 1824, siendo superintendente de la misma, José Manuel Arjona, que se mostró moderado y protegió a los afrancesados contra los ataques de realistas. Arjona cesó en agosto de 1824, cuando desembarcaron los liberales en Tarifa, y ello fue considerado un fallo de la policía. Pasó a mandar la policía Mariano Rufino González, un ultrarrealista, que dedicó su cargo a perseguir a los ministros moderados mediante anónimos, lo cual le desprestigió y acabó relegado de su cargo y en espera de juicio. El 1 de mayo de 1825 fue jefe de policía Juan José Recacho, y la organización policial se desprestigió totalmente: admitían todo tipo de delaciones, en las que se acusaba incluso a eclesiásticos, a voluntarios realistas, y a militares. Muchas denuncias eran falsas, y sólo desprestigiaban el trabajo policial.

El Consejo de Castilla y el propio Calomarde estaban disgustados con la policía. El 10 de septiembre de 1825, Calomarde ordenó una investigación sobre la policía, designando para ella al consejero de Castilla Ignacio Tadeo Gil, que concluyó que casi ninguna denuncia con las que trabajaba la policía tenía fundamento ni testigos directos, y sólo actuaban por los chismes populares de tabernas. El 10 de enero de 1826 pidió la supresión de la policía. En marzo de 1826 se constataron los excesos cometidos por la policía. El 3 de abril de 1826 el rey llevó el caso al Consejo de Estado. El 18 de abril de 1826, el Consejo de Estado pidió la supresión de la policía por funcionar mal, causar daños, ser arbitrarios, ser gravosos a Hacienda, y aceptar calumnias en las denuncias. Por todo ello, el 24 de abril de 1826 se mandó reformar la policía, empezando a hacerse por un nuevo reglamento que González Salmón dio en 14 de agosto de 1827: la Superintendencia de Policía quedaba agregada a Gracia y Justicia; desaparecían los intendentes, de modo que los policías pasaban a depender del regente de la Audiencia, alcalde del crimen, oidor, corregidor, alcalde mayor o juez civil del lugar en que estuviesen actuando. Se decidió remover a Recacho, quien huyó a Portugal. Se nombró Subdelegado de Policía a José Zorrilla.

 

En 29 de abril de 1826, Portugal hizo una Carta Constitucional al estilo Luis XVIII, y Fernando VII se puso muy nervioso y disgustado por ello. Había muerto Juan VI de Portugal, y el heredero, Pedro I emperador del Brasil, y ahora también Pedro IV rey de Portugal, hizo esa Carta Constitucional, más autoritaria que la constitución de 1822, pero en todo caso un intento de conciliación con los liberales. Se provocó en Portugal una gran tensión entre ultraabsolutistas y liberales, y Pedro renunció a la corona a favor de su hija María de la Gloria, dejando como regente a su hija Isabel María. Carlota Joaquina, la líder de los ultraabsolutitas tenía un hijo llamado Miguel y deseaba que su hijo llegara a ser rey. Con ello, se iniciaba el miguelismo, una tendencia proabsolutista, paralela a lo que sería el carlismo español.

 

En España, Juan de Olavarría intentó una conspiración en el verano de 1826. Concibió un proyecto para servirse del propio Fernando VII y reimponer una constitución moderada al tiempo que se suprimía el Consejo de Estado. Juan Olavarría era un aduanero de Irún, que hacía de intermediario con Espoz y Mina, que en esos momentos residía en Bélgica. Concibió la idea de infiltrar a un hombre entre los realistas y envió a Madrid al fraile exclaustrado Juan de Mata Echeverría (que se hacía llamar “Eslava”). Echeverría llego a España a fines de mayo de 1826 y se puso a hacer el papel de devoto y de realista, se ganó la confianza de Cirilo de la Alameda y del arzobispo de Toledo, y éstos le recomendaron al Rey. También entró en contacto con el grupo de los absolutistas moderados, Llorente, López Ballesteros, Cea, Salazar, Salcedo y Grijalva, que estaban en el Gobierno. El Rey solicitó un informe sobre el estado del país y sobre las relaciones que se podían esperar de Europa, y el informe estuvo listo al poco. Lo había elaborado Juan Olavarría, el hombre de Espoz y Mina en Bélgica, quien se lo había enviado a Mata Echeverría. El rey quedó muy satisfecho, y encargó a Mata Echeverría un proyecto de reforma política, que le fue entregado al poco. El proyecto era descabellado y recordaba algo a los proyectos de Olivares, y se titulaba “Manifiesto de la Federación de Realistas Puros”: el rey debía anunciar que se olvidaría el pasado y se harían reformas, que se disolvería el Consejo de Estado y se crearía un Consejo Supremo de Estado en su lugar, que sería el encargado de proponer las reformas legales. Estas reformas serían: una amnistía total, el reconocimiento de la deuda del Trienio, reorganización del poder judicial, y libertad de imprenta. Eran el programa de Mina. Junto al informe, Mata Echeverría entregó unas instrucciones explicando el verdadero fin del plan: el objetivo era poner un dictador que hiciera un cambio profundo, que no creía posible en un Gobierno ordinario; el dictador sería el ministro de Guerra; el ministro citado llegaría a su cargo de ministro tras una remodelación de Gobierno que escondiese los verdaderos planes del rey; una vez en su cargo removería todos los jefes militares con mando, para poner incondicionales de Fernando VII, todos moderados; los nuevos mandos harían las listas de realistas de su territorio que había que eliminar y las comunicarían al ministro de la Guerra; y una vez preparada la trama, se haría un manifiesto y unos decretos, mandando acudir a Madrid a todas las cabezas del realismo, se les prendería a todos, y se les llevaría a Filipinas, vía Cádiz; enseguida se proclamarían las reformas verdaderas del plan y la primera reforma sería nombrar al ministro de Guerra Secretario Universal de todos los Despachos, es decir, dictador o valido. Lo curioso es que el Rey aceptara el proyecto y accediese a que Espoz y Mina fuera la clave del golpe, el que debía ser nombrado ministro de Guerra y dictador. El rey encargó a Mata Echeverría enviar una carta a Espoz y Mina en tal sentido. Pero la carta llegó a manos de don Carlos, que puso a su hermano al tanto del engaño liberal. El rey pidió parecer a Salazar, López Ballesteros y Zambrano, que calificaron el proyecto como un dislate, y así se lo comunicaron al rey el 1 de septiembre de 1826. Para entonces era Secretario de Estado González Salmón. Por fin se supo que el “Manifiesto de la Federación de Realistas Puros” de Mata Echeverría estaba impreso en Bruselas y que pretendía la discordia entre Carlos y Fernando para facilitar la revuelta liberal. Pero Salcedo les traicionó informando de todo a los ultra-realistas y el plan fue abortado en 15 de agosto de 1826. A esta intentona se la llama a veces “la conspiración de los emigrados”. Lo más complicado de esta conspiración, era que Fernando VII, que temía que los apostólicos le destronaran ese verano, se había comprometido con los conspiradores en varios escritos, pero más tarde logró recuperarlos y tapar su intervención.

 

 

Intento de los Voluntarios Realistas

por la recuperación del poder.

 

El 8 de junio de 1826 se implantaron desde el Gobierno los Voluntarios Realistas en todos los Ayuntamientos de España, se nombró Inspector General de los mismos al general José María Carvajal, y se les impuso como objetivo combatir a los revolucionarios y conspiradores, cosa que los obispos españoles se apresuraron a bendecir y alabar. Por esas fechas, se debió poner de moda, era popular, el ser Voluntario Realista, entusiasmo que irá decayendo en los años finales del reinado y a partir de 1833. Un caso famoso de Voluntario Realista es el de Larra[8].

El 8 de junio de 1826 se publicó el Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas. Lo había preparado el marqués de Zambrano. Los Voluntarios se habían regido por un reglamento interino de mayo de 1823 dado por la Junta de Oyarzun, por una circular de junio de 1823 dada por la Regencia, y por un reglamento de febrero de 1824 dado por el Secretario de Guerra José de la Cruz. Este reglamento concedía a los alcaldes la aceptación de los Voluntarios, calificando y aceptando a los solicitantes. En 1825, el Capitán General de Castilla la Vieja había denunciado el reglamento de 1824, porque, si un alcalde era liberal, podía formar en su pueblo una fuerza liberal, aunque la llamase de Voluntarios Realistas, y citaba algún ejemplo de que eso ya estaba sucediendo. Y entonces se vio la necesidad de un reglamento nuevo.

El jefe de los Voluntarios realistas (llamados en la época “Voluntarios”, sin adjetivo calificativo) era el Inspector General que, nombrado por el rey de entre los generales del ejército, no estaba bajo la autoridad de ningún capitán general, sino que dependía directamente del Rey. Contaba con una Asesor General y una Secretaría. Estaba ayudado por un auditor “Asesor General”, designado por el rey a propuesta del Inspector General, cuya función era resolver consultas o presentar dictámenes al Inspector General. Todos los jefes de los distintos Cuerpos de Voluntarios debían rendirle cuentas anualmente sobre el estado de la fuerza, armamento y fondos de cada unidad. No se cobraba nada, pero ser Voluntario daba lugar a méritos, ascensos, recompensas. Haber sido Voluntario daba preferencia para obtener un cargo municipal, y en caso de pasar al ejército, cada tres años de Voluntario daban uno de antigüedad en el ejército, y en caso de pasar a Milicias Provinciales, cada dos años de Voluntario daban un año de antigüedad en las Milicias. El gobierno provincial de los Voluntarios se constituía en cada ciudad con Capitanía General y estaba compuesto por un Subinspector asistido por Ayudante, Secretario, tres Oficiales de Secretaría, y varios escribientes. Los Voluntarios se encuadraban en batallones y cada batallón tenía ocho compañías. La Plana Mayor del batallón estaba integrada por un Primer Comandante (siempre un teniente coronel), un Segundo Comandante (coronel), un Teniente Ayudante, un Subteniente Abanderado, un sargento, un cabo brigada, un cabo primero, seis gastadores, capellán, cirujano, armero y tambor mayor. Los batallones se podían encuadrar en brigadas para intervenciones en casos graves que requirieran mayor número de hombres. El reclutamiento era voluntario y el candidato debía demostrar ser vecino del pueblo, tener modo honesto y conocido de vivir, haber manifestado clara y positivamente amor y lealtad al rey, al absolutismo, a la religión católica y a las antiguas leyes fundamentales de la monarquía. El candidato debía tener entre 18 y 50 años, no tener impedimento físico, vicio indecoroso, malos antecedentes, genio provocador, no haber sido castigado con pena, no haber recibido nota vil de la justicia y no haber sido procesado criminalmente. Eran impedimentos, el ser eclesiástico con órdenes mayores, militar en servicio activo, haber pertenecido a la Milicia nacional voluntariamente, haber sido comprador de bienes nacionales, haberse manifestado por la constitución, por la soberanía nacional o contra la Iglesia católica, haber pertenecido a sociedades secretas o patrióticas. La inscripción del candidato se hacía en los ayuntamientos y el alcalde podía aceptarle en primera instancia, y luego pasaba la petición a una junta, integrada por un jefe, capitán, ayudante, teniente y subteniente, que daba la calificación definitiva. Esta junta también servía para imponer castigos a los Voluntarios que ya estaban en servicio. El servicio que debía hacer un Voluntario era principalmente de orden en el interior de su pueblo, patrullar de noche y, si había suficientes hombres y no había militares en el pueblo que lo hicieran, patrullar de día, situándose en la plaza o paraje más concurrido del pueblo. Si no había guardia permanente, los Voluntarios se relevaban cada dos horas. Nunca podía estar de servicio al mismo tiempo más de una sexta parte de la fuerza. La función de la patrulla era: pedir pasaportes a los extranjeros; celar las entradas al pueblo, así como las posadas, mesones y casas públicas en que no hubiera policía; concurrir armados a la llamada de un toque por incendio, alarma, conmoción, conspiración… al paraje designado de antemano por el comandante del puesto; acudir a defender con armas a cualquier vecino que fuera robado o atacado; acudir al requerimiento de las autoridades locales en caso de necesidad; perseguir y aprehender malhechores a petición de la autoridad local; trasladar malhechores hasta entregarlos a los Voluntarios del pueblo vecino, a fin de conducirlos a puestos de seguridad. Los servicios que se realizaban fuera del término municipal se consideraban extraordinarios, pero nunca tenían que pernoctar fuera de su pueblo.

 

 

Reformas administrativas fallidas en 1826.

 

Fernando VII se dispuso a emprender reformas e hizo un borrador de ellas. Era un proyecto confuso, difícil de interpretar para nosotros:

reforma de la división provincial;

reforma de los funcionarios profesionalizando la carrera y haciéndoles depender de un jefe político provincial;

reducción de las jurisdicciones privadas;

nuevo código legal;

abandono de la violencia ejercida por la Corona;

establecimiento de colegios y gremios en todas las profesiones;

entrega del ejército a los Voluntarios Realistas;

confiscación de los bienes de los emigrados.

Los cinco primeros puntos eran progresistas, pero los tres últimos puntos eran reaccionarios. Si Fernando VII estaba intentando contentar a realistas y liberales con este programa, estaba equivocado, y no se congració ni con los unos ni con los otros. Parece clara la influencia en ello de la política de Pedro I de Brasil y IV de Portugal.

Carlos María Isidro se asustó por las reformas proyectadas y por los sucesos de Portugal y protestó de todo ello en 30 de julio de 1826 recomendando prudencia a Fernando VII, y aconsejando no hacer ninguna de las reformas.

 

 

El asunto de Portugal en 1826.

 

Fernando VII encargó a Calomarde el asunto de Portugal, un país que había impuesto el liberalismo moderado en mayo de 1826, y del que los ultrabsolutistas estaban huyendo al otro lado de la frontera española.

El 2 de julio de 1826, Infantado pidió al Consejo de Estado un informe sobre la situación en Portugal y sobre la actitud que debía guardar España ante los hechos. Dio una orden de alerta para mantener controladas las regiones fronterizas, con intención de observar a los ultraabsolutistas. Fernando VII desconfiaba de su hermano Carlos, y tembló ante la posibilidad de una rebelión carlina (carlista a partir de 1833) en España, utilizando las fuerzas absolutistas portuguesas.

El 18 de julio, Zambrano propuso estar preparados para una acción militar y encargó la operación al general Francisco de Longa, capitán general de Castilla la Vieja. Longa ordenó no hostigar a los refugiados portugueses en España, ultraabsolutistas, e impedir la entrada en España de quienes les perseguían. A fines de julio empezaron a entrar en España miles de portugueses, que Calomarde ordenó que fueran desarmados y llevados a campos de refugiados. Estos campos fueron: Villanueva de la Serena, Salamanca, Toro, Zamora, Valladolid, Palencia, Benavente y Lugo.

 

Para entender mejor el problema, debemos considerarlo en todas sus dimensiones, pues en Portugal se estaban sumando y entremezclando dos temas distintos, la salida de la familia real a Brasil, y la evolución hacia el liberalismo.

María I de Portugal, 1734-1816, reina en 1777-1816, se había trasladado a Brasil en noviembre de 1807, instalándose en Brasil en enero de 1808. Desde entonces, Brasil y Portugal tendieron a separarse. Y además, en ambos países surgieron bandos absolutistas y bandos liberales. En 1792, la reina había sido incapacitada por razón de demencia, y Gobernaba Portugal y Brasil su hijo Joao de Bragança, que sería Juan VI posteriormente. Quizás el acto más trascendental de su regencia tuviera lugar en 12 de diciembre de 1815, cuando elevó a Brasil a la categoría de Reino en el momento de crear el “Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve”.

Juan VI de Portugal reinó a partir de 1816, aunque era Regente desde febrero de 1792. Era un ultracatólico y absolutista, enemigo de ilustrados reformistas como el marqués de Pombal. Se casó con la española Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, más absolutista que él, y partidaria de construir un imperio americano con las posesiones españolas y portuguesas en América del Sur. A pesar de ello, acabaría en un tono negociador y posibilista, reconociendo la independencia de Brasil en 1825, y oponiéndose a los ultraabsolutistas dirigidos por su mujer Carlota Joaquina y el hijo de ambos Don Miguel de Braganza y Borbón.

En 1817, los liberales brasileños se sublevaron en Pernambuco – Recife, y fracasaron. Y el 24 de agosto de 1820 se sublevaron los liberales portugueses en Oporto y convocaron Cortes Constituyentes que se reunieron en Lisboa en 30 de enero de 1821. Decidieron gobernar Portugal mediante un Consejo de Regencia, pero todavía en nombre de Juan VI, hasta que el rey volviese a Portugal desde Brasil. El rey, Juan VI, no quería volver, ni la burguesía brasileña estaba dispuesta a dejarlo ir, bajo amenaza de independencia. Por tanto, desde 1820 ya estaban planteados en Portugal los dos problemas claves de la época, el de separación de territorios y el de división entre absolutistas y liberales.

Juan VI[9] nombró a su hijo Pedro de Braganza como Regente de Brasil en 7 de marzo de 1821, mientras él se trasladaba a Portugal, el 26 de abril de 1821, a intentar resolver el conflicto de los que exigían su vuelta a Portugal. Llegó a Lisboa el 3 de julio de 1821 y, ante los acontecimientos españoles de 1820 y el ambiente liberal portugués, proclamó en 1822 una constitución liberal, aprobada previamente por las Cortes portuguesas. Esta constitución estuvo vigente de 1822 a 1826, y de 1836 a 1842. Carlota Joaquina, su esposa española hermana de Fernando VII de España, se negó a jurar la constitución y se convirtió en la líder de los ultraabsolutistas.

Pedro de Bragança se encontró un Brasil difícil de gobernar. El principal problema era que el ejército era liberal y masón, y su líder Jorge Avilez se fortaleció desde el momento en que pidió la destitución de dos ministros, los del Reino y de Finanzas, y Pedro lo concedió mostrando debilidad. El 30 de septiembre de 1821 se rebelaron las Cortes decidiendo que ya no obedecían al Gobierno de Portugal ni al Regente Pedro, al que recomendaron que se volviera a Europa. Y Brasil se dividió en dos tendencias similares a las de los países europeos occidentales, una liberal-masónica, con Joaquim Gonçalves Ledo a la cabeza, y otra autoritaria, con José Bonifacio de Andrada como líder. José Bonifacio tomo el poder de hecho, una especie de protección de Pedro, y propuso al Regente Pedro hacer una Carta Otorgada que podía ser la vía de encuentro entre liberales y absolutistas moderados. El 9 de enero de 1822, Pedro hizo manifestación pública de que se quedaba en Brasil, conocida como el “Eu Fico” (yo permanezco). En febrero de 1822 publicó su Carta Otorgada. En mayo de 1822 decidió que los decretos se elaborarían en Cortes y entrarían en vigor una vez que el Regente les pusiera el “cúmplase” y los firmara. Con ello las Cortes asumían el poder legislativo. Pero Gonçalvez Ledo no se conformaba con ello, y exigía Asamblea Constituyente. El 3 de junio de 1822 Pedro hizo convocatoria a Cortes constituyentes, con gran disgusto de José Bonifacio. Y las Cortes decidieron que Pedro regresase a Portugal, y hasta Juan VI le ordenó regresar. No lo hizo el Regente Pedro, sino que huyó a Sao Paulo en 23 de agosto de 1822, donde estaba menos acosado por los liberales que en Río de Janeiro. José Bonifacio recomendó entonces a Pedro romper con Portugal, como medio de conservar la Corona y el sistema político. Y el 7 de septiembre de 1822, Pedro declaró la independencia de Brasil, fecha que, desde entonces, conmemoran los brasileños, y volvió a Río el 10 de septiembre. Había evitado una guerra civil. Entonces los liberales le aceptaron como emperador el 12 de octubre de 1822. Los descontentos fueron dominados gracias al apoyo de mercenarios y armas británicas. En 1823 se había restablecido la paz en Brasil, pero Pedro había perdido su derecho a la sucesión al trono portugués, por haber declarado una independencia al margen de la voluntad del rey Juan VI. El Regente Pedro se convirtió en Pedro I emperador de Brasil desde 1822 a 1831. Su política se caracterizó por intentar dominar todos los países de El Plata, en un plan imperialista del gusto de los burgueses brasileños, que no fue aceptado por las naciones vecinas que se estaban independizando de España.

En septiembre de 1822, y para castigar esta postura política de Pedro, Juan VI le retiró el cargo de Regente de Brasil.

En Portugal el triunfo liberal de 1822 provocó revueltas absolutistas como la del conde de Amarante, que se sublevó en 23 de febrero de 1823, y la de Don Miguel de Bragança y Borbón, segundo hijo varón vivo de Juan VI y Carlota Joaquina, y posible heredero del trono una vez inhabilitado Pedro, que se sublevó en 27 de mayo de 1823 (“la vilafrancada”) con apoyo de los ultraabsolutistas y particularmente de su madre, la española Carlota Joaquina de Borbón, y trató de deponer a su padre en mayo de 1824. La burguesía portuguesa había impuesto desde 1820 un régimen liberal burgués que les permitía a los propietarios subir las rentas y conseguir más propiedades, y los campesinos afectados, la Iglesia, y muchos nobles se inclinaban por el absolutismo.

Juan VI venció a Don Miguel y a su ultraabsolutismo, pero disolvió las Cortes portuguesas y se proclamó rey absoluto, con intención de dejar sin argumentos a los absolutistas. Para contentar a Don Miguel, le hizo comandante en jefe del ejército portugués. En 30 de abril de 1824 se volvió a sublevar Don Miguel (“la abrilada”) y, tras el fracaso, se exilió a Viena. Por su rebelión, quedaba excluido de la sucesión al trono portugués. En Viena conoció a Clemente de Metternich, el líder europeo símbolo del absolutismo de aquellos tiempos, y reforzó sus ideas absolutistas.

Ante la rebelión absolutista, liderada por su mujer, Carlota Joaquina la hermana de Fernando VII de España, por la Princesa de Beira la hija mayor de Juan VI, y por Don Carlos el heredero de la Corona hasta abril de 1824, el rey Juan VI decidió apoyarse en nacionalistas y liberales, iniciando una política absolutista, pero conciliadora.

A su vez, el 14 de febrero de 1824, Pedro I de Brasil impuso en Brasil una Carta Otorgada que le proporcionaba un poder similar al absolutista, pero calmaba las pretensiones de algunos liberales que decían que no se podía gobernar sin constitución. Este nuevo orden político, le permitió emprender guerras contra la Banda Oriental (Uruguay) y contra la República de El Plata (Argentina) intentando un imperio brasileño sobre América del Sur.

En 26 de octubre de 1824 se sublevó Carlota Joaquina por el ultraabsolutismo, y fue derrotada y recluida en el Palacio de Queluz en Sintra.

Juan VI reconoció, en agosto de 1825 (otra fuente dice que en 15 de noviembre de 1825), la independencia de Brasil en manos de su hijo, el emperador Pedro I de Brasil, que se había autoproclamado emperador en 1822, y restituyó a su hijo Pedro el derecho de sucesión a la Corona portuguesa. El delito de Pedro I había sido desobediencia, y no rebelión, y fue perdonado a fin de que asumiera la Corona de Portugal.

Cuando enfermó Juan VI, en marzo de 1826, nombró Regente de Portugal a su hija Isabel María (1801-1876), y heredero a su hijo Pedro, que sería Pedro I de Brasil y IV de Portugal. Cinco días después, murió Juan VI, a los 59 años de edad, se cree que envenenado. Isabel María, la presidente del Consejo de Regencia, publicó sus decretos en nombre de su hermano Pedro, entonces emperador de Brasil.

La idea general establecida entre los portugueses era que tanto Juan VI, como Pedro IV de Portugal y su hermana Isabel María, la Regente de mayo de 1826, eran personas “apocadas”, partidarias de la concordia y arreglo político a fin de evitar la guerra, mientras Carlota Joaquina, la Princesa de Beira y Don Miguel, eran “decididos y enérgicos”, y no tenían reparo alguno en utilizar cualquier medio para defender el absolutismo y sus derechos a reinar, en Portugal, España y América del Sur.

En 10 de marzo de 1826, se proclamó rey de Portugal Pedro IV de Portugal, que era el mismo Pedro I de Brasil que hemos visto más arriba. Pedro, el cuarto hijo de Juan VI era el primer varón vivo de entre nueve hermanos. Pedro IV de Portugal y I de Brasil, creyó poder encontrar una vía de reconciliación entre liberales y absolutistas portugueses, aprobando en 26 de abril todos los decretos dados por la Regencia de su hermana Isabel, y aboliendo, en 29 de abril, la constitución liberal de 1822 al tiempo que imponía una Carta Otorgada mucho más conservadora y del gusto de los regímenes europeos del momento. Era similar a la que ya había elaborado para Brasil en febrero de 1824. Esta Carta Otorgada estuvo en vigor hasta el golpe de Estado absolutista de Don Miguel de mayo de 1828. Y volvería a estar vigente en agosto de 1834 hasta 1836, y en 1842 en adelante. Pedro IV de Portugal y I de Brasil era absolutista, pero conciliador en política, dispuesto a transigir hasta cierto punto con los liberales, y se oponía a los ultraabsolutistas intransigentes como la Princesa de Beira, Carlota Joaquina, y Miguel de Braganza.

Pero los absolutistas de Don Miguel, séptimo de los hermanos y segundo varón vivo, se sublevaron. Pedro IV no vio ninguna posibilidad de acuerdo entre los bandos, abdicó el 2 de mayo de 1826 y se volvió a Brasil. La abdicación era otra maniobra para intentar conciliar a los portugueses, pues dejaba como reina a su hija María de la Gloria de Bragança, María II de Portugal, de siete años de edad, que debía casarse a su tiempo con su tío Don Miguel de Bragança, 17 años mayor que María de la Gloria, siempre que Don Miguel aceptara previamente la Carta Otorgada de 1826. La maniobra no era del todo legal, pues había nacido un hijo varón en 1825, que sería más tarde Pedro II de Brasil. En abril de 1831, Pedro I de Brasil abdicaría también su reino de Brasil en su hijo Pedro II. Pedro IV murió en 1834, a los 35 años de edad.

María de la Gloria, 1819-1853, no podía gobernar por ser menor de edad, y lo hacía en su lugar como Regente Isabel María de Braganza, hija de Juan VI de Portugal y tía de María de la Gloria.

 

 

Palo a la burra blanca, palo a la burra negra.

 

En conclusión, en 1826 las fuerzas ultraabsolutistas portuguesas representaban un serio peligro para la Corona de Fernando VII de España, que podía ser depuesto por el ultraabsolutista Carlos, su hermano, utilizándolas.

Fernando VII empezó a sospechar que su hermano Carlos le quería destronar y que éste estaba utilizando a los Voluntarios realistas para ello. Si a los Voluntarios se sumaban los absolutistas portugueses, podía dar por perdida la Corona. Entonces, Fernando VII inició una política de castigo a ambos extremos políticos, liberales y absolutistas, resumida en la frase: “palo a la burra blanca, palo a la burra negra”.

Por otra parte, el recién creado Consejo de Estado no era del agrado de los ministros moderados, porque les fiscalizaba y quitaba poder. Decían que cada Secretario de Despacho sólo estaba enterado de lo suyo y cada uno de ellos quedaba en inferioridad respecto al Consejo de Estado, que sabía los asuntos de todos. Además, en cualquier momento surgían asesores del rey distintos, los unos del ejército, los otros de la Iglesia, los otros de la Administración. Los ministros se conjuraron contra Infantado, pero Fernando VII no sabía si su trono peligraba.

El 16 de agosto de 1826, Fernando VII anunció que no iba a hacer ninguna reforma, ni cambiar el Gobierno para introducir un dictador militar, en aquellas circunstancias. Pero destituyó a Infantado y entregó el Gobierno a González Salmón.

 

 

[1] Damos la versión de Historia de España y América. Manuel Morán Ortí, de la Universidad de Navarra, dice que Artola lo citó mal en su obra sobre Fernando VII y citó equivocadamente el Consejo de Estado de diciembre de 1823, por este de 1825.

[2] Cirilo de la Alameda y Brea, 1781-1872, fue un franciscano que en 1817 llegó a general de su orden, puesto en el que permaneció hasta 1830. Era de ideas ultraabsolutistas, muy del gusto de Infantado. En 1820 se retiró a su pueblo, huyendo de los liberales, y en 1822 se exilió a Bayona (Francia). En 1825 fue miembro del Consejo de Estado. En 1831 fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, y en 1833 intentó levantar Cuba para la causa carlista, por lo que en 1837 tuvo que huir de nuevo a Francia. Pero no se le castigó, sino que en 1849 se le nombró arzobispo de Burgos y en 1857 arzobispo de Toledo y primado de España.

[3] El primer marqués de Villaverde fue Gonzalo Aguayo Manrique y Calvo, 1812-1871, y fue nombrado marqués en 1820, por lo que en la fecha debía tener 13 años de edad. Era hijo de Pedro Manrique de Aguayo.

[4] José García de la Torre, 1774-1847, era abogado, trabajó en el Consejo de Castilla, fue interino de Gracia y Justicia en marzo de 1820 y en septiembre de 1823. Miembro del consejo de Estado en enero de 1826.

[5] José Aznárez Navarro, 1759-1837, fue Secretario de Estado de Interior de la Península y Ultramar en mayo de 1823 para la Regencia de Infantado, y consejero de Estado en 1826.

[6] Javier de Burgos 1778-1848 ingresó en un colegio de Granada en 1789 con la intención de ser sacerdote, pero se arrepintió en 1798, a los 20 años de edad, y decidió hacer derecho. En 1799 era regidor perpetuo de Granada y se puso a estudiar también ciencias y economía. En 1808 había sido afrancesado y en 1812 exiliado. Regresó a Madrid en 1817 y se hizo famoso por negociar un empréstito para España con éxito, por lo que se atreve a hacer la crítica o Exposición. Javier de Burgos será famoso en la historia por su actuación como ministro de Fomento de Cea Bermúdez en 1833, pues hizo la división provincial española vigente hasta el siglo XXI, con la salvedad de la división de Canarias en dos provincias a principios del XX.

[7] Hay parecidos de nombres entre el marino y gobernante español de época de Carlos IV Antonio Valdés y Fernández Bazán, Fray Antonio Valdés y Bazán un liberal de 1808-1810, y este coronel Antonio Fernández Bazán, comandante general de Castellón, sublevado en Alicante en 1826 y fusilado.

[8] Mariano José de Larra, 1809-1837, alias Fígaro, Duende, Bachiller y Pobrecito Hablador, era hijo de un médico afrancesado cuya familia hubo de emigrar a Burdeos y París en 1814, regresando a España en 1818, para servir como médico para Francisco de Paula en 1818, y en Corella 1822, Cáceres 1823, y Aranda de Duero en 1823. Mariano José fue a estudiar a Valladolid en 1824 y a Madrid en 1825 y se hizo Voluntario Realista en 1827, como tantos otros. Desde esa postura absolutista y reaccionaria, no se mostró muy convencional, sino que empezó a criticar al Gobierno en un folleto mensual, El Duende Satírico del Día, fuente de su cambio de actitud e ideas. En 1832 colabora en un revista liberal, La Revista Española, y en 1835 viajó a Lisboa, Bruselas y París, regresando a España como liberal neoconverso y apoyando a Mendizábal primero, y criticándole después por no haber repartido las tierras entre los campesinos sino haberlas vendido a los burgueses. Larra es sin embargo más conocido por sus dramas e inestabilidades emocionales, por su inmadurez, pues en 1829 se casó, en 1831 se fue a vivir con una amante, en 1834 fue abandonado por su amante y en 1836 pidió la reconciliación a su esposa y, cuando ésta se la negó, en 1837, se suicidó.

[9] Juan VI de Portugal, 1767-1826, estaba casado con la española Carlota Joaquina, absolutista, hermana de Fernando VII de España. En 1791, enfermó el rey Juan VI, y su esposa María fue declarada Regente. En 10 de febrero de 1792, Juan asumió la regencia, cuando su madre María I fue declarada incapacitada mental. En 1799, Juan fue Regente oficialmente. Por entonces supo que su esposa era líder de los absolutistas y conspiraba contra él. En noviembre de 1807, los británicos consideraron que la familia real portuguesa estaría mejor en Brasil, y se instalaron en Recife en enero de 1808. En 20 de marzo de 1816 había muerto la reina María I, y Juan fue proclamado rey de Portugal y Brasil. Carlota Joaquina intrigaba desde la Corte brasileña por crear un reino sudamericano a costa de las posesiones españolas y portuguesas. En 1817, los liberales brasileños se sublevaron en Pernambuco-Recife, iniciando una serie de sublevaciones como las de cualquier país europeo.

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *