GOBIERNO CEA BERMÚDEZ DE 1824,

11 de julio de 1824 – 24 octubre 1825

 

 

Formaban parte en este Gobierno:

Secretario de Estado, Francisco Cea Bermúdez[1] como titular, pero en realidad, los dos primeros meses, Luis María Salazar Salazar, que como ministro de mayor edad, sustituía interinamente a Cea / 17 de septiembre: Francisco Cea Bermúdez;

Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde como titular pero Manuel García Salmón como interino de Calomarde;

Guerra, José de la Cruz / 26 agosto 1824: José Aymerich Baras, un coronel de los Voluntarios Realistas / 13 junio 1825: Luis María Salazar Salazar / 27 junio de 1825: Miguel Ibarrola González, marqués de Zambrano;

Marina, Luis María Salazar Salazar;

Hacienda, Luis López Ballesteros.

 

Era un Gobierno fuertemente dominado por los ultrarrealistas a pesar de la apariencia de moderado que podría darle la presencia de Cea y del Secretario de Estado interino Salazar. Cea era más bien el hombre bien relacionado con las potencias europeas, que podía dar credibilidad al Gobierno en Europa. Cuando fue nombrado Secretario de Estado estaba en San Petersburgo, viajó a Londres el 14 de julio, pasó el mes de agosto en París y se incorporó a sus funciones de Gobierno en septiembre de 1824. Como fue cesado en octubre, su ejercicio efectivo del cargo sólo duró un mes.

No se había creado todavía el cargo de Presidente de Gobierno, pero Luis María Salazar actuaba como tal en su cargo de Presidente del Consejo de Ministros, y Calomarde dirigía desde la camarilla. Recordemos que el Consejo de Ministros era la reunión de los Secretarios de Estado, y que los ministros no serían responsables, y por tanto ministros en la acepción actual del término, hasta abril de 1834. Pero los tratados de historia hablan, cuando se refieren a esta época, casi siempre de ministros, y así lo respeto, y lo uso indistintamente.

La presencia ultrarrealista se reforzó en agosto con la entrada de Aymerich en Guerra. Aymerich era particularmente duro, compañero de Calomarde. Es decir, que la primera fase del Gobierno de Cea Bermúdez, o más bien de Luis María Salazar, fue un Gobierno de los represores, con apariencia de moderado por el nombramiento de Cea.

 

 

La represión contra los liberales.

 

Mariano Rufino González fue nombrado el 14 de agosto Superintendente de Policía, sustituyendo a Manuel José Arjona, para que se convirtiese en el gran represor, e inmediatamente se dedicó a hacer un “padrón secreto”, unas fichas personales para la policía, de todos los españoles, con lo que la policía sabía de cada uno de su pasado político, y lo que sabían sus vecinos de sus opiniones políticas.

Los Voluntarios Realistas se hicieron muy fuertes: tenían en sus filas a Don Carlos, hermano de Fernando VII; a María Francisca de Braganza, mujer de Don Carlos; a Calomarde; a Aymerich; al jefe de policía Mariano Rufino González; y al presidente de la Comisión Militar de Madrid Chaperón.

Los Cuerpos de Voluntarios Realistas fueron reglamentados en 1824 fijando como objetivos el combatir a los revolucionarios y conspiradores, organizándolos de forma que hubiera una fuerza armada en cada pueblo a las órdenes del Capitán General de la zona (excepto en el País Vasco, donde la autoridad era la Diputación Foral). Desde 1824, estos Voluntarios Realistas no sólo estuvieron contra los liberales, sino que se permitieron criticar al rey al que consideraban demasiado blando con los liberales. Dirigidos por eclesiásticos, atacaron a cualquier campesino honrado que veían poco cumplidor con los preceptos del catolicismo. Hasta tal punto llegaron, que Fernando VII les tuvo que prohibir actuar en su nombre sin su consentimiento previo para ello. Los Voluntarios Realistas contaban que el rey estaba prisionero de sus consejeros y políticos, y los voluntarios estaban obligados a actuar en lugar del rey. Los Voluntarios Realistas se estaban convirtiendo en un peligro para Fernando VII.

Como las purificaciones eran imposibles a corto plazo, pues había que juzgar uno por uno a todos los funcionarios, se decretó privar de empleo y sueldo a todos ellos hasta que sufriesen la purificación. El 21 de julio la medida fue ampliada a todos los profesores y estudiantes universitarios, lo que equivalía a cierre de las universidades, y en diciembre se amplió la medida a los profesores de latinidades, que equivalían a nuestros profesores de bachillerato. A todos estos acusados no se les permitía la defensa, se les juzgaba sobre acusaciones que no se necesitaban probar y se nombraban jueces de entre los ultrarrealistas. Se calcula que los juzgados entre 1824 y 1828 fueron unos 80.000. No dio tiempo a más y, más tarde, se ralentizaron y debilitaron las persecuciones a liberales, hasta desaparecer tras la muerte de Fernando VII.

En julio de 1824 se pusieron en marcha las Comisiones Militares Ejecutivas y Permanentes para excluir del ejército a todos los enemigos de Fernando VII, que serían juzgados por una jurisdicción específica y no por la ordinaria.

También se pidió la creación de una policía política y la restauración de la Inquisición, pero Fernando VII no se atrevió a desafiar a la Santa Alianza y no lo aprobó.

El 1 de agosto de 1824, el Consejo Real prohibió todas las sociedades secretas, tanto las masónicas como las realistas, porque los realistas trataban de soliviantar a la población con rumores y acusaciones de conspiraciones masónicas y eran un peligro de violencia. El principal enemigo de este Gobierno eran los realistas.

 

El 3 de agosto de 1824 se sublevó el coronel Francisco Valdés en Tarifa pronunciándose a favor de la Constitución. Los liberales españoles se habían refugiado fundamentalmente en Gibraltar, Gran Bretaña y Francia. Actuaban como conspiradores secretos que buscaban contactos dentro de España y dinero para organizar un golpe de Estado: el dinero serviría para reclutar soldados entre los emigrantes y traerlos a España, y para pagar a los colaboradores interiores. Se trataba pues de movimientos románticos, sin demasiada preparación, y con gran fe en un levantamiento espontáneo de la población española en cuanto se iniciase el levantamiento. El líder de estos proyectos era Espoz y Mina, quien se puso en contacto con Pablo Iglesias, Housson de Tour (francés), Bustamante Guerra y César Conti, y fundaron una sociedad secreta denominada “Santa Hermandad”. Se afiliaron a esta sociedad Manuel Beltrán de Lis, Septién y otros emigrados, que se pusieron a buscar dinero y armas para una revolución liberal. Pablo Iglesias fue nombrado general en jefe, y Bustamante Guerra mayor general, lo que dejaba a Housson de Tour fuera del mando. Housson se fue a Gibraltar y contactó con Benicio Navarro y Núñez Arenas y les incitó a la rebelión. Contactaron los de Gibraltar con Francisco Valdés, quien se negó a ponerse a las órdenes de Pablo Iglesias, y tampoco aceptaba a Housson, por lo que Housson se fue a Algeciras y denunció a todos. El 3 de agosto, cuando Valdés inició un pronunciamiento, ya estaba todo perdido y le esperaban para matarle. Valdés se dirigía a Málaga con 200 hombres, soplaba levante, y los pronunciados decidieron no ir sobre Málaga, sino llegarse a Tarifa, a donde les arrastraba el viento. De momento salvaron la vida, pues evitaron los soldados de Fernando VII, que estaban en Málaga. Llegaron a Tarifa y libertaron los presos, que se unieron a sus filas. Pero el 7 de agosto los realistas ya estaban sitiando Tarifa y el 19 de agosto la batían con artillería. Francisco Valdés huyó. Fueron apresados Pedro González Valdés, Domingo González, y 160 militares más, de los que unos treinta fueron ejecutados. También en el cercano pueblo de Jimena hubo una pequeña sublevación y allí fueron ejecutadas seis personas. Pablo Iglesias atacó entonces Almería con los setenta hombres que le acompañaban, pero nadie le secundó, salió a los pueblos y no encontró a nadie, hasta que fue apresado, llevado a Madrid y ejecutado.

La sublevación de Valdés fue el único intento liberal de reaccionar a la represión realista en toda la década.

 

En 1824, el marqués de Zambrano reorganizó la Guardia Real y muchos oficiales de esta Guardia pasaron al ejército, a cargos y grados superiores a los que tenían en el cuerpo de origen. Habían sido guardias reales, antes de ser conocidos en política, Fernández de Córdoba, Ros de Olano, Narváez, O`Donnell, y Manuel García de la Concha. Frente a estos “advenedizos”, que formaron el ala conservadora del ejército, y se llamarían moderados en tiempos de Isabel II, se formó en el ejército un ala liberal o de los ayacuchos, que se llamarían progresistas en época de Isabel, y que acabaría liderando Espartero en 1839. Se caracterizaban por ser profesionales de cuerpos militares normales, sin ascensos por motivos políticos. En 1841, los conservadores intentarían un golpe de Estado contra Espartero y éste disolvió las Guardias Españolas y las Guardias Valonas, desapareciendo la Guardia Real que había sido creada por Felipe V en 1703. La conclusión de estas consideraciones es que ni los militares llamados moderados, ni los llamados liberales de principios del XIX, podrán ser encuadrados por su ideología, sino más bien por conveniencia de nomenclatura, lo cual es preciso tener en cuenta para entender las lecturas de historia de este periodo. En fin, si el concepto de liberal es difícil de entender, por la variedad de posibilidades entre absolutistas moderados, liberales moderados, progresistas y populistas, todavía se hace más difícil al contemplar que los militares respondían a otros criterios.

 

 

Cea Bermúdez en el Gobierno.

 

El 17 de septiembre de 1824 se incorporó Cea al Gobierno. Las cosas se estaban poniendo mal para Cea, pues sus trabajos de lograr un entendimiento con las potencias europeas, para lo cual se había estado entrevistando con los dirigentes más notables, se habían frustrado desde el momento en que murió Luis XVIII (16 de septiembre de 1824) y llegó al trono de Francia Carlos X, un partidario de los absolutistas. El proyecto de lograr la convivencia entre los españoles, quedaba en suspenso.

El 4 de octubre de 1824 se inició un endurecimiento de la represión, llevada a cabo por Aymerich, y que duró hasta agosto de 1825: Fue decretada pena de muerte para todos los que hubieran sido detenidos con armas en la mano, para los que escribiesen pasquines, constituyesen o hubiesen constituido partidos políticos, promoviesen alborotos, fueran masones, o gritasen consignas liberales. También habría pena de 4 a 10 años para los que hablasen bien de la constitución, y penas inferiores a criterio de los jueces para otros casos. Para hacer mejor su trabajo, Aymerich ordenó la clasificación de los españoles por sus ideas políticas, en listas diferentes para hombres y mujeres, lo cual era un proyecto demasiado complicado que nunca se terminó. El 14 de noviembre de 1824, ordenó entregar todos los libros, folletos, láminas… impresos desde 1 de enero de 1820 a septiembre de 1823 a fin de destruirlos, pero no hubo la colaboración necesaria de la gente. Estos decretos fueron anulados el 22 de diciembre de 1824 y tuvieron poca efectividad, pero nos revelan el carácter del Superintendente Aymerich.

El 15 de octubre de 1824 se pusieron en marcha las Juntas de Fe, unos tribunales que actuaron sobre la sociedad civil de cada pueblo y cada provincia como lo había hecho la Inquisición, aunque ésta estaba abolida desde 1820.

El 17 de octubre de 1824 se decidió que en 1 de enero de 1825 se renovaran los ayuntamientos de toda España. Se dictó un nuevo método de elección por el que cada año, el 1 de octubre, los ayuntamientos propondrían tres personas para cada cargo municipal, y el tribunal territorial correspondiente se informaría sobre las personas propuestas y designaría los cargos municipales antes del 15 de diciembre, de modo que en 1 de enero de cada año serían efectivos los nombramientos. El método, pensado para controlar a los liberales, permitió que algunos liberales accedieran a cargos municipales, y desde allí difundieran sus ideas con el conveniente sigilo.

 

En diciembre de 1824 tuvo lugar la derrota de Ayacucho que significaba las independencias de las naciones americanas, reconocidas por Gran Bretaña en enero de 1825. Mientras España se preocupaba por las depuraciones de liberales, los españoles eran derrotados en América, en Ayacucho, derrota definitiva que significaba la pérdida de toda América excepto Cuba y Puerto Rico. El Gobierno podía hacer muy poco: Las revueltas a favor del absolutismo que se estaban produciendo en España significaban una negativa a pagar los impuestos que trataban de imponer los liberales, es decir, significaban reducir ingresos de un Estado, que ya estaba en crisis financiera desde hacía 40 años, y no podía hacer frente a gastos militares extraordinarios. Al tiempo, aumentaban las rentas señoriales, lo que impulsaba a los poderosos a ponerse de parte del absolutismo. Pedir ayuda a una potencia extranjera era una utopía, pues los extranjeros no querían prestar dinero para reprimir liberales en España y América (salvo Alejandro I de Rusia), y los españoles no querían permitir la presencia de otros ejércitos en América porque ello, en aquellas circunstancias, era entregar los territorios. Por otra parte, el no reconocimiento de la deuda emitida durante los años 1820-23, que hizo el Gobierno absolutista de 1823, era un gravísimo problema internacional que excluía a España del crédito exterior, pues si un Gobierno no reconoce las deudas de sus antecesores, aunque sean ideológicamente contrarios, no hay nunca garantías en los préstamos políticos. Francia estaba muy perjudicada por esta decisión española de no pagar deudas.

 

A medida que la acción de Cea se desacreditaba internacionalmente, la posición de Fernando VII en Europa se debilitaba, pues las potencias no estaban de acuerdo con las medidas represoras que estaba tomando el Gobierno de España, y entonces Fernando VII decidió hacer un cambio en el Gobierno, sin cambiar a Cea, es decir, eliminar a los miembros absolutistas más radicales del Gobierno, y así, aparecer como un Gobierno más acorde a los gustos europeos. Sería Aymerich el principal sacrificado, pero ya en junio de 1825.

 

El 31 de diciembre de 1824 se decidió que el Primer Secretario de Estado fuese Presidente del Consejo de Ministros, con lo que el Secretario de Estado, de alguna manera, equivalía a nuestro Presidente de Gobierno. El Secretario de Estado gestionaba todas las relaciones exteriores, incluido el comercio, y además, correos, postas, caminos, órdenes de mérito y academias. Se renovaba la idea de 19 de noviembre de 1823, pero insistimos en que los Secretarios de Estado no tenían capacidad de decidir por sí mismos, responsabilidad de sus actos, y no serían verdaderos ministros hasta abril de 1834, en el Estatuto Real de Martínez de la Rosa.

 

 

Reforma educativa de Tadeo Calomarde.

 

Anteriormente a esta época era bien poco lo avanzado por el sistema de enseñanza en España. Ya hemos hablado de la Junta de Instrucción de 1809, cuya labor se quedó en los informes previos, y la nueva Junta de Ministros de 1815 para un Plan General de Estudios. Durante el Trienio Constitucional, Quintana había sido nombrado Director General de Estudios del Reino en 1820 y había intentado poner en vigor el Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el Arreglo General de la Enseñanza Pública de 7 de marzo de 1814, publicando en 1821 un Reglamento General de Instrucción Pública. También en 1823 había intentado un Proyecto de Reglamento General de Primera Enseñanza. Este proyecto tiene algún interés como generador de ideas: la enseñanza pública no tenía por qué ser del Estado, pero éste la regulaba, de modo que los Jefes Políticos (Gobernadores Civiles) y las Diputaciones (Gobiernos de las provincias) la vigilaban, y los Ayuntamientos contrataban a los maestros y fijaban sus dotaciones y jubilaciones. Con ello aparecía la figura del maestro nacional y se dibujaba su perfil como una persona que debía guardar las buenas costumbres, mostrar adhesión al régimen político gobernante y poseer alguna instrucción. Los títulos para ser maestro eran de tres tipos: los “maestros locales” estaban habilitados para enseñar en pueblos menores de 300 habitantes, los “maestros provinciales” podían hacerlo en todos los pueblos de la provincia, y los “maestros generales” podían ejercer en todo el reino. También se abolían los azotes y castigos contrarios a la decencia como palmetas, tirones de orejas, palos y golpes con la mano, pero se permitía castigar poniendo de rodillas, poniendo de pie durante largo tiempo, en pie con las manos levantadas o separando al alumno del grupo, recomendándose dar aviso a los padres de la mala conducta de sus hijos. Cada dos años había exámenes públicos en todas las escuelas, que versaban sobre trozos de lectura realizados en clase durante el curso. Se desaconsejaba el método lancasteriano de que unos alumnos enseñasen a otros, que era muy popular pero llevaba a muchos errores y problemas de relaciones entre alumnos, y se recomendaba el método repetitivo tanto para aprender a escribir, como para leer, contar y aprender la gramática y la aritmética.

Pero todo se quedó en proyectos, pues 1822 fue tiempo de crisis política, y en septiembre de 1823 cayó el régimen político.

En 1824, Calomarde volvió al tema educativo, ya empezado en 1809, en 1815, y en 1821, y retomó la Junta para el Plan General de Educación, que generase planes y una nueva organización de la enseñanza.

El 6 de enero de 1824 se revalidaron los títulos de Farmacia expedidos durante el Trienio.

El 13 de febrero de 1824 se constituyó la Junta para un plan de estudios de la enseñanza pública (Otros textos citan el 24 de febrero de 1824 como día en que se reunió la Junta para la Reforma del Plan de Estudios de las Universidades. Puede que ambas informaciones sean compatibles, o puede que no).

El 4 de abril de 1824 se dieron reglas para rehabilitar los títulos de los abogados, escribanos y procuradores expedidos durante el Trienio.

En julio de 1824 se consideró que la Junta de reformas educativas iba demasiado lenta y se creó una Comisión para el arreglo de las Universidades del Reino, cuyo Presidente era Calomarde en persona, Secretario era fray Manuel Martínez Ferro, fraile mercedario conocido como fray Martínez de la Merced, y Auxiliar del Secretario era Esteve. Esta Comisión sí trabajó con rapidez y, en agosto de 1824 ya presentó un proyecto, que estuvo listo el 14 de octubre. Fray Martínez de la Merced era profesor de teología en Valladolid y se caracterizaba por sus escritos contra los liberales en los cuales era prolífico desde 1814. En 1817 ya había redactado un Plan de Estudios nuevo para la Orden de la Merced, y en 1824 fue llamado para aconsejar en el plan de reforma de la Universidades, siendo premiado en 1825 con el obispado de Málaga.

 

El 14 de octubre de 1824, salió a la luz el “Plan Literario de Estudios y Arreglo General de las Universidades del Reino”, conocido como el Plan Tadeo Calomarde:

Ordenó los estudios universitarios y dispuso que la Universidad diera títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor. Los estudios universitarios eran de dos tipos: “Comunes de Filosofía” y los de las cuatro facultades mayores (medicina, leyes, cánones y teología). Suprimió algunos estudios científicos y favoreció los de Teología y Derecho. Esta estructura permaneció en su esencia hasta 1845.

Reglamentó el método de enseñanza, la duración del curso, los grados de bachiller y licenciado, el doctorado, las oposiciones a cátedras, las obligaciones de los catedráticos y el gobierno de las Universidades, el fuero académico, los claustros y la disciplina. Se regulaba el traje, los exámenes, castigo a los excesos de los estudiantes, claustros, duración del curso (de 18 de octubre a 18 de junio, más un mes para recuperar las clases perdidas por enfermedad).

Se unificaron los planes de estudios, los libros de texto y el régimen interior, pero cada Universidad era distinta en cuanto, conservando sus propias rentas, fundaciones y posesiones, tenía distintos recursos económicos.

En 1824 hubo también cambios en la organización interna de la Universidad por los que el cargo de Cancelario perdió sus funciones y las ganó el Rector. El Rector era desde el XIII un director de las agrupaciones de estudiantes y se encargaba de los estudios y disciplina de éstos, y era elegido bien por el claustro, bien por los estudiantes, o por el ayuntamiento. En 1824 fue cuando el Rector pasó a gobernar verdaderamente la Universidad, tal como lo entendemos hoy, y desde entonces, representó al Estado en la Universidad. Desde 1824 el Rector fue un catedrático elegido de entre una terna presentada por el Claustro general.

Se creaban o ratificaban 12 universidades siendo Madrid la Universidad modelo, ratificando las de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valencia, Cervera, Santiago, Zaragoza, Sevilla, Granada y Oviedo y mandando crear una en Canarias.

Se concedían facultades de medicina a las de Salamanca, Valladolid, Valencia, Cervera, Santiago, Zaragoza y Sevilla.

Se suprimían las universidades de Ávila, Osuna, Sigüenza y Orihuela, que quedaban reducidas a la categoría de colegios, y sus rentas quedaban aplicadas a otras que necesitaban dotación y a algunos seminarios. Oñate mantenía filosofía, derecho civil y derecho canónico. Toledo quedaba en suspenso hasta que hubiera planes de cátedras futuras.

Otros cambios menores de este momento fueron la creación de las Escuelas de Tauromaquia y la reapertura de la Universidad de Alcalá.

En 1825, Calomarde creó la Inspección General de Instrucción Pública (sustituía a la Dirección General de Estudios) para vigilar y supervisar la enseñanza secundaria en centro públicos y privados, pero los inspectores nombrados para el caso no fueron demasiado represores, sino que también se dedicaron a elaborar nuevos planes de estudio, imponer libros de texto, y exigieron la presencia de los alumnos en las clases. Disponían de fondos propios y con ellos subvencionaron a algunos colegios necesitados, y crearon algún colegio privado.

 

En 16 de febrero de 1825 se hizo un Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras del Reino, que completaba la reforma educativa e Calomarde. Se uniformizaban las escuelas de todo el reino en cuanto a planes de estudios, métodos de enseñanza y gobierno interior. Se ponían escuelas en los pueblos de más de 50 habitantes y se llevaba también la escuela a pueblos más pequeños de modo que las aldeas, barrios y caseríos que reunieran entre todos 80 vecinos, abrirían escuela en el núcleo mejor comunicado de todos ellos. Se preveían cuatro clases de escuelas, y las materias del grado elemental serían: doctrina cristiana, leer, escribir, ortografía y las cuatro reglas. Se legislaba sobre los libros, admisión, días y horas de clase, exámenes, premios y castigos, títulos que requerían los enseñantes, oposiciones pasantes y leccionistas, gobierno y dirección de las escuelas, dotación del maestro, jubilación y preeminencia de los maestros, policía de la escuela, prácticas religiosas, y escuelas de niñas. En cuanto al método, se aceptaban los métodos de Quintana 1820, pero se introducía el método silábico para aprender a leer y escribir, y se insistía más en la caligrafía, la lectura de catecismos y el aprendizaje de textos de memoria (pensum).

 

Por fin, en 16 de enero de 1826, hizo un Reglamento General de las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades (enseñanza secundaria del momento). Con ello quedaban instaurados los tres niveles clásicos de la enseñanza española, primeras letras, secundaria y universidades. Se reglamentaron materias, libros, métodos, régimen interior, enseñanzas y prácticas religiosas, exámenes, premios, castigos, títulos y preceptores.

Habría escuelas de latinidad en las capitales de provincia y cabezas de partido judicial, en las que había un corregidor o alcalde mayor que las podía vigilar. Podría abrirlas cualquier preceptor autorizado para enseñar públicamente en latín. Si eran religiosas, debían admitir gratuitamente a algunos alumnos. Si eran de particulares, el ayuntamiento respectivo ayudaría hasta a 12 alumnos pobres.

Sobre los Colegios de Humanidades, habría uno en cada capital de provincia y cada cabeza de partido, y se ordenaba abrir el correspondiente a cada territorio a no ser que ya hubiera uno. Sólo Madrid y Barcelona tendrían dos. Son el antecedente de los institutos de enseñanza media.

Complementariamente, se abrió una Inspección General de Instrucción Pública, prevista en el Decreto de 29 de noviembre 1825 y puesta en vigor en 7 de diciembre de 1825, compuesta por el Consejero del Consejo de Castilla, Francisco Marín, que actuaba como presidente, y por cuatro vocales y un secretario, que fue Gómez Hermosilla.

Los establecimientos de enseñanza abiertos en España, habían sido calculados en 1822 por Ruiz Barrio, sin contar los de Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias, en 7.364 escuelas de niños, 595 de niñas y 564 centros de segunda enseñanza incluyendo seminarios diocesanos y colegios religiosos parecidos. Los establecimientos de enseñanza eran gestionados por la Junta General de Caridad, Comisiones Municipales de Educación, Academia Latina Matritense, y Reales Sociedades Económicas.

La labor de Calomarde en enseñanza no pareció mal a los liberales, que en 1833 solamente la cambiaron de nombre por el de Dirección General de Instrucción Pública, nombre que cambió varias veces para ser en 1843 Consejo de Instrucción Pública y en 1846, de nuevo, Inspección General de Instrucción Pública.

 

 

Intranquilidad política en 1825.

 

Durante el Gobierno de Cea, los liberales Espoz y Mina y Torrijos, preparaban un golpe de Estado en Inglaterra y organizaron en 1825 una “Reunión” revolucionaria a la que acudían los ex diputados Domingo Ruiz de la Vega[2], Martín Serrano, José Pumarejo y Manuel Llorente, y los militares coronel Pedro Barrena, comandante Ángel Pérez, y comandante José Castañedo. El plan consistía en poner contactos en Madrid, Oporto, Gibraltar y Bayona y crear, en el momento preciso, “comisiones provinciales” que prepararan el levantamiento, utilizando como cebo la promesa de restablecer a los compradores de tierras en sus propiedades adquiridas en 1820-1823. Se contemplaba la idea de reimplantar el régimen constitucional con Fernando VII como rey y con el apoyo de éste, siendo el principal objetivo del golpe el destierro de todos los ultrarrealistas a Filipinas. Los ministros moderados de los distintos gobiernos entre 1825 y 1829, consideraron que el plan Espoz y Mina se podía realizar sin necesidad de golpe de Estado, y el plan se pospuso. En 1826 decidieron que el proyecto no estaba maduro y decidieron un nuevo plan de campaña prometiendo a cada español lo que desease, cualquier cosa, sin importar caer por ello en contradicciones, a fin de obtener suficientes adeptos al golpe. También hacía falta dinero, que calcularon en 10 ó 12 millones de pesos. El proyecto no progresó nunca. Mina se cansó en 1828. En 1829 se disolvió el grupo sin haber obtenido resultados[3].

 

 

Final del periodo de fuerte represión.

 

Ugarte fue alejado de la península en 1825. Fue enviado a Cerdeña el 17 de marzo de 1825. Era uno de los principales defensores de la represión realista. Fue sustituido por Fernández de Urrutia, y así parece que empezó la campaña de Fernando VII por eliminar a los ultras del Gobierno.

El 19 de abril de 1825, un Real Decreto del Rey afirmaba su soberanía contra los que querían minar la fidelidad de los pueblos y se permitían aconsejar y coaccionar al Rey a hacer reformas de Gobierno, porque ello menguaba la soberanía real. El decreto lo publicó Cea, e iba contra los ultrarrealistas.

José Aymerich, Secretario de Guerra, estaba decidido a echar a los moderados del Gobierno, principalmente a Cea, y planificó no asistir al Consejo de Ministros que se celebraba los sábados, de modo que no tuviera que hablar con nadie y Cea no se enterara de lo que estaba pasando. Estaban de acuerdo en ello Salazar y López Ballesteros, que pensaban culpar a Cea y acabar con él políticamente. Fernando VII estaba en El Escorial con su suegro Maximiliano de Saboya, y acompañaban al Rey, Cea y Calomarde. No nos sorprende que un absolutista convencido como Calomarde estuviera junto al rey en El Escorial, pues era de la Camarilla, pero no sabemos si estaba complicado en la maniobra contra Cea. A finales de 1824, principios de diciembre, hubo muchas quejas ante el Rey, y se rumoreaba que iba a cambiar el Gobierno. También Calomarde y López Ballesteros estaban enfrentados entre sí, pero todavía no era público. Parece ser que López Ballesteros se había enfrentado a Cea y de ahí surgió en los absolutistas la idea de eliminar a todos los moderados, maniobra en la que Ballesteros colaboró en principio.

Unos meses más tarde, en 13 de junio, Aymerich dejó el Gobierno: En junio de 1825 se había descubierto la conspiración que estaba preparando el ultrarrealista José Aymerich, y éste fue destinado a Cádiz, lejos de Madrid. Aymerich fue sustituido en el Gobierno en 23 de junio por Luis María Salazar, y definitivamente en 27 de julio por Miguel de Ibarrola marqués de Zambrano el líder de la Guardia Real, el 27 de junio de 1825. Simultáneamente se decidió quedar mejor ante las potencias europeas y se publicó una amnistía, en junio de 1825.

El 4 de agosto de 1825 fueron suprimidas las Comisiones Militares. Se venía pidiendo desde principios de año, y sobre todo desde abril de 1825. El 17 de abril de 1825, Francisco Chaperón, presidente de la Comisión de Madrid, se enfrentó en Puerta del Sol a un oficial de la Secretaría de Estado, llamado Luis Fernández de Córdoba, y el escándalo fue tal, que éste fue llamado al Consejo de Ministros del 18 para que diera cuenta de los hechos. Declaró que habían querido apresarle sin ningún motivo, y se preguntó en qué condiciones estaba deteniendo a la gente Chaperón. El Consejo de Ministros del día 27 de abril consideró un informe del capitán general de Madrid sobre el incidente del 18, y se acordó hacer una reconvención a Chaperón. También se propusieron acabar con las Comisiones Militares. En el Consejo de Ministros de 10 de julio, Calomarde comunicó que el Consejo de Castilla también había recomendado suprimir las Comisiones porque habían cesado las causas que habían hecho conveniente crearlas. El asunto fue llevado ante el Rey, que estaba en La Granja junto a Cea y Calomarde, y el 4 de agosto de 1825 suprimió las Comisiones, y dijo que las posibles sublevaciones serían contenidas por la Guardia Real y por los Voluntarios Realistas. Las causas contra los liberales pasaban a la justicia ordinaria.

 

 

Apartamiento de los ultrarrealistas.

 

Luis María Salazar, Secretario de Guerra, hizo muchos cambios de personas en el mando del ejército eliminando ultrarrealistas:

Se despidió a Mariano Rufino González (sustituido por Juan José Recacho), porque parecía que formaba parte del núcleo realista duro. Fue enviado a Betanzos.

Aymerich fue ascendido a teniente general y enviado a Cádiz el 13 de junio, con lo cual era alejado de Madrid. En 1828-1833 sería destinado a Palma de Mallorca[4].

Francisco Chaperón fue enviado a Cáceres.

El comandante Ceca fue enviado a Pamplona.

El padre Negrete fue enviado a un convento de Santander.

Benvenuti fue enviado a Canarias.

El general Valero fue enviado a Mahón.

Morejón fue enviado a Ibiza.

El conde de Torrealta fue enviado a Algeciras.

El teniente general Blas Fournás, de la Guardia Real de Infantería, fue sustituido por el conde de España.

 

Los ultrarrealistas fueron sustituidos por personas de confianza:

El teniente general Luis Alejandro Bassecourt fue nombrado capitán general de Aragón.

El teniente general José María Carvajal y Urrutia fue nombrado capitán general de Valencia.

El teniente general Joaquín de la Pezuela fue nombrado capitán general de Castilla la Nueva.

El teniente general Juan Caso fue nombrado capitán general de Granada.

El teniente general marqués de Camposagrado fue nombrado capitán general de Cataluña.

El teniente general Vicente Quesada fue nombrado capitán general de Guipúzcoa.

El mariscal de campo Carlos Foure Daunois fue nombrado jefe de Málaga.

El mariscal de campo Manuel Llauder fue nombrado inspector general de Infantería.

 

 

Contragolpe apostólico en 1825.

 

Los Apostólicos se disgustaron con estos cambios en el Gobierno, pues estaban perdiendo influencia en el ejército y en la Administración. Don Carlos ordenó al general de origen francés Jorge Bessieres[5] que se sublevase. El objetivo era restablecer la Inquisición y poner ministros realistas. Bessieres había estado acumulando armas en Brihuega (Guadalajara), pero el Gobierno sabía perfectamente lo que pasaba, y esperaba que fraguara el golpe para detener a todos. El 15 de agosto de 1825 el general Bessieres intentó el golpe levantándose en Getafe y marchando hacia Brihuega (Guadalajara) proclamando que Fernando VII estaba preso de los liberales. Desarmó a las Milicias Provinciales, sumó a sus filas a algunos Voluntarios Realistas y aclamó a Fernando VII como rey absoluto. El 17 de agosto, el Ministerio de Guerra declaró traidor a Bessieres y mandó fusilar a todos los que no se entregaran al conde de España. Como los soldados de Bessieres desertaban, éste decidió fusilar sobre la marcha a todos los desertores que encontraba. Bessieres y siete de sus cómplices fueron detenidos el 23 de agosto y fusilados el 26. No hubo juicio para ninguno de los ocho.

Desaparecida la fuerza militar apostólica, algunos eclesiásticos, obsesionados por eliminar los escritos e ideas liberales, se convirtieron en adelante en los principales organizadores del movimiento ultrarrealista.

 

 

Medidas administrativas de 1825.

 

En 15 de agosto de 1825 se presentó el informe Recacho, superintendente general de policía, haciendo un estudio sociopolítico de los españoles. Según ese estudio, entre los españoles se podían encontrar unos pocos liberales exaltados, una mayoría de constitucionales pacíficos (entre los que estaban los comprometidos por las circunstancias, los comprometidos por haber comprado bienes nacionales que les habían quitado, los cesantes de cargos de Gobierno expulsados muchas veces de forma artera por los realistas sólo para colocar a los suyos, y los constitucionales por opinión), los realistas moderados, y los realistas aparentes (que eran ultras y podían deponer a Fernando VII en cualquier momento).

El 26 de agosto de 1825, Fernando VII ordenó celebrar todos los días Consejo de Ministros a fin de que no hubiera secretos y rivalidades entre Secretarios de Despacho y se acabara con las posibles rebeliones.

En verano de 1825 se permitió importar trigo, para intentar acabar con el hambre y, de paso, proporcionar ingresos al Estado pues estaba gravado con 10 reales la fanega.

 

El 10 de septiembre de 1825, Cea leyó el decreto de creación de la Real Junta Consultiva de Gobierno. El rey la aprobó el 13. Se le dio la misión de asesorar a los ministros, demasiado ocupados en los problemas del Ejecutivo. Era el escalón del ejecutivo inmediatamente por debajo del Consejo de Ministros. La Real Junta Consultiva del Gobierno estaba presidida por Castaños, y compuesta por 25 individuos que trataban de asuntos financieros del Estado, reglamentos, empréstitos, presupuestos, empleos, sueldos, economía en general, y todo lo que el Rey les mandare. Este organismo de Estado tenía por antecedente la Junta de Fomento de 5 enero de 1824. Tenía acceso a toda la información propia del Gobierno en todos los niveles de la Administración. (La Historia General afirma que eran 20 miembros: presidente Castaños, un secretario sin voto, 4 eclesiásticos, 4 militares, 6 hombres de los Consejos de Estado, Castilla e Indias, y 4 expertos en economía).

La primera reunión del la Real Junta Consultiva de Gobierno tuvo lugar el 26 de septiembre. Acordaron reunirse los martes y jueves con asistencia obligatoria de todos sus miembros, más las veces extraordinarias que hiciera falta. La asistencia tenía preferencia sobre la obligación de estar presentes en sus respectivos Consejos. Trabajaban en comisiones. Tenían obligación de guardar secreto.

Trabajaron mucho en 1825. Primero en conjunto, y más tarde en comisiones. Hicieron: un proyecto de ahorro en sueldos y mercedes; y una crítica a las purificaciones por el hecho de admitir testimonios secretos sin responsabilidad del denunciante y por indefensión del denunciado, recomendando la desaparición de las depuraciones.

La disolvió Infantado en 29 de diciembre de 1825. Ya desde su entrada en Secretaría de Estado en septiembre de 1825, no les encargaba nada y pensaba que se debía gobernar directamente desde el Consejo de Ministros.

 

 

Cea Bermúdez se convirtió en un estorbo, demasiado exaltado para unos o demasiado tolerante con los ultras, y fue cambiado por Infantado a fines de octubre de 1825.

 

 

[1] Francisco de Paula Cea Bermúdez y Buzo, conde de Colombi, 1779-1850. Nacido en Málaga, y educado en Bélgica, era un comerciante malagueño y fue diplomático en Rusia en 1810-1812, negociando el Tratado de Velikie Luki en julio de 1812 con Alejandro I de Rusia, tratado en el que, sorprendentemente, Alejandro reconocía la constitución de Cádiz para España y, a cambio, obtenía la alianza de España contra Napoleón. En 1812-1820 fue encargado de Negocios Extranjeros en Rusia. También había negociado el Tratado de adhesión de España a la Santa Alianza en 1816. Embajador en Constantinopla en 1820-1823, y de nuevo en San Petersburgo en 1823, llegó a Secretario de Estado en julio de 1824. En realidad no tenía el poder de un Jefe de Gobierno, pues gobernaba Calomarde desde la Camarilla, y al mostrarse reticente a los deseos ultrarrealistas, fue destituido en octubre de 1825 para mandarle como embajador a Dresde en 1825 y a Londres en 1827. Denunció algunos complots liberales de sublevación y desembarco en la Península. En 1832 obtuvo la confianza de María Cristina y dirigió la política española hasta enero de 1834. Es la época fundamental por la que debe ser recordado Cea, por terminar con la época absolutista. A la muerte de Fernando VII en 1833, continuó como gobernante de España y publicó un manifiesto en el que se distanciaba tanto de los carlistas como de los liberales, y dio entrada en el Gobierno a Javier de Burgos y a Zarco del Valle, que eran reformistas racionalizando la administración. La evolución política pretendida por Cea se mostró imposible y fue preciso llamar a los liberales para afrontar la guerra contra los carlistas. Pero eso significaba hacer una constitución, lo cual era demasiado para las ideas simplemente reformistas de Cea. Intentó reunir un equipo con Miraflores, y los generales Llauder, Quesada, Fernández de Córdova, pero no pudo resistir. En 1834 fue sustituido por Martínez de la Rosa. Emigró a Francia de donde volvió en 1849 para colaborar con Cleonard en el Gobierno. Murió en Málaga en 6 de julio de 1850.

 

[2] Domingo Ruiz de la Vega y Méndez, 1789-1871, nació en Sevilla, estudió Derecho, Filosofía, Medicina y Cánones en Granada y fue catedrático de Ética de esta universidad, fue diputado en el Trienio, y se exilió al Reino Unido, de donde regresó en 1832. En septiembre de 1838, sería ministro de Gracia y Justicia.

[3] Fuente: www bachiller.sabuco.com/historia

[4] José Aymerich Baras, 1744-1841 sería destinado de nuevo a Palma de Mallorca en 1841. Al día siguiente de su llegada fue asesinado en el cuartel del Regimiento de Infantería de la Reina. Nunca se halló a los culpables.

[5] Georges Bessieres, (Jorge en España), 1780-1825, había llegado a España en el ejército francés de 1808 y se había pasado a los españoles en 1813. En 1821 había protagonizado, junto a Oronoz y Francisco Brotons, un levantamiento en Barcelona contra los liberales, por el que fue condenado a garrote vil, pero no se llevó a cabo la ejecución. En 1823 fue rehabilitado y en 1825 era general, cuando se volvió a rebelar a favor de los ultraabsolutistas, y entonces fue fusilado el 26 de agosto de 1825.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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