GOBIERNO DEL CONDE DE OFALIA.

25 de diciembre de 1823 – 11 julio 1824.

 

El 25 de diciembre fue nombrado Secretario de Estado interino Narciso Heredia y Begines de los Ríos, conde de Ofalia. Su nombramiento como definitivo sería de 18 de enero 1824.

 

Formaban parte en este Gobierno:

En Estado, Narciso Heredia y Begines de los Ríos, conde de Ofalia[1];

en Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde;

en Guerra, el general José de la Cruz;

en Marina, Luis María Salazar Salazar;

en Hacienda, Luis López Ballesteros Varela.

 

 

Era un Gobierno absolutista ilustrado en asociación con absolutistas duros. El absolutismo se dividió entonces en dos ramas: los “ilustrados” que querían reformas moderadas, y los “inmovilistas” que querían represión pura y dura contra los liberales.

Ofalia era el líder de los ilustrados o absolutistas moderados, mostraba una gran personalidad y era apoyado por José de la Cruz, y consiguió:

la restauración de los cinco ministerios del gabinete de Gobierno

el control de los ministros por un Consejo de Estado.

propuso una amnistía.

reformó la policía y el ejército.

propuso varias reformas en hacienda, agricultura, colonias, deuda pública y simplificación de la administración provincial.

Eguía era el líder de los inmovilistas o absolutistas represores, y pedía la depuración de todos los que colaboraron en el Trienio, la disolución del ejército y creación de uno nuevo con base en los “batallones realistas”, la restauración de la inquisición y una reforma de la Instrucción Pública controlada por un Consejo de Estado. Con Eguía estaban Erro y los infantes Francisco de Paula y Carlos María Isidro. Su representante en el Gobierno era Calomarde, en Gracia y Justicia. Calomarde era abogado por Zaragoza y había sido funcionario de la Secretaría de Indias y de la Secretaría de Gracia y Justicia, Secretario de la Regencia de 1823 y miembro del Consejo y Cámara de Castilla, por lo que conocía bien el Gobierno. Había sido antes miembro de la Camarilla de Fernando VII, y al unir también el cargo de Secretario de Despacho en Gracia y Justicia, resultaba el hombre más influyente de ese Gobierno, y lo seguirá siendo en los siguientes años, hasta 1833.

 

En diciembre de 1823, Fernando VII inició una época de dudas y cambios de opinión que durará hasta su muerte en 1833: Trataba de hacer política con los absolutistas moderados, o ilustrados, y unas veces quería acercarse a los realistas, y otras, a los liberales moderados, y cambiaba de idea según los acontecimientos. Fernando VII no sabía con quién quedarse, pero la presión de la Santa Alianza le llevó a inclinarse por Ofalia y su colaborador el mariscal José de la Cruz. Esta decisión condujo a los inmovilistas a acusar a Fernando VII de colaborar o estar en contacto con los liberales. Y esta aversión absolutista llevaba a Fernando VII a más dudas, pues los ultras podían poner a Don Carlos como rey, mientras los liberales podían expulsar del trono a Fernando VII.

La prioridad de Fernando VII en este momento era evitar una nueva sublevación liberal, es decir, controlar a los liberales exaltados. Dependía para ello de los franceses, pues no tenía un ejército capaz de garantizar el orden. El Gobierno y el rey pidieron la permanencia del ejército francés, lo que se firmaría en el Convenio de Madrid de 9 de febrero de 1824: Francia dejaría 45.000 hombres (la mitad del ejército de invasión) hasta 1 de julio de 1824. Estarían acuartelados en 18 ciudades previamente pactadas y conservarían sus mandos franceses. La ocupación se organizó instalándose los franceses en cuatro posiciones: Madrid, Alto Ebro, Cádiz y Cataluña, más algunas guarniciones estratégicas y un Estado Mayor General con sede en Madrid. En un reajuste posterior, las divisiones del Alto Ebro y de Madrid se retiraron, quedando sólo 22.000 hombres. No había problema, pues los franceses eran bien acogidos por la población española. El eje de los acuartelamientos franceses era: Cádiz, Burgos, Vitoria y San Sebastián, con un apoyo fuerte en Gerona. A España, la estancia de los franceses le costaba dos millones de francos mensuales. En abril de 1824 se negoció con el embajador francés Talara la permanencia de las tropas francesas un tiempo más, y el embajador exigió una amnistía a cambio. En julio de 1824, se negoció un segundo convenio para que permanecieran hasta 1 de enero de 1825. Y más tarde se firmó un tercer convenio por el que 22.000 franceses permanecieron en España sin plazo fijo de retirada. El ejército para reponer a Fernando VII, se convertía en ejército de ocupación a petición de Fernando VII.

Los franceses se marcharon, efectivamente, en septiembre de 1828.

 

 

Iniciativas atribuidas a Calomarde.

 

La obra fundamental de Calomarde fue la creación de la Superintendencia de Policía en 13 de enero de 1824. Esta institución tenía los antecedentes siguientes: en 1782 se había creado la Superintendencia de Policía, pero se había suprimido en 1792; desde entonces, los Tribunales y la Sala de Alcaldes gestionaban el orden público; en 1808 la Junta Central había creado el Tribunal Extraordinario de Vigilancia Pública, que nunca llegó a funcionar porque el gobierno y las Cortes huyeron a Sevilla, y una vez en Sevilla funcionó el Consejo de Guerra; en enero de 1809, la Junta Central creó el Tribunal de Seguridad Pública para casos de infidencia[2]; en febrero de 1809, José Bonaparte había creado la Junta Criminal Extraordinaria dependiente del Ministerio de Policía General; en 1814, Fernando VII había creado el Ministerio de Seguridad Pública (que no se debe confundir con una Secretaría de Estado porque se llame “ministerio”) y puso a su frente a Pedro Agustín de Echávarri, pero duró siete meses; y en 1823, la Regencia de Madrid intentó crear una Superintendencia de Vigilancia Pública, pero el encargado de gestionarla, Arias de Prada, murió a los 17 días, y Julián Cid de Miranda, y luego José Manuel Arjona, no fueron capaces de levantarla. La necesidad de una institución de policía era obvia, pública y necesaria en 1824. Se nombró Superintendente General a José Manuel Arjona e intendentes de policía en cada provincia, con subdelegados en cada cabeza de partido judicial y en los puertos y fronteras del país y se les puso secretaría, tesorería, agentes, personal subalterno. Se fijaron las funciones de la policía: empadronar; expedir y visar pasaportes (cobrando una tarifa); dar cartas de seguridad; dar licencias de comercio ambulante y para espectáculos al aire libre; dar permisos de caza y pesca y de armas; dar autorizaciones a los establecimientos públicos como posadas, cafés, tabernas, billares…; poner y cobrar multas; hacer registros de vehículos; vigilar los establecimientos públicos; observar a los parados; recoger mendigos, gitanos y prófugos y llevarlos ante las autoridades; vigilar las costas y fronteras; aprehender libros, periódicos, folletos prohibidos; arrestar a blasfemos, amancebados, borrachos, sospechosos, vagos y jugadores; impedir la formación de “cuadrillas” y coaliciones de jornaleros; perseguir a las sociedades secretas; impedir el contrabando; cuidar el orden en las ferias, mercados y lavaderos públicos; velar por la seguridad de las cárceles, hospicios, establecimientos de beneficencia, salas de disección, boticas, droguerías, fábricas y establecimientos ganaderos; precaver incendios; vigilar que se cumplieran las leyes en los entierros y en las exhumaciones; la sanidad en la epidemias; vigilar los pesos y medidas y la calidad de los productos en el mercado; promover la instalación de alumbrado y de serenos en los pueblos, así como correccionales en las capitales de provincia; denunciar edificios en estado de ruina; informar sobre abastos y cosechas. Para cumplir estos quehaceres, podían recabar ayuda de los comandantes militares, ayuntamientos y jefes de Hacienda. Tenían capacidad para imponer arrestos de hasta ocho días, pero no podían en ningún caso imponer penas.

Al mismo tiempo que la Superintendencia de Policía, el 13 de enero de 1824 se crearon las Comisiones Militares. Su objetivo era defender la paz contra los malhechores y conspiradores, juzgar delitos contra la propiedad y seguridad de las personas, delitos contra el orden público y contra la seguridad del Estado. Sólo podrían actuar sobre delitos cometidos después de 1 de octubre de 1823 y fundamentalmente debían ir contra los liberales en sus escritos, discursos, reuniones y alborotos, pero también debían perseguir a los ladrones y malhechores. Debían detener a todos los que parecieran sospechosos. Se ordenó crear en los siguientes 15 días en todas las capitales de provincia una Comisión Militar, que estaría integrada por un brigadier presidente de la misma, 6 militares que actuaban como vocales, un asesor, cuatro fiscales y cuatro secretarios. Las causas que instruyesen debían ser breves, con decisión de castigo o libertad muy rápida. El procedimiento empezaba con la instrucción de una causa, entrega del expediente al asesor para que lo corrigiera, entrega al defensor y reunión del Tribunal que votaba sobre la cusa y elevaba el informe al Capitán General. Si el Auditor o el Capitán General dudaban de la procedencia del informe, nombraban tres ministros de la Audiencia que les ayudaran en la sentencia y, si seguía habiendo dudas, el asunto se elevaba al Consejo de Guerra. El reo podía apelar al Capitán General primero, y al Rey después. Las comisiones Militares no se detenían ante ningún fuero, salvo el eclesiástico. Hicieron 1.094 juicios, de los que 582 fueron por delitos políticos, en los cuales dieron 132 condenas a muerte, 135 a prisión, 122 a multas y 303 absoluciones.

Complementariamente a estas medidas, el 13 de enero de 1824 se disolvieron las Milicias Provinciales, excepto 16 regimientos, lo cual enviaba a sus casas a muchos voluntarios realistas que se habían acomodado en ellas. Con ello, se ahorraba dinero, pero se producía descontento entre los realistas.     El 23 de enero de 1824 se disolvieron las divisiones y cuerpos de ejército formados para la guerra contra la insurrección liberal, pasando estas unidades al ejército regular. Los realistas seguían disgustados. Igualmente en esta fecha se disolvieron los “depósitos” (campos de prisioneros) militares de toda clase y se autorizó a los capitulados y prisioneros a volver a sus casas, señalando a los oficiales unos haberes provisionales.

El 30 de enero de 1824 se prohibieron los periódicos, excepto La Gaceta y El Diario, medida que iba contra los realistas, pues los periódicos liberales ya no se publicaban de hecho. La publicación más molesta era El Restaurador.

Poco después se restablecieron los mayorazgos y las vinculaciones.

El 5 de febrero de 1824 se reconoció validez a las causas y pleitos habidos en 1820-1823, excepto casos de injusticia notoria, y se reconoció pensión a las familias de los realistas muertos en la guerra.

 

El 1 de abril de 1824, Fernando VII confirmó la política de purificaciones que había iniciado la Regencia en 1823 y estaba practicando Calomarde desde enero de 1824. Se trataba de eliminar de los cargos de Gobierno a los constitucionales y era un empeño de Calomarde. Pero el asunto resultaba muy complejo: había que averiguar quiénes eran rebeldes contra el absolutismo y quiénes no, había que encontrar las personas idóneas para hacer esa criba, de modo que no se convirtieran en vengadores personales o en excusadores de los acusados, y que además hubieran conocido los hechos en primera persona, y no por habladurías. Se decidió formar unas “Juntas de Purificación”. Pero todavía en mayo quedaban cuestiones pendientes: las cuestiones de procedimiento, y si se debían aceptar sólo denuncias públicas o se aceptarían en secreto, que es lo que se hizo para animar a la gente a denunciar. Una vez aceptado el secreto, quedaba muy limitado el derecho de apelación, pues el acusado no conocía a sus acusadores, como había ocurrido en la Inquisición. No se permitía recurrir a la justicia ordinaria y el único recurso era que la Junta de Purificación revisase el proceso con informes de personas distintas a las que le hubiesen acusado al reo. Cuando el 1 de abril de 1824 se confirmó por decreto lo que la Regencia ya había practicado y se seguía practicando, se aclaró que sólo se purificaría a los empleados públicos que hubieran obtenido su cargo después de 7 de marzo de 1820, y a las mujeres de los funcionarios que cobraban pensión, pero no a las viudas. También se fijaron las pensiones que cobrarían los que iban a ser depurados y los que ya hubiesen sido depurados. Los empleados cesados durante el Trienio debían ser repuestos en su trabajo, y los nombrados antes, que continuaran en su trabajo, hubieran ascendido o hubieran cambiado de destino durante el Trienio, debían ser depurados.

La Junta Superior de Purificación se estableció en Madrid y, posteriormente, fueron apareciendo Juntas de Purificación en distintas provincias. El 21 de julio de 1824 se amplió la purificación a los docentes, y el 9 de agosto a los militares.

Serían factores de culpa el haber ingresado en la milicia nacional, haber participado en sociedades secretas, haber participado en asonadas y haber hecho declaraciones a favor de la constitución.

En Marina se eliminó a gran parte de los oficiales, en el Ejército se echó a algunos oficiales, y en Hacienda se eliminó a varios empleados, siendo éstos los campos de mayor incidencia de las depuraciones.

Hubo protestas contra las depuraciones, criticando el método porque no se oía al interesado, los informes secretos no tenían garantía de fiabilidad, de objetividad, y los juzgadores no tenían garantía de moralidad.

Algunos impurificados (que no habían pasado el examen o no lo habían pasado con limpieza) volvieron a sus cargos, lo cual origino protestas realistas.

 

Entonces tuvo lugar un complot liberal contra los Voluntarios Realistas, pues se les pasó un escrito en el que Fernando VII les pedía que le libraran de los franceses. El 3 de abril de 1824, el superintendente de policía, Arjona, denunció la falsedad de dicho documento. El 11 de abril, Aymerich, jefe militar de los Voluntarios, declaró que su firma en ese documento estaba falsificada. Afortunadamente para ellos, los Voluntarios no se lo habían creído de entrada, y habían pedido confirmación, lo cual les salvó de una guerra contra los franceses.

 

 

La solución Ballesteros a la deuda.

 

López Ballesteros continuó su política reformista en Hacienda y, el 5 de enero de 1824, instituyó un nuevo sistema de hacer las cuentas de modo que las rentas incluirían los rendimientos totales, después de deducir los sueldos y gastos para recaudarlas, es decir, que serían totales y líquidas. Creó la Contaduría de Valores (dependiente de la Dirección General de Rentas) para intervenir las cuentas de la Administración, la Contaduría de Distribución (dependiente de Tesorería General del Reino para contabilizar ingresos líquidos, la Intendencia General del Ejército, y la Intendencia General de Marina. Simultáneamente a estos cuatro organismos, creó el 5 de enero de 1824, la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, que debía proponer mejoras en agricultura, industria, comercio, navegación…

Continuó las reformas el 4 de febrero de 1824 con una Caja de Amortización de la Deuda Pública (suprimiendo “Crédito Público”) que debía pagar al público los intereses de la deuda y amortizar la deuda exterior. En esta tarea, estaba auxiliada por la Comisión de Liquidación de la Deuda Pública, que debía calcular el monto total de la deuda, anotándola en el Gran Libro de la Deuda.

López Ballesteros reformó la administración de Hacienda rebajando el papel del Consejo de Hacienda, que creía que servía para poco o nada. El plan tenía por objetivo acabar con la corrupción de los empleados bajos y jefes subalternos, que era mucha, pero la corrupción estaba fuertemente arraigada, y la práctica diaria hizo fracasar a Ballesteros.

 

Se clasificó la deuda en consolidada, corriente y sin interés:

La consolidada devengaba interés e iba en el Gran Libro. Se calculaba en 600 millones de reales y se le dedicaban 30 millones para el pago del 4% y para amortización del 1% de los vales cada año.

La corriente también devengaba interés, pero iba en otro libro, y se decidió que los primeros 200 millones en solicitarlo se devolverían o liquidarían, y el resto iría a deuda consolidada al 5%. Se le dedicaban 10 millones para pagar el 5% y 2 millones para amortizar el 1% de los vales.

La deuda sin interés iba en un tercer libro y se le dedicaban 8 millones de reales anuales para devolverla.

Los vales reales, en todo caso, se compraron a precio de mercado y no a nominal, con lo que los poseedores perdían la mitad del nominal.

 

Una vez constatado el fracaso, no hubo más remedio que volver a los viejos sistemas de las Rentas Provinciales, Impuesto de la Paja y Utensilios. Las únicas reformas que fueron adelante fueron una “contribución de frutos civiles” y un “subsidio sobre el comercio” calculado en 10 millones de reales anuales de recaudación. Al fin y al cabo, mejor era cobrar poco que no cobrar nada.

En 16 de febrero se restableció el viejo sistema de contribuciones, y se eliminó el de la “contribución única” de 1817, que había sido un fracaso. Se volvió a cobrar las rentas provinciales en Castilla y León, el catastro y la talla en la Corona de Aragón, los derechos de puertas en las capitales de provincias y puertos de mar. Se añadieron derechos de puertas en 73 pueblos que tenían más de 15.000 habitantes. Se pidió a Vascongadas un donativo de 3 millones de reales anuales durante tres o cuatro años. Se pidió a Navarra que contribuyese voluntariamente recordándole que en 1817 había aportado 12 millones de reales.

Se restableció la renta de la sal, tabacos, papel sellado y aguardientes y licores. Se impuso una cuota de 20 millones de reales a cambio de la antigua contribución de la paja y utensilios. Se impuso un impuesto sustituto del de frutos civiles (consistente en un 4-6% del arriendo de propiedades). Quedaron en suspenso otras cuarenta rentas hasta que el Consejo de Ministros estudiase la manera de recaudarlas con beneficio para el Estado. Se impuso como nueva renta la del bacalao.

También se convocó a la Junta de Aranceles para fijar los derechos de importación y estudiar los tratados de comercio con potencias extranjeras.

Complementariamente a esta recaudación, se dieron directrices para reprimir el contrabando y se redujeron los empleados y los sueldos en Hacienda.

La reforma Ballesteros no tuvo el éxito esperado porque los vicios de la administración estaban muy arraigados, la rutina tenía mucho peso, y los empleados se resistieron a cambiar los métodos recaudatorios: se negaron durante mucho tiempo a utilizar los sistemas de doble entrada en contabilidad, se negaros a ceder lo que consideraban privilegios consolidados, y las provincias hicieron lo que les vino en gana. A ello contribuía el que la pobreza hiciera recaudar menos y el que los defraudadores abundaran. Al final, el empréstito Guebhard, concebido para extraordinarios como expediciones a ultramar y reforma del ejército, se utilizó para gastos ordinarios.

 

La deuda se calculaba por entonces en 18.000 millones de reales, de los cuales 2.627 millones se debían a extranjeros, 7.086 millones se debían con interés, y 7.587 millones se debían sin interés. Eso significa que era imposible devolverla, pues el plan de Ballesteros expuesto más arriba amortizaba sólo unos 2.000 millones en 100 años, y no los 18.000 que se debían.

Luis López-Ballesteros Varela salió del paso contratando empréstitos:

Cometió un error de bulto negándose a reconocer la deuda contraída durante el Trienio, y entonces se puso en contra a toda la banca extranjera, que no podía fiarse de España si a cada cambio político dejaba de pagar. Y buscó con dificultades un nuevo banquero.

En 1823, contrató un empréstito de 334 millones con Guebhard, que aportaba sólo 200 y obtenía además un 5% de interés y un 5% de premio o comisión. El Estado español recibía al final 183 millones. El quebranto del Estado era de 134 millones, un 45%. Gebhard no pudo colocar la deuda en París, y resultó un fracaso.

En diciembre de 1825 se quedó con una emisión de deuda Aguado, un banquero de Madrid que hizo grandes negocios con ella.

En 1825 tomó 10 millones pagando por ellos 6,05 millones. Ya había un quebranto de casi 4 millones, pero es que además la tomaba al 5% de intereses y 2,5 de comisión y, con esa deuda, emitió títulos por 547,1 millones, lo cual era un fraude a todas luces y hubo un enfrentamiento con López Ballesteros, que no quería tolerar esto, pero se pasó por alto porque, al parecer, estaba complicado Fernando VII en el negocio.

En 1827, con la especulación abierta a favor de Aguado, se emitieron 187 millones de deuda, y Aguado pagó por ellos 91,6 en efectivo continuando el negocio sucio de este Gobierno.

En 1828, Aguado tomó 141 millones con el permiso de emitir 300 millones en rentas perpetuas.

En 1829 se reconocieron 278 millones de deuda a Francia por compensaciones al ejército que había estado en España. También se reconocieron 60 millones a Inglaterra.

En 1830 se emitieron 293 millones en deuda a cambio de recibir el Estado 150.

En 1831, Fernando VII trató directamente con Aguado la deuda de 1820-1823 y se reconvirtió la deuda: el 20% se convertía en renta perpetua al 3% y el 80% restante se convertía en renta sin interés que pasaría a renta perpetua por tramos cada 40 años. Aguado emitía entonces 666 millones de reales al 3% y sólo entregaba 152 millones en efectivo. López Ballesteros protestó y exigió por escrito verse privado de responsabilidad en lo que consideraba un chanchullo.

La Década Ominosa fue por tanto, económica y financieramente, un gran fraude a los españoles ahorradores, dirigido por Aguado y, tal vez, en la sombra, por Fernando VII.

 

 

 

El descontento realista de 1824.

 

El 1 de mayo de 1824 el asunto de la amnistía solicitada por las potencias europeas, fue al Consejo de Ministros celebrado en Aranjuez. A la propuesta de Ofalia, algunos ministros alegaron que podía haber agitaciones, pero el rey decidió que hubiera amnistía. El 4 de mayo se pasó el asunto al Consejo Real, que puso excepciones, como los que hubieran pertenecido a sociedades secretas. El 13 de mayo firmó el Rey, y el 20 de mayo se publicó la amnistía en La Gaceta de Madrid: Se publicaban una serie de excepciones enumerando caso por caso los principales sucesos de 1820-1823 y los personajes que debían ser juzgados por los tribunales superiores de las provincias. No se repuso en sus cargos a los indultados. Y se decidió que, los que habían capitulado ante Angulema, salieran de España o se sometieran a juicio. Fueron beneficiarios de esta amnistía las personas que no habían tenido ninguna relevancia social ni política. Comenzarían a ser puestas en libertad a partir de junio de 1824. Los exceptuados por este decreto, estaban casi todos en el exilio, así que hubo pocas represiones: nueve personas que habían participado en el asesinato de 52 presos en el Castillo de San Antón (La Coruña) fueron ejecutados en noviembre de 1824; cinco personas que habían participado en el asesinato de Vinuesa fueron ahorcados; y hay que tener en cuenta que ya había sido ajusticiado Riego, en cuyo proceso, veinte diputados inculpados negaron haber votado la destitución del Rey y fueron absueltos, y más de sesenta diputados estaban exiliados y no se les halló.

Como resumen final del castigo a los rebeldes, Fernando VII consideró que, en conjunto, no eran castigados los verdaderos culpables de la rebelión de 1820 y desórdenes del Trienio Constitucional, y se refería concretamente al general Ballesteros, que había huido a Francia, al guerrillero Francisco Abad Moreno, alias Chaleco que se había sumado a los realistas, y a Juan Martín Díaz, el Empecinado (que fue ahorcado meses más tarde, en 1 de agosto de 1825).

Esta amnistía disgustó a los liberales, porque no permitía el regreso de los exiliados, y aún más a los realistas, y sobre todo a Don Carlos, que se oponían radicalmente a ella, diciendo que animaba a los liberales a volverse a sublevar. Para contentar a los realistas hubo un segundo indulto el 1 de junio de 1824, perdonando las venganzas y represalias hechas contra los liberales en 1823, excepto asesinatos y daños a terceros, pero los realistas los daban por perdonados desde el principio y no valoraron en nada este indulto de 1 de junio.

 

En mayo de 1824 hubo una primera sublevación realista dirigida por el brigadier Joaquín Capapé y el capitán general de Aragón Pedro Grimarest. Parece ser que el pronunciamiento estaba dirigido por Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey. El objetivo de los conspiradores era reinstaurar la Inquisición. Fernando VII mandó echar tierra sobre el asunto y destruir las pruebas, por lo que todo queda un poco difuso para los historiadores. El 1 de noviembre de 1824, Fernando VII pasó la causa al Consejo de Guerra, y allí se implicó al Secretario de Despacho de Guerra, José de la Cruz, al brigadier José Agustín de Llanos y al intendente Francisco Aguilar Conde, pero no se logró demostrar nada, como necesariamente debía suceder una vez destruidas las pruebas, y Capapé y Cruz salieron absueltos. No obstante, José de la Cruz perdió la Secretaría de Despacho de Guerra en favor de Aymerich, ya en el Gobierno de Cea Bermúdez.

 

 

Caída de Ofalia.

 

El 30 de junio se negoció con los franceses la permanencia del ejército otros seis meses, y se seguiría negociando sucesivamente hasta 1828, fecha en que Francia retiró por fin su ejército.

En primer lugar discrepaban los realistas: Este Gobierno se propuso acabar con los absolutistas sublevados, los más radicales, las llamadas partidas realistas. Empezó cerrando el periódico “El Restaurador”.

En segundo término estaban perseguidos los liberales: El Gobierno absolutista ilustrado colaboraba con otros absolutistas moderados, llamados serviles, para acabar con los liberales.

El 1 de julio de 1824 se dio un decreto de amnistía a los realistas, autoamnistía, para delitos cometidos contra los liberales. Lo exigió y publicó Calomarde.

El 11 de julio, hubo una discrepancia entre Ugarte y Ofalia. Chateaubriand había caído en Francia y entonces Ugarte, miembro de la Camarilla de Fernando VII, pretendió cambiar la tutela francesa por la rusa, a lo que Ofalia se oponía. Era la primera crisis seria de Gobierno al enfrentarse la Camarilla al Gobierno. Ofalia fue desterrado a Almería.

 

[1] Narciso Heredia y Bejines de los Ríos, conde de Ofalia, nació en Ginés (Sevilla) en 1775. Era diplomático y hombre e confianza de Ugarte, uno de los miembros de la camarilla de Fernando VII, que le nombró ministro de Gracia y Justicia primero, y ministro de Estado en diciembre de 1823. Una discrepancia con Ugarte le costó la dimisión en julio de 1824 y el destierro a Almería. Después fue ministro en Londres y en París hasta 1832, fecha en que regresó a España para ser ministro de Fomento General del Reino con Cea Bermúdez en diciembre de 1833. Fue jefe de gobierno en 1837 hasta que un motín en Cádiz 1838 le retiró definitivamente de la política. Murió en Madrid en 1847.

[2] Infidencia es faltar a la confianza depositada en un individuo por otra persona o institución.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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