19.9.1. REGRESO DE FERNANDO VII

Y GOBIERNO DEL MARQUÉS DE CASA IRUJO.

 

 

LA DÉCADA OMINOSA.

 

El término “ominoso” fue utilizado por los liberales que escribieron la historia de esta época durante el siglo XIX, es decir, por los que habían sido perseguidos. A partir de 1833, ellos eran los vencedores y los gobernantes de España, y es el poder el que escribe la historia casi siempre. El término “ominoso” no es adecuado para todas las acciones de gobierno de la época, pero se entiende perfectamente en boca de los que lo utilizaron. No se ajusta a toda la época porque, a partir de 1827, la represión ya no fue mayor que otras muchas épocas de la historia de España. Algunos historiadores prefieren denominar a esta época como “absolutista”, pero este término no es tampoco a nuestro parecer, muy exacto, pues hubo medidas liberalizadoras de Fernando VII, y más a partir de 1827, sobre todo en el campo de las inversiones e instituciones económicas. El término absolutista sólo sería adecuado desde el punto de vista político, porque se gobernó sin constitución. Pero fue una época en la que se pusieron algunas bases de la industrialización española. A la postre, el desarrollo económico, y en esta época ciertamente se produjo, es la fuente de libertades más importante de que disponen las masas, aunque ello no se corresponda con las libertades de que suelen hablar los políticos. En conclusión, el nombre es sólo una necesidad para denominar a este periodo histórico. Cualquiera de los dos términos, absolutista u ominosa, nos valdría.

 

 

El regreso de Fernando VII,

1 de octubre a 13 de noviembre de 1823.

 

El viaje de Fernando VII, de Cádiz a Madrid, fue lento. Los ocho días de viaje normal, se convirtieron en seis semanas para esta ocasión. Se inició el 1 de octubre y duraría hasta el 13 de noviembre de 1823. Hay que tener en cuenta los muchos actos de apoyo al rey y “de desagravio” religioso celebrados durante el camino. Por ejemplo, el 6 de octubre en Lebrija se hicieron actos de desagravio al Santísimo Sacramento, y el 7 de octubre, en Utrera, los religiosos salieron a vitorear a Fernando VII.

Fue Secretario de Estado y actuaba como Secretario Universal del Gobierno, el clérigo Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor, el hombre que representa por excelencia la denominación de “ominoso”, el represor insaciable, maniático antiliberal. Pero había otros hombres destacados en la represión y gestión del terror:

Tadeo Calomarde[1], jefe realista que era secretario de la Regencia de Infantado,

Aymerich, coronel y jefe militar de Voluntarios Realistas quienes, apoyados por los franceses, eran la fuerza militar y política predominante,

el duque del Infantado, que era el líder político de la regencia,

Ignacio Martínez de Villela[2], Presidente del Consejo de Castilla de 1823 a 1827, fecha en que murió,

Carlos de Borbón[3], el hermano del rey,

Mariano Rufino González[4], superintendente de policía,

y Francisco Chaperón[5], presidente de la Comisión Militar de Madrid.

Había dos tipos de terror simultáneos:

En primer lugar, un terror populachero, dirigido por alcaldes y párrocos de pueblos, ayudados de voluntarios realistas, imposible de evaluar dado que no hay datos y que fue clandestino. En este caso, el Gobierno, oficialmente, sólo era culpable de no tomar medidas contra estos líderes del terror blanco, o terror consentido por el Estado. Ello nos lleva a concluir que la opinión pública mayoritaria estaba de parte de los voluntarios realistas, puesto que callaba y otorgaba. Los absolutistas de varias zonas rurales pensaron que era el momento de la venganza por los abusos sufridos a manos de los constitucionales. Surgieron bandas espontáneas en Guadalajara, Alcalá, Toledo, Bilbao, Zaragoza… que fueron a por los constitucionales a sus casas, y les maltrataron y encarcelaron.

En segundo lugar, la represión o depuración oficial: Víctor Damián Sáez, Tadeo Calomarde y el duque del Infantado, como responsables políticos, estaban llevando a cabo una de las tareas de “limpieza política” más importantes de la historia de España eliminando liberales de puestos de responsabilidad. Las pretensiones de depuración eran tan amplias, que no fue posible juzgar a todos, ni siquiera en los diez años de duración de la época. Los aspectos de esta represión oficial fueron tres:

El Primero, la eliminación de organismos de Gobierno liberales como las Cortes, la Milicia Nacional, las sociedades secretas, labor que realizó la Regencia de Madrid en los días inmediatos al triunfo.

El segundo, la creación de los tribunales de depuración:

Las “comisiones militares” iban a depurar el ejército.

Las “juntas de fe” de cada pueblo y de cada provincia depurarían la sociedad civil.

La purificación de la Universidad sería llevada a cabo por un Tribunal de Purificación integrado por el Regente de la Chancillería o de la Audiencia, según el caso, el arzobispo u obispo de la ciudad y el rector, con el encargo de que excluyeran de la docencia a todos los que hubieran pertenecido a la Milicia Nacional o hubieran sido diputados durante el Trienio Constitucional. La depuración fue complementada con un control en la importación de libros.

Y en tercer lugar, los que habían comprado tierras procedentes de desamortización, las perdieron sin indemnización alguna, y no podían protestar por miedo a ser tachados de liberales y entrar en las listas a depurar.

La crueldad de la parte oficial fue a veces grande: Riego fue ahorcado el 9 de noviembre de 1823. Juan Martín el Empecinado fue muerto a bayonetazos y colgado su cadáver de la horca.

La crueldad y barbarie de los Voluntarios Realistas era mucho mayor, tanta, que Francia, Gran Bretaña y hasta la absolutista Rusia, protestaron oficialmente, y los franceses sufrieron una fuga de presos liberales españoles, que debemos calificar de “sospechosa”: Angulema, el jefe francés, dejó escapar de Cádiz a todos los diputados y políticos liberales que tenía presos. El 19 de octubre, Chateaubriand, el ministro francés, amenazó a Fernando VII con retirar todas las tropas francesas de España si no cesaban las matanzas de liberales. El embajador ruso logró, a finales de abril de 1824, la destitución de Víctor Damián Sáez de todos sus cargos políticos (ya había dejado su “Ministerio Universal” en diciembre de 1823) y la publicación de una amnistía en 1 de mayo. Tampoco se cumplió la promesa de amnistía.

Angulema no estaba de acuerdo con la represión realista. Las instrucciones que traía de las potencias europeas eran para instalar la paz. La situación de represión era contraria a lo que se entiende por paz. Angulema, para liquidar los últimos reductos bélicos, estaba firmando por su cuenta convenios con los grupos de resistencia liberales, y en estos convenios, garantizaba la seguridad personal de los rendidos. Quedaban muchos núcleos por rendir, y le convenía a Angulema mantener su palabra a fin de terminar cuanto antes su misión pacificadora. Además, no quería aparecer como ultraabsolutista, pues no le convenía al trono de Francia. Por otro lado, España era un buen cliente comercial de Francia y convenía restablecer la paz social cuanto antes. El 8 de agosto de 1823, Angulema emitió la “Ordenanza de Andújar” prohibiendo hacer arrestos sin el permiso del jefe militar francés de la zona correspondiente, mandando liberar a los apresados arbitrariamente o por ideas políticas, o por ser milicianos, y haciéndose cargo de los periódicos y publicaciones que pudieran incitar a la violencia.

Los absolutistas españoles se sintieron gravemente agraviados por la actitud de Angulema. Acusaron al francés de atribuirse la soberanía, y se pusieron en su contra. El que los realistas se tomaran la justicia por su mano no lo veían como autoatribución de la soberanía, sino como defensa de la Corona.

Y ni la Regencia, ni el Consejo de Ministros posterior, ni la Iglesia Católica, protestaron, ni mostraron intención de controlar a los realistas represores.

 

 

Fernando VII en Madrid.

 

El 11 de noviembre llegó Fernando VII a Aranjuez, última etapa del camino de regreso a Madrid, y el 13 de noviembre la Corte estaba ya en Madrid. Entró Fernando VII por la Puerta de Atocha, aclamado por el pueblo.

Ofalia le propuso al rey un Gobierno Ilustrado que fuera experimentado, que hiciera una transición política de tipo ilustrado, como la que se estuvo haciendo en tiempos de Carlos III. Proponía un Ministerio del Interior que se encargase de la policía del reino, un Ministerio de Indias, un reglamento que responsabilizase a los funcionarios, fijar el acceso a la carrera de funcionario, exigir libros de actas para las reuniones y acuerdos de los ministros, y crear un Consejo de Estado (compuesto por 10 miembros, más los ministros, más un secretario) que entendiese de todo y absorbiese a los viejos Consejos de Castilla, Indias, Guerra, Hacienda y Órdenes, sin que desapareciesen completamente estos Consejos, pero quedando solamente con funciones judiciales.

El 19 de noviembre de 1823 se creó el Consejo de Ministros como Gobierno o Poder Ejecutivo español. El Consejo de Ministros era la reunión de los Secretarios de Estado y Despacho, y recordaba un poco a la Junta de Estado de Floridablanca en 1787. A partir de este momento, los encargados de un negociado de Gobierno comienzan a llamarse ministros, aunque no siempre aparecen citados con el nuevo apelativo. Antecedentes de este Consejo de Ministros es el Consejo de Gabinete creado por Felipe V en 30 de noviembre de 1714, y la Suprema Junta de Estado creada por Carlos III y Floridablanca el 8 de julio de 1787, sustituida luego, en 1792, por el Consejo de Estado. El Consejo de Ministros de 1823 era un órgano consultivo y deliberativo al servicio del rey, presidido por el rey, integrado por cinco Secretarios de Estado y de Despacho (Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda), y con el ministro de Gracia y Justicia como secretario, pero el Consejo no tenía competencias resolutorias, lo cual hace que no sea exactamente el Consejo de Ministros liberal posterior a Fernando VII. El Consejo de Ministros con competencias resolutorias aparecerá en el Estatuto Real de Martínez de la Rosa de 10 de abril de 1834, que ya contemplaba un Presidente del Consejo de Ministros como un Jefe de Gobierno actual. El origen de los ministros, podemos situarlo, pues, en las fechas de noviembre de 1823, creación del Consejo de Ministros, y en abril de 1834, cuando se les atribuyó poder resolutorio. En ambos casos, estamos en el ámbito de Gobiernos nada simpáticos a los liberales, y es un tema poco habitual en las historias escritas por éstos. Una modificación posterior en el Consejo de Ministros es que, en 1848, el ministro de Gracia y Justicia pasase a ser secretario del Consejo de Ministros. Al Secretario de Estado, que hacía de presidente de este Consejo de Ministros, le consideramos Jefe del Gobierno español a sabiendas de que esto no es exacto, pues el jefe era, en todo caso, el rey.

La importancia de este Consejo de Ministros radica en que los decretos de las distintas Secretarías se tomaban dando cuenta al resto del Gobierno de lo que se estaba haciendo, lo cual implica cierta coordinación ministerial, aunque no necesariamente. También hay que tener en cuenta que, en ausencia del rey, el Consejo de Ministros era presidido por el Secretario de Estado, lo cual lo hacía en la práctica muy parecido al Consejo de Ministros posterior, pues llegó a tomar decisiones, rubricadas con la frase: “su majestad se conforma”.

Asumiendo lo dicho, los primeros “ministros” de la historia de España fueron:

Estado, Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor.

Gracia y Justicia, José García de la Torre, que actuaba como secretario del Consejo de Ministros.

Guerra, José San Juan.

Marina, Luis María de Salazar.

Hacienda, Juan de Erro.

 

En Hacienda, más destacada que la de Erro, resultó la labor de López Ballesteros, Director General de Rentas, que ordenó a los intendentes de provincias y del ejército que enviaran noticia exacta de los pagos que se debían y de los gastos ordinarios y extraordinarios que preveían para 1824, lo cual debía ser entregado en Tesorería General en el plazo de un mes. Los historiadores tienen esta iniciativa como el primer presupuesto del Estado español. A Ballesteros, este trabajo le supuso ser nombrado titular de la Secretaría de Hacienda en diciembre de 1823 y muchas veces más.

 

 

Fin de la fase álgida represora.

 

El Gobierno se sintió mal ante las presiones internacionales en contra de la represión, y las que hacían los “apostólicos” a favor de endurecerla aún más. Las potencias europeas le pedían también que no restableciera la Inquisición. Las universidades, obispos, generales, y manifestaciones “populares” pedían el restablecimiento de la misma. Incluso alguien tan conservador como el Zar de Rusia envió a Pozzo di Borgo a fines de octubre a Madrid, y éste le había pedido a Fernando VII que no restableciera la Inquisición, que diera una amnistía y nombrara un Gobierno moderado. El resto de las potencias venían pidiendo lo mismo desde abril de 1823. Fernando VII se negó a restablecer la Inquisición y ello disgustó a los realistas. Nunca hubo ya Inquisición en España. También decidió derogar las “comisiones militares”. Los “apostólicos”, grupo radical de los Voluntarios Realistas, los que estaban asesinando a liberales, se sublevaron contra las derogaciones de órganos de represión, y los jefes apostólicos de la sublevación fueron fusilados.

Se calcula que la organización de Voluntarios Realistas movía unos 100.000 hombres. Pretendían disolver un ejército profesional, cuyos oficiales, según ellos, habían hecho las campañas contra Napoleón y estaban contagiados de ideas de libertad, y sustituirlo por otro más absolutista, en cuyo proceso serían importantes los “Voluntarios Realistas” más populistas. Además, querían también acabar con todos los liberales, abolir la Ley de Instrucción Pública y restaurar la Inquisición. El general España[6], Roger Bernard Charles d`Espagne, conde de España, capitán general en Barcelona fue encargado de preparar un ejército absolutista pero fracasó al no reclutarse suficientes hombres.

Los Voluntarios Realistas se regían por el Reglamento de la Junta de Oyarzun de mayo de 1823, reglamento que sería cambiado por José de la Cruz[7] en febrero de 1824 y definitivamente en 8 de junio de 1826 por el Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas del marqués de Zambrano[8]. Según este último, en cada ciudad donde había Capitanía General, un subinspector se encargaba de la organización del Cuerpo de Voluntarios Realistas, encuadrándolos en batallones, compuestos cada uno de ocho compañías, siendo susceptibles aquellos de integrarse en brigadas para casos de gran enjundia militar. El ingreso era completamente voluntario y se aceptaba a los candidatos tras demostrar fidelidad al rey y a la religión católica, así como a las leyes antiguas de la monarquía, tener entre 18 y 50 años, carecer de impedimento físico, no tener antecedentes policiales ni judiciales, y no ser eclesiástico ni militar[9].

 

El 2 de diciembre de 1823, Fernando VII pensó nombrar a Sáez para un Gobierno ordinario, junto a los regentes de mayo de 1823, pero hubo protestas. Francia sugirió una lista de moderados: Amarillas, Almenara, Vargas, Sarsfield y Eroles, pero no se le hizo ningún caso. Rusia, a través de Pozzo di Borgo, sugirió como gobernantes a Casa de Irujo, López Ballesteros, Luis de Salazar, Camposagrado y un quinto hombre que desconozco. Fernando VII acabó nombrando a Casa Irujo como Secretario de Estado, cambió a Camposagrado por José de la Cruz, y puso a Ofalia en Gracia y Justicia. Los nuevos nombramientos de Secretarios de Estado y Despacho desconcertaron a Francia, pues eran más moderados, casi incluso liberales, que lo que Francia pedía, de lo cual Francia quedó muy satisfecha.

 

 

Pérdida definitiva de América.

 

El 29 de noviembre de 1823, Fernando VII seguía pidiendo ayuda a Europa para someter a las colonias españolas en América, sin querer enterarse de que las potencias estaban hablando de repartírselas, o de repartirse los beneficios de las colonias sin necesidad de conquistarlas. El 2 de diciembre de 1823 Monroe, Presidente de Estados Unidos, advirtió que no admitiría a ninguna potencia europea en América, cortando con ello el colonialismo europeo en América y poniendo las bases para el imperialismo económico estadounidense. En 3 de enero de 1824 Gran Bretaña reconoció la independencia de las colonias y en febrero de 1825 reconocería oficialmente a Colombia, México y El Plata. En 1824, los europeos lograron que Fernando VII declarase el libre comercio en América, con lo que se iniciaba un imperialismo comercial no español, del que saldría especialmente beneficiado Estados Unidos.

Ante el reconocimiento de independencias y la declaración de Monroe “América para los Americanos”, Fernando VII pidió una reunión de las potencias en París. Gran Bretaña se negó a reunirse y, al contrario, reconoció a las nuevas potencias americanas citadas. España protestó pero no podía hacer nada sin escuadra y sin dinero. Quedaba en Perú, fiel a España, José de la Serna[10] con 9.000 hombres, la mayoría indígenas peruanos, pero políticamente solo y sin amigos. Incluso en 1824, La Serna se permitió ocupar Lima, aprovechando las disputas entre San Martín y Bolívar, pero fue por poco tiempo, porque en agosto de 1824, Bolívar venció a Canterac en Junín y dejó a Sucre como jefe del Perú. Poco después, en diciembre de 1824, se producía la batalla de Ayacucho en al que Sucre apresó o mató a 5.000 hombres de De la Serna y al propio De la Serna. El resto de la historia de la independencia fueron pequeñas batallas residuales que acabaron cuando Redil se rindió en el Callao en enero de 1826. O quizás merezca la pena recordar, que España envió al brigadier Barradas a Tampico con 4.000 hombres en 1829, que fueron derrotados por Santa Ana, como último acontecimiento de la presencia de España en América continental.

 

 

El Gobierno de Casa Irujo

2 diciembre 1823 – 25 diciembre 1823

 

Formaban parte en este Gobierno:

Secretario de Estado y Jefe de Gobierno, Carlos Martínez de Irujo y Tacón, I marqués de Casa Irujo[11]. Sólo estuvo en el cargo 23 días, pues el 25 de diciembre se sintió enfermo y falleció el 17 de enero de 1824.

Gracia y Justicia, Narciso Heredia Begines, conde de Ofalia;

Guerra, el general José de la Cruz;

Marina, Luis María Salazar Salazar;

Hacienda, Luis López-Ballesteros Varela, señor de Golpigueira.

Como se denominaban Ministros unas veces, y Secretarios de Estado y Despacho otras, prescindo de estas denominaciones. Ya he explicado el problema anteriormente.

Ofalia fue el principal hombre de este Gabinete moderado, dentro del absolutismo.

Es interesante la presencia de Luis López Ballesteros como Secretario de Hacienda en la época 1823-1832: inmediatamente restableció las rentas provinciales, un impuesto regresivo propio de siglos anteriores. Pero Ballesteros tenía muchas ideas, y en 1829 creó el Banco de San Fernando, y apoyó el “código de comercio” de Pedro Sainz Andino sin importar que éste fuera liberal, y en 1831 creó la Bolsa de Valores.

 

El 3 de diciembre de 1823 se restableció el Consejo de Estado. Lo componían 11 personas: el Rey, don Carlos, don Francisco de Paula (ambos, Don Carlos y don Francisco, podían sustituir al Rey en la presidencia del Consejo de Estado en caso de ausencia de éste, función que se denominaba en la época “asistentes” y hoy llamaríamos vicepresidentes), Francisco Eguía que actuaba como decano (director de las reuniones), el duque de San Carlos (hombre de confianza del rey), Juan Pérez Villamil, Antonio Vargas Laguna (que había pertenecido al Gobierno de la Regencia y murió en 1824), Antonio Gómez Calderón (miembro de la Junta de Oyarzun), Juan Bautista Erro (de la Junta de Oyarzun), Antonio García de la Torre (del Gobierno de la Regencia) y el canónigo Juan Antonio Rojas Queipo.

Al Consejo de Estado asistían también los Secretarios de Estado y Despacho del Gobierno (o Ministros) y un secretario del propio Consejo de Estado. Sería sustituido por un Consejo de Estado en 6 de enero de 1826, durante el Gobierno de Infantado, integrando a más personalidades de ideología absolutista, hasta 19 miembros, y en los artículos sobre este tema aparecen confusiones entre ambos.

Este Consejo era muy heterogéneo y lo integraban algunos moderados que querían indulgencia y reconciliación con los constitucionales, y algunos ultrarrealistas que querían la máxima dureza antiliberal. Los dos bandos estaban muy definidos, y reflejaban más el Gobierno que hubiera querido Fernando VII que aquél que le habían impuesto las potencias europeas. Pero por esto mismo, por ser tan heterogéneo, se mostró como un fracaso: el primer asunto que trató fue la amnistía prometida a Europa, y los embajadores europeos reiteraron, los días 10, 16 y 27 de diciembre, que querían una amnistía amplia. La disposición del Consejo era posponerla. Pero el 28 de diciembre se propuso el tema, y Ofalia, López Ballesteros y Cruz defendieron un indulto general, otros propusieron diferir de momento la medida, y Erro, Gómez Calderón, Salazar, Rojas Queipo, don Carlos y don Francisco se negaron tajantemente a cualquier indulto. El segundo tema a tratar fueron los dineros que Francia pidió por la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, 34 millones de francos, y el Consejo volvió a disentir de modo que tuvo que ser disuelto dos meses más tarde sin haber decidido nada de nada.

 

El programa de Irujo de 4 de diciembre de 1823 era ambicioso: quería imponer la policía en todo el reino, disolver el ejército y formar otro nuevo, eliminar los sistemas representativos, eliminar a los constitucionales del Gobierno, destruir las sociedades secretas, y se negaba a reconocer la deuda contraída por los Gobiernos liberales de 1820-1823. Este programa parece que fue impuesto a Irujo por Fernando VII, personalmente, en un aparte tras el momento del nombramiento como Secretario de Estado. No daría tiempo a que Irujo lo llevase a cabo, porque murió al mes siguiente.

El 6 de diciembre, Arjona elevó al Rey un informe sobre el estado de las provincias, cuyas observaciones eran alarmantes: en todo el territorio había confusión, desorden, abusos, escasez de recursos, y además se quejaban de que los franceses protegían a los liberales. Ya en temas puntuales, se contaban cosas como en Zaragoza se había impuesto el terror, en Barcelona seguían ejerciendo las autoridades constitucionales porque la guarnición francesa no las había cambiado, en Guadalajara, Cuenca, Toledo y La Mancha habían llenado las cárceles de presos y se vendía la libertad de los mismos, en Extremadura los últimos soldados constitucionales habían arrasado con todo, en Granada se había encarcelado indiscriminadamente y, cuando el general Bourmont había partido para Sevilla, las gentes habían asaltado las cárceles para vengarse de unos liberales que antes les habían perseguido a ellos, y además, los oficiales del ejército salían por las noches a robar a los vecinos (para poder comer), en Valladolid se negaban a recibir a los milicianos nacionales que volvían a los pueblos, en Valencia los constitucionales eran considerados inmunes y no se les juzgaba, en Murcia la miseria era espantosa, en Asturias había muchas bandas de ladrones, y en Santander la guerrilla realista imponía el terror.

 

La actuación del Gobierno Casa Irujo: Del 10 al 17 de diciembre, Ofalia y Casa Irujo se entrevistaron con los embajadores de la Santa Alianza encabezados por Pozzo di Borgo, el embajador ruso. Ofalia habló de una amnistía para delitos menos graves, pero los embajadores pidieron un indulto general, una amnistía amplia, decreto que debería contener las menos excepciones posibles y estas deberían estar muy explícitas de forma que todos los españoles conocieran con claridad su futuro político. Ofalia no pudo prometer otra cosa que un juicio justo para todos, y los embajadores se fueron muy disgustados.

El 18 de diciembre de 1823, Ballesteros hizo una gran reforma de Hacienda: creó la Dirección General de Rentas para llevar las cuentas de la administración y la recaudación, y la Tesorería General del Reino para distribución de los dineros.

El Gobierno Casa Irujo tuvo muy poco tiempo y pocas actuaciones: mandó suspender las elecciones a alcaldes y ordenó que en adelante los pueblos presentaran ternas de candidatos, entre las que elegiría el rey al alcalde.

Casa Irujo murió repentinamente el 25 de diciembre de 1823 y hubo que cambiar de Secretario de Estado, siendo escogido Ofalia para el cargo.

 

 

Conciencia de pobreza en 1824.

 

El 5 de enero de 1824 se creó la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, dirigida por Pérez Villamil, primero de los organismos económicos propios de la Década Ominosa.

La Historia General de España y América afirma que en 1824 se tomó conciencia por fin de la pérdida definitiva de América. Y el desastre de Ayacucho de diciembre de ese año vino a confirmar plenamente ese sentimiento, o sensación. Y lo curioso del asunto es que no vino mal al país: se empezaron negocios modestos y autónomos, desde abajo, desde la pequeña y mediana empresa. El Gobierno colaboró desgravando algunos productos del campo, lo cual volvía a hacer viables los cultivos, y se plantó naranja dulce, olivos y vides, que llevaban en retroceso desde la guerra pasada. Sabemos que la industria textil de Béjar compró maquinaria en Bélgica y Sajonia e intentó rehacerse del desastre de posguerra.

Hacia 1827 tendremos signos de recuperación ya seguros, y la economía iniciaría un ciclo positivo a partir de esa fecha.

 

 

[1] Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá, 1773-1842, duque de Santa Isabel, hijo de labradores pobres, estudió Filosofía y Leyes en Zaragoza mientras servía en casa de una señora de la ciudad. Se hizo abogado de la Audiencia de Zaragoza, y fue un reformista ilustrado que presentaba proyectos para la agricultura y el comercio. Decidió medrar en Madrid y cortejó a la hija del médico de Godoy para entrar en un puesto de Gracia y Justicia. A la caída de Godoy, en 1808, repudió a su esposa. Permaneció en España en 1808-1814 y estuvo en el grupo patriota pero defendiendo opiniones en contra de los liberales y, el 2 de septiembre de 1813 fue nombrado fiscal del Tribunal Especial de Órdenes, y en 1814 oficial mayor de la Secretaría de Estado y Despacho Universal de Indias. Posteriormente fue Subsecretario de Gracia y Justicia. En 1820 vio terminada su carrera política al llegar los liberales, y se retiró a Pamplona. En 1823, con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis, recuperó su carrera siendo nombrado secretario de la Regencia Provisional de Infantado. Era uno de los máximos dirigentes de los Apostólicos o grupo absolutista ultrarrealista. En enero de 1824 fue Secretario de Gracia y Justicia y repitió el cargo en julio de 1824 y octubre de 1825. El 14 de octubre de 1824 publicó un Plan General de Estudios del Reino, reformando la Universidad en el sentido de eliminar estudios de ciencias e incrementar los de Derecho y Teología. En 1825 intentó la reforma de la escuela primaria. También creó escuelas de tauromaquia. En enero de 1832 llegó a ejercer realmente la Secretaría de Estado, aunque el titular fuera Gracia y Justicia, y alcanzó el máximo de su poder político. En 1832 se hizo partidario de D. Carlos y logró la derogación de la Pragmática Sanción de 1830, lo cual fue la anécdota más conocida de su vida, al tiempo que se relata que la infanta Carlota le dio una bofetada y él respondió “manos blancas no ofenden”, lo cual puede no ser rigurosamente histórico. Se oponía a los absolutistas moderados como Cea y López Ballesteros, que le derribaron en octubre de 1832. Cayó definitivamente con la desaparición de Fernando VII. Durante el resto del siglo XIX fue valorado como un mal gobernante.

[2] Ignacio Martínez de Villela y Sanz, -1827, había sido miembro del Consejo y Cámara de Castilla hasta que le depuso José Bonaparte en 1808, pasándose entonces a los patriotas. El Consejo de Castilla también fue suprimido en el bando patriota en abril de 1812. en mayo de 1814, Martínez de Villela fue nombrado juez de policía por el Secretario de Gracia y Justicia Pedro de Macanaz, y su misión fue perseguir liberales. Informó de que era imposible redactar concluir y sentenciar en pocos días los miles de expedientes de castigo a los liberales que se le pedían, sobre todo careciendo de documentos concretos y personales que inculparan a los acusados, por lo que se le ordenó hacer acusaciones en general basándose en actas de las Cortes y artículos de periódicos, pasando el asunto a ser un tema más político que jurídico, que servía para eliminar a los diputados y cargos políticos de la época anterior. En 1816 se decidió que el asunto de las depuraciones de liberales lo llevasen los tribunales ordinarios. En 1823, Martínez de Villela fue de nuevo nombrado presidente del Consejo de Castilla, hasta su muerte en 1827.

[3] Carlos María Isidro Benito de Borbón y Borbón Parma, 1788-1855, conde de Molina, era el segundo hijo varón de Carlos IV de España y María Luisa de Parma. Había nacido en 1788 en Madrid. Huyó a Francia en 1808 con su hermano Fernando VII y estuvo con él durante mucho tiempo, volvió a España en 1814, juró la Constitución en 1820, se casó en 1816 con María Francisca de Asís de Braganza y Borbón, sobrina suya y hermana de la mujer de Fernando VII, pues ambas eran hijas de Juan VI de Portugal y de Carlota Joaquina de Borbón, de la que tuvo tres hijos que se llamaron Carlos Luis de Borbón y Braganza, 1818-1861, conde de Montemolín; Juan de Borbón y Braganza, 1822-1887, conde de Montizón; y Fernando de Borbón y Braganza, 1824-1861. María Francisca murió en 1838 y entonces Carlos se casó con otra hermana de su difunta mujer, María Teresa de Braganza y Borbón, princesa de Beira de 38 años de edad entonces (Carlos ya tenía 50).

[4] Mariano Rufino González había trabajado en el Consejo de Hacienda. También se le cita como corregidor de Tarazona de la Mancha en 1811. Fue Alcalde de Casa y Corte para Fernando VII y Superintendente General de Policía del Reino. Tras su trabajo en 1823 como superintendente de policía, época en que había espiado a los ultrarrealistas, fue depurado y desterrado de Madrid en 1824, quedando como otros miles de funcionarios en espera de juicio, y que, como era una cuestión política suscitada por el Consejo de Ministros, no se realizaba nunca.

[5] Francisco Chaperón de la Barca, conocido como el brigadier Chaperón, aunque era mariscal de campo, fue Superintendente de Vigilancia Pública en septiembre de 1823. en 1832 sería confinado a San Antón (La Coruña), desde donde regresó a Madrid en 1836.

[6] Roger Bernad Charles d`Espagne y de Ramefort, 1775-1839, llegó a España en 1791 huyendo de la revolución francesa y su familia se instaló en Baleares mientras él se enrolaba en el ejército español, donde llegó a general. Luchó en Bailén, Arapiles y Vitoria. En 1814 se quedó en España y recibió los títulos de Conde de España y vizconde de Causerans, distinguiéndose por su ultraabsolutismo. En 1823 fue gobernador de Barcelona y dirigió el terror antiliberal en Cataluña, mostrándose excesivamente cruel. En 1833 se haría carlista. En 1839 fue asesinado por los propios carlistas, los que como Maroto estaban ya cansados de tanta guerra, y su cuerpo fue arrojado el Segre.

[7] José de la Cruz, 1786-1856, nació en Zaragoza y estudiaba en al Universidad de Salamanca cuando se produjo la rebelión de 1808, poniéndose a las órdenes del general Cuesta. Ascendió a general en 1811. Pasó a México con el virrey Francisco Xavier Venegas de Saavedra y Ramírez de Arenzana, marqués de la Reunión y combatió a los hombres de Miguel Hidalgo (José Antonio Torres, José María Mercado, y Ruperto Mier). Fue intendente en Guadalajara desde 1811 a 1821, cuando fue vencido por Iturbide y regresó a España donde fue Secretario de Guerra en diciembre de 1823, en enero de 1824, en julio de 1824 y en diciembre de 1832, y de Marina en marzo de 1833. En 1833 fue nombrado por Fernando VII miembro del Consejo de Regencia. Se declaró carlista. En Vergara 1839 se le reconoció el cargo de Teniente General y senador vitalicio. En 1845 se exilió a Francia.

[8] Miguel de Ibarrola González, 1776-1848, marqués de Zambrano, ingresó en el ejército en 1791 y fue nombrado capitán de dragones en 1892, siendo destinado a la guerra contra los franceses en Cataluña. En 1801 estuvo también en la Guerra de las Naranjas. El 2 de mayo de 1808 estaba destinado en Mallorca y se declaró patriota, pero se negó a pasar a luchar en la península y fue relevado del mando, perdonado e incorporado a la lucha en Cataluña, donde de nuevo desobedece a Enrique O`Donnell una orden de ataque y es relevado de nuevo y procesado. Volvió a la acción militar en 1813, ya al final de la contienda. En 1819 fue gobernador militar de Zaragoza, y en marzo de 1820 fue apresado y cesado por negarse a jurar la constitución. En 1823 fue nombrado gobernador militar de Málaga y en 1824 ascendido a teniente general. En junio de 1825 fue Secretario de Guerra. En octubre de 1832 fue Capitán General de Castilla la Nueva. (Fuente: E. Gregón y J.J. Torres, Archivo General Militar de Segovia).

[9] Fuente: Luis Suárez Fernández, Historia General de España y América,, Del Antiguo Régimen hasta la muerte de Fernando VII. RIALP, tomo XII. 1981.

[10] José de la Serna y Martínez de Hinojosa, 1770-1832, conde de los Andes, ingresó en 1782 en la academia de artillería de Segovia y luchó después en Marruecos, El Rosellón y contra los británicos. En 1808 defendió Valencia y Zaragoza, donde fue apresado y llevado a Francia. En 1815 fue destinado al Alto Perú y pacificó la zona. En 1817 recibió el encargo, del virrey Joaquín de la Pezuela, de atacar Tucumán y hacer frente a las fuerzas de San Martín que estaban en Mendoza, misión en la que fracasó por no tener caballería suficiente. San Martín desembarcó en Perú en septiembre de 1820 y trató de negociar con Pezuela la independencia sudamericana. Los españoles acabaron deponiendo a Pezuela y haciendo virrey a José de la Serna, lo cual fue ratificado por España en 1821 y por Fernando VII en agosto de 1824. José de la Serna luchó contra San Martín hasta 1824, hasta ser derrotado en Ayacucho pro Antonio José Sucre. Regresó a España en enero de 1825 y recibió el título de Conde de los Andes.

[11] Carlos Fernando Martínez de Irujo, marqués de Casa Irujo, nació en Cartagena en 1765. Estudió en Salamanca. Era diplomático y fue embajador en Holanda, en Inglaterra, en Washington, donde se casó con una americana y negoció en 1795 la cesión de la Luisiana a Francia, y también, en 1808 y mandado por la Junta Central, fue embajador en Río de Janeiro ante los reyes portugueses y Consejero de Estado. En 1814, Fernando VII le nombró Consejero de Estado y en septiembre de 1818 Secretario de Estado hasta junio de 1819, que fue derribado por Lozano de Torres. Volvió a ser Secretario de Estado en diciembre de 1823, pero falleció al poco, en 25 de diciembre de 1824, en Madrid.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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