El Gobierno Evaristo San Miguel,

5 de agosto 1822 – 28 de febrero 1823

 

Eran Secretarios de Despacho:

Estado, Evaristo Fernández San Miguel Vallador[1].

Gobernación del Reino para Península e Islas Adyacentes, José Fernández Gascó (citado en algunas fuentes como Francisco de Paula Fernández Gascó).

Guerra, Miguel López-Baños Monsalve.

Hacienda, Antonio Martínez / 6 agosto 1822: Mariano Egea Gaya.

Gracia y Justicia, Felipe Benicio Navarro.

Gobernación de Ultramar, José Manuel Vadillo.

Marina, Dionisio Capaz Rendón[2]

 

Era un Gobierno exaltado, contrario a los deseos de Fernando VII. Pero los exaltados estaban divididos en dos bandos enfrentados que podíamos denominar los “masones” (más intelectuales y moderados) y los “comuneros” (más populistas). El Gobierno de San Miguel era una especie de coalición entre ambos grupos exaltados, y sus líderes eran Istúriz, Riego y Alcalá Galiano. No sabemos cómo Fernando VII aceptó este Gobierno pero quizás fuera para justificar la intervención extranjera que estaba negociando, o para no ser sustituido fulminantemente como rey por una regencia o una república, y ganar algo de tiempo.

Evaristo San Miguel es calificado en la Historia General de España y América como un hombre de buena voluntad, culto, pero sin dotes de Gobierno, que se rodeó de los incapaces que había conocido en las luchas contra los moderados (los conocidos como “sanmigueles”): Fernández Gascó fue conocido en su época como “el ministro de desgobernación” debido a su incompetencia; López-Baños carecía de un mínimo de cultura; Mariano Egea carecía de prestigio y colaboradores gubernamentales; Dionisio Capaz era conocido como “el incapaz” por su incompetencia. El único mérito de todos ellos era haber sido masones-comuneros, líderes de la calle. Lo curioso fue que no contentaron tampoco a los comuneros, que siguieron atacando al Gobierno, pues sus ideas populistas eran insaciables, dado que la utopía no tiene límites. Además, los comuneros hicieron correr la voz de que los ministros de San Miguel eran también derechistas, conservadores.

Este Gobierno exaltado era un tanto utópico y resultó corrupto: Lo componían unos teorizadores utópicos dispuestos a justificar el populismo, que dijeron que se debía confiar en los “hombres libres” para continuar la revolución de 1808. Esos “hombres libres” llegados al Gobierno eran una masa de indeseables, distintos personajillos, antes inadaptados sociales, que aprovechaban para beneficiarse de los cargos del Gobierno con descaro. Los liberales moderados llamaban despectivamente a los ministros de este Gobierno “los Siete Niños de Écija”, en alusión a la famosa cuadrilla de bandoleros. Si nos atenemos a lo que dice la Historia General, San Miguel sería distinto a la cuadrilla de colaboradores que escogió para gobernar.

La primera medida del nuevo Gobierno fue juzgar a los golpistas de 7 de julio, proponiendo el coronel Paredes juzgar a todo el Gobierno anterior saliente, pero las Cortes no se lo permitieron. Fueron condenados a muerte el guardia que asesinó a Landaburu, el teniente de la Guardia Real Goiffieu y el general Elío, que fue ejecutado a garrote en Valencia.

Lo segundo fue convocar Cortes Extraordinarias con la misión de estudiar nuevas ordenanzas del ejército y un código de procedimientos militares.

También se reabrieron las Sociedades Patrióticas, aunque esta vez reguladas por ley.

La parte positiva de San Miguel es que trató de evitar el sufrimiento del rey, y prohibió los insultos y el canto del trágala, resultando que un exaltado, San Miguel, hizo contra los exaltados populistas, lo que no se había atrevido a hacer ningún Gobierno moderado, controlar la calle. Por eso, San Miguel será bien considerado en la historia.

La parte más negativa de San Miguel fue la propuesta de cambiar a todos los gobernantes moderados en todos los niveles de la administración, sin distinguir eficaces de vagos, corruptos de cumplidores. Esta medida sólo podía servir para “contentar a la basca”, pero ni aún a ellos les gustó, y siguieron protestando contra el Gobierno, que era lo único que sabían hacer. Con ello, San Miguel tuvo apoyo del grupo de los “exaltados masones”, pero no del grupo de los “exaltados comuneros”.

El Gobierno de Evaristo San Miguel era un imposible, condicionado por la utopía de algunos dirigentes, el populismo exaltado de las masas que les apoyaban, la oposición de muchos militares que querían una constitución ultramoderada, y la rebelión abierta de muchos absolutistas. Además, Europa amenazó a San Miguel y sus ministros, mostrando desacuerdo con la política de irregularidades que estaba haciendo el Gobierno español.

 

 

La regencia realista de Urgel.

 

Francia aceptó como jefe de la sublevación contra los liberales españoles a Bernardo Mozo de Rosales marqués de Mataflorida, el que había sido primer firmante del Manifiesto de los Persas en 1814. Para el mando de las tropas en Cataluña se buscó a Antonio Marañón, el Trapense, (que había sido monje de la Trapa), que fue quien dirigió el asalto a Seo de Urgel, y fusiló a toda la guarnición que se había resistido en esa ciudad.

Los absolutistas se habían constituido en Regencia en Seo de Urgel declarando al rey cautivo. Se trataba de una fuerza de “voluntarios realistas” que se denominaban a sí mismos “ejército de la fe”, y pidieron ayuda a Metternicht de Austria para restablecer el absolutismo.

El 12 de agosto de 1822 los realistas constituyeron la Regencia de Urgel, y se cesó a la Junta de Cataluña. Declaraban regentes de España a Bernardo Mozo de Rosales marqués de Mataflorida, al futuro obispo de Tarragona Jaime Creux[3] y a Joaquín Ibáñez Cuevas barón de Eroles. Era presidente Mataflorida, y llevaban las carteras de Estado Antonio Gispert, de Guerra Fernando de Ortaffa, y otros negociados Domingo María Barrafón[4]. Embajador de la Regencia en París era Fermín Martín Balmaseda. Embajador ante el Congreso de Verona era Antonio Vargas Laguna en octubre de 1822.

También se constituyó una Junta Provincial con un vocal de cada corregimiento que se adhiriera.

El 15 de agosto los realistas pidieron a Eguía que se convirtiese en el jefe militar realista. Francia le expulsó entonces de Bayona, pero se fue a Tolosa, y con Grimarest[5], Calderón, Erro[6] y Jaime Creux, formó un nuevo Gobierno absolutista sin Mataflorida. Mataflorida no se podía creer que prescindieran de él y nunca quiso abandonar un liderazgo que ya no tenía. Francisco Ramón Eguía era la nueva cabeza de los realistas.

El 15 de agosto de 1822 proclamaron a Fernando VII como rey y elaboraron tres manifiestos:

La Exposición a su Majestad, declaraba cautivo a Fernando VII y el objetivo realista de liberarle.

El Manifiesto a la Nación, declaraba ilegal al Gobierno liberal y anunciaba Cortes para fecha indeterminada.

La Proclama de Eroles, pedía una constitución diferente a la que regía en ese momento en España.

 

La guerrilla realista se propuso fortalecer la regencia:

El Trapense pasó a Huesca y acabó en Navarra, conectando con Quesada. Entonces, el 30 de agosto, la sublevación de Navarra se unió a la de Cataluña. La Junta de Navarra y el general Eguía, no pudieron hacer otra cosa que seguir al ejército mandado por Quesada, su ejército principal.

El 12 de septiembre, Mataflorida hizo una petición al Congreso de Verona para que restablecieran el absolutismo en España. Pero Francia no atendió estas peticiones realistas. También emitió vales reales al 5% para conseguir fondos, pero no hubo suscriptores. En general, la población española se mostraba indiferente a avatares políticos. El “pueblo”, citado por los liberales y por los realistas como su apoyo, era una minoría de personajes populistas, y no una mayoría del pueblo español.

El 25 de septiembre, la Junta de Bayona formada por O`Donnell, el Inquisidor General, los obispos de Tarragona y Pamplona y el general de los capuchinos, aceptó la autoridad de la Regencia de Urgel. España, desde este momento, estaba en guerra civil a los ojos de Europa. Era un golpe importante para los liberales.

Aspecto negativo para los realistas de la regencia, es que podía ser atacada fácilmente, puesto que perdía la movilidad constante de las partidas realistas fijándose en un punto, Seo de Urgel. Sin embargo, hay que constatar que los guerrilleros realistas siguieron como hasta entonces, desconectados de la Regencia y en completa movilidad.

 

 

Ataque liberal a la regencia realista.

 

Una vez que la Regencia Realista de Eguía se hizo pública el 15 de agosto de 1822 y tuvo su propio ejército, el Gobierno de San Miguel nombró como generalísimo del ejército del Norte a un experto guerrillero, Espoz y Mina. Este general liberal, tenía un objetivo concreto a atacar: Urgel. Como buen guerrillero se mostró hábil y cruel.

El 10 de septiembre, Mina anunció su ataque y anunció que actuaría con dureza. Envió a Miláns a Gerona, Rotten a Manresa, y Manso a Tarragona. Estas tropas dominaban fácilmente las ciudades pero se quedaban encerradas en ellas pues no dominaban el campo. La situación era de guerra civil entre los liberales exaltados por el bando gubernamental, y la Regencia de Urgel por el otro lado. Pero no era guerra generalizada a toda la población. Eran dos bandos de exaltados, cada uno con sus ideas inamovibles.

El 13 de septiembre, Mina atacó Bellpuig, y el 14 Torrijos entró en Cervera, atacando después a los realistas en Castellfullit, que fue arrasada el 24 de octubre, hasta el punto de redactarse un cartel que ponía “aquí existió Castellfullit”. El 26 de octubre Mina venció a Eroles en Torá, y el 3 de noviembre entró en Balaguer. El 11 de noviembre cayeron Tremp y Talarn, y fue sitiado Urgel, que cayó el 3 de febrero. El 18 de marzo de 1823 los realistas estaban expulsados de España.

Parecía que los exaltados, cuando obligaron a la Regencia a refugiarse en Francia, iban ganando la batalla militar, pero la multitud de opiniones pro-absolutistas en el resto de España no disminuía por ello. Las masas populares rurales españolas eran absolutistas. La batalla de la opinión pública no estaba ganada.

Los regentes de Urgel se retiraron a Puigcerdá y a Llivia con las fuerzas que les quedaban, para protegerse de un ataque inminente. Los franceses les desarmaron, y Fernando VII dio por disuelta la Regencia en diciembre de 1822. Pero la Regencia se negó a admitir las órdenes de Fernando VII, alegando que Fernando estaba prisionero de los liberales y no eran válidas sus órdenes, lo cual fue confirmado por Fernando VII en enero de 1823. Eroles pasó a París y exigía de tal modo la intervención militar en España, que fue confinado por los franceses en Lyon en mayo de 1823. Con ello, el más moderado de los realistas, el que estaba dispuesto a evolucionar políticamente aceptando incluso una Carta Otorgada, quedó eliminado de escena.

Los realistas volvieron a la fase de guerrilla, en la que habían estado los dos años últimos. Volvieron a dominar los pueblos de Navarra, Huesca, Teruel, Tarragona y Castellón, pero ninguna ciudad. Uno de los ataques más importantes fue el de Bessieres, antes republicano y en 1822 realista, que tomó Guadalajara y Brihuega, acercándose a Madrid, pero no tuvo más repercusión. La trascendencia más importante de este movimiento fue preparar la invasión francesa de 1823.

 

El 12 de octubre de 1822, San Miguel declaró una especie de dictadura nacional a fin de imponer “un nuevo orden”, figura muy conocida y repetida en la historia de España, por desgracia. Tal vez era una respuesta conjunta a la sublevación realista y a los motines de los exaltados. Lo cierto es que deportó a los moderados que no le gustaban, permitió matanzas en Badajoz y en La Coruña (donde 50 presos fueron arrojados al mar), el arrasamiento de Cervera y Castellfullit en el ataque a los realistas, el asesinato de Roten…

 

 

Apoyo internacional a la Regencia absolutista.

 

Francia no tenía claro qué debía hacer en España. Desde 1820, había mostrado desagrado frente a los liberales españoles, pues al rey le desagradaba la revolución liberal. Pero tampoco podía aceptar la brutal represión habida desde 1814 a 1820 contra los liberales. En Laybach se había inhibido ante la presión del zar exigiendo hacer algo, y se había limitado a poner un ejército al norte de los Pirineos, sobre todo en la Catalogne.

En 1822, con el Gobierno de Martínez de la Rosa, Francia había pensado que era posible evitar la intervención mediante un simple acuerdo por el que los españoles modificaran la constitución de Cádiz, y la reemplazaran por una Carta Otorgada o algo así. Pero cayeron los moderados españoles y, con Evaristo San Miguel, todo acuerdo de quitar la constitución de Cádiz era imposible.

En septiembre de 1822 Francia hizo un cambio político importante. Sus ejércitos de los Pirineos ya no serían Cordón Sanitario, sino Ejército de Observación, lo cual significaba decisión de intervenir en España. Pero, de momento, se limitaron a apoyar a las partidas realistas. Fernando VII estaba dispuesto a convocar unas Cortes estamentales y a dar una Carta Otorgada, además de ciertas ventajas para los franceses en las colonias españolas. Todo parecía favorable a evitar la intervención.

El 20 de octubre de 1822, el francés Montmorency[7] y el zar Alejandro habían convocado a la Santa Alianza en Verona para tratar el tema de Grecia, es decir, la sublevación griega de marzo de 1821, y evaluar la situación en Italia, en donde Nápoles y Piamonte habían tenido sublevaciones liberales.

Metternicht y Wellington no estaban dispuestos a hacer una guerra en España, pero Alejandro de Rusia y Luis XVIII sí estaban por la intervención. Francia tenía un problema interno, pues Villele[8] el líder del Gobierno francés y ministro de Finanzas, no estaba por la intervención, mientras que Montmorençy y Chateaubriand querían prestigiar a Francia ante los aliados. El 30 de octubre decidieron la intervención en España. Inglaterra, en una negociación en París, intentó que no hubiera guerra en España, pero no logró nada.

En 22 de noviembre de 1822 se reunió efectivamente en Verona el Congreso de la Cuádruple Alianza (Rusia, Francia, Austria y Prusia) ya transformado en la práctica en la Santa Alianza desde julio 1820 en Troppau. Presidía el Congreso Metternich. Estaban allí: Metternich por Austria, Wellington por Gran Bretaña, Nesselrode por Rusia, Bernstolf por Prusia, y Montmorency por Francia.

Pero el tema de España oscurecería por completo al de Grecia e Italia, y las conversaciones derivaron enseguida al tema de España, que fue casi lo único que se discutió. El asunto que interesaba al Zar de Rusia era la situación española, el acabar con los liberales españoles, y pronto el Congreso derivó al tema español. Alejandro estaba acompañado de Nesselrode, Pozzo di Borgo y Tattischef, y defendían la intervención de Rusia en España, pues no se fiaban de una Francia que se había mostrado tolerante con España en años anteriores.

La intención de Metternich era frenar a Rusia y, para ello, pidió la presencia de Gran Bretaña en Verona. Gran Bretaña envió un representante, pero no de buena gana, pues no tenía buenas relaciones con las potencias europeas: Castlereagh retrasó el nombramiento, se suicidó, fue sustituido por Canning, y Gran Bretaña acabó nombrando delegado británico en Verona al duque de Wellington, quien, como todos esperaban, se opuso a la intervención en España y se opuso a que Francia fuese quien interviniese, pues la presencia de Francia perjudicaba los intereses comerciales británicos en España.

El Jefe de Gobierno francés Villele veía peligrosa la intervención en España, pues las sociedades secretas, también presentes en el ejército francés, podían minar el ejército francés y trasladar a Francia los problemas de España. Además, como ministro de finanzas, no tenía dinero para una campaña militar dura como podía ser la española.

El Ministro de Estado (Asuntos Exteriores) Montmorençy quería intervenir en España porque opinaba que ello reforzaría la posición francesa ante los aliados. Por eso, no obedeció las órdenes de Villele y acordó la invasión en Verona. Fue depuesto nada más llegar a París y comunicar lo que había sido su decisión personal.

Brunetti, embajador austriaco en Madrid, escribió una carta al Congreso de Verona y comunicó un próximo acuerdo entre Fernando VII y los moderados españoles, lo cual eliminaba las causas de intervención. Brunetti pedía un intento de mediación amistosa previo a la intervención armada decidida. Entonces, las potencias acordaron que cada una de ellas enviara una nota al Gobierno español exigiendo la abolición de la constitución de Cádiz, lo que evitaría la invasión.

Los delegados del Congreso de Verona enviaron una nota a Evaristo San Miguel para que suprimiera la constitución, y añadieron que, en caso de negativa, Rusia invadiría España y restablecería el absolutismo. Austria y Francia se asustaron ante la posibilidad de que ejércitos rusos pasasen sobre su territorio, y Francia ofreció su ejército, sobre todo para evitar la presencia de un ejército tan incómodo como el ruso en esta zona occidental de Europa.

Francia preguntó si tendría el apoyo de las demás potencias en caso de invadir España, y asintieron todos menos Wellington, y ello supuso la ruptura de Inglaterra con la Santa Alianza. Entonces Francia decidió que cada potencia enviara a España unas notas diplomáticas exigiendo reforma de la constitución de Cádiz, para luego poder hacer la invasión militar más “legalmente”.

Prusia fue la primera en elaborar su nota acusando al Gobierno liberal español de injusto, violento y tiránico, y Rusia y Austria las tenían preparadas el 26 de septiembre, aunque las notas no fueron presentadas en España hasta enero de 1823.

En 2 de diciembre de 1822, el francés Villele dimitió como ministro, al saber que Montmorency había acordado la intervención armada en España.

 

 

Actuación europea en enero de 1823.

 

Los días 4 y 6 de enero de 1823 se recibieron en España las notas de censura de los Gobiernos europeos al Gobierno español. Francia, Rusia, Austria y Prusia pidieron al Gobierno de España la abolición de la Constitución y la libertad del rey, a quien consideraban prisionero. Rusia pedía el restablecimiento del absolutismo, Francia y Austria pedían una Carta Otorgada por el rey, y Prusia decía no querer intervenir en asuntos de países extranjeros en esa materia.

En España, los liberales moderados hicieron piña con sus compañeros exaltados. El Secretario de Estado, San Miguel, consideró que la recomendación de Francia era una injerencia intolerable de un país extranjero en otro, y decidió expulsar de España a los embajadores de las potencias europeas: Rusia, Francia, Austria y Prusia. También se decidió la ruptura con El Vaticano, se expulsó al nuncio y se decretó que los obispos rebeldes serían destituidos por el Gobierno.

El 28 de enero de 1823, un discurso de Luis XVIII en la apertura de las Cortes francesas, anunciaba la invasión de “cien mil franceses preparados para avanzar invocando al Dios de San Luis, para conservar el trono de España para un nieto de Enrique IV”. Les mandaría el duque de Angulema auxiliado por el conde de Guilleminot[9] y los generales Oudinot, Molitor, Hohenlohe y Monçey. En realidad fueron 95.000 hombres, pero fueron conocidos como los Cien Mil Hijos de San Luis.

No se trataba de restaurar el absolutismo sólo en España, sino en todos los territorios donde había movimientos revolucionarios que podían llevar al desorden, desde el punto de vista de los restauradores del Congreso de Viena y de las conferencias posteriores de Aix la Chapelle (Aquisgrán para los alemanes) 1818, Troppau 1820, Leibach 1821 y Verona 1822. En Verona se decidió que Austria se encargaría de restablecer el orden en Italia, Francia en España, Prusia en Alemania, y Rusia en Polonia y Rusia.

 

Francia proponía un Gobierno de España con Francisco Ramón Eguía, Joaquín Ibáñez-Cuevas de Valona barón de Eroles, Jaime Creux Martí obispo de Menorca y arzobispo preconizado de Tarragona, Antonio Gómez Calderón[10] y Juan Bautista Erro. Este Gobierno debía ser implantado en España por Angulema.

En España, en enero de 1823 se había constituido un Gobierno realista con Ramón Eguía, Jaime Creux, Pedro Grimarest (mariscal de campo), Gómez Calderón, Juan Bautista Erro. Este Gobierno buscó la participación del barón de Eroles, que se negó a colaborar. Recordemos que Eroles era conservador de derechas, pero no absolutista. Eroles era la principal discrepancia entre el Gobierno realista de enero de 1823 y el plan francés de Gobierno de España.

 

Inglaterra trató de evitar la invasión de España ofreciéndose a mediar, y tratando de persuadir a Francia para que desistiese de la invasión, argumentando que había habido guerras de conquista y guerras de sucesión, pero nunca una guerra para cambiar una constitución en otro país. También pidió a España eliminar los clubes que amenazaban al Gobierno, dar una amnistía, abandonar la persecución de los afrancesados y garantizar la libertad de Fernando VII y su familia.

 

 

Reacción española ante el Congreso de Verona.

 

Ante la notas de censura enviadas por el Congreso de Verona a San Miguel, éste decidió actuar con gallardía española: rechazó fulminantemente las notas ante los diputados españoles, levantando con ello los ánimos de los diputados y de la calle. La “gallardía” era lo menos indicado diplomáticamente. Se entusiasmaron las Cortes españolas con la postura de un San Miguel desafiando a todas las potencias europeas, en un gesto romántico, pero tonto, se aunaron lo ánimos de masones y comuneros a la par, y hasta se habló de levantar un ejército internacional liberal que acabara con todas las potencias absolutistas europeas. Para este ejército, se confiaba en los italianos Pepe, Pecchio y Pacchiarotti, el francés Cugnet de Montarlot (que había fundado en Zaragoza la Legión de la Liberté Europeenne), Horacio d`Atellis, algunos líderes portugueses y algún personaje alemán de poca relevancia. El Gobierno y las Cortes estaban entrando en un suicidio político.

Gran Bretaña, la potencia que se había opuesto a la intervención en España, se negó a cooperar con los liberales españoles en este proyecto de “internacional liberal” y se limitó a enviar como observador a Robert Wilson.

El 10 de enero de 1823, los embajadores de las potencias europeas pidieron sus pasaportes para poder marcharse de España. Todavía el ministro de Estado francés, Chateaubriand, trató de evitar la guerra y comunicó al embajador francés, La Garde, que negociara una vez más con el Gobierno español. No obtuvo ningún éxito y, el 26 de enero, pidió su pasaporte y se fue.

El 28 de enero de 1823, cuando Luis XVIII dijo, que había llamado a 100.000 hombres para la intervención en España, el Gobierno liberal español supo que las cosas iban en serio, y mandó preparar la defensa confiando a Espoz y Mina, Morillo, Ballesteros y La Bisbal, el mando de unos 80.000 hombres, según previsión inicial del Gobierno.

La intervención francesa no fue inmediata, pues empresarios y comerciantes franceses se sentían perjudicados en ello, dado que habían prestado mucho dinero al Gobierno español y temían perderlo. También algunos militares recordaron que Napoleón había anunciado la campaña de España como un paseo, y se había desgastado grave e inútilmente en la Guerra de España. Los liberales franceses protestaban un cierto sentido de “obediencia” de Francia a la Santa Alianza. Villele tuvo que asegurarles que sólo se trataba de restablecer la monarquía en España y no de ocupar un país. El liberal Manuel (o Canuel, desconozco más datos) dijo que la intervención en España ponía en peligro la vida de Fernando VII, y eso contradecía los anuncios del Gobierno. Fue expulsado de la Cámara y todos los liberales la abandonaron con él. Los liberales franceses hicieron propaganda subversiva para que los soldados desertasen. El pueblo francés no quería la guerra: los jóvenes cumplían 6 años de servicio militar y otros seis permanecían en la reserva, y no querían verse implicados en una movilización tan grande como requería la invasión sobre España, e incluso surgió entre ellos un movimiento a favor de Napoleón II, que fracasó.

Los que sí querían la invasión eran los militares franceses, primero porque querían acción, después de cinco años de paz, y segundo, porque decían que iban a ser bien recibidos por los españoles, que también querían restablecer a Fernando VII. Argumentaban que Francia se podía hacer con parte de las colonias españolas en América y mantener el comercio peninsular que ya tenían. Algunos militares disentían.

El éxito de la intervención francesa en España, resultó en la práctica también el fracaso de los liberales franceses que, en 1824, bajarían desde 110 escaños a 19, y el fracaso de la sección pacifista del ejército francés.

En España, López Ballesteros pidió la leva de 120.000 hombres. Concretaba que 30.000 serían de levas nuevas, a los que se unirían las milicias nacionales y las quintas atrasadas. También pidió la compra de armas y pertrechos de guerra y la organización del ejército español entregando a Mina el Primer Ejército de Operaciones en Cataluña con unos 30.000 hombres, a Ballesteros el Segundo Ejército de Operaciones en Navarra, Aragón y Valencia con casi tantos hombres como Mina, a La Bisbal el Primer Ejército de Reserva en Castilla la Nueva y Extremadura, a Morillo el Segundo Ejército de Reserva en Castilla la Vieja, Asturias y Galicia, y a Villacampa el Quinto Ejército. Pero cuando los absolutistas se lanzaron a la calle, apenas se logró reunir a 57.000 hombres de los 120.000 pedidos por López Ballesteros y de los 80.000 previstos por el Gobierno.

 

 

Últimos días del Gobierno Evaristo San Miguel.

 

Por otra parte, la labor legislativa continuaba y, el 3 de febrero de 1823, en un momento muy complicado políticamente, se produjo la primera Ley de Administración Local española[11] denominada “Instrucción para el Gobierno Económico-político de las Provincias”: El alcalde gestionaba el orden público, ejecutaba las disposiciones y acuerdos municipales, era jefe de la Milicia Nacional y rendía cuentas ante el jefe político o Gobernador. El Jefe Político era nombrado por el Rey, tenía como órgano consultivo a la Diputación Provincial y su misión era promover la prosperidad de la provincia. Esta ley, suprimida a los pocos días de ser publicada, volvió a entrar en vigor el 15 de octubre de 1836 (suprimida en 1845), y el 7 de agosto de 1854 (suprimida en 5 de julio de 1856), siendo una de las banderas del partido progresista durante buena parte del siglo XIX.

Las Cortes decidieron abandonar Madrid el 15 de febrero de 1823, pero Fernando VII se negó a marcharse. En principio, la reacción de Fernando VII ante la orden de traslado a Sevilla, fue deponer a todo el Gobierno, pero los masones y los comuneros se manifestaron en la calle, esta vez juntos, y le hicieron desistir y reponer al Gobierno exaltado de San Miguel.

Una vez repuesto el Gobierno, los más radicales, populistas o exaltados, como se quiera, es decir, los Comuneros, estaban dispuestos a apoyar al rey con tal de echar abajo a “los masones” o grupo de liberales moderados dentro de los exaltados. Querían un Gobierno comunero. Los liberales entraban así en lucha “fratricida” cuando más peligro había. Esto es otra señal de las grandes diferencias existentes entre los liberales románticos y los populistas que se decían liberales. También es un signo de la irracionalidad del populismo.

 

La invasión fue preparada por el francés Gabriel Ouvrard, quien se comprometió a buscar los abastecimientos: el Gobierno francés le pagó por adelantado y Gabriel Ouvrard contrató la compra de víveres con muchos comerciantes españoles de diversas regiones de la Península. La invasión esperó que los negocios de Ouvrard estuvieran maduros, y entonces la mitad del ejército francés entró en España.

 

[1] Evaristo Fernández San Miguel Vallador 1785-1862 había nacido en Gijón y luchado en la Guerra de la Independencia. Contrariamente a muchos de los liberales de 1808, seguía siendo exaltado y no moderado doceañista y así continuará hasta el final de su vida. Fue apresado por los franceses y llevado a Francia durante la Guerra de la Independencia. Regresó a España en 1814, donde fue apresado de nuevo por Fernando VII y llevado a Isla de León. El 1 de enero de 1820 se unió al levantamiento de Riego y estuvo fuertemente implicado en el mismo, y se dice que fue el autor de la letra del himno de Riego. En agosto de 1822 era Secretario del Consejo de Estado. En 1823 se tuvo que exiliar y fue a Londres. En 1830 intentó la invasión liberal. En 1834 regresaría para luchar contra los carlistas. Fue ministro de Marina en agosto de 1837 en el gobierno Espartero.

[2] Dionisio Capaz Rendón, 1780-1855, era gaditano e ingresó en la marina, fue diputado en las Cortes de Cádiz en 1813, por lo que fue encarcelado en 1814. En agosto de 1822 fue Secretario de Marina y volvió a serlo en mayo de 1823. En 1823 se exilió y regresó en 1832. Volvió a ser Ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar en septiembre de 1840, para Vicente Sancho, poco antes del golpe de Espartero, y de Guerra en noviembre de 1842 para Rodil. En 1843 se exilió hasta 1847. En 1853 fue vocal de la Junta Consultiva.

[3] Jaime Creux, 1760-1825, fue diputado en 1812, designado obispo de Mallorca en 1815, miembro de la Regencia de Urgel en 1822 y arzobispo de Tarragona en 1823.

[4] Domingo María Barrafont, 1789- , era intendente del ejército, participó en la Regencia de Urgel en 1822 y fue Corregidor de Villa y Corte en Madrid en 1830-1834.

[5] Pedro María Grimarest (o Grimaraest) Oller Legobien y Mendoza, 1764-1841, fue un militar que había estado en Berlín en 1808, y participó después en diversos lances de la Guerra de la Independencia, pero hizo declaraciones anticonstitucionales y fue procesado en 1813. La llegada de Fernando VII fue una suerte para él, pues resultó gobernador militar de Barcelona. En 1820 se negó a firmar la constitución y de nuevo hizo manifestaciones anticonstitucionales y fue acuartelado, hasta que pudo huir a Francia. Y luchar contra los liberales desde allí. Regresaría en 1823 con Angulema. En 1824 fue Capitán General de Aragón. En 1827-1832, fue jefe de los Voluntarios Realistas de Andalucía. En 1833 se declaró carlista, y en 1836 fue deportado a Filipinas, donde murió.

[6] Juan Bautista Erro Azpiroz, 1773-1854, era un vasco que se hizo contador de rentas, propios y arbitrios del reino en Soria, donde se interesó por el lugar de Numancia. Fue diputado en 1810 y luego intendente en varios destinos. En 1821 huyó a Francia y en 1822 colaboró con la Regencia de Urgel. En mayo de 1823 sería Secretario de Estado y Despacho de Hacienda para el Gobierno absolutista de Infantado. En 1825 fue confinado en Valladolid y en 1828 rehabilitado. En 1830 fue confinado en Sevilla y huyó a Londres. En 1836 reapareció como Ministro Universal de Carlos María Isidro, y fue quien insistió en tomar Bilbao, lo que fue un fracaso carlista. En 1839 fue definitivamente desterrado a Bourges (Francia).

[7] Montmorency era ministro de Exteriores de Francia.

[8] Jean Baptiste Guillaume Joseph Marie Anne Seraphin, 1773-1854, conde de Villele, conocido como Joseph de Villele y como Jean Baptiste de Villele, en 1814 se había declarado monárquico y fue alcalde de Toulouse en 1814-1815 y diputado. Se oponía a la existencia de una constitución democrática y se declaraba ultramonárquico. A fines de 1821 fue Ministro de Finanzas de Francia y líder del Gobierno francés. Aprovechó el asunto de España para conseguir un éxito personal y relanzarse políticamente y, en efecto, en 1824 consiguió una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados. La victoria fue aprovechada para hacer las reformas que deseaba como una indemnización a los perjudicados por las desamortizaciones, un castigo a los sacrílegos y blasfemos (gente que atacaba a la Iglesia Católica), ley de restauración del mayorazgo, y ley de justicia y amor (restringiendo la libertad de prensa).

[9] Armando Carlos, 1774-1840, conde de Guilleminot era un general francés.

[10] Antonio Gómez Calderón era un destacado realista en 1823 y fue vocal de la regencia absolutista de Infantado en mayo de 1823 y miembro del Consejo de Estado instituido por Fernando VII en enero de 1826..

[11] Enrique Orduña Rebollo, Municipios y Provincias: historia de la organización territorial española.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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