DE SEPTIEMBRE DE 1821 A FEBRERO DE 1822.

 

 

 

Las Cortes Extraordinarias de 1821.

 

El 30 de junio de 1821 se disolvieron las Cortes ordinarias sin haber acabado de aprobar los asuntos urgentes del momento, así que el 13 de agosto se convocaron Cortes Extraordinarias que debían estudiar los asuntos de la división territorial de España, la guerra de América y el Código Penal. Las Cortes Extraordinarias se reunieron el 28 de septiembre y estuvieron reunidas hasta 14 de febrero de 1822.

Las elecciones a Cortes Extraordinarias fueron en septiembre. Los moderados dieron instrucciones para que fueran elegidas personas liberales, no afrancesados ni exaltados, sino propietarios a poder ser. Los exaltados hicieron campaña en la calle y tomaron como líder de campaña electoral a Riego. Riego fue entonces desposeído de su capitanía general de Zaragoza “por razones de incompatibilidad”. Los exaltados, entonces, sacaron la gente a la calle a favor de Riego.

Interesa resaltar que los grupos “liberales” no se reconocían entre sí como tales liberales. Los exaltados podían ver en sus contrarios, a gentes que no hacían las reformas y concesiones de derechos con la rapidez y en todos los aspectos que ellos consideraban libertad. Los moderados veían en esos exaltados a líderes populistas dispuestos a sacar gente a la calle, incluso contra el derecho de propiedad, la justicia, y el bien general de la nación española. Quién era más liberal, es una cuestión difícil de explicar hoy entre nosotros. Cada uno tenía sus valores liberales y creía en otros valores que no consideramos hoy que se atuvieran a nuestro concepto actual de liberalismo, e incluso a nuestro concepto actual del liberalismo del siglo XIX.

Las elecciones las ganaron los moderados. Los exaltados no aceptaron los resultados, y paseaban el retrato de Riego en manifestaciones, revitalizándose un movimiento popular-populista que tuvo su origen en Cádiz y se extendió a Sevilla, Zaragoza, Valencia, La Coruña, Cartagena… El populismo evolucionó hacia fórmulas ya muy claras y conocidas: la desobediencia civil, no aceptar ni los ceses de políticos exaltados ni los nuevos nombramientos de políticos moderados, y promover los disturbios callejeros.

Los disturbios fueron grandes el 18 de septiembre de 1821: Cádiz se proclamó “República Hanseática de Cádiz” y fue independiente realmente durante dos meses; Galicia era independiente de hecho, aunque no hubiera declaraciones formales de independencia; y Madrid fue una manifestación popular continua, en lucha callejera con la policía urbana y el ejército. Los manifestantes eran dominados, pero con alto coste político. En octubre y noviembre no cesaron las manifestaciones populares, que solían llevar el retrato de Riego en cabeza de la procesión. El Trienio Constitucional había fracasado en el ecuador de la etapa (enero 1820 – octubre 1823), es decir, en verano de 1821. El resto del periodo, es una experiencia populista y la preparación de un golpe de Estado por la coalición de liberales moderados y absolutistas.

 

En octubre de 1821 se presentó una división provincial en 52 provincias con el objetivo de poder calcular la riqueza de cada una de ellas de cara a una tributación proporcional más justa, pero era muy difícil calcularlo porque todas mentían. Se procuró que ninguna sobrepasara los 400.000 habitantes. El proyecto fue aprobado en febrero de 1822, pero se desestimó inmediatamente porque las Diputaciones no estaban conformes con depender de un Jefe Político, y se quedó en suspenso. El tema sería retomado en 1834 por Javier de Burgos.

El 8 de noviembre de 1821 se pidió que Navarra y el País Vasco tuvieran aduanas en sus costas y no en sus límites con Castilla. Los navarros y vascos acapararon todo tipo de mercancías mientras eran territorios de libre comercio y esperaban el traslado de aduanas a la costa para hacer un buen negocio. Santander denunció el caso que se estaba produciendo, y los proyectos de los vascos y navarros fracasaron.

En 18 de diciembre de 1821 las Cortes Extraordinarias aprobaron una ley condenando la resistencia a la autoridad, y recusaron, por 104 a 49 votos, a los ministros del Gobierno, aunque Fernando VII los mantuvo unas semanas más.

Los moderados crearon la “Sociedad del Anillo” para combatir a los exaltados con sus propias armas, con el populismo, mediante Sociedades Patrióticas similares a logias masónicas por su secretismo. Era una sociedad “secreta” en la que los miembros se reconocían por un anillo, es decir, poco secreta. Pero los moderados no lograron nunca restablecer su autoridad a pesar de presentar varias leyes para debilitar a los exaltados: ley de libertad de imprenta controlando las publicaciones, ley de derecho de petición regulando ese derecho y ley de libertad de expresión que trataba de controlar a las Sociedades Patrióticas.

El 21 de diciembre de 1821 las Cortes decretaron que todos los municipios debían organizar su propia beneficencia, así que cada Ayuntamiento hizo su Junta Municipal de Beneficencia para gestionar la casa de maternidad, casa de socorro, hospital y socorros domiciliarios, junta que estaba integrada por 5-9 miembros renovables por mitad cada dos años. Estas Juntas Municipales dependían de la Junta Provincial de Beneficencia compuesta por 7-11 miembros, también elegidos por cuatro años y renovables por mitad cada dos años.

 

 

Dificultades financieras a fines de 1821.

 

El 27 de junio de 1821 se ofrecieron Obligaciones del Estado a los comerciantes españoles al 4%, ingresando la mitad en metálico y la mitad en papel (deuda antigua), y pudiendo reembolsar luego en su día todo en metálico, pero la confianza en el Estado era tan poca que sólo se recaudaron 100 millones de reales de los 350 de la emisión.

En noviembre de 1821 se pidió un empréstito a Ardouin y Hubbard de 200 millones al 4%, en iguales condiciones que en octubre de 1820, esto es, con un 30% de quebranto (el quebranto es la parte que el Estado donaba como comisión de administración). Los inversores extranjeros debían tomar muchas garantías en sus préstamos al Estado español, pues por un lado, necesitaban cubrir riesgos y exigían quebranto, pero por otra parte, los quebrantos altos deterioraban la credibilidad del Estado con cada nuevo préstamo. La realidad del fracaso de hacienda es evidente en el Trienio, pues la deuda se incrementó en más de 2.500 millones de reales.

Los Gobiernos se “olvidaron” por el momento de la deuda exterior que parecía insalvable, y trataron de eliminar la deuda interior para así ganar confianza, y poder luego recaudar más en el interior, y pagar la exterior. Lo primero en este problema era calcular la deuda. Para ello, se hizo una separación entre:

Deuda con intereses, que se calculaba en 6.800 millones y 235 de réditos anuales, y comprendía juros, alcabalas, recompensas, dotes, créditos de Felipe V, vales reales, capellanías, obras pías y mayorazgos y préstamos varios.

Deuda sin intereses, que se calculaba en 7.200 millones y se componía de juros, obras pías, vitalicios, dinero de gremios, dinero del Banco, préstamos, tabaco, censos redimibles, préstamos de propios, préstamos de comerciantes, atrasos de tesorería y deuda fluctuante.

Se decidió eliminar la deuda mediante una desamortización, admitiendo para la compra de las fincas vales reales, créditos y todo tipo de deuda. Surgió una discusión que es fundamental para entender las dificultades del momento: se decidió admitir los vales por su valor nominal a pesar de que se sabía que se podían comprar en el mercado por la mitad de su valor. No se quiso aceptar la realidad, y comprar la deuda en mercado secundario, porque se argumentaba que eso sería un gran descrédito para el Estado y reconocimiento de bancarrota. Esta postura fue criticada por grupos afrancesados, que estaban en la postura de vender tierras a precio de subasta y comprar deuda a precio de mercado. Otro punto de la discusión es que se decidió admitir como pago de las tierras a desamortizar solamente deuda, cuando se podía exigir dinero y ganar el doble, dado el valor real de la deuda. La finalidad de las medidas adoptadas, era ganar credibilidad y hacer que la deuda subiera de precio, lo cual permitiría colocar nuevas emisiones y salir del bache de hacienda tan grave como el que se sufría. Pero la sorpresa fue que la deuda no subió de precio en el mercado secundario.

La desamortización fue un fracaso también por otras causas:

Porque los religiosos vendieron cuanto tenían cuando corrieron los rumores de desamortización, casi siempre en ventas ficticias, y además adquirieron deudas aparentes para demostrar que eran deudores de muchos campesinos y eran muy pobres, y complementaron su campaña amenazando a la gente para que no comprara.

Porque las fincas desamortizadas en 1821 tuvieron remates al 100% del precio de salida, lo cual era un fracaso evidente, dadas las condiciones de pago con deuda. El precio real al que se compraba la deuda era al 50% de su valor nominal a que se endosaban los títulos al pagar las fincas desamortizadas. En 1822, las ventas se animaron y los remates subieron al 180%, que todavía era un precio bajo (90% del valor real de mercado), pero el volumen de negocio fue muy pequeño, pues pocos se atrevían a comprar.

La extinción de la deuda parecía imposible en 1822, pues sólo se habían eliminado 2.400 millones de los 6.500 previstos.

La cotización de la deuda no subió, y ello hacía imposible emitir nueva deuda.

La desamortización de baldíos, realengos, propios y arbitrios fue decretada el 29 de junio de 1822 y se decidió que la tierra fuera para soldados de las revoluciones, y para campesinos sin tierra, es decir, no propietarios. En teoría era una solución inteligente, si hubiera estado bien gestionada, pero los beneficiarios querían la tierra para venderla, para hacerse con un dinero. Los “revolucionarios populistas” predicaban moralidad para los demás, pero se mostraban bastante inmorales.

 

 

Los realistas de Mataflorida a fines de 1821.

 

El caos “liberal”, entre doceañistas irresolutos y progresistas populistas, fue aprovechado por los absolutistas para organizar una vuelta al absolutismo, una reacción a la revolución. Se denominaban realistas.

Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, primer firmante del Manifiesto de los Persas, aparecía en 1821 como cabeza de los realistas. En Pamplona se había organizado una Junta con el noble Francisco Benito Eraso, el canónigo Joaquín Lacarra, el militar Juan de Villanueva, el noble Manuel Uriz y el militar Santos Ladrón de Cegama[1], Junta que tendría mayor relevancia posteriormente, en junio 1822.

El 3 de diciembre de 1821 Mataflorida elaboró un manifiesto anticonstitucional en el que pedía restablecimiento de los mayorazgos, de las inmunidades religiosas, privilegios y rentas eclesiásticas, de las órdenes religiosas y de la Inquisición. Se basaba en el argumento de que el hombre debe respetar los principios sociales de la sociedad en que ha nacido.

Hasta ese momento, las partidas realistas habían sido molestas, pero nunca una alternativa política, pues habían carecido de organización interna como bloque, y de mando común. A las partidas se había sumado no solamente la gente absolutista sino los descontentos con el Gobierno por no repartir tierras a los soldados y a los campesinos pobres, y también los convencidos por los clérigos para protestar por el trato, según ellos negativo, que se le daba a la Iglesia. Pero hasta diciembre de 1821 habían sido dispersados fácilmente, huyendo los catalanes a la montaña o a Francia, siendo derrotado Merino en Navarra, e igualmente Santos Ladrón de Cegama[2] en Navarra.

Los dirigentes realistas como Carlos Luis O`Donnell Jorís[3], Bernardo Mozo de Rosales marqués de Mataflorida y Nazario Eguía[4] vivían en Francia, y en 1820 habían formado una Junta en Toulousse y se habían propuesto reunir unos 3.500 hombres, mandados por Quesada y Guergué, para hacer una intentona en España, pero al no tener armas, lo iban aplazando.

Nazario Eguía propuso que la intentona realista consistiera en la evasión de Fernando VII a una provincia del norte y hacer allí una Carta Constitucional como la francesa. En diciembre de 1821, Fernando VII pidió a Mataflorida un texto constitucional como el francés, pero Mataflorida se negó. Los realistas serían más antiliberales que Fernando VII, otra de las contradicciones que habría que salvar en adelante.

Fermín Martín Balmaseda[5] propuso establecer una regencia en territorio español, como Gobierno alternativo a los liberales, hasta que Fernando VII pudiera ser liberado.

Fernando VII se inclinó por la regencia, pero diciéndoles que debían buscar ayuda exterior, y elaborar un manifiesto a la nación española anulando todas las medidas liberales tomadas desde 1820, y ofreciendo ascensos a todos los soldados, y reducción de contribuciones a los campesinos que se pasasen a los realistas, y amenazando con el exilio a los revolucionarios. Fernando VII estaba cometiendo un error de dimensiones históricas al intentar la marcha atrás en la evolución política y social de España, apoyando a los absolutistas en vez de a los moderados liberales. Pero desconfiaba demasiado de estos moderados, porque se habían mostrado incapaces de tomar responsabilidades frente al desorden. La decisión de Fernando VII no tenía marcha atrás, y condenó su imagen histórica para siempre.

Eguía se puso en contacto con la Junta de Navarra y ocupó Urati en la frontera, haciendo un depósito de armas, municiones y uniformes para el próximo levantamiento.

La Junta de Navarra, de signo realista, se constituyó en diciembre 1821 con Eraso, Lacarra, Juan de Villanueva[6], Manuel Uriz y Santos Ladrón de Cegama.

Los realistas de 1821 procedían de zonas rurales y el prototipo de rebelde realista era un civil, ex guerrillero de la Guerra de la Independencia, que actuaba en táctica de guerrillas y atacaba al ejército de España. Existían desde 1820, pero se hicieron fuertes a finales de 1821 y se extendieron por toda la península. Eran partidas de entre 50 y 600 hombres cuyos jefes más conocidos eran el cura Merino, Zaldívar, Cuevillas, Chaleco, Adame el Locho, los hermanos Cuesta, el Rojo de Valderas, el Caragol, el Trapense, el Farolero de Herrera, Orejita, Palillos, el Jep dels Estanys… podían atacar en cualquier momento, pero no estaban coordinados entre ellos para una acción final que decidiera algo importante. Carecían de armamento pesado, pues su táctica era la movilidad, y esconderse entre la población civil. Nunca hacían campañas lejos de su propio territorio, pues perderían el apoyo civil. No disponían de mucho dinero ni de mandos muy capaces.

En marzo de 1822 se invitó a Carlos O`Donnell a ponerse al frente de las tropas, pero no aceptó. También se enviaron armas a Cataluña, pero los catalanes no obedecían la autoridad de Mataflorida e hicieron su propia rebelión realista.

 

 

Gobierno de López Pelegrín – Santa Cruz.

9 de enero 1822 a 28 de febrero 1822.

 

El 4 de febrero de 1822 hubo un enfrentamiento en las Cortes entre los moderados Toreno y Martínez de la Rosa, por una parte, y los exaltados Romero Alpuente y Calatrava, por otra, que los moderados ganaron en las Cortes. Pero, ante la derrota en el hemiciclo, los exaltados sacaron a la gente a la calle y asaltaron los domicilios de los principales líderes moderados. Los movimientos populistas se extendieron hasta Murcia y Barcelona, y las víctimas fueron clérigos católicos.

Con ello empezó el anticlericalismo violento en España. Anteriormente a estos asesinatos de frailes en Cataluña, el anticlericalismo sólo era una crítica a la jerarquía hecha por creyentes católicos. Criticaban la simonía, la acumulación de riquezas, la lujuria, la avaricia del clero. Pero la actuación de la Iglesia al lado de Fernando VII, del absolutismo y de la represión, iba a cambiar las cosas. Los primeros muertos de entre los clérigos fueron en 1822, pero luego murieron otros en 1834 en Madrid en tiempo de epidemia de cólera, cuando unos curas dijeron que el cólera era un castigo divino a los liberales, prolongándose este comportamiento hasta mucho más tarde, todo el siglo XIX, y culminando en 1931-1936 cuando morirían muchos más[7].

 

El 9 de enero de 1822 hubo un cambio de Gobierno cayendo Feliú en Gobernación del Reino, Vallejo en Hacienda, Sánchez Salvador en Guerra, y Escudero en Marina. Y Fernando VII trató de imponer un Gobierno interino, que estuvo listo y completo el 24 enero 1822 con:

Estado, Ramón López Pelegrín interino hasta la llegada en 24 de enero de José Gabriel de Silva-Bazán[8], marqués de Santa Cruz. Éste fue sustituido en 30 de enero, interinamente, por Ramón López Pelegrín de nuevo, hasta que en 28 de febrero llegó definitivamente una solución con el Gobierno del moderado Martínez de la Rosa.

Gracia y Justicia, Vicente Cano Manuel Ramírez de Arellano, continuaba desde marzo de 1821.

Gobernación del Reino para Península e Islas Adyacentes, 11 de enero 1822: Francisco Javier Pinilla

Gobernación de Ultramar, Ramón López Pelegrín que continuaba desde junio 1821.

Guerra, 8 enero 1822: Francisco de Paula Escudero / 9 enero 1822: José Castellar / y por fin, José Cienfuegos Jovellanos.

Hacienda, Luis López Ballesteros[9] señor de Golpigueira, / 11 de enero 1822: Luis Sorela Maury.

Marina, desde 18 enero 1822: Francisco de Paula Ossorio y Vargas.

 

Pero Fernando VII fracasó y no logró imponer su Gobierno a las Cortes Extraordinarias. El Gobierno no se estabilizó hasta la llegada de Martínez de la Rosa a fines de febrero de 1822.

El 14 de febrero de 1822 se clausuraron las Cortes Extraordinarias, buscando estabilidad, orden en la calle.

 

 

Las elecciones de Riego de febrero 1822.

 

El 14 de febrero de 1822 se clausuraron las Cortes Extraordinarias. Y el 15 se convocaron las ordinarias y se puso a Riego presidiendo la Junta Preparatoria de las Cortes Ordinarias.

Riego, en actitud poco democrático liberal, puso el poder de la Junta a favor de los exaltados pues todas las Comisiones pasaron a estar gestionadas por conocidos exaltados, negó la palabra siempre a los moderados, y aceptó todas las proposiciones exaltadas.

Naturalmente, ganaron muchos escaños los exaltados, pero unos exaltados populistas que no aceptaban ni normas del Estado ni disciplina de partido. Difícilmente pueden ser calificados de liberales, pues les faltaba el sentido de la “fraternité”, jugaban con la idea de “igualdad en su favor”, y desvirtuaban el derecho a la libertad, aplicándolo en sentido individual y minoritario, y no del colectivo social en general. La historia les dio el sobrenombre de liberales, y sólo en ese sentido pueden ser citados como tales.

Los diputados elegidos eran dos títulos nobiliarios (entre ellos el duque del Parque[10]), 26 curas, 30 militares, 27 empleados, 16 propietarios, 27 abogados, 7 comerciantes, 6 médicos, y otros. No había salido una mayoría de propietarios, como deseaban los moderados, ni una mayoría de exaltados como deseaba Riego. No había posibilidades de un Gobierno estable.

En el discurso de apertura de Cortes, Riego se permitió contestar el discurso del rey advirtiéndole que incluso el rey estaba sometido a la ley.

Entonces, en febrero de 1822, el rey y los moderados decidieron que gobernaran los doceañistas presididos por Martínez de la Rosa.

 

 

Atisbos de modernidad en 1822.

 

En 1822, España elaboró su primer Código Penal (llamado en algunos tratados Código Criminal), pero tendrá poca vigencia, pues será abolido en 1823 con la vuelta del absolutismo. El siguiente Código Penal será de 1848, época de Narváez, y de 1870 el siguiente. El Código Civil deberá esperar hasta 1889.

En 1822 se hizo un recuento de población española, que ya no fue un censo al uso, como los del XVIII, que buscaban saber datos para hacienda. Estos recuentos se repetirán en 1826, 1831, 1832, 1836, 1842, y 1846, hasta que en 1857 aparezcan los censos de población modernos y se hagan ya cada diez años sistemáticamente. Los antecedentes de los recuentos de población son el censo de Aranda de 1766, el de Floridablanca de 1786 y el de Godoy de 1801.

En enero de 1822 se intentó una división provincial española con 53 provincias:   Vigo, La Coruña, Orense, Lugo, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Logroño, Huesca, Zaragoza, Calatayud, Teruel, Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Baleares, Valencia, Játiva, Alicante, Murcia, Cartagena, Villafranca (del Bierzo), León, Zamora, Palencia, Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Huelva, Cádiz, Sevilla, Chinchilla, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Almería, Canarias.

 

 

América en febrero 1822.

 

Tras la etapa romántica de la revolución americana, la de 1808 a 1814, que fue de exaltación de los pueblos hecha por los criollos burgueses, surgió una etapa de dominio español, con apoyo de los indígenas, que duró de 1814 a 1818. Pero desde 1818 se había establecido el dominio criollo en casi toda América, y la guerra estaba perdida para España. El problema en 1822 era darle una salida a la situación.

El 13 de febrero de 1822 se tomó, por primera vez desde 1820, una decisión sobre los asuntos americanos: negociar con los insurrectos sin admitir la independencia. El argumento era que una vez aceptada la constitución de Cádiz, todos eran libres, y ya no necesitaban luchar por su libertad. Ordenaron jurar la constitución en América. Esta ingenua proposición no tuvo ningún éxito, naturalmente.

Los liberales asociaron la idea de revolución española con la de revoluciones americanas, confundiendo ambas con la lucha universal por la libertad, y sin ver el trasfondo nacionalista de las revoluciones americanas. Eso facilitó las cosas a los revolucionarios americanos, pues en principio encontraban un aliado en España en los grupos liberales exaltados. Una vez que comprendieron que habían caído en un error, los liberales se encontraron con que no tenían medios para restablecer la autoridad española en América y sólo les quedaba negociar. Los insurrectos se dieron cuenta de la candidez española inmediatamente. Resultó una situación singular pues los liberales americanos estaban contra España, los absolutistas americanos estaban por la independencia, y los Estados Unidos estaban dispuestos a sacar provecho de esta situación, en lo que pudieran, respecto a ambos grupos. Todo estaba en contra de España.

La decisión española de febrero de 1822 fue enviar comisiones políticas, y ordenar a los militares y gobernantes en América, negociar. Morillo, por su parte, ya había llegado a la conclusión de que debía negociar, dos años antes de que ello se decidiera en España, una vez que no recibía tropas ni ayuda desde 1818. En noviembre de 1820 había negociado con Bolívar el Armisticio de Trujillo, y había regresado a España. Pero Bolívar no se interesaba por la paz, y siguió luchando, y acabó derrotando a los españoles en Carabobo en junio de 1821, lo cual expulsó a España de Venezuela definitivamente.

Nueva Granada, se inclinaba por el independentismo, lo cual era muy evidente en Panamá, al norte de la región. Bolívar tuvo en cuenta esta circunstancia favorable para su causa, y decidió atacar Pasto, una zona realista al sur de Nueva Granada. Mandó a Sucre hacía Quito y éste derrotó a los españoles en Pichincha en mayo de 1822, sumando Quito a la Gran Colombia.

En julio de 1822, Bolívar se entrevistó con San Martín en Guayaquil, pues San Martín quería que Quito perteneciera al Perú, pero en esa entrevista no se decidió nada, ni San Martín insistió, sino que se retiró al sur. Pasto volvió a sublevarse contra Bolívar, y ello obligó a Bolívar a presentarse en Lima y asumir los poderes de virrey. España no podía hacer nada por impedirlo.

Fernando VII ratificó la cesión de Florida a los Estados Unidos. Estados Unidos decidió reconocer la independencia de todos los estados americanos e incluso protegerles, lo que se reconocería oficialmente en un discurso de Monroe en 1823. Los franceses coquetearon con poner un rey francés en El Plata. Inglaterra se preocupaba por tener tratados comerciales ventajosos en los nuevos países. Los insurgentes americanos decidieron que los países que les apoyaran tendrían acceso a sus puertos y los que se opusieran quedarían vetados, y ante esta perspectiva, la Santa Alianza decidió no manifestarse en ningún sentido.

 

 

Conspiraciones absolutistas en febrero 1822

 

El 16 de febrero de 1822 Fernando VII pidió ayuda a Francia, por tercera vez desde 1820, con ánimo de restablecer el absolutismo. El emisario, Antonio Vargas Laguna[11], facilitó la lista de los colaboradores de Fernando VII con que podían conectar los franceses, que eran el Marqués de Casa Irujo, Labrador, Eguía y Fernán Núñez. El zar Alejandro se interesó por el tema y, entonces, el general Eguía y el duque de Fernán Núñez fueron enviados a París a hablar con Luis XVIII para conseguir hombres para una invasión absolutista que estaría al mando del general Francisco Ramón Eguía

 

[1] Santos Ladrón de Cegama, 1784-1833, fue militar durante la Guerra de la Independencia y se pasó a defender la causa realista en 1821-1823. En octubre de 1822, como destacado realista que era, fue depuesto de su cargo por Cea Bermúdez, y se hizo cargo del mando realista cuando Vicente Quesada huyó a Francia, y hasta que asumió el cargo Carlos O`Donnell. En 6 de octubre de 1833 proclamaría a Carlos como rey, en Tricio (La Rioja) y defendería la causa realista en Navarra hasta que fue derrotado, apresado y fusilado en octubre de 1833, dando paso a un nuevo líder militar realista que fue Zumalacárregui.

[2] Santos Ladrón de Cegama, 1784-1833, ascendió a teniente coronel en la guerra de 1808-1813, y a coronel en 1819, y fue el principal líder de los realistas navarros en 1821-1823. En 1823 sería recompensado con el nombramiento de Gobernador Civil de Pamplona. En 1833, y estando en Valladolid, se enteró de la muerte de Fernando VII, y se dirigió a Navarra, se puso al habla con Jerónimo Merino en La Rioja y proclamaron rey de España a Don Carlos de Borbón en Tricio (La Rioja) el 6 de octubre de 1833. Tomó el mando de los Voluntarios Realistas de La Rioja y de Navarra, y atacó al Gobernador de Pamplona, el brigadier Lorenzo, pero fue derrotado, preso y fusilado el 14 de octubre de 1833. Sus soldados fueron reorganizados por Zumalacárregui en el ejército carlista.

[3] Carlos Luis O`Donnell Jorís, 1801-1835, era el hermano mayor de Leopoldo O`Donnell, y siguió la ideología de su padre, Carlos O`Donnell Anetham, muy conservadora, siendo líder de los realistas en tiempos de Fernando VII, 1823, y haciéndose carlista en 1833, a las órdenes de Zumalacárregui. En 1835 murió en combate en Pamplona, mientras su hermano Leopoldo era isabelino, o cristino, como se prefiera.

[4] Nazario Eguía conde de Casa Eguía 1777-1865, natural de Durango (Vizcaya) estaba emparentado con Francisco Ramón de Eguía 1750-1827, el que fue secretario del primer Gabinete de Gobierno de Fernando VII en 1814. Nazario Eguía fue líder absolutista en 1820-1823, formaría parte de la Regencia de Urgel, y sería carlista en 1833.

[5] Cuando se constituyó la regencia en agosto de 1822, Fermín Martín Balmaceda sería embajador de la misma en París.

[6] Juan de Villanueva (no se le debe confundir con su homónimo el arquitecto, muerto en 1811) era el jefe realista de la zona de El Roncal hasta que fue derrotado en Nagore y se refugió en Francia. Se encargó entonces de la dirección militar realista el coronel Álvarez de Toledo, que se encargó de fortalecer Iratí, al tiempo que el párroco de Burguete, Ignacio Azcona, dirigía una fábrica de municiones para preparar el arsenal básico necesario a una guerra. Colaboraban en la sublevación los párrocos de Burguete, Andrés Martín, y de Salazar, Pedro Agustín Lucheta.

[7] La Iglesia calificará de anticlericalismo las medidas de la Segunda República de divorcio civil, laicismo, cementerios civiles y expulsión de los jesuitas, pero eso es más bien negación del integrismo católico y no anticlericalismo, y mucho menos anticlericalismo violento. De todas formas, una campaña de canonizar al padre Claret, contestada por los republicanos, excitó tanto los ánimos en 1934 que el anticlericalismo violento volvió a surgir, y en febrero–abril de 1936 se quemaron iglesias, y en la guerra de 1936-39 fueron ejecutados miles de clérigos. Franco volvió a entregar privilegios a la Iglesia, pero la sociedad se secularizó, dejó los deberes religiosos excepto cuando se les imponían coactivamente, dejó de seguir los dictados de los curas en cuestiones de moral familiar. La minoría militante y el clero católico no era partidaria de salir a la calle a pelear, y la mayoría de los españoles se hizo católica de apariencias. El anticlericalismo violento desapareció. España dejó de ser católica “por obligación política y social” en los años sesenta del siglo XX, y sólo entonces los españoles se acercaron a la idea de libertad religiosa.

[8] José Gabriel de Silva-Bazán y Waldstein, 1772-1839, X marqués de Santa Cruz de Mudela y del Viso fue colaborador importante en el Museo del Prado, pues aconsejó a Carlos IV abrir una sala de arte y colaboró con Fernando VII para hacerlo realmente. También tuvo relevancia en el hecho de procurar que las pinturas reales pasaran a las hijas de Fernando VII y no se dispersaran. Fue Secretario de Estado en 1822 y formó parte del Consejo de Regencia en la minoría de edad de Isabel II. Fue padre de Francisco de Borja de Silva-Bazán y Téllez-Girón, XI marqués de Santa Cruz.

[9] Luis López Ballesteros Varela, 1782-1853, señor del Pazo de Golpigueira, era un abogado que en 8 de mayo de 1808 había proclamado la independencia de la región de Villagarcía de Arosa en nombre de Fernando VII. Entró a trabajar en Hacienda y en 1818 era Director General de Rentas. Fue Secretario de Hacienda en enero de 1821, diciembre de 1823, enero de 1824, julio de 1824 con Cea, octubre de 1825 con Infantado, agosto de 1826 con González Salmón, enero de 1832 con Saavedra, y sólo cayó en el gran relevo que hizo Cea en octubre de 1832. Era una de las figuras claves de la represión absolutista, pues secundaba a Infantado y uan de las figuras clave de la historia de la hacienda española. En 1832, al aproximarse los liberales al poder, se retiró de la política, pero volvió en 1834 para ser senador por La Coruña.

[10] Vicente María Cañas Portocarrero, 1749-1824, VI duque del Parque.

[11] Antonio Vargas Laguna, -1824, fue embajador español ante la Santa Sede en 1801-1809, se negó a jurar fidelidad a José I, como hacían muchos católicos, y fue encarcelado en Francia, por lo que no vivió en España la Guerra de la Independencia. Fue liberado en 1813 y recuperó su cargo en Roma en 1814. En diciembre de 1821 se hizo delegado personal de Fernando VII ante el Congreso de Viena-Santa Alianza y a partir de agosto de 1822 gestionó la intervención de la Santa Alianza en España, decidida en Verona 1822. En mayo de 1823 era Secretario de Estado del Gobierno absolutista que luchaba contra los liberales, pero nunca se incorporó a su cargo, y ejerció realmente Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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