FERNANDO VII CONTRA LOS LIBERALES.

De noviembre de 1820 a septiembre de 1821.

 

 

El enfrentamiento de noviembre 1820.

 

En noviembre de 1820 Fernando VII fue más allá de la legalidad liberal, y decidió destituir al general Gaspar de Vigodet como Capitán General de Castilla la Vieja, y nombrar a José Carvajal en su lugar, esta vez sin refrendo de ministro alguno. Eso ya no era competencia del rey sino del Gobierno y las Cortes. Además, Carvajal era de ideología absolutista. Otras causas que disgustaban a los liberales moderados eran que Fernando VII se entrevistaba en El Escorial con afrancesados y exaltados.

El Gobierno, o tal vez la masonería, promovió un motín contra Fernando VII. Para apoyar al Gobierno, el Gran Oriente decidió sacar la gente a la calle frente al edificio de las Cortes, pidiendo Cortes Extraordinarias. El grito de guerra era “la patria está en peligro”, lo cual era un mensaje indescifrable, ambiguo. La gente llegó a entrar en las Cortes, y Muñoz Torrero arengó a las masas dentro. Esta “sesión pública” de las Cortes era también ilegal. Después de esto, el ministro se negó a refrendar el nombramiento de Carvajal hecho por el rey, y además pidió la deposición de sus cargos para Pedro de Alcántara[1] conde de Miranda (mayordomo del rey) y para Víctor Sáez (confesor del rey), al tiempo que exigía que Fernando VII volviese a Madrid, y residiese en Madrid, pues estaba en El Escorial con su camarilla. El Ayuntamiento de Madrid apoyó a la Diputación Permanente de las Cortes.

Fernando VII accedió a todo, desterró al conde de Miranda del Castañar, y al confesor del rey Víctor Damián Sáez, e incluso accedió a convocar Cortes Extraordinarias, y volvió a Madrid el 21 de noviembre mientras la gente le cantaba el Trágala[2] en las calles, y gritaba vivas a la constitución a manera de insulto a Fernando VII. Fernando VII llegó hasta el extremo, poco fiable, de tomar como ayudante a Riego, liberal radical, y despidió al duque del Infantado, absolutista de su confianza. La política se estaba convirtiendo en una farsa por parte de todos los implicados en ella.

Pero tener a la gente en las calles era también un peligro para el Gobierno. Las masas eran dominadas por los exaltados, y ello no le convenía a los moderados del Gobierno. El 27 de diciembre de 1820 fueron cerradas las Sociedades Patrióticas. Éstas se resistieron a la orden y hubieron de ser cerradas por la fuerza. El Gobierno liberal moderado se hallaba enfrentado al rey y a las masas de los exaltados.

La explicación a la radicalización de la política a fines de 1820, se debe tanto a la radicalización de los exaltados, como a la aparición de radicales absolutistas:

Surgió, por una parte, un nuevo grupo masónico llamado “Los Comuneros”, que eran liberales muy exaltados, que se dividían en logias llamadas “torres” y “castillos” y eran dirigidos por Ballesteros, Romero Alpuente y Regato. Su modo de actuación era desacreditar al Gobierno calumniándole ante la gente, difundiendo rumores. Los liberales exaltados se expresaban en el periódico El Zurriago, que salió entre 1821 y 1823 siendo sus responsables Félix Mejía, Benigno Morales y Alejo López García como impresor. También escribían en La Tercerola. Eran “periodicuchos” que publicaban sátiras en verso y en prosa haciendo sangre de las costumbres y vida de Fernando VII y de personajes absolutistas.

Por otro lado, los absolutistas empezaron a organizarse para recuperar el poder. Los obispos hablaban mal de los liberales, y surgieron muchas partidas armadas con algunos eclesiásticos en ellas: en Aríñez (Vitoria) surgió la primera partida absolutista mandada por Guergue y el cura Foronda, pero hubo otras en las cercanías de Burgos, en Asturias, en Talavera (coronel Morales), en Galicia (donde había implicados 28 eclesiásticos al menos) y así hasta una cifra de unas 122 partidas, coordinadas desde un mando único que dirigía el Barón de Santi Johannis por medio de una Junta Apostólica.

 

El 11 de enero de 1821 se reunió la Santa Alianza en Laybach (actual Liublana) con asistencia de las cinco potencias y los estados italianos, pero con dirección exclusiva de los tres grandes de la Santa Alianza. Austria fue autorizada a intervenir en Nápoles y en Cerdeña-Piamonte. En consecuencia, los ejércitos austríacos entraron en Italia en marzo de 1821 y restablecieron el absolutismo.

 

 

 

Comuneros y apostólicos contra “Los Presidiarios”.

Enero – marzo de 1821.

 

En enero de 1821 circularon por Madrid escritos en los que los absolutistas hacían llamamientos a las armas, y se descubrió que los hacía Matías Vinuesa, capellán de honor del rey y párroco de Tamajón. Se dijo que el objetivo era devolver la soberanía a Fernando VII. Incluso había un proyecto de golpe de Estado cuyo líder sería Infantado, cuyo golpe inicial sería detener al capitán general Cerralbo y al Consejo de Estado en pleno, y cuyo plan de gobierno incluiría: la convocatoria de Cortes Estamentales, un concilio nacional, un periódico que educara la opinión de las masas, entrega de poder a los obispos y párrocos, ejecuciones de liberales y simpatizantes y multas cuantiosas a los que habían apoyado el régimen liberal como los comerciantes, impresores, libreros y algunos nobles.

Es posible que no hubiera conspiración ninguna, y que Vinuesa fuera un pobre loco salido de entre el pueblo. Fue condenado a 10 años de prisión. Los “patriotas” liberales exaltados se indignaron por la lenidad de la condena e hicieron una asonada en la Puerta del Sol y acordaron en asamblea la muerte de Vinuesa, asaltaron la cárcel de la Corona, y asesinaron a Vinuesa a martillazos el 5 de mayo de 1821. Lo más triste es que nadie del Gobierno reaccionó contra la campaña populista, como no reaccionaría ante el asesinato de Vinuesa en mayo siguiente.

En 1821, el obispo de Osma (Soria), Juan Cavia González, fundó “El Ángel Exterminador”, una organización para matar liberales, que duró hasta después de 1834.

El 4 de febrero, carnaval, el pueblo español reaccionó contra los absolutistas saliendo a la calle y gritando contra Fernando VII. Frente a Palacio Real, arrojaban bellotas, tronchos de coles y piedras, mientras cantaban el trágala. Incluso impidieron un intento de salida del Rey. Los Guardias de Corps de Fernando VII sacaron sus armas, y la milicia y guarnición de Madrid sacó las suyas, llegando al borde de un enfrentamiento militar. Algunos autores consideran que este día hubo un atentado contra Fernando VII. Es asombroso que la Milicia actuara en un instante concreto, sin haber estado preparada de antemano. El Palacio estuvo cercado durante 3 días exigiendo que fuera disuelta la Guardia de Corps. El Gobierno moderado no hacía nada. Fernando VII disolvió la Guardia y cesó el tumulto. El Rey se sintió humillado, pues tenía que traicionar a los únicos que habían salido a protegerle, la Guardia de Corps. Protestó ante el Gobierno, pero no logró nada de éste.

Fernando VII decidió entonces subvencionar a guerrilleros absolutistas que se llamaron “Ejércitos de la Fe” y mandar embajadores a Europa para que eliminaran a los liberales españoles. Los exaltados actuaban contra él en la calle, y los moderados callaban desde sus puestos del Gobierno, abdicando de sus responsabilidades.

 

 

La “coletilla”, de 1 de marzo de 1821.

 

Las Cortes fueron abiertas el 1 de marzo de 1821. En el discurso inaugural, el rey quiso asistir, y no se disculpó como venía haciendo en aperturas y cierres de Cortes anteriores, leyó el discurso que le había preparado Argüelles, y añadió al final unas frases que traía preparadas en unas hojas redactadas por él, junto con el capitán general de Madrid José Carvajal, y que se llamaron “la coletilla del rey”. En ellas acusaba a los liberales de incitar a la gente en su contra.

La coletilla de 1 de marzo de 1821 decía: Que, en la constitución, el poder ejecutivo le correspondía al rey, que la persona del rey era sagrada e inviolable y que no tenía por qué soportar los ataques de café, los de las Sociedades Patrióticas, los de las manifestaciones populares, sin que el Gobierno hiciese nada por reprimirlas. Que, según la constitución, el rey proveía empleos civiles y militares, y había sido el Gobierno quien no le había obedecido en cuanto a los nombramientos, como había sucedido en el caso de Carvajal nombrado capitán general de Castilla la Nueva. Que el rey podía negar la sanción a una ley y que así lo hizo legalmente en el caso de expropiación de bienes a los conventos y en el cese del privilegio judicial eclesiástico, y no había derecho a amenazar por ello al rey con la violencia callejera. Que la constitución no permitía ser cambiada en ocho años y, mientras tanto, España era constitucionalmente un Estado confesional católico. Que las autoridades liberales estaban mostrando poca entereza y dignidad.

No era inconstitucional que el Rey hablara en las Cortes, pero los liberales creían que nunca iba a hablar. La coletilla fue una sorpresa para ellos.

Se produjo un gran revuelo en las Cortes. Agustín de Argüelles pidió a los miembros del Gobierno que dimitieran en señal de protesta, y el Gobierno entero dimitió. La dimisión era esperada por Fernando VII, que tenía ya redactado el decreto de cese del Gobierno.

A continuación, el 2 de marzo, Fernando VII destituyó a todo el Gobierno, y nombró ministros interinos a los oficiales primeros de cada Secretaría. Fernando VII creía que Europa le seguiría en su demanda de auxilio, hecha en la “coletilla”, pero Europa era consciente de que Fernando era un represor, autocrático, como lo había hecho en 1814 y años siguientes, y tanto Francia como Gran Bretaña no querían aparecer como colaboradores en esa represión violenta. Por ello, a Fernando VII sólo le quedaba, a su parecer, la ayuda del zar de Rusia.

El Gobierno del 2 al 10 de marzo de 1821 quedaba así:

Secretario de Estado, Joaquín de Anduaga Cuenca, interinamente, al caer Evaristo Pérez de Castro.

Marina, Diego Méndez de la Vega Infanzón

Gracia y Justicia, Manuel Encima.

Guerra, Ignacio Balanzat Briones

Marina, Diego Méndez de la Vega Difanzón

Hacienda, Luis Sorela Maury

Gobernación del Reino, Joaquín Baeza

Las Cortes pidieron explicaciones de lo sucedido a los cesados, pero éstos se negaron a dar explicaciones y, a su vez, pidieron amparo a las Cortes. El rey nombró nuevo Gobierno.

 

 

 

Gobierno interino de Eusebio Bardají y Azara.

De 10 de marzo de 1821 a 23 abril de 1821

 

El hombre fuerte de este Gobierno fue Ramón Feliú.

El 3 de marzo de 1821, las Cortes respondieron al rey que el Consejo de Estado tenía funciones asesoras para los nombramientos. Fernando VII se avino a ello como rey constitucional, y así surgió un nuevo Gobierno que era el Gobierno Bardají de 10 de marzo:

Estado, titular Eusebio Bardají Azara, pero ejercía el cargo Joaquín Anduaga Cuenca, y a partir de 23 abril 1821 Francisco de Paula Escudero.

Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, Mateo Valdemoros como titular y en realidad Ramón Feliú / 4 mayo 1821: Ramón Feliú / 8 enero 1822: Vicente Cano Manuel Ramírez de Arellano

Gobernación para Ultramar, Ramón Feliú / 3 junio 1821: Ramón López Pelegrín[3].

Gracia y Justicia, Vicente Cano Manuel Ramírez de Arellano[4] como titular, pero en realidad Manuel Encima[5].

Hacienda, Antonio Barata Bringas / 31 octubre 1821: Ángel Vallejo Villalón / 8 enero 1822: José Díaz Altolaguirre / 11 enero 1822: Luis Sorela Maury[6].

Guerra, Tomás Moreno Daoiz como titular, pero en realidad Ignacio Balanzat Briones / 23 agosto 1821: titular Diego Contador y en realidad Francisco de Paula Escudero / 4 septiembre 1821: Ignacio Balanzat Briones / 9 septiembre 1821: Estanislao Sánchez Salvador / 8 enero 1822: Francisco de Paula Escudero / 9 enero 1822: José Castellar.

Marina, Francisco de Paula Escudero / 18 enero 1822: Francisco de Paula Osorio Vargas.

 

Era un gobierno mixto, entre liberales y absolutistas, que no tenía la confianza del rey ni la de las Cortes. Y no eran hombres salidos de la cárcel. Eran más moderados que Argüelles y más decididos que él, pues el Secretario de Gobernación, Ramón Feliú, era enemigo de la anarquía en la calle. Pero Feliú seguía siendo un liberal y eso no le gustaba ya a Fernando VII, que empezaba a estar harto de liberales. El proyecto de Feliú fue de un pacto con el monarca, de modo que el Gobierno pondría orden en la calle, y el monarca aceptaría la constitución y todos los actos cotidianos del Gobierno liberal. Pero Feliú no fue bien recibido en las Cortes, donde dominaban los de Argüelles, y acusaron al Gobierno de estar impuesto por el Rey. Lo siguiente era calificarles de absolutistas, aunque eran liberales convencidos. Se estaba entrando en el absurdo político: Un Gobierno moderado tenía en su contra a parte de los moderados en las Cortes, y a todos los exaltados en la calle.

 

El Gobierno de marzo de 1821 no era inoperante:

En marzo de 1821 se inició una reforma laboral mediante las “Ordenanzas para el Fomento General del Comercio, Agricultura y Artes”. Condenaron la protección histórica de que habían gozado los ganaderos sobre los agricultores y la de los comerciantes sobre los fabricantes. Establecieron Consulados de Comercio Agricultura y Artes en cada provincia, integrados por una Junta de Fomento General y un Tribunal de la Junta de Fomento General (podían pertenecer a ellos todos los empresarios y trabajadores, pero sólo podían dirigirlos los contribuyentes a Hacienda). Decretaron la libertad de trabajo en cuanto a que los contratos eran libres.

Se hizo un ajuste presupuestario, pero el ejército, imposible de eliminar ni reducir en aquellas circunstancias políticas, se llevaba el 47% del gasto y, en esas condiciones no había forma de cuadrar los números. Un empréstito pedido a Lafitte, por 300 millones de reales, apenas servía para sacar adelante el presupuesto de 756 millones. Se creó un “Empréstito Nacional” para que los españoles ayudaran a su Gobierno, pero no se cubrió ni subiendo intereses ni aceptando papel.

Se rebajó la ley de la moneda, pero no lo suficiente.

Se rebajaron los aranceles de importación de utillaje industrial y de bienes de equipo.

Se dividió España en 49 provincias.

Se centralizó la administración territorial regulando Diputaciones y tesorerías provinciales.

 

Y frente a un Gobierno que asumía responsabilidades e iniciaba cambios, se hizo evidente en España un cambio social, que se venía anunciando desde el XVIII, observable en dos detalles: la proletarización y el luddismo:

Los no propietarios comenzaron a sentirse proletarios, a desesperar en cuanto a sus aspiraciones de tener algún día sus propias fincas. Muchos se hicieron milicianos. Más exactamente, hubo variantes: en Madrid, por ejemplo, los “majos” o gente que vivía de su trabajo, se dividían en “chisperos” o trabajadores de los barrios de clases altas, que se hicieron Voluntarios Realistas, y “manolos” o trabajadores de barrios pobres, que tendían a alistarse en Milicias Populares.

Por aquellos días tuvo lugar la primera huelga luddista de que tenemos noticia en España, en Alcoy, cuando al llegar máquinas de cardar e hilar, unos 1.200 hombres se lanzaron a la calle y quemaron las máquinas de un almacén, y las ya instaladas que pudieron. Las Cortes interpretaron que ello no era un suceso político sino un atentado contra la propiedad, a la que había que compensar con indemnizaciones, que debían aportar el obispo, las Cortes y los alcoyanos con los impuestos de los siguientes próximos años.

 

Por entonces, Fernando VII reclamó en secreto ayuda contra los liberales a Francia y Austria.

El 20 de marzo, los liberales estaban convencidos de la existencia de una conspiración para restaurar el absolutismo, y ciertamente se observaba que cada vez había más partidas de absolutistas. Así que se dieron decretos antiabsolutistas: Ley de pena de muerte a los conspiradores, y destierro efectivo del obispo de Barcelona (a Mallorca), del barón de Eroles, del general Sarsfield, del general Fournés, y de 30 curas gallegos.

Por el lado político contrario, el 13 de abril de 1821 se presentó un proyecto de ley intentando regular las Sociedades Patrióticas, proyecto que el rey vetó. Al rey le convenía ahora la violencia populista, porque ello justificaría la intervención de la Santa Alianza. Los Gobiernos deberían lidiar entre dos fuegos, el de los absolutistas y el de los populistas, ambos dispuestos a utilizar la máxima violencia para violentar a los gobernantes y para hacerse con el poder. Y además, el Rey se mostraba hostil a estos liberales que cumplían la constitución sólo cuando les convenía o parecía bien.

Es llamativo el hecho de que el rey se hubiese mostrado colaborador de Argüelles, el hombre que no le respetaba ni respetaba la constitución, y no colaborase con Bardají, el hombre dispuesto a actuar desde el Gobierno.

 

 

Gobierno de Francisco de Paula Escudero

23 de abril de 1821 a 9 de enero 1822.

 

En 23 de abril de 1821, tomó la Secretaría de Estado Francisco de Paula Escudero, y Ramón Feliú, el 4 de mayo, tomó las responsabilidades de Gobernación directamente como titular del ministerio.

En abril de 1821 se presentó un proyecto de Código Penal que sería aprobado en Cortes en 9 de julio de 1822. Se suprimían los fueros privativos, excepto el militar para asuntos militares, y el eclesiástico para asuntos religiosos. Se regulaba la capacidad del rey para otorgar perdón o indulto, de forma que en adelante no podría hacerlo a su antojo.

En 25 de abril de 1821 (aprobación en 29 de junio 1821) se presentó un proyecto de aumento de los impuestos en cuantía muy notable, única solución para salir del estado de quiebra de Hacienda. El nuevo impuesto era irracional, absurdo desde el punto de vista económico, no absorbible por la sociedad: Toreno ya había dicho que para poder poner nuevos impuestos, había que suprimir el diezmo, pues de lo contrario se arruinaría al campesino. Desde verano de 1821, los diezmos quedaban reducidos a la mitad, pero ello no era suficiente para el campesino. Para reducir los gastos de recaudación, los impuestos se pagarían en dinero, y ello perjudicaba a unos campesinos que apenas utilizaban la moneda y, con el autoconsumo y trueque, se conformaban para su supervivencia. El conseguir dinero metálico les exponía a la especulación de los vendedores de dinero, una sobretasa más sobre el impuesto.

La medida de subir impuestos, absolutamente necesaria desde el punto de vista contable dadas las condiciones del erario público, era inviable desde el punto de vista social y económico. Sin duda fue un motivo de impopularidad de los liberales, pero las cosas fueron a peor: la mala cosecha de 1822 debido a una de las frecuentes sequías españolas, empeoró la situación económica general, y los campesinos fueron cautivados por los mensajes ultrarrealistas del Trapense y de Mosén Antón, que predicaban la vuelta a los viejos impuestos.

Es decir, los campesinos se vieron sumergidos en circunstancias penosísimas, imposibles de tolerar: por una parte los impuestos estatales se duplicaban, por otra parte tenían que seguir pagando el diezmo, por otro lado les subían las rentas de arrendamiento, de otra parte no les entregaban las tierras en propiedad y tenían que pagar impuestos señoriales, y para rematar, llegaba una cosecha fallida.

El cambio en la recaudación de impuestos, del proyecto de 25 de abril, conllevaba el paso a la contribución directa sobre los capitales y no sobre las rentas. La contribución se cobraba en gran porcentaje sobre la tierra, pero era imposible de recaudar, porque no había censos agrarios, catastros, estadísticas de cosechas… y había que fiarse de declaraciones de los propios interesados, lo cual, sabiendo que era para pagar impuestos, hacía inviable cualquier esperanza de llegar a una justicia impositiva. Ello implicaba un gran cambio de mentalidad, pues los edificios deshabitados, tierras incultas y mal cultivadas, deberían cotizar por un valor estimado y no según la cosecha o rendimientos declarados. Si en el segundo de los casos había mucho engaño, en el primero era imposible evitar el engaño debido a la inexistencia de catastros. Por otra parte, hubiera sido necesario eliminar todas las servidumbres y cargas del sistema señorial, para que el nuevo sistema impositivo fuera justo con los campesinos, cosa que no era posible a corto plazo.

La abolición del diezmo hubiera podido ser un respiro para el campesino, pero ni la sociedad ni la estructura de hacienda estaban preparadas para un cambio tan radical, pues del diezmo vivían muchas personas, muchas de ellas no eclesiásticas (gestores de las tercias reales, gestores del noveno y el excusado), e incluso instituciones del Estado. El clero debería adaptar la explotación de sus muchas fincas, rurales y urbanas, a un sistema de tipo comercial, capitalista, para poder hacer frente a una presión fiscal como la que se quería imponer, con unos rendimientos más o menos constantes, y ello no era factible a corto plazo.

El diezmo sería restablecido en su integridad en 1823, tras la vuelta del absolutismo, al tiempo que se reducía el subsidio eclesiástico pagado al Estado y se derogaban las contribuciones impuestas en 1821.

Por otra parte, y a pesar del gran problema que suponía la reforma impositiva liberal, los problemas de hacienda tampoco se resolvían con ella, pues en la reforma no se trataba el tema de la deuda pública pendiente, que era inmensa. Los grandes comerciantes estaban en proceso de ruina, pues habían perdido sus mercados coloniales, y tampoco estaban capacitados para entregar empréstitos.

 

El 5 de mayo de 1821 fue asesinado Matías Vinuesa[7], capellán de Fernando VII y arcediano de Tarazona, en una algarada popular, pues “el pueblo” (esta vez pueblo eran los liberales exaltados) no estaba de acuerdo con la pena de 10 años que le había caído y se levantó contra ello, entró en la cárcel en la que estaba y le mató a martillazos. Con ello el orden público sufría mucho, pues tanto los motines populares de Madrid, como las partidas realistas en el norte atacaban con tácticas de guerrillas. El liberalismo se mostraba como un populismo peligroso, dispuesto a los linchamientos. El rey lo tomó como una amenaza personal, entró en pánico y pidió fidelidad a su guardia personal que el 5 de mayo de 1821 gritó ¡Viva el rey absoluto! El Congreso discutió, y algún diputado defendía que los asesinos eran unos patriotas, pero al final condenó los crímenes contra los absolutistas. Era una reacción liviana frente al desorden que, moralmente, se aprobaba desde las Cortes.

En la idea de restablecer el orden público, el 6 de mayo fueron cambiados, el capitán general de Madrid (Castilla la Nueva), nombrándose a Morillo[8] como nuevo titular, y el jefe político de Madrid, nombrándose a Francisco Javier Copóns en ese puesto. Se les encargó reprimir a las masas “liberales” y restablecer el orden público. Copóns fue bastante condescendiente para con los “comuneros” o liberales más violentos y dejó el cargo en septiembre de 1821.

En junio de 1821, Fernando VII recibió noticias de Francia de que si huía al norte, Francia se propondría intervenir en España. Así que el 3 de julio decidió enviar a Francia al marqués de Casa Irujo como embajador personal con las instrucciones de explicarle a Francia que Fernando pagaría la intervención europea en España con la mitad de Santo Domingo y con ventajas comerciales en América.

En agosto de 1821, “La Cruz de Malta” preparó otra asonada, reemplazando así a “La Fontana de Oro” como centro organizador de la violencia liberal exaltada. Hizo una manifestación popular ante el Ayuntamiento de Madrid pidiendo castigo contra los Guardias de Corps que, desde febrero, estaban recluidos en un convento, pero que nadie juzgaba. El 20 de agosto se produjo el asalto al Ayuntamiento, con víctimas, y el asalto a la capitanía general de Madrid, donde estaba el general Morillo, prestigioso líder liberal pocos días antes. El asalto fracasó, pero Morillo dimitió. Entonces los exaltados elaboraron unas listas de sujetos que debían ser expulsados de Madrid (por decisión “popular”). No se reprimió adecuadamente a los revoltosos y, aún más, el Ayuntamiento de Madrid tenía orden de acoger cualquier protesta ciudadana y llevarla ante el Rey.

El Gobierno reaccionó tímidamente ante la presión de los exaltados y cambió al Jefe Político de Madrid, general Copóns, poniendo en su lugar a Martínez Sanmartín, más enérgico.

Fuera de Madrid, Riego, capitán general de Aragón, se estaba permitiendo todo tipo de demagogias saliendo a los pueblos a arengar a la gente a favor del liberalismo exaltado, y ni Argüelles en su momento, ni Feliú más tarde, se atrevieron a llamarle la atención. Riego se había envalentonado hasta el punto de entrar en contacto con unos franceses, Uxon y Cuguet de Montalot, que intentaban un golpe republicano en Francia. Por fin, Ramón Feliú se sintió obligado a destituir a Riego, y le envió a Lérida. Entonces, Zaragoza se levantó en motines y procesiones cívicas en torno al retrato de Riego. Una vez más, Moreda, el representante del Gobierno, no se atrevió a reprimir los motines y hubo de intervenir el nuevo capitán general, Ricardo de Álava, que restableció el orden.

A final del verano la crisis en el Gobierno se manifestó en la Secretaría de Guerra: se destituyó en el ministerio de Guerra a Tomás Moreno y fueron propuestos en principio, Diego Contador, que no aceptó el 23 de agosto (ejerciendo de momento Escudero), Ignacio Balanzat, que no fue aceptado el 4 de septiembre (había venido ejerciendo de hecho en tiempos de Tomás Moreno), y Sánchez Salvador, que resultó nombrado Secretario de Guerra definitivamente, el 9 de septiembre. El apoyo militar al Gobierno y al rey estaba en juego en este nombramiento. El jefe político de Madrid, San Martín, clausuró una vez más La Fontana de Oro y detuvo a algunos organizadores de alborotos.

 

Sin embargo, en el campo de la economía había un cierto optimismo en 1821. En este año se creó la Sociedad General de Seguros Mutuos de Incendios, la Compañía de Diligencias Peninsulares (con líneas de Madrid a Irún y de Barcelona a Sevilla), la Fábrica de Paños Bartolomé Ortiz en Ávila, la Sedería Zacarías de la Torre en Talavera, la Fábrica de Loza de Alcora, la Fábrica de Loza de Tolosa, y algunas fundiciones en Guipúzcoa. Estas iniciativas demuestran que había ciertas ganas de invertir, pero las cosas fueron a mal muy pronto, y las iniciativas no tuvieron repercusiones importantes, no gozaron de continuidad.

 

 

Las revueltas de septiembre de 1821.

 

El 18 de septiembre de 1821, los exaltados lanzaron una vez más a la gente a la calle. San Martín, Jefe Político de Madrid, puso guardias militares frente al Ayuntamiento y al Gobierno de Madrid, lugares recurrentes de las manifestaciones. Hacia las siete de la tarde comenzó una “batalla” en Platerías, en la que no hubo víctimas porque los manifestantes no llevaban armas de fuego y los militares tenían orden de no disparar. Hubo muchas cargas de caballería contra los manifestantes. Los “exaltados”, o más bien las masas convocados por ellos, se retiraron hacia las doce de la noche.

El fracaso de Platerías en Madrid, no puede ser interpretado como un fracaso total de los exaltados, porque éstos actuaban en otras muchas ciudades con distinta suerte: Cádiz, Sevilla, La Coruña, Valencia, Cartagena, Alcoy, Málaga, Murcia, Barcelona… siempre dirigidos por masones comuneros. El objetivo exaltado estaba equivocado: La lucha estaba dirigida contra los liberales moderados en vez de ir contra los realistas, contra el absolutismo. Atacaban al poder, sabiendo que ellos mismos, los exaltados, eran pocos y no podían asumirlo, por lo que se limitaban a exigir mediante la violencia callejera que los moderados realizaran el programa político exaltado.

Mientras los moderados y exaltados se desgastaban mutuamente, los moderados desde el poder, y los exaltados desde la calle, el ejército se mostraba neutral y esperaba acontecimientos.

En Sevilla y Cádiz, los piquetes exaltados impidieron el paso a las nuevas autoridades locales, capitán general de Sevilla general Moreno Daoiz, y gobernador militar de Cádiz general marqués de La Reunión. En Cádiz, Jáuregui nombró Junta que se declaró independiente, hablaron de separarse de España y de crear una república hanseática[9]. En Sevilla se formó Junta que también pensaba reivindicarse como soberana.

Cartagena formó Junta que, además de declararse independiente, amenazó con la guerra civil si Fernando VII no destituía a Ramón Feliú y sus ministros, a los que calificaba de absolutistas. Utilizaba las palabras como banderas para excitar al pueblo. Pero los moderados no pueden ser calificados, bajo nuestro punto de vista actual, de ninguna manera de absolutistas.

Barcelona fletó un barco para encerrar a los moderados que les gobernaban y enviarles a Mallorca.

En Pamplona se sublevó la guarnición de La Ciudadela al grito de ¡Muera el Rey, Viva la República!, pero no fueron secundados ni por el resto de la guarnición militar ni por los civiles.

En La Coruña, el 16 de noviembre apareció un manifiesto popular, firmado por el capitán general Espoz y Mina, denunciando el absolutismo y exigiendo la dimisión de Feliú. Espoz y Mina fue destituido y cambiado por el general Latre. Los “patriotas” fueron contra Latre y repusieron a Espoz y Mina, cargaron a un centenar de personas moderadas en un barco, y los enviaron a Canarias. Latre se hizo fuerte en Lugo y desde allí rechazó los intentos de Espoz y Mina de dominar toda Galicia.

De todos modos, no hubo castigos para los sublevados. Los moderados también se equivocaban, cuando creían que podían manejar la irracionalidad del populismo a su gusto y conveniencia. Creo que la bestia irracional no es controlable por la razón en ninguna situación, ni época. Puede que en algún momento dado se obtengan resultados, y los revolucionarios natos la utilizan, pero siempre han pasado a liquidar a los “revolucionarios” inmediatamente después del triunfo, como ha sucedido en los casos de Lenin, Mao Tse tung, Mussolini, Hitler, Franco, etc. Hay una frase muy conocida que dice que en una revolución, los primeros que sobran son los revolucionarios. Pero los moderados de 1821, o no conocían este fenómeno, o no quisieron enterarse. La situación se repetirá en España en 1872-1874, 1917, 1936…

Las revueltas populares de septiembre-noviembre de 1821 estaban dirigidas por Riego, Quiroga, Espoz y Mina, Evaristo San Miguel, Romero Alpuente… es decir, los mismos que habían protagonizado el golpe de 1820, apoyados por las mismas ciudades de 1820, y con los mismos objetivos.

 

Lo que debemos preguntarnos a estas alturas del relato, es cuáles eran estos objetivos, qué ideología defendían los grupos liberales.

Los moderados defendían la libertad, mientras los exaltados defendían la igualdad. Pero no se trataba de un conflicto entre ricos y pobres, una revolución social del tipo de finales del XIX y principios del XX. Más bien se reivindicaba el reparto del botín político, los puestos de Gobierno que los revolucionarios de Cádiz habían dejado de lado en marzo de 1820, y ahora reivindicaban como suyos. Los exaltados tenían para comer, pero querían puestos en el Gobierno, tanto para introducir ideas más radicales como para colocarse ellos mismos. El aspecto popular, representante de los pobres, vino de que recurrieron en su apoyo a las clases más modestas, a las que lógicamente ofrecieron repartos de tierras y cooperativas de trabajo para la explotación de tierras en común, que “no hubiera ni tuyo ni mío”. La respuesta de las clases populares fue no hacerles caso, no reconocerles como unos de los suyos. Levantaron a unos pocos, y los sacaron a las calles. Vistas con perspectiva, las acciones de los liberales exaltados eran un fracaso desde el principio, pues lo ofrecido a las clases populares no era lo que los liberales querían, ni lo que podían dar, no era el programa liberal.

 

Como valoración histórica del movimiento populista, llamado en esos años “patriota”, debemos apuntar:

En conjunto, las algaradas de otoño de 1821 no triunfaron, pero tampoco fracasaron: hubo negociaciones con el Gobierno, y algunos de los exaltados consiguieron puestos en la administración. Con ello, el movimiento llamado “patriota” se subdividió de nuevo, apareciendo un grupo más pequeño y más radical por la izquierda. La debilidad de este grupo, sin dirigentes capacitados, hizo que las gentes exaltadas tuvieran que retirarse de las calles. En diciembre de 1821 se habían acabado las revueltas exaltadas. Quizás pareciese que habían fracasado.

Pero a largo plazo, obtuvieron ventajas: cuatro ministros fueron cesados en 9 de enero de 1822, entre ellos Feliú, cayó un Gobierno en 28 de febrero de 1822, ganaron unas elecciones en agosto de 1822, y ello permitió reponer a Espoz y Mina como capitán general de Galicia, dar un puesto político a Alcalá Galiano (que nunca había disfrutado de ninguno), nombrar a Riego Presidente de las Cortes.

Los inconvenientes de las revueltas liberales exaltadas de 1821 los pagó España: empezó la contrarrevolución realista, el verdadero peligro de esos días; los liberales se pusieron en contra del liberalismo a parte del ejército y a la Guardia de Corps, que se sublevó y empezó a mostrarse antiliberal, con las consecuencias de que Narváez y otros Guardias Reales dominarían el segundo tercio del XIX con ideología autoritaria, entre absolutista y liberal moderada.

 

Otro aspecto que deberíamos contemplar aquí, es el papel de la burguesía en estos movimientos políticos, pues se trataba de una revolución burguesa, al menos en teoría.

Por ejemplo, en Alcoy, los burgueses querían instalar nuevas empresas, y empresas rentables. Eran liberales conservadores. Querían mecanizar. Se enfrentaron a miles de artesanos y obreros que se quedaban en paro, por culpa de la mecanización, y se alzaron contra las máquinas, que destruyeron.

Los burgueses tampoco tuvieron clara la posición política que debían adoptar, y el apoyo económico y moral que debían dar al Gobierno, pensando únicamente en las dificultades de abrir unos negocios nuevos, que no son pocas. Todavía no contemplaban la necesidad de contar con una política favorable, con la acción de los políticos, a fin de que pudieran ser posibles las reformas industriales y comerciales.

Una de las causas del fracaso de estas inversiones burguesas fue la falta de criterio claro a la hora de emprender una política comercial: los fundidores vascos protestaron por la importación de hierros para máquinas, como lo habían hecho los catalanes en el caso del puerto franco de Cádiz, y hubo que hacer una complicada ley selectiva, que permitía importar hierros para maquinaria, pero gravaba el resto de hierro elaborado de importación.

Otra de las causas del fracaso fue la falta de fondos en el Gobierno de España, que hubo de recurrir a empréstitos del extranjero, como tantas otras veces. Y el déficit del Estado siguió siendo un lastre para la economía nacional.

 

 

Independencia de México en mayo 1821.

 

En mayo de 1821, Nueva España-México se declaró independiente y antiliberal. Los independentistas hicieron un acuerdo en La Profesa y decidieron apoyar al virrey Apodaca con el argumento de que Fernando VII era cautivo de los liberales. Eligieron como su jefe militar al coronel Iturbide[10], que combatió el independentismo de Guerrero, y a su vez se declaró independiente en mayo de 1821. Los independentistas difundieron un programa político denominado Plan de Iguala: un Estado católico confesional, monárquico, partidario de Fernando VII. El plan tuvo el apoyo de los independentistas mejicanos y de los criollos, y fue un completo éxito. La oposición a Iturbide, un populista de derechas, era de otros grupos populistas, mal organizada, poco eficaz.

El Plan de Iguala impactó fuertemente en España y las Cortes llegaron a elaborar un plan de creación de cinco Estados americanos independientes gobernados por Borbones españoles. Estos Estados serían México, Venezuela, Nueva Granada (que incluía Perú), Chile y Argentina. No era una novedad, pues una solución parecida ya la había sugerido Aranda en su día, y Godoy y Napoleón más tarde.

El virrey de Nueva España, Apodaca, fue sustituido por O`Donojú, nuevo Jefe Político enviado por España. El 24 de agosto de 1821, O`Donojú e Iturbide pactaron en Córdoba la independencia de México, pero las Cortes españolas no la aceptaron. Iturbide constituyó en la ciudad de Méjico una Junta Provisional, de la que se declaró presidente, y nombró una regencia de 5 miembros, de la que también se proclamó presidente.

Ante el Convenio de Córdoba, Toreno, en España, se negó a aceptar la independencia de Méjico, y entonces Iturbide se hizo proclamar emperador con el nombre de Agustín I.

 

 

La enseñanza en 1821-1823.

 

El Gobierno se planteó en 29 de junio de 1821 la incorporación al Estado de todos los establecimientos de enseñanza. Los planes de estudio serían idénticos para todo el país. Habría oposiciones, celebradas en Madrid, para que el acceso a cátedras estuviera garantizado dentro de la igualdad de oportunidades entre los candidatos. Estas medidas no tuvieron después significado alguno porque en 1823 se pensó en lo contrario, en fortalecer los colegios religiosos, en censurar libros y prohibir las importaciones y la circulación de ellos, y en cerrar las Universidades porque difundían ideología no conveniente. Los decretos de 1821 sobre enseñanza fueron anulados antes de entrar en vigor.

En 1821, los liberales insistían en regular la enseñanza por medio de un Reglamento General de Instrucción Pública, que consideraba dos tipos de enseñanza, pública y privada, y tres grados o niveles, primero, segundo y tercer grado (que equivalían a primaria, secundaria y superior actuales).

En 1821 se creó la Escuela Politécnica que a lo largo del tiempo fue generando escuelas de artillería, ingeniería, minas, canales puentes y caminos, ingenieros geógrafos, y construcción naval.

La situación de la enseñanza anterior a 1821 es que había unas escuelas de latinidad y unos colegios de humanidades que preparaban para la Universidad pero no tenían sentido por sí mismos, aislados de la Universidad. La Universidad misma tenía unas “facultades menores” de artes y de filosofía, cuyos estudios se cursaban en recintos universitarios preparando para las Facultades Mayores.

El Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 establecía tres niveles de enseñanza autónomos: primaria, secundaria y superior, preveía la formación del profesorado, el acceso de éste al trabajo de la enseñanza, y el control del mismo por la Dirección General de Estudios. Esta Dirección controlaba unos estudios al margen de las Universidades, impartidos por Escuelas de Aplicación o “Escuelas Especiales para… (la actividad técnica correspondiente) “

En la Universidad, las cátedras eran de tres tipos: de letras, de ciencias y de ideología. La ideología comprendía saberes de derecho natural, derecho público y constitución, economía política y estadística. Estas cátedras desaparecieron en 1826. El Reglamento quería estabilizar la Universidad, pero no podía pagar su reforma pues las facultades dependían de las rentas eclesiásticas. Simplemente declaró la libertad de creación de centros universitarios tras examen “ideológico” del empresario universitario y con exámenes finales de los alumnos en la Universidad pública.

Quizás lo más importante del Reglamento fue la creación de la Universidad Central en Madrid, y la reducción a 10, del número de Universidades. En junio de 1821 se reanudó el carácter de Universidad Central en la de Madrid y se le asignó impartir tanto tercera como segunda enseñanza e incluso estudios de ampliación. La apertura de la Central se hizo en 7 de noviembre de 1822. Lógicamente con su posición clerical y conservadora, Fernando VII comunicó que “le era imposible asistir a un acto que tanto apreciaba”. Los Cien Mil Hijos de San Luis cerrarían la Universidad Central y volverían a dar la dirección de estudios universitarios a la de Alcalá el 16 de julio de 1823.

 

La idea de la ley de 1821 era que la enseñanza no sólo servía para la Universidad, sino para instruir a la nación, así que se regularon también los institutos de enseñanza secundaria.

La financiación de los institutos la hacían los alumnos, pero cabía que hubiera ayuda de los ayuntamientos.

Los institutos podían ser “elementales”, que contaban con cátedras de ciencias y letras, y “superiores” que preparaban para la Universidad, y añadían a las ciencias y letras estudios de ideología, administración y lengua antigua (griego, árabe o hebreo).

Posteriormente saldrían reglamentaciones del sistema de enseñanza, hechas por Calomarde en 1824, 1825 y 1826, que desvirtuaron el espíritu liberal del proyecto de 1821. El tema se retomaría en 1834.

 

Una de las reformas importantes de 1822 fue la supresión definitiva del Protomedicato[11], la institución creada por los Reyes Católicos hacia 1500 para controlar el ejercicio de la medicina. Esta ciencia tan práctica y socialmente tan necesaria, estaba muy corrompida por múltiples profesionales de la estafa. Los físicos (médicos) y cirujanos, auténticos conocedores de la ciencia médica y cirujana, tuvieron desde entonces competencias jurídicas para castigar a intrusos (pero no podían abrir tienda de afeitado). El resto de médicos debía recurrir a la justicia ordinaria. El problema durante toda la Edad Media era la escasez de médicos que producían las Universidades, no más allá de dos docenas al año para toda España, lo cual daba oportunidad a toda una serie de médicos de segunda, aficionados, charlatanes y estafadores. En el siglo XIII, para ser médico bastaba ser examinado por los médicos existentes en una ciudad y ser aceptado por los alcaldes de esa ciudad. La salvaguarda principal de estas autoridades era someter a los médicos a pagar indemnizaciones a las víctimas y sus familias, y multas al rey. Con la formación de la monarquía absoluta, ya desde el XIV, los monarcas fueron exigiendo nombrar ellos mismos examinadores, que el XIV eran delegados del monarca o regidores de las ciudades. El Protomedicato tenía bajo su control a unos Protobarberos para dar títulos de barbero (los barberos eran especialistas en sangrías, sobre todo en los brazos, y solían contratarse al servicio de algún noble o de varios pueblos, al tiempo que hacían servicios de afeitado a navaja o con tijera), y también eran examinados los boticarios. Gente sin ningún título, pero habilitados para ciertas funciones médicas eran los especieros, ensalmadores y herbolistas. También eran tolerados los algebristas, curanderos, parteras, maestros de llagas, sangradores (hacían sangrías en arterias y venas, extrucción de dientes, aplicación de ventosas, sanguijuelas, vegigatorios y también servicios de afeitado), batidores de cataratas, hernistas, sacadores de piedras, sacamuelas, alfagemes y albéitares siempre que tuvieran algún tipo de licencia y demostrasen limpieza de sangre. Estaba completamente prohibido el ejercicio de los saludadores, ensalmadores, brujas, hechiceros, conjuradores, nigromantes, astrólogos, e incluso les perseguía también la Inquisición. La reforma de la Medicina tuvo lugar en el XVIII cuando se crearon los Colegios de Cirugía de Cádiz (1748), de Barcelona (1760) y de San Carlos de Madrid (1780). Al tiempo, en 1761 se prohibió ejercer a sangradores no titulados, y especialmente a los que tenían tienda para afeitados. En 1787, el Colegio de Cirugía de San Carlos creó tres Audiencias para controlar a médicos, cirujanos y farmacéuticos, y suprimió el Protobarberato y el Protocirujanato. La medida se completó en 1799 con la supresión del Protomedicato, y todos los profesionales médicos fueron habilitados por la Junta de Facultad correspondiente. El Protomedicato se restableció en 1801, suprimió en 1804, restableció en 1811 y desapareció definitivamente en 1822. En 1804 se habían creado nuevos centros de estudios médicos en Burgos, Santiago, Salamanca y Palma de Mallorca.

 

La reforma de la enseñanza de 24 de octubre de 1824, de Calomarde, planificada por el sacerdote Manuel Martínez, dio autonomía a la Facultad de Filosofía respecto a las Facultades Mayores. Filosofía era una facultad menor, que daba acceso a las facultades mayores. Las Facultades Mayores eran Teología, Jurisprudencia, Cánones y Medicina. Por otra parte, supeditaba el conjunto de las facultades a la Iglesia Católica, que inspeccionaba las doctrinas enseñadas y costumbres ejercidas en la Universidad. En Medicina, las clases eran en latín y la religión era obligatoria.

 

 

[1] Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Gonzaga, conde de Miranda del Castañar fue Mayordomo Mayor del rey en 1815-1820, hasta que en noviembre de 1820 fue sustituido por Antonio Ponce de León Dávila y Carrillo de Albornoz duque de Montemar, a quien sucedería en 1822 José Gabriel de Silva Bazán y Waldstein marqués de Santa Cruz de Mudela. Pedro Alcántara volvería a su cargo de Mayordomo Mayor del Rey en 1823.

[2] El Trágala tenía esta letra: Trágala o muere, tú, servilón, tú, que no quieres, constitución.

 

[3] Ramón López Pelegrín fue Secretario de Gobernación para Ultramar en junio de 1821, Secretario de Estado en enero de 1822, simultaneando con Gobernación para Ultramar.

[4] Vicente Cano Manuel Ramírez de Arellano fue Secretario de Gracia y Justicia en marzo de 1821 y continuó en el cargo en enero de 1822, habiendo estado propuesto unos días como Secretario de Gobernación en este mismo gobierno.

[5] Manuel Encima venía ejerciendo desde 4 de marzo de 1821.

[6] Luis Sorela Mauri ya había ejercido en Hacienda en 2 de marzo 1821, y volvió a ser Secretario de Hacienda en enero 1822.

[7] Matías Vinuesa López-Alfaro, 1776-1821, era un burgalés que había estudiado en Alcalá, Toledo y Sigüenza y se hizo cura de Tajamón (Guadalajara) en 1803, al tiempo que era nombrado arcediano de Talavera y capellán de honor del rey. Estuvo encargado de asuntos económicos en algunas zonas castellanas. En 1812 se hizo afrancesado y se convirtió en crítico de la política y de la religión. En 1821 era furibundo absolutista y planificó un golpe de estado que debía encumbrar a Don Carlos, al duque del Infantado y al marqués de Cautelar, los que él creía líderes del absolutismo. La finalidad del golpe sería establecer Cortes Estamentales, y regresar a los impuestos antiguos, condonando los recientes de los liberales. El 7 de julio de 1820 fue detenido y se le encontraron cartas a militares del este de Europa pidiendo la restauración del absolutismo, y proclamas al pueblo español en el mismo sentido. El juez le condenó a 10 años de prisión, lo cual indignó a los “liberales”, que sacaron sus masas a la calle, asaltaron la cárcel y asesinaron a Vinuesa. Los presuntos asesinos fueron juzgados y ejecutados en junio siguiente, pero el rumor de la calle decía que los verdaderos inductores del asesinato habían quedado libres.

[8] Pablo Morillo Morillo, 1775-1837, era el héroe militar que había combatido en Venezuela y Colombia en 1815-1820, con unos miles de hombres, hasta que en diciembre de 1820 fue sustituido en esas funciones por Miguel de la Torre. En el nuevo cargo de Capitán General de Castilla la Nueva estaría hasta noviembre de 1822. En julio de 1823 sería de nuevo encargado de pacificar una región, Galicia. En agosto de 1823 fue despojado de cargos y honores y huyó a Francia. Fue depurado por el Tribunal de Purificación”, pero se vio rehabilitado en 1832 y repuesto en el cargo de Capitán General de Galicia, puesto que volvería a ocupar en 1836. Apoyaba a María Cristina frente a los carlistas.

[9] Lo protagonizaba un extremista, el fraile exclaustrado Clararrosa.

[10] Agustín Cosme Damián Iturbide y Aramburu, 1783 -1824, autocoronado emperador de México en 1821.

[11] Fuente: Rafael Sanz Ferreiro, Los Practicantes y el ejercicio de la Odontología Española. Memoria para el grado de doctor, Madrid 2004.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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