LAS CORTES DE JUNIO DE 1820.

 

 

         Las Cortes en junio- septiembre de 1820.

 

El 26 de junio se hicieron las sesiones preparatorias de Cortes en el Palacio de Doña María de Aragón, donde habían estado las Cortes en 1814.

El 9 de julio de 1820 se abrieron Cortes Ordinarias, que durarían hasta 9 de noviembre. Con ello se dio por terminada la Junta Provisional y se disolvieron las Juntas Superiores de Galicia, San Fernando y otras.

José de Espiga y Gadea[1] era el presidente de las Cortes y encargado de dar el discurso de recepción al Rey: dijo que las Cortes y la Constitución eran la restitución a los españoles de las viejas libertades históricas, y que Fernando VII había sido manipulado anteriormente, pero en los últimos días se había puesto al frente del liberalismo, por todo lo cual pedía el apelativo “El Grande” para Fernando VII. Todos sabían que el discurso era falso de la “a” a la “z”, pero la farsa les interesaba a todos, a los liberales y al Rey, y todos siguieron la comedia. Se gritó ¡viva el Rey constitucional! Y se hizo una gran fiesta en Madrid con muchas luces, y baile en el Salón del Prado, que duró hasta el amanecer del día siguiente.

Las Cortes, de signo cercano al populismo burgués, y difícilmente calificables de liberales democráticas, asumieron que el poder les correspondía a ellas en virtud de que ellas eran soberanas, y empezaron a intervenir en todos los campos de la política, incluidos el ejecutivo y el judicial:

En el correcto uso de su soberanía, pidieron comparecencias de todos los ministros. Un ministro dio cuenta al país de que la producción agrícola había caído un 15-30% en los últimos 20 años, y otro que el ejército español del momento era prácticamente inutilizable.

En un concepto equivocado de poder, confundido con el de soberanía, tomaron diversas medidas, no todas ellas razonables ni democráticas:

Decidieron que había que iniciar obras públicas para dar trabajo a mucha gente, lo cual no era razonable en la situación de práctica quiebra de la Hacienda estatal.

Se decidió poner aduanas en el País Vasco y Navarra.

Se rectificaron sentencias judiciales, se concedieron indultos cuando una sentencia no gustaba, lo cual era intromisión de poderes, difícilmente justificable como democrático.

Se concedió plena libertad a los afrancesados (hasta entonces confinados en el País Vasco), se ordenó liberar a los “persas”, lo cual era de sentido común.

Se ordenó procesar al marqués de Castelar por una noticia de prensa, que decía que había arrastrado por el suelo a un cadete por haber injuriado éste a sus superiores en la prensa, lo que era ponerse al servicio de correveidiles.

De hecho, las Cortes actuaban como la vieja camarilla de Fernando VII, pero ahora eran una camarilla liberal, y mucho más numerosa. No mucho más justa ni democrática.

Las intervenciones de los parlamentarios eran unos discursos confusos, con muchas cábalas sobre el futuro, nebulosidades abstrusas, expresiones de doble sentido… y apenas se entiende nada en la lectura de las actas. Privaba lo nimio sobre lo fundamental. Se hacían reformas populistas. Pero no se hizo una reforma de la Administración para hacerla más ágil, ni se afrontaron los problemas económicos básicos. En conjunto, la llegada de los liberales a las Cortes, en 1820, es una decepción para los aficionados a la historia de España que esperan la pronta evolución al liberalismo. España tendría que esperar muchos años todavía para eso.

 

A partir de julio de 1820 hicieron también reformas legislativas, que sí entendemos hoy que son de competencia de unas Cortes democráticas: La “desvinculación”, o supresión de mayorazgos, fideicomisos y patronatos, tuvo lugar el 11 de julio de 1820, decidiendo que éstos pasaran a propiedad libre en dos etapas, una inmediata por la que los titulares pasaban a disponer solamente de la mitad de sus beneficios, y otra a la muerte del titular resultando la herencia totalmente libre. Complementariamente, se prohibía a la Iglesia adquirir bienes inmuebles, títulos de deuda o asignaciones de rentas. La medida debía entrar en vigor en 27 de septiembre de 1820.

El 13 de julio, Riego exigió medidas más radicales, ya netamente populistas, como una tutela del ejército liberal, sobre el Gobierno. Canga Argüelles pensó entonces disolver el Ejército de la Isla y acabar con este radicalismo populista. El ministro de Guerra, Pedro Agustín Girón de las Casas, marqués de las Amarillas, estaba decidido a disolverlo. Pero Riego se anticipó en las Cortes, acusó a Amarillas de atacar al ejército liberal y pidió su dimisión. Toreno también pidió la dimisión de Girón de las Casas por moderado. Se había llegado al punto álgido en el que se debía decidir sobre populismo u orden democrático.

Fernando VII no aceptó la petición de cese de su ministro. Fernando VII acusó a sus ministros de amilanarse ante las Cortes y sus inspiradoras, las Sociedades Patrióticas, y les dijo que estaban incumpliendo la Constitución, la cual había hecho una división de poderes muy clara, y no permitía la tutela de una fuerza del ejército o de las Sociedades Patrióticas sobre el Ejecutivo. Hasta Fernando VII daba lecciones de liberalismo a estos populistas de 1820.

 

En agosto de 1820 se llegó a temas de mucho calado, pero las discusiones no tenían mucho valor como novedad porque era volver a temas debatidos en 1810-1814. La reforma más importante fue la del clero:

Los clérigos quedaban sometidos a los tribunales ordinarios perdiendo los fueros y el derecho a ser juzgados por las autoridades eclesiásticas privativas.

Se suprimían las órdenes monacales incautándose el Estado de sus posesiones. Las órdenes no monacales subsistían, pero se suprimían los conventos de menos de 20 religiosos, no se podían fundar conventos nuevos, ni se podían admitir novicios “hasta acabar el definitivo arreglo del clero”. Era lo mismo que eliminar los conventos, aunque dando un plazo de unos años. Naturalmente, hubo protestas de prelados y monjes.

El 9 de agosto de 1820 un decreto de Cortes propuso la venta de bienes nacionales en subasta pública. Era una desamortización que tampoco tendría efectos importantes, como todas las demás hasta 1836.

El 17 de agosto fue suprimida la Compañía de Jesús.

En agosto de 1820 se presentó un proyecto de Código Civil como una ley igual para todos, que garantizaba la defensa de los derechos de los ciudadanos y el respeto a la Iglesia Católica.

 

No olvidemos que España tenía todavía intereses en América. Los acontecimientos americanos también tenían su influencia en el Gobierno de España peninsular, y los acontecimientos de España, en América: En agosto de 1820, San Martín con 4.500 hombres desembarcó en Perú procedente de Chile, llegando a la ciudad de Risco. En Perú gobernaba el absolutista virrey Pezuela, que por orden de España había promulgado la constitución de 1812. También había muchos oficiales liberales. La llegada de San Martín complicaba las relaciones entre Pezuela y los liberales, y el diálogo entre ambas partes se hizo imposible. Pezuela fue depuesto y sustituido por La Serna en un golpe militar confirmado por España inmediatamente. El liberal La Serna intentó dialogar con San Martín en Puchanca: San Martín ofreció un reino independiente del Perú con un rey Borbón. La Serna no aceptó, pero como estaba en inferioridad tuvo que huir a las montañas, permitiendo que San Martín proclamara la independencia en julio de 1821.

 

 

La polémica del Ejército de la Isla.

 

Y el 18 de agosto se decidió, por nuevas presiones de las Cortes, que Cayetano Valdés sustituyera a Amarillas. Juan Jabat Aztal se hizo cargo interinamente de la Secretaría de Guerra, hasta que en 23 de septiembre fue nombrado titular Cayetano Valdés Flores, pero Juan Jabat siguió manejando de hecho la Secretaría. Entonces Fernando VII comprendió que la constitución, manejada por los liberales de 1820, era una excusa que escondía la decisión de hacer lo que les diese la gana a los liberales en cada momento, una dictadura “liberal”, más bien populista. Posiblemente este fuera el momento en que Fernando VII decidió romper con los liberales, pues no tenemos constancia de que antes de estas fechas Fernando VII hubiera puesto objeciones serias al nuevo sistema constitucional.

La polémica entre los que querían disolver el Ejército de la Isla para no soportar la tutela de ese ejército sobre el Gobierno y las Cortes, y los que llamamos “exaltados”, que no querían de ningún modo que ese ejército se disolviese, pues era su base más firme, se extendió en agosto a las Sociedades Patrióticas. La Fontana de Oro invitó a Riego a un banquete y el 3 de septiembre salieron a la calle cantando el “trágala”. Exigían perseguir y acabar con los realistas[2]. El Gobierno castigó a Riego mandándole a un cuartel en Asturias. El general Velasco fue privado del mando en Madrid. Manzanares y San Miguel fueron alejados de Madrid.

Los doceañistas del Gobierno, Martínez de la Rosa y Muñoz Torrero, se opusieron a ese populismo callejero, y entonces los exaltados se pasaron a la oposición. Entre ellos estaban Toreno (algunos autores le ponen entre los moderados), Romero Alpuente, Calatrava, Istúriz, Yandiola, Torres y Zumalacárregui, que fueron expulsados del Gran Oriente.

El 7 de septiembre de 1820 se produjo la ruptura entre moderados y exaltados:    En la discusión parlamentaria sobre las causas que condujeron al fracaso de 1814, quedaron definitivamente diferenciados los moderados de los exaltados. Los exaltados culpaban de los males de 1814 al rey “que les había engañado a todos porque tenía excesivo poder”, a la nobleza y clero a los que había que desposeer de privilegios, y a los propios liberales que no habían hecho las reformas adecuadas y habían decepcionado con ello al pueblo. Éste será el nuevo programa político para los exaltados.

La dualidad entre ambos grupos, ”moderados” y “exaltados”, se había hecho patente ya en las Cortes de Cádiz y Madrid entre 1810 y 1814. Entonces eran “exaltados” Argüelles, Toreno, Martínez de la Rosa, Mejía Lequerica y Terreros, y “moderados” eran Muñoz Torrero, Espiga, Pérez de Castro y Luján.

En 1820, desde los primeros días del golpe, trataron todos de ocultar que los militares sublevados en Cádiz eran, técnicamente, desertores que debían ser juzgados por ello. Los políticos jugaron con el lenguaje una vez más, y llamaron a los liberales de Cádiz “Ejército de La Isla”, en vez de rebeldes, o sublevados. El ejército sublevado seguía enclavado en Cádiz y Sevilla en verano de 1820, y nadie sabía por qué. Los soldados del “Ejército de la Isla” mataban el tiempo cantando canciones, escuchando arengas y entonando los himnos patrióticos liberales. Eran unos 20.000 y estaban dotados de mucho armamento, pues no olvidemos que estaban inicialmente destinados para una guerra en América. Se dice que en verano de 1820 se dieron tierras a muchos soldados y se les mandó a casa, pero en todo caso, quedaban otros 10.000 en pie de guerra. De los ascendidos a mariscales y generales, Riego, Quiroga, López Baños, Arco Agüero, O`Daly y Evaristo San Miguel, casi todos permanecían con las tropas gaditanas, excepto Quiroga que estaba en la política. Pensaron que eran más fuertes permaneciendo juntos, y no estuvieron ni en la Junta Provisional de 7 de marzo, ni en las Secretarías de Estado de 9 de marzo, ni en el Gobierno de 8 de abril de 1820 y ni siquiera en Direcciones Generales ni Jefaturas Políticas. Se habían convertido en unos “héroes de adorno”.

El Gobierno, liderado por José Canga Argüelles desde Hacienda, y Amarillas desde Guerra (en teoría Pérez de Castro era Jefe del Gobierno en su puesto de Secretario de Estado), decretó la transformación del “Ejército de la Isla” en “Cuerpo de Observación de Andalucía”, lo cual les hacía perder los honores, agasajos y fiestas que se les daban, aunque también les exoneraba del juicio militar que les correspondía. Y los de La Isla empezaron a protestar y a exigir las tierras y premios que se les habían ofrecido en los días del golpe. Argüelles y Amarillas debían evitar que el Ejército de Andalucía fuese un problema, y la situación se volvió difícil cuando a fines de junio y principios de julio corrió el rumor de que los soldados iban a ir sobre Madrid.

El 14 de julio, Amarillas decretó la disolución del Cuerpo de Observación de Andalucía. Y fue entonces cuando las Sociedades Patrióticas de Madrid se echaron a la calle a gritar ¡Viva la República! y ¡Riego emperador! A Argüelles se le ocurrió la solución de culpar a Amarillas de los hechos y nombrar a Riego Capitán General de Galicia, lo cual esperaba que fuese suficiente para aplacar a los soldados de Cádiz. Fernando VII se negó a firmar el cese de Amarillas, porque era hombre de su confianza y porque seguía pensando que él debía destituir y nombrar Secretarios de Estado. El Rey cedió el 18 de agosto. Pero Riego comprendió que se le echaba, lejos de su ejército y lejos de Madrid, y quería más poder. Riego fue a Madrid a pedir que no se disolviese su ejército y que se dieran premios a sus colaboradores, se rodeó de los exaltados de Madrid (casi todos los tertulianos de La Fontana de Oro) y se lanzaron a la calle. El 3 de septiembre de 1820 Riego estaba capitaneando las revueltas populares en Madrid.

El Gobierno de Argüelles decidió destituir a Riego de su cargo en Galicia, que nunca había ocupado. Los motines callejeros arreciaron, y en ellos se insultaba a los Secretarios del Gobierno y se pedía su dimisión. Riego comprendió a última hora que estaba dividiendo a los liberales, pero ya el propio Riego era un juguete de los exaltados de Madrid. El populismo radical había devorado a su líder.

Del 4 al 6 de septiembre de 1820 hubo debates en las Cortes sobre la situación política del momento: Gutiérrez Acuña pidió instruir causa judicial y que el Gobierno explicase las razones por las que se destituía a Riego; Istúriz pidió la comparecencia de Argüelles (hay que aclarar que los Secretarios de Estado no asistían a las sesiones, porque no eran diputados, sino sólo cuando las Cortes les requerían para dar explicaciones); Romero Alpuente justificaba los desmanes callejeros en la necesidad de que el pueblo hiciera justicia cuando los gobernantes no la hacían; Argüelles replicó que todo aquello era una barbaridad absoluta y defendió que el Gobierno tenía que adoptar medidas fuertes cuando la situación lo requería, porque sólo el orden era el camino de la verdadera libertad, y sugirió que había una maquinación escondida bajo los acontecimientos de los últimos días, y que podía “descubrir las páginas de toda esta historia” si los señores diputados insistían en sus demandas; hubo un tumulto entre los diputados exaltados; Martínez de la Rosa apoyó a Argüelles afirmando que no había libertad fuera de una sociedad en orden, que la libertad no se produce en la “furiosa bacante” sino en la “grave matrona”.

Algunos historiadores han interpretado que el sujeto de la trama a que se refería Argüelles eran los republicanos, lo cual comprometía a muchos exaltados. Evaristo San Miguel negó siempre que existiese esa trama. También pudiera ser que Riego, que era republicano, tuviese otros fines que no hubiese comunicado a San Miguel. Como tantas veces que los políticos dicen que “van a tirar de la manta”, nadie dijo nada, y al final, no sabemos apenas nada de lo que estaba pasando, si aquello era una conspiración republicana, un plan liberal exaltado, o un simple golpe populista.

Los moderados ganaron la votación, el Ejército de la Isla fue disuelto, la Fontana de Oro fue clausurada temporalmente, y Riego fue destinado a Oviedo, a un cuartel, desde donde no podía gobernar nada. A partir de ese momento, los partidarios de Argüelles se llamaron “doceañistas” y los partidarios de Riego “veintinos” (veinteañistas en lenguaje más actual).

La ruptura entre liberales moderados y exaltados, que ya eran minoría respecto al conjunto de los realistas, ultraabsolutistas y ultracatólicos, no era lo más conveniente al liberalismo. Argüelles podía haber incorporado al Gobierno de abril a alguno de los de Cádiz o de La Fontana de Oro, pero los consideraba inexpertos, poco preparados políticamente, poco prudentes, populistas, peligrosos para el Gobierno. Argüelles consideró que la reforma liberal ya estaba consumada en abril de 1820 y no necesitaba aficionados a los golpes de Estado que muchas veces confunden el bien común con su propio lucro personal. Por su parte, los exaltados no hacían más que demostrar sus ganas de beneficiarse del golpe de enero-marzo de 1820, pero no se habían acordado de ello mientras eran homenajeados y celebraban fiestas y entradas triunfales en los pueblos, sino en septiembre, cuando ya habían cesado las fiestas en honor de los héroes de Cádiz. Cuando, en septiembre, dijeron que la revolución no había terminado aún, ya era tarde, ya habían pasado seis meses desde el triunfo de marzo. Ya no se estaban proveyendo los cargos de Gobierno.

La ruptura entre doceañistas y veintinos no fue un enfrentamiento generacional como dicen algunos libros, pues Martínez de la Rosa era más joven que Riego (los soldados eran obviamente jóvenes todos), pero sí otra generación política, la de 1812 era sustituida por la de 1820. La generación de 1812 era ilustrada, formada académicamente, propietarios, comerciantes, industriales, abogados, médicos… La generación de 1820 contaba con muchos autodidactas, románticos, más violentos, “descamisaos” (apelativo que se decían de sí mismos), es decir, baja burguesía, con poco poder adquisitivo (pero no obreros y campesinos o jornaleros). Los historiadores prefirieron llamar a los doceañistas, “moderados”, y a los veintinos, “exaltados” (a partir de 1836 Olózaga llamó progresistas a los exaltados).

 

 

Las Cortes de Septiembre a noviembre de 1820.

 

Tres problemas protagonizaron este periodo: una campaña anticlerical, la situación agobiante de la deuda pública, y el reparto de la tierra o adjudicación de la tierra a los campesinos. Y el objetivo de calmar a los exaltados, no se cumplió, y resultó que el enfrentamiento entre moderados y exaltados fue inevitable.

El 9 de septiembre de 1820, se acordó en Cortes la supresión de diversos monasterios de órdenes monacales y militares. El rey se negó a firmar esta ley y no lo hizo hasta el 23 de octubre, tras muchas presiones liberales. Algunos autores creen que esta fue la fecha del inicio de las “conspiraciones” de Fernando VII contra los liberales, no muy lejana del 18 de agosto que hemos citado hace poco, cuando se forzó la dimisión de Amarillas. Evidentemente, los liberales estaban tocando lo que los católicos creían derechos sagrados e intocables.

Entonces se organizó un movimiento conservador absolutista: El arzobispo de Valencia[3], el arzobispo de Zaragoza[4] y el obispo de Urgel[5] fueron personalmente a ver al rey a El Escorial, para recomendarle que no aprobara esta ley. El Escorial se convirtió en el centro de la actividad antiliberal, una política secreta que consistía en buscar aliados extranjeros que echaran a los liberales de España. El empecinamiento absolutista llegó a tal punto, que pactaron con los exaltados la caída del Gobierno, que era moderado doceañista. El embrollo político era grande, pues los moderados estaban intentando cumplir un objetivo reiteradamente pedido por los exaltados, el cierre de conventos.

El 27 de septiembre de 1820 entró en vigor un decreto de Cortes de 11 de julio de 1820 suprimiendo las vinculaciones de tierras y mayorazgos, y prohibió a la Iglesia la adquisición de bienes inmuebles, además de reducir el diezmo a la mitad.

El 1 de octubre de 1820 un decreto reformó los clérigos regulares y aplicó sus bienes al Tesoro Público. La llamada “Ley de Monacales” suprimía las órdenes y establecimientos religiosos que no se dedicaran a la enseñanza o a la beneficencia, y declaraba bienes nacionales sus propiedades, para ser subastadas a particulares. No es propiamente una desamortización, pues no hubo indemnización, sino una incautación forzosa. Se pretendía incautar bienes por valor de 1.570 millones de reales, lo cual era una pequeña parte de la deuda del Estado, pero ni siquiera llegó a incautarse todo ni mucho menos a subastarse, porque no dio tiempo. El Estado recuperó una parte del papel que tenía emitido en vales reales, y que no podía pagar, pero casi no se notó en el problema del monto global de la deuda.

En octubre de 1820 se hizo un estudio de la situación religiosa con estas conclusiones: En España había 21.000 pueblos y 4.000 de ellos estaban sin cura, mientras en otros había demasiados curas. Sucedía que grandes parroquias estaban con un solo cura, y algunas pequeñas tenían varios. Las rentas de las iglesias eran dispares desde 300 ducados las más pobres, a 14.000 pesos las más ricas. En muchas provincias no había seminarios, obligatorios desde Trento (pero no obligatorios en todas las provincias). Muchas parroquias estaban en manos de frailes.

La propuesta del Gobierno a las Cortes y a la Iglesia, era igualar las parroquias en cuanto a número de feligreses, dotar a todas de dinero suficiente, someterlas a todas a la autoridad de los obispos (abandonando jurisdicciones de órdenes religiosas) y administración de las rentas eclesiásticas por Hacienda.

 

En octubre de 1820 se autorizó un empréstito de 200 millones de reales con Ardouin y Lafitte, que adelantaban los 200 millones a cambio de 300 millones en obligaciones del Estado al 5% de interés y 2% de premio, a 24 años vista. El “quebranto” para el Estado era pues de más del 30% en esta operación. El Gobierno español actuaba a la desesperada.

 

El 21 de octubre de 1820, el Gobierno moderado comprendió que el populismo era un problema sin solución racional, y decidió cerrar los clubs de los exaltados y suprimir las Sociedades Patrióticas, con lo cual esperaban acabar con las algaradas populares exaltadas. Pero el liberalismo era ingenuo y, en virtud de la libertad de expresión se toleraron los discursos políticos en la calle y locales públicos, con lo que la medida prohibitiva era inútil. Cada vez que una Sociedad Patriótica se cerraba, volvía a abrirse otra y así sucesivamente. El moderado Argüelles decía que los exaltados habían intentado asaltar el poder por la fuerza, y decidió que el Ejecutivo debía ser fuerte, capaz de hacer frente a los exaltados en las Cortes y de controlar al ejército liberal exaltado y a sus algaradas populares. Incluso el 21 de octubre quedaron prohibidas las asociaciones privadas no autorizadas por la autoridad gubernativa.

Por un lado, se intentaba controlar a los exaltados: El 22 de octubre de 1820, las Cortes decidieron volver a la situación de libertad de imprenta de 10 de noviembre de 1810, con Junta de Protección a la Libertad de Imprenta como organismo de censura, y con censura previa para temas religiosos. El tema de la libertad de imprenta es complicado: los liberales temieron a su propia libertad, y el 11 de febrero de 1822 hicieron un decreto restringiendo la libertad de prensa. El 14 de noviembre de 1824, con la vuelta del absolutismo, se volverá al Decreto de 11 de mayo de 1805 con Juzgados de Imprenta y censura previa, y permisos del rey para abrir periódicos.

Por otro lado, se continuaba con las reformas clericales, que podían ser motivo de descontento popular: El 23 de octubre el rey firmó el decreto de supresión de órdenes monacales y militares. Se suprimieron los monasterios y órdenes de San Benito, Tarraconense, Cesaraugustana, San Agustín, Premonstratenses, Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, San Juan de Jerusalén, San Juan de Dios, Betlemitas… y se atribuyeron sus bienes al pago de la deuda nacional.  La orden no fue cumplida de forma inmediata, pues en marzo de 1821 sólo se habían suprimido 280 monasterios de los 1.928 existentes y a fines de 1822 se habían suprimido unos 1.000. Ello conllevaba el pago de pensiones a 4.500 frailes secularizados, y a 16.000 más que permanecieron como frailes. Era una medida para congraciarse con los exaltados y salvar al Gobierno.

 

En esta situación de crisis entre liberales, Fernando VII y su camarilla quisieron designar Patriarca de España al absolutista arzobispo de Valencia, Veremundo Arias Teixeiro. El asunto era complejo porque el rey, según la constitución, podía designar cargos públicos, pero los nombramientos debían llevar el refrendo de los ministros. Evidentemente, el rey lo estaba haciendo en contra de las Cortes y del liberalismo. Ante este requerimiento, los ministros Pérez de Castro, Argüelles y García Herreros dimitieron para no refrendar al conocido absolutista. No fue aceptada su dimisión. Pero la ruptura entre el rey y su Gobierno moderado quedaba patente.

El 9 de noviembre de 1820 se cerraron las Cortes. Fernando VII estaba en El Escorial y se negó a asistir a la clausura.

 

 

El Congreso de Troppau.

 

En 20 de octubre de 1820 se reunió el Congreso de Troppau (Chequia), reunión de las potencias del Congreso de Viena, y Austria presentó su derecho a intervenir en Italia y reponer a Fernando I en Nápoles. Inglaterra se opuso, pero se estableció el derecho de intervención en otros países cuando éstos violentasen el legitimismo. España protestó contra ese derecho de intervención.

Las decisiones finales del Protocolo de Troppau fueron firmadas el 19 de noviembre de 1820. España pasó desapercibida, gracias a que Inglaterra había impuesto la idea de que la revolución española era un asunto interno de un país concreto, que las potencias no debían tratar mientras no afectase a otros países. La singularidad de este congreso radica en que Gran Bretaña y Francia decidieron no enviar ministros plenipotenciarios, aunque sí enviaron observadores, para no comprometerse en represiones posteriores. Presidieron Alejandro I de Rusia, asistido por Juan Capo d`Istria, Francisco II de Austria, asistido por Metternicht, y el príncipe heredero de Austria, Federico Guillermo IV, asistido por Hardenberg. Con ello, los congresos pasaron a ser de la Santa Alianza y no de la Cuádruple Alianza de Viena. Se tachó a Francia y a Gran Bretaña de excesivamente constitucionales y democráticos, o tolerantes, y se decidió no escuchar sus peticiones ni contar con ellos para reprimir sublevaciones. La alianza de Viena estaba prácticamente rota, aunque se conservaba teóricamente, y de hecho Francia intervendría en España en 1823.

 

 

El problema de la tierra en el Trienio.

 

El 19 de octubre de 1820, las Cortes retomaron el problema de la propiedad de la tierra, abolieron los derechos señoriales y declararon la obligación de los señores de aportar los títulos de adquisición de la tierra para que fuera considerada suya. Toda vez que los títulos no existían, eso significaba la pérdida de la propiedad de los señores.

El decreto tenía relación con los decretos de 6 de agosto de 1811 aboliendo el régimen señorial, pero manteniendo las obligaciones derivadas de lo que se consideraban contratos libres, y de 8 de junio de 1813 de fomento de la agricultura y ganadería, permitiendo dar por finalizados los contratos de arrendamiento a su vencimiento o tras un año de aviso del arrendador, lo cual permitía subir libremente las rentas.

En junio de 1813, los campesinos habían alegado que una ley de Carlos III prohibía expulsar de la tierra a cultivadores directos, pero la alegación fue desestimada en Cortes.

En 1820, con la llegada de los liberales al poder, los pueblos habían dejado espontáneamente de pagar rentas por las tierras, esperando que los señores presentaran títulos de propiedad que las justificasen. Los campesinos identificaban la revolución liberal con el acceso a la propiedad. Contra esta medida protestaron la condesa duquesa de Benavente, los duques del Infantado, Villahermosa, Berwick, Híjar, Montemar, y duquesa viuda de Híjar, los marqueses de Astorga, Ariza, Belgida, Miraflores, Albayda, los condes de Montealegre, Cervellón, Morata y Revillagigedo, argumentando:

Que si los colonos se consideraban lesionados debían apelar judicialmente y, hasta la resolución judicial, la tierra seguía siendo de los señores.

Que si se cobraba cualquier renta en una finca era porque los señores eran propietarios.

Que renunciaban a sus derechos feudales, pero se afirmaban como propietarios de las tierras.

Entonces los jueces pidieron que los campesinos aportasen la prueba de que las fincas no eran propiedad de los nobles, lo cual era igual de imposible que si la tenían que presentar los nobles. Los campesinos perdían así la propiedad.

Protestaron entonces muchos municipios afirmando que de ninguna manera los contratos entre campesinos y señores eran libres, y pidieron abolición de pagos de derechos dominicales como sucedía en los pueblos de realengo, y reducción de las rentas fijándolas al 1,5% del valor de la finca arrendada.

Los campesinos alegaban, el 20 de agosto, que la medida de contratación libre les arruinaba, pero su protesta fue desestimada.

El 9 de octubre, los campesinos protestaron por las privatizaciones de baldíos y realengos, pues el paso de estas fincas a propiedad particular restaba ingresos al común de los vecinos de cada pueblo. También protestaron argumentando que los campesinos se habían convertido en colonos de propietarios forasteros y que las tierras a vender por el Estado se debían dividir en pequeños lotes que los campesinos pudieran comprar, pues si se subastaban en grandes lotes no tendrían opción de compra y además los señores las dedicarían a pastos, perdiendo el campesino no sólo la tierra que su familia venía trabajando, sino el trabajo incluso. Igualmente pidieron que se hicieran propietarios a los que llevaban más de 30 años trabajando una finca. Sus peticiones fueron desestimadas. Los señores reclamaban que las tierras habían pasado de padres a hijos sin apenas modificaciones de la renta y eso les había perjudicado dejando las rentas muy bajas, así que los perjudicados eran ellos.

Puestas así las cosas, el 19 de octubre de 1820 las Cortes suspendieron el pago de rentas hasta decidir si las tierras de señorío territorial o solariego eran incorporables a la nación o permanecían en manos de los nobles.

Císcar defendió en Cortes que los señores se habían apropiado ilegalmente de las tierras de la Corona.

Martínez de la Rosa defendió a los señores diciendo que no había conflicto entre señores y campesinos, sino entre señores y Estado, en los siguientes términos:

Los derechos jurisdiccionales están abolidos;

Los derechos exclusivos y prohibitivos están abolidos;

Los derechos territoriales o solariegos se deben discutir entre los señores y la nación.

Las Cortes aprobaron los términos de esta propuesta de Martínez de la Rosa en 7 de junio de 1821, pero entonces el monarca se negó a sancionar este decreto, alegando que la no presentación del título de propiedad no podía ser motivo de despojo, sino que daba lugar, en todo caso, a un juicio. El decreto sería transformado en ley el 3 de mayo de 1823 y Fernando VII tuvo que aceptarla. Los pueblos quedaron eximidos de pagar tributos a sus señores.

El 7 de marzo de 1822 hubo un nuevo texto proponiendo la presentación de la prueba, o título de propiedad, a los señores, y Fernando VII se negó de nuevo a sancionar la ley. El 26 y 27 de abril de 1823, en las Cortes de Sevilla, se decidió prescindir de la sanción real para validar esta ley, pero el decreto era ya inoperante pues los franceses habían invadido España.

En 1836, las Cortes liberales darían la razón a los señores. Serían los campesinos los obligados a aportar la prueba, y así acabó el conflicto de la propiedad, generando uno nuevo, el del reparto de la tierra, que ocuparía todo un siglo después de 1836.

 

 

[1] José Espiga y Gadea, 1758-1824, era un clérigo que había sido canónigo en Lérida y en San Isidro (Madrid), y gracias a sus ideas jansenistas y regalistas, capellán de Carlos IV. Estuvo en 1808 en la Junta Suprema de Cataluña como vocal por Lérida, y fue diputado en las Cortes de Cádiz siendo uno de los redactores del borrador de la constitución, y apoyo importante de Argüelles. En 1820 sería nombrado arzobispo de Sevilla, pero el Papa no aceptó la designación del rey.

[2] Entre los radicales estaba Antonio Alcalá Galiano, nacido en Cádiz en 1789 (hijo de Dionisio Alcalá Galiano, cartógrafo y navegante en el Mediterráneo, Atlántico y Pacífico, y muerto en Trafalgar en 1805), que fue un colaborador de Riego en 1820 y miembro de la Fontana de Oro a partir de entonces. En 1823 se exiliará a Inglaterra, regresó a España en 1832, se opuso a Mendizábal y acabó en el partido moderado. Murió en 1865.

[3] De 1815 a 1824 fue arzobispo de Valencia Veremundo Arias-Teixeiro Rodríguez.

[4] De 1816 a 1823 fue arzobispo de Zaragoza Manuel Vicente Martínez.

[5] De 1817 a 1824, fue obispo de Urgel Bernat Francés Caballero.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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