REGENCIA ABSOLUTISTA DE INFANTADO

de 25 de mayo a 1 de septiembre 1823

 

El 25 de mayo de 1823 se constituyó una Regencia y un Gobierno absolutistas en Madrid. La regencia absolutista lanzó una proclama el 4 de julio para hacer público que se había constituido, y el 19 de julio declaró traidores a los que habían “secuestrado” al rey y se lo habían llevado a Cádiz. Y entonces apareció un movimiento, llamado de los Apostólicos, en persecución y muerte de los liberales.

La regencia de 25 de mayo – 1 octubre 1823, estaba integrada por:

Presidencia:

Pedro Alcántara de Toledo y Salm Salm, duque del Infantado,

Vocales:

Antonio Ponce de León Dávila, duque de Montemar

Joaquín Ibáñez Cuevas, barón de Eroles

Juan Cavia González, Obispo de Osma

Antonio Gómez Calderón.

 

La Regencia de Madrid nombró Gobierno:

El Gobierno absolutista de 25 de mayo de 1823 reconocía como regente a la reina María Cristina y estaba integrado por:

Estado, Antonio Vargas Laguna, aunque Vargas Laguna nunca llegó a aceptar, y en realidad ejerció el puesto Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor, capellán de Fernando VII), primero interinamente, y de forma oficial a partir de 7 de agosto de 1823. En esta fecha, Vargas fue a Roma como ministro plenipotenciario;

Hacienda, Juan Bautista Erro Azpiroz / 19 julio 1823: Luis María Salazar Salazar;

Guerra, mariscal de campo José San Juan Brownie;

Gracia y Justicia, José García de la Torre como titular, pero en realidad José Álvarez Navarro;

Marina, Luis María Salazar Salazar (se mantuvo 8 años);

Interior de la Península y Ultramar, José Aznárez Navarro-Sánchez y Fuertes (procedente del Consejo Supremo de Guerra).

 

A fines de mayo de 1823, el Secretario de Guerra dio orden para que los Capitanes Generales disolvieran las partidas realistas formadas desde 9 de abril y que no se hubiesen integrado en los regimientos militares realistas respectivos.

Los eclesiásticos se hicieron cargo de los periódicos “El Defensor del Rey” y “El Restaurador”.

El 3 de junio de 1823 se restableció la Sala del Alcalde de Casa y Corte.

El 4 de junio se hizo una proclama a los españoles anunciando el fin de las persecuciones y excesos, pero exigiendo el debido respeto a la autoridad. Este ambiente pacificador del Gobierno absolutista en las palabras, contrastaba con el ambiente real, de persecución de los liberales, como veremos a continuación.

El 5 de junio se ordenó a los eclesiásticos volver a las iglesias que tenían asignadas antes de 1820.

El 8 de junio se creó la Superintendencia General de Vigilancia Pública, al mando de José Manuel de Arjona[1] para controlar a las personas contrarias a la Religión y al Trono y, principalmente, depurar a todos los funcionarios del Trienio. Un arma importante de este organismo era el control de los pasaportes para viajar. El 27 de julio se les cesó a todos y se les examinó, o purificó, uno a uno, con informe e investigación personal individual y preciso (el proceso era muy largo y nunca se llevó a término). También se purificó a todos los curas y frailes, de modo que los obispos hicieron limpieza de clérigos sospechosos de liberalismo o de colaboracionistas con el liberalismo. No se tuvieron en cuenta los fueros. Se repuso a todos los que habían ido cesados en el Trienio Liberal. Tres personas de cada pueblo, adictas a Fernando VII debían hacer todos los informes sin aceptar justificaciones de testigos favorables a los acusados. El sistema de purificaciones se completó en 22 de septiembre con la aparición de una Junta de Purificación en cada provincia para recursos en segunda instancia contra las decisiones de la Superintendencia General. El proceso era tan amplio y complicado que no fue posible realizarlo en su totalidad en los años en que estuvo vigente.

El 8 de junio se ordenó liberar a los presos hechos por los liberales por causas políticas.

El 9 de junio se derogaron todos los impuestos exigidos por los liberales en 1820-1823, se ordenó devolver sus bienes a los conventos, capellanías, ermitas santuarios y cofradías, y el 15 de agosto se decidió devolver los señoríos a la situación anterior a 1820 restableciéndose los territoriales y solariegos a sus señores y debiendo los campesinos pagar las rentas atrasadas desde 1820 en doce anualidades.

El 10 de junio de 1823 se crearon oficialmente los Voluntarios Realistas, existentes de hecho desde mayo pasado, con hombres de buena conducta, honradez conocida, adictos a la causa monárquica y contrarios a la constitución. Eran reclutados por los ayuntamientos tras ser examinados por una comisión de Voluntarios ya integrados en la organización. Se apuntaron los más pobres de la sociedad, los campesinos más pobres, los jornaleros y los artesanos pobres, no siempre por propia voluntad. Los “Voluntarios Realistas”, dirigidos por Calomarde, iniciaron la caza y captura de liberales por los pueblos y ciudades. Gritar o haber gritado ¡Viva la constitución! era penado con la muerte. A partir de 1824 se convirtieron en una fuerza peligrosa, incluso para Fernando VII.

El 11 de junio se invalidaron las disposiciones dadas por los liberales contra el clero regular.

El 11 de junio se repuso a los alcaldes mayores y corregidores anteriores a 7 de marzo de 1820.

El 19 de junio, los ayuntamientos volvieron a la situación que tenían en 1820, se suprimió el Jefe Político, el alcalde constitucional y el juez de primera instancia.

 

Calomarde proclamó el 23 de junio un edicto de proscripción general condenando a muerte a todos los que habían sido diputados durante los tres últimos años, y a todos los conocidos partidarios de la constitución.

El 17 de julio se restituyeron las rentas y prestaciones a los señores de señoríos territoriales y solariegos.

El 27 de julio se cesó a los funcionarios nombrados con posterioridad a 7 de marzo de 1820, se repuso a los que fueron separados de sus empleos por los liberales y empezó la purificación de los nombrados o promovidos durante el Trienio Constitucional: esta purificación consistía en la elaboración de un informe personal sobre su conducta política, informe que debían hacer tres personas adictas al rey. Se creó una Junta de Purificación integrada por Guillermo Hualde, Antonio Alcalá Galiano, León de la Cámara y Francisco Ezequiel Bárcena para calificar los informes. Los impurificados, o no aceptados para sus cargos, podían reclamar nuevos informes de personas distintas a las que les habían acusado en el primer informe.

 

El 7 de agosto de 1823, fue oficial el nombramiento de Secretario de Estado para Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor[2], que sustituía a Antonio Vargas Laguna. No cambió ningún responsable del Gobierno de 27 de mayo. Víctor Damián Sáez despachaba con todos los ministros, y luego despachaba con el Rey, actuando como “ministro de jornada permanente”. No era exactamente un ministro universal, equivalente al valido, porque los Secretarios de Despacho seguían firmando cada uno sus propias órdenes, circulares y decretos, pero estaba muy próximo a esa situación. Los historiadores próximos a los liberales llamaron a este Gobierno, “Gobierno Universal de Víctor Damián Sáez”. Pero no era exactamente esa situación. Los hombres poderosos del momento eran:

Tadeo Calomarde[3], líder de los Voluntarios Realistas.

Infantado, representante más destacado de la Regencia.

 

El Gobierno se basó en el decreto de la Regencia, dado el 23 de junio por Calomarde, que permitía perseguir a los liberales. Víctor Damián Sáez hizo efectiva la persecución de los liberales:

a principios de agosto de 1823 se ordenó que los milicianos huidos volvieran a sus pueblos en el plazo de quince días. La persecución se empezaba por los colaboradores con armas.

ordenó el 1 de septiembre la prisión de Valdés, Císcar y Vigodet, regentes de la Regencia de Sevilla;

disolvió la Compañía de Alabarderos de la Guardia Real;

ordenó el 2 de septiembre, Decreto de Jerez, el alejamiento a un mínimo de cinco leguas del camino que debía llevar Fernando VII para ir a Madrid para todos los políticos destacados durante el Trienio (diputados, jefes políticos, oficiales del ejército, alcaldes, milicia nacional…) y que, en adelante, nunca se acercaran a menos de 15 leguas de cualquier sitio real o de la Corte de Madrid.

 

El 1 de octubre, el rey era liberado.

La represión contra los liberales fue mucho mayor a partir de 4 de octubre, fecha de un nuevo decreto de persecución de liberales. La consigna era “acabar con los negros hasta la cuarta generación” (los negros eran los liberales). Sáez se encargó de hacer una de las represiones más brutales de la historia de España. Se encargó de buscar a los regentes de Sevilla para ejecutarlos, pero Angulema al enterarse, les facilitó la huida desde Cádiz. Decretó que ningún hombre que hubiera ejercido un cargo político en 1820-1823, se acercara a menos de 5 leguas del rey, con la obligación de desplazarse ellos si era el rey quien viajaba. Encarceló a cuantos liberales pudo, y asesinó a muchos utilizando una organización secreta denominada “El Ángel Exterminador”.

El clero ordenó celebrar el regreso del monarca con desagravios al Santísimo Sacramento y manifestaciones populares en las que se debería aclamar al rey “absolutamente absoluto”. Para empezar, los campesinos de Andalucía, tiraban de la carroza del rey como si fuesen caballos. Los obispos entregaron enseguida 11 millones de reales para estos gastos.

Se inició por toda España una campaña católica de misiones para combatir las doctrinas erróneas, perniciosas y heréticas en un intento de lavado de cerebro colectivo a todos los españoles, dirigido por el clero español y encaminado a hablar de política, aunque lo enfocaran “desde el punto de vista de la Iglesia”.

Las masas entendieron que era el momento de la revancha, y en los pueblos y ciudades pequeñas de zonas que no tenían guarniciones militares, arrestaron arbitrariamente, maltrataron de palabra y obra, robaron e incluso mataron a algunos liberales (no más de 20 personas).

 

 

Medidas antirrepresoras.

 

Angulema y Fernando VII estaban asombrados de la capacidad de violencia de los absolutistas y ultracatólicos españoles. La Santa Alianza se escandalizó de la crueldad de la represión española, e incluso el zar, que ya era un represor muy notable en su país, envió a Pozzo di Borgo a pedir amnistía en España.

El duque de Angulema le recordó a Fernando VII que había prometido a Luis XVIII el perdón y la paz, y hasta el momento no estaba haciendo más que detenciones y encarcelamientos y decretos arbitrarios.

El 6 de octubre Fernando VII dio su primera medida de perdón ordenando restituir a sus casas a los prisioneros de guerra de baja graduación, de sargentos a soldados.

Del 8 al 23 de octubre, Fernando VII recibió a los embajadores de las potencias europeas: Brunetti de Austria, Royer de Prusia, conde Bulgari de Rusia, y Angulema de Francia. Angulema fue recibido el 10 de octubre y le recomendó al rey no volver a la política de 1814, abandonar las detenciones, no emitir decretos arbitrarios, conceder una amnistía, y dar alguna seguridad de futuro a los liberales.

El 10 de octubre, Fernando VII prohibió abrir la correspondencia privada.

Fernando VII pidió a Víctor Damián Sáez, el 12 de octubre, un proyecto de amnistía, pero los realistas no estaban dispuestos a hacerlo y, simplemente, el 27 de octubre, le presentaron al rey una lista de delitos que podían perdonarse, y los que no podían perdonarse.

Todavía Fernando VII intentó más medidas dulcificadoras y ordenó suspender las purificaciones de todas clases que la Regencia había ordenado el 27 de junio contra los empleados civiles.

 

 

Reformas absolutistas de 1823.

 

En junio de 1823 fue repuesto en Hacienda como Director General de Rentas, Luis López Ballesteros, que restableció las rentas provinciales tal y como estaban en 1817. López Ballesteros elevó la recaudación desde los 480 millones de reales de 1824, a los 624 en 1832, pero con gastos de recaudación que llegaban casi a un 20%, que el Estado pagaba a los recaudadores. Los incrementos en la recaudación son difíciles de valorar pues se entró en política deflacionista, con bajadas de precios desde 1814. Lo más importante de la época es que los gastos se redujeron mucho y de los 830 millones presupuestados en 1816, y 700 millones de reales en 1817, se pasó a una media de entre 500 y 600 millones de reales en esta década. Los recortes mayores estaban en Guerra y en Marina, lo que se notó mucho en la escuadra, que perdió toda su eficacia. El resultado parece que fue muy positivo para la economía española, sobre todo a partir de 1827.

El problema de Hacienda era muy grande pues los Gobiernos del Trienio habían tomado seis empréstitos por más de 2.200 millones de reales, lo cual era una deuda muy difícil de pagar. Hacienda sólo había recibido unos 500 millones de reales, y el resto de había perdido en concepto de quebrantos y gastos diversos. Juan Bautista Erro ordenó visitar las fábricas propiedad de la Real Hacienda y ver su estado económico a fin de trazar un plan de viabilidad o cierre. El 6 de junio decidió aumentar los impuestos anulando el decreto de Cortes de 29 de junio de 1821 que reducía a la mitad las cuotas provenientes de gravámenes sobre los diezmos. El 9 de junio suprimió las nuevas contribuciones impuestas por el Trienio, pues era imposible cobrar impuestos directos, y volvió al sistema antiguo de Rentas Provinciales o cantidades asignadas a cada provincia que se debían aportar de una u otra forma. El 4 de julio ordenó formar una Comisión para una reforma de Hacienda y la integraron José López Pinilla, Javier Azpiroz, Atanasio Quintano, Justo Banguieri y Eusebio Dalp que actuaba como secretario. Esta Comisión, el 19 de agosto, restableció el Consejo de Hacienda y el Consejo de Órdenes Militares, y el 20 de septiembre de 1823 ordenó reconocer los empréstitos tomados por las Cortes durante el Trienio, intentando pagarlos mediante un nuevo empréstito, llamado “empréstito real” o empréstito de Guebhard.

En septiembre de 1823, la Junta de Hacienda sugirió la supresión de los encabezamientos y de la administración directa de las rentas provinciales, así como establecer un repartimiento de 270 millones de reales, que las provincias a su vez debían repartir entre los pueblos de su territorio respectivo. El Director General de Rentas, López Ballesteros, sugirió restablecer las rentas antiguas y recuperar los impuestos de frutos civiles cono aguardiente, licores, paja y utensilios, salinas, bacalao, tabaco, papel sellado y otros. Y el 16 de febrero de de 1824 se recuperó el sistema impositivo de Carlos III y se añadió el subsidio de comercio. Se intentó que Navarra y País Vasco pagaran impuestos con el subterfugio de convocar Cortes Navarras todos los años, pero Navarra no llegó a pagar nunca, y el País Vasco exigía que se le reconociera como país soberano con competencias económicas y militares y policiales, aunque tuviera que pagar una contribución global al país protector, y al fin no se logró nada, ni en Navarra ni el País Vasco.

 

En octubre de 1823, el británico Canning negoció con Francia, representada por Polignac, la cuestión de las colonias españolas y Francia se comprometió a no intervenir en el asunto de América.

 

El 18 de octubre se reformó el sistema de Gobierno aboliendo el Ministerio del Interior creado por la Regencia, y en su lugar restauró la Superintendencia de Policía, dependiente de la Secretaría de Gracia y Justicia, poniendo a su frente a un moderado como José Manuel Arjona.

 

El 23 de octubre llegó el rey a Aranjuez y el 13 de noviembre llegó a Madrid. En esta fecha damos por finalizado el Trienio Constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] José Manuel de Arjona y Cubas fue alcalde de Madrid en 1816-1820, en 1823 Superintendente General de Vigilancia Pública para los absolutistas ultrarrealistas, y en 1827 presidiría la Academia de Bellas Artes de Sevilla, siendo responsable de muchos cambios en la ciudad como empedrar las calles, embaldosar aceras, poner alumbrado público, derribar la muralla entre Torre del Oro y Torre de la Plata para hacer viales al lado del río, abrir plazas públicas, mercados, cementerios y los Jardines de las Delicias de Arjona. (Fuente: Braojos Garrido. D. José Manuel de Arjona, Asistente en Sevilla)

[2] Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor era un eclesiástico vinculado a sectores ultraabsolutistas, confesor de Fernando VII hasta 1820, y responsable de muchas de las persecuciones de 1814-1820. Fue destituido en 1820 por razones obvias y se le nombró canónigo de Toledo. Volvió a la camarilla de Fernando VII en 1823 y dirigió la persecución contra los liberales como ministro de Estado. Su encono era tanto, que el marqués de Casa Irujo pidió su dimisión en diciembre de 1823 en nombre de la Santa Alianza. Dos meses después fue cesado y se le nombró obispo de Tortosa, abandonando el padre Damián la actividad política.

[3] Francisco Tadeo Calomarde de Retascón Muñoz y Castelblanque, conde Almeida y duque de Santa Isabel, hijo de labradores, nació en Villel (Teruel) 1773 y estudió filosofía y derecho en Zaragoza, fue un protegido de Godoy en 1800-1808 y en 1810 trabajaba como oficial mayor en Gracia y Justicia. En 1814 fue confinado en Pamplona. En 1823 se ofreció a Fernando VII y fue el político que dirigió España hasta 1832 pues era Secretario de Estado y de Gracia y Justicia al tiempo. Su política hubo de enfrentarse tanto a las demandas de los apostólicos como a las rebeliones de liberales, lo que se solucionó siempre con violencia “palo al burro blanco y palo al burro negro”. En 1832 se puso del lado de D. Carlos cuando creía que Fernando VII se moría, abandonando a María Cristina. Al mejorar el rey, huyó a Francia temiendo por su vida. Cuando Fernando VII murió, Calomarde estaba ya en Francia e inmediatamente se puso a disposición de D. Carlos. Murió en Tolosa (Francia) en 1842.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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