EL REGRESO DE FERNANDO VII.

 

El 20 de noviembre de 1813, el conde de Laforest se entrevistó con Fernando VII, y Napoleón con el duque de San Carlos[1] pues creía a Fernando VII una persona incapaz de tomar decisiones. Estas entrevistas dieron como fruto el Tratado de Valençay del 11 de diciembre de 1813:

Se reconocía a Fernando VII como rey de España y de las Indias.

Fernando se comprometía a reintegrar en sus cargos a los afrancesados, y a expulsar a los ingleses de España, de modo que los franceses saldrían al tiempo que los británicos.

Se pagaría una renta de 30.000 reales anuales a Carlos IV.

España haría con Francia un tratado comercial.

y se aboliría el régimen político español de la Regencia.      Inmediatamente llegó a Valençay el conde de Montijo, para hacerse cargo de los papeles y gestiones de Fernando VII[2]. Tal vez trataba de recuperar el poder de la nobleza, en un sistema absolutista-nobiliario, por el que había luchado en 1808 y no había logrado imponer en sus manejos en Sevilla y Granada en 1808.

Napoleón tenía un gran interés en esta paz con España, que podía significar el final de la quinta coalición contra Francia: el 16 de octubre de 1813 había sido derrotado en Leipzig. Pero la Regencia de España no admitió el Tratado de Valençay, pues veía próxima la derrota de Napoleón y las condiciones le parecían desventajosas para España. A fines de 1813, los absolutistas luchaban por aceptar Valençay y los liberales por no hacerlo.

 

El 11 de diciembre de 1813 se inició la contrarrevolución esperada: se constituyó en España un grupo de diputados partidarios de la vuelta del absolutismo en la persona de Fernando VII. Fueron llamados “serviles” por los liberales, puesto que renunciaban a las libertades conseguidas. Los líderes eran Juan Pérez Villamil, ex miembro de la Tercera Regencia, general Castaños, ex miembro de la Primera Regencia, y la infanta Carlota, esposa de Juan VI de Braganza, rey de Portugal. Se oponían a la decisión liberal de hacer jurar a Fernando VII la Constitución y las Leyes de Cádiz.

Fernando VII había vivido durante la guerra una relativamente plácida vida en el castillo que le había proporcionado Talleyrand en Valençay. Fernando se quejaba porque el primer año tuvo un trato exquisito, con fiestas, recepciones, bailes y hasta ópera, y a partir del segundo ya no hubo invitados, ni fiestas, ni acontecimientos lúdicos, pero vivía bien lejos de la guerra. Con Fernando VII habían disfrutado de la vida su tío don Antonio y su hermano don Carlos, sin intentar nunca fugarse, por supuesto (los británicos les proporcionaron en un momento un plan de fuga), ni colaborar con los luchadores españoles, ni con los liberales ni con los serviles que luchaban por reponerle en el trono de España. Felicitaba a Napoleón en cada una de sus victorias. Al intuir Napoleón la derrota inminente, el 10 de diciembre de 1813, hubo proposiciones de matrimonio (desconozco de quién partían las iniciativas), una de las cuales era que se casara con la hija de José I, cosa que no aceptó Fernando en versión de los historiadores conservadores, y que regresase a España. Entonces actuaron el duque de San Carlos y el conde de Montijo[3], como delegados de Fernando VII y fueron a ver a la Regencia trasladando el mensaje de que Fernando VII regresaría a España y restauraría el absolutismo y en ello sería ayudado por Wellington. Con este documento, Fernando VII quedaba completamente desprestigiado ante las potencias vencedoras de Napoleón, pues firmaba una paz con Napoleón en el momento en que estaba próxima la derrota de éste, lo cual es defección o traición. De todas formas, Napoleón no le soltó inmediatamente sino esperó a negociar, si se podía. Sólo cuando cayó Burdeos y los aliados iban ya sobre París, decidió llevar a Fernando VII a España.

El 5 de enero de 1814 el duque de San Carlos entregó el documento de Valençay a la Regencia y la Regencia le contestó que ningún acto del rey era válido mientras estuviese cautivo, según decreto de 1 de enero de 1811. El 9 de enero 1814 regresaba San Carlos a Francia con la negativa de la Regencia. Llegó pocos días después Eugenio Eulalio Palafox, conde de Montijo y propuso lo mismo que San Carlos y obtuvo la misma respuesta.

Napoleón estaba haciendo otra jugada maestra, pues sabiendo la rivalidad entre Fernando VII y las Cortes, estaba poniendo al uno frente a las otras a fin de que la solución del enfrentamiento impidiese a España estar en la lucha contra Francia, como así sucedió en realidad en 1814.

Por su parte, Fernando VII jugaba también a ganador: el documento de Valençay fue enviado a la Regencia y no a las Cortes, porque de esta manera, si la Regencia lo aceptaba, se reconocía que Fernando VII era el soberano, y si no lo aceptaba, quedaba la opción de entrar en España como Rey y forzar la situación una vez situado en territorio español, reclamando la soberanía. Cuando la Regencia contestó según el decreto de 1 de enero de 1811, la opción era la segunda.

San Carlos no había fracasado en su misión, pues ya se esperaba esta contestación, sino que su misión principal era informarse del sentido exacto de las reformas hechas en España y posibilidad de influir sobre ellas, la disposición de los diputados a aceptar a Fernando VII como rey absoluto, y la opinión popular sobre el Rey. Todo era favorable a Fernando VII. De las dos opciones que tenía el rey, de proclamarse absoluto o constitucional, quedaban abiertas ambas, pero para cuando se estuviese en España.

San Carlos y Montijo habían llegado a Madrid exigiendo que se derribase la constitución y se proclamase a Fernando VII, y fracasaron, lógicamente, pues las Cortes venidas de Cádiz eran liberales. Entonces volvieron a Francia a proponer el golpe de Estado. Pero al llegar a Valençay se encontraron con que Fernando había sido liberado por Napoleón y propuesto como rey de España, y el trabajo de reponer a Fernando VII ya estaba casi hecho.

El Gobierno había ya decidido el 1 de enero de 1814 que, según la nueva legalidad española, el Tratado de Valençay no era válido, puesto que había sido hecho por el rey y no por las Cortes. Las Cortes habían declarado ese día rey de España a Fernando VII, pero eso no le daba el poder absoluto, es decir, la soberanía, aunque Fernando VII interpretó que sí. Sobre las condiciones del reinado, las Cortes decretaban que se ponían a la orden de las potencias vencedoras de Napoleón, es decir, Gran Bretaña, Austria, Rusia, Prusia y Suecia, y a lo que ellas decidieran en un próximo Congreso (que sería el Congreso de Viena).

En 6 de enero de 1814, el Consejo de Regencia presidido por Luis María de Borbón, Gabriel Císcar y Pedro Agar se trasladó a Madrid.

 

 

Las Cortes en Madrid.

 

El 14 de enero de 1814 se constituyeron las Cortes en Madrid, instaladas en el teatro Caños del Peral, de Madrid, y no aceptaron el Tratado de Valençay por no estar firmado por el soberano de España, que eran las Cortes, y exigieron que Fernando VII jurase la constitución para ser aceptado como tal soberano.

Los liberales eran conscientes de la jugada que intentaba Fernando VII, restaurar el absolutismo, y se pusieron nerviosos: Martínez de la Rosa hizo aprobar una moción para que todo el que propusiera modificar la constitución fuera condenado a muerte. Otros liberales fijaron al rey un itinerario que no le proporcionara contactos con militares realistas-absolutistas. Igualmente se decidió que el Rey debía jurar la constitución desde el primer momento de su entrada en España.

En 2 de febrero de 1814, las Cortes, decretaron que nadie reconociera a Fernando VII, ni le jurara obediencia, mientras éste no se presentara ante las Cortes y jurara la Constitución. Además decidieron que la Regencia debía establecer el itinerario que obligatoriamente debía seguir Fernando VII en España hasta llegar a Madrid. En minoría, el diputado López Reina defendió el carácter absoluto del rey Fernando VII. El itinerario de entrada en España fijado para Fernando VII era por Barcelona, Tarragona, Valencia y Madrid, y dieron órdenes al general Copóns[4] para que exigiera al rey que jurase la Constitución nada más entrar en Cataluña. Se desconfiaba de Zaragoza, en donde Palafox era demasiado absolutista.

Los serviles prepararon entonces el golpe de Estado: el barón de Eroles[5] debía derribar al general Copóns, comandante en jefe del Primer Ejército, que se había declarado liberal.

La credibilidad de España ante las potencias europeas era nula. El 1 de marzo de 1814 firmaron el Tratado de Chaumont, germen de la Cuádruple Alianza, y dejaron fuera a España por la tonta cuestión de la precedencia diplomática, por la que el embajador español Pizarro quería estar delante del embajador ruso, y por ello no asistió. En ese tratado, acordaron que Holanda sería independiente, que habría una Confederación Alemana, que Suiza sería independiente y que España sería libre y su rey sería Fernando VII.

El 10 de marzo, Fernando VII escribió un texto en el que parecía aceptar las condiciones que le ponían las Cortes, pero en el que jugaba con el lenguaje para ganar otra partida diplomática. Decía: “En cuanto al restablecimiento de las Cortes de que me habla la Regencia, como a todo lo que pueda haberse hecho durante mi ausencia que sea útil al Reino, merecerá mi aprobación como conforme a mis reales intenciones…”

Fernando no estaba en condiciones de cumplir el Tratado de Valençay, no podía cumplir lo que había prometido a Napoleón, echar de España a los ingleses, pero Napoleón se quería librar de él de todas formas, en vistas a firmar una paz con las potencias que le habían vencido y le mandó a España. Aparentaron no conocer lo que habían decidido las Cortes españolas, y el rey viajó de incógnito desde Valençay hasta la frontera española. El 13 de marzo de 1814, Fernando VII salió para España acompañado por el general Zayas[6]. Llegado a la frontera catalana de Figueras, en 22 de marzo entró en España.

El 24 de marzo fue leída ante las Cortes la declaración de Fernando VII de 10 de marzo, y se produjo entre los liberales un estallido de júbilo. Malinterpretaron el escrito del Rey. El Rey en ningún momento hablaba de reconocer a las Cortes y, si se interpretaba que las únicas Cortes legales hubieran sido las estamentales de Jovellanos, quedaba invalidada toda la obra legal de 1810-1814. En realidad, el Rey ni decía nada, ni se comprometía a nada, pero eran tantas las ganas de los liberales de ver su triunfo, que se dejaron engañar.

El 24 de marzo, con premura absoluta, el general Copóns recogió la orden de entregar al Rey un pliego, de parte de la Regencia, en el que se le exigía a Fernando VII aprobar las Cortes y jurar la Constitución con aceptaciones expresas. El pliego debería ser entregado antes de entrar en España, y debía ser aceptado antes de reconocerle como rey.

El mariscal Suchet entregó la persona del rey al general Francisco de Copóns el 24 de marzo en Báscara (Gerona) y éste lo llevó a Gerona, donde durmió esa noche. En el acto de recibimiento del rey, los soldados se pusieron a vitorear al Rey y rompieron filas “espontáneamente”, se pusieron rodilla en tierra y Copóns sintió que debía inclinar también la rodilla, y que no era el momento de entregar los documentos de las Cortes, el pliego enviado por la Regencia. A la llegada a Gerona, la muchedumbre rompió los tiros de los caballos y se puso a tirar de la carroza real, como se repetiría muchas veces en otros pueblos. Luego empezó el besamanos, y Copóns tampoco entregó la documentación, aunque sí tuvo tiempo para pedir audiencia con el Rey. En la audiencia posterior, el Rey recibió los documentos, pero no los abrió, sino que prometió verlos cuando pudiera. Decir que el rey estaba informado o no del contenido de los documentos, no nos es conocido. La cuestión es que el Rey no juró respeto a las Cortes ni a la Constitución.

Es más, Fernando VII escribió una carta a la Regencia aludiendo a las pruebas de fidelidad que le estaban otorgando sus “vasallos”, lo cual era una fragante ilegalidad, pues el uso de este término estaba prohibido por ley de 11 de agosto de 1811. No se estaba cumpliendo la legalidad, pero esto ya venía sucediendo desde antes, cuando la constitución no era observada en casi ningún pueblo de España, pues los pueblos estaban acostumbrados a hacer declaraciones al gusto de los políticos, pero a no cumplir nada de lo declarado. Los liberales habían utilizado al pueblo para sacar adelante sus fines, como lo habían hecho antes otros monarcas tenidos por absolutistas, pero ahora las costumbres populistas se volvían contra ellos, pues no podían hacer cumplir lo que llevaban años sin poder aplicar. La multitud rompió las placas que nombraban las calles y plazas con nombres constitucionales y las rebautizó como “de Fernando VII”. Los liberales eran insultados e incluso, algunos, arrastrados por las calles. Los liberales eran pocos y no podían imponerse a la multitud, ahora contraria a ellos. Del 24 de marzo al 4 de mayo, España vivió una especie de anarquía en la que no se acataba la constitución.

Fernando VII mostró otra vez prudencia y no se dijo antiliberal. Vio a las masas aclamarle y destruir los símbolos liberales, pero sabía que la batalla estaba en otros niveles.

El 27 de marzo, el rey salió de Gerona en dirección a Valencia.

En Tarragona y Reus se organizaron manifestaciones populares en favor del absolutismo. Los periódicos “El Fernandino” y “El Lucindo” publicaron artículos pro absolutistas. Palafox se unió a la comitiva de Fernando VII en Reus y le invitó a ir a Zaragoza a pasar la Semana Santa, lo cual era desobedecer las órdenes de la Regencia, que había indicado ir a Valencia.

El 2 de abril de 1814 el rey salió de Reus hacia Zaragoza y se consumó la desobediencia a las Cortes.

El mensaje de San Carlos y de Montijo asustó no sólo a los liberales por la vuelta del absolutismo, sino también a algunos de los serviles: José Lujando, ministro de Estado, se declaró contrario a la vuelta de Fernando. La Regencia informó a Fernando de que, según decreto de las Cortes, todos sus actos serían nulos mientras hubiese estado en manos de Napoleón y por tanto no eran admisibles sus pretensiones.

El miedo a Fernando VII y a Napoleón llevó a los liberales a intentar una buena relación con los británicos, y les perdonaron los impuestos por importaciones de artículos de guerra, les ofrecieron libre comercio y declararon nulas todas las alianzas históricas entre Francia y España.

La Bisbal, hasta este momento partidario de los rebeldes patriotas, pidió a Wellington que mandase tropas a Madrid para imponer el absolutismo.

Si los serviles eran débiles y no habían actuado hasta entonces aun siendo mayoría, era porque estaban divididos: Los serviles formaban dos bandos, los que aceptaban a Fernando VII y el absolutismo personal de éste, y los que querían mantener los privilegios nobiliarios y estado de cosas anterior a los Borbones, es decir, el grupo de Aranda a final del XVIII, y Montijo a principios del XIX. Por eso, entre otras razones ya explicadas, los liberales habían dominado las Cortes.

Los liberales estaban muy asustados a principios de 1814 y decidieron tomar medidas de emergencia: una milicia ciudadana y una reforma del ejército.

La Milicia Nacional sería una fuerza armada que evitaría en adelante otra posible invasión francesa en connivencia con militares españoles, y tendría la singularidad de no obedecer a políticos, como era el caso del ejército, lo cual garantizaría la defensa de España. La Milicia Nacional se creó el 15 de abril de 1814.

El ejército fue reformado en los puntos de no admitir extranjeros, ni delincuentes en sus filas, de eliminar privilegios nobiliarios a la hora de ser nombrado oficial, de eliminar la obediencia ciega a los superiores pues el bien público está por encima de los jefes, de poner el ejército a las órdenes del Jefe del Estado y no de cada general, de poner la organización y reclutamiento y control del ejército en manos de las Cortes, y de hacer incompatible el cargo de oficial del ejército con otros cargos políticos. Perdería la competencia de juzgar a personas civiles, no gobernaría las ciudades ni los pueblos y no tendría derecho de precedencia sobre el resto de los ciudadanos.

Pero abril de 1814 era demasiado tarde para cambiar las cosas, porque Fernando VII estaba en España desde 24 de marzo y los serviles estaban bien organizados por primera vez desde 1808. El análisis de la realidad hecho por las Cortes era malo: la teoría era que la soberanía residía en el pueblo español, y la realidad era que el poder de las Cortes residía en los ejércitos de las Juntas Provinciales y ello significaba que, una vez acabada la guerra, y disueltas las Juntas Provinciales, llegaría la hora de los absolutistas, y así ocurrió en 1814. Los regentes más absolutistas, una vez instalados en el gobierno de Fernando VII, se vengarían de las Cortes cruelmente, apareciendo incluso como más absolutistas que el propio Fernando. Los liberales de Cádiz no supieron ver este problema y creían románticamente que la simple idea de libertad, igualdad y propiedad, sería suficiente para atraer a las masas a su lado.

Además, las medidas de reforma del ejército tuvieron otra consecuencia inesperada: la mayor parte del ejército abandonó a los liberales y se puso del lado de Fernando VII y del absolutismo. Los oficiales masones de 1808, que habían impulsado a la revolución, se mostraban antiliberales. Muchos oficiales se esforzaron por hacer lo prohibido, hacer requisas entre los campesinos y mostrar comportamiento arrogante en los pueblos por donde pasaban, para contradecir y desprestigiar así al gobierno liberal. Había masones absolutistas y masones liberales.

El 11 de abril de 1814, Rusia estaba firmando el Tratado de Fontainebleau, por el que se acordaba el fin de la guerra, y que Parma, Placencia y Guastalla fueran para María Luisa de Habsburgo, y para el hijo de Napoleón, cuando éste fuera mayor de edad. España perdía así su principal reivindicación en la derrota de Napoleón.

El 11 de abril de 1814 el rey estaba en Daroca (Zaragoza) donde se entrevistó con alguien que no conocemos, y pulsó la opinión popular para ver si los aragoneses estaban con él o con el régimen liberal. Los absolutistas acordaron que el rey no juraría la constitución. Palafox y el Duque de Frías[7] aconsejaron que primero se debía coronar rey, y luego acabar con los liberales. La visita a Zaragoza desobedecía claramente las órdenes de las Cortes. El caso Palafox es otro ejemplo de mala gestión liberal en cuanto a cesiones al populismo, pues este absolutista había sido elevado a la categoría de héroe nacional y mito popular por su “defensa de Zaragoza”, en la que no participó tanto como se dijo, sino desde el exterior, y los liberales contribuyeron así a dar influencias populistas a un absolutista.

 

 

El Manifiesto de los Persas.

 

El 12 de abril de 1814, en Madrid, un grupo de diputados, entre 62 y 69, dirigidos por el Duque de San Carlos, José de Palafox, Macanaz, general Zayas y el arcediano Escoiquiz, se organizaron para defender el absolutismo y redactaron un manifiesto realista-ilustrado, que será conocido como el “Manifiesto de los Persas”. Se dice que estaba redactado por Pérez Villamil. El primer firmante del Manifiesto era Bernardo Mozo de Rosales[8], y éste era el encargado de llevárselo al rey a Valencia, por lo que fue nombrado marqués de Mataflorida. Estos realistas vieron en el viaje del rey a Zaragoza, desobedeciendo a las Cortes, una señal para retomar el poder y expulsar de él a unos liberales que ya empezaban a parecer dictadores. La nobleza quería volver a imponer las pruebas de nobleza para ingresar en la oficialidad del ejército y en la Universidad. El clero quería ver eliminada su contribución de guerra y la amenaza de desamortización que pesaba sobre ellos. El documento se quejaba de la arbitrariedad de los liberales de Cádiz, la irregularidad de la convocatoria de Cortes en 1810, la ilegalidad en la asunción de poderes que hicieron las Cortes, los abusos cometidos contra los diputados realistas, y pedían disolución de las Cortes de ese momento y convocatoria de otras (estamentales, tradicionales, sin irregularidades en las elecciones a diputado), nulidad de los decretos tomados entre 1810 y 1814. hacen observar que absolutismo no tiene por qué ser igual a irracionalidad, como venían utilizando el término los liberales y que una monarquía absoluta no arbitraria, podía traer un ambiente de respeto a la libertad, a la propiedad, a la vida de los súbditos y a las leyes del reino, mayor que lo que habían impuesto los liberales.

Los liberales calificaron a los del Manifiesto como ultrarrealistas, y llamaron “persas” en 1814-1820 a todos los enemigos del liberalismo, hasta que cambiaron el apelativo por “apostólicos” a partir del Trienio Constitucional.

El Manifiesto de los Persas era una defensa de la tradición española, de la ilustración, y del pactismo. En el pactismo del XVI el monarca se comprometía a respetar las leyes y gobernar con justicia y el pueblo se comprometía a obedecer siempre que el rey respetase lo prometido. En la ilustración del XVIII se reconocía que era necesario un poder fuerte, sin populismos irracionales, para que el Estado pudiese ser benéfico y transformar la sociedad en sentido positivo. Los persas defendían la libertad, la propiedad y la seguridad igual que los liberales, pero también el derecho de rebelarse si el poder constituido incumplía. En el Manifiesto se hacía una crítica al despotismo, que interpretamos como una alusión al periodo de Godoy.

Es ilustrativo del sentido del Manifiesto de los Persas el que no lo firmasen los catalanistas y valencianistas de ideas foralistas, pero sí lo firmasen castellanos, leoneses, gallegos, andaluces y americanos.

 

 

Fernando VII en Valencia.

 

El 15 de abril de 1814, Fernando VII estaba en Segorbe, retomando el camino de Valencia, tras pasar unos días en Zaragoza. Un poco más delante de Segorbe, fue recibido por el general Francisco Xavier Elío[9], comandante en jefe del Segundo Ejército, capitán general de Valencia, que le homenajeó de tal forma que todos interpretaron que le estaba pidiendo la vuelta del absolutismo: El general Elío, se fue al encuentro del rey, que en ese momento paseaba por la calle, y le prometió restaurarle en el trono y le ofreció su espada. Llevaba consigo un grupo de oficiales y tenía el apoyo del general Francisco Eguía.

Elío pasaría a las historias liberales como el signo del golpe antiliberal, aunque ello no es del todo cierto: Como el rey todavía no había jurado la Constitución, los homenajes de militares y gobernantes equivalían a ofrecerle sus soldados para un golpe de Estado, si ello fuese necesario, pero no era el golpe de Estado mismo. Elío era ultracatólico y extremadamente riguroso en el cumplimiento de las leyes, pero tampoco era un absolutista cerrado. De hecho, Fernando VII lo mantuvo en su cargo en Valencia y no le ascendió nunca ni se lo llevó a Madrid. Eguía sí que era un absolutista cerrado.

Luis María de Borbón salió de Valencia y salió a esperar al rey en Puzol. Allí, o en Valencia un poco más tarde, las distintas fuentes no se ponen de acuerdo, el rey se vio un momento con el cardenal Borbón, y éste le preguntó al rey su opinión sobre las Cortes y la Constitución. Fernando VII mintió otra vez más, como le convenía, y respondió “no he pensado en ello”. Quedaba claro que el Rey no quería enfrentarse a los liberales sino dejar que los hechos mismos le proclamaran Rey Absoluto. Y en caso de que estallase una guerra civil, no quería ser identificado como perteneciente a un bando concreto hasta que a él le conviniese. Lo cierto es que Fernando VII recibió un ejemplar de la Constitución, que le entregó el cardenal Luis María de Borbón, y también el Manifiesto de los Persas, pidiéndole que convocase Cortes con la solemnidad y forma de las anteriores, pero para acabar con el liberalismo y restaurar el absolutismo. De Luis María de Borbón y su presentación de la constitución no hizo caso alguno. El Manifiesto de los Persas, o declaración de los nobles de Madrid, convenció a Fernando VII definitivamente de que la restauración del absolutismo era factible. Incluso Wellington y sus hermanos, los Wellesley, dieron su visto bueno para un golpe antiliberal.

Luis María de Borbón, regente de España, enviado para entregar la constitución a Fernando VII y no reconocer a Fernando VII hasta que éste jurase la constitución, aceptó de hecho la situación de restauración absolutista, pues nada hizo. Luis María de Borbón se oponía a que el paso fuera a través de un golpe de Estado, pero no tuvo en ello ningún éxito. Por esta postura ecléctica, además de por ser miembro de la familia Borbón, Luis María de Borbón se salvaría de la posterior represión antiafrancesada y antiliberal, suerte que no tuvieron los otros dos miembros de la Regencia.

Fuera en Puzol o en Valencia el encuentro entre el Regente y el Rey, Luis María de Borbón no cumplió los mandatos de las Cortes de que el Rey reconociera al Gobierno liberal y jurara la constitución. Luis María de Borbón representaba al Poder Ejecutivo, pues era presidente de la Regencia. Fernando VII representaba el viejo concepto de soberano absolutista. Se pusieron el uno enfrente del otro y ambos esperaron que el otro rindiese la pleitesía adecuada. Por fin, Fernando VII extendió la mano, dándosela a besar al cardenal, y Luis María de Borbón la besó.

El 16 de abril llegó Fernando VII a Valencia, y allí fue aclamado por la multitud, que de nuevo arrastraba la carroza real. Allí, la nobleza valenciana le pidió que restaurase el absolutismo, pues los campesinos se estaban negando a pagarles derechos señoriales. Incluso el marqués de Dosaguas le ofreció dos millones de reales para gastos militares en ese sentido. El Cabildo catedral le pidió el restablecimiento de la Inquisición. Le visitaron unos curas y le pidieron el absolutismo, y lo mismo hizo una delegación de obispos.

El 23 de abril de 1814 los aliados entraron en París. El general francés Soult había sido derrotado en Tolosa por Wellington, y los borbones franceses fueron restaurados en el trono en la persona de Luis XVIII.

El 27 de abril, Martínez de la Rosa hizo ver a Fernando VII que se estaba dejando de lado, desde hacía tiempo, el tema de América y que era urgente apoyar a los realistas americanos o congraciarse con los revolucionarios otorgándoles unas “leyes fundamentales” (constitución) y una cierta autonomía. El rey se lo pensó, pero el Manifiesto de los Persas hizo que olvidara el tema. Algunos de los firmantes del Manifiesto de 12 de abril de 1814 eran absolutistas americanos, y Fernando VII confundió la opinión de unos pocos americanos con la realidad que estaba sucediendo en América. El abandono del tema dio la razón a los independentistas que se habían negado a aceptar a la Junta Suprema Central, a la Regencia y a las Cortes, pues Fernando VII se negaba a aceptar todo lo que habían hecho esos organismos. Y, a continuación, cuando Fernando VII olvidó convocar Cortes, se cerró toda posibilidad de entendimiento con América, y cuando se negó a entenderse con los liberales españoles, se cerró la posibilidad de entenderse con liberales y masones americanos.

El 2 de mayo de 1814, Valencia entera se amotinó en contra de la Constitución. En varias ciudades españolas, las masas rompían las placas que nombraban a algunas plazas “Plaza de la Constitución” y les ponían el nombre de “Plaza de Fernando VII”. Los dineros de la nobleza conjurada a favor de Fernando VII estaban dando sus frutos. Incluso, Fernando recibió una petición absolutista para que acabase con los que, según ellos, pretendían asesinarle y acabar con la sagrada religión en España.

A principios de mayo quedaban dos opciones políticas: o se volvía sin más al absolutismo tradicional, o se instauraba una monarquía modernizada. Esta segunda opinión era la de Palafox, Elío, el duque de Frías, Bernardino Fernández de Velasco[10]. Frías será considerado por los liberales uno de los suyos, pero no muy de fiar, y en 1820 le mandaron como embajador a Londres. En 1823 se exilió a Montpellier y volvió en 1828. A partir de 1834 fue procurador en el Estamento de Próceres durante varios gobiernos.

La estupidez liberal era muy grande en estos días: El 2 de mayo de 1814, día del amotinamiento de Valencia a favor del rey, las Cortes estaban ocupadas trasladándose desde el teatro Caños del Peral al palacio de Doña María de Aragón, que tomaban por residencia definitiva. Del 3 al 10 de mayo discutieron qué miembros de la Comisión debían salir al encuentro del rey. Y no se ocupaban de los movimientos de las tropas que los absolutistas estaban haciendo. Continuando en su angelical espera se pusieron a discutir si, cuando el rey jurase la constitución, debía o no llevar insignias reales, o si permitirían que el rey entrara a jurar con sombrero, o debía quitárselo. Estas estupideces no son disculpables porque se sabía lo que estaba preparando el absolutismo: de hecho los liberales estaban celebrando reuniones secretas desde 24 al 29 de abril y tomaron algunas medidas defensivas, como escribir cartas a Fernando VII exigiéndole que se presentase en Madrid.

Esta postura inoperante de las Cortes contrasta con las disposiciones prácticas tomadas por el absolutista general Elío, que puso 2.500 soldados en Guadalajara al mando del mariscal Whitingham.

 

 

 

La eliminación de las Cortes y de su obra, fue rápida:

4 de mayo de 1814, derogación de la constitución.

10 de mayo de 1814, detención de Císcar y de Agar.

11 de mayo de 1814, clausura de las Cortes.

13 de mayo de 1814, entrada de Fernando VII en Madrid.

 

El 4 de mayo, en Valencia, Fernando VII tomó varias disposiciones decisivas para el devenir de España:

Convocó Cortes para decidir el futuro político de España, según el plan de los absolutistas, y decidió no jurar la constitución, al tiempo que hacía un decreto de cierre de las Cortes de Cádiz. Los “persas” prometieron convocar Cortes que renovarían todo. El duque de Montemar[11] afirmó que serían estamentales, en dos o tres estamentos, según se viera más adelante, integradas por diputados por derecho propio (los privilegiados de siempre) y un representante de cada provincia (en lugar de los Procuradores a Cortes). Se convocarían Cortes “frecuentemente”, pero no todos los años. Durarían menos de seis meses cada vez. La iniciativa legal pertenecería en exclusiva al rey. La única restricción era que no convenía de momento convocarlas, hasta restablecer el orden en el país. La realidad es que no se convocaron nunca.

Aprobó el decreto de abolición de la Constitución y leyes de Cádiz, redactado por Juan Pérez Villamil[12] y Pedro Gómez Labrador, apoyados por Castaños y la infanta Carlota. Sólo mantuvo una ley de Cádiz, la de abolición del tormento en los procesos judiciales. En los primeros y últimos párrafos del Decreto de 4 de mayo, se rechaza toda la obra constitucional. En los párrafos intermedios se proponen reformas, pero se rechaza el despotismo, se prometen Cortes legítimamente convocadas, se promete libertad y seguridad individual, incluyendo la libertad de imprenta en límites razonables, se promete controlar los gastos públicos, y se prometen por fin unas leyes justas, lo cual significaba que eran reformistas, pero no revolucionarios como los de Cádiz. Lo peor de este Decreto es considerar los seis últimos años de la Historia de España “como si no hubieran pasado”, no aprovechando cosas buenas que se habían hecho. Los “persas” eran tan intransigentes como los liberales.

Ratificó el Tratado de Valençay.

Abolió todos los cargos políticos, tradicionalmente ejercidos por militares, que las Cortes habían entregado a civiles, y devolvió los mismos a los militares. Principalmente se trataba de gobernadores provinciales.

Fernando firmó estos decretos ese día en Valencia, pero se mantuvieron en secreto unos días más, hasta 11 de mayo.

Juan Pérez Villamil y Pedro Gómez Labrador elaboraron una lista negra de liberales a los que había que encarcelar, confiando la lista al teniente general Francisco Eguía y Letona, al que se nombraba de paso capitán general y gobernador político de Madrid. En la lista de proscritos estaban los regentes Agar y Císcar, los ministros, generales, diputados y exdiputados, profesores, actores, poetas…

Lo malo de los “persas” es que en adelante sólo cumplieron la parte negativa del Decreto 4 de mayo de 1814, es decir, eliminaron todo lo hecho por las Cortes de Cádiz. Nada hicieron de las reformas anunciadas. Los liberales calificaron a Fernando VII de hipócrita, pues no hacía nada de lo que decía.

El Duque de Wellington pidió convocatoria de Cortes, amnistía política e independencia de los jueces, pero no puso en adelante mayor interés en ello, y no siguieron medidas restrictivas de ningún tipo. Su hermano, Henry Wellesley, embajador británico en Madrid, creía que habría constitución próximamente y así lo expresaba en sus informes, con evidente desconocimiento de la realidad española. Solamente el 10 de agosto de 1814 Macanaz conminó al Consejo de Castilla para que iniciara trabajos que permitieran la convocatoria de Cortes, pero también Macanaz se olvidó convenientemente del asunto para siempre.

Puede que Fernando VII, en sus indecisiones y falta de confianza permanentes, esperara el momento oportuno para hacer las reformas, y ese momento oportuno seria cuando tuviera el respaldo popular masivo. Como ese respaldo no se produjo nunca, no hizo reformas nunca. Como Fernando VII no explicó nunca lo que hacía ni por qué, no sabremos nunca qué pasó en realidad.

 

 

El Gobierno provisional de 4 de mayo de 1814.

 

Los organizadores de la trama golpista constituyeron el nuevo gobierno absolutista que iba a gobernar si triunfaba el golpe contra las Cortes.

Desde 4 de mayo hasta 15 de noviembre de 1814, el Gobierno, o Consejo de Estado como le llamaban entonces, era así:

Secretario de Estado era José Miguel de Carvajal y Manrique, duque de San Carlos;

Gobernación, y Ultramar, e Indias, Miguel de Lardizábal Uribe[13];

Hacienda, Luis María de Salazar y Salazar / 29 de mayo 1814: Cristóbal Góngora Delgado / 23 septiembre 1814: Juan Pérez Villamil;

Guerra, Manuel Freire Andrade Armijo[14] / 29 mayo 1814: Tomás Moyano[15]

Marina, Luis María Salazar y Salazar

Gracia y Justicia, Pedro Macanaz / 8 noviembre 1814: Tomás Moyano.

 

Pedro Gómez Labrador, uno de los principales apoyos del golpe absolutista, no quedaba completamente fuera del gobierno, sino que se le encargaban las negociaciones con las potencias europeas. Fue el que negoció el Tratado de Viena.

 

El 5 de mayo, el rey salió de Valencia hacia Madrid. Iba lentamente, en un viaje de 8 jornadas, en el que las gentes desenganchaban a las caballerías y tiraban ellos del coche del rey. En Aranjuez, última jornada, estuvo dos días completos.

El 10 de mayo los diputados liberales salieron de Madrid con el manifiesto elaborado por las Cortes y los decretos en la mano. Iban a recibir al rey inocentemente, como si fueran ignorantes de la trama absolutista. La comitiva del rey y la de los diputados se encontraron en El Pedernoso (Cuenca) ese día 10. El rey se negó a recibir a los diputados y éstos, lejos de ofenderse, se unieron a la comitiva real. Su actitud dejó de ser inocente para ser servil ante el rey.

El 10 de mayo se produjo en Madrid el golpe de Estado del general Eguía[16], deponiendo a la Regencia y elaborando una lista de regentes y diputados liberales que debían ser detenidos. La Historia General de España y América niega que hubiera tal golpe de Estado. Nos hallamos en uno de los muchos puntos en que hay discrepancia entre las fuentes.

El 10 de mayo fue la última reunión de las Cortes. Ese mismo día 10 de mayo, se abrió una campaña de delación de liberales conocidos. 20 diputados sirvieron como grandes delatores y fueron recompensados con ascensos y dinero.

El 11 de mayo, el auditor de guerra Vicente María Patiño, un hombre de Eguía, comunicó en la madrugada a las Cortes las decisiones del 4 de mayo en Valencia. El presidente de las Cortes, Antonio Joaquín Pérez-Martínez, se sumó al golpe absolutista. Acto seguido, se hizo con el edificio de las Cortes. Patiño fue nombrado más tarde obispo como premio a su colaboración engañando y entreteniendo a las Cortes para que no se enteraran de nada.

El conde de Montijo, líder experto en manejar “manifestaciones populares” pues había organizado la de Aranjuez, distribuía dinero en las parroquias de Madrid en forma de limosnas para todos, pero avisando a la gente de que se trataba de donativos de Fernando VII, y así preparó una manifestación popular ese mismo día 11 de mayo que gritaba: ¡Viva la religión! ¡Abajo las Cortes! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Inquisición! ¡Vivan las cadenas!, manifestación que se dirigió al edificio de las Cortes y lo asaltó y destrozó. También los carteles de nombres de plazas puestos por los liberales, fueron destrozados. La noche del 11 de mayo fue una noche de terror en la que los proscritos de la lista fueron detenidos, excepto los que lograron huir.

Montijo pegó esa noche por las calles de Madrid los decretos de 4 de mayo dados en Valencia. Las Cortes quedaron cerradas el 11 de mayo.    El 12 de mayo, se hicieron oficiales el Manifiesto de los Persas y otros decretos antiliberales. Se abolieron las Cortes, Diputación permanente, Ministerios. Los Montijo habían organizado en 1808 el asalto de la nobleza al poder, y una vez fracasado su intento, echaban abajo al gobierno liberal en 1814, para intentar de nuevo el Gobierno protagonizado por la nobleza, ahora con Fernando VII.

En el resto de España, nadie se opuso al golpe.

El 14 de mayo (13 de mayo según otras fuentes), llegó Fernando VII a Madrid. El resto del ejército no hizo nada por impedir la vuelta del absolutismo y Fernando VII se proclamó rey absoluto.

El problema que se generaba en ese momento era si el conjunto del pueblo español podría olvidar las ideas y las promesas e ilusiones que habían corrido en los años de 1810 a 1814, un tiempo suficiente para dejar huella.

El 24 de mayo de 1814 se dio orden de elaborar listas de afrancesados.

El 24 de mayo de 1814 se restableció el Consejo de Castilla, suprimido en 4 de diciembre 1808 por Napoleón, restablecido en 16 septiembre 1810 por la Regencia, suprimido el 17 de abril de 1812 por las Cortes de Cádiz. El tema de fondo era la pervivencia de las viejas instituciones absolutistas. En el nuevo Consejo de Castilla, presidía el duque del Infantado y eran vocales: Gonzalo José de Vilches, José Joaquín Colón, Manuel de Lardizábal, Antonio Villanueva, Bernardo de Piega, el conde del Pinar, José María Puig, Sebastián de Torres, Domingo Fernández Campomanes, Andrés Lausaca, Antonio Álvarez Contreras, Antonio Ignacio de Cortabarría, Ignacio Martínez de Villela, Francisco Arjona, Miguel Alfonso Villagómez, Juan Antonio Cerrillo, Tomás Moyano, Juan Antonio Inguanzo, Benito Arias de Prada, Gerónimo Díez, Nicolás María Sierra, José Antonio Larrumbide y Luis Meléndez Bruna. Éstos eran pues los políticos tenidos por absolutistas en ese momento.

Los jueces no encontraron delito en los liberales detenidos, pues no existían leyes al respecto, y los absolutistas exigieron que se les condenase por blasfemos, traidores y organizadores de tumultos. El 2 de junio, el rey ordenó a los jueces acabar los juicios inmediatamente y condenar a los liberales en el plazo de 4 días, pero los jueces alegaron que eso era imposible. El 9 de junio, el rey pasó las causas a la Sala de Alcaldes, pero esta sala no encontró culpas y pidió la absolución de los presos. Entonces el rey ordenó abrir una Comisión Especial de Justicia, siendo miembros de ella Andrés de Lausaca (uno de los diputados denunciantes de compañeros), Alcalá Galiano[17] (un juez), y Mateo Seudoquis (Fiscal de la Sala de Alcaldes), los cuales condenaron a los detenidos a presidio por 6 a 10 años.

Entre los condenados había todo tipo de estamentos: estaban los civiles Fernández Golfín, Agustín de Argüelles, Calatrava, José Zorraquin, Ramón Feliú (diputado peruano), García Herreros, y Martínez de la Rosa, y también los eclesiásticos Muñoz Torrero, Antonio Larrazábal[18], Joaquín Lorenzo Villanueva y Manuel López Cepero[19].

El 30 de mayo fueron condenados a destierro todos los afrancesados. Los afrancesados fueron expatriados si habían tenido cargos políticos, y confinados si sólo habían sido miembros destacados del grupo liberal. No hubo penas de muerte porque Wellington se opuso a tales medidas. Sólo los huidos fueron condenados a muerte, lo cual hacía imposible su vuelta a España. Como los jueces iban lentos, Fernando VII dio sentencia general en una Real Orden de 17 diciembre 1815.

El 15 de junio de 1814, un Decreto suprimió las Diputaciones Provinciales.

El 27 de junio de 1814, un decreto extinguió el Estado Mayor.

El 20 de julio de 1814, se suprimió la Secretaría de Gobernación.

Quedaban eliminados los cambios fundamentales hechos por las Cortes de Cádiz.

Las persecuciones duraron hasta 1820.

 

 

La política internacional española en 1814.

 

En medio de este desbarajuste político español, la política internacional resultó muy descuidada: José García León y Pizarro, conocido absolutista, fue nombrado embajador en Prusia en agosto de 1813, y fue plenipotenciario del Congreso de Praga: En Praga se hicieron los preliminares de la paz de 1815 contra Napoleón y las líneas directrices de los que sería el Congreso de Viena. Pizarro no pudo intervenir porque las credenciales de la Regencia y Cortes de Cádiz, mandándole que se sumase a la alianza de todos contra Francia, que no permitiera ataques contra las Cortes Españolas y que consiguiera Parma y Louisiana para España, le llegaron un día después de terminar el Congreso. Pero ya era tarde. Este personaje nos da idea de la línea general de actuación española en política internacional: tarde y mal.

En el Tratado de Basilea de enero de 1814 entre España y Prusia quizás estuvo Pizarro.

El 21 de enero de 1814, Pizarro fue sustituido por el conde de Fernán Núñez, pero éste no se incorporó hasta el 17 de mayo siguiente, y así se perdió las reuniones de los aliados citadas a continuación.

 

En noviembre de 1813, los ejércitos de Prusia, Rusia, Austria y Suecia estaban en la zona entre el Elba y el Rin, donde Napoleón había hecho una línea fuerte en Dresde, Hamburgo, Magdeburgo, Wittemberg, con el apoyo de la guarnición de Danzig (actual Gdansk). Estas guarniciones francesas resistían a pesar de que el territorio de su entorno estuviera ocupado. Y los ejércitos de Inglaterra, Portugal y España estaban en el País Vasco francés. Entre los aliados no habían ideas comunes, sino que Alejandro I de Rusia quería saquear Francia entera y exigir además reparaciones de guerra; Francisco I de Austria quería la continuación de Napoleón en el poder porque temía más a Rusia que a Napoleón; Federico Guillermo III de Prusia quería la completa eliminación del potencial militar francés; e Inglaterra quería una Bélgica independiente de Francia de forma que Francia no pudiera ser la potencia dominadora, pero sí que Francia estuviera dispuesta a una hipotética lucha contra la invasión rusa de occidente. El 1 de diciembre de 1813, los aliados llegaron a un acuerdo político por el que no se destruiría Francia, sino simplemente se destituiría a Napoleón.

Y el 21 de diciembre de 1813, los ejércitos aliados iniciaron la ofensiva sobre Francia al mando del general Karl Felix Schwarzenberg. Su táctica era simple: atacaría París, llegando a ella con ataques simultáneos y masivos desde el norte y el este. Schwarzenberg dirigía un ejército de 160.000 hombres, austríacos, alemanes y rusos (estos últimos dirigidos por Barclay de Tolly) e iba directamente hacia el Sena. Gebhard Loberecht Blücher llevaba 60.000 soldados e iba en vanguardia atacando el noroeste de Francia. Otro ejército de 100.000 hombres, rusos y suecos, iba sobre Holanda y Bélgica. Bubna y Bellegarde comandaban 80.000 soldados austríacos con la misión de ocupar el espacio entre Suiza y Lyon. Y un quinto ejército debía atacar las guarniciones francesas en Alemania (Saint Cyr en Dresde, Davout en Hamburgo, Le Marois en Magdeburgo, Lapoype en Witemberg y Rapp en Danzig).

Napoleón calculó que los aliados se retirarían a invernar y ello le podía dar tiempo a reclutar 900.000 hombres entre los restos de España, Dinamarca, Alemania, Nápoles, diversas guarniciones francesas y recluta de novatos. Se equivocó en casi todas sus expectativas: los ejércitos aliados no querían dejar pasar la oportunidad, aunque fuera invierno, Nápoles abandonó a Napoleón, expulsó a Murat, y se pasó a los aliados aliándose a Austria (11 de enero de 1814); Dinamarca abandonó a Napoleón el 14 de enero de 1814, aunque ello le costó el castigo de tener que ceder Noruega a Suecia; y la recluta de novatos fue complicada, porque los jóvenes franceses desertaban, huían cuando llegaban los reclutadores.

La táctica militar de Napoleón fue impecable: María Luisa fue nombrada regente de Francia, y José Bonaparte fue encargado de la defensa de París, dejando a Napoleón libre de obligaciones políticas para dedicarse sólo a la guerra, al tiempo que Napoleón no se quedaba encerrado en ninguna población, sino que se movía libremente por Francia, intentando combatir a los enemigos uno a uno, sin esperar que se concentrasen en París.

El 30 de enero de 1814, los aliados se reunieron en la Conferencia de Chaumont y decidieron concentrar sus fuerzas, y evitar los enfrentamientos directos con las fuerzas que comandase Napoleón, esperando su desgaste progresivo. No estaba muy de acuerdo Blücher, que en 1 de febrero de 1814 decidió enfrentar sus 80.000 soldados, 15.000 jinetes y 338 cañones a Napoleón en La Rothiere, de donde resultó un encuentro de desgaste, pero sin vencedor. Las expectativas de Blücher se habían venido abajo.

El 2 de febrero de 1814, Von Meternicht de Austria, y Robert Stewart vizconde de Castlereagh de Gran Bretaña, llegaron al acuerdo de Brienne por el que Francia se mantendría unida con las fronteras de 1789.

El Congreso de Chatillón tuvo lugar del 3 al 9 de febrero de 1814 cuando todavía estaba Napoleón con posibilidades de ganar. Asistió Caulaincourt por Francia, Stadion por Austria, Razourmovski por Rusia, Castlereagh por Gran Bretaña y un representante de Prusia. Los aliados se proponían acabar la guerra si Napoleón volvía a las fronteras “naturales” de Francia, es decir, las de 1789. Caulaincourt adoptó una táctica de demorar las cuestiones y ganar tiempo, pues el Congreso había significado una tregua, lo cual daba tiempo al reclutamiento que intentaba Napoleón. El 9 de febrero, los aliados se cansaron de las dilaciones francesas y rompieron las conversaciones.

El 8 de febrero de 1814, 41.000 franceses procedentes de Nápoles trataban de llegar a Francia, pero los austriacos salieron a su paso en Mincio.

El 10 de febrero Napoleón derrotó a 5.000 soldados de Olsufiev en Champaubert, 150 kilómetros al este de París, cerca de Reims. También derrotó a 18.000 soldados del ruso Saken, en Montmirail, 20 kilómetros al este del anterior.

El 12 de febrero Napoleón derrotó a 30.000 soldados del prusiano Von York en Chateau Thierry, a mitad de camino entre París y Reims.

El 14 de febrero Napoleón derrotó a 5.000 soldados de Zeithen en Vauchamps, en la zona entre Champaubert y Montmirail.

El 15 de febrero, Napoleón decidió atacar a un grande, Eugene de Wutemberg, y lo hizo el 18 de febrero en Montereau (cerca de Fontainebleau) acabando con los 10.000 soldados de este cuerpo de ejército.

Y el 24 de febrero, Napoleón decidió el ataque definitivo, al mismo Schwarzenberg. Reunió 90.000 hombres en Troyes y fue a por todas, pero no obtuvo la victoria ni en Meaux (40 kilómetros al este de París), ni en Bar sur Aube. Las batallas no fueron decisivas. Napoleón había fracasado, pues no podía soportar el desgaste que sí podían aguantar los aliados.

El Congreso de Chaumont tuvo lugar el 9 de marzo de 1814 (el documento lleva fecha de 1 de marzo, pero la firma fue el 9) y se decidió:

Que los aliados permanecerían juntos veinte años a fin de impedir una recuperación del peligro napoleónico.

Que se restablecería a Luis XVIII en Francia.

Que Francia devolvería todos los territorios anexionados después de 1789.

Que España se liberaba de Francia, y se restauraban los Borbones en España.

Que se restablecían los Estados Italianos.

El 31 de marzo de 1814 París cayó en manos de los aliados (Rusia, Austria, Prusia y Gran Bretaña) y el episodio napoleónico había terminado.

El Tratado de Fontainebleau tuvo lugar el 11 de abril de 1814 entre Alejandro de Rusia y Napoleón, y concedía a Napoleón la soberanía de la isla de Elba con el título de emperador, y también los ducados de Parma y Guestalla, que hasta entonces habían sido españoles. Napoleón abdicaba.

En aquellos días, Alejandro I de Rusia era considerado por Fernando VII como el mejor amigo de España. En el Tratado de Veliki Luki de 23 de julio de 1812, Alejandro había declarado la guerra a Napoleón y a continuación nombró embajador en España a Tatischeff, un personaje que se convertiría en uno de los favoritos del rey español, miembro destacado de la camarilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] José Miguel de Carvajal Vargas y Manrique de Lara, duque de San Carlos.

[2] Desde 1808 a 1834 era conde de Montijo Eugenio Eulalio de Palafox Portocarrero, y en estas fechas era conde de Teba su hermano Cipriano de Palafoz Portocarrero. Al morir Eugenio en 1834, Cipriano heredó el título de conde de Montijo.

[3] No he podido dilucidar en las diversas fuentes quién era la persona citada como conde de Montijo. Creo que debe tratarse de Cipriano Palafox, que no sería conde de Montijo hasta 1834, cuando murió su hermano Eugenio, uno de los líderes liberales. Eugenio era conde de Montijo desde abril de 1808. Para colmo de desinformación, alguna fuente dice que el embajador de Laforest en Valençay fue Josë Rebolledo de Palafox y Melci.

[4] Francisco Javier de Óliver Copóns y Méndez de Navia, 1764-1842, era un malagueño de padres catalanes que ingresó en el ejército en 1784 e hizo la campaña del Rosellón, estuvo en Bailén, y en otros episodios de la Guerra de la Independencia. En febrero de 1814 fue ascendido a Teniente General, confiando en sus ideas liberales y fue enviado a Cataluña como Capitán General para recibir a Fernando VII. Fue destituido por su segundo, el barón de Eroles, detenido el 5 de julio de 1814 y encarcelado hasta 1816 por haber jurado la constitución. En 1818 fue de nuevo nombrado gobernador de Barcelona, lo que supuso su destitución en 1820, pero una vez rehabilitado, obtuvo cargos de confianza como Jefe Político de Madrid en junio de 1821 y Capitán General de Castilla la Nueva en 1822, puesto en el que sólo estuvo un mes y renunció. En febrero de 1823 fue nombrado jefe militar del Palacio Real, para controlar los intentos absolutistas. El 1 de octubre de 1823 fue cesado en todos los cargos, honores y condecoraciones, hasta ser rehabilitado en 1833. Era padre de Francisco de Copóns Navia y Auprer.

[5] Joaquín Ibáñez Cuevas y de Valonga, barón de Eroles 1784-1825

[6] José Pascual de Zayas Chacón, 1772-1827, era un criollo cubano noble que ingresó en el ejército en 1783 y luchó contra los franceses en 1793, siendo apresado y liberado. En 1805-1807 sirvió en Etruria a María Luisa de Borbón, hermana de Fernando VII. En abril de 1808 fue a Bayona con el rey y regresó para ponerse a las órdenes de Gregorio García de la Cuesta en Valladolid, y desde allí visitar a Blake para unir las fuerzas gallegas con las castellanas, siendo derrotados en Medina de Rioseco. Zayas se puso a las órdenes de La Peña, y sufrió varias derrotas. Fue ascendido a brigadier (general de brigada) en abril de 1809 y se pasó a la téctica de la guerrilla, “golpea y corre”, en la cual tuvo mucho más éxito. En enero de 1812 fue apresado en Valencia y llevado a Vicennes, donde se paso al bando absolutista. En 1814, los franceses le enviaron a Madrid, junto al duque de San Carlos para comunicar a la Regencia el tratado de Valençay. Dicen algunas fuentes, que los franceses le confundieron con el teniente general José de Zayas, marqués de Zayas, 1703- , o con su sucesor. El marqués de Zayas, mandaba la Primera División en la Batalla de Talavera, unos 3.000 hombres de muy distintas procedencias: cántabros, jienenses, canarios, extremeños, castellanos y gallegos.

[7] Bernardino Pacheco Téllez-Girón y Benavides, XIV duque de Frías desde 1811, llamado más tarde Bernardino Fernández de Velasco y Téllez Girón, cuando su padre también cambió de apellidos.

[8] Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, primer firmante del Manifiesto de los Persas, fue Secretario de Gracia y Justicia en noviembre de 1819. En 1820 era partidario de hacer algunas reformas liberalizando el absolutismo.

[9] Francisco Javier Elío Olóndriz 1767-1822 era militar, de familia militar, nacido en Pamplona y fue gobernador de Montevideo en 1807-1809, desde donde organizó al cabildo contra Santiago de Liniers, gobernador de Buanos Aires. Había defendido Río de la Plata frente a los británicos en 1807, y la toma de Buenos Aires por éstos justificaba toda la acción de Elío contra Liniers. En de 1810 fue nombrado virrey de Ríos de La Plata, pero no fue aceptado por el cabildo. Y fue vencido en la batalla de Las Piedras. Regresó a España en noviembre de 1811 y se puso a las órdenes de Blake en el Segundo Ejército. Posteriormente sustituyó a José O`Donnell como capitán general de Valencia y Murcia, y recibió a Fernando VII indicándole que debía jurar la constitución, pero Fernando VII opinó lo contrario y Elío cambió de opinión. A partir de ese momento se dedicó tanto a la represión del bandidaje como de la masonería. En 1820 le procesaron y condenaron a muerte siendo ejecutado en septiembre de 1822 a garrote vil.

[10] Bernardino Fernández de Velasco era 6 veces Grande de España, y aun siendo absolutista, aconsejó al rey aceptar la constitución haciéndola algunos cambios o retoques

[11] La denominación duque de Montemar, se puede referir a Antonio María Ponce de León Dávila y Carrillo de Albornoz, 1757-1826, IV duque de Montemar, o a Vicente Osorio de Moscoso y Álvarez de Toledo, esposo de María del Carmen Ponce de León y Carvajal, 1780-1813, V duquesa de Montemar. En la restauración absolutista colaboraría con Fernando VII, pero en 1820 recomendó hacer reformas aperturistas. Antonio Ponce de León fue vocal de la regencia absolutista de Infantado en mayo de 1823.

[12] Villamil había redactado también el bando de Móstoles.

[13] Miguel de Lardizábal Uribe había nacido en México en 1744, pero descendía de vizcainos y por ello eran sobrellamados a veces, los vizcainos. Era hermano menor de Manuel de Lardizábal. Junto a su hermano, cayó en desgracia ante Godoy en 1794. En 1801 fue rector del Real Seminario de Vergara. En 1808, a la caída de Godoy, los Lardizábal fueron rehabilitados. En 1814 fue nombrado Ministro de Gobernación, Ultramar y Universal de Indias. En 1815 fue encarcelado en Pamplona. En 1820 aconsejaba a Fernando VII hacer algunas reformas, poco antes del triunfo liberal. Fue miembro de la Junta Provisional Consultiva de marzo de 1820. Murió en 1823.

[14] General Manuel Alberto Freire de Andrade y Armijo 1765-1834.

[15] Tomás Moyano Rodríguez era originario de Serrada (Valladolid), hermano de Buenaventura, obispo de Palencia en 1801-1802. Fue ministro de Guerra interino en mayo de 1814, y titular de Gracia y Justicia en noviembre de 1814.

[16] Francisco Ramón Eguía y Letona 1750-1827, en 1808 había acompañado al general Cuesta a Bayona, en 1809 había sido jefe del Ejército de Extremadura, en 1810 ministro de la Guerra y diputado por Vizcaya, pero no se presentó porque no era de ideas liberales, aunque acabó firmando la constitución. Una vez puesto a disposición de Fernando VII en 1814, Eguía fue Capitán General de Castilla la Nueva, puesto clave para disolver las Cortes y restablecer el absolutismo. Más tarde sería ministro de Guerra de Fernando VII y en 1815 Capitán General de Castilla la Vieja, en 1817 ministro de la Guerra de nuevo. Por entonces se enfrentó a la camarilla de Fernando VII y le enviaron a Granada a perseguir liberales. En junio de 1821 se fue a Francia donde organizaba partidas realistas contra los liberales. En 1823 fue rehabilitado como Capitán General, pero ya no se le dio ningún cargo de importancia hasta su muerte en 1827.

[17] Parece ser que no se trata de Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio, 1789-1865, hijo del marino Dionisio Alcalá Galiano, muerto en Trafalgar, y sobrino del capitán general de la Armada Juan María de Villavicencio y de la Serna. Antonio ingresó en la escuela de guardiamarinas en 1806. Era libertino y borracho y tuvo problemas con su esposa. Abandonó el ejército en 1812 en el momento en que su tío y protector era regente de España en la Regencia de Infantado. Antonio se mostró liberal en 1820, formaba parte de la “Confederación de Caballeros Comuneros”, masones, y en 1823 se tuvo que exiliar a Londres donde enseñó lengua y literatura españolas. Es conocido como escritor. Más tarde se hizo moderado, en tiempos de Isabel II.

[18] Antonio Larrazábal, 1769-1853, era un criollo guatemalteco, hijo de militares, canónigo, que fue diputado en Cádiz y pidió la abolición de la mita. En mayo de 1814 fue detenido y apresado en Cádiz. Liberado en 1820 fue a México, donde fue diputado en enero de 1821 y se fue haciendo conservador a medida que veía los excesos revolucionarios.

[19] Manuel López Cepero, 1778-1858, era un sacerdote gaditano, de Jerez de la Frontera, doctor en teología desde 1802. En 1808 hizo un llamamiento a la insurrección y fue vicario general castrense para Castaños. En 1813 fue diputado, lo que conllevó que en 1815 fuera apresado en la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevilla). En 1820 fue de nuevo diputado liberal y en 1823 perseguido, pero exonerado en la depuración. No obstante, se fue de nuevo a Cazalla de la Sierra. En 1835 sería canónigo de la catedral de Sevilla. En 1843 defendió Sevilla frente a Espartero y cayó en desgracia ante éste, pero eso significó su triunfo en 1844.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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