REVOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN

EN LA ESPAÑA DEL XIX.

 

 

La constitución de Cádiz

como núcleo de una revolución.

 

Una revolución es un cambio político acompañado de cambios estructurales en la sociedad hechos a raíz de un trabajo jurídico que los institucionalice y consolide, que puede ser anterior o posterior a los acontecimientos iniciales revolucionarios. El cambio político ha de ser de personas, o más bien del grupo a quien representan las personas que ejercen el poder, y de relaciones entre instituciones públicas. El cambio de las estructuras ha de ser profundo de modo que afecte realmente a la vida de un colectivo en sus relaciones económicas, sociales, jurídicas y políticas.   La constitución de Bayona de 1808 ya era un anuncio de revolución, pues sustituía el régimen político absolutista por uno liberal, pero no llegó a consolidarse jurídicamente debido a su derrota en 1813. Frente a Bayona, que nos parece no romper del todo con la tradición española, Cádiz fue una revolución hecha por revolucionarios, y más profunda todavía que Bayona:

Los estamentos nobiliario y eclesiástico fueron desplazados del gobierno para sumirse dentro de un único colectivo burgués y nacional. Se decretó la cámara única. No importa que los nobles se convirtieran en grandes propietarios de tierras, sino que la razón por la que estaban en el gobierno era distinta, era por sus propiedades, y no por su honor y antepasados.

Las estructuras sociales cambiaron, porque si antes cada estamento tenía sus propios derechos y privilegios, ahora se someterán a una ley común universal, unos tribunales de justicia comunes y quedarán abolidos los privilegios.

La soberanía se decretó que residía en el pueblo, aunque para ejercerla tuvieran que estar reunidas las Cortes con el Rey. La concreción más evidente de esta soberanía era que las Cortes se reunían espontáneamente sin convocatoria del rey y que al rey se le prohibía inmiscuirse en el funcionamiento de las Cortes e incluso salir del país sin el permiso de esas mismas Cortes, y que la iniciativa legal le pertenecía a los grupos parlamentarios. La revolución de 1812 consistía en cambiar la titularidad de la soberanía (del rey pasaba a las Cortes).

El régimen de explotación de la tierra y administración de los pueblos cambiaba, pues sustituía los señoríos por explotaciones libres, y los campesinos sometidos a señorío por ciudadanos libres.

Se decretaba la igualdad legal y jurídica de todos los ciudadanos y se dotaba a los españoles de derechos que debieran ser respetados por la nueva autoridad.

 

Pero las cosas no eran fáciles. El principal grupo de poder era la Iglesia Católica y el problema religioso no se entendía, o no expresaba fácilmente entre los liberales: el quitar el poder político a la Iglesia, que a la vez era poder económico por el hecho de poseer tantos bienes, y poder judicial a través de la Inquisición, era fácil de confundir con el ataque a las creencias religiosas. En 1812, el diputado Bartolomé José Gallardo[1], aprovechó sus intervenciones en Cortes para atacar creencias cristianas, y los eclesiásticos pidieron su destitución como bibliotecario, lo que no consiguieron porque votó en contra la mayoría liberal. Entonces, 30 diputados absolutistas publicaron una Carta Misiva contra los liberales. El diputado Manuel Ros Medrano, canónigo de Compostela y líder del grupo de la Carta Misiva, fue procesado y desposeído de su representación como diputado. El proceso político de liberalismo o absolutismo, la verdadera revolución, se estaba desviando, como tantas veces en España, a catolicismo o agnosticismo.

El antecedente jurídico de revolución liberal más directo era Francia. En Francia, la revolución había sido posible, tras varios años de incertidumbre, de 1789 a 1799, por la necesidad que Napoleón había tenido de destruir el sistema político anterior para instalarse a sí mismo en el poder. Una vez decidido a tomar la Corona, Napoleón debía crear unos sistemas jurídico, administrativo y militar coherentes, en donde fueron fundamentales los códigos de Napoleón y las reformas militares. En España se suprimieron los fueros especiales, territoriales y estamentales, igual que sucedía en Francia, pero no estaban seguros de querer destruir los privilegios económicos sobre la tierra, el comercio, el ejército, la Iglesia, por lo que muchos liberales de entonces nos son difíciles de entender desde el presente.

Napoleón había intentado destruir en España el mismo sistema borbónico ya destruido en Francia y le aplicó la constitución de Bayona. Fernando VII, en Bayona, aceptó la destrucción de su monarquía, aunque luego lo ocultase y reivindicase aquello a lo que había renunciado. Creían los reyes de entonces que era su privilegio desdecirse y continuar en unos derechos que afirmaban haber sido puestos por Dios y se conservaban para siempre y en cualquier circunstancia.

Las Juntas Provinciales, que resultaron revolucionarias, hicieron una revolución distinta a la propuesta por Napoleón, aceptando por su cuenta la monarquía borbónica, y cambiando el concepto de soberanía. Pero una vez asumido el protagonismo de las Juntas como representantes del pueblo español, la autoridad de Napoleón no tenía justificación, salvo que se asumiese que Napoleón era el redentor del pueblo español. La no aceptación de Napoleón llevaba a la guerra con los franceses, guerra por otra parte un tanto absurda pues ambos sistemas políticos intentaban una misma revolución liberal. La primera contradicción era que los liberales afrancesados luchaban contra los liberales patriotas. Mayor contradicción es todavía que los liberales patriotas necesitasen estar aliados a los absolutistas, que eran antiliberales, en su lucha contra el gobierno francés.

 

 

Problemas del sistema político de Cádiz.

 

La revolución política creaba nuevos problemas no acabados de resolver en Cádiz durante la época 1810-1814. Quizás los ideólogos estaban más pendientes de llevar a cabo las teorías concebidas antes de los sucesos de 1808-1812, que del análisis del momento que les tocaba vivir, y de una proyección de futuro:

 

Primer problema: La representación del pueblo.

Antes, el pueblo estaba representado por el Rey y no había ninguna duda de interpretación. Ahora, el pueblo estaba representado por los diputados, y el problema era cómo se hacía esa representación, cómo se elaboraban los distritos electorales, unipersonales o pluripersonales, territoriales o proporcionales a la población realmente existente, quién tenía derechos políticos de voto y quién podía ser elegido, cuál era el método de elección, directo o indirecto, proporcional o con ventaja para las mayorías. En ausencia de concreciones, los diputados de Cádiz decidieron que todos representaban a la Nación en general. Esta concepción, mantenida durante dos siglos, soluciona el problema de la representatividad para el diputado, pero deja mucho que desear desde el punto de vista del ciudadano, que no sabe quién le representa en concreto y a quién se puede dirigir para expresar sus ideas, puesto que las Cortes son un ente abstracto sin posibilidad alguna de conectar con el ciudadano, sino a través de los medios que las mismas Cortes impongan, los partidos o los medios de comunicación, por ejemplo, los cuales no son medios que resulten necesariamente democráticos[2].

El problema de la representatividad quedaba sin resolver y ello condujo, en el siglo XIX, a una práctica poco conveniente para el liberalismo, que es el doctrinarismo: todos somos iguales ante las leyes, pero unos son más capaces que otros, y son más capaces los que lo han demostrado por sus estudios o consiguiendo riquezas. Lo lógico es que la Nación sea regida por los más capaces y no por los ignorantes, cuya ignorancia les ha llevado a la pobreza. En esta ideología se confunde la necesaria preparación que debe tener un candidato a gobernar, con el supuesto gratuito de que todos los ricos y todos los titulados tienen una preparación idónea y una moral adecuada para gobernar a los demás. Además, la suposición de que la ignorancia coincide con la pobreza es absolutamente irracional e interesada, aunque ello suceda estadísticamente en un gran tanto por ciento de los casos.

Posteriormente, el problema de la representatividad llevaría en el siglo XIX al caciquismo, y en el siglo XX a la partitocracia. En el fondo, se debate el problema de un liberalismo que predica la igualdad de todos los ciudadanos al acceso a los cargos de Gobierno, y la imposibilidad real que plantea el hecho de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no están capacitados para esas tareas y sería un desastre que accedieran a los altos cargos. Los partidos tienen la misión de seleccionar líderes suficientemente preparados para esas tareas, lo cual hacen a través de complejos mecanismos internos, complejos porque tratan de decir que son órganos de representatividad, igualdad y accesibilidad de todos los ciudadanos al poder, cuando la realidad es muy distinta, y tratan de seleccionar élites, y eliminar gente indeseable y personas no preparadas. Los partidos pueden ser de todo, menos “democráticos” en el sentido populista del término[3], si quieren gobernar con un mínimo de racionalidad en beneficio del interés general. Pero a lo largo del XIX y el XX, predicarán exactamente lo contrario para atraerse a sus simpatizantes. Incluso los que más presumen de democráticos suelen ser los más dictatoriales, y de disciplina más rígida. Nadie ha distinguido todavía entre la igualdad para votar y la necesaria selección de personas para ser votado en cada nivel de complejidad de Gobierno, porque se considera tabú, antiliberal, antidemocrático. En esta contradicción, a menudo triunfan los individuos dotados de verborrea insubstancial pero populista, y se producen verdaderos desaguisados de gobierno.

En lo que se refiere a América, la representatividad fue muy mal tratada en Cádiz, y contradecía muchas de las grandes declaraciones de liberalismo de que se presumía tanto: las Cortes reconocían la ciudadanía de los negros “sólo si la ganaban por virtud y merecimiento”, lo que equivalía a que se les privaba del voto. El tema hay que verlo desde el punto de vista en que lo plantearon los protagonistas: si se reconocía el voto a los negros, América tendría derecho a más diputados, pues los negros e indios eran muchos en América, y ello era lo que defendían los diputados americanos de las Cortes de Cádiz. Por el contrario, fijando el derecho a elegir un diputado por cada 70.000 almas, y no contabilizando a negros y mulatos, muchas zonas americanas se quedaban sin diputado, y otras con muy pocos, lo que haría de las Cortes un producto netamente peninsular español. Para asegurarse más en este asunto, se diferenció la proporción que correspondía a los americanos en la diputación Permanente de las Cortes y en el consejo de Estado, a fin de rebajar el número de americanos en beneficio de los peninsulares. Y el asunto se complicó más a la hora de legalizar las milicias ciudadanas, que en América se constituían con mayoría de pardos (mestizos), pues si no eran ciudadanos no se podían admitir en la milicia, pero resultaban imprescindibles y se admitieron de hecho.

 

Segundo problema: Los impuestos.

Los impuestos son necesarios para el funcionamiento del Estado, y éstos no pueden ser recaudados sin aclarar previamente el problema de la propiedad y sin los censos agrarios y urbanos correspondientes. El problema de la propiedad quedó pendiente por muchos años y, cuando se resolvió, se hizo mal y creando graves problemas sociales. Los censos no se lograrán hasta el siglo XX.

Por otro lado, la capacidad de cobrar efectivamente los impuestos es diferente para cada nivel de desarrollo, siendo porcentualmente mucho más alta en los países y regiones más desarrolladas, y mucho más baja en las zonas pobres. Un exceso de impuestos sobre el óptimo deseable, genera desórdenes sociales, debilidad de la demanda y empobrecimiento generalizado. Un bajo nivel de impuestos genera pérdida de oportunidades de desarrollo social y político por falta de iniciativa pública. En este punto, la polémica entre liberalismo e intervencionismo estatal, ha dado lugar a mucha literatura económica y política en los últimos siglos. Los liberales puros descartan todo intervencionismo público, como si la iniciativa privada garantizase la moralidad, y abarcase la totalidad de las necesidades de producción y reparto social de la riqueza. Los estatalistas, hacen acto de fe en que un determinado modelo de Estado es moral por sí mismo, atiende a todas las necesidades de producción y reparto social de la riqueza, sin partidismos, ni preferencias. Los integristas, confían en que el sentimiento religioso cubre ambos problemas con éxito. Desgraciadamente, ninguna de las tres posturas se ha demostrado eficaz al cien por cien, o más eficaz que las demás en determinados momentos de la historia. Y lo que es peor, todos esos puntos de vista son excluyentes entre sí.

Durante la Guerra de 1808, muchos españoles se vieron sometidos a dobles impuestos, los que cobraba cada parte de la guerra cuando dominaban sobre su territorio. Sumado a la destrucción que acarreaba la llegada de cada bando, hacía que la vida fuera especialmente dura. 1812 fue un año de hambre, la cual fue causa de defunción de miles de personas. Además, se estaba produciendo la peste de fiebre amarilla desde principios de siglo. Los impuestos ni se podían cobrar, ni muchas veces parecía ético cobrarlos, y la solución fue recurrir a la deuda pública. Pero la deuda era el problema que se venía acumulando desde el XVI y que fue particularmente onerosa desde el gobierno de Godoy.

 

Tercer problema: La rigidez de la propia constitución.    Considerando los liberales que estaban haciendo el único modelo posible de constitución, dejaron cerrada la posibilidad de reformarla requiriendo unas Cortes para proponer un cambio constitucional, las siguientes para estudiarlo y unas terceras para aprobarlo. La rigidez será la norma en España durante los siguientes siglos. Se justifica en la estabilidad, pero limita mucho las posibilidades de desarrollo posterior y adaptación a las nuevas realidades económicas y sociales que van apareciendo. Cada cambio profundo que acontezca, y requiera cambios constitucionales, se convierte, o puede convertirse, en un problema de estabilidad, no sólo del gobierno, sino de todo el sistema político constituido.

 

Cuarto problema: Ignorancia sobre el tema americano. América constituía una parte esencial de España, pero no fue considerada como igual en ningún momento. América era extremadamente diversa y extensa, desde los desiertos del trópico de cáncer, pasando por el ecuador, trópico de capricornio, zonas templadas del sur, hasta los hielos del Antártico. España nunca quiso reconocer la diferencia americana, ni la complejidad y diversidad americana, no quiso hacer distinciones y centró el argumento de la unidad en el hecho de la uniformidad incluso con la península, cuando la realidad era que tratar por igual lo que era diverso ya era una distinción injusta. Los americanos eran conscientes de su problema y desde hacía tiempo pedían autogobierno, facultades para resolver sus problemas, no tener que aceptar órdenes que no se ajustaban a la realidad de ninguno de los territorios americanos. Pero la racionalidad tiene graves inconvenientes en su aplicación, pues siempre se conculcan derechos y privilegios antiguos, ante los cuales hay que tener la decisión, que España no tenía. El reconocimiento de la diversidad y el autogobierno suponían la desaparición del orden económico y social establecido desde el siglo XVI, donde todos sabían lo que tenían que producir, en qué cantidad y límite, y a qué precio, con qué recursos humanos y el precio bajo de esos recursos. La libertad suponía introducir la competencia entre los americanos, someterles a la competencia mundial, para lo cual no estaban preparados, pues se habían acostumbrado a vender a precios altos con mercado garantizado, y a producir a precios bajos con mano de obra esclava. Lo expuesto, ex válido también para la Iglesia católica, que tenía que rectificar sus viejas ideas. Ignorar el problema americano, como hizo la constitución de Cádiz, no era una solución.

La comisión constitucional de Cádiz previó un Ministerio para América Septentrional y otro para América Meridional, lo cual era completamente insuficiente para atender a la diversidad territorial y de intereses americanos, y aun eso le pareció inaceptable a Muñoz Torrero, que insistió en un único ministerio con competencia en España peninsular y en toda América y Filipinas. Los americanos argumentaron que a diversas costumbres y sociedades, debía haber diversas leyes que fueran adecuadas a la realidad de cada lugar, y que no podían ser dirigidos a distancia, sino que un autogobierno debía solucionar los problemas que se les iban planteando cada día. Los “unitaristas” argumentaban que si se les daban autonomías podrían sublevarse contra España los americanos más conservadores, aunque estuvieran de acuerdo los ilustrados, lo cual perjudicaría a España en su guerra contra Napoleón.

Para no herir los sentimientos de los americanos más conservadores, que eran mayoría en América, los diputados de Cádiz hicieron reformas sociales cortas, en textos confusos y frases generales, que no incomodaran a nadie, y el resultado fue que no agradaron ni a los unos ni a los otros. Por ejemplo, el 8 de noviembre de de 1810, se trató el tema de la tierra en América, y se impuso el criterio conservador de Morales Duárez de atenerse a lo que dijeran las viejas Leyes de Indias, con lo cual no se atribuyó la tierra a los indios, y ello causó múltiples problemas muy graves. Se reconoció el error, y en marzo de 1811, se aprobó repartir tierras y aguas a los indios, pero se olvidaron de las castas, y la solución quedó incompleta. En noviembre de 1812, se pidió desde México que las castas tuviesen derecho a la tierra, o sea rectificación completa del error de noviembre de 1810, pero no se atendió la petición. Como, a continuación, se declaró que la constitución no era modificable en ocho años, ya nunca se hizo caso a las justas protestas americanas en este tema.

En el fondo, se hace ver un redentorismo angelical en los diputados de Cádiz, pues pensaron que la constitución por sí misma, por el simple hecho de existir, apaciguaría a los pueblos porque aseguraba la libertad, y que el tiempo haría el resto, limando las injusticias que se hubieran podido cometer. El error era muy grande.

Al establecer que la soberanía pasaba del monarca a los representantes del pueblo, y no conceder suficiente representatividad a los americanos, se abría el camino a las independencias.

Al quitar privilegios a la Iglesia, se provocaban rebeliones de eclesiásticos americanos, muy amantes de sus privilegios, y muy ensoberbecidos por su superioridad cultural y social en América.

En fin, los errores sobre el tema americano fueron tantos, que hasta los propios españoles de América acabaron pidiendo la independencia hacia 1820. Lo mal hecho en años anteriores ya no tenía remedio, y cuando Fernando VII en 1814, anuló la obra de las Cortes de Cádiz, en América se puso de manifiesto lo mal que se habían tratado los temas americanos, pues los que habían permanecido fieles a la Regencia aparecieron como rebeldes a Fernando VII a partir de ese momento, y los que habían hecho Juntas a petición de la Regencia de España aparecían como rebeldes que habían suplantado al monarca español, y así se les acusaba en el Manifiesto de los Persas.

 

 

CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX.

 

Debiéramos considerar los acontecimientos de Cádiz dentro del proceso general del siglo XIX español.

Ya en 1808 se había puesto en marcha una constitución, la de Bayona. En 1812 se aprobó la de Cádiz. Está claro para nosotros que la tendencia mundial política dominante de principios del XIX iba hacia el constitucionalismo.

La época 1812-1868 se caracterizó en política por la búsqueda de la constitución ideal, la ley que mejoraría todas las cosas y cambiaría por sí misma la vida de la nación. La razón de ello era que la soberanía pasaba a la nación y era perdida por el rey.

El término “constitución” se originó en la independencia de los EE.UU., cuando redactaron un documento que les sirviera de base para la organización de su propio gobierno en 1787 y lo llamaron “Constitución de los Estados Unidos de América”. Inmediatamente la idea de constituir un Estado nuevo fue adoptada por Francia en 1791, y a continuación por España en 1812.

La Constitución es un documento que contiene las ideas básicas sobre las que se elaborarán las leyes de un Estado, de modo que las leyes, al no contradecir a la constitución, no se contradigan entre sí. Estas ideas básicas, para tener buena aceptación, deben ser extraídas de los usos y convenciones sociales propias del pueblo al que va a ser aplicada[4], haciendo expreso lo tácito y fijándolo por escrito a fin de que no haya aplicación de distintas tradiciones para distintas personas ni distintos momentos en la tradición histórica aplicada. Cada cultura tiene su propia constitución, lo cual quiere decir que tras aproximaciones culturales es posible la unificación constitucional.

La constitución se define como el texto básico que enuncia los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y los campos de poder y limitaciones de los gobernantes y de las instituciones de gobierno, a fin de que de él emanen leyes iguales para todos los habitantes de un Estado, y que ninguna institución asuma tanto poder que peligren los derechos y libertades ciudadanas. Es la expresión misma de la soberanía.

Así pues, los campos clásicos de una constitución son:

Básico.- Definición de soberanía, cauces de acceso al poder, límites del poder, derechos del ciudadano y descripción de cómo se va a organizar el derecho de representación (quién representa a quien y en qué condiciones, si se representa a la Nación o a los ciudadanos, y los deberes del representante para con sus electores).

Organizativo.- Definición del Estado (unitario o federal), de los entes territoriales de Gobierno (autonomías y ayuntamientos), del gobierno (monárquico o republicano), y de los poderes de los representantes elegidos para regir el Estado (parlamentarismo, presidencialismo, relaciones entre poderes).

Jurídico.- Definición de los poderes aptos para legislar, definición del proceso de elaboración de las leyes y definición del valor de las leyes o su sometimiento al espíritu constitucional y jerarquía legislativa.

Ideológico.- Exposición de las ideologías en las que se inspira el texto constitucional por si fueran necesarias aclaraciones del mismo. Suele ocurrir que cuanto más carga ideológica contiene, menos estable es una constitución.

Lo que les ocurrió a las constituciones españolas de 1812-1868, es que fueron fuertemente ideológicas, tanto que no servían para un partido alternante en el poder y, de hecho, sólo eran votadas por el partido en el poder. El partido alternante gastaba sus fuerzas en producir más ideología, que resultaba estéril sin el poder, y que debía ser expresada en otra constitución igualmente estéril cuando lo alcanzaba.

 

 

Puntos ideológicos conflictivos en el XIX:

Los principales puntos ideológicos que ponían en desacuerdo a los partidos del XIX eran:

La soberanía nacional.- Los progresistas la entendían como cumplir la voluntad de las masas, de las mayorías. Los moderados, sobre todo tras la experiencia de 1791-93 en Francia, trataban de limitar la actuación y decisión de las masas para con ello conseguir una continuidad de actuación del gobierno, y para evitar la crueldad humana y destrozo económico que suelen sobrevenir a las decisiones asamblearias de masas. Perversamente, los viejos absolutistas utilizaban las ideas moderadas para continuar los modos políticos antiguos y las actitudes dictatoriales. Igualmente, los revolucionarios y utópicos utilizaban a la opinión pública para forzar situaciones políticas mediante la violencia en la calle. De este modo, los desacuerdos tendían a ser máximos y crecientes.

El radicalismo.- Los progresistas acabarán llamándose radicales a mediados de siglo, pero siempre lo habían sido. Los radicales creen que las reformas sociales y políticas promovidas por la constitución, deben hacerse enseguida y de raíz, partiendo de cero. Los moderados creen que siempre se deben respetar las tradiciones, pues por algo se vienen haciendo las cosas como se hacen, y para evitar cambios bruscos se debe repartir mucho el poder, sobre todo el legislativo, a fin de que las leyes se piensen dos veces y sean pensadas por distintos sectores de la sociedad de modo que no se conviertan en un arma arrojadiza de uno de los grupos sociales contra otro u otros. Perversamente, los moderados dilataban tanto las reformas que daban motivos para sospechar que nunca se realizarían. Igualmente, los reformistas radicales abordaban programas utópicos, a menudo populistas, que abandonaban el campo de lo liberal para introducirse en lo socialista y lo agnóstico y ateo.

La propiedad.- En la primera mitad del XIX se consideró que el ideal era convertir todos los bienes en propiedades individuales. En épocas siguientes se pondrá en duda la propiedad individual (1868-1931) e incluso en el siglo XX (1931-1978) se negará que sea un derecho absoluto no limitable por la ley. En la primera mitad del XIX, todos estaban de acuerdo en que el derecho a la propiedad individual era un valor absoluto. Dentro de esta rotundidad, no se pusieron de acuerdo en si los viejos derechos feudales les pertenecían en propiedad a unos o a otros y fueron precisamente los progresistas los que decidieron hacer propiedad particular de los ricos los bienes comunales de los pueblos y los señoríos. Naturalmente, los moderados asumieron esas nuevas propiedades, y fue en lo único en que estuvieron de acuerdo con el liberalismo progresista, pero generando graves problemas sociales. A partir de 1868, los moderados se encastillaron en sus derechos de propiedad como inamovibles, y surgieron movimientos sociales contrarios, los socialismos o comunismos, términos que en la época eran equivalentes. En el siglo XX, teorías como el impuesto progresivo o la regulación del mercado laboral, serán combatidas fuertemente e incluso violentamente por los afortunados propietarios.

 

 

Épocas del constitucionalismo español:

 

En la primera mitad del XIX, los españoles se esforzaron por resaltar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

El periodo de Fernando VII 1814-1833 se caracterizó por la lucha entre absolutistas y liberales.

El periodo de Isabel II, 1833-1868 se caracterizó por la lucha entre liberales progresistas partidarios de cambios fuertes e inmediatos, y liberales moderados (alta burguesía) partidarios de cambios progresivos y oportunistas. Esta controversia convivía con una tendencia que todavía luchaba por el absolutismo, que eran los carlistas.

La preocupación de los liberales a partir de 1868 fue por regular el derecho al voto y lograr el voto libre, y por definir el gobierno, ponerle límites.

El periodo posterior a 1868 se caracteriza por la búsqueda de formas políticas liberales nuevas que fueran viables, y empezó por una serie de fracasos, nueva monarquía de Amadeo, república, e intento de dictadura militar, y continuó por un sistema autoritario monárquico duro, que se llamó La Restauración Borbónica y que sólo formalmente era liberal.

A partir de 1931, intentaron regular los límites del poder, y lograr la definición de un Estado no unitario, regionalista o federal.

En 1978, se esforzaron por expresar los derechos y deberes de los ciudadanos, haciendo una declaración de derechos más bien pobre (sin derechos y deberes para con el medio ambiente, ni para las comunicaciones sociales, lo cual viene mucho mejor en la fracasada “constitución europea de Lisboa”. Tampoco abolieron la ley sálica.), y la definición del Estado en entidades autonómicas, tema en que, a mi juicio equivocadamente, redactaron toda una “ley orgánica dentro de la constitución”, el Título VIII, que implicaba la necesidad de cambios constitucionales futuros e inestabilidad política debido a la dificultad de hacer esos cambios. La constitución de 1978 fue un gran avance sobre la dictadura de que se salía, pero un texto lleno de miedo al futuro y a los propios españoles.

 

 

 

La Constitución de 19 de marzo de 1812.

 

El 28 de septiembre de 1810, El Conciso pidió un “código de leyes que contuviera el despotismo”. Este periódico fue el primero en Cádiz en reclamar lo que sería la constitución. Pero fue el 7 de diciembre de 1810 cuando se leyó en las Cortes un escrito de Pedro Cevallos (lo había enviado desde Londres) que pedía hacer una constitución. El 8 de diciembre de 1810, el diputado Mejía Lequerica hizo la propuesta de hacer una constitución, y el proyecto no se aprobó debido a que Mejía Lequerica lo presentaba de forma agresiva, con asamblea permanente hasta tener una constitución, lo cual recordaba al Juego de Pelota francés. El 9 de diciembre, José Espiga y Gadea[5], Antonio Oliveros Sánchez[6] y Diego Muñoz Torrero llevaron mociones por escrito pidiendo más razonablemente hacer una constitución, y entonces se decidió nombrar una comisión de ocho miembros para redactar un proyecto constitucional.

El 23 de diciembre de 1810 la Comisión se elevó a 13 diputados: Agustín Argüelles, José Pablo Valiente, Pedro María Ric i Monserrat, Francisco Gutiérrez de la Huerta, Evaristo Pérez de Castro, Alonso Cañedo Vigil, José Espiga y Gadea, Antonio Oliveros Sánchez, Diego Muñoz Torrero, Francisco de Sales Rodríguez de Bárcena, Vicente Morales Duárez, Joaquín Fernández de Leyva y Antonio Joaquín Pérez. Más tarde se añadirían dos miembros más: Andrés Jáuregui[7] y Mariano Mendiola Velarde. De los 15, eran curas liberales Espiga, Oliveros y Muñoz Torrero, y curas realistas-absolutistas Francisco de Sales Rodríguez de Bárcena, Alonso Cañedo Vigil y Antonio Joaquín Pérez, por lo que las discusiones del proyecto constitucional estuvieron en gran parte protagonizadas por el clero.

El 2 de marzo de 1811, empezaron los trabajos de la Comisión Constitucional. Era presidente de la Comisión Diego Muñoz Torrero, y actuaban como secretarios Evaristo Pérez de Castro y Francisco Gutiérrez de la Huerta. Esta Comisión tuvo la brillante idea de invitar a gente experta en derecho constitucional, aunque no hubieran sido nombrados miembros de la comisión, y decidieron que serían no menos de tres ni más de cinco invitados. Los colaboradores tendrían voto dentro de la Comisión. Parece que sólo fue invitado Antonio Ranz Romanillos, un hombre que ya había hecho el mismo trabajo en Bayona, donde había sido secretario de la comisión redactora de la constitución de 1808, que se hizo en francés, y que luego, junto con Vicente González Arnao, la había traducido al español. En cierta manera, se puede decir que los miembros de la Comisión eran 16, aunque Ranz Romanillos no lo fuera estrictamente. Ranz Romanillos había jurado fidelidad a José I, antes de huir de Madrid, y era técnicamente un afrancesado. La Junta Central se había deshecho de él en enero de 1809 enviándolo a Londres. En marzo de 1809 pidió permiso para viajar a Cádiz, y allí fue vocal en varias comisiones de la Junta Central (Medios Y Recursos, Legislación y Hacienda). El 20 de febrero de 1811, Ranz Romanillos había sido Consejero de Estado para las Cortes. En marzo de 1811 estaba disponible para el trabajo que se le iba a encomendar, redactar el primer proyecto de constitución.

En este anteproyecto, son de resaltar las ideas de Argüelles. Las principales ideas aportadas por Argüelles eran la abolición del tormento en los procesos judiciales, la ilegalidad de la trata de esclavos (idea que no fue incorporada a la constitución), la libertad de imprenta, la abolición del régimen señorial, sobre todo en su faceta jurisdiccional, la libre contratación y la propiedad libre.

El 16 de marzo de 1811 se hizo entrega del anteproyecto, y el resto del mes la Comisión aportó algunas ideas nuevas, sobre todo cambiando la terminología, pues no se quería que las palabras sonasen mucho a las constituciones francesas. La Comisión Constitucional tenía preparado un proyecto de constitución el 18 de agosto de 1811 y éste fue aprobado definitivamente el 11 de marzo de 1812. La constitución fue promulgada el 19 de marzo de 1812.

 

La nueva constitución aportaba:

la introducción del concepto de soberanía de la Nación, garantizada por la división de poderes. La soberanía era el punto de mayor discrepancia, como ya hemos visto que ocurrió en septiembre de 1810, y se acabó encontrando una fórmula de compromiso que decía que residía “esencialmente en la Nación”. La discusión se centraba en si el rey dejaba de ser soberano, pero nunca se afirmó tajantemente

la racionalización de la vida política, distinguiendo claramente los tres poderes. Pero el tema no fue todo lo claro que podría haber sido, pues se temía el despotismo de las Cortes, y decidieron dejar el tema de la soberanía un poco difuso, “esencialmente en las Cortes”, y el legislativo más difuso todavía, “las Cortes con el Rey”. Pero afirman que establecer la ley es un acto anterior a aplicarla e interpretarla. En ningún momento distinguen claramente entre soberanía y poder, y de ahí la falta de claridad. Se induce que entre los liberales de Cádiz había cierta confusión entre los conceptos de iniciativa legal y soberanía. En la práctica, el mayor avance en Cádiz es la independencia del Poder Judicial pues, aunque el Poder Ejecutivo cuide de la Administración de Justicia, no podrá conocer negocio judicial alguno, ni abrir juicios, ni deponer magistrados ni trasladarlos para acomodar la justicia a sus deseos (sólo podrá juzgar a un magistrado tras justa causa y tras dar cuenta de ello a las Cortes). También se definen los límites del Ejecutivo en nombrar embajadores dando cuenta de ello a las Cortes, tratados internacionales que han de ser ratificados por las Cortes, declaraciones de guerra solicitándolas a las Cortes, y no pudiendo nunca actuar contra la constitución.

Democracia electoral, eligiendo 1 diputado cada 70.000 habitantes por el sistema aplicado en 1810. En cuanto a la representatividad, se decidió que el diputado representaba a la nación, y no a sus electores, quedando emancipado de la voluntad popular. El sentido del término “democracia” a principios del siglo XIX se reducía a votar, y el concepto de extender los derechos a la mayor parte posibles de los ciudadanos es mucho más tardío.

medidas consolidadoras de la soberanía de las Cortes: una obligación de reunir las Cortes en una sola cámara todos los años durante tres meses, una Diputación Permanente para vigilar la observancia de la Constitución, convocatoria de Cortes Ordinarias, y dar cuenta al rey de las infracciones de ley que se observaran.

Declaraba la igualdad de todos ante la ley, lo cual se traducía en unificación jurídica e independencia judicial, e igualdad ante los impuestos con abolición de privilegios lo que permitía el moderno concepto de imposición sobre la renta.

Hablaba de derechos y deberes de los españoles. En 1810-1812 se olvidaron de hacer una Declaración de Derechos, como sí habían hecho los americanos y franceses antes de hacer sus constituciones, pero se quería huir de formas que parecían afrancesadas o coloniales. Los derechos fueron intercalados a lo largo de la constitución y así, la libertad civil venía en el título V (de la justicia), la inviolabilidad de domicilio en el artículo 306, la libertad de expresión en el artículo 371, la definición de ciudadanía en el título segundo del capítulo cuarto, el derecho de petición en el artículo 273…

ratificaba la libertad de imprenta, decretada en 1810.

declarara un Estado confesional católico,

proclamaba una monarquía hereditaria (en la persona de Fernando VII) limitada por la constitución,

los pueblos mayores de 1.000 habitantes tendrían necesariamente Ayuntamiento.

Las provincias serían gobernadas por un Jefe Político y un Intendente nombrados por el rey, y por una Diputación de 7 diputados elegidos por los ciudadanos, Diputación que presidiría el Jefe Político. La diputación controlaría la hacienda de los ayuntamientos de su provincia.

La constitución de 1812 era todo un ejemplo de modernidad en el mundo de su tiempo, lo más progresista y democrático que había por entonces. Ordenaba las ideas políticas con mucha más claridad que las Leyes fundamentales antiguas.

 

 

EN EL LEGISLATIVO, los principales cambios consistieron en:

Poner cámara única. Era un tema arduo, pues la nobleza y el clero eran el apoyo principal de la monarquía tradicional. Por eso Jovellanos había decidido una segunda cámara formada por nobleza y clero, pero los liberales, antinobiliarios y anticlericales, pensaron de forma diferente. Ello fue fundamental para poder abolir los señoríos, base de la nobleza y del clero, otro de los puntos fundamentales en la revolución 1807-1814.

excluir de la posibilidad de ser diputados al clero regular y poner las cosas difíciles al secular.

que el rey no podría dar órdenes sin la aprobación y firma del Secretario de Despacho correspondiente, que con ella se hacía responsable de la misma.

las Cortes se formarían con un diputado cada 70.000 habitantes o fracción, elegidos por método indirecto, primero en las parroquias un representante cada 200 vecinos, después en los partidos judiciales (triple número de representantes que diputados correspondan a la provincia de entre los elegidos por las parroquias), y por último en las provincias. Los diputados se renovarían cada dos años.

Los diputados representaban a la Nación en su conjunto y no a los pueblos, provincias o electores que les habían hecho diputados.

Se unificaban los códigos legales (civil, criminal y de comercio) para todos los territorios de España.

Las Cortes asumían el poder sobre el ejército, tanto tropas, buques y armamento, como ordenanzas, disciplina, ascensos y sueldos.

En la práctica, las Cortes de Cádiz no sólo legislaron, sino que se metieron en campos administrativos y judiciales, argumentando que eran “extraordinarias” y era preciso hacer cambios.

 

 

EN EL EJECUTIVO hubo muchos cambios:

El rey, persona sagrada e inviolable, tendría varias restricciones.  La Constitución de Cádiz salvaba el trono de Fernando VII, puesto que éste había renunciado a todos sus derechos y los diputados de Cádiz no aceptaban la validez de esta renuncia basándose en la “Constitución Histórica” de la nación española y en la soberanía del pueblo que no puede ser administrada por el rey contra la voluntad de ese mismo pueblo. La constitución significaba que, en adelante, habría algunas limitaciones al rey: no podría impedir la celebración de Cortes, ni disolverlas ni suspenderlas a su capricho, no podría deponer generales sin recurrir al Consejo de Estado, ministros sin contar con las Cortes, y quedaría por tanto en manos de las instituciones públicas, como el resto de los ciudadanos. No podría ausentarse del Reino sin consentimiento de las Cortes. No podría enajenar, ceder, renunciar a su autoridad real y ni siquiera casarse sin permiso de las Cortes. No podría enajenar territorio español, exigir contribuciones sin el conveniente decreto de Cortes, otorgar privilegios, privar a los individuos de libertad. No podría establecer alianzas o tratados internacionales. Dejaría de ser el dueño de España. Quedó abolida la Ley Sálica. Pero la cuestión de la soberanía no quedó nunca clara. Fernando VII, en su ideología absolutista, no podía aceptar la Constitución. El rey tendría las funciones de dirigir las relaciones diplomáticas, expedir decretos, nombrar y separar Secretarios de Estado, proveer empleos civiles y militares, mandar los ejércitos, ordenar la circulación o retención de los decretos conciliares y bulas pontificias, ejercer el derecho de presentación, nombrar magistrados de los Tribunales de Justicia, fabricar moneda y conceder honores y distinciones.

El Gobierno del Estado se organizaba entre 7 secretarías (Estado, Gobernación, Ultramar, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, y Marina). Se creaba el cargo de Secretario de Gobernación del Reino unificando el gobierno político, económico y policial de todas las provincias en su persona. Se suponía que quedaban suprimidos los Consejos de Castilla, Órdenes, Indias y Hacienda. Como el Rey no era responsable, los ministros asumían la responsabilidad: así, el Rey necesitaba la firma del Secretario de Estado correspondiente, a quien las Cortes podían denunciar ante el Tribunal Supremo de Justicia y suspender en funciones. Las limitaciones a los Secretarios de Despacho fueron muy difusas, y ello causó problemas posteriores. El Consejo de Castilla era liquidado y sus funciones judiciales pasaban al Tribunal Supremo, mientras las consultivas pasaban al Ministerio de Gobernación.

Las provincias serían gobernadas por un Jefe Superior Político nombrado por el rey, un Intendente y una Diputación formada por 7 diputados elegidos por los ciudadanos y renovables por mitades cada dos años. La misión de las diputaciones sería controlar a los Ayuntamientos. Sus funciones eran el reparto de los cupos contributivos de los Ayuntamientos, y el reparto del contingente de reemplazo del ejército, administrar la beneficencia, la enseñanza y la sanidad provincial. Este esquema de administración se mantuvo más o menos igual hasta que la Restauración de 1874 restó funciones a la Diputación a favor del gobierno central, y, posteriormente, Franco, le quitó la electividad de sus miembros.

Sería obligatoria la existencia de Ayuntamiento en todos los pueblos de más de 1.000 habitantes. Los alcaldes, regidores (concejales) y procuradores síndicos (representantes de empresarios) serían elegidos en cada pueblo, todos los años el alcalde y la mitad de los regidores cada año. Las elecciones se hacían todos los años en diciembre y el mandato de los elegidos empezaba el 1 de enero. Se eliminaron los regidores perpetuos y aparecieron regidores electivos. La principal función del ayuntamiento era administrar comunes y propios.

 

 

Se hicieron varias REFORMAS ADMINISTRATIVAS:

Se impuso el servicio militar obligatorio.

Se creó una Milicia Nacional en cada provincia, gentes armadas que acudieran en defensa de la nación cada vez que se les llamase a ello. La Milicia Nacional era un segundo ejército que vigilaría los excesos del ejército profesional a fin de proteger la constitución contra posibles veleidades militares. Se reglamentó en los primeros meses de 1814, poco antes del regreso de Fernando VII. Constaba de dos armas, infantería y caballería, y los españoles se alistarían voluntariamente, formando milicias provinciales, pudiendo alistarse por 8 años los varones de entre 30 y 50 años que no fueran funcionarios públicos, sacerdotes, profesores o diputados. Las Milicias Nacionales servirían también para guardar el orden en los pueblos, con derecho de los milicianos a no ser sacados de su provincia.

Se creaba una contribución única, centralizada en una Tesorería Central, auxiliada por una Contaduría Mayor de Cuentas que examinaba las cuentas de caudales públicos.

Se proyectaba crear escuelas en todos los pueblos. Se decretaba que hubiera un plan de enseñanza uniforme en todo el Reino y una dirección General de Estudios que inspeccionara el servicio de enseñanza.

El 21 de enero de 1812 se creó un Consejo de Estado consultivo con 40 miembros nombrados por el rey a propuesta de las Cortes. Se suprimían los viejos Consejos de Castilla, Órdenes, Indias y Hacienda.

El 22 de abril de 1812 se creó la Dirección General de Hacienda que llevaba los asuntos de tesorería y contaduría.

Se quitaron a las Audiencias sus funciones no judiciales, que fueron encomendadas a las Diputaciones (gestión económica de la provincia).

Se privó a las Capitanías generales de sus funciones no militares que fueron encomendadas al Gobernador (correspondencia y responsabilidad política).

 

 

EN EL PODER JUDICIAL también hubo cambios:

El problema principal era el Consejo de Castilla que fue reformado y anulado para dar paso al Tribunal Supremo, lo cual produjo muchos descontentos con el liberalismo al eliminar muchos privilegios: los privilegios procesales de la nobleza, los privilegios procesales de los funcionarios de los Consejos y sus familias, fueron eliminados.

Se mantuvieron privilegios procesales de militares y clérigos.

Por la unidad de fuero, se suprimieron diferencias judiciales entre distintos reinos.

Se concedieron derechos ciudadanos que hicieron cambiar el funcionamiento de los tribunales: éstos necesitarían mandamiento judicial previo para hacer una detención, precisarían entregar el detenido al juez en 24 horas, era posible la libertad bajo fianza, las cárceles no podrían torturar sino solo retener a los detenidos, los procesos serían públicos, las penas serían personales y no podrían implicar a la familia y sucesores, y la horca era sustituida por el garrote.

La nueva jerarquía de tribunales fue: las audiencias en el plano superior, los partidos judiciales en el plano medio, y los alcaldes jueces de paz en el plano inferior. Fue excepción el Tribunal de Órdenes Militares. Desaparecieron la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, el Consejo de Navarra y Cámara de Comptos, el Juez Mayor de Vizcaya, los jueces señoriales, y las chancillerías de Valladolid y Granada.

Las Audiencias pasaron a ser cuatro: Pamplona, Valladolid, Madrid y Granada. Pamplona tenía jurisdicción sobre el País Vasco.

Los Partidos Judiciales, creados en el artículo 273 deberían ser dirigidos por un juez letrado, esto es, un juez profesional. Los Partidos Judiciales tomarían pleno significado después de la división provincial de Javier de Burgos 1833 y las leyes subsiguientes de reordenación del territorio como la de 26 de enero de 1834 creando las “Reales Audiencias” como tribunales superiores provinciales, y la de 21 de abril de 1834 subdividiendo las provincias en partidos judiciales.

Los jueces serían “letrados” es decir, expertos en derecho, y dejarían de ejercer cargos de justicia los legos en la materia que venían ejerciéndolos por motivo de privilegio o prebenda. Los jueces tendrían sueldo del Estado, pagadero por la provincia. Las funciones del juez se limitarían a identificar el crimen y a aplicar la ley que le fuese pertinente sin hacer interpretaciones personales por motivo de quién fuera el reo.

 

Se decidió por fin, que la constitución sería inalterable durante ocho años, de modo que se condenaba ya de antemano a todo aquél que propusiera reformas en ese plazo. Pasado este plazo, se podría modificar, pero no de forma sencilla, a fin de que no se jugase con la seriedad de un texto como ése.

 

Los encargados de publicar la constitución fueron Juan María de Villavicencio e Ignacio Rodríguez de Ribas.

 

 

VALORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

 

El mundo se quedó atónito ante la obra de Cádiz. Los europeos pusieron de moda a estos luchadores españoles por la libertad que habían logrado, y por la llamada que habían hecho a ceder los privilegios, a ser liberales, y así nació el término “liberal” en todos los idiomas. Marx, a mediados del siglo XIX, estudiará el caso, y para ello aprenderá español, leerá la historia y literatura española y escribirá un libro sobre el tema.

Aunque la Constitución de Cádiz salvaba el trono de Fernando VII, la monarquía cambiaba profundamente puesto que éste había renunciado a todos sus derechos en Bayona. Los diputados de Cádiz no aceptaron la validez de esta renuncia basándose en la “Constitución Histórica” de la nación española y en la soberanía del pueblo que no puede ser administrada por el rey contra la voluntad de ese mismo pueblo. La constitución significaba que, en adelante, el rey no podría deponer generales sin recurrir al Consejo de Estado, y quedaría por tanto en manos de éstos. Dejaría de ser el dueño de España. El absolutista Fernando VII no podía aceptar la Constitución

Como ya hemos dicho en otra parte, hay graves defectos en esta constitución. Además de los de representatividad, cobro de impuestos, y rigidez del texto, propios de la constitución en sí, vamos a hacer ahora mención de un aspecto complementario, pero fundamental, la redistribución de la propiedad necesaria a continuación de la abolición de los señoríos en virtud de los principio de igualdad ante la ley, libertad y propiedad: A pesar de decretar la abolición de los señoríos y establecer el principio de la propiedad, es decir el derecho a acotar, vender, arrendar y cercar todas las fincas, no fueron capaces de entrar, o no quisieron hacerlo, en el problema más grave, el de la redistribución de la tierra.    La constitución de 1812 fue una revolución, sí, pero sólo revolución legal, política y hasta financiera, pero sin resolver el problema de fondo, el llamado “problema social” por los políticos del XIX, la redistribución de la propiedad para nosotros.

Sí que hubo constancia del defecto en que estaban incurriendo y del problema que estaban generando: hubo una decisión, una excusa más bien, de repartir la mitad de los comunales entre los soldados españoles una vez que se expulsara a los franceses. Era la idea de Olavide desde el siglo anterior. Pero este reparto era a todas luces inviable por la poca calidad de las tierras que se pensaban repartir y la poca cantidad para tantos como reclamarían estar necesitados. El asunto quedó enterrado en el más discreto de los silencios. Nunca se realizaría. Pero, conscientes de que las cosas no se estaban haciendo con total justicia social, sí que eran conscientes.

El problema de la propiedad no se resolverá ya nunca: En la época de Fernando VII, los liberales se esforzaron por resaltar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para disimular la igualdad de salida en el nuevo reparto social.

En el reinado de Isabel II, se esforzaron por regular el derecho al voto y lograr el voto libre y en definir el gobierno.

A partir de 1868, intentaron definir los límites del poder y la definición de un Estado regionalista o federal.

Aparte del descontento que creó en los campesinos la privación de la propiedad y la pérdida de comunales, las reformas que eliminaban regidores perpetuos, y las de reforma de la administración provincial crearon muchos descontentos. Los desposeídos de sus prebendas, se hicieron antiliberales. El liberalismo de final del XIX estaba muerto, o al menos languidecía.

 

 

La obra legislativa de Cádiz.

 

La obra legislativa, complementaria a la Constitución, sería amplia entre septiembre de 1810 y mayo de 1814. Citamos leyes y principios constitucionales, que configuran el panorama completo de la reforma emprendida en Cádiz:

 

Reformas en derechos:

Declaración por la que todos los españoles quedaban bajo la autoridad del Estado.

Supresión de las expresiones, como vasallo, que denotasen desigualdad entre los individuos.

Creación de la Orden de San Fernando para premiar el mérito y capacidad de los ciudadanos, 1811.

Abolición de los privilegios señoriales, 1 de julio de 1811,

Colocación de todos los españoles bajo la autoridad del Estado.

Igualdad entre el clero y el pueblo a la hora de votar.

Libertad de imprenta. Libertad de prensa, proyecto de 27 de septiembre de 1810, aprobada el 10 de noviembre 1810. Se conoce también como libertad de imprenta y consistía en la abolición de la censura previa.

Abolición de la tortura en los interrogatorios y procesos judiciales, 1811.

Prohibición de torturas en las cárceles.

Reducción de las penas a un carácter personal, sin que se viera implicada la familia.

Sustitución del método de ejecución de la pena capital, la horca, por el garrote.

Igualdad de derechos entre peninsulares y americanos de octubre de 1810.

Supresión de la mita en América.

Supresión de las pruebas de nobleza y limpieza de sangre exigibles para la carrera militar, 17 de agosto de 1811.

 

Nuevo organigrama judicial, con Audiencias Territoriales (que desplataron a las antiguas Chancillerías), Partidos Judiciales (al cuidado de un juez que desplazó a los alcaldes mayores, y alcaldes-jueces de paz. Los alcaldes del crimen pasaron a magistrados de lo penal. Los oidores, a magistrados de lo civil.

Creación del Tribunal Supremo, heredando las funciones judiciales del Consejo de Castilla.

Abolición del Tribunal de la Inquisición.

Derecho de habeas corpus.

 

Libertades económicas:

Libertad de trabajo, liquidando los privilegios de los gremios de 8 de junio.

Libertad de disponer de los bienes propios en un decreto de Fomento de la Agricultura y Ganadería, que daba libertad de precios y de duración de los arrendamientos de 8 de junio. La llamada reforma agraria de 8 de junio de 1813, declaraba cotos las dehesas y heredades, con permiso para cercarlas, libertad de precio de los productos agrarios, libertad de cultivo, venta y transporte de los mismos, libertad de arrendamientos.

Ley de Baldíos de 1813, repartiendo los comunes y realengos entre propietarios capaces de cultivarlos.

Disolución de la Mesta, que perdía sus derechos a Concejo.

Reforma industrial de 8 de junio de 1813, dando libertad para establecer fábricas sin necesidad de licencia, título o examen previos, sin necesidad de pertenecer a gremio alguno, y con supresión de las aduanas interiores que estorban el comercio.

Ley de la Propiedad, de 12 de mayo de 1811.

Incorporación a la nación de los señoríos jurisdiccionales, 6 de agosto de 1811.

Supresión de mayorazgos inferiores a 3.000 ducados de renta anual, de 1812. Fue un fracaso y la supresión no se hizo hasta el Trienio Constitucional.

Libertad de mercado, precios e industria, de 1814.

Abolición de los precios tasados, el 8 de junio de 1813. Tasa oficial, es el precio oficial marcado por la autoridad para artículos de primera necesidad o de un consumo abundante. Alfonso X tasó artículos como ladrillos, carne y vino y ya entonces surgieron opiniones en contra de las tasaciones. En el siglo XVI fueron muy frecuentes las tasas. El 23 de diciembre de 1502, los Reyes Católicos pusieron tasa a los granos y esta se mantuvo, con algunos años de excepción, hasta 1765. Carlos III abolió algunas tasas y en su tiempo empezó un ambiente de libertad como sistema económico, pues la disminución artificial de un precio hacía que ese artículo perdiera interés para los productores y, a la postre, disminuía la oferta y subían los precios en el mercado negro, que era lo que se quería evitar. El 20 de enero de 1834 se declaró la libertad de tráfico, venta y comercio de abastos. El 6 de septiembre de 1836 se volvería a repetir la disposición librecambista de abolir las tasas. Pero las tasas suelen volver en épocas de crisis con la excusa de intentar reducir la inflación.

 

Reformas en la propiedad:

Reforma de los conventos para disminuir su número, fines de 1811. Reducción del número de conventos de febrero de 1813, dejando uno sólo por orden religiosa y población, con supresión de los de menos de 12 profesos, prohibición de admitir a nuevos profesos en esos conventos a suprimir, y prohibición de pedir limosnas para reedificar conventos y monasterios.

Desamortización eclesiástica de 2 de agosto de 1811, paralela a la hecha por José I en junio-agosto de 1809:

Incautación de los bienes de la Inquisición.

Venta de los bienes de Órdenes Militares.

Desamortización de bienes de los conventos suprimidos por José I, 17 de junio de 1812.

Enajenación de bienes de la Corona, de 22 de marzo de 1811.

El 25 de febrero de 1812 se pidió la abolición del voto de Santiago por el que los gallegos pagaban mil escudos de oro anuales al cabildo de Santiago. Se consiguió abolirle, el 10 de octubre de 1812.

Parcelación y reducción a propiedad privada de los terrenos de propios, realengos y baldíos, reservando una parte para distribuirla entre los combatientes.

 

Reforma administrativa:

Derogación de los Consejos de Castilla, Órdenes e Indias en 17 de abril de 1812, paralela a lo hecho por José I en 4 de diciembre de 1808.

Proyecto de recaudación fiscal centralizando los tributos, de 18 de julio 1813.

Creación de la Dirección General de Hacienda de abril de 1813 y consiguiente reforma de Hacienda:

Proyecto de recaudación fiscal uniforme y centralizado de 18 de julio de 1813.

Reducción de contribuciones a una única, Contribución Única de 13 de septiembre 1813. Una bandera liberal era por entonces suprimir los “consumos” tales como la alcabala, cientos y millones, que gravaban a los pobres mucho más que a los ricos porque restaban mucha más parte de la renta de aquellos, que de éstos, aun siendo iguales en cuantía para todos. Eliminaron rentas provinciales y las sustituyeron por una contribución directa proporcional a la riqueza de los individuos y las provincias y sin posibilidad de exenciones ni privilegios. Pero en 1814 fueron reintroducidos los consumos. Incluso en 1917 se añadió un nuevo impuesto al consumo que fue el derecho de puertas. En 1820 se pondría una nueva contribución al consumo sobre vino, aguardientes, licores, aceite y carnes, a pesar de que los liberales eran contrarios a estos consumos, pero entendían que eran productos de lujo que gravaban poco a los pobres. En 1844, Santillán y Mon crearon un nuevo impuesto al consumo sobre 20 artículos entre los que estaban el vino, aguardiente, licores, sidra, chacolí, cerveza, aceite, jabón y carnes, porque no sabían de dónde recaudar si se quitaban los consumos. En 1854 se abolieron los consumos, pero se restablecieron en 1856. En 1868 se volvieron a quitar, restableciéndose en 1874 y ampliándose en 1877 a huevos, leche y leña. Por tanto, el impuesto de consumos que se trató de quitar en 1813, no se eliminó hasta el siglo XX. En 1904 se abolió el impuesto sobre el trigo y en 1911 el resto de impuestos de consumos. Todavía volvieron en 1940 sobre azúcar, alcoholes, cerveza, pólvora y gasolina, aunque pronto se les cambió de nombre y se llamaron “impuestos sobre el gasto”, muy propio de los nuevos tiempos. Era la Implantación de la contribución directa, según mandato de la constitución de Cádiz, y decreto de 14 de septiembre de 1813. La constitución decía que los impuestos debían ser proporcionales, universales y de carácter directo. Por ello, las rentas provinciales y los estancos de sal y tabaco fueron reemplazados por una contribución directa. Con optimismo, se pensó que se podían recaudar 517 millones de reales y este dinero se repartió entre las provincias, éstas entre los pueblos, y éstos entre los contribuyentes en función de patrimonio estimado de las personas, pues no había catastros. Se utilizó un Censo de Frutos y Manufacturas de 1799. No se pudo cobrar. Se abolió en 1814. En 1817, Martín de Garay volvió a intentar la contribución directa. El 29 de junio de 1821, Argüelles la puso en función de las rentas de predios urbanos y rústicos, que le parecían más fáciles de controlar que el patrimonio familiar, e incluyó a los arrendatarios, elaborando cada ayuntamiento un “cuaderno general del pueblo” estimando las rentas de cada vecino y actualizándolo cada año, pero fue muy complicado y se abolió en 1823. La contribución directa se volvería a intentar con Espartero en 1842 y con Mon en 1845.

Ese mismo día de 13 septiembre de 1813 un decreto de Cortes mandaba clasificar la deuda nacional y prever su pago mediante unas desamortizaciones.

El tribunal de la Inquisición estaba debilitado en Cádiz porque el Inquisidor Arce se había hecho afrancesado. Las discusiones fueron largas y duras y participaron sacerdotes en ambos bandos, los abolicionistas y los defensores. Se discutió desde el 8 de diciembre de 1812 a 5 de febrero de 1813. Se suprimió el Santo Oficio y se incautaron sus bienes.

Servicio militar obligatorio.

Creación de una Milicia Nacional, remodelando así las milicias provinciales.

Reformas en la enseñanza, creando en 1812 una Junta de Instrucción Pública para hacer las reformas, la cual produjo un informe, “Informe Quintana” en 1813, y un Dictamen y Proyecto sobre el Arreglo General de la Enseñanza Pública en 7 de marzo de 1814. No tuvo ningún efecto, pues fue derogado en mayo de 1814, dos meses después, lo cual, las derogaciones de leyes de enseñanza, se hará crónico en España.

 

Las reformas eran algo necesario y obvio, en lo que la mayoría estaba de acuerdo, y las primeras reformas fueron apoyadas por casi todos los diputados, incluso los realistas. Pero pronto éstos se dieron cuenta de que estaban cediendo terreno político a los liberales, y dejaron de apoyarlas.

Insistimos, el “pero” más grave que se le puede poner a las Cortes de Cádiz, es el de la redistribución de la tierra, o problema social, que no se resolvió allí y no se resolverá políticamente nunca en la historia de España, sino que acabará resolviéndose por sí solo en la segunda mitad del XX.

 

 

[1] Bartolomé José Gallardo Blanco, 1776-1852, era un extremeño que había estudiado en Salamanca, en una época en la que allí se leía a los ilustrados franceses, y en 1810 fue bibliotecario de las Cortes de Cádiz. En 1812 escribió el Diccionario Crítico Burlesco, una de las publicaciones más leídas en la primera mitad del XIX. En 1814 huyó a Londres. En El Panteón de El Escorial, criticó la mediocridad y poca valía de lso reyes españoles desde el siglo XV. En 1820 volvió a ser bibliotecario del Congreso de Diputados, y en 1823 volvió a salir de España. en 1834 fue diputado por Badajoz. En 1835 empezó la serie El Criticón, haciendo un análisis de la literatura española.

[2] Expliquémoslo con un ejemplo: supongamos un individuo crítico, capaz de escribir en periódicos y revistas, capaz de hablar en público, y ser por todo ello muy molesto a un gobernante, Esta persona acepta participar en una asociación política determinada por razones cualesquiera. ¿Cuál es su situación previsible? El tipo en cuestión, habla sólo dentro de la asociación a la que se ha adherido, y no consiguiendo mayorías en ella, su voz queda apagada fuera del ámbito de dicha asociación. El poder ha eliminado un discrepante. Aparentemente, es más democrático, realmente no es así. Estaríamos confundiendo participativo con democrático.

[3] El lenguaje juega con dos acepciones del término “democrático”, el cual, entre los liberales, debía significar el acceso de la mayor parte posible de la población a los derechos políticos, sociales y económicos, con respeto a las minorías e incluso a las individualidades, mientras en el lenguaje populista significa el acceso del mayor número posible de personas a los ámbitos de decisión política, aunque se lesionen derechos de minorías y derechos individuales, que se sacrifican “en bien de la colectividad” o “de la revolución”, o “del partido”. El pleno disfrute de los derechos políticos, sociales y económicos por todas las personas de un colectivo, es una utopía hacía la que hay que caminar en todo momento y sin descanso, pero que es imposible de conseguir en un momento concreto, entre otras cosas porque los derechos cuestan dinero, lesionan otros derechos de otras personas, y no hay acuerdo de qué es un derecho y qué un privilegio en cada momento concreto de cada persona o colectivo concreto. Así pues, cuando un liberal dice que una cosa no es democrática, entiendo que se dice que se están lesionando unos derechos, reales o pretendidos, mientras que si lo dice un populista, entiendo que está diciendo que hay gente que se queda fuera de las votaciones a algo, o de los beneficios, no siempre acordes a moralidad, de una decisión determinada.

[4] Usos son las costumbres o prácticas habituales de una sociedad.

Convenciones son las reglas de juego en las relaciones entre colectivos, reglas admitidas tácitamente y de uso común y generalmente inspiradas en la tradición.

[5] José Espiga y Gadea, 1758-1824, archidiácono en Benasque, canónigo en Lérida y en San Isidro (Madrid), fue capellán de Carlos IV mientras era regalista y jansenista. En 1810 fue diputado a Cádiz. En 1820 fue arzobispo de Sevilla y se hizo muy moderado en esta última época de su vida.

[6] Antonio Oliveros Sánchez, 1764- , era extremeño, estudió en Salamanca y se hizo sacerdote, fue canónigo de San Isidro (Madrid), diputado por Extremadura. En 1814 fue encerrado en un convento en Cabrera.

[7] Andrés Jáuregui, -1838, era terrateniente cubano, regidor en La Habana, llegó a Cádiz en febrero de 1811, desplazando a su suplente coronel de milicias Joaquín Gutiérrez, y en 1814 regresó a Cuba.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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