LAS CORTES EN CÁDIZ, EN 1811.

 

El 20 de febrero de 1811, las Cortes se trasladaron desde Teatro Cómico de Isla de León al oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, un lugar más capaz y con tribunas. Las sesiones empezaron el 24 de febrero. También debemos tener en cuenta que la fiebre amarilla atacaba duramente la zona desde finales de 1810. Había en esos momentos en Cádiz unas 100.000 personas, de las cuales la mitad eran soldados llegados del exterior. El abastecimiento de alimentos era bueno, pero el alojamiento muy malo. Los vecinos acogieron refugiados, e incluso los diputados estaban alojados en casas particulares y monasterios, como se podía. Muy pocas personas, excepcionalmente, habían podido alquilar una casa. Las casas de Cádiz eran aterrazadas y el agua de lluvia se recogía en una cisterna en el patio, que era básico en cada casa o vecindad. Las calles de Cádiz eran angostas, excepto la Calle Ancha, centro de discusiones políticas, y la Calle Nueva, centro financiero y mercantil de la ciudad. La plaza tenía muchos cafés y palacios donde se hacían tertulias. Las más importantes de éstas eran: la liberal de Argüelles, Toreno, Quintana, y Alcalá Galiano, que se reunía en casa de Margarita López Morla, y la conservadora (absolutista) que se reunía en casa de Francisca Larrea, esposa del cónsul alemán en Cádiz, Juan Nicolás Böhl de Faber.

El espíritu de los liberales era un tanto jacobino, dictatorial y populista, y el 21 de febrero de 1811 se ocuparon de formar un Tribunal para juzgar a los diputados que fueran acusados de delitos, lo cual posiblemente no fuera lo más urgente, a nuestros ojos, pero así les pareció a ellos. Formaron parte de este Tribunal: Vicente Cano Manuel, García Herreros, Dueñas, Zorraquín y Mendiola. Actuaba como fiscal Gutiérrez de la Huerta. Los propios liberales no se sentían cómodos con esta postura de juzgar por manifestaciones de los diputados o por denuncias contra ellos y las dimisiones de miembros del Tribunal fueron muchas. El ambiente en 1811 no era el más propicio para redactar una constitución de consenso, y en efecto, no lo fue. Los realistas no se sintieron acogidos en las Cortes de Cádiz, y cada vez sus diferencias de opinión con los liberales fueron a más. En Cádiz, a partir de febrero de 1811, cada vez fueron más frecuentes las intervenciones de invitados visitantes desde las gradas, increpando a los realistas y pidiendo a gritos que los mataran. Los alborotadores fueron tolerados y las alteraciones del orden fueron demasiado sospechosas, pues alguna vez se utilizó el desorden para eliminar una propuesta de ley, y alguna vez se aprobó un proyecto en medio del desorden de las gradas. Por tanto, no es del todo correcto unir el concepto de democrático con el de liberal y, por ello, los realistas no se sentían moralmente por debajo de ellos. La conclusión de algún contemporáneo fue que la obra de las Cortes de Cádiz era el triunfo de un partido, y que el trabajo sería demolido en cuanto el otro llegase al poder, como en realidad sucedió, y seguiría sucediendo en España hasta 1878.

La Constitución y las leyes de Cádiz no fueron nunca populares, como pudiera inducirse de los relatos de los liberales que contaron más tarde los hechos, y de los historiadores del XIX y XX que se limitaron a copiar textos. La constitución aparecía como afrancesada, distinta de la tradición española. Estaban copiando la constitución francesa de 1891, la jacobina, junto a la ley electoral francesa de 1899.

Los afrancesados opinaban que los liberales estaban echando abajo la constitución de Bayona, la que ellos habían aprobado.

Los monárquicos no estaban implicados. El rey no participó lo más mínimo, y la acusación de que fuese completamente contrario a una constitución, no está demostrada, aunque sí fue completamente contrario a la constitución de 1812 hecha en disparidad de criterio con los regentes, con el clero, y sin consultar al propio rey. La cuidada imagen de que Fernando VII fuese un rey antiliberal cerrado, es sólo un tópico muchas veces repetido por los liberales a lo largo del XIX. Tal vez los liberales le llevaron a una postura, a fuerza de atacar al rey.

El 2 de marzo de 1811 se reunió la Comisión redactora del proyecto de Constitución, con 13 miembros: Diego Muñoz Torrero (extremeño), Agustín Argüelles[1] (asturiano), Alonso Cañedo[2] (asturiano), Evaristo Pérez de Castro[3] (vallisoletano), José Pablo Valiente[4] (sevillano), Francisco Rodríguez de Bárcena (sevillano), Pedro María Ric (aragonés), Francisco Gutiérrez de la Huerta (burgalés), José Espiga[5] (catalán), Antonio Oliveros (extremeño), Vicente Morales Duárez (peruano), Joaquín Fernández Leyva (chileno), Antonio Joaquín Pérez[6](mejicano).

 

Al tiempo que se redactaba la constitución, se estaba haciendo una obra legislativa importante entre la que destacamos las siguientes reformas de segunda mitad de 1811:

La definición de la propiedad de mayo de 1811.

La abolición de privilegios señoriales de 1 de julio de 1811.

La incorporación a la Corona de los señoríos jurisdiccionales de 6 de agosto de 1811.

La desamortización de 2 de agosto de 1811.

La reforma del clero de octubre de 1811.

 

 

 

La asignación de la propiedad

La propiedad liberal en mayo de 1811.

 

El 12 de mayo de 1811 se definió el nuevo concepto de propiedad. La ley de propiedad presentada por Francisco Santaella, diputado por León, tendía a la unión del dominio directo o eminente y del dominio útil. Definía la propiedad como sagrada, inviolable y absoluta y sólo atribuible a particulares, individuos reales y concretos.

Esta ley tuvo inmediatamente muchas consecuencias, pues el catalán Amer propuso el derecho a cercar y acotar fincas, la libertad de arrendamiento, el derecho de tanteo de los vecinos del pueblo frente a los forasteros, el fin del arrendamiento en la fecha presente en el contrato o cuando lo pidiera una de las partes con un año de antelación. Todo lo cual transformó a los colonos en jornaleros, una vez que los señores asumieron la explotación directa de sus fincas.

Con la ley de propiedad desaparecieron los privilegios de la Mesta (pues las fincas estaban cerradas), las ordenanzas de montes (pues el propietario podía cortar los árboles antes considerados bienes de propios o de comunes, y también cerrar los montes al ganado), desaparecieron los propietarios no identificables con una persona física como era el caso de los eclesiásticos, militares, comunes y propios, y desapareció el régimen gremial pues ningún particular tendría derecho a controlar el precio y calidad de un producto fabricado por otros, ni a limitar el derecho de contratación, poner aduanas interiores ni limitar el comercio.

Esta ley de propiedad, obviamente, contenía un gran olvido que era la reglamentación del pago al obrero por su trabajo, al menos mínima, y la reglamentación del tiempo y condiciones de trabajo, al menos en grados máximos. Decimos obviamente, porque es impensable en esta época un planteamiento tal, propio de cien años después.

Y el error principal, se olvidaron de redistribuir la propiedad, de constituir propiedades viables.

 

 

La abolición de los señoríos, agosto 1811.

 

El 3 y 4 de agosto de 1811 se abolieron los señoríos. La abolición de los señoríos, había sido propuesta en 30 de marzo de 1811, renovada la propuesta en 5 de junio, y aprobada definitivamente en 3 y 4 de agosto. Publicada en 6 de agosto.

Trabajó de forma destacada en este decreto el diputado Manuel García Herreros[7].

Por el derecho de señorío, los titulares designaban los oficios y cargos concejiles (alcalde, escribano, alguacil), casi siempre familiares y allegados del señor, ponían jueces y nombraban alcaldes mayores de la localidad. También tenían derecho a la caza y pesca, a instituir monopolios sobre horno, molino, lagar (los llamados monopolios dominicales). Todo ello suponía unos pagos para los campesinos y unos ingresos para el señor. Los campesinos desean pasar a realengo, donde esos cargos los pone el rey y son más baratos. Además, los señores tenían derecho a exigir corveas (días de trabajo obligatorio y gratuito). Secundario, pero no poco importante era que los dominados en señorío querían librarse de las denominaciones de vasallo y vasallaje.

Con la ley de abolición de los señoríos, la nueva sociedad fue una sociedad burguesa, y los hombres se convertían en ciudadanos o individuos dotados de derechos, sólo sometidos al Estado. La abolición de privilegios permite la igualdad contributiva y la igualdad civil y política y, sobre todo, establecer el derecho de propiedad que es básico en el nuevo modelo de sociedad burguesa. Es por tanto una ley clave en la revolución burguesa española.

El señorío implicaba una vinculación de la propiedad, un régimen jurídico particular y unas prestaciones que el campesino le debía anualmente a su señor.

Pero la abolición no era fácil. No era posible saber qué era privilegio, y qué, contrato ordinario que sí daba derecho a cobrar rentas, rentas que no quedaban por tanto abolidas por la ley. La decisión de expropiar las posesiones de privilegio no podía atacar el principio de propiedad que se pretendía imponer como valor supremo, y ello era delicado.

La propuesta de 30 de marzo del diputado Lloret, pedía la reintegración a la Corona de todas las jurisdicciones civiles y criminales, y la reintegración a la Corona de los señoríos jurisdiccionales con sus posesiones y fincas, pagando a los poseedores un precio justo según los títulos de adquisición y las mejoras que se hubieran introducido a posteriori. Cada pueblo pagaría su redención a su señor.

El 4 de junio, los nobles pidieron aclaraciones sobre la ley, alegando que todas las ventas de señoríos hechas a los nobles por el rey habían sido legales y los derechos reales habían prescrito hacía tiempo.

El 5 de junio se dio una nueva redacción a la ley proponiendo:

Convertir en propiedad todos los señoríos jurisdiccionales.

Reducir los señoríos. Con ello se respetaban los señoríos que pudiesen ser propiedad por compra o donación del rey.

Supresión de privilegios de caza, horno, lagar, molino y otros.

Reincorporación a la corona de los señoríos reversibles, con indemnización al señor correspondiente.

Indemnización a los señoríos que hubieran sido comprados.

Obligación de presentar títulos de cesión del señorío a fin de poder cobrar la indemnización. Con ello se pretendía expropiar la mayor parte.

Supresión definitiva del título de señor.

 

El 3 y 4 de agosto de 1811 se produjo la aprobación definitiva de la ley de señoríos. Pero las autoridades de los pueblos se negaron a ejecutar esta ley y fue necesaria una ley de responsabilidad de los funcionarios públicos, de 11 de noviembre, para tratar de convencer a los desobedientes. Entonces los nobles argumentaron que su situación de señorío era un contrato libre y por tanto la tierra seguía siendo suya. Argumentaban que todos sus señoríos eran solariegos y no jurisdiccionales, con lo cual no les afectaba la Ley de Señoríos. Los campesinos creían que la tierra era del campesino según decreto de 6 de agosto de 1811 (decían que los señoríos eran jurisdiccionales) y se negaron a pagar contribuciones a los nobles, lo que dio como resultado que algún convento mandase detener a todos los campesinos dependientes de ellos y llevase el conflicto a los tribunales.

Los nobles trataron de ganar con el decreto de Abolición de Señoríos Jurisdiccionales: declararon solariegos todos sus señoríos, reivindicaron la propiedad de baldíos y comunales que estaban en tierra de señorío, transformaron el rentas revisables, los censos perpetuos que pesaban sobre las tierras, y dijeron que las rentas habían sido siempre contractuales.

Los tribunales hicieron ganar el pleito a los señores, nobles y conventos, alegando que debían ser los campesinos los que aportaran los títulos de propiedad. Aquellos campesinos que ganaran este pleito pasarían a ser propietarios de sus fincas, pero debían, primero, presentar pleito y, después, ganarlo, previamente a ser propietarios. Los campesinos habían perdido la batalla, pues las condiciones eran de muy difícil cumplimiento.

Cuando en 1813 las Cortes revisaron el tema de los señoríos, confirmaron la abolición de privilegios exclusivos y de los llamados monopolios dominicales, pero no entraron en el fondo del asunto de la propiedad.

 

 

Valoración de las leyes de propiedad

y de abolición de los señoríos.

 

Las medidas definiendo la propiedad y aboliendo los señoríos, son de las más importantes tomadas nunca por un gobierno español, hasta el punto de que esta fecha pudiera dar comienzo a la Edad Contemporánea en España mejor que cualquier otra, pues significa la traslación al Estado de la soberanía plena sobre los hombres y los territorios de España, y la definición de un Estado burgués. Las Cortes tuvieron incluso la gran habilidad política de distinguir tanto lo territorial como lo jurisdiccional a fin de que no se le escapasen ninguno de los derechos señoriales.

Ahora bien, si para el Estado se había resuelto un problema, no quedaba aclarado el problema de la propiedad de los particulares. Dejaba claro que todo quedaba sometido a la autoridad del Estado, pero no precisaba quiénes eran los propietarios que ejercerían el nuevo derecho de propiedad.

En 1813 se prepararía un decreto aclarando que la propiedad sería de quienes venían trabajando la tierra, lo cual concedía la tierra a los campesinos. Esto significaba toda una revolución social y económica y el inicio de grandes conflictos por la atribución de la propiedad, pero se acabó no publicando el decreto, con lo cual nunca entró en vigor. Este será el problema básico que subsistirá durante los siguientes próximos 50 años del XIX.

En 1823, durante el Trienio Liberal, los “exaltados” volvieron a intentar dar la propiedad a los campesinos preparando un decreto que exigiese, para ser propietario de la tierra, mostrar el título de propiedad. Este decreto dejaría a todos los nobles en la calle, pues era evidente que ninguno podría presentar títulos a no ser que hubieran comprado recientemente la tierra. El Estado quedaría libre para entregar la tierra a quien quisiese. La disolución de las Cortes y la vuelta del absolutismo, impidieron la publicación y validación de este decreto. La batalla se había perdido definitivamente.

El 26 de agosto de 1837, otro gobierno liberal burgués, bajo el reinado de Isabel II, pero ahora aliado con los nobles, decidió que la propiedad sería de la minoría de siempre, y atribuyó la propiedad a quien antes había detentado el señorío. Con ello ganaban el apoyo de las clases más influyentes del país, derrotaban al carlismo conservador, evitaban conflictos populares en el complicadísimo tema de atribución de la propiedad, ciertamente un galimatías del que hablaremos en otro lugar, y se aseguraban la continuidad del gobierno a corto plazo. A largo plazo sin embargo estaban generando el conflicto más duro de la historia contemporánea española, conflicto que hay que tener en cuenta para explicarse inestabilidades de gobiernos, revoluciones, asesinatos terroristas, y guerras civiles, incluida la de 1936.

Se estaba generando un monstruo económico con la propiedad en muy pocas manos, y ausencia de propietarios medios con capacidad de ahorro y ganas de invertir para mejorar. La propiedad se separaba del trabajo, creando artificialmente un problema que el capitalismo libre sólo puede empeorar, y los reglamentos, muchas veces, lo empeoran de hecho. El trabajo estaba condenado a bajos salarios por enorme exceso de trabajadores. Los trabajadores estaban condenados a salarios irregulares por la variabilidad de la oferta de trabajo según las épocas agrícolas.

Al mismo tiempo se estaba condenando al Estado a la inoperancia por falta de recaudaciones. Fijar leyes justas sobre impuestos era harto improbable desde el momento en que hacían las leyes los mismos que tenían que pagarlos después en caso de hacer reformas. Las reformas de Hacienda serán un caballo de batalla durante todo el siglo XIX y no encontrarán soluciones. El Estado se mantendrá endeudado, sin posibilidades de actuación sobre la realidad y con fuertes obligaciones para con quien le prestó dineros para ir superando el día a día.

 

 

La desamortización de agosto de 1811.

 

El 2 de agosto de 1811 se produjo un primer decreto de desamortización eclesiástica aplicando las rentas de obras pías a la subvención de hospitales militares. Con esa excusa se ordenó que los obispos enviasen a las Cortes relación de las fincas y propiedades en las hubiera obras pías, con escrituras y relación de obligaciones que asumían esas obras pías. El cura Simón López se había opuesto duramente, pero el obispo de Calahorra[8] asintió y el decreto se aprobó.

Las cuentas de Hacienda eran muy difíciles en el bando patriota, pues la falta de dinero era evidente. Los nobles y clérigos propusieron la declaración de bancarrota del Estado, pero las Cortes no asumieron esta propuesta y decidieron reconocer los vales y créditos anteriores a marzo de 1808, es decir, asumir la enorme carga de la deuda de Carlos IV. Para paliar esta deuda decidieron:

Incautarse de los bienes de la Inquisición.

Vender todas las fincas de Órdenes Militares.

Vender a los pueblos los baldíos, los conventos destruidos, los bienes confiscados a los traidores, las temporalidades de los jesuitas, las alhajas y fincas de la Corona que se hallasen en Sitios Reales, salvo las que fueran de uso del rey.

Esta desamortización respondía y era paralela a la hecha por José I en junio y agosto de 1809.

 

 

La reforma del clero.

 

El 4 de octubre de 1811 se inició la discusión en Cortes de reforma del clero. El proyecto había sido presentado por Toreno dos meses antes, proponiendo la reforma o abolición de las órdenes religiosas, según tuvieran, o no, utilidad social. También implicaba la enajenación de tierras del clero regular. El diputado Vicente Cano Manuel Ramírez de Arellano defendió que los frailes volvieran a sus conventos con extinción de: las órdenes mendicantes, los conventos sin bienes suficientes para mantener a los frailes o monjas, los conventos con pocos profesos, y los conventos que se habían avenido con José I. También se eliminó el fondo de Obras Pías.  Provisionalmente: Las fincas de los conventos serían administradas por los intendentes, hasta la aparición de una ley de desamortización. Los huidos de los conventos no podrían volver a ellos sin justificar su conducta anterior. Los exclaustrados tendrían una pensión. El número mínimo de frailes o monjas de un convento era de 12. Ninguna orden podría tener dos conventos en un mismo pueblo. Se mantendría los que dieran asistencia espiritual, enseñanza o atención hospitalaria. El exceso de renta de los monasterios ricos, sobrante de alimentar a los monjes, atender gastos de fábrica y cuidar el culto, sería destinado a gastos de guerra.

Este programa de reforma del clero regular trataba obviamente de extinguir a mendicantes y contemplativos. Definitivamente, el 4 de octubre de 1811 se reunió una comisión eclesiástica, una de Hacienda y una de Secuestros y Confiscos, siendo presidente Lázaro de Deu y secretario Traver, y acordaron que los ayuntamientos debían declarar cuántos regulares podía mantener cada convento de su pueblo. Se pensó en dejar en la península un máximo de 350 conventos de monjas y 60 de frailes, secularizando los bienes de los excedentes y legislando que los conventos no pudieran en adelante adquirir, heredar o recibir bienes por donación.

A partir de este decreto, los frailes y monjas lograron la solidaridad de los obispos y se convirtieron en el enemigo del liberalismo, al que condenaron en todo momento en el siglo XIX.

 

En 1812 se eliminó el Voto de Santiago. Este concepto era un impuesto que los labradores gallegos, ambas Castillas y Granada, debían pagar al obispo de Santiago de Compostela en virtud de una leyenda que decía que Santiago les había salvado de caer en manos de los moros en la supuesta batalla del Clavijo, y de una falacia, inventada por el obispo de Santiago, que mantenía que el rey Ramiro I se lo había otorgado en 834. El jesuita Masdeu demostró en el siglo XVIII, que ambas cosas eran invenciones, falsedades, generadas por la Iglesia para cobrar dinero. El dinero recaudado se hacía por medio de arrendadores del impuesto que ya se quedaban con una parte importante del mismo, y la cantidad neta resultante se repartía en tres bloques, para el cabildo de Santiago, para el Hospital Real y para la fábrica de la catedral.

Las reformas religiosas eran necesarias y se debía haber obtenido para ello un mayor consenso, puesto que muchos eclesiásticos estaban de acuerdo. La Iglesia, aunque presumía de pobre, era rica: poseía rentas de muchas fincas rurales y urbanas, recogía limosnas y cobraba diezmos. Otra cosa era la desigualdad entre los miembros del clero, la desigual distribución geográfica del clero, abundando mucho cerca de la Corte y de las grandes fortunas. Otro problema era la desigual preparación intelectual del clero, con gente muy culta y muy inculta. Si no se obtuvo mejor resultado es porque los liberales prescindieron de las autoridades religiosas que podían haber capitaneado los cambios, y porque utilizaron un lenguaje inapropiado, ofensivo para el clero.

 

 

Dificultades entre Cortes y Regencia en 1811.

 

El 4 de mayo de 1811, dimitió Agar. No se le admitió la dimisión. Al poco, dimitió Blake, pero retiró la dimisión por sí mismo antes de recibir contestación. El 17 de mayo dimitió Císcar.

Jaime Creus, el presidente de las Cortes, junto a Muñoz Torrero y García Herreros, creyeron que era una conspiración y decidieron entrevistarse con los regentes. Los regentes les dijeron que sólo protestaban porque los diputados hablaban a la ligera sobre los regentes y su trabajo.

Las dificultades entre Regencia y Cortes continuaron y, en 24 de septiembre de 1811, las Cortes decidieron que los regentes jurasen ante las Cortes por segunda vez.

En enero de 1812, las Cortes hicieron un Reglamento para la elección de regentes, de modo que éstos no fueran tan recelosos hacia la labor de las Cortes. No era cuestión de personas, sino de no tener definidos los papeles, y creerse los liberales protagonistas absolutos del momento que vivía España, sin tener en cuenta a otras opciones de pensamiento. Las tensiones con las distintas regencias estuvieron presentes siempre.

 

 

José I en 1811.

 

En mayo de 1811, José I hizo un último esfuerzo por enderezar la situación española. Por una parte, necesitaba dinero para la guerra, y lo obtuvo a pesar de que Napoleón había concebido la campaña de España como una fuente de recursos y no como un pozo de gastos. Por otra parte exigió el restablecimiento de su autoridad en España y obtuvo ser él quien nombrase a los generales en el norte, y que los mariscales le informasen de sus actividades en el sur. José I regresó de París en julio de 1811. El dinero prometido no llegó nunca, y los mariscales nunca le informaron de nada. El hambre se extendió por toda España y lo único que mejoró la popularidad de José, fue que compró cantidades de grano y distribuyó pan gratis en Palacio Real de Madrid. Pero no ganó demasiada popularidad, porque los madrileños se estaban muriendo de hambre, y llegaron a morir unas 20.000 personas en 1811-1812.

El 20 de marzo de 1811 había nacido el hijo de Napoleón, y José I decidió ir a ver a su hermano, con la excusa del bautizo del “Rey de Roma”, salió de Madrid el 23 de abril, y llegó el 15 de mayo a París para negociar las condiciones de su reinado en España. El objetivo era el mismo que se discutía desde 1810, la integridad del territorio español y el mando de José I sobre las tropas francesas en España.

Viajaban con él 8.000 hombres y 1.400 caballos, fortísima escolta entre la que se encontraban:

El mariscal Jean Baptiste Jourdan.

General Dultanme, servido por Dedort en artillería, Ortilly en caballería, Darmagnac en infantería y Merlín como capitán general de servicio.

General Duy, como edecán (ayudante de campo).

General Ducor.

General Davoust, comandante general de gendarmes.

Conde de San Anastasio.

Conde de Melito, como aposentador.

Marqués de la Guardia Real, comandante de las compañías francas.

El marqués de Casa Palacio.

Juan de Faria, inspector de tropas españolas.

Gonzalo O`Farrill Herrera, secretario de Guerra.

Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Despacho de Estado.

 

Quedaba en España una regencia denominada, Consejo de Ministros, presidida por Miguel José Azanza Alegría, duque de Santa Fe.

Secretario de Despacho de Estado interino de 23 abril 1811 a 15 de julio de 1811, Miguel José Azanza Alegría duque de Santa Fe, hasta 27 de julio de 1813.

Negocios Extranjeros, de 23 abril 1811 a 23 julio 1811, ejerció interinamente Miguel José Azanza Alegría /23 julio 1811: Miguel José de Azanza Alegría como titular.

Indias, Miguel José de Azanza Alegría, duque de Santa Fe.

Guerra, de 23 abril 1811 a 15 de julio 1811, actuó interinamente José Martínez Hervás.

Marina, José de Mazarredo Salazar Muñatones y Gortázar, que falleció el 29 julio 1812 /29 julio 1812: Gonzalo O`Farril Herrera

Hacienda, 31 agosto 1810: Francisco Angulo.

Gracia y Justicia, 1 febrero 1810: Manuel María Cambronero para Andalucía, y Pablo Arribas para el resto de España.

Interior, de 27 de julio 1811 a 27 de agosto 1811, actuó interinamente Manuel Romero.

Policía, de 27 de julio 1811 a 21 enero 1812, actuó interinamente Miguel José Azanza Alegría.

Negocios Eclesiásticos, Miguel José de Azanza Alegría, duque de Santa Fe.

 

El 16 de mayo, Napoleón y José I tuvieron una larga entrevista de seis horas, y José quedó en entregar unas reivindicaciones por escrito unas horas más tarde. Al día siguiente, Napoleón había salido de viaje y había dejado unas instrucciones a José: podía irse de París cuando quisiera; se le concedía la jefatura del Ejército del Centro español, con poder para destituir y procesar a Belliard; se nombraba a Jean Baptiste Jourdan jefe del ejército del Norte; se concedía que un tercio de lo obtenido por la justicia y la administración en España, fuera a parar al tesoro español; los mariscales en España comunicarían a José lo que estaban haciendo en cada momento; José recibiría 500.000 francos inmediatamente y un millón cada mes venidero. Se permitía a España gestionar una alianza con los ingleses.

José I regresó a Madrid decepcionado, el 15 de junio de 1811, pues su hermano se había ido sin acabar la negociación, y le había dejado instrucciones a cumplir, como si fuese un simple criado.

Entonces, José I cambió por completo de política: decidió negociar con las Cortes de Cádiz. Permitiría las Cortes de Cádiz y sus reformas, si le aceptaban como rey. Los de Cádiz se negaron en redondo. Posteriormente a estas conversaciones con los liberales de Cádiz, Napoleón dejó de enviar dinero, pues lo necesitaba para la campaña de Rusia, y las cosas se pondrían difíciles para José I a finales de 1812.

El 2 de agosto de 1811, José I anunció la convocatoria de Cortes en toda España, unas Cortes que anulasen a las de Cádiz y a las de Bayona, que serían constituyentes y soberanas. Tras la negativa de las Cortes de Cádiz a aceptarlo, el proyecto no progresó.

 

 

La Guerra en 1811.

 

En 1811 los españoles se equivocaban una y otra vez queriendo mantener en su poder las ciudades importantes, casi todas las ciudades. Era una táctica equivocada, pues no tenían capacidad para defenderlas. Los puntos a defender hubieran debido reducirse al mínimo, Cádiz, tal vez Cartagena, La Coruña… Barcelona y Madrid se habían entregado. Debido a que tenían el apoyo de la población civil, la libertad de movimientos les daba superioridad en el campo, pero la perdían en el momento en que se encerraban y se dejaban cercar. Las consecuencias eran tener demasiados muertos, y acabar otros muchos apresados y llevados a Francia, fuera de la guerra.

Quizás el sitio donde tenía más sentido la defensa de la ciudad era Cádiz, la base naval. Cádiz empezó a ser bombardeada por los franceses en diciembre de 1810, cuando el coronel Villantroys diseñó un nuevo cañón de 9 pulgadas que tenía un alcance de 5 kilómetros y que, colocado en el fuerte Cabezuela, podía intentar meter bombas dentro del recinto de la ciudad. Pero había que descargar mucho los proyectiles, y la mecha de la bomba era corta y se apagaba en la trayectoria, de modo que las bombas no explotaban. Alcanzaban el objetivo de la ciudad solamente un 20% de las disparadas y explotaban tan solo un 2%. Las esperanzas francesas de tomar la ciudad eran casi nulas.

En 1811 los franceses progresaron en Cataluña y fueron sobre Valencia.

De 16 de diciembre de 1810 a 2 enero 1811 habían tomado Tortosa, luchando Suchet desde San Pedro en Tortosa, contra Mac Donald que estaba en Mora de Ebro.

Entonces, los franceses decidieron concentrar sus fuerzas de Aragón y Cataluña para ir contra Tarragona, y estuvieron listos en mayo.

El 10 de marzo de 1811, Soult había tomado Badajoz con el objetivo de apoyar a Masséna frente a Torres Vedras, pero ello significaba sacar soldados del cerco de Cádiz.

 

La guerra en 1811 fue planteada por Wellington como el dominio de tres zonas en la frontera de España y Portugal que le permitieran resistir sin gran desgaste. Se trataba de:

  • Almeida, Fuentes de Oñoro y Ciudad Rodrigo en el Duero;
  • Alcántara en el Tajo (de menos valor una vez que había sido roto el puente de Alcántara);
  • La Albuera, Olivenza y Badajoz en el Guadiana.

Además de estas tres zonas de guerra, contaba con las acciones de la guerrilla en Andalucía y Galicia, lo cual daba mucho trabajo a los franceses.

 

 

Batalla de Fuentes de Oñoro de 5 de mayo de 1811.

Wellington iba sobre Ciudad Rodrigo cuando se trabó batalla en las calles y casas de Fuentes de Oñoro, en la frontera de Portugal, a unos 25 kilómetros al oeste de Ciudad Rodrigo, con el resultado de 1.700 muertos, españoles e ingleses, y 2.800 franceses muertos.

Tras la batalla de Fuentes de Oñoro, Wellington salió para Badajoz, pero ya no llegó a tiempo de nada, pues Soult había marchado a Andalucía, donde había un levantamiento general de los españoles, y Marmont había partido para Ciudad Rodrigo, muy cerca de Fuentes de Oñoro, porque los gallegos avanzaban sobre Astorga a donde llegaron el 12 de junio.

 

Ataque inglés a Badajoz en 8 de mayo de 1811.

Los ingleses atacaron Badajoz el 8 de mayo. Soult, que estaba en Andalucía, entendió la importancia de este ataque y cruzó Sierra Morena el 12 de mayo desde el sur con 25.000 hombres para auxiliar a esta plaza y proteger el flanco de Masséna.

 

Batalla de Albuera, 16 de mayo de 1811.

Beresford esperó a Soult en Albuera, 25 kilómetros al sudeste de Badajoz. Soult llevaba 25.000 hombres. Beresford estaba apoyado en Blake y Castaños que aportaban 15.000 hombres de los 35.000 del contingente que dirigía Beresford. El resto eran británicos y portugueses. Las tropas españolas resistieron los ataques franceses por primera vez en la guerra. Beresford se puso histérico en medio de la pelea y abandonó a los españoles a su suerte echando la culpa de lo sucedido a Blake, y así lo asumió Wellington. Lo cierto es que el 16 de mayo de 1811 los españoles e ingleses perdieron unos 5.000 hombres en Albuera y los franceses unos 6.000. Wellington estaba en esos días atacando Almeida y no estuvo en la batalla de Albuera.

 

En junio de 1811, Napoleón consideró un fracaso la campaña de Lisboa y sustituyó a Masséna por Marmont. Marmont decidió coordinar movimientos con Soult y, entonces, Wellington ordenó el repliegue británico hacia Portugal.

 

 

Batalla de Tarragona. Mayo de 1811.

Los catalanes de Francisco Rovira habían tomado Figueras y cortado las comunicaciones con Francia por el este de los Pirineos el 9 y 10 de abril de 1811.

En mayo de 1811 los franceses lanzaron el ataque sobre Tarragona defendida por el marqués de Campoverde[9]. Éste concentró tropas dentro de la ciudad, pero la táctica fue un fracaso y fue derrotado el 30 de mayo, decidiendo salir y combatir fuera, en movimiento y con apoyo popular. Tarragona fue tomada por Suchet del 21 al 28 de junio de 1811. Los españoles tuvieron 14.000 bajas (8.000 prisioneros de Suchet) y Suchet fue nombrado mariscal.

Campoverde decidió abandonar Cataluña el 1 de julio y fue destituido, poniendo la Regencia en su lugar a Lacy[10], pero éste sólo contaba con 3.000 hombres. Lacy en adelante será eficaz porque no defendería ninguna ciudad y se limitaría a molestar a los franceses atacando pueblos como Igualada, Cervera y Bellpuig que cortaban el camino entre Barcelona y Lérida.

El francés Mac Donald, que debía defender las comunicaciones de Barcelona y Lérida, fue relevado del mando en octubre de 1811.

 

 

Batalla de Ciudad Rodrigo.

Wellington volvió sobre sus pasos para ir de nuevo sobre Ciudad Rodrigo el 11 de agosto de 1811. Allí se enfrentaron los franceses Marmont y Dorsenne con 58.000 hombres, y los británicos de Wellington con 46.000. Wellington fracasó y se retiró hacia Portugal por Fuenteguinaldo, una carretera secundaria, pero donde había puesto su cuartel general para atacar Ciudad Rodrigo. Wellington consideraba respecto a sí mismo, que había realizado una genialidad al no ser derrotado. Estaba impidiendo la llegada de alimentos y refuerzos a los franceses al norte de Torres Vedras y estaba entreteniendo a los franceses, el objetivo principal de su estancia en España.

 

 

Otras acciones de guerra en agosto de 1811, secundarias, pero que dispersaban el esfuerzo francés, fueron el saqueo que hizo Dorsenne en Villafranca del Bierzo y el ataque que hicieron los murcianos en el este de Andalucía, aunque fueron derrotados los murcianos.

En otoño de 1811 pudo haber una crisis importante que hubiera cambiado la historia de España: el ex-regente Lardizábal apoyó la idea de proclamar reina de España a la princesa de Brasil, lo cual le costó la detención y disolución de la regencia y sus sustitución por otra. Hubiera sido la vuelta al absolutismo, o lo que entonces se llamaba servilismo.

 

 

Batalla de Valencia.

Napoleón ordenó tomar Valencia el 15 de septiembre de 1811. Con ello ampliaba el campo de operaciones que en ese momento estaba centrado en la frontera portuguesa. El 23 de septiembre Suchet, con 30.000 hombres, atacó Sagunto defendido por Blake, con fuerzas dentro y fuera de la ciudad, y los franceses hubieron de esperar la llegada de cañones pesados, pues los saguntinos habían construido fortalezas. Los cañones franceses no llegaron hasta 24 de octubre. El 25 de octubre Blake fue derrotado y se retiró hacia Valencia. Napoleón ordenó a José y a Marmont que apoyaran la toma de Valencia, y para ello, José atacó Cuenca. El 25 de diciembre empezó el ataque a Valencia derrotando Suchet al español Mahy, y Blake quedó encerrado dentro de la ciudad por falta de visión táctica. El 5 de enero de 1812 Valencia fue bombardeada y el 8 de enero Blake rindió la ciudad a los franceses. Blake perdió 16.000 soldados que fueron hechos prisioneros. Suchet fue nombrado duque de La Albufera. Los franceses aprovecharon para avanzar hasta Alicante, pero allí les paró una nueva fortificación. Las victorias francesas eran más costosas y llevaban mucho más tiempo de lo planificado por Napoleón.

 

 

Desde diciembre de 1811 a enero de 1812, Napoleón concentró tropas en Polonia para una futura campaña de Rusia. En enero de 1812 salieron para Polonia la Guardia Imperial y la Caballería Polaca, unos 25.000 hombres. España quedaba un poco debilitada. Dorsenne debía ocupar el País Vasco, Navarra, Santander y Burgos, y allí quedó clavado frente a los guerrilleros. Marmont debía ocupar Asturias, León, Salamanca y eso también le dejaba clavado, pero además debía apoyar al ejército que atacaba Valencia y ello le resultaba imposible. Suchet también quedó clavado por Espoz y Mina, Durán, El Empecinado y Villacampa, que habían recibido soldados regulares y eran algo más que partidas de bandoleros.

 

 

[1] Agustín Argüelles Álvarez González 1776-1844 había nacido en Ribadesella (Asturias) y estudiado derecho en Oviedo. En 1809 fue secretario de la Junta Real de Hacienda y Legislación al servicio de la Junta Central. En 1810 fue elegido diputado por Asturias y era del grupo liberal. Fue uno de los ponentes del proyecto de constitución de 1812. Introdujo muchos avances como la abolición del tormento en los procesos judiciales, la ilegalidad de la trata de esclavos, la libertad de imprenta, la abolición del régimen señorial, sobre todo en su faceta jurisdiccional, la libre contratación y la propiedad libre. Fracasó en el proyecto de introducir en la constitución la abolición de la esclavitud. En 1814 fue enviado a Ceuta para luchar como soldado, y posteriormente a Alcudia (Mallorca) como preso. En 1820 se le nombró ministro de Gobernación en el Gobierno de los Presidiarios. Para entonces ya era moderado y enemigo del asamblearismo populista de las Sociedades Patrióticas. En 1821 dimitió por el asunto de “la coletilla”. En 1822 volvió a ser diputado por Asturias y colaboró en el gobierno de Martínez de la Rosa. En 1823 emigró a Inglaterra y regresó en 1834 para ser procurador en Cortes afiliado al Partido Progresista. Desde este puesto apoyó a Mendizábal y su desamortización. En 1836 estuvo, junto a Olózaga, entre los ponentes que redactaron la constitución de 1837. En 1840 fue propuesto para la regencia de tres, pero Espartero impuso la regencia de un miembro. En 1841-1843 fue tutor-preceptor de Isabel II, se hizo masón. Falleció en 1844.

[2] Alonso Cañedo Vigil, 1760-1829, era un sacerdote asturiano que había estudiado Leyes y Cánones en el Estudio General de Oviedo y en colegio Menor San Pelayo de Salamanca. Se ordenó sacerdote en 1792 y fue canónigo de Badajoz, vicario de la catedral de Toledo en 1798-1808, y huyó a su tierra de Asturias a la hora de la invasión francesa, siendo elegido diputado por Asturias en 1810. Destacó en Cádiz por la defensa del absolutismo, los privilegios de la Iglesia Católica y una idea de bicameralismo consistente en una cámara de próceres y otra cámara popular. En 1815, Fernando VII le hizo obispo de Málaga, puesto del que fue sustituido en 1821-1823, pero en 1825 se le nombró obispo de Burgos.

[3] Evaristo Pérez de Castro 1778-1848 nació en Valladolid. Fue enviado por las Cortes de Cádiz a entrevistarse con Fernando VII y fue respetado en 1814-1820. En 1820-1821 fue ministro de Gracia y Justicia y dio una amnistía a los afrancesados en abril de 1820. En 1837 se mostraba moderado. En 1838 fue presidente del Gobierno hasta 20 de julio de 1840. Presentó la Ley de Ayuntamientos con alcaldes designados por la Corona, que fue la causa de la dimisión de María Cristina. Emigró a Francia en 1840 hasta 1843.

[4] Una fuente dice que era sevillano, y otra fuente se refiere a José Pablo Valiente Bravo, 1740-1817, como diputado cubano. Nuestra fuente preferida dice que nació en Huelva, fue catedrático en Sevilla, intendente de Hacienda en Cuba, consejero de Indias en 1794. Juró la Constitución de Bayona en Julio de 1808 y se pasó a los patriotas en el bando de los jovellanistas. Fue diputado por Sevilla en 1810. no firmó la constitución. En 1814 se puso al servicio de Fernando VII, hasta su muerte en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en 1817.

[5] José Espiga y Gadea, -1824, era un eclesiástico palentino que había llegado a canónigo de Lérida y oidor del Tribunal de La Rota, cuando fue elegido diputado para las Cortes de Cádiz. Se mostró liberal. En 1820 y hasta 1822, fue arzobispo de Sevilla.

[6] Antonio Joaquín Pérez-Martínez y Robles, 1763-1829, fue un sacerdote criollo mejicano, catedrático de filosofía, teología y sagradas escrituras en el seminario de Puebla. En 1810 fue elegido diputado y se mostró absolutista. En 1814 apoyó el Manifiesto de los Persas, pero, aunque era antiliberal, como participante de las Cortes de Cádiz, iba a ser juzgado, cuando fue avisado y huyó a México, donde fue nombrado obispo de Puebla. Apoyó a Agustín de Iturbide haciéndole prometer que defendería la religión católica, apostólica y romana como única, y así se logró la declaración de independencia mejicana, de cuya Acta de Independencia fue el primer firmante.

[7] Manuel Antonio García-Herreros y Sáenz de Taboada, 1767-1836 (1767-1838 en otras fuentes), era un abogado riojano, profesor de Derecho en Alcalá, que fue diputado por Soria en las Cortes de Cádiz en 1810, porque el diputado de ese distrito estaba ausente, Secretario de Gracia y Justicia en octubre de 1813, preso en Alhucemas en 1814 y Secretario de Gracia y Justicia en abril de 1820. Era liberal, pero moderado, y pertenecía a la sociedad patriótica La Templanza, de signo tranquilo y anti violencia popular. Secretario de Gobernación en mayo de 1823. En abril de 1823 se exilió a Francia y regresó en 1834, siendo ministro de Gracia y Justicia en 1834.

[8] Francisco Mateo Aguiriano Gómez fue obispo de Calahorra desde 1790 a 1813.

[9] Luis González Torres de Aguilar, nombrado en otras fuentes como Luis González de Aguilar y Torres de Navarra, marqués de Campoverde, impuso su liderazgo militar sobre Milans, Rovira y los otros jefes catalanes a principios de 1811, pero la pérdida deTortosa y Tarragona generó un ambiente desagradable en el que todos se culpaban entre sí de las derrotas, y Campoverde perdió el liderazgo en junio de 1811.

[10] Luis Roberto de Laçy y Gautier 1772-1817 era hijo de irlandés y walona y se enroló en el ejército de Carlos III pasando a España. En 1803 había servido en el ejército de Napoleón en Francia, y en 1808 fue trasladado a España, donde desertó y se pasó a las filas patriotas. En 1811-1812 fue jefe militar de Cataluña, y más tarde será nombrado capitán general del Ejército de Reserva de Galicia. En 1814 fue lógicamente destituido por Fernando VII. En 1817 lucharía, junto a Milans del Bosch, contra los absolutistas en Cataluña y sería vencido, detenido y condenado a muerte por Castaños, enviado a Bellver (Mallorca) y fusilado el 5 de julio de 1817.

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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