LAS CORTES EN ISLA DE LEÓN

 

 

Segunda Junta de Regencia

        Regencia de Blake, Císcar y Agar.

               Octubre 1810-enero 1812.

 

 

 

 

La segunda Regencia.

 

El 27 de octubre de 1810 hubo una nueva Regencia, la de Blake, Císcar y Agar.    Formaron parte de la Segunda Regencia de Cádiz tres militares:

Joaquín Blake y Joyes, general del ejército;

Pedro Agar Bustillo[1], almirante;

Gabriel Císcar y Císcar, almirante.

Como los militares estaban en el frente de guerra, Blake estaba sustituido interinamente por Domingo María Traggia, marqués de Palacio, y Císcar estaba sustituido interinamente por José María Puig Samper.

 

La desinformación, contradicciones y errores sobre este periodo de la Regencia son bastante notables, por lo que me limitaré a hacer una hipótesis de trabajo, probable, pero que no he podido confirmar, sobre la secuencia temporal de estos tres personajes en la Regencia:

Sería presidente de la Segunda Regencia, Joaquín Blake, pero no se incorporó hasta 8 de diciembre de 1810. Ejercieron interinamente la presidencia, hasta la llegada de Blake: de 28 de octubre a 29 de octubre de 1810: Domingo Mariano Traggia[2], marqués de Palacio / y de 29 octubre 1810 a 8 de diciembre de 1810 Ramón Rufino Patiño Osorio, marqués de Castelar. El 8 de abril de 1811, Blake abandonó el cargo para tomar el mando del ejército.

El segundo presidente sería Gabriel Císcar, que tampoco se incorporó inmediatamente al cargo. Ejerció interinamente José María Puig Samper, del 8 de diciembre de 1810 al 4 de enero 1811. Císcar estaría hasta 8 de diciembre de 1811.

El tercer presidente, sería Pedro Agar, desde 8 de diciembre 1811 a 11 de enero 1812. En esta fecha, fue destituida la Segunda Regencia.

 

Los apoyos principales de esta Regencia eran: el Secretario de Guerra, José Heredia, que permaneció en el cargo desde octubre 1810 a febrero 1812, el Secretario de Marina, José Vázquez Figueroa[3], puesto en el cargo en noviembre de 1810 y el secretario de Hacienda José Company[4], nombrado en noviembre de 1810.

La situación política a finales de 1810 y una vez desaparecida la Junta Suprema Central era de coalición de todas las fuerzas políticas “contra los franceses”: en primer lugar, las Cortes y la Regencia habían hecho las paces; en segundo lugar, la Regencia y el Ejército se llevaban bien, pues la Regencia estaba integrada ahora por los mismos militares que estaban haciendo la guerra; en tercer lugar, para lograr un entendimiento completo entre los españoles y sumar a los absolutistas a la causa, desde el 16 de septiembre de 1810, se habían restablecido los viejos Consejos de Castilla, Órdenes, Indias y Hacienda.

A pesar del plano general de entendimiento, en el terreno de lo militar, había que distinguir varias fuerzas muy diferentes:

El ejército patriota de Castaños, Blake, Morillo[5], Losada, Bárcena, Porlier.

La fuerza exterior de apoyo, los británicos, con muchos soldados portugueses, mandados por el inglés Wellesley, ayudado por Hope, Beresford.

Los que actuaban como guerrilleros: Juan Martín el Empecinado que dominaba los campos de Burgos, Soria, Segovia, Guadalajara y Cuenca; José Joaquín Durán Berazábal que dominaba Soria y Logroño; Francisco Espoz y Mina que dominaba Navarra; Francisco Longa que dominaba Álava y Vizcaya; Juan Díaz Porlier, el Marquesito, que dominaba Santander y Asturias; Jerónimo Merino (cura de Villoviado – Burgos) que dominaba Burgos; Julián Sánchez, El Charro, en el sur de la provincia de Salamanca; Pedro Villacampa, en Teruel; José Romeu, en Valencia; Antonio Franch Manso, en el Llobregat; el barón de Eroles[6], en la montaña catalana.

Muchos de estos jefes guerrilleros y sus oficiales, fueron integrados en un ejército regular manteniendo sus mismas estructuras de mando, es decir que los jefes guerrilleros se convertían en oficiales del ejército provisionales. Más tarde, a la llegada de Fernando VII, serían expulsados del ejército, como todos los liberales.

En el campo de la política propiamente dicha, debemos contar con dos núcleos de poder diferentes, la Regencia y las Cortes:

La Regencia, tenía en este momento claro color militar y estaba dirigida a la gestión del día a día para ganar la guerra.

Las Cortes actuaban en otro campo, el de las reformas políticas, y seguían en el empeño de reclamar la soberanía para ellas.

A la Regencia se la prohibió residir en Cádiz para que no interfiriera con las Cortes. Sus atribuciones fueron dadas por las mismas Cortes de Cádiz en 16 de enero de 1811 y se les prohibía: tener mando en tropas, conocer de asuntos judiciales, destituir funcionarios de justicia, nombrar funcionarios, firmar tratados y paces, y poner tributos sin permiso de las Cortes. Es decir, se negaba el absolutismo y se hacía incompatible la función de regente con el ejercicio de Gobierno. Desde enero 1811, los regentes amenazaban con dimitir. El 8 de abril de 1811, Blake dimitió y volvió a sus funciones militares, pero los regentes no lograron mejorar su situación política.

 

 

 

El Reglamento

 

de Funcionamiento Interno de las Cortes.

24 de noviembre de 1810.

 

Las controversias de Orense, en 24 de septiembre y 19 de octubre, y las de Domingo Traggia Uribarri marqués de Palacio en 28 de octubre, dejaron explícitas algunas dudas o cuestiones sin resolver: la legitimidad de la instalación de las Cortes; el contraste entre declarar que asumían sólo el legislativo, y la realidad de que las Cortes liberales pretendían dominar el ejecutivo (la Regencia) y el judicial; los castigos que se imponían a los diputados tras haberlos declarado invulnerables (inmunidad parlamentaria).

Todo ello hacía urgente la necesidad de un Reglamento de Funcionamiento Interior de las Cortes, para poder legislar y reformar adecuada y rápidamente. Los parlamentarios carecían tanto de reglamento de funcionamiento interno, como de cultura parlamentaria, y divagaban mucho sobre las diversas cuestiones. Por otra parte, era lo normal entre eclesiásticos, profesores y abogados. El 27 de noviembre de 1810 se produjo un Reglamento Interno de las Cortes permitiendo la iniciativa de cada diputado y aprobación de leyes por mayoría simple.

Ya hemos dicho más arriba que el Reglamento de Funcionamiento Interior de las Cortes empezó a prepararse en 25 de septiembre. Fueron miembros de la comisión preparatoria: Francisco Gutiérrez de la Fuente (suplente por Burgos), Manuel Luján (diputado por Extremadura), Agustín de Argüelles (suplente por Asturias), Francisco Fernández Golfín (diputado por Extremadura) y Joaquín Tenreyro Montenegro (diputado por Santiago).

El proyecto se presentó el 1 de octubre, y el 4 se puso en consideración de las Cortes, aceptándose la proposición de Domingo Dueñas de Castro (suplente por Granada) para que 11 vocales redactaran el consiguiente Reglamento, lo aprobaran por mayoría absoluta entre los once y pasase a Cortes posteriormente, lo cual evitaría que las Cortes perdieran el tiempo en la discusión de ese Reglamento. Mientras tanto, decidieron regirse por lo que tenían en septiembre. El 6 de octubre, decidieron que fueran 12 los ponentes y al fin fueron: Vicente Terrero (diputado por Cádiz), Manuel Luján (diputado por Extremadura), Jaime Creus (diputado por Cataluña), José Zorraquin (suplente por Madrid), Manuel García Herreros[7] (suplente por Soria), José Luis Morales Gallego (diputado por Huelva), Antonio Vázquez de Parga (diputado por Lugo), Domingo Dueñas y Castro (suplente por Granada), Manuel María Martínez (diputado por Extremadura), Vicente Morales Duárez (suplente por Perú), Antonio Capmany (diputado por Cataluña) y Octaviano Obregón (suplente por Nueva España). El trabajo de los doce terminó el 15 de noviembre, y el 24 presentaron su proyecto a las Cortes, que lo aceptaron “provisionalmente”, y nunca lo modificaron.

Los puntos fundamentales del Reglamento Interno fueron:

De las Cortes.- Trabajarían en sesiones de 4 horas, empezando a las 10 de la mañana de octubre a abril y a las 9 de mayo a septiembre. Serían públicas, pero sólo podrían estar presentes los hombres. Nadie tendría sillón fijo, pero no se podía cambiar de sillón en una misma sesión. El día empezaba aprobando el acta de la sesión anterior. El presidente podía expulsar al público si éste no guardaba el debido silencio y compostura. Serían secretas (sin público) las sesiones sobre quejas y acusaciones contra regentes y diputados, las que acordasen las Cortes, y las consultas y exposiciones del Consejo de Regencia.

Del presidente y vicepresidente.- El 24 de cada mes se elegiría presidente y vicepresidente de las Cortes. El voto del presidente no sería nunca decisivo. Nadie podría ser reelegido salvo seis meses después de abandonar el cargo anterior. Las funciones del presidente eran: abrir y cerrar las sesiones, mantener el orden, conceder la palabra, firmar los decretos emanados de Cortes, leer el orden del día de la sesión del día siguiente, citar a los diputados a las sesiones extraordinarias y expulsar de la sala a quien se negase a obedecerle.

De los secretarios.- Hubo dos hasta el 27 de mayo de 1811 y cuatro después de esta fecha. Eran elegidos cada dos meses. Firmaban los decretos emanados de las Cortes. Daban cuenta a las Cortes de los proyectos y memorias que recibían. Levantaban actas. Registraban las votaciones. Llevaban comunicaciones al Ejecutivo. Elaboraban el reglamento de Secretaría y Archivo.

De los diputados.- Debían asistir a todas las sesiones desde el principio hasta el final, sin mudar de asiento durante la sesión. Debían ser puntuales. Debían avisar al Presidente al tercer día, en caso de indisposición, y por oficio al octavo día. Eran inviolables pro sus opiniones o dictámenes, por contratos y por otras acciones, hasta un año después de su cese. Sólo los podían juzgar las Cortes, civil y criminalmente, y el Tribunal del caso debía consultar la sentencia con el pleno previamente a su ejecución.

De las proposiciones y discusiones.- Cualquier diputado podía hacer una propuesta comunicándosela al secretario y razonando brevemente su importancia. Las Cortes votaban la admisión de esas propuestas a discusión. En caso positivo, el presidente fijaba día. La discusión empezaba con la exposición del ponente y los que le apoyaban debían abstenerse de hablar, de modo que sólo intervenían los que se oponían, pero el presidente procuraba que no se alargaran ni divagaran. Nadie podría interrumpir al que tenía la palabra, ni distraer la atención de la sala con conversaciones privadas. Nadie podía hablar dos veces sobre el mismo asunto, excepto si había variado la cuestión. El ponente podía pedir la palabra cada vez que alguien malinterpretaba su propuesta. Nadie podía dirigirse a un diputado en concreto, sino debía hacerlo a la globalidad de la sala. El tema acababa cuando el presidente ponía a votación si el tema estaba suficientemente debatido y se votaba que sí, en cuyo caso ese tema no podía volver a sacarse en la discusión de otra proposición.

De las votaciones.- Serían por aclamación cuando no hubiera oposición formal y las no comprendidas en los otros tres apartados siguientes. Serían por escrutinio las elecciones y nombramientos. Serían por acto de ponerse de pie los que estaban a favor de la propuesta, las cosas de poca importancia o asumidas por casi todos. Serían por expresión individual, sí o no, cuando las Cortes así lo acordasen. Ningún vocal podía votar en los casos en que tuviera algún interés personal. Todos tenían derecho a pedir que su voto constase en acta.

De las comisiones.- No podían decretar no resolver por sí mismas. No podían tener más de 5 miembros ni menos de 3. Tendrían a su disposición a los secretarios y a la secretaría de las Cortes. Los dictámenes irían firmados por todos sus miembros, e individualmente se podían alegar discrepancias. El presidente nombraba los miembros de cada comisión, renovándolos por mitad cada dos meses. El presidente y secretarios no podían formar parte de las comisiones.

De los decretos.- El Consejo de Regencia los publicaría y ejecutaría.

De la guardia.-

De los porteros.-

Del juramento.- El texto a recitar sería exacto ara diputados y regentes y el modo de jurar sería el explicitado para ello.

Este Reglamento de Funcionamiento Interno casi no varió, sino en cuestiones formales, en todo el periodo constitucional, hasta 1814, aunque fue reformado, teóricamente, en 1812.

 

 

El Reglamento para el Consejo de Regencia.

16 de enero de 1811.

 

En 16 de enero de 1811 estuvo listo el decreto para regular las funciones de la Regencia y sus relaciones con las Cortes, lo cual era un problema fundamental para los patriotas de Cádiz: se fijaron las funciones del poder ejecutivo, las relaciones con las Cortes, las relaciones con el poder judicial, las relaciones con hacienda, las relaciones con los gobernantes, con los negocios extranjeros y con las fuerzas armadas.

 

 

 

Discrepancias entre Cortes y Regencia.

 

El sistema de Cádiz podía empezar a funcionar sobre una base legal, pero los absolutistas empezaban a estar descontentos en Cádiz, y ellos eran la mayoría entre los patriotas gobernados desde Cádiz.

Las diferencias entre liberales, dominantes en las Cortes, y realistas, dominantes en la Regencia, se notaron de 26 de septiembre a 6 de octubre de 1810, pues Castaños, Saavedra, Lardizábal y Escaño dimitieron hasta tres veces, aunque nunca presentaron esas dimisiones ante las Cortes, pues no sabían a quién debían presentarlas. Las relaciones entre Cortes y Regencia eran un tema conflictivo.

Otro de los campos en que se observan diferencias fue en las relaciones con los militares: la Regencia ordenó que los oficiales y generales que había en Cádiz sin destino en la ciudad, muchos de ellos diputados, se incorporasen a sus unidades, o a la provincia donde alcanzasen destino. Los militares recurrieron a las Cortes. Las Cortes pidieron explicaciones a la Regencia. El 8 de octubre de 1810, los regentes, al tiempo que presentaban su dimisión, aclararon que había en Cádiz demasiados oficiales ociosos.

Los españoles creían que las Cortes estaban allí para organizar la guerra contra los franceses y recobrar a Fernando VII para el trono de España. La autoatribución que se dieron las Cortes del poder legislativo y ejecutivo, sorprendía a muchos. El Consejo de Regencia se opuso en 4 de diciembre de 1810 a estas facultades que se autoatribuían las Cortes. Además molestaba a los partidarios de Fernando VII el que los diputados no hubiesen jurado fidelidad al rey. Y entonces surgió una fuerza nueva liberal, la prensa, defendiendo que no se estaba luchando por Fernando VII sino por una constitución que diera la soberanía al pueblo español. Las Cortes estaban dando la vuelta a una situación que, por lógica histórica, no debía ser revolucionaria.

 

 

 

 

 

LAS CORTES EN ISLA DE LEÓN.

 

 

La libertad de imprenta.

 

Fue Agustín Argüelles quien se dio cuenta de la fuerza que podía darles la prensa.    Tras la apertura de Cortes, siguió una propuesta de Argüelles proponiendo la libertad de prensa. Fue apoyado por José Mejía (médico ecuatoriano), Muñoz Torrero (sacerdote extremeño) y Juan Nicasio Gallego (sacerdote zamorano). Los periódicos liberales querían que no hubiera licencia previa y que las posibles denuncias posteriores pasaran a las Juntas de Censura y alegaban que sin libertad no se podía conocer la opinión general. Esta opinión debe ser interpretada desde el punto de vista de que eran los propios diputados los que escribían en los periódicos.

Se oponían algunos diputados como Tenreiro (militar gallego), Rodríguez de la Bárcena (religioso), y el inquisidor Riesco. Los realistas como El Conciso y El Semanario Patriótico, alegaban que la libertad de prensa era antisocial, antipolítica, antipatriótica… Que la forma de ilustrar a la nación se debía hacer con algunos límites y barreras en las publicaciones, pues era necesario salvaguardar el bien público, el Estado, las leyes, y que la circulación de ideas populares sólo podía llevar a errores de difícil remedio.

Aunque la mayoría de los sacerdotes de Cádiz eran absolutistas, los líderes liberales también eran sacerdotes. La mayoría minoritaria era la de los eclesiásticos, y entre los eclesiásticos, había pensadores de todas las ideologías.

El tema de la libertad de imprenta era muy controvertido y hubo muchas quejas de tergiversación de las palabras de los oradores. Mejía Lequerica propuso que las memorias y escritos presentadas sobre el tema fueran firmadas y se nombró una Comisión que tuvo listo el Proyecto el 8 de octubre 1810, entrando a debate el 14 de octubre.

La situación anterior era la censura de los Juzgados de Imprenta, que se habían creado por Decreto de 11 de mayo de 1805, siendo necesario obtener una licencia del rey para abrir un periódico, y quedando sometidos los periódicos a censura previa. El tema de este decreto no había sido tratado en la España afrancesada, que, en la constitución de Bayona de 1808, lo había dejado para una ley posterior.

Y la libertad de imprenta fue aprobada en 5 de noviembre de 1810 por amplia mayoría. El decreto de libertad de imprenta atribuye este derecho a expresarse por escrito a todas las personas particulares y cuerpos sociales, de forma que nadie necesite licencia ni aprobación anterior a su publicación, suprimiéndose, por tanto, los juzgados de imprenta y censura previa. Se abolía la censura en el escribir y en el imprimir, salvo en materia eclesiástica, cuyos temas quedaban sometidos a los obispos. Al haberse suprimido la Inquisición, quedaba abierto el tema de la herejía, y se permitió a los Tribunales Eclesiásticos castigar este tema, imponer censura previa en ello, y prohibir importar libros que atacasen la religión católica, excepto las críticas a la Inquisición que eran también libres. Se establecía que eran delitos los libelos infamatorios, los escritos calumniosos y los escritos subversivos respecto a Leyes Fundamentales, así como los licenciosos respecto a las buenas costumbres. Se decidía que en caso de injuria el agraviado pudiera iniciar querella judicial.

El 9 de noviembre se creó una Junta Suprema de Censura de modo que se juzgasen los delitos de imprenta, pero no hubiera censura previa. Esta Junta Suprema de Censura era auxiliada por otras Juntas Provinciales de Censura, todo un sistema judicial al cuidado de los posibles delitos de imprenta.

Integraban la Junta Suprema de Censura: Lausaca, Alonso Manuel, Manuel José Quintana, Ruiz del Burgo, Ramón López Pelegrín, Bernardo Riega, Pedro Bejerano (obispo de Siguenza), Martín de Navas (canónigo de San Isidro) y Fernando Alva (cura de Cádiz). De los nueve miembros, tres eran eclesiásticos.

Del debate expuesto, podemos intuir que el debate estuvo tanto en las Cortes como en la prensa.

La prensa es una explicación del éxito de la minoría liberal en Cádiz, frente a los absolutistas. La prensa liberal había aparecido con mucha fuerza en verano de 1808, pidiendo unos Cortes, otros Junta Central y otros Regencia, siendo los menos los que pedían Cortes, pues la cultura liberal era muy escasa. Tan poco sentido tenían de la revolución que se estaba produciendo, que muchas publicaciones pidieron la extinción de las Juntas Provinciales y su sometimiento a la Junta Suprema Central de Aranjuez, a partir de 25 de septiembre de 1808, fecha de constitución de la Junta Suprema Central. Afortunadamente para España, no se les hizo caso. Las publicaciones volvieron a salir a la calle a partir del anuncio de convocatoria de Cortes, 22 de mayo de 1809, y salieron para proclamar las reformas a la monarquía que se debían hacer, según los diversos autores. La abundancia de publicaciones cayó a fin de 1809 y casi desaparecieron tras enero de 1810, cuando desapareció la Junta Suprema Central. En verano de 1810, con la convocatoria de elecciones a diputados, volvieron las publicaciones, en un ambiente de libertad tolerada, aunque la ley de libertad de imprenta no se aprobaría hasta 26 octubre de 1811.

 

Con la libertad de prensa las cosas cambiaron mucho. La situación anterior, desde el decreto de febrero de 1791, era de prohibición total, excepto los llamados periódicos oficiales (La Gaceta de Madrid, El Mercurio, y El Diario de Madrid). Había ansia de publicar y de intervenir en temas políticos y económicos. Aparecieron muchos periódicos.

Desde mediados de 1811 la Regencia publicó una revista mensual, el Boletín Patriótico, que intentaba mantener alta la moral de los patriotas en toda España. Lo dirigían Antonio Busch para la zona de Levante y Pardo de Andrade para la del Oeste peninsular.

 

Eran liberales:

El Conciso de Gaspar María de Ogirando, aparecido en agosto de 1810. Era la publicación más comprometida con el liberalismo, y en ella colaboraban Francisco Sánchez Barbero, Manuel Pérez Ramajo, José Robles. Hacía no sólo apología del liberalismo, sino verdadero proselitismo

El Semanario Patriótico de Manuel José Quintana, que era una publicación que trataba de hacer pedagogía liberal y que había aparecido en Madrid en septiembre de 1808 y desaparecido tras la llegada de Napoleón, porque los redactores huyeron a Sevilla. Reapareció en Mayo de 1810 en Sevilla, con José María Blanco e Isidoro Antillón como colaboradores, pero fue cerrado por la Junta Suprema Central cuando se atrevieron a criticar que el mando militar se entregara a Infantado. Sus principales secciones hablaban de noticias y acontecimientos, explicación de ideas clave del liberalismo, y crónicas literarias.

El Espectador Sevillano, de Alberto Lista, que fue un periódico diario que sustituía a El Semanario Patriótico, tras la desaparición de éste en 1810.

El Observador, aparecido en verano de 1810, trataba de sugerir cuál debía ser el papel de las Cortes.

La Triple Alianza de Manuel Alzáibar de la Puente, un americano que atacaba creencias cristianas.

El Robespierre Español, de Pedro Pascasio Fernández Sardino.

La Abeja, fue otra pequeña publicación liberal.

El Diccionario Crítico Burlesco, publicado por Bartolomé José Gallardo 1776-1852, a partir de 1812, atacando creencias cristianas (este diccionario fue retirado por el Tribunal de Censura el 20 de abril de 1811). Gallardo había estudiado en Salamanca y allí había leído autores franceses. La propia cabecera de la publicación era una sátira a otra publicación de un canónigo, apellidado Ayala: Diccionario Razonado Manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España”. Gallardo tuvo que huir de España en 1814, regresó de Londres en 1820, volvió a huir en 1823 y fue diputado en 1834.

De 1810 a 1814 se publicó en Londres un periódico llamado El Español, era mensual y los publicaba José María Blanco-White[8]. Constaba de 40 páginas de cuarto de pliego. Criticaba el escaso realismo de las Cortes de Cádiz, la orientación política de los caudillos americanos, la imitación de la revolución francesa que quería hacer Bolívar… pero a la vuelta del absolutismo en 1814 decidiría no seguir publicando.

Los periódicos liberales, además de informar en el sentido más conveniente al liberalismo, pedían a las gentes que se mantuvieran en tensión, movilizados, para impedir el triunfo de los absolutistas. Esta conjunción de periódicos en la calle y gente entre los espectadores de la Cámara de Diputados, y en los alrededores de esa Cámara, es una explicación posible al triunfo liberal.

Los absolutistas, ultrarrealistas o serviles, se dieron cuenta del fenómeno, pero no estuvieron preparados hasta 1811 para lanzar sus propios periódicos y su propia gente a la calle. Su periódico fueron El Censor General, El Sol de Cádiz, y otros.    Por su parte, los afrancesados también tuvieron sus publicaciones tales como La Gaceta de Sevilla, El Diario de Barcelona, El Diario de Valencia, pero en ciudades alejadas del centro de acción revolucionaria, que era Cádiz y Sevilla.

La libertad de imprenta fue regulada posteriormente en el decreto de 26 de octubre de 1811.

En 1814, se volverá a la censura, y al decreto de 1805.

El 25 de abril de 1815 hubo una prohibición total de publicaciones no oficiales y se volvió a la situación de 1791.

 

 

 

El vendaval reformista.

 

Los liberales eran minoría, pero eran muy activos y tenían la prensa y los manifestantes en la calle. La mitad de los líderes liberales de Cádiz eran sacerdotes: Calificamos de líderes liberales a los laicos Calatrava, Golfín, Manuel Luján, conde de Toreno, Antonio Porcel, e Isidoro Amilona, y a los clérigos Diego Muñoz Torrero, Antonio Oliveros, Juan Nicasio Gallego, José Espiga, Joaquín Villanueva, Terreros.

En las Cortes, en 1810, aprovecharon los liberales el apoyo exterior de la prensa y de la gente, para pedir que la mitad de los diezmos que cobraba la Iglesia fueran dedicados a la guerra contra los franceses, y también que los sueldos de curatos vacantes y prebendas en suspenso fueran dedicados a la guerra.

Intervino Joaquín Lorenzo Villanueva[9], diputado por Valencia incorporado después de la inauguración, para proponer que el patrimonio de Godoy y los afrancesados fuera repartido entre los soldados que defendían a España contra los franceses.     Los liberales como Alcocer[10] (otro sacerdote, mejicano) y Juan Nicasio Gallego se basaron en la tradición para justificar la soberanía del pueblo. Bajo este supuesto tomaron el poder y dieron limitaciones a ese poder: el derecho, la constitución, la división de poderes y la milicia nacional.

Los absolutistas como Inguanzo[11], Borrull[12], Lera[13] y el obispo de Calahorra[14], justificaban el absolutismo también en la tradición, pues decían que la soberanía había sido cedida históricamente al rey y era irrecuperable.

Se entraba con ello en otro de los vicios políticos de la cultura occidental, justificar todo en la historia, cuando la historia no debe servir para justificar nada, sino solamente para dar testimonio del pasado y aprender a pensar sobre temas sociales. La Historia, tomada en los segmentos adecuados, y con la versión más favorable, puede servir para justificar todo, y si se falsifica un poquito, hasta los más grandes crímenes. La Historia es el argumento preferido por los irracionales. Y por eso mismo, es necesario conocer la historia, para no dejarnos engañar por voceros de la violencia y la injusticia.

De todos modos, pocas veces se habrá legislado tanto como en los tres años y medio desde septiembre de 1810, a mayo de 1814. Haremos un resumen de leyes hacia el final, en la Regencia de Infantado.

 

 

Progresos en la enseñanza, en Cádiz.

 

Durante los siglos XVI y XVII la educación se había concebido como algo propio para el príncipe y la nobleza. La educación estaba en manos de la Iglesia, que preparaba funcionarios y sacerdotes y frailes que continuaban la obra educativa. La formación era principalmente religiosa y moral, sobre todo en el caso de las niñas, en que se limitaba al catecismo y costura, siendo muy pocas las que aprendían a leer y escribir, sólo en ciudades y entre la alta sociedad.

Ya el siglo XVIII pensó que era un asunto del que debía participar más gente. En 1767, tras la expulsión de los jesuitas, Madrid creó los Reales Estudios de San Isidro para la enseñanza secundaria. La ventaja sobre lo anterior es que los profesores accedían al trabajo por concurso y no por nombramiento de una orden religiosa. Además, el programa era más abierto y se enseñaban Bellas Letras, Matemáticas, Física, Derecho Natural de Gentes, Griego y Hebreo.

En 1771 había habido un Plan Aranda para la enseñanza universitaria, que será el sistema dominante hasta después del Trienio Constitucional.

También en el siglo XVIII se habían creado la Escuela de Primeras Letras del Real Sitio de San Ildefonso y la Escuela de San Isidro o Escuela Normal para preparar maestros. En 1791 se fundó la Real Academia de Primera Educación. El problema fundamental de la enseñanza en estos momentos era la falta de maestros. El analfabetismo era del 75% y la actividad más corriente en la escuela, realizada por voluntarios, era enseñar a rezar, cantos religiosos, cantos patrióticos y moral cristiana a base de pequeños ejemplos o historietas que venían en un libro titulado “Catón”.

Pero había ejemplos de personas que se esforzaban por cambiar la realidad cultural española, como era el caso de José Mariano Vallejo y Ortega[15] que desde 1802 enseñaba matemáticas en el Seminario de Nobles de Madrid y en 1804 publicó Aritmética para Niños, además de otros tratados de más altura como Memoria sobre la Curvatura de las Líneas en 1807, y Tratado Elemental de Matemáticas en 1812. También está el caso de Isidoro Antillón y Marzo[16], geógrafo en el Seminario de Nobles de Madrid.

Los liberales de Cádiz estuvieron pues en vanguardia entre los iniciadores de unos planes de enseñanza, los primeros en preocuparse por que el Estado entrara de pleno en este campo de la enseñanza, hasta entonces reservado a los clérigos. En 1809 crearon una Junta de Instrucción, de la que era presidente Jovellanos, y vocales fray Jaime Villanueva, Isidoro de Antillón y Alberto Lista, para que informasen sobre el asunto de la enseñanza. El 16 de noviembre de 1809 estuvo listo en Sevilla las Bases para la Formación de un Plan General de Instrucción Pública, en el que recomendaba introducir en el sistema de enseñanza asignaturas científicas y técnicas, y un método que incluyera prácticas, además de afirmar que el tema de la enseñanza era una labor propia del Estado. Pero el efecto de estas medidas preparatorias fue escaso, pues Jovellanos murió en 1811, sólo en 1812 se constituyó la Junta de Instrucción Pública y en 1813 salió el Informe de la Junta, y en 7 de marzo de 1814 el Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el Arreglo General de la Enseñanza Pública. No hubo tiempo de hacer nada, pues en mayo cambió el sistema político.

Respecto a la Universidad, el Plan Caballero de 1807 había reducido las 22 universidades a 11, las que tenían medios económicos y docentes para sobrevivir, y Quintana en 1813 recomendó dejarlas en número de 9: Salamanca, Santiago, Burgos, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla y Madrid. Pero estos distritos nunca llegaron a constituirse porque Fernando VII derogó todas las medidas legales en 1814.

El Plan de Quintana de 1813 en su Informe de la Junta Creada por la Regencia para proceder al arreglo de la Instrucción Pública, creaba una Universidad Central que dirigiese los Planes de Estudios de las demás y organizaba una Dirección General de Estudios que cuidaba de distribuir los fondos, vigilar las oposiciones a cátedras, aprobar planes y reglamentos, redacción de obras elementales, bibliotecas, inspección y comunicación periódica a las Cortes sobre el estado de la enseñanza. Manuel José Quintana sería de nuevo en 1820 Director General de Estudios del Reino, y más tarde, tras la muerte de Fernando VII, preceptor de Isabel II.

Los liberales de 1812 pensaron que era urgente hacer obligatorio que en las escuelas se enseñara a leer, escribir, las cuatro reglas, catecismo y constitución y encargaron un informe sobre la enseñanza a Manuel José Quintana a la cabeza de una Junta de Instrucción Pública. Este informe recomendaba que la enseñanza tuviera las características de igualdad en la instrucción, universalidad, uniformidad de doctrina, método e idioma, gratuidad y libertad.

El modelo de escuela, establecido por Carlos III en el siglo anterior, consideraba tres tipos básicos: la “escuela de primera” que impartía todos los niveles, y las escuelas de segunda y tercera que sólo enseñaban a leer, escribir, contar y doctrina cristiana. Los niveles eran tres: inicial, para enseñar a leer, intermedio, para aprendizaje de escritura, y superior para prácticas de ortografía, gramática, aritmética, moral y religión.

Pero, en 1814, la vuelta del absolutismo significó la devolución de las escuelas a los párrocos y congregaciones religiosas y el abandono del proyecto educativo doceañista. No es verdad del todo, pues muchas ideas de la época de Cádiz se copiarán durante el reinado de Fernando VII. En 1815, Fernando VII ordenó que una Junta de Ministros se encargara de hacer un Plan General de Estudios y Plan de Escuelas de Primeras Letras para todo el reino, lo cual era intentar volver al trabajo ya hecho por la Junta de Instrucción de 1809.

 

[1] Pedro Agar Bustillo, 1763-1822, nació en Colombia, en donde su padre había hecho una pequeña fortuna. Su padre le envió a estudiar a La Coruña. Ingresó en la armada en 1780 en la academia de guardamarinas de El Ferrol, y fue profesor en El Ferrol. Era almirante al igual que Gabriel Ciscar. En marzo de 1813 sería también miembro de la regencia de Luis María de Borbón. En 1814 sería confinado en Betanzos (La Coruña).

[2] Domingo Mariano Traggia Uribarri, 1744-1816, marqués de Palacio era capitán general de Valencia cuando en 1812 fue atacada por los franceses e intentó armar a todos los ciudadanos, incluso los huérfanos, lo que puso en contra de él a la población.

[3] José Vázquez Figueroa, 1770-1855, era una figura con cierto parecido a Gabriel Císcar, en cuanto a su trabajo de profesor de matemáticas de los guardamarinas de Cádiz (Císcar era el profesor de Cartagena), y también en cuanto a su ideología conservadora y monárquica. Fue Secretario de Marina en noviembre de 1810, y de Hacienda en abril de 1812 y se pasó a la colaboración con Fernando VII en 1814, siendo Consejero de Estado. En enero de 1816 y octubre 1816, hasta 1818, volvió a ser Secretario de Marina, y fue afectado por el escándalo de los barcos rusos, por el que fue confinado en Santiago de Compostela. Regreso a su puesto de consejero de Estado en 1820, poco antes del triunfo liberal. Los liberales le desterraron. Regresó en 1826. volvió a ser Ministro de Marina en 1834 para el muy conservador Martínez de la Rosa.

[4] José Company era Secretario de Hacienda en 1810. (una fuente dice que tenía un homónimo como Secretario de Marina).

[5] Pablo Morillo y Morillo, 1775-1837 (otra fuente dice 1778-1873), es conocido sobre todo por su expedición de 1814-1820 a Colombia y Venezuela, donde ganó los títulos de conde de Cartagena y marqués de la Puerta, y es relativamente menos conocida su trayectoria anterior: Morillo era un zamorano que ingresó en la Armada Española en 1791, con 16 años, y estuvo en las campañas francesas de 1794, y en las batallas de San Vicente y Trafalgar en 1805. En 1808 se alistó en la milicia urbana de Voluntarios de Llerena y luchó en Bailén 1808 con el grado de subteniente, y en enero de 1809 fue ascendido a capitán y enviado a Galicia al mando de las guerrillas de Voluntarios de España, venciendo a Ney en Vigo y en Puentesampayo, ya como coronel, en junio de 1809, lo que obligó a Ney a salir de Galicia. En 1813 se unió al ejército de Wellington y, juntos ganaron la batalla de Vitoria de 1813. Fue ascendido a general. Su época más gloriosa, 1814-1820, la relataremos en su momento, en 1814-1820. A partir de 1820, sabemos que en mayo de 1821 sería capitán general de Castilla la Nueva, donde dimitiría a fines de 1822 por estar en desacuerdo con los liberales radicales. En julio de 1823 colaboró con los Cien Mil Hijos de San Luis y se le encomendó adueñarse de Vigo y La Coruña. En 1824 fue sometido al Tribunal de Purificación por haber colaborado con los liberales. En 1832 era capitán general de Galicia. En 1833 apoyó a Isabel II y en 1836 fue de nuevo capitán general de Galicia.

 

[6] Joaquín Ibáñez-Cuevas y de Valonga, 1784-1825, barón de Eroles, marqués de La Cañada, era un noble del Pirineo leridano que estudió en la universidad de Cervera, y en 1808 organizó un batallón de unos 1.600 hombres que puso a disposición de la Junta Suprema Central para luchar en su zona contra los franceses, participando en muchas acciones de guerra, entre ellas el sitio de Gerona, siempre en Cataluña. En 1814 se declaró absolutista y, a partir de 1820, organizó partidas realistas, destacando en los sucesos de mayo de 1822 en Seo de Urgell. En mayo de 1823 fue vocal de la regencia absolutista de Infantado. Tras la restauración del absolutismo en 1823, fue Capitán General de Cataluña hasta 1824, y murió en Daimiel en 1825, yendo de viaje a unos baños.

[7] Manuel García Herreros y Sáenz de Tejada, 1767-1836, nació en La Rioja (España), se ordenó de órdenes menores en México, pero no llegó a ser sacerdote. Se hizo liberal convencido y fue profesor de Alcalá. En 1814-1814 estuvo preso en Alhucemas, en octubre de 1813 fue Secretario de Gracia y Justicia, y en 1820 de Gobernación. En 1823 se exilió a Francia. En 1835 fue Ministro de Gracia y Justicia.

[8] José María Blanco Crespo, o Blanco-White, 1775-1841, era hijo del vicecónsul inglés en Sevilla y sus padres le ingresaron en los dominicos, al igual que ingresaron a sus hermanas en conventos de monjas. Estudió en la Universidad de Sevilla y en 1799 se ordenó sacerdote. En 1803 renunció a ser católico. En 1805 fue preceptor del infante Francisco de Paula. En 1808 fue a Sevilla y en 18 de agosto de 1809 lanzó el Semanario Patriótico, pero, debido a sus críticas, fue declarado persona non grata por La Junta Suprema Central. Se fue a Inglaterra en 1809 y sólo volvió a Cádiz unos días para recoger a un hijo suyo. En Londres, en 1810, publicó El Español, hasta 1814. En 1814 se hizo anglicano. En 1820-1822, escribió Letters fron Spain, publicadas en 1822, denunciando la intolerancia, la Semana Santa, las corridas de toros, los espectáculos pseudoteatrales españoles, el atraso cultural en general… En 1835 abandonó el anglicanismo e ingresó en una iglesia unitaria, el unitarismo.

[9] Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, 1757-1837, no estaba entre los diputados del primer día. Era un catedrático de Teología de Salamanca, que llegó a Cádiz como absolutista, aunque en Salamanca se había relacionado con los jansenistas. Tras huir hacia el sur con la Junta Suprema Central acabó mostrándose netamente liberal, pero ingenuo. Como converso, fue odiado por los absolutistas y cuando cometió al imprudencia de ir a Valencia en 1814 a recibir a Fernando VII, se encontró la repulsa del rey y sus acompañantes. No quiso entender la indirecta y acompañó al rey a Madrid, siendo encarcelado seis años en Guadalajara hasta ser liberado en 1820. En 1822 le hicieron embajador en El Vaticano, pero el Papa se negó a dejarle entrar. En 1823 se exilió a Londres, vía Gibraltar-Irlanda.

[10] José Miguel Guridi y Alcocer, 1763-1828, fue un sacerdote mejicano que se mostró liberal en las Cortes de Cádiz defendiendo sobre todo la abolición de la esclavitud, pero el ambiente era peligroso y violento, frente a los tenedores de esclavos, y decidió marcharse a México en 1812. De hecho, Isidoro Antillón, 1778-1813, diputado por Teruel y defensor de la abolición de la esclavitud, fue asesinado al salir de las Cortes. Alcocer presidió las Cortes en 1814.

[11] Pedro Inguanzo Rivero, 1764-1836, era un asturiano que había colaborado en la Junta de Asturias en 1809 en Gracia y Justicia y fue diputado por Asturias en 1810, aunque no estuvo en los primeros días. Se mostró antiliberal y partidario de la Inquisición. En 1814 fue premiado con el obispado de Zamora y en 1824 con el arzobispado de Toledo y el nombramiento de cardenal. En 1833 protagonizó la mayor resistencia al intento de Fernando VII para que el clero jurara a Isabel II, e incluso no juró, pero hizo un documento que fue tomado por suficiente para no castigarle.

[12] Francisco Javier Borrul Vilanova, 1745-1837, era un catedrático valenciano de Derecho Civil, de ideas absolutistas.

[13] Juan de Lera y Cano, 1754-1831, fue diputado por La Mancha en 1810, pero se incorporó tarde a las Cortes. Defendió el absolutismo y fue premiado en 1814 con el obispado de Barbastro y en 1828 con el obispado de Segovia.

[14] Francisco Mateo Aguiriano Gómez, 1790-1813, obispo de Calahorra, era partidario de que el sacerdote de cada pueblo, fuera el censor de las vidas de los ciudadanos.

[15] José Mariano Vallejo Ortega 1779-1846, estudió filosofía en Granada y luego arquitectura en San Fernando de Madrid, interesándose por las matemáticas, física, química y Mineralogía, lo cual es un buen ejemplo que ilustra la diferencia entre la enseñanza antigua propia de la Universidad de Granada, y los nuevos conocimientos que ya se impartían en Madrid. En 1802 fue catedrático de matemáticas en el Seminario de Nobles de Madrid. En abril de 1813 fue diputado. En 1823 emigró a Francia y viajó por Europa occidental, regresando a España en 1832. En 1835 fue Director General de Estudios. En 1836 fue Procurador en Cortes por Granada. Introdujo en España la noción de los números negativos y contribuyó a difundir el sistema métrico decimal.

[16] Isidoro Antillón y Marzo, 1778-1814, era doctor en Derecho y se hizo geógrafo, siendo catedrático del Seminario de Nobles de Madrid. En 1807 dirigía la sección histórica del Semanario Patriótico de Manuel José Quintana. En 1808 estuvo en la defensa de Zaragoza. En 1812 fue diputado liberal en Cádiz y en 1814 fue asesinado tras defender en las Cortes una propuesta de liberación de la esclavitud.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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