LAS CORTES DE CÁDIZ en 1810.

Cortes de la Isla de León, septiembre 1810:

 

Habían sido convocadas el 28 de octubre de 1809 para reunirse el 1 de marzo de 1810, pero no celebraron la primera reunión hasta el 24 de septiembre de 1810.

El 24 de septiembre de 1810, se inauguró la reunión con una misa solemne en la iglesia de La Isla de León. La Isla de León era un pueblo cerca de Cádiz que actualmente se llama San Fernando. Se trataba de una barra de arena tras las marismas del arroyo Sancti Petri, que sólo eran atravesadas por una calzada, edificada sobre puentes, llamada “puente del Suazo” y que fueron volados para evitar el fácil acceso a La Isla. Así que los diputados entraban y salían en barcas. Las barcas debían circular entre numerosos barcos de guerra españoles y británicos y en el puerto había miles de Voluntarios Distinguidos (todos los hombres de Cádiz entre 16 y 55 años) y el ejército de Alburquerque. Los franceses debían limitarse a bombardear desde lejos, lo cual obligaba a poner mucho plomo en los proyectiles y convertir cada uno de ellos en una simple pelota metálica que no estallaba, como las bombas del siglo XV. Los liberales aprovecharon la circunstancia para dar confianza al pueblo gaditano: “con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tirabuzones”.

Había en La Isla de León, ese día 24 de septiembre, entre 99 y 102 diputados, y de ellos, 23 de los españoles y 30 de los americanos eran suplentes. Los realistas se quejaron mucho tiempo de irregularidades en las elecciones de diputados, primero por no convocar los estamentos, y segundo por la designación de suplentes, siempre favorables a los liberales.

Sobre el número de diputados hay gran disparidad de cifras. No hubo Diario de Sesiones hasta 16 de diciembre de 1810, y las sesiones “secretas” (a puerta cerrada) no llevaron acta. Por tanto, no podemos llegar nunca a cifras definitivas:

El 24 de septiembre había 102 diputados a los que se habían reconocido sus credenciales, 56 en propiedad y 46 suplentes, pero Nicolás María Rivero puso en acta que eran 104 los acreditados, 57 en propiedad y 47 suplentes, lo cual es la primera disparidad, y luego sólo reconocemos los nombres de 101, lo que nos vuelve a confundir. En la primera votación, la de elegir presidente de las Cortes, hubo 95 votos, cifra que no concuerda con ninguna de las anteriores.

Hay también disparidad en el número de convocados, pues unos dicen que había 303, otros 291, unos terceros que 258, y José Luis Comellas afirma que tenían que ser 240 si tenemos en cuenta las condiciones de la convocatoria.

La constitución la firmaron 185 diputados.

La clausura de Cortes la firmaron 223 diputados.

 

Es interesante conocer la procedencia de los diputados y su dedicación social e ideología, para entender lo difícil de la situación de los liberales en este momento crítico de la historia de España:

De los 101 diputados iniciales, eran titulares 56:

22 Gallegos: Benito Ramón Hermida, por el Reino de Galicia; José Alonso López[1], por la Junta Superior de Galicia; José María Suárez[2], por la provincia de Santiago; Manuel Ros[3], por la provincia de Santiago; Antonio María Parga[4], por la provincia de Santiago; Francisco Pardo[5], por la provincia de Santiago; Vicente de Castro[6], por la provincia de Santiago; Joaquín Tenreiro Montenegro[7], por la provincia de Santiago; Antonio Abadín[8], por la provincia de Mondoñedo; Antonio Payán[9], (o Poyán), por la provincia de La Coruña; José Salvador López del Pau[10], por la ciudad de La Coruña; José Ramón Becerra[11], por la provincia de Lugo; Antonio Vázquez de Parga[12], por la provincia de Lugo; Manuel Valcárcel[13], por la provincia de Lugo; Pedro Ribera[14], por la provincia de Betanzos; Luis Rodríguez del Monte[15], por la provincia de Betanzos; Benito María Mosquera[16], por la ciudad de Tuy; Antonio Durán de Castro[17], por la provincia de Tuy; Agustín Rodríguez Baamonde[18], por la provincia de Tuy; Bernardo Martínez, por la provincia de Orense; Pedro Cortiñas, por la provincia de Orense; Juan Bernardo Quiroga[19], por la provincia de Orense.

16 Catalanes[20]: Felipe Amat, por el Principado de Cataluña; Juan Valle[21], por el Principado de Cataluña; Francisco Papiol[22], por el Principado de Cataluña; Francisco Morrós[23], por el Principado de Cataluña; Félix Aytés[24], por el Principado de Cataluña; Ramón Utgés[25], por Cataluña; Salvador Vinyals[26], por el Principado de Cataluña; Jaime Creus[27], por el Principado de Cataluña; Ramón Lladós[28], por el Principado de Cataluña; José Antonio Castellarnau, por el Principado de Cataluña; Ramón Lázaro de Dou[29], por el Principado de Cataluña; Antonio Campmany[30], por el Principado de Cataluña; Plácido de Montoliú[31], por la ciudad de Tarragona; Ramón Sans[32], por la ciudad de Barcelona; José Vega[33], por la ciudad de Cervera; Francisco Calvet[34], por la ciudad de Gerona;

9 Extremeños: Antonio Oliveros[35], por Extremadura; Francisco María Riesco[36], por la Junta Superior de Extremadura; José María Herrera[37], por Extremadura; Manuel María Martínez[38], por Extremadura; Diego Muñoz Torrero[39], por Extremadura; Manuel Luján[40], por Extremadura; Francisco Fernández Golfín[41], por Extremadura; Gregorio Laguna[42], por la ciudad de Badajoz; Alonso María de la Vera[43], por la ciudad de Mérida;

4 Andaluces: José Cerero[44], por Cádiz o por la provincia de Córdoba; Vicente Terrero[45], por la provincia de Cádiz; Andrés Morales[46], por la ciudad de Cádiz; Pedro Antonio de Aguirre[47], por la Junta de Cádiz;

1 aragonés: Pedro María Ric[48], por la Junta Superior de Aragón;

1 mallorquín: Antonio Llaneras[49], por Mallorca;

1 castellano: Alfonso Núñez de Haro, por Cuenca;

1 murciano: Marqués de Villafranca[50], por la Junta Superior de Murcia;

1 americano: Ramón Power[51], por Puerto Rico;

 

Se añadieron como suplentes 45 personas, que eran naturales de las regiones a las que representaban, pero residían cerca de Cádiz:

25 por distritos americanos:

De Nueva España siete: José María Couto[52], por Nueva España; Francisco Fernández Munilla[53], por Nueva España; Andrés Savariego, por Nueva España; Salvador Samartín[54], por Nueva España; Octaviano Obregón, por Nueva España; Máximo Maldonado, por Nueva España; José María Gutiérrez de Terán[55], por Nueva España;

De Santa Fe tres: José Caicedo[56], por Santa Fé; Marqués de Puñonrostro[57], por Santa Fé; José Mejía[58], por Santa Fé;

De Cuba dos: Marqués de San Felipe y Santiago[59], por Cuba; Joaquín Beltrán de Santa Cruz[60], por Cuba;

De Perú se pusieron 4 suplentes pero sólo asistieron a la inagural 3: Dionisio Inca Yupangui, por Perú; Vicente Morales[61], por Perú; Ramón Olaguer Feliú[62], por Perú; Antonio Zuazo[63], por Perú;

De Chile se pusieron 2 suplentes por los 2 diputados a que tenía derecho: Joaquín Fernández de Leyva[64], por Chile; Miguel Riesco Puente[65], por Chile;

De Buenos Aires se pusieron 3 suplentes: Francisco López Lisperguer[66], por Buenos Aires; Luis Velasco[67], por Buenos Aires; Manuel Rodrigo[68], por Buenos Aires;

De Guatemala se nombró suplente a Andrés de Llano[69] (este nombre no viene citado en la Historia General);

De Santo Domingo se nombró suplente a José Álvarez de Toledo[70], por Santo Domingo;

De Nueva Granada, Esteban Palacios[71], por Caracas; Fermín de Clemente[72], por Caracas;

 

5 por distritos castellanos: Rafael Manglano[73], por Toledo; Francisco Gutiérrez de la Huerta[74], por Burgos; José Zorraquin[75], por Madrid; Gerónimo Ruiz, por Segovia; Francisco de la Serna, por Ávila;

5 de León: Juan Nicasio Gallego[76], por Zamora; José Valcárcel, por Salamanca; José (o Juan)-Clímaco Quintano, por Palencia; Antonio Vázquez de Aldana, por Toro; Evaristo Pérez de Castro, por Valladolid;

4 por distritos andaluces: José de Cea, por Córdoba o por la provincia de Granada; Domingo Dueñas y Castro[77], por la provincia de Granada; Francisco de Sales Rodríguez de Bárcena[78], por Sevilla; Francisco González Peinado[79], por la provincia de Jaén.

2 por distritos filipinos: Pedro Pérez Tagle, por Filipinas; Juan Manuel Couto, por Filipinas;

2 por distritos vascos: Manuel Aróstegui[80], por Álava; Francisco Eguía, por Vizcaya;

1 por el distrito asturiano: Agustín de Argüelles[81], suplente por Asturias;

1 por el distrito navarro: Francisco de Paula Escudero[82], por Navarra;

 

No todos los que se presentaron fueron aceptados como diputados. Por ejemplo, Ramón Falcón de Salcedo, obispo de Cuenca, no fue admitido como diputado. Formaban esta comisión cinco diputados, cuyos poderes habían sido reconocidos por la Regencia, y eran: Benito Ramón de Hermida (gallego), marqués de Villafranca (murciano), Ramón Power (puertorriqueño), Felipe Amat (catalán) y Antonio Oliveros (extremeño). Esta comisión empezó a funcionar el 24 de septiembre 1810.

 

Los 99 diputados reunidos juraron, en la iglesia de La Isla de León, fidelidad a la religión católica, a la integridad del reino, a Fernando VII, a las leyes que allí se votasen y a la Constitución que se acordase.

Posteriormente se reunieron en el teatro de La Isla de León. Estuvieron allí hasta 20 de febrero de 1811, fecha en que se trasladaron a Cádiz y allí se reunirían en la iglesia de San Felipe Neri a partir 24 de febrero.

 

Es importante decir que las propuestas fundamentales se hicieron los primeros días, y por eso hemos analizado presencias y ausencias de esa circunstancia. Gallegos, catalanes y extremeños fueron los protagonistas, junto a los suplentes, de las principales reformas revolucionarias.

Llama la atención los pocos diputados españoles presentes el primer día: andaluces, sólo había 4 titulares y 4 suplentes. Hay que tener en cuenta que Andalucía estaba ocupada por franceses desde enero de 1810 y que José I trataba de pactar con el gobierno de Cádiz el fin de la guerra. De ambas Castillas, solamente había 6 representados, y 5 eran suplentes. Tampoco había muchos aragoneses, solamente 1. Sólo había 1 murciano. También había solamente uno, y suplente, por Asturias. Solamente había 1 de Baleares. No había ningún representante de La Mancha. Mucho más llama la atención la ausencia de canarios, pues éstos no tenían dificultad para llegar a Cádiz, salvo las ordinarias.

Es comprensible la ausencia de los diputados americanos. También es comprensible la ausencia de los diputados filipinos, pero se nombró a dos suplentes. Otro diputado filipino en 1810-1814: Ventura de los Reyes.

 

El primer día, los más de los diputados españoles eran catalanes, extremeños y gallegos: Los catalanes habían asistido casi todos el primer día, 16. Otros diputados catalanes en 1810-1814: Felipe Aner de Esteve[83] por el Principado de Cataluña, José Espiga y Gadea[84] por la Junta de Cataluña, Ignacio Gayola por la ciudad de Barcelona, Fernando Navarro[85] por la ciudad de Tortosa, Juan Bautista Serrés por el Principado de Cataluña, Juan de Suelves marqués de Tamarit por el Principado de Cataluña. También estaban 9 extremeños. Igualmente estaban presentes 22 gallegos.

 

En las Cortes de Cádiz llegó a haber seis obispos: el de Cisano, el de Calahorra (Francisco Mateo Aguiriano), el de Mallorca (Bernardo Nadal Crespi), el de Ibiza (Blas Jacobo Beltrán), el de Sigüenza (Pedro Inocencio Bejerano) y el de Plasencia (Lorenzo Igual de Soria[86]).

Es asombroso que estos diputados, muchos de ellos absolutistas, muchos de ellos integristas católicos, realizaran una reforma liberal como la que se realizó en 1810-1814. Se fueron añadiendo otros diputados, pero el talante de ellos no era diferente al que hemos reseñado para el primer centenar. Hay que considerar el poder de la prensa, como veremos un poco más adelante.

Los primeros momentos de las Cortes de Cádiz fueron los más revolucionarios. A medida que llegaban más diputados, la asamblea se hacía más conservadora y ello se puede notar a partir de septiembre y octubre de 1811, en la aprobación de algunos artículos de la constitución (los primeros, discutidos antes de agosto de 1811, son los más revolucionarios). También hay que tener en cuenta la aparición de prensa antiliberal en estos días de 1811.

Llevaban la iniciativa los liberales extremeños Diego Muñoz Torrero y Manuel Luján, ambos diputados por Extremadura. Los diputados en general estuvieron de parte de éstos y no con el obispo Orense, ultraconservador. La Regencia hubo de ceder sus poderes a las Cortes.

 

 

Inicio de funciones de las Cortes.

 

En la sesión inaugural de 24 de septiembre de 1810, en el Teatro Cómico de Isla de León, intervino primero el Obispo de Orense, presidente de la Regencia. Se retiró después la Regencia y se eligió presidente y secretario de Cortes. Intervino como Presidente Provisional, con la misión de elegir presidente, Benito Ramón Hermida (gallego), ayudado por el Secretario Provisional Evaristo Pérez de Castro. Salieron elegidos: como Presidente, Ramón Lázaro de Dou (catalán); y como Secretarios, Evaristo Pérez de Castro (vallisoletano) y Manuel Luján (extremeño).

El presidente de las Cortes era un cargo rotatorio, un mes cada persona, del 24 al 23 del mes siguiente, que, a partir de 24 de septiembre de 1810 ejercieron: Ramón Lázaro de Dou, Luis Rodríguez del Monte, José Luis Rodríguez Morales, Alonso Cañedo Vigil, Antonio Joaquín Pérez-Martínez, Vicente Noguera Climent, Diego Muñoz Torrero, Vicente Cano Manuel Ramírez de Arellano, José Pablo Valiente Bravo, Jaime Creus Martí, Juan José Guereña Garayo, Ramón Giraldo Arquellada, Bernardo Nadal Crespi, Antonio Larrazábal Arrivillaga, José Casquete del Prado, Manuel de Villafañe y Andreu, Antonio Payán de Tejada y Figueroa, Vicente Pascual Esteban, Vicente Morales Duárez, Juan María Gutiérrez de Terán, José Miguel Guridi Alcocer, Juan Polo Catalina, Felipe Vázquez Canga, Andrés Ángel de la Vega Infanzón, Andrés de Jáuregui, Francisco Morros, Juan del Valle, Francisco Císcar y Císcar, Miguel Antonio Zumalacárregui Imaz, Joaquín Meniau Torquemada, Francisco del Cabello Miranda, Pedro José Gordillo Ramos, Florencio del Castillo Solano, José Antonio Sombiela Mestre, Andrés Morales de los Ríos, José Miguel Gordoa Barros, hasta que en 23 de septiembre de 1813 se rompió la norma del cambio mensual, e incluso algunos repitieron presidencia. El resto de presidentes de las Cortes de Cádiz fueron: 1 de noviembre 1813: Francisco Tacón Rossique; 16 enero 1814: Jerónimo Antonio Díez; 16 febrero 1814: Antonio Joaquín Pérez Martínez; 25 de febrero 1814: Vicente Ruiz Albillos; 1 abril 1814: Francisco de la Dueña y Cisneros; 1 de mayo de 1814: Antonio Joaquín Pérez Martínez, que fue el último, pues el 10 de mayo se cerraron las Cortes.

Volviendo al 24 de septiembre de 1810, intervino el canónigo Diego Muñoz Torrero (diputado por Extremadura, ex rector de la Universidad de Salamanca) que definió la soberanía nacional, propuso la división de poderes, la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición y la inviolabilidad de los diputados, exigiendo a regentes y diputados el juramento de reconocimiento de la soberanía de las Cortes, propuestas que quedaron transformadas en leyes por decreto de 24 de septiembre de 1810. También reconoció a Fernando VII como rey de España alegando nulidad de los acuerdos de Bayona. Eran los puntos clave de disputa entre absolutistas y liberales. Además, defendería en otros discursos una nación libre, independiente y unitaria, entendiendo la no cesión de las colonias. Habló de división de poderes, la reducción del papel del rey a simple cabeza del poder ejecutivo, pero sometido a la Constitución, desprovisto del poder legislativo, y con necesidad de funcionarios intermedios para ejercer el ejecutivo. En materia de derechos, decía que los derechos civiles eran comunes a todos los ciudadanos y eran inmutables e inviolables, mientras los derechos políticos eran propios de los que ejercían en política, y estos derechos eran variables en razón del régimen establecido. En materia de religión, se declaraba católico y concebía a Dios como fundamento y origen de la sociedad, pero la sociedad debe organizarse a sí misma y ello debe hacer según los principios liberales. Ello implicaba que la Iglesia debía aprestarse a perder sus prerrogativas y privilegios y, de momento, contribuir al esfuerzo de la guerra. No obstante, se oponía a la separación Iglesia-Estado. En cuanto a la Inquisición, pedía la supresión.

Los discursos del sacerdote liberal Muñoz Torrero son de lo más sorprendente de la historia de España, pues planteaba el liberalismo con una claridad poco vista hasta entonces y difícil de alcanzar en el futuro. Como explicación, podemos citar que a menudo aparece la Universidad de Salamanca, como centro por el que han pasado muchos de los liberales de Cádiz.

Manuel Luján Ruiz[87], otro destacado liberal, llevaba preparado un proyecto de decreto con 11 puntos o artículos, que fueron discutidos y aprobados con facilidad, menos el sexto, que se dejó para el final:

1-soberanía nacional.

2-reconocimiento de Fernando VII como rey y nulidad de las renuncias de Bayona.

3-separación de poderes, reservándose las Cortes el legislativo.

4-responsabilidad del ejecutivo ante la nación.

5-confirmación del Consejo de Regencia.

6- (se dejó para el final).

7-juramento que debían hacer los regentes.

8-confirmación de tribunales y justicias.

9-confirmación de las autoridades civiles y militares.

10-inviolabilidad de los diputados.

En cuanto al artículo 6, que la Regencia acudiese a jurar ante las Cortes, hubo una discusión larga, de modo que las Cortes se declararon “permanentes” hasta encontrar la solución final. La Regencia dejó una dimisión y se retiró del salón de sesiones para que las Cortes eligiesen el gobierno más adecuado. Las Cortes habilitaron al Consejo de Regencia a continuar interinamente, siempre que reconocieran la soberanía nacional de las Cortes y jurasen obediencia a las leyes que de ellas emanasen. Entre las 10 y las 11 de la noche se envió una Diputación de las Cortes para prevenir a los Regentes que no se separasen hasta que las Cortes decidieran el asunto. A medianoche, juraron los regentes, excepto el obispo de Orense que se había retirado a su casa alegando edad y achaques.

 

Los diputados se atribuyeron a sí mismos todos los poderes del Estado, incluso el ejecutivo, con gran disgusto de la Regencia. “Olvidaron” jurar fidelidad al rey y ahí empezó el verdadero proceso revolucionario español, en ese olvido voluntario, que se sumaba al olvido, de enero de 1810, de convocar a Cortes a la nobleza y al clero como estamentos, aunque estuvieron presentes en Cádiz como representantes de sus distritos. La primera batalla, entre si aquello era una revolución o una restauración del orden, parecía decantarse del lado de los revolucionarios.

Las Cortes reconocieron como rey a Fernando VII y argumentaron que la cesión de la corona hecha por Fernando VII era nula por falta de consentimiento de la nación. Inmediatamente decidieron la necesidad de que todos juraran fidelidad a las Cortes y a las nuevas leyes que de ellas emanasen.

 

El 25 de septiembre, Orense renunció a su cargo como Regente.

El 26 de septiembre llegó a las Cortes una “Exposición” de la Regencia: El tema de la soberanía era muy importante para Orense, pues la Regencia había venido proclamándose soberana, en nombre de Fernando VII, desde su constitución en enero de 1810, y ahora las Cortes decían que dejaba de ser soberana para serlo las Cortes. Cuando el 24 de septiembre la Regencia había sido declarada “interina”, el tema de la soberanía se había complicado más todavía desde el punto de vista de Orense y del rey. El 26 de septiembre, los regentes exigían los términos precisos de su responsabilidad como Gobierno, como poder ejecutivo, querían saber sus propios límites, obligaciones y facultades, sus relaciones con las Cortes y la forma de comunicarse con ellas.

El tema de la soberanía era fundamental. Era absurdo que todas las Juntas Provinciales se hubiesen declarado soberanas, pues equivalía a la destrucción el Estado. La Junta Suprema Central había requerido a las Provinciales que la reconociesen como superior, lo cual era cederle la soberanía. La Junta Suprema Central había creado la Regencia, pero no la había declarado soberana. El tema se podía concretar en que: si el rey era soberano y había dejado una regencia en su ausencia, la soberanía correspondía a la Regencia. Pero si el pueblo era soberano, la soberanía sólo podría corresponderle a los representantes del pueblo reunidos en Cortes. Lo segundo parece más fácil de aceptar hoy, pero si tenemos en cuenta que las elecciones de diputados dejaron mucho que desear, y las aceptaciones o recusaciones de actas fueron demasiado parciales a favor de los liberales, los realistas tenían todo el derecho a discutir la legitimidad de representación de aquellas Cortes.

El 27 de septiembre, las Cortes aceptaron la renuncia de Orense y, además, le quitaron su acta de diputado por Extremadura, poniendo en su lugar a José María Calatrava. Entonces le dieron permiso para regresar a Orense. Ese día quedó patente la falta de base legal para actuar contra un diputado o contra un regente, y se nombró una comisión para preparar el consiguiente decreto. Respecto a la Regencia, se decidió que ésta se ocupara de la defensa, seguridad y administración del Reino, que debía respetar la inviolabilidad de las Cortes y que la Regencia y las Cortes se seguirían comunicando como hasta el presente hasta que hubiese un nuevo reglamento para el tema. Este Reglamento no estuvo listo hasta 16 enero de 1811.

El 3 de octubre de 1810, Orense, que todavía no se había marchado, escribió una carta a las Cortes poniendo de manifiesto algunas lagunas de teoría política que era conveniente aclarar. Eran objeciones muy serias en teoría política:

Primera: Si se decía que las Cortes eran soberanas ¿cómo era que los diputados habían jurado como soberano a Fernando VII?

Segunda: Si se había disuelto el Consejo de Regencia, y nombrado a continuación interino, quedaba claro que estaba al servicio y bajo el mandato de las Cortes. Luego entonces, las Cortes tenían el legislativo, puesto que hacían las leyes, y el ejecutivo, pues ellas mismas sancionaban las leyes a través de ese Consejo de Regencia. Luego no eran un gobierno de libertad, sino tendente al despotismo.

Tercera: si las Cortes se decían representantes de los súbditos, ¿cómo podían declararse soberanas?

Cuarta: se estaba actuando con prisas y no daban tiempo a pensar, como había ocurrido el 24 de septiembre, obligando al Consejo de Regencia a hacer cosas que quizás, legalmente, no debiera hacer.

El 4 de octubre, las Cortes revocaron a Orense el permiso para marcharse y le ordenaron permanecer en Cádiz. Acusaban el impacto de la carta del día 3.

El 17 de octubre se estudió en Cortes la carta de Orense y se decidió obligarle a jurar ante el cardenal Luis María de Borbón.

El 19 de octubre, el cardenal manifestó estar enfermo y en cama, lo que le impedía tomar juramento a Orense. El 20 de octubre, las Cortes ordenaron a Luis María de Borbón tomar juramento a Orense, estuviera como estuviera de salud. El 22 de octubre el cardenal comunicó a las Cortes haber recibido un escrito de Orense manifestando que no quería jurar, salvo que se produjesen las siguientes condiciones:

Que se reconociese que la nación era independiente de cualquier potencia extranjera y que “era soberana con el rey”.

No reconocía que la soberanía estuviera enteramente en la nación, ni que la monarquía dependiera de la nación.

Estaba dispuesto a jurar obedecer los decretos, leyes y constitución que se estableciera, pero pudiendo reclamar y hacer oposición.

No estaba dispuesto a hacer una obediencia ciega a todo lo que dijeran las Cortes.

Otra vez se producían objeciones serias, que dejaban a las Cortes en evidencia respecto a sus propios fallos. Oliveros le dijo a Orense que el sentido de las frases pronunciadas en Cortes era el mismo que Orense manifestaba en sus escritos, pero Orense contestó que quería esa afirmación por escrito. Las Cortes no le enviaron escrito ninguno.

El 3 de noviembre se decidió resolver definitivamente el asunto Orense y ordenaron a la Regencia que nombrara una Junta de 9 personas, ministros de Consejos Supremos y eclesiásticos, que encausaran a Orense. Mientras tanto, el obispo permanecería confinado en Cádiz. El 21 de noviembre, Orense pidió libertad para marcharse, pero no se lo concedieron. El 3 de febrero de 1811, juró. El 10 de febrero se marchó a su obispado.

El asunto de la soberanía fue dirimido en los primeros cuatro artículos de la Constitución, el título I, en los que se definió la nación (como reunión de todos los españoles), se declaró a la nación como libre (no dependiente de ninguna familia ni persona). Y en el tercero se declaró que la soberanía residía “esencialmente” en la nación, pero pertenecía a la nación en exclusiva el establecimiento de las leyes fundamentales. Con ello se llegaba al meollo de la cuestión:    Podía interpretarse como una protesta ante Napoleón, que en ese momento quería imponer su gobierno y su constitución. Pero no utilizaron un término como “exclusivamente”, lo cual denota que había cierta discusión y disparidad de criterio. En el discurso preliminar se había afirmado que no se quería hacer nada distinto de lo históricamente legislado en España, lo cual nos indica el peso de los diputados tradicionalistas o realistas. Pero también se afirmó la representatividad de los diputados, o que significaba un cambio revolucionario. La idea general era la expresada por Rousseau, pero en España se trataba de fundamentarla en la tradición española y en el Derecho Natural. El término “esencialmente” quería decir que la nación no podía renunciar a nada ni transferir soberanía, que no se aceptaba la constitución de Bayona, que se protestaba contra las injerencias de Napoleón y, lo más discutible, que la nación tenía derecho exclusivo a establecer sus leyes fundamentales (final del artículo tercero). Pero la misma necesidad de utilizar el término “esencialmente” nos pone en la pista de algunas dudas, las planteadas por Orense. El artículo tercero, “pertenece al nación exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales”, se contradice con el decimoquinto, que dice que la facultad de hacer las leyes corresponde a las Cortes con el Rey, o de lo contrario, hay que hilar fino.

Y es que Orense y los realistas en general se negaban a aceptar que las Cortes asumiesen derechos que tradicionalmente le habían correspondido al soberano (el rey), la soberanía. En el resto de constituciones del XIX aparecerá siempre la frase “las Cortes con el Rey” como detentadores del poder legislativo, huyendo por lo demás del tema de definir la soberanía.

 

 

 

Fracaso de la Regencia nombrada por las Cortes.

 

El 28 de octubre de 1810 se nombró Consejo de Regencia definitivo integrado por Pedro Agar, José María Puig Samper y Domingo Mariano Traggia Uribarri marqués de Palacio. Los regentes tenían que jurar ante las Cortes. Agar juró sin más y José María Puig Samper lo hizo a continuación. Llegó el turno del marqués de Palacio, y éste cambió la fórmula del juramento. Además del “Sí, Juro”, añadió: “sin perjuicio de los juramentos que tengo prestados al rey don Fernando VII”.

Las Cortes no admitieron ese juramento del marqués de Palacio, y el interesado quiso explicarse, pero no se le concedió la palabra. Capmany pidió que se le vigilase y se le llevase a la prevención de los Guardias de Corps.

La noche del 28 de octubre, los diputados Pérez de Castro, Argüelles, Oliveros, Muñoz Torrero, Mejía, Terrero y Capmany exigieron el cumplimiento del artículo 6 del decreto de 24 de septiembre, que obligaba a jurar ante las Cortes a los regentes. Tras esto, acordaron encausar al marqués de Palacio, concediéndole permanecer en su propia casa, pero vigilado. El Marqués de Palacio pidió insistentemente ser escuchado en Cortes, pero no fue recibido en los siguientes meses.

La Regencia fue imposible y los regentes fueron cambiados por Blake, Císcar y Agar.

 

 

[1] José Alonso López y Nobal, 1763-1824, fue un militar profesor de matemáticas en El Ferrol, su pueblo natal, que en 1808 había dirigido el levantamiento contra los franceses y en 1810 fue elegido diputado. En 1814 se exilió a Francia. En 1820 fue de nuevo diputado e hizo un catálogo de la flora gallega. En 1823 huyó a su pueblo.

[2] José María Suárez de Rioboo, -1837, era el párroco de Berdeogas. En noviembre de 1810, solicitó licencia para ausentarse de las Cortes y no volvió más a Cádiz.

[3] Manuel Ros Medrano, 1756- , era canónigo de Santiago, integrista cerrado, enemigo de Orense, y como premio, Fernando VII le haría obispo de Tortosa.

[4] Antonio María Parga Puga

[5] Francisco Pardo Patiño, era catedrático de Prima y Cánones en Santiago.

[6] Vicente José de Castro Lavandeira, era sacerdote y abogado.

[7] Joaquín Tenreiro Montenegro, conde de Vigo, era un militar gallego. Se distinguió en 1810 por reconquistar Vigo. Era absolutista.

[8] Antonio Abadín Guerrero, -1813, era el cura de San Esteban de los Reyes.

[9] Antonio Payán de Tejada y Figueroa, 1753- , era abogado de la Real Audiencia. Presidió las Cortes en 1812.

[10] Salvador López de Pau era Oidor de la Real Audiencia.

[11] José Ramón Becerra Llamas, 1775-1870, era de familia de señores de varios pueblos de Valladolid, pero nació en Lugo, y era regidor perpetuo de la ciudad, era liberal y propuso retirar a Orense a un convento. Volvió a ser diputado en 1820, 1834 y 1836.

[12] Antonio Vázques de Parga y Bahamonde era abogado de los Reales Consejos.

[13] Manuel Valcárcel Dato era abogado de la Real Audiencia de Galicia y vocal de la Junta de Defensa y Subsidios de Lugo.

[14] Pedro Ribera Pardo, era el cura párroco de Pontedeume. Firmó la constitución.

[15] Luis Rodríguez del Monte y del Prado, era capitán de fragata.

[16] Benito María Mosquera y Lera

[17] Antonio Durán de Castro era abogado y alcalde de Tuy, fue sustituido pronto por Juan Bernardo Quiroga y Uría.

[18] Agustín Rodríguez Bahamonde, 1769- , estudió leyes en Santiago y en 1795 fue a Madrid, donde se mostró liberal moderado. Era abogado de los Reales consejos. En las Cortes, pidió bajadas de impuestos en Galicia. En 1833 fue magistrado de la Real Audiencia de Galicia.

[19] Juan Bernardo Quiroga y Uría.

[20] Casi todos los diputados catalanes votaron no a la libertad de prensa y a la supresión de la Inquisición. Casi todos eran muy conservadores. Una excepción será José Espiga y Gadea, sacerdote de ideología jansenista y liberal que se incorporaría después, pero también se incorporó Francisco Morrós, párroco de Igualada, que era integrista católico.

[21] Juan Valle era abogado en la Real Audiencia.

[22] Francisco Papiol de Padró, -1817, barón de Jafre, era un sacerdote con estudios de Leyes, absolutista.

[23] Francisco Morrós era deán y párroco de Igualada.

[24] Félix Aytés era el cura párroco de Agramunt (Lérida), partidario de mantener la Inquisición, pero firmó la constitución.

[25] Ramón Utgés y de Ayxelá, 1724-1833, era catedrático de Decretos en Cervera y abogado de la Real Audiencia del Principado.

[26] Salvador Vinyals y Galí era un absolutista, alcalde de Tarrasa, fabricante de paños.

[27] Jaime Creus y Martí, 1760-1825, había estudiadoy se había doctorado en teología y derecho canónico en Cervera y era canónigo de Seo de Urgel, de ideología tradicionalista católica. En 1815 fue obispo de Menorca, y en 1820 obispo de Tarragona. En 1822, integraba la regencia ultrarrealista de Urgel, junto al marqués de Mataflorida y al barón de Eroles.

[28] Ramón de Lladós, era sacerdote de ideología conservadora.

[29] Ramón Lázaro de Dou y Bassols, 1742-1832, fue un sacerdote catalán, abogado, maestrescuela de la catedral de Lérida, canciller de la Universidad de Cervera, diputado en septiembre 1810, que resultó elegido primer Presidente de las Cortes, pues, aunque moderado, era reformista y admitió la constitución en su momento. En 1824 fue depurado y resultó absuelto.

[30] Antonio Campmany y Montpalau, 1742-1813, estudió en Barcelona y se hizo militar, retirándose en 1770 para entrar como colaborador de Olavide en Madrid. Fue académico de Historia. Dirigió la “Gaceta de la Regencia de España e Indias” (BOE de las Cortes de Cádiz). Era liberal moderado.

[31] Plácido de Montoliú y de Bru, era regidos de la ciudad de Tarragona y, cuando fue elegido diputado, pidió reiteradas licencias para ausentarse de las Cortes y no participó en ellas. En 1813, cuando los franceses se iban de España derrotados, pidió licencia para constituir una milicia popular.

[32] Ramón Sans, diputado por Barcelona, falleció en Cádiz en noviembre de 1810, de fiebre amarilla. Aquel invierno estaban falleciendo 20 enfermos diarios por este mal.

[33] José de la Vega Sentmenat, 1752-1831, era abogado y profesor universitario.

[34] Francisco Calvet Rubalcaba, era abogado.

[35] Antonio Oliveros, canónigo de San Isidro de Madrid, estaría en la comisión redactora de la Constitución y era católico tolerante.

[36] Francisco María Riesco, era un extremeño absolutista que había formado parte del Consejo de Castilla y había sido inquisidor del tribunal de Llerena (Badajoz), y siempre defendió la existencia de la Inquisición.

[37] José María Herrera era abogado de los Reales Consejos y administrador de Correos.

[38] Manuel María Martínez de Tejada era capitán de milicias en Zafra.

[39] Diego Muñoz Torrero era presidente de la colegiata de Villafranca del Bierzo.

[40] Manuel Mateo Luján Ruiz, 1770-1813, estudió leyes en Salamanca y fue canónigo de Plasencia, hasta que renunció al sacerdocio y ejerció como abogado en Madrid, Relator del Consejo y Cámara de Castilla. Ejerció como secretario de las Cortes en 1810 y fue un apoyo de Muñoz Torrero. Falleció de fiebre amarilla en 1813.

[41] Francisco Fernández Golfín, 1771-1831, era un militar extremeño, hijo de Francisco Lorenzo Fernández de Córdoba Ulloa, marqués de la Encomienda, ascendido a coronel en 1808 con motivo del inicio de la guerra, con destino en Estado Mayor, que fue diputado en 1810. En 1814 fue condenado a 10 años y llevado a Santa Bárbara de Alicante, de donde fue liberado en 1820. En 1822 fue Jefe Político de Alicante y en septiembre de 1823, último gobierno liberal del Trienio, Secretario de Guerra. En 1823 se exilió a Gibraltar, Tánger, y de nuevo Gibraltar y Tánger. Acompañó a Torrijos en el golpe de 1931 y fue fusilado.

[42] Gregorio Laguna Calderón de la Barca Becerra Moscoso y Chumacero de la Rocha, 1763- , era capitán de fragata. En Historia General le citan como mariscal de campo.

[43] Alonso María de la Vera y Pantoja era un militar retirado que ejercía como regidor en Mérida

[44] José Cerero de Rivera, 1745-1813, era de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), diputado en Cádiz, o de Córdoba, cuya participación en Cortes más notable fue quejarse porque los cigarros habanos eran caros.

[45] Vicente Terrero Monesterio, 1776-1825, era el párroco de Algeciras.

[46] Andrés Morales de los Ríos, era militar.

[47] Pedro Antonio de Aguirre era comerciante en Cádiz.

[48] Pedro María Ric y Montserrat, 1776-1831, barón de Valdeolivos, era profesor en la Universidad de Huesca y en 1795 alcalde del crimen en Aragón. Su actuación más notable en las Cortes fue pretender un puerto de mar para Aragón, que sería Peñíscola. Fue ponente de la Constitución.

[49] Antonio Llaneras era sacerdote.

[50] Francisco de Borja Álvarez de Toledo y Gonzaga, 1763-1821, XVI duque de Medinasidonia, XII marqués de Villafranca, marqués de Vélez, conde de Caltabellota, tomó el nombre de conde de Caltabellota al ingresar en el ejército, pues no era el heredero del título familiar, pero murió su hermano José, y adoptó el nombre de duque de Medinasidonia. En 1808 huyó a Vélez-Blanco (Murcia) y adoptó el nombre de marqués de Vélez, y cuando le hicieron diputado en septiembre 1810 usaba el de marqués de Villafranca. Era un absolutista, y en 1816, Fernando VII le hizo general.

[51] Ramón Power y Giralt, 1775-1813, se trasladó a estudiar a Bilbao en 1787 y en 1792 ingresó en la marina, hallándose en Santo Domingo en 1808, cuando fue elegido diputado por Puerto rico. Murió en Cádiz de fiebre amarilla.

[52] José María Couto Ibea, -1828, pariente de José San Martín, era un cura mejicano, párroco de Puebla de Los Ángeles, que, como liberal, fue encarcelado varias veces en 1814-1820 y fue diputado en 1820-1822.

[53] Francisco Fernández Munilla, era un capitán de infantería retirado.

[54] Salvador Samartín, o Sanmartín, llegó a ser obispo de Chiapas.

[55] José María Gutiérrez de Terán era guardia de Corps retirado.

[56] José Domingo Caicedo era militar.

[57] Juan José Mateo y Arias Dávila y Matheu, marqués de Puñonrostro, era militar.

[58] José Mejía Lequerica, 1777-1813, era un médico y abogado ecuatoriano, que se había trasladado a la península en 1807 porque tenía dificultades en Quito como hijo ilegítimo que era, y se había alistado en las Milicias Populares en 1808. En la península era oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia. Líder liberal. Murió en Cádiz de fiebre amarilla, a pesar de haber vaticinado que la enfermedad no era contagiosa.

[59] Juan Clemente Núñez del Castillo y Molina, marqués de San Felipe y de Santiago.

[60] Joaquín Beltrán de Santa Cruz era coronel de milicias.

[61] Vicente Morales Duárez, 1757-1812, empezó estudios religiosos, pero acabó siendo abogado. Fue ponente de la Constitución. Poco después de jurar la Constitución, apareció muerto.

[62] Ramón Olaguer Feliz, era militar.

[63] Antonio Zuazo era militar.

[64] Joaquín Fernández de Leyva y Erdoiza, 1775-1814, era un abogado chileno, Alcalde del Crimen en la Audiencia de Lima.

[65] Miguel Riesco Puente, 1783-1858, era militar.

[66] Francisco López Lisperguer era abogado.

[67] Luis Velasco era militar

[68] Manuel Rodrigo era militar

[69] Andrés de Llano era militar

[70] José Álvarez de Toledo Dubois, 1779-1858, era militar

[71] Esteban Palacios y Blanco, 1767-1830, era tío de Simón Bolívar y llegó a la península en 1792 para ser Guardia de Corps.

[72] Fermín de Clemente era abogado

[73] Rafael Manglano era militar, mariscal de campo.

[74] Francisco Gutiérrez de la Huerta era abogado en Madrid, muy conservador, y a partir de 1814 colaboró con Fernando VII. Fue ponente de la Constitución.

[75] José Zorraquin era relator del Consejo y Cámara de Castilla.

[76] Juan Nicasio Gallego, 1777-1853, era un sacerdote zamorano que había estudiado derecho civil y canónico en Salamanca y Burgo de Osma y en 1805 había sido capellán de Carlos IV. Se trasladó a Sevilla con la Junta Suprema Central y trabajo en los decretos de convocatoria de Cortes y de libertad de imprenta. En 1814 fue encarcelado año y medio y confinado en la cartuja de Jerez y otros conventos, hasta ser liberado en 1820.

[77] Domingo Dueñas y Castro era oidor de Real Audiencia de Sevilla.

[78] Francisco de Sales Rodríguez de Bárcena era religioso, presbítero y conservador. Fue ponente de la Constitución en marzo de 1811.

[79] Francisco González Peinado era brigadier.

[80] Manuel de Aróstegui Sáenz de Olamendi, 1758-1813, había estudiado Derecho en Granada y Valladolid, había estado en América, y en ese momento era funcionario en Cádiz. Murió de fiebre amarilla.

[81] Agustín de Argüelles Álvarez González, 1776-1844, fue un abogado asturiano diputado en las Cortes de Cádiz. En 1814 estuvo preso en Ceuta. En abril de 1820 fue ministro de Gobernación del Reino. En 1823 se exilió a Inglaterra. En 1834 regresó a España y participó en la redacción de la constitución de 1837. Fue preceptor de Isabel II.

[82] Francisco de Paula Escudero y Ramírez de Arellano, 1764-1831, era militar de marina, oficial segundo de la Secretaría de Marina y fue diputado suplente por Navarra en 1810, Secretario de Marina en marzo 1821, interino de Estado en abril de 1821, interino de Guerra en agosto de 1821 y en enero 1822, y de Gracia y Justicia interinamente.

[83] Felipe Aner de Esteve era abogado y vocal de la Junta de Cataluña.

[84] José Espiga y Gadea era canónigo de Lérida y había sido Auditor del Tribunal de la Rota hasta 1800.

[85] Fernando Navarro era regidor en Tortosa.

[86] Lorenzo Igual de Soria y Martín de Hijas, 1746-1814, nació en El Gordo (Cáceres) y fue doctor en Derecho Civil y Canónico por Alcalá, catedrático en Alcalá, inquisidor ordinario en Madrid, párroco de San Ginés (Madrid), obispo de Pamplona en 1795 y de Plasencia a partir de 1803. Su “patriotismo” se originó cuando llegaron los franceses a Plasencia, 28 de diciembre de 1808 (Sebastiani) y 19 de junio de 1809 (Soult) y asesinaron al obispo de Coria. Lorenzo huyó a Ciudad Rodrigo y, desde allí, se fue a Cádiz. En 1814 fue a recibir a Fernando VII, falleciendo en el viaje de regreso de este acontecimiento.

[87] Manuel Luján Ruiz, 1770- , había sido canónigo de Palencia, y renunciado a la carrera eclesiástica para ser abogado, Era diputado por Extremadura. Se pude consultar: GARCIA LEÓN, José María. En torno a las Cortes de Cádiz. Quorum Editores, Cádiz 2007.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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