LA REGENCIA DE ORENSE.

 

 

Las regencias.

 

Las regencias, conservadoras y monárquicas, pretendían ganar tiempo y que no actuasen las Cortes liberales, pero la presión de las Juntas Provinciales fue grande y tuvieron que ceder ante ellas, de forma que fueron las Cortes y no las regencias quienes dirigieron el país hasta 1814.

Hubo 4 regencias desde 1810 hasta la venida de Fernando VII en 1813:

Regencia de Orense, 28 de enero 1810-17 septiembre de 1810, y Saavedra, 17 septiembre – 27 octubre de 1810.

(Regencia fracasada de Agar, Puig Samper y Traggia Uribarri, de 28 de octubre 1810 a 28 de octubre 1810).

Regencia de Blake, Císcar y Agar, 28 de octubre 1810 – enero 1812.

Regencia de Joaquín Mosquera, enero 1812 – 8 de marzo 1813

Regencia de Luis María de Borbón, marzo de 1813 – 10 de marzo 1814

 

 

 

 

 

La Regencia de Orense

         enero 1810 – septiembre de 1810.

 

 

Aparición de la Regencia.

 

La Junta Suprema Central estaba en enero 1810 en sus días finales. En diciembre de 1809, había convocado, por fin, Cortes para marzo de 1810, pero eso no fue suficiente para calmar a los patriotas, muy disgustados con la Junta Suprema Central y su política pro-absolutista. En 23 de enero huyó de Sevilla a Cádiz. Tuvo que huir de Sevilla a Cádiz porque las tropas de José I estaban llegando a Sevilla. El rumor de la calle acusaba a la Junta Suprema Central de traición y colaboración con Godoy.

Si la situación de los rebeldes españoles era desesperada, la de los invasores franceses tampoco era buena: José I conquistó Andalucía en enero de 1810, amedrentando a los ejércitos de las diversas Juntas. Entonces Napoleón volvió a intervenir en la política española atribuyéndose el gobierno de Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, en donde nombró gobernadores a sus órdenes. Con una medida como ésta, José I estaba perdido, en cuanto a su credibilidad ante los españoles. Inmediatamente fue ante Napoleón a protestar y a pedir la destitución de esos gobernadores. No se le hizo caso. Los franceses ya no podían ser vistos más que como invasores, puesto que habían desmembrado el territorio.

Al llegar la Junta Suprema Central a Cádiz hubo una sublevación de la Junta de Comerciantes de Cádiz, que decidió encarcelar a todos los miembros de la Junta Central, por lo que ésta desapareció de la ciudad, huyó también de Cádiz. Los comerciantes que integraban la Junta de Cádiz, ofrecieron el cargo de Presidente a José Manuel de la Cueva y de la Cerda duque de Alburquerque, porque éste había reñido con el Consejo de Regencia de la Junta Central, pero Alburquerque no aceptó, e incluso denunció a la Junta de Cádiz que le estaba proponiendo tomar el poder. Alburquerque quedó con ello desprestigiado y fue enviado a Londres como embajador, para alejarle de España. Murió en 1811.

Se decía que la Junta Suprema Central estaba planificando su traslado a Caracas. Los rumores decían que los británicos se apoderarían de Cádiz, como nueva base naval que se uniría a Gibraltar. Saavedra comunicó estos rumores a Alburquerque para que acudiera con tropas a Cádiz e impidiera la maniobra de la Junta Central y de los ingleses.

Las sublevaciones de enero de 1810 hicieron fracasar los proyectos de la Junta Suprema Central, ya fueran huir a Caracas o cualquier otro. El abandono de Sevilla y de Cádiz era como una entrega y aceptación de la derrota política. La Junta Suprema Central quedó muy debilitada con estos rumores, y dio paso a una Regencia que representaba la última oportunidad de continuidad de Fernando VII y, según sus proyectos, debía abandonar el reformismo administrativo que España estaba intentando desde los últimos años de Carlos III, es decir, era conservadora.

El 28 de enero de 1810 se nombró un Consejo de Regencia y el 29 se disolvió la Junta Suprema Central.

El Consejo de Regencia estaba integrado por cinco miembros:

El obispo de Orense, Pedro Benito de Quevedo y Quintano[1], conocido corrientemente como “Orense”. Se le nombraba Presidente de la Regencia, pero no llegó a Cádiz hasta 29 de mayo de 1810. Provisionalmente dirigía la regencia el general Francisco Javier Castaños. Orense basaba su prestigio en la popularidad que le dio su negativa a asistir a Bayona y a colaborar con José Bonaparte. El 17 de septiembre de 1810, abandonó, y asumió la Presidencia Francisco Saavedra Sangronis.

Los vocales de la Regencia eran:

General Francisco Javier Castaños[2]. Presidió provisionalmente de 1 de febrero de 1810 a 29 de mayo de 1810, cuando llegó Orense.

Almirante Antonio Escaño[3].

Francisco Saavedra[4], presidente de la Junta de Sevilla, Presidente de la Regencia de 27 de septiembre a 28 octubre de 1810.

Esteban Fernández de León García[5], sustituido el primer día de reunión por Miguel de Lardizábal Uribe[6], funcionario de origen mexicano.

 

Apoyos importantes de esta Regencia, eran el Secretario de Guerra, Francisco Eguía Letona y el Secretario de Marina Gabriel Císcar y Císcar[7]. En mayo, nombraron Secretario de Guerra a Eusebio Bardají Azara. En julio nombraron Secretario de Hacienda a Nicolás María Sierra. La idea de todos ellos era restaurar la monarquía de Fernando VII y no hacer reformas entretanto. La regencia del obispo de Orense era absolutista, partidaria de la vuelta de Fernando VII y era en sí misma un problema para unas Juntas Provinciales que pretendían ser liberales. Orense era, en ese momento, popular y podía mantenerse en la Regencia a pesar de la oposición de las Juntas. La Regencia, al igual que había hecho la Junta Suprema Central, se negaba a convocar Cortes alegando que el país estaba ocupado y no era posible la reunión ordinaria, con lo que trataba de ganar tiempo frente a los liberales.

 

El 31 de enero de 1810 la Regencia comenzó sus funciones con tres miembros: general Castaños, almirante Escaño y Esteban Fernández de León. El 2 de febrero de 1810 se incorporó Saavedra a la Regencia. El 4 de febrero se incorporó Miguel de Lardizábal, que sustituía a Esteban Fernández de León. La Regencia se instaló en Isla de León, mientras el Gobierno estaba en Cádiz.

El 4 de febrero, se recibió en Cádiz a Alburquerque con 12.000 soldados procedentes de Extremadura. El 5 llegó el francés Víctor, con 20.000 hombres, exigiendo la rendición de Cádiz. Dos días antes, las cosas estaban muy difíciles para los españoles y tal vez los franceses no hubieran tenido ninguna dificultad para ocupar la ciudad, pero el día 5 no se aceptó la rendición e incluso Alburquerque ordenó volar el Puente de Suazo y los fuertes que quedaban dispersos por las marismas (Puntales, San José, San Luis y Matagorda), de manera que, o se entraba por mar, o se cruzaban penosamente unas marismas de varios kilómetros. Inmediatamente, llegaron 5.000 hombres más, británicos y portugueses, mandados por Graham. La decisión de mantener Cádiz era irreversible.

El mando de la defensa de Cádiz se encargó a Blake, y Alburquerque fue enviado a Inglaterra como embajador, para quitarse de en medio a un elemento no deseado. Los civiles participaron activamente construyendo barricadas en el istmo y destruyendo casitas de verano y chabolas de pescadores y contrabandistas que pudieran servir de parapetos en una posible invasión.

 

 

Los liberales en Cádiz.

 

Los liberales eran pocos pero tenían la confianza de muchas Juntas Provinciales, sobre todo del sur de España, y sus ejércitos. Los absolutistas hacían mucho ruido dirigidos por gente como Guillermo Hualde, canónigo y diputado de Cuenca, pero tampoco eran capaces de tomar el poder. El Consejo de Regencia intentó imponerse decretando la limitación del poder de las Juntas Provinciales, creando un Estado Mayor Permanente y una academia de artillería, al tiempo que establecía relaciones con los británicos. Pero fracasó. La Regencia, en un intento de reconciliación con las Juntas, decidió ceder a la Junta de Cádiz la recaudación de tributos, porque ese era el motivo del descontento de los comerciantes. Tampoco sirvió esta estratagema política.

Lideraban a los liberales y exigían convocatoria de Cortes, José María Queipo de Llano conde de Toreno[8] diputado por León, y el canónigo Diego Muñoz Torrero[9], diputado por Extremadura, que exigían reformas liberales hechas por unas Cortes.

El pensamiento liberal vendría expresado en El Español, publicado por Blanco White desde Londres desde abril de 1810 a junio de 1814, mensual, liberal progresista.

 

Las elecciones por las que las Juntas Provinciales debían designar diputados a Cortes, se celebraron a partir de enero de 1810, votando los varones mayores de 25 años y propietarios de tierra por sufragio público indirecto: en los pueblos se elegía representantes de circunscripción, que asistían a asambleas de distrito para elegir un delegado provincial que se reunía finalmente con otros similares para sortear quiénes de ellos serían diputados.

Se elegía 1 diputado por cada ciudad con voto en Cortes, es decir, las que hubiesen enviado diputado en 1789, 1 por cada Junta Provincial, y 1 por cada 50.000 habitantes en la Península, y 1 por cada 100.000 hombres blancos en América, elegidos por un método indirecto: Las parroquias elegían cada una su representante, los partidos judiciales elegían a uno de esos representantes elegidos por las parroquias, y las provincias elegían a uno de esos representantes elegidos por los partidos. Quedaban en franca inferioridad los americanos, cuya población era muy numerosa y no tenía la representación proporcional en Cortes que les hubiera correspondido.

Fueron elegidos 308 diputados, pero sólo llegaron a reunirse 99 en la inauguración de las Cortes, y 104 en los primeros días. El 19 de marzo de 1812, día de aprobación de la constitución eran 184 los reunidos. Se llegaron a reunir unos 223 diputados en 14 de septiembre de 1813 cuando fueron disueltas las Cortes.

La población con derecho a voto se calcula en 3,5 millones de personas y de ellas votaron 1,2 millones, un 30%, lo que no era poco dadas las circunstancias. Fueron elegidos una mayoría de sacerdotes (97 curas y 3 obispos), 60 abogados, 55 funcionarios, 37 militares, 16 catedráticos, 8 nobles, 15 propietarios, 5 comerciantes, 4 escritores y 2 médicos, y 9 más de procedencia diversa. El total de profesionales era de 135. 50 diputados fueron suplentes, 20 de ellos peninsulares y 30 de ultramar, elegidos de entre la gente que vivía en Cádiz, hasta que llegaran los auténticamente elegidos en sus distritos.

Los diputados revolucionarios tomaron el nombre de “liberales”. Se pedía a los privilegiados que donasen libre y espontáneamente sus privilegios, que fuesen liberales mediante esa acción. En principio, liberal es el que da y es desprendido. Se tenían por amantes de la libertad, porque pretendían destruir el modo de producción feudal.

A su vez, los liberales llamaron “serviles” a los que pretendían mantener las formas y realidades del pasado, y la legalidad absolutista de Fernando VII.

No es fácil definir la personalidad servil. El prototipo de servil podría ser Pedro Inguanzo de Rivero[10] y en su biografía vemos un hombre que pudo ser liberal “jansenista” en su juventud, que denunció a sus colegas liberales en 1814, que pidió Cortes en 1826 mostrándose contrario al absolutismo despótico, que fue de ideología carlista en 1832-33… Otro ejemplo podría ser Juan Pablo Valiente Bravo[11], que juró la constitución de Bayona en julio de 1808, se pasó a los patriotas, fue diputado por Sevilla en 1810, no firmó la constitución, y se puso al servicio de Fernando VII en 1814. Es decir, las ideas eran cambiantes en aquella época.

También es difícil definir la personalidad de los liberales. Los liberales eran unos adelantados a la realidad política que triunfaría en España y el mundo occidental en ese siglo, unos locos que se pusieron a hacer y decir mucho más de lo que sus posibilidades aconsejaban en España, unos antifranceses que pretendían superar el cambio hacia el liberalismo burgués que ofrecía Napoleón con algo mejor y sin sometimiento a ideales extranjeros, y unos revolucionarios antiabsolutistas que pretendían acabar con un sistema político caduco.

 

 

Gobierno de Orense y reunión de las Cortes.

 

El 29 de mayo llegó Orense a Cádiz. Castaños cedió la presidencia de la Regencia al obispo de Orense sin problemas.

En junio de 1810, la Regencia discutió si las Cortes debían reunirse en una o dos cámaras, pero los papeles de la Junta Suprema Central estaban en Londres, llevados por antiguos componentes de esa Junta Central exiliados, y no se podía certificar cuál era la legalidad. Los innovadores pedían una sola cámara, mientras el obispo de Orense pedía reunión por estamentos, es decir, dos cámaras (una de nobleza y clero, y otra de representantes de las ciudades). Castaños quería que las propias cámaras decidiesen. No se encontraban en Cádiz las listas de nobles y clérigos que podían tener derecho a ser miembros de las Cortes, y ello fue un inconveniente muy grande, que al final decidió que no hubiera nobles ni clérigos en ellas.

La discusión se pospuso. Los absolutistas perdían con ello otra batalla, porque todo el mundo entendía que las Cortes tendrían poderes ilimitados para reformar el Estado, y por tanto, poder para mantener o disolver la Regencia.

El 13 de junio, la Regencia mandó que se activasen las elecciones a diputados que ya estaban ordenadas desde enero, pero el decreto no circuló, y era la segunda vez que ello sucedía respecto a decretos para constituir Cortes.

El 14 de junio de 1810, la Regencia llamó a Martín de Garay para que informase sobre las condiciones que la Junta Suprema Central había puesto en la convocatoria de Cortes, a fin de salir del atolladero en que estaban metidos los patriotas de Cádiz, y Martín de Garay dijo que se habían convocado como estamentales, pero que sólo se habían despachado las convocatorias al estado llano, así que creía de buena fe que se debían celebrar en asamblea única, como método más eficaz, en vez de volver todo el proceso al principio.

En medio de todas estas discusiones, en junio de 1810 se conocieron en Cádiz los sucesos de Caracas de 19 de mayo, pero el Consejo Real de España e Indias los consideró un hecho aislado fácil de reprimir. Se decidió enviar al consejero Cortabarría para solucionar el asunto, pero poco antes de embarcar, en septiembre, se supo que también Buenos Aires se había sublevado y había expulsado al virrey Hidalgo de Cisneros, 25 de mayo, y constituido Junta de Gobierno soberana. La solución adoptada fue minimizar el problema y decir que Buenos Aires era un simple eco de los sucesos de Caracas. Se recomendó que los diputados de las Cortes se debían reunir con los diputados americanos y dialogar para calmar los ánimos. Se envió a Feliciano Montenegro a Caracas a comunicar que podían enviar diputados a Cortes, y se ordenó hacer armisticio en La Plata a fin de iniciar un diálogo con tranquilidad. Alguien dijo que la futura constitución calmaría los ánimos revolucionarios. El tema América se estaba dejando de lado y la Regencia apenas se ocuparía de un tema que era primordial, la fuente de los recursos del Estado.

Las rebeliones americanas estaban a punto de estallar y España no estaba preparada para ello. Los diputados americanos, muy activos en las Cortes de Cádiz, no serían tenidos en cuenta: defendieron la plurimonarquía americana con reconocimiento de la soberanía española, lo mismo que había propuesto Aranda, Godoy y Carlos IV en Fontainebleau, pero los diputados españoles contestaron que era imprescindible la unidad del territorio y de Gobierno, y el asunto, planteado desde 1766-1776, y tras la independencia de los Estados Unidos, no se resolvió tampoco. Los liberales de Cádiz eran muy poco abiertos a las reformas prácticas de algunos temas. El asunto resultaba complejo, pues en América se repetía el modelo español de liberalismo, de que había muy pocos liberales y por ello reformistas, y muchos conservadores inmovilistas, y la autonomía de los virreinatos podía ser utilizada en cualquier sentido, del todo imprevisible, lo que parecía dar razón a los inmovilistas españoles.

El 17 de junio llegaron a Cádiz los dos primeros diputados de fuera de Andalucía, uno de León y uno de Cuenca, y Cádiz pidió la inmediata reunión de Cortes. El conde de Toreno y Guillermo Hualde, en representación de los diputados ya elegidos, elevaron a Regencia una “exposición”, firmada por 12 diputados, en la que pedían reunión de Cortes a la menor brevedad y fijación de un término perentorio.

El 18 de junio, la Junta de Cádiz fue recibida por la Regencia para hablar de la campaña del trimestre siguiente y, al despedirse, la Junta entregó a la Regencia un escrito pidiendo inmediata reunión de Cortes. El caso es que la Regencia decretó ese mismo día que se hiciesen elecciones en agosto allí donde no se hubieran hecho ya.

El 24 de junio, Hualde y Toreno escribieron de nuevo a la Regencia pidiendo que no se convocase a los estamentos, sino que las cosas se quedasen como estaban y como había recomendado Martín de Garay.

El 3 de julio se argumentó que las elecciones estaban ya hechas y no era legítimo cambiar las condiciones en que fueron convocadas, por lo que no se podía decidir en este asunto entre la reunión por estamentos como era tradicional, o en cámara única como habían hecho los revolucionarios franceses de 1789. Se reunirían en una sola cámara.

El 6 de julio, la Junta de Cádiz pidió reunión de Cortes para el mes de agosto siguiente, es decir, inmediatamente. El Consejo de Regencia se dividió, pues unos querían estamentos, como había mandado la Junta suprema Central, y otros querían asamblea única como pedía la urgencia de la situación.

El 2 y 3 de agosto de 1810, se reunió en Consejo de Estado para decidir que las cosas de Cortes se quedaban como estaban, en asamblea única, que los diputados ausentes fueran suplidos como se pudiera, que las Cortes se reunieran en cuanto estuvieran presentes la mitad más uno de los diputados. En la práctica se admitió a algunos diputados que no cumplían todas las formalidades de la convocatoria.

El 12 de agosto se acordó elegir diputados suplentes para provincias que no hubieran podido celebrar elecciones. Se acordó que las propias Cortes lo decidiesen sin que su número fuera mayor de 53 en ese momento. Era una nueva derrota de la Regencia.

El 19 de agosto se adoptó oficialmente la decisión de que se reunieran en una sola cámara y esta decisión fue publicada el 20 de septiembre. Los absolutistas de la regencia habían perdido definitivamente la batalla por los estamentos.

El 4 de septiembre se decidió declarar constituidas las Cortes en cuanto hubiera la mitad más uno de los diputados, contándose los suplentes y se declaró que había 285 diputados convocados, y que 143 eran el quorum para abrir Cortes, pero los gaditanos querían las Cortes con urgencia, aunque no hubiera quorum. Finalmente empezarían con sólo 99 diputados.

El 11 de septiembre de 1810, la Regencia cometió un nuevo error, aunque fuera de protocolo: el salón de reunión de las Cortes no tenía más mobiliario que una mesa, unos cuadernillos de papel, plumas y tinteros. Los diputados se enfadarían por ello con la Regencia. Los absolutistas se estaban desprestigiando en su deseo de ningunear a las Cortes.

El 12 de septiembre, la Regencia decretó la instrucción para elegir diputados suplentes.

La Regencia rompió el contrato que tenía con la Junta de Cádiz para que ésta ejerciera la función de Hacienda del Estado, y asumió por sí misma esas funciones. Era el único triunfo de la Regencia, en su intento de fortalecerse. Los demás intentos de hacerse con el poder fueron infructuosos:

El 14 de septiembre, la Regencia decidió que ella misma examinaría las actas de los diputados (lo cual era tradicionalmente tarea del consejo de Castilla) y examinó las actas y poderes de Benito Ramón Hermida (gallego), Francisco Borja Álvarez de Toledo (marqués de Villafranca, murciano), Felipe Amat (catalán), Antonio Oliveros (extremeño), Samper y Ramón Power (americano) y les nombró miembros de la Comisión que debía examinar las actas de los demás diputados.

El 16 de septiembre de 1810 se restablecieron los viejos Consejos de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda, suprimidos por Napoleón y José Bonanarte en 4 de diciembre de 1808. El Presidente del Consejo de Castilla y del Tribunal Supremo de España e Indias, en 1810-1812 fue José Joaquín Colón de Larreátegui. Con ello, la regencia se aseguraba el control del poder en manos conservadoras. Se volvía a las instituciones del Antiguo Régimen.

El 17 de septiembre el obispo de Orense renunció a la presidencia de la Regencia y a su condición de diputado y se declaró enemigo de las Cortes.

El 20 de septiembre se decretó la apertura de las Cortes para el 24. Se hacía en una sola cámara.

El 23 de septiembre se decretaba el ceremonial del acontecimiento.

El día de constitución de las Cortes, 24 de septiembre de 1810, la Regencia había dimitido y ello dejó sin traba ninguna a las Cortes, que ya se consideraban desde antes con poderes ilimitados. Las Cortes no aceptaron la renuncia de la Regencia, pero pidieron que los regentes juraran fidelidad a las Cortes. Juraron todos, menos el obispo de Orense, Pedro Quevedo Quintano. Orense envió un escrito negando la validez del juramento de fidelidad que los regentes habían hecho a las Cortes.

 

[1] Pedro Benito de Quevedo y Quintano 1736-1818 era obispo de Orense desde 1776. Se había hecho popular cuando se negó a acudir a Bayona a jurar a Napoléon y a la constitución de Bayona, convirtiéndose así en líder de los patriotas que se oponían al gobierno afrancesado. Pero no era liberal, sino absolutista.

 

[2] Francisco Javier Castaños Aragorri Urioste y Olavide, 1758-1852 fue nombrado capitán de infantería en 1768, con sólo 10 años de edad, en atención a los méritos de su padre, e ingresó en el Seminario de Nobles hasta incorporarse al ejército en 1774 en el Regimiento Saboya de Cádiz. En 1808, la Junta Suprema de Sevilla le nombró capitán general y dirigió el éxito de Bailén sobre los franceses. A continuación fue nombrado jefe del Ejército del Centro. En 1814 se declarará absolutista y, como capitán general de Cataluña ejecutará a algunos liberales que intentaban pronunciarse contra Fernando VII.

[3] El almirante Antonio Escaño y García de Cáceres había nacido en Cartagena en 1750 y fue marino militar desde los 17 años. Era reconocido en aquellos años por haberse opuesto en 1805 a Villeneuve, cuando éste decidió salir de la bahía de Cádiz y enfrentarse a los británicos, lo que dio lugar a la derrota de Trafalgar.

[4] Francisco de Saavedra y Sangronis 1746-1819 era doctor en teología por Granada y se hizo militar en 1768, siendo en 1797 secretario de Hacienda para Godoy, y el 30 de marzo de 1798 secretario de Estado para el mismo. En 1808 presidía la Junta Suprema de Sevilla.

[5] Esteban Fernández de León García 1748-1823 había nacido en Esparragosa (Badajoz) y tras iniciar estudios de retórica y latín, pasó a Venezuela donde siguió con estudios de teología, filosofía y Sagrada Escritura. En 1774 entró en el ejército venezolano-español. Regresó a España en 1802. En mayo de 1804 se instaló en Madrid y trabajaba para el Consejo de Hacienda en asuntos de América. El 2 de mayo de 1808 huyó de Madrid hacia su pueblo, pasando por Móstoles, donde informó a Pérez Villamil de los sucesos de Madrid y, una vez redactado el Bando de los Alcaldes por Villamil, lo llevó por los pueblos de la carretera de Extremadura hasta llegar a Badajoz el 4 de mayo. Cuando en marzo de 1809, Extremadura fue invadida por los franceses, Esteban se fue a Sevilla y fue nombrado ministro del Consejo de de España e Indias. El 28 de enero de 1810 fue nombrado miembro del Consejo de Regencia como representante de las provincias de Ultramar, pero Esteban renunció alegando que no había nacido en América, siendo sustituido por Lardizábal.

[6] Miguel de Lardizábal Uribe había nacido en Tepetitlán de Lardizábal en Traxcala (México) en 1744, y vino a España a estudiar geología e historia. Tras su paso por el Consejo de Regencia, sirvió a Fernando VII en el Consejo de Indias y, al ser suprimido éste, en el Consejo de Estado. Murió en 1823.

[7] Gabriel Císcar y Císcar, 1759-1829 era un valenciano que había estudiado filosofía y humanidades en Valencia, e ingresó en la Armada en 1777, en Cartagena, donde fue profesor de matemáticas de guardiamarinas y director de la Escuela en 1788. Llegó a la categoría de almirante. En 23 de mayo de 1808 fue vocal de la Junta de Defensa de Murcia y se mostraba partidario de Fernando VII. En enero de 1810 fue Secretario de Marina, y en septiembre de 1810 formó parte de la Regencia, dirigiéndola en enero de 1811. En 1813 volvería a ser regente. Era de ideología monárquica, pero, dada su colaboración con la Regencia, fue encarcelado en 1814. En 1823, tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, estará de nuevo en una regencia efímera, junto a Cayetano Valdés y Gaspar Vigodet, tras la cual fue condenado a muerte, pero le facilitaron la huída a Gibraltar, donde vivió de una pensión que le concedió Wellington.

[8] José María Queipo de Llano Ruiz de Sarabia, 1786-1843, vizconde de Matarrosa, VII conde de Toreno, nació en Oviedo y estudió humanidades en Cuenca, Salamanca y Madrid. En 1797 empezó estudios en Madrid. En 1808 fue vocal de la Junta de Asturias cuando aún estaba en Madrid. La Junta de Asturias le confió una misión en Londres, hacia donde salió el 30 de mayo de 1808 y permaneció en esa ciudad hasta diciembre de 1808. En mayo de 1809 apareció en Sevilla. Tuvo especial protagonismo en las Cortes de Cádiz, donde León y Asturias le eligieron diputado en enero de 1810. Llegó como diputado a Cádiz en marzo de 1811 por haberse entretenido en pedir dispensa por no tener la edad mínima para ser diputado, pues tenía 25 años. Se exilió a Londres en 1814 y fue condenado a muerte por Fernando VII, por lo que tuvo que vivir exiliado, en París, Lisboa y Berlín hasta regresar en 1820, para ser de nuevo diputado y conseguir que se le restituyeran sus bienes. Fue presidente de las Cortes del Trienio Liberal. En 1832 publicó Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Fue ministro de Hacienda para Martínez de la Rosa en 1834, y Presidente del Gobierno en junio de 1835. Regresó a París en 1840.

[9] Diego Muñoz-Torrero y Ramírez Moyano 1761-1829 nació en Cabeza de Buey (Badajoz), hijo de profesor de latín, y en 1872 fue a estudiar a Salamanca, en 1777 empezó Artes en el colegio Mayor Calatrava, en 1778-1783 estudió teología y filosofía en la Universidad de Salamanca, donde fue profesor de filosofía sustituto en Salamanca en 1784, y se hizo sacerdote en 1786. Fue rector en 1787-1789 y acudía a las tertulias de Ramón de Salas. En 1789 abandonó la Universidad para dedicarse al convento, pasando a Villafranca del Bierzo en 1791. En 1792 fue a Madrid e intentó una capellanía en San Isidro, pero fracasó (fue para una recomendación de Godoy). El marqués de Villafranca del Bierzo le concedió una canongía en una colegiata, y eso le sirvió para vivir independiente. Vivió los sucesos de mayo 1808 en Madrid de forma activa, y pudo constatar que los españoles aprovechaban los desórdenes para asesinar a sus rivales, y que deseaban matar de forma absurda. En 1810 fue diputado por Extremadura. Los absolutistas de Badajoz pusieron reparos a su elección, porque sabían que era liberal. Hizo el discurso inaugural en las Cortes de Cádiz. Era un hombre de semblante agradable, cara simpática, reposado de ademanes, afable en el trato y vestido con el hábito sacerdotal. Eso atraía a mucha gente a sus discursos (ver el texto principal de este mismo capítulo, pg. 10, para conocer sus ideas). También, el 2 de marzo de 1811, fue ponente de la comisión redactora de la constitución de 1812. Puso en las Cortes una bandera con dos bandas rojas y una central amarilla, las tres de igual anchura, que fue luego tomada por la bandera liberal en 1820 y la adoptó la Milicia Nacional. En 1813 propuso que las Cortes abandonaran Cádiz, debido a la epidemia de fiebre amarilla que estaban padeciendo desde 1810. En 1814 sería detenido. Ingenuamente, organizó una Comisión de perjudicados pro la represión y envió un escrito en el que exigía la restitución de su honor, la libertad y una indemnización. En 1816 fue recluido en el convento de San Francisco en Erbón, cerca de Padrón. En 1820-1823 volvió a la política activa, volvió a ser diputado por Extremadura y fue presidente de la Comisión Permanente de las Cortes. En un nuevo gesto de ingenuidad, el Gobierno liberal solicitó del Papa en enero de 1821 que José Espiga fuera nombrado arzobispo de Sevilla, y Muñoz Torrero obispo de Guadix, petición que el Papa no aceptó. A fines de 1821 perdió el acta de diputado y en febrero de 1822 comenzó el triunfo de los exaltados. Muñoz Torrero se retiró a su colegiata de Villafranca. En 1823 huyó a Portugal, en pueblos cercanos a Badajoz, pero entonces triunfó Miguel de Portugal, y éste reclamó a Fernando VII la persecución de los liberales portugueses en España, a cambio de la persecución de los españoles en Portugal, y Muñoz Torrero decidió ir a Lisboa, que le parecía más seguro, e incluso podría embarcar y huir. Pero los realistas portugueses le estaban esperando en Lisboa y le encerraron de nuevo en San Julián de la Barra (Lisboa). El alcaide de la fortaleza, José Téllez Jordán, torturaba a los presos y Muñoz Torrero tuvo dos ataques de apoplejía. Al final, el alcaide le ató los pies y le arrastró de la cuerda escaleras abajo hasta morir, el 3 de marzo de 1829.

 

 

[10] Pedro Inguanzo y Rivero, 1764-1836, estudió en los benedictinos de Llanes y en el convento de San Pablo, en Palencia, en 1775-1780, y Derecho en Oviedo. En 1785 fue secretario del arzobispo de Sevilla, Marco de Llanes, y se doctoró en Derecho Canónico. En 1792 volvió a Oviedo. En 1797 fue a Madrid y se mostró de ideas jansenistas. En 1798 era gobernador de la diócesis de Oviedo. En 1809 trabajó para la Junta Suprema de Asturias en Gracia y Justicia. En junio de 1811, como diputado por Asturias, se opuso a todas las iniciativas liberales, defendió la Inquisición los privilegios de la Iglesia y la obligatoriedad de la religión católica. En 1814 fue obispo de Zamora, ordenándose sacerdote en el mismo acto. Denunció a muchos diputados de Cádiz liberales, lo que parece que fue su principal mérito para ser nombrado obispo. En 1820 se negaba a firmar la constitución, pero la juró tras pedírselo el nuncio. En agosto de 1824 fue arzobispo de Toledo, Consejero de Estado y Cardenal, académico de Historia, consejero de Estado… En 1826 pedía Cortes y cayó por ello en desgracia, retirándose a Santander, y en 1833 a Toledo. En 1833 se opuso a que Isabel II fuera la heredera del trono, pero Fernando VII le encargó que los obispos juraran fidelidad a Isabel II, a lo que Pedro Inguanzo se excusó, y él mismo se negó a jurar. Acabó jurando. No confundirlo con Pedro Rivero, diputado por Toledo en 1808 y ministro interino de Estado en octubre de 1809.

[11] Juan Pablo Valiente Bravo, 1740-1817, había nacido en Huelva y fue catedrático en Sevilla, intendente de Hacienda en Cuba, y Consejero de Indias en 1794. Se le acusaba en los mentideros de haber llevado la peste de fiebre amarilla a Cádiz en 1800. En junio de 1808 juró la constitución de Bayona. Luego se pasó a los patriotas de Cádiz. Fue diputado por Sevilla en 1810 y provocó un gran escándalo en las Cortes el 26 de octubre de 1811. No firmó la constitución. En 1814 se puso al servicio de Fernando VII.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *