EL GOBIERNO CÁNOVAS DE DICIEMBRE DE 1875.

 

Concepto clave: Cánovas.

 

Cánovas se proponía dos objetivos a corto plazo: la aprobación de una nueva Constitución, cuyas líneas básicas ya tenía perfiladas, y la conformación de un gran partido conservador canovista, con una oposición manejable desde el partido conservador, pero creíble ante los españoles, de modo que desaparecieran los golpes de Estado y hubiera más estabilidad de Gobiernos.

 

 

Gobierno conservador de Cánovas,

 2 diciembre 1875 – 7 marzo 1879

 

Presidente del Consejo, Antonio Cánovas del Castillo / 8 de agosto 1876: Manuel Orovio Echagüe, interino / 6 de septiembre 1876: Antonio Cánovas del Castillo.

Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera / 14 enero 1877: Fernando Calderón Collantes marqués de Reinosa / 30 de julio 1877: Manuel de Orovio, interino / 30 agosto 1877: Fernando Calderón Collantes / 6 de enero 1879: Saturnino Álvarez Bugallal.

Estado, Fernando Calderón Collantes, marqués de Reinosa / 14 enero 1877: Manuel Silvela de le Vielleuze / 11 de julio 1877; Cristóbal Martín de Herrera, interino / 13 de agosto 1877: Manuel Silvela de le Vielleuze / 28 de julio 1878: Francisco Queipo de Llano, conde de Toreno, interino / 3 de septiembre 1878: Manuel Silvela de le Vielleuze.

Fomento, Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, VIII conde de Toreno[1].

Ultramar, Adelardo López de Ayala / 10 de agosto 1876: Cristóbal Martín de Herrera, interino / 13 de septiembre de 1876: Adelardo López de Ayala / 22 de noviembre 1876 Cristóbal Martín de Herrera, interino / 14 de enero 1877: Adelardo López de Ayala, interino / 10 de enero de 1878: Antonio Cánovas del Castillo, interino / 14 enero 1877: Cristóbal Martín de Herrera / 12 de febrero de 1878: José de Elduayen Gorriti, marqués de Pazo de la Merced / 4 de septiembre 1878: Antonio Cánovas del Castillo, interino / 21 de octubre 1878: José de Elduayen Gorriti.

Gobernación, Francisco Romero Robledo / 16 agosto 1876: Francisco Queipo de Llano, conde de Toreno, interino / 8 de septiembre 1878: Francisco Queipo de Llano, interino / 11 de septiembre 1878: Francisco Romero Robledo

Hacienda, Pedro Salavarría Charitu / 20 de junio de 1876: José García-Barzanallana y García Frías / 22 de junio 1876: Antonio Cánovas del Castillo, interino / 25 de julio 1876: José García-Barzanallana y García Frías / 11 de julio 1877: Manuel de Orovio Echagüe, marqués de Orovio.

Guerra, Joaquín Jovellar Jover (o Soler) / 21 diciembre de 1875: Francisco de Paula Ceballos y Vargas, marqués de Torrelavega / 16 febrero 1876: Antonio Cánovas del Castillo / 20 marzo 1876: Joaquín Jovellar Soler /  6 septiembre 1876: Marcelo Azcárraga Palmero, interino / 27 septiembre 1876: Joaquín Jovellar Soler.

Marina, Santiago Durán Lira / 16 de febrero 1876 a 20 marzo de 1876: Antonio Cánovas, interino / 20 de marzo de 1876: Santiago Durán Lira /  1 de abril 1876: Juan Bautista de Antequera Bobadilla / 1 de agosto 1876: Francisco de Paula Cevallos y Vargas, marqués de Torrelavega, interino / 31 de agosto de 1876: Juan Bautista de Antequera Bobadilla / 24 de febrero de 1877: Francisco de Paula Cevallos y Vargas, interino / 6 abril 1877: Juan Bautista de Antequera Bobadilla / 23 de septiembre 1877: Francisco de Paula Pavía y Pavía.

 

 

El discurso de la Corona.

 

Cánovas redactó el Discurso de la Corona, y el Rey dijo que había que olvidar los enfrentamientos del pasado, sin renunciar por eso cada uno a sus aspiraciones doctrinales, y había que crear un sistema en el que cupieran todos y hubiera coparticipación. Garantizaba que a nadie se le prohibiera expresarse y defender sus ideas. Mostró su voluntad de resolver los problemas de cada día por encima de la defensa de los sistemas teóricos generales. Cánovas expuso la “teoría de las verdades madres”, o principios que todos tenían que respetar y bajo los cuales cabría todo, la monarquía hereditaria, y la cosoberanía del Rey y las Cortes,

La contestación al mensaje de la Corona la inició Alejandro Pidal, hijo de Pedro José Pidal Carniado, un joven que entonces tenía 30 años y lucía una larga barba negra. Era el líder de los integristas católicos. Alejandro Pidal anunció un nuevo moderantismo, la Unión Católica, un partido católico al que auguró muchos seguidores puesto que España era católica y tradicionalista. Alejandro Pidal aprovechó para atacar a Cánovas, al que llamó oportunista por aceptar en su partido a gente procedente de diversos partidos e ideologías, y le llamó utópico por difundir la idea de que gentes de diversas opiniones pudieran tener razón todos a la vez en una discusión. A continuación, pidió hombres consecuentes con sus propias ideas, aunque discutieran a veces por ello, pero que estuvieran dispuestos a pactar, cediendo todos en algo en sus convicciones. Dijo que “prefería al asesino que hundía un cuchillo en el pecho de la víctima, al médico que se sentaba en la cabecera del enfermo a ver si sus remedios lograban una convalecencia”.

El republicano Emilio Castelar argumentó en aquella ocasión, que no tenía sentido poner límites a los términos de una discusión, pues sus creencias más íntimas, las republicanas, quedaban prohibidas en el nuevo sistema que se pretendía imponer, y dijo que era absurdo poder discutir de Dios y de su papel en la sociedad española del momento, y no poder discutir acerca del Rey, como querían hacer los republicanos. Decía Castelar, que la selección de libertades que había hecho Cánovas era artificial, y pedía libertad, democracia y “otra cosa”, que todos entendían qué era.

Cánovas salió a contestar a Alejandro Pidal y a Emilio Castelar. Acusó a Pidal de retrógrado, de ignorar la realidad española de los últimos cincuenta años, de no ser en realidad un liberal, de no ser un moderado, de vivir en la Edad Media. Pasó luego a contestar a Castelar y en su argumentación, defendió la monarquía constitucional, una monarquía que no dependía del voto de las Cortes de cada momento, como pasaría con un Presidente de República, sino que fuera garante de la Constitución y del mantenimiento del liberalismo. Dijo a continuación que las Constituciones no pueden hacer Reyes, pero los Reyes podían hacer Constituciones cuando colaboraban con las Cortes, como ya sucedió en Cádiz en 1812. Le dijo a Castelar que, aceptar la monarquía no era mengua alguna de la libertad, porque una monarquía podía admitirlo todo, todas las ideas que también pudiera admitir un Presidente de República.

Castelar se quejó de la falsedad del sistema, pues prohibía ideas republicanas, aun diciendo que estaba abierto a todas las ideas.  Castelar no estuvo de acuerdo con las ideas de Cánovas, pero sucedió que Sagasta se manifestó de acuerdo, y Cánovas sintió una gran alegría. De todos modos, pasado el momento, se percibió entre los políticos que el tema era complicado, y Cánovas procuró que no se volviese sobre el tema de Monarquía o República, excepto cuando se discutieron los artículos constitucionales referentes a la monarquía, en los que no había más remedio que abordar el tema.

 

 

La convocatoria a elecciones.

 

Cánovas decidió que las elecciones se harían de forma fraudulenta, como se venían haciendo durante todo el siglo XIX. Se encargaron las elecciones a Romero Robledo, el experto en manipulación de elecciones. Necesitaba un Parlamento a la medida para su proyecto político.

El 21 de diciembre de 1875, Francisco Romero Robledo Ministro de Gobernación, emitió la consabida circular a los Gobernadores Civiles provinciales, como se venía haciendo en todas las elecciones desde 1833: en público, aseguraba la neutralidad del Gobierno, pero en privado, les exigía a los Gobernadores que salieran elegidos diputados monárquicos y constitucionales.

El 26 de diciembre de 1875, la Junta Directiva del Partido Constitucional, el de Sagasta, aconsejó a sus comités la participación abierta y activa en las próximas elecciones. Ello garantizaba estabilidad al sistema.

El 31 de diciembre de 1875 se hizo la convocatoria de nuevas elecciones generales para 20 de enero de 1876,  debiéndose reunir las nuevas Cortes el 15 de febrero de 1876. Las elecciones serían por sufragio universal “por esta sola vez”, y porque así lo había pactado el Gobierno Jovellar.

La gran trampa electoral, fue en esta ocasión más complicada que en otras ocasiones: se pactó con Sagasta el número de diputados que tendría cada uno, Cánovas y Sagasta. Sagasta aceptó, lo cual parece increíble en Sagasta, pero ocurrió. En el pacto entre Cánovas y Sagasta, se eliminó a los moderados católicos integristas, opuestos a las ideas de Cánovas que, una vez apartados del poder, perdieron cohesión y acabaron por disolverse en 1883. Se dice que nunca hubo en España tanta manipulación electoral como en 1876.

El sistema de manipulación más utilizado fue lograr que en muchos distritos sólo se presentase un candidato, con lo cual se aseguraba su elección, pues no se celebraban elecciones de ningún tipo y el candidato era proclamado automáticamente. El candidato no siempre era canovista, sino que siguiendo lo pactado, a veces era sagastino. La situación se forzaba incluso contra los seguidores de Cánovas del Partido Moderado, cuando ello estaba pactado así para ese partido judicial. Los candidatos habían sido designados previamente por el Ministerio de Gobernación y no había lugar a rectificaciones.

El pacto no era conocido por los militantes de los partidos: ante la llegada de instrucciones electorales de Romero Robledo a los Ayuntamientos, los del Partido Constitucional de Sagasta protestaron, y pidieron a Sagasta la posición de retraimiento, pero Sagasta les ordenó continuar la política de participación. Sagasta estaba cumpliendo su parte del pacto con Cánovas. Los republicanos, que no se beneficiaban del pacto, se retrajeron. Los carlistas estaban en guerra y no participaban en elecciones.

Los “moderados” católicos, miembros del antiguo partido moderado pero muy de derechas e integristas, tomaron como tema principal de su campaña electoral la tolerancia de cultos que Cánovas había prometido y ellos consideraban perniciosa. Querían catolicismo obligatorio como religión de Estado.

 

 

Las elecciones de 20 de enero de 1876.

 

En 20 de enero de 1876 hubo elecciones constituyentes. Las fuentes oficiales, Romero Robledo, dijeron que había votado el 55% del censo electoral. Creemos que votó realmente el 35 o el 40%, y el resto fueron los amaños de siempre, las papeletas fantasma preparadas de antemano con las que votaban los muertos y los emigrados.

En Barcelona la abstención fue del 88%, y en Madrid del 67%. El abstencionismo general fue de cerca del 60%, porque el pueblo español no creía en lo que se estaba haciendo. Los españoles sabían lo que estaba pasando. No eran tontos.

Los canovistas comentaron, a posteriori, que echaban de menos que el electorado no les hubiese votado (se había retraído de ir a votar), pero la costumbre de que el Gobierno impusiera los resultados de las elecciones había acabado con la confianza de los españoles en la democracia. El problema no lo situaban los conservadores en el caciquismo, del que ni siquiera gustaban hablar, sino en el abuso de poder de las autoridades de Gobierno. Pero las elecciones de 1876, y las siguientes, fueron peor que las anteriores en cuanto a falseamiento electoral. Las declaraciones de limpieza eran pura retórica. Y la ley de 1878 no mejoraría las cosas.

Resultados: Salieron elegidos 391 diputados, de los cuales 333 eran para Cánovas. Era una amplia mayoría, superior a la absoluta de dos tercios, para poder aprobar sin problemas una Constitución.

27 escaños eran para Sagasta, un número significativo y suficiente para ser mayoría de la oposición.

12 escaños eran para los moderados intransigentes.

6 escaños eran republicanos, para premiar a los republicanos colaboradores con el sistema. Entre ellos estaba Emilio Castelar. Además, ello daba apariencia de limpieza y legalidad.

7 escaños eran de independientes.

Y 6 escaños eran diputados sin clasificar.

Para dar apariencia de normalidad, se había dado un pequeño número de escaños a algunos moderados que todavía no se habían integrado en el sistema canovista, y otro pequeño número de escaños a los republicanos. Todo era una farsa.

Se consiguieron unas Cortes conservadoras, con mayoría absoluta amplia al servicio de Cánovas, que quedó muy satisfecho. Sagasta también estaba satisfecho por la eliminación de algunos moderados ultras.

Los moderados intransigentes, católicos, pasaban a ser la extrema derecha del nuevo Parlamento.

Los españoles permanecieron indiferentes, porque estaban acostumbrados a que siempre fuera lo mismo.

 

 

 

Las Cortes Constituyentes.

 

El 15 de febrero de 1876 se abrieron las Cortes constituyentes. Y el Gobierno les puso en las manos el anteproyecto constitucional de Cánovas.

Hubo debates en los temas que Cánovas decidió debatir. Los debates fueron “brillantes”, con todo tipo de argumentos filosóficos, religiosos, historiográficos y jurídicos. Y tras los debates, votaban todos, porque todos se sentían implicados por lo que habían afirmado en las discusiones y Cánovas les había concedido. Se decía brillante a un discurso muy bien elaborado, aunque no sirviese para nada en el devenir político del momento. Los políticos cayeron en la trampa de hacer buenos discursos, pero inoperantes. Triunfaba la erudición y la estulticia del lucimiento personal.

Los moderados dijeron que si se trataba de hacer una Restauración monárquica, se debía volver a las Constituciones dinásticas, es decir a la Constitución de 1845. Era absurdo volver a una Constitución que había demostrado su inutilidad para la democracia, y su utilidad para el autoritarismo y las tonterías de la Corona.

Los progresistas dijeron que se debía volver a la Constitución de 1869, la más avanzada que había habido en España. Bonita frase, pero que no tenía sentido en un Parlamento con el 85% de diputados moderados canovistas. El único sentido era hacer una loa a los progresistas.

Cánovas aprovechó para “hacer de hombre bueno” y decir que no iba a ir contra los unos ni contra los otros, sino partir de cero, es decir, hacer su propia Constitución, lo que tenía pensado desde el principio. Lo único positivo, lo obtenía Cánovas, y con ello, los muy sabios oradores, mostraban no ser tan sabios.

Se llegó a un consenso de Proyecto Constitucional el 25 de enero de 1876 entre Cánovas y los 39 notables que fueron elegidos por Cánovas y Sagasta para discutir el Proyecto. Las Cortes no tuvieron intervención en el proyecto, pero si en la discusión y aprobación.

Sacar adelante un buen Proyecto Constitucional era el único problema de Cánovas, pues Cánovas no tenía dificultades para la aprobación posterior de la Constitución, dada su mayoría absoluta amplia. Debía convencer a los 39 de la bondad de su Anteproyecto.

Cánovas tenía mayoría absoluta superior a dos tercios y podía hacer lo que quisiera en el texto constitucional, pero decidió que unos cuantos puntos fueran objeto de discusión y se aprobaran por consenso. Cuando se abrieron las Cortes, el 15 de febrero, ya estaba todo “cocinado” y listo para un golpe de horno final.

 

 

Las manipulaciones políticas de Cánovas.

 

En la segunda mitad de 1876 y una vez aprobada la Constitución, la principal preocupación de Cánovas fue configurar el partido de la oposición, lo cual era complicado por el hecho de ser Cánovas jefe de un partido, y ser él mismo quien quería organizar el otro, siendo éste uno de los puntos más complejos de esta época.

Cánovas empezó a negociar la formación de un partido alternante en el poder, hablando por una parte con los Constitucionales, que eran una alianza de la facción derecha de los progresistas con los unionistas hecha en 1871, con Serrano y Sagasta a la cabeza, y por otra parte con el Partido Radical, que era una alianza de la facción izquierda de los progresistas con los demócratas hecha en 1871 y dirigida por Manuel Ruiz Zorrilla.

Cánovas logró la escisión de los Constitucionales, pues mientras Sagasta defendía la continuidad de la Constitución de 1869, Manuel Alonso Martínez se prestó a colaborar en la creación de una nueva Constitución, como quería Cánovas. Cánovas se había llevado unos cuantos constitucionales a su  partido. Se había roto la unidad de la oposición, que se convertía en un grupo manejable a golpe de concesiones desde el poder.

 

 

La guerra carlista en 1876.

 

Un trabajo prioritario para Cánovas fue acabar con la guerra carlista, cosa que logró en febrero de 1876. En la segunda mitad del 1875, Martínez Campos atacó Olot. Posteriormente Cabrera, el viejo líder carlista que ahora residía en Londres, reconoció a Alfonso XII, lo cual era el final virtual para el carlismo. Los carlistas habían sido batidos por Jovellar en el Maestrazgo y por Martínez Campos en Olot (Gerona), y ambos generales coordinaron sus acciones para tomar Seo de Urgel (Lérida, al sur de Andorra) en agosto de 1875 y acabar con los carlistas catalanes. Una vez conseguido esto, Martínez Campos fue sobre Navarra, y Genaro de Quesada Matheus[2] sobre Vizcaya, tomando Irún y Elizondo.

Cuando los carlistas se estaban retirando, Alfonso XII anunció que el Rey se ponía al frente del ejército, 16 de febrero de 1876. El 18 de febrero Alfonso XII llegó al frente. El 19 de febrero, Primo de Rivera tomó Estella. El 20 de febrero tomaron Tolosa (Navarra). Los carlistas ya sólo dominaban el Pirineo navarro y estaban en las mismas condiciones en las que habían iniciado la guerra.

La noche del 27 al 28 de febrero de 1876, el líder carlista Carlos VII durmió en Burguete, en la frontera de Navarra con Francia, y en la madrugada del 28 de febrero cruzó Roncesvalles camino de Francia y siguió el camino de Ibañeta, Varcarlos y Arnéguy.

Alfonso XII proclamó el 28 de febrero de 1876 la victoria. Efectivamente, en aquellos días y por orden de Cánovas, Alfonso XII estuvo en Irún, Tolosa y Estella, cosa que prestigiaba al nuevo monarca, pues aparecía en la prensa como el vencedor de los carlistas.

Las guerras carlistas acabaron para siempre. El carlismo se había mantenido por haber sido una fe, la católica, y no había otra explicación a que perdurase desde 1833 con derrotas continuas.

 

 

La obra legislativa de Cánovas,

 

La actitud de Cánovas no iba contra los católicos: La Real Orden de 23 de octubre de 1876 de Presidencia del Consejo, instruyó a los Gobernadores Civiles para favorecer la opinión de las autoridades religiosas católicas en materia de tolerancia religiosa. En consecuencia, no se tolerarían manifestaciones, procesiones y letreros en la calle ofensivos a los católicos. A pesar de esta Real Orden, el clero siguió lamentándose muchas décadas de la actitud de los Gobiernos, pero los problemas políticos religiosos desaparecieron hasta 1899.

A lo largo de los periodos legislativos de 1876, 1877, 1878 y 1879, las Cortes debatieron muchas Leyes:

Ley electoral de Senadores.

Ley de reuniones públicas.

Ley de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales reformando la de 1870.

Ley de incompatibilidades y reelección de Diputados.

Ley de Procedimiento contra las autoridades y sus agentes.

Ley de ensanche de las poblaciones.

Ley de propiedad intelectual.

Ley de expropiaciones forzosas.

Ley de protección a los niños.

Ley de caza.

Ley de creación de Escuelas Agrícolas.

Ley de arreglo de la deuda flotante del Tesoro.

Toma de un empréstito de 25 millones de duros para sufragar la guerra de Cuba.

Reforma del Código Penal.

Reforma de la Ley Hipotecaria.

Ley Orgánica del Ejército y de la reserva militar.

Supresión de los fueros vascos.

Fijación de las fuerzas militares de tierra y de mar.

Restablecimiento de la Guardia Rural.

Tratados de Comercio con Bélgica, Portugal y Rusia.

Leyes Electorales de 1877 y 1878, que eran tres leyes que derogaban el sufragio universal.

Ley de presupuestos del Estado de 1876.

La Ley de modificación de la situación administrativa de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que fue de las primeras en discutirse. Las Provincias Vascongadas se asimilaban al resto de España en cuanto a servicio militar, pero no en contribuciones, y se asemejaron desde entonces a Navarra. La Ley de Presupuestos de 1876, unificó en este tema Navarra al resto de España. Se mantuvo la cuota única fija, pero se aumentó su cuantía respecto a 1841.

 

 

El foralismo vasco.

 

En 1876, Cánovas se planteó el problema de los fueros vascos. Los fueros eran una reliquia del siglo XII, inaplicables en el siglo XIX. Pero los vascos habían aprovechado la Primera Guerra Carlista, acabada en un pacto favorable a los carlistas en 1839, para transformar los fueros en ventajas fiscales. En todo el Sexenio, nadie se había atrevido a decretar la unidad de leyes y territorio españoles, lo cual sería liberal y progresista, pero daría apoyos al carlismo, de nuevo en guerra, si se aprobaba. El carlismo defendía siempre los fueros, como base de su populismo en Navarra, País Vasco y Cataluña. Y además, el problema del cantonalismo inutilizaba a todos los Gobiernos del Sexenio, pues era un conflicto muy serio que amenazaba con una gran catástrofe económica generalizada.

En 1876, cuando el carlismo fue de nuevo derrotado, los vascos dijeron que no se debía confundir el carlismo con el foralismo. Cánovas pensaba que el problema era uno sólo.

El 6 de abril de 1876 se decretó la modificación de los fueros vascos, que habría de discutirse en los próximos días con Navarra y País Vasco. Se modificaba la ley de 16 agosto de 1841. Se argumentaba que la Constitución de 1845 obligaba a todos los españoles a contribuir por igual al Estado y que la ley de 25 de octubre de 1839 permitía modificar los fueros cuando fueran inconstitucionales.

En abril de 1876, una Real Orden recabó para el Rey el nombramiento de los comisionados previstos en otra ley de 1839 para estudiar el problema vasco, y que no se había estudiado nunca. Los comisionados hicieron planteamientos en los que afirmaron la legalidad de los fueros.

Así se elaboró una Ley el 21 de julio de 1876 que supuso un cambio histórico para el País Vasco y Navarra: fue la exigencia de que los vascos hicieran la mili como el resto de lso españoles, y pagaran impuestos como el resto de los españoles, lo que afectaba a las minas, la sal y el uso de papel timbrado. También se suprimieron los organismos forales, la peculiaridad administrativa de poder hacer sus propias reformas fiscales, hacerse cargo del bienestar de los vascos al margen del resto de España, y atender a su propia seguridad. A este Ley de 21 de julio de 1876 se la llama de Ley de Supresión de los Fueros Vascos.

Los vascos protestaron, pero Cánovas se mostró intransigente: En 1877, se suprimieron las corporaciones forales, unas por propia voluntad y otras por decreto. En 28 de febrero de 1878, el Estado delegó la recaudación fiscal y la Administración en las Diputaciones vascas, pero por delegación, y de este modo, quedaban igualadas jurídicamente al resto de las Diputaciones Provinciales españolas. Se fijó el cupo que debían pagar cada año los vascos. Y el arreglo conseguido fue llamado “el concierto vasco de 1878”. No eran los fueros, pero era una situación de privilegio delegada desde el poder central.

La situación era ventajosa para los vascos e, inmediatamente, Cataluña pidió otro “concierto” similar para Cataluña, pues los vascos pagaban menos impuestos que el resto de las Diputaciones españolas. La igualdad jurídica no era igualdad económica. Se estaba haciendo una excepción tributaria, escondida por la fraseología jurídica como compatible con la igualdad. Y lo más sangrante desde el punto de vista liberal, era que las regiones más ricas eran las que menos contribuían en proporción al Estado.

Cánovas era consciente del problema: Los presupuestos de 1876 preveían la paulatina aproximación de los impuestos vascos y navarros con los del resto del territorio español, en materia de inmuebles, agricultura y ganadería. Navarra protestó y recordó el pacto de 1841 cuando se les garantizaban impuestos bajos. Y Cánovas contestó que “las Cortes con el Rey” tenían derecho a legislar sobre Navarra. Navarra no quiso entrar en confrontaciones mayores y negoció un nuevo acuerdo al que se llamó “cupo navarro” y se firmó el 14 de febrero de 1877. En este Cupo, se elevó la contribución de los navarros al Estado español, pero seguían sin pagar tanto como el resto de los españoles. Era el segundo territorio con impuestos bajos. Y ello era un problema moral porque los regiones ricas como País Vasco y Navarra, pagaban menos impuestos que las regiones pobres, a lo cual se quería sumar Cataluña, la otra región rica de España.

Todas las demás regiones españolas pidieron conciertos, lo cual era absurdo, pues no era posible que todas pagasen menos impuestos que los demás. Y en caso de suprimir impuestos, lo que no es viable es el Estado.

El nacionalismo vasco se radicalizó entonces, a partir de 1876, año en que se sintieron agraviados por tener un trato como los demás peninsulares. Los ayuntamientos vascos se negaron a llamar a quintas, y presentaron su dimisión, y fue muy difícil imponer la igualdad ante la ley.

La supresión de fueros vascos y navarros no fue total pues se conservaron algunas particularidades de derecho civil y se hizo un concierto especial con Navarra. La supresión no fue tan mal negocio para los vascos y navarros en lo económico, pues los fueros fueron sustituidos por conciertos económicos con las Diputaciones Provinciales, muy favorables a los vascos y navarros, pues tenían autonomía fiscal.

El 10 de mayo de 1877, una Real Orden igualaba el Señorío de Vizcaya con el resto de las provincias españolas, pero con un sistema de conciertos económicos que hacían de ese territorio algo distinto al resto de España.

La Ley Provincial de 1882 dispuso que las tres Diputaciones Vascas tuvieran las mismas atribuciones todas ellas, las anteriores a 1878 y las posteriores a esta fecha.

En 1893 se volvió a plantear que Navarra tenía que pagar más impuestos y se le ofreció negociar. El hecho de que un poder central negocie con una región los impuestos que se le van a cobrar, es objetivamente una afrenta para todas las demás regiones de ese Estado. Y el resto de los españoles alegaba que Navarra ya no era la provincia derrotada en 1876 a la que había que ayudar. Los Ayuntamientos navarros enviaron sus protestas a las Cortes y recogieron 120.000 firmas de apoyo. El Ministro Gamazo les sometió a nuevos impuestos, los iguales al resto de España, y Navarra se negó a pagarlos y dijo que aquello era “la gamazada”. Entonces, Gamazo se vino abajo y cometió el error de decir que Navarra era autónoma y podía negociar los impuestos. Navarra utilizó “la gamazada” para constituir un Consejo Administrativo de Navarra compuesto por: los delegados de los Ayuntamientos; delegados de las corporaciones navarras; y los mayores contribuyentes, al cual Consejo le atribuyó función asesora y fiscalizadora, funciones que no eran ilegales. Este Consejo Administrativo se llamó después Consejo Foral y desde 1979 se llama Parlamento Foral de Navarra.

En 1924, Primo de Rivera volvió a insistir en la desigualdad de los españoles negociando con los navarros el Estatuto Municipal. El problema político es la voluntad no enfrentarse a los que protestan, aunque haya que ceder derechos de los españoles a cambio, en aras de la estabilidad del poder constituido en Madrid. Y en 1927, Primo de Rivera volvió a negociar la subida del “cupo”. Pero siguió sin haber igualdad.

El concierto vasco subsistió hasta 1937, porque Franco se lo quitó a Guipúzcoa y Vizcaya, pero tuvo la debilidad de mantenerlo en Álava que se había declarado franquista en la guerra, y en Navarra, también franquista.

 

 

 

El plan político de Cánovas.

 

Cánovas se proponía hacer:

Una Constitución flexible y monárquica.

Una monarquía parlamentaria.

Vencer al carlismo.

Tender la mano al centro izquierda en el Congreso.

Alejar al ejército de la política, al menos de modo formal.

Conseguir el respeto para con la Iglesia católica.

Dotar al sistema de unos principios ideológicos básicos que debían ser el faro que dirigiera la política general, y que Cánovas llamaba “verdades madres”, las cuales eran indemostrables pero básicas: fe en la libertad humana, entender la soberanía como ejercicio de la voluntad, respeto a la propiedad individual, monarquía, soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.

Un sistema de ejercer el poder sustentado entre dos partidos intercambiables en el Gobierno, pero de signo político contrario. Ello no era un producto de la voluntad nacional sino una idea de Cánovas.

A pesar de todo lo dicho, Cánovas no era un tipo tan dominante como se esforzaba en parecerlo: Imponía la alternancia de partidos y quitaba el sufragio universal porque sí, porque era su idea. Pero es que tenía un esquema de funcionamiento de las instituciones, y de otro modo, no funcionaría su esquema. Cánovas creía en la “Constitución interna” de cada país, que había sido impuesta por la razón y por la historia, y que era superior y anterior a todos los textos escritos, y se había mantenido en el tiempo gracias al equilibrio entre la soberanía del Rey y la de las Cortes. La idea le venía de la observación del “constitucionalismo británico”, que no tiene Constitución, pero funciona cono si la tuviese, porque respeta sus viejas costumbres y su pasado histórico.

 

 

El exilio de Nicolás Salmerón.

 

En 1876, Nicolás Salmerón se marchó a París. No volvió hasta 1883. Este profesor universitario, catedrático de Metafísica en la Universidad Central, se decepcionó al ver que Cánovas defendía privilegios de la Iglesia católica, sobre todo en la enseñanza, y defendía la monarquía a todo trance, a pesar de la inmoralidad manifiesta en los últimos Reyes. En principio, fue confinado en Lugo y suspendido de empleo y sueldo. Y el 25 de agosto de 1876, firmó un Manifiesto Fundacional del Partido Republicano Reformista en el que exponía los derechos fundamentales que se debían respetar, y entre ellos estaba la libertad religiosa, la supresión del Tribunal Especial de lo contencioso administrativo, el sufragio universal, el juicio por jurados, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita pagada por el Estado, la construcción de viviendas baratas para españoles con pocos recursos, la creación de bancos agrícolas… y un modo de Estado republicano unitario.

Este Manifiesto de Salmerón de 1876, fue muy importante en el la historia de España de los siguientes 60 años.

Luego se marchó a París, y desde el exilio de París, Salmerón aceptó la alianza de Ruiz Zorrilla, también exiliado, a pesar de que no compartía sus ideas: Ruiz Zorrilla se pasó su vida y se gastó su dinero en preparar conspiraciones republicanas. Y Salmerón no creía que la conspiración fuera el camino para instaurar una república duradera. Salmerón estuvo con Ruiz Zorrilla porque éste era el líder de la mayoría de los republicanos y, si llegaba a convencerle de abandonar el golpismo como método, podía ser un socio útil. También debía convencerle de que los republicanos no debían instaurar dictaduras, sino Gobiernos ordinarios democráticos.

 

 

POLÍTICA DE PACIFICACIÓN EN 1876.

 

En la política de pacificación social, llevada a cabo por Cánovas en 1876, hubo muchos campos de actuación: los anarquistas, los ultracatólicos, la Guerra Carlista, la Guerra de Cuba, los isabelinos, los militares ultras.

 

El anarquismo.

En 1876 se disolvió la Internacional Anarquista. Ese mismo año murió Bakunin. Pero el movimiento anarquista evolucionó hacia la violencia: En 1877, en el Congreso de Verviers, la internacional anarquista, o lo que quedaba de ella, adoptó la política de “propaganda de los hechos”. Decidió tomar represalias contra la persecución burguesa, y que las huelgas fueran todas revolucionarias. Los dirigentes se separaban así de la mayoría de los afiliados, los que no estaban por la violencia. Ello tendría repercusión en España en 1881, cuando se reconstituyera la Federación de Trabajadores de la Región Española.

 

El ultracatolicismo.

Un acuerdo con Roma legitimó la política de Cánovas y debilitó las posturas de los obispos más ultras, así como las del carlismo. Cánovas cedió a cambio la anulación del matrimonio civil. El 1 de enero de 1875, El Vaticano había recibido la comunicación del golpe de Estado en España. La prensa de El Vaticano reaccionó mal, pues L`Observatore Romano y La Voce Della Veritá eran ultramontanas y carlistas y explicaban que la Restauración española era obra de Bismarck en un intento de aislar a los carlistas españoles y ultracatólicos en general. El propio cardenal Antonelli tuvo que salir a desmentir a la prensa y decir que no compartía la opinión de los periódicos de El Vaticano. Cánovas llegó a estar en Roma 18 veces y a entrevistarse con Antonelli y con Pío IX varias veces, pero Cánovas no le cayó nada bien a Antonelli y sus negociaciones no progresaron, lo cual tuvo poca importancia porque Antonelli murió en 1876 y Pío IX en 1878, y las negociaciones se hicieron con otro Papa. En España, seguía vigente el Concordato de Isabel II de 1851[3].

En 1877, el carlista Luis de Trelles Noguerols, alias Vilademuls, fundó Adoración Nocturna Española, un órgano al servicio del integrismo católico.

En febrero de 1878 murió el Papa Pío IX y fue sustituido por León XIII. La Iglesia española recibió el control de la enseñanza y de la familia (matrimonio religioso y cementerio católico) y se reconcilió con el Gobierno español.

 

Final de la Guerra Carlista.

El proyectado final de la guerra carlista fracasó en 1873 en Montejurra. Luego, Serrano fracasó en 1874, aunque levantó el sitio de Bilbao y publicó que había triunfado sobre los carlistas. Pero la realidad desmintió sus palabras y allí murió Manuel Gutiérrez de la Concha el 27 de junio de 1874. La coronación de Alfonso XII fue un golpe importante contra los carlistas, pues muchos legitimistas abandonaron la causa carlista y se pasaron a Alfonso XII.

Y ya en la segunda mitad de 1875, el Capitán General de Cataluña, Arsenio Martínez Campos, atacó Olot (Gerona) eliminando uno de los focos carlistas españoles. Cuando Cabrera, el líder carlista, reconoció en París a Alfonso XII, la causa carlista quedó muy tocada de nuevo. Jovellar pudo atacar El Maestrazgo, otro foco carlista, y pasar a Cataluña a ayudar a Martínez Campos, el cual decidió atacar el centro del carlismo, el País Vasco. Antes de fin de 1875 había tomado Irún y Elizondo. Primo de Rivera entró en Estella, la capital y sede del Gobierno carlista. Y el 28 de febrero de 1876, Carlos cruzó la frontera por Arneguy camino de Francia.

En 28 de febrero de 1876, Cánovas dio por terminada la guerra carlista. Oportunamente, Alfonso XII había sido llevado al País Vasco para estar presente en la victoria. El Rey volvió a Madrid, y 17 de marzo de 1876 fue recibido bajo arcos de triunfo y le fue otorgado el título de “El Pacificador”. Nadie recordaba al poco ese título del Rey.

El líder carlista Carlos VII abandonó España en febrero y fue a Francia, Inglaterra, Estados Unidos y México, buscando acogida, y volvió a Francia de nuevo. Allí se puso al habla con los republicanos de Ruiz Zorrilla para organizar juntos un levantamiento contra Alfonso XII. Extraño proyecto de alianza entre la extrema derecha y la extrema izquierda.

Los refugiados carlistas en Francia eran más de 20.000 y Francia les daba algún dinero, pero poco más que para comer. Al tiempo, Francia presionaba a España para que ésta concediera indultos y así quitarse el problema de los refugiados.

Cánovas, que nunca fue carlista, comprendía a los carlistas. Les respetaba porque tenían unas convicciones y luchaban por ellas y porque tenían una fe religiosa que él compartía. Cánovas creía que el carlismo era algo más que un litigio dinástico.

 

Política cubana de Cánovas.

La Guerra de Cuba había empezado en 1868 pidiendo independencia. Lideraban a los independentistas Máximo Gómez y Calixto García. Las ideas de estos señores estaban próximas a las de los demócratas.

Cuando el Gobierno de España anunció la abolición de la esclavitud, los empresarios cubanos organizaron un tercer Gobierno, contrario al español y a los independentistas citados. Eran muy conservadores y representaban el ala derecha de los moderados. Establecieron relaciones con generales españoles que habían estado en Cuba (conde de Valmaseda, Concha, Cheste, Caballero de Rodas, Martínez Campos) y con empresarios españoles que comerciaban exportando o importando productos con Cuba (Ferré i Vidal, Güell, Foxá). El asunto cubano era pues complicado.

En 1874 era Capitán General de Cuba José Gutiérrez de la Concha. En 1875 se había enviado a Cuba como Capitán General a Blas Villate de la Hera II conde de Valmaseda, un hombre duro y muy de derechas, que no pudo resolver la guerra empezada en 1869. Valmaseda había apoyado la coronación de Alfonso XII en diciembre de 1874, pero Cánovas se lo quitó de encima y le envió a Cuba, donde ya había estado como Capitán General en 1867 y en 1870-1872.

En 1874 y 1875, los rebeldes cubanos habían consolidado sus posiciones y Máximo Gómez había cruzado la trocha del centro de Cuba para llegar a Oriente. Valmaseda había fracasado y en enero de 1876 fue sustituido por Jovellar.

En 1876, el sector de los terratenientes cubanos esclavistas se sentía fuerte y fundó en Barcelona en septiembre de 1876 el Banco Hispano Colonial propiedad de Manuel Girona Agrafell y de Antonio López López, marqués de Comillas. Este banco nacía para prestar dinero al Estado español en su Guerra de Cuba.

 

Entre estos ricos terratenientes cubanos estaban:

Juan Manuel Manzanedo, marqués de Manzanedo y duque de Santoña.

José Güell y Renté, catalán nacido en La Habana en 1818, casado con la infanta Josefa, la hermana de don Francisco de Asís, el rey consorte, progresista en 1854.

Juan Güell y Ferrer, alfonsino convencido.

Julián Zulueta, vasco de Álava, gran propietario de esclavos productores de azúcar, primo de Pedro Zulueta empresario naviero y de Joaquín Zulueta que era banquero y comerciante de esclavos, y residía en Londres.

Antonio López y López de Lamadrid, marqués de Comillas gran terrateniente y propietario de esclavos. Su hijo se llamó Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas.

Manuel Girona Agrafell.

El marqués de Mariano.

Josep Xifré Downing había muerto en 1869. Su familia mantenía una considerable fortuna la cual había sido amasada por su padre, Josep Xifré Casas, un negrero cubano.

Los terratenientes cubanos tenían su propio ejército en Cuba, integrado por unos 30.000 hombres bien pagados y conocedores del terreno y de las personas que luchaban contra los rebeldes, y amenazaban al ejército regular español. Valmaseda no supo manejar la situación.

En 1876, la derrota de Carlos VII en el País Vasco y Navarra, permitió al Gobierno español enviar nuevas fuerzas a Cuba. Las mandaba Martínez Campos. Contaba con 70.000 hombres para doblegar a unos 7.000 insurrectos. Pero los insurrectos tenían apoyo popular, hacían tácticas de guerrilla y se confundían con la gente normal, y no era fácil acabar con ellos.

En 1876 se envió como Capitán General de Cuba a Joaquín Jovellar, que reagrupó las fuerzas españolas e inició una ofensiva que debía ser definitiva, y no lo consiguió.

Arsenio Martínez Campos, era el Jefe Militar, un hombre que prometía a todos lo que deseaban oír, pero que como militar era eficaz, y lo había demostrado en el País Vasco y lo seguiría siendo en Cuba. Combinó presiones militares con invitaciones a negociar. Prometió a los demócratas cubanos la abolición de la esclavitud, a los empresarios cubanos una plena representación en las Cortes españolas, y a todos en general les prometió una amnistía.

Y así se llegó a un acuerdo, la Paz de Zanjón de 10 de febrero de 1878. Martínez Campos concedía Cuba las condiciones políticas y administrativas que tenía Puerto Rico, lo que significaba abolir la esclavitud, concedió la amnistía total para civiles y militares comprometidos en la guerrilla, y prometió la manumisión de los esclavos que hubieran luchado en las filas rebeldes.

Esa paz terminaba con “la Guerra de los Diez Años”. Pero Martínez Campos no podía cumplir lo prometido, primero porque lo que prometía a unos era contradictorio con lo que prometía a otros, y segundo, porque el Gobierno español no podía admitir sin más sus condiciones.

La guerra de Cuba quedó como un asunto pendiente.

Maceo no aceptó la Paz de Zanjón y siguió luchando hasta mayo de 1878. Y en 1879 se reanudaría la guerra, la llamada Guerra Chiquita, porque duró un año.

 

Isabel II.

El complemento final de esta política de pacificación fue la paz con Isabel II. El 13 de octubre de 1876 regresó a Madrid Isabel II, aunque lo hacía de incógnito, sin celebraciones públicas.

 

La ultraderecha militar española.

La derecha más conservadora no se sumó a esta política de pacificación social: En 1877 apareció el periódico La Correspondencia Militar, un diario conservador, belicista y corporativista llevado por militares, que tenía 4 páginas y alcanzó los 16.000 ejemplares de máximo en 1913, 8 veces menos que el grande de por entonces que era La Correspondencia de España. La Correspondencia Militar se declaró germanófilo en 1914. En 1917 fue el órgano de expresión de las Juntas de Defensa. En 1928 se fusionó con El Ejército Español, periódico fundado en 1888, y pasó a llamarse La Correspondencia. Se hizo antirrepublicano y desapareció en 1936.

 

Remodelaciones de Gobierno de 1876.

La estabilidad del Gobierno no era completa, pues hubo remodelaciones:

Marina, en febrero cesaba Santiago Durán Lira y el 1 de abril de 1876 era reemplazado Juan Bautista Antequera Bobadilla.

Hacienda, cesaba Pedro Salavarría Charitu y el 20 de julio de 1876 le sustituía José García Barzanallana y García de Frías 1819-1903.

 

 

 

 

[1] Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, VIII conde de Toreno, 1840-1890, era hijo de José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno, el diputado de las Cortes de Cádiz, y Presidente en junio de 1835. Fue ministro de Fomento en diciembre de 1875, de Gobernación, de Fomento en marzo de 1879, de Estado en diciembre de 1879

[2] Jenaro de Quesada Matheus, 1818-1889, marqués de Miravalles, era hijo del general Vicente Genaro de Quesada, el cual había luchado contra los carlistas en 1833-1839. En 1853 había apoyado a Espartero, O`Donnell y Dulce en el golpe que triunfó en 1854, lo que le valió su ascenso a general. En 1868-1874 tuvo la convicción de que no debía apoyar a nadie, ni a constitucionales, ni a republicanos, y esta actitud le vino muy bien a Cánovas para nombrarle General en Jefe del Ejército del Norte, lo que le convertía en director de la guerra contra los carlistas. Su pasado no molestaba a ninguno de los partidos políticos. El 18 de enero de 1884, sería Ministro de Guerra.

[3] Los Concordatos de España con la Santa Sede son el de Fernando VI en 1753, el de Isabel II en 1851, y el de Franco en 1953.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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