EL GOBIERNO DE POSADA HERRERA EN OCTUBRE DE 1883.

 

 

Conceptos clave: el Gobierno de octubre de 1883, la cuestión del sufragio universal en 1883, la cuestión social en 1883, la Comisión de Reformas Sociales, la caída de Posada Herrera.

 

En 1883 se nombró Presidente del Consejo de Ministros a un manipulador de los caciques, José Posada Herrera. Estuvo tres meses en el Gobierno.

 

Gobierno de Posada Herrera[1],

          13 octubre 1883 – 18 enero 1884

 

Presidente del Consejo, José Posada Herrera, de Izquierda Dinástica.

Estado, Servando Ruiz-Gómez y González-Llanos

Gobernación, Segismundo Moret Prendergast

Hacienda, José Gallostra y Frau, 1833-1888

Fomento, Ángel Carvajal Fernández de Córdova, marqués de Sardoal.

Gracia y Justicia, Aureliano Linares Rivas

Guerra, José López Domínguez[2]

Marina, Carlos Varcálcel y Ussell de Guimbarda.

Ultramar, Estanislao Suárez Inclán.

 

Este Gobierno se originó por un viaje que Alfonso XII hizo a Alemania e hizo declaraciones que disgustaron a los fusionistas. Era un Gobierno sin apoyo de casi nadie y más bien de transición. Representaba una especie de trampa en el sistema de turno de partidos pactado entre Cánovas y Sagasta, ya que tras un Gobierno Sagasta, tocaba uno de Cánovas, pero Cánovas no quiso aceptar en 1883, y gobernó Posada Herrera, un hombre del partido de Sagasta.

 

 

La cuestión del sufragio universal.

 

Posada Herrera intentó algunas reformas militares como servicio militar obligatorio, la reforma de la Administración de Justicia y una Ley del Sufragio Universal.

Cuando Posada Herrera propuso el sufragio universal, se pudo comprobar el juego de la política: Posada Herrera lo hacía con la esperanza de ganarse a los progresistas, y tal vez convertirse con ello en el nuevo líder del Partido Liberal Fusionista. Sagasta se opuso al sufragio universal, idea que él mismo había propuesto hacía poco, porque no creía que fuera el momento oportuno, y por miedo a carlistas y republicanos. Decía que no era el momento de romper el Partido Liberal en un grupo de Sagasta y otro de Posada Herrera.

Como Cánovas también se oponía al sufragio universal, Posada Herrera no tuvo ningún éxito en su propuesta. Pero todo era un postureo político, pues Sagasta estaba de acuerdo con el sufragio universal y lo sacaría él mismo adelante siete años más tarde.

En realidad se trataba de una rivalidad entre Sagasta y Posada Herrera: Sagasta quiso demostrar que Posada Herrera necesitaba los votos de Sagasta para poder gobernar, y que no se podía gobernar en contra de los liberales. En enero de 1884, Sagasta derrotó a Posada Herrera y causó su cese. Se estaba votando el sufragio universal, y Sagasta obtuvo 221 votos en contra de esa ley, mientras Posada Herrera (Partido Liberal Conservador), más Izquierda Democrática y republicanos, que votaban a favor, sólo obtuvieron 126 votos.

Sagasta votó en contra del Gobierno, en contra de su mismo partido y en contra de una idea que él mismo defendía, Convenció a la mesa del Congreso de Diputados, la cual debía dar la respuesta al Discurso de la Corona.

En el debate subsiguiente al discurso de la Corona, Sagasta tenía derecho a la primera intervención.

Posada Herrera pidió a Alfonso XII disolución de las Cámaras, y el Rey no se lo concedió. En ello influyó mucho Cánovas, el cual comprendía que si se hacían “elecciones a medida” para Posada Herrera, éste sacaría mayoría e impondría el sufragio universal, que no estaba dispuesto a tolerar.

 

 

La cuestión social.

 

En 1883, el problema principal era la llamada “cuestión social”, un problema en el que Cánovas y Sagasta estaban de acuerdo, y ambos nos parecen hoy equivocados: según ellos, no se debía intervenir en las relaciones laborales desde el Estado. Esta equivocación llevó a que el asunto se transformase en el “problema social” por excelencia, por empobrecimiento extremo de obreros y asalariados, lo cual contribuyó a los desórdenes publicos y al terrorismo. Los anarquistas, favorecidos por este error gubernamental, que no era exclusivo de España, tuvieron éxito en el cambio de su doctrina bakuninista de predicar un igualitarismo, en que incluso los ricos saldrían beneficiados, a una doctrina kropockiniana de eliminación física de los ricos para traer el igualitarismo.

Entonces, Sagasta y Moret se dieron cuenta de que no hay libertad sin bienestar social y sin previo poder adquisitivo del sujeto que quiere ser libre.

 

 

         La Comisión de Reformas Sociales.

 

Antecedente inmediato de esta Comisión de Reformas Sociales, aparecida en 1890, había sido el Congreso Nacional Sociológico celebrado en Valencia en julio 1883 con colaboraciones de Salmerón, Castelar, Silvela, García Azcárate y Gabriel Rodríguez, que defendían que el Estado debía regular y legislar las cuestiones sociales. Se tiene a Gumersindo de Azcárate como el principal inspirador de esta doctrina social. Azcárate creía que la principal intervención social del Estado era mejorar la cultura entre las clases sociales bajas. Pero hubo otras aportaciones en las que se defendía que había que poner jurados mixtos, cajas de retiros, socorros para enfermos e inválidos, condiciones de trabajo mejores para mujeres y niños, cuidar la higiene y seguridad en el trabajo, hacer viviendas para los obreros, procurar una mejor alimentación… Estaban  adelantando la teoría de lo que un siglo después se conocería como “estado del bienestar”.

El 5 de diciembre de 1883, el Ministro de Gobernación, Segismundo Moret Prendergast, creó una “Comisión” para el estudio de algunas cuestiones sobre mejora del bienestar de las clases obreras agrícolas e industriales. Se nombró Presidente de esta nueva entidad a Cánovas.

Las cuestiones sobre las que debía meditar la “Comisión” eran: los jurados mixtos, la previsión social, el crédito agrícola, los terrenos comunales, el asociacionismo, la cooperación obrera, y las formas de vida de los distintos grupos sociales españoles. La Comisión trabajó en ello durante 1884 y 1885 y elaboró unos informes muy ilustrativos.

Tras estudiar los temas, esta “Comisión” tenía la función de presentar al Gobierno proyectos de mejora y bienestar de las clases obreras, agrícolas e industriales.

Se nombró Presidente de la Comisión de Reformas Sociales a Cánovas. Hay que tener en cuenta que se trataba de un Gobierno conservador. La Comisión se componía de 14 miembros, incluido el presidente, todos burgueses, extraídos de los partidos dominantes. En enero de 1884, al cambiar el Gobierno, la presidencia sería para Segismundo Moret.

Como se podía esperar de Cánovas y Sagasta, y de las condiciones reales del siglo XIX, la “Comisión” sirvió de muy poco en la práctica, pues hacía proyectos de ley (previsión social, regulación del trabajo de mujeres y niños) que las Cortes nunca aprobaban. Más bien se trataba de hacer como que estaban al día en una política social, simultánea y parecida a la de Bismarck y sus leyes del seguro de enfermedad de 1883 y de accidentes de 1884.

Pero la creación de la “Comisión” suponía un cambio importante en el ámbito de la política, la idea de que el Estado debía intervenir en asuntos económicos y sociales, pues los pobres, sin la debida tutela del Estado, no tienen libertad ante el empresario, ante el funcionario, ni ante la sociedad.

La “Comisión” representaba una idea mucho más moderna del modelo socioeconómico, la necesidad de un tercer interlocutor entre obreros y empresarios, el Estado, representado por la Comisión en sí misma. También constataba el atraso legislativo español en esta materia.

El grado de intervención del Estado en la defensa de los derechos del ciudadano será en adelante el nuevo problema a discutir, pues la excesiva intervención lleva a gastos superfluos patrocinados por diversos personajes políticos, lleva a la colocación de una clientela del partido político gobernante, al intento de perpetuación en el poder de gente con muy poca valía, pues los políticos profesionales se suelen interesar más en la persistencia en el poder que en solucionar las necesidades generales del país. La excesiva intervención estatal conduce a menudo a equivocaciones de campos de inversión, perduración de los errores gracias a las subvenciones del Estado, pues los encargados de planificar no valoran suficientemente la posibilidad de fracaso, dado que el gasto de inversión carga sobre hombros ajenos.

La no intervención del Estado en la inversión y en el mercado lleva al abuso de algunos empresarios, los cuales hacen subir los precios desmesuradamente, corrompen a los políticos, se sitúan por encima de la ley gracias a sus contactos, y rompen los equilibrios socioeconómicos necesarios para la existencia de un mercado fluido. El problema es que el precio de las cosas no lo ponen la mayoría de los fabricantes, ni la mayoría de los demandantes, sino que basta uno sólo por cada parte, para que el precio suba. En el campo de liza que es el mercado, las minorías pueden perjudicar gravemente a las mayorías, en condiciones de falta de regularización económica, o falta de vigilancia. Pero estas ideas no tendrán un defensor válido hasta Roosevelt 1932, es decir, 50 años más tarde.

Artola contaba una historieta aclaratoria de la no validez del liberalismo a ultranza: Dos niños se pegaron en el colegio. Uno era hijo de una familia pobre, y estaba delgado y con pocas fuerzas. El otro, hijo de un burgués, era fuerte, alto y entrenado en la lucha. El hijo del burgués le dio una paliza al hijo del obrero. Los compañeros fueron a socorrer al apaleado y le preguntaron que cómo se había dejado dar esa paliza. Y el apaleado contestó: “claro, es que él ha comido”.

En los finales del XIX se pensaba de otra manera en los temas sociales:

Los grupos conservadores defendían que la política social era un simple problema de orden público y que la misión del Estado era salvaguardar la libertad empresarial.

Los grupos progresistas defendían la idea de la necesidad de intervención de los sindicatos y partidos de oposición, presuponiendo que en ellos habría más moralidad que entre los gobernantes, una presunción que les hacía utópicos.

La “Comisión” fue reorganizada en 13 de mayo de 1890, para llamarla “Comisión de Reformas Sociales”, nombre por el que la conocemos hoy, estructurándola en Comisión Central, Comisiones Provinciales y Comisiones Locales, que recababan información sobre el estado de los trabajadores, y proponían iniciativas de ley para remediarlo.

La Comisión de Reformas Sociales se hizo, tras un periodo de desarrollo económico, 1874-1891, cuando empezaba la crisis, 1883-1891, momento en que se hizo más evidente que nunca hasta entonces la mala alimentación y malas condiciones de vivienda de los pobres. Casi nunca se la dotó de fondos, y lo que estamos contando es que en España había un planteamiento más bien teórico y nada práctico.

De todos modos quedaba abierto el tema para que en 1903 hubiera en España un Instituto de Reformas Sociales, en 1908 un Instituto Nacional de Previsión y en 1920 un Ministerio de Trabajo.

En 1903, el Instituto de Reformas Sociales estudiaría, más que nada, problemas de trabajo. Recomendaba inspectores para los centros de trabajo y también arbitrajes en los conflictos laborales, a través de unas Juntas Locales y unas Juntas Provinciales de Reformas Sociales. Y también fue poco efectivo. Las reformas sociales importantes en materia laboral en España son el Instituto de Previsión de 1908, obra del conservador Antonio Maura, el Ministerio de Trabajo de 1920, obra del conservador Eduardo Dato, el Seguro Obligatorio de Enfermedad SOE, obra del franquista José Antonio Girón en 1943, y la atención a la tercera Edad del miembro del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) de 14 de diciembre de 2006.

 

 

El tema carcelario.

 

Una idea nueva, difícil de asumir en España, era el concepto de cárcel como centro corrector de conductas, lo cual justificaba la privación de libertad. La idea había sido lanzada por los cuáqueros de Filadelfia (Estados Unidos), que pusieron celdas individuales en donde a los presos les fuera posible el arrepentimiento. El modelo fue cambiado más adelante a celda individual de noche, y trabajo colectivo de día, por Huburn. Europa lo adoptó como “un sistema progresivo” entendiendo por ello disminuir la intensidad de la pena a medida que el delincuente mostraba arrepentimiento. Estos nuevos sistemas liberales sustituían al viejo modelo de la Edad Moderna de pagar al Estado el mal hecho, con servicios colectivos como galeras, minas u obras públicas.

En 1903 se programó el sistema tutelar correccional o tratamiento individual del recluso, y se creó la Escuela de Criminología. En 1914 se produjo la Ley de Libertad Condicional, como modo de reinserción del penado en la sociedad.[3]

 

 

Reacciones de la izquierda

     ante la Comisión de Reformas Sociales.

 

El PSOE aceptó colaborar en la Comisión de Reformas Sociales, Jaime Vera escribió un informe para la Agrupación Socialista Madrileña, y Pablo Iglesias hizo un informe para la Asociación del Arte de Imprimir. Como en 1883 había muerto Carlos Marx, la interpretación directa de la ortodoxia marxista ya no era posible.

En 1884 la Agrupación Socialista Madrileña encargó un informe al médico salmantino Jaime Vera a fin de contraponerlo al que estaba haciendo el Gobierno español a través de la Comisión de Reformas Sociales. Es el más famoso escrito marxista español. Vera sabía alemán y era capaz de traducir a Marx sin paso previo por el francés como se venía haciendo. Esto significó que los socialistas españoles establecieron un contacto no intuitivo con la realidad marxista. Vera, en su informe, descartaba la acción revolucionaria por no estar madura para ello la sociedad española, y se inclinaba por una acción política de difusión de la teoría socialista a través de la prensa, de las campañas electorales y de las asambleas de trabajadores, a fin de lograr esa deseada madurez. Desconocemos lo que pensaba Vera sobre la Comisión de estudios sociales que estaba llevando a cabo el Gobierno.

La nueva concepción del Estado, representada por la Comisión de Reformas Sociales, fue apoyada por los krausistas, algunos grupos católicos-sociales y algunos liberales regeneracionistas. Pensaban que era preciso un ambiente de concordia social en la empresa y no uno de enfrentamiento permanente, y ese ambiente debía ser logrado por el Estado. Por tanto, era preciso que una comisión se encargase de estudiar qué aspectos de la vida laboral eran los que debían ser abordados por el Estado y de qué manera. En medio de la política española de final de siglo, esta comisión no dio ningún fruto práctico inmediato, pero sí preparó unos informes, que fueron utilizados en 1903 para crear el Instituto de Reformas Sociales.

Los anarquistas decidieron boicotear a la Comisión de Reformas Sociales. Y la izquierda en general, se opuso a colaborar en este organismo porque venía propuesto por la derecha.

 

 

Caída de Posada Herrera.

 

En los últimos meses del Gobierno Posada Herrera, la situación política era muy complicada porque la mayoría de las Cortes era dominada por Sagasta y no por Posada Herrera. Además, en el Gobierno había muchos hombres de Izquierda Dinástica, más a la izquierda que el Partido Liberal Unionista. El aglomerado de los unionistas estaba perdiendo cohesión interna y cada familia política estaba al servicio de su jefe de filas. Lo que buscaba cada líder de una familia política, eran carteras ministeriales, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, es decir, puestos para colocar a los suyos y tener así una clientela política mayor. Y además, el dominio de las instituciones, les proporcionaba dádivas de los caciques que pedían favores.

En adelante, la estabilidad de los Gobiernos no se lograría con tener mayoría en las Cortes, pues las distintas familias políticas de esa mayoría podían votar en contra del Gobierno, sino que la mayoría se debía hacer a base de conversaciones y tratos entre los líderes de las distintas facciones. Todo era un complicado nudo de promesas y cesiones entre líderes, y muchas veces, lo que se daba a uno, encolerizaba al otro, con el peligro de que ello provocara crisis de Gobierno. El sistema canovista estaba encontrando sus propias contradicciones y peligraba su continuidad, pero todavía vivía Cánovas para ir poniendo parches. El primero de estos parches del neumático que se desinflaba, fue llamar a Cánovas a gobernar, aunque no le correspondía.

Siendo Sagasta el líder de la mayoría en el Congreso, y quien había puesto la moción de censura al Gobierno Posada Herrera, le correspondía gobernar a Sagasta. Pero también es cierto que, tras el Gobierno Sagasta, le correspondía gobernar a Cánovas, y no se hizo así.

En los mentideros de Madrid, se llamó al nombramiento de Cánovas, una nueva “crisis oriental”, es decir, proveniente de Palacio de Oriente.

A los tres meses de empezar a gobernar, el Congreso de Diputados puso la moción de censura a Posada Herrera, y le derribó.

Tras la derrota de Posada Herrera en la cuestión del sufragio universal, y la negativa del Rey a concederle disolución de Cortes, lo lógico era que Sagasta, el que había desafiado al Presidente del Gobierno, pasase a gobernar. Pero si se hacía así, Izquierda Dinástica se pasaría a la oposición porque uno de sus principales objetivos era el sufragio universal y Sagasta había votado en contra de ello. Entonces se decidió la vuelta de Cánovas.

 

 

 

 

[1] José Posada Herrera nació en Llanes en 1815. De joven, era progresista y en 1839 fue diputado por los progresistas. En 1842 se pasó al Partido Moderado, pero en oposición a Olózaga.  Se opuso a la dictadura de Espartero en 1843. Fue ministro de Gobernación con Istúriz 1858 y con O`Donnell, y allí aprendió a hacer elecciones en 1858 a medida de lo que se deseaba, como serán todo el resto de siglo en España: Suspendiendo ayuntamientos no deseables, procesando a concejales del partido que no debía salir, falsificando actas y ejerciendo violencia física y moral sobre los electores. Era el tipo organizador de de toda clase de corrupciones, pero lo justificaba porque así se lograban gobiernos fuertes y estables y ello era un bien para la nación. En 1865 se pasó al grupo de O´Donnell, que creía que sería el triunfador y, entonces, apareció como antidemócrata en sus declaraciones. En 1876 estuvo en la comisión Constitucional de Cánovas, que era el personaje dominante en esa época. Aun así y con todo su historial fue elegido presidente de Gobierno en 1883. Entonces militaba en el grupo Izquierda Dinástica. Murió en 1885.

[2] José López Domínguez, 1829-1911, fue un militar de artillería, líder de sectores militares liberales, que ingresó en Unión Liberal en 1856 y estuvo en al revolución de septiembre de 1868. Fue Ayudante Militar para Amadeo y, nombrado Jefe del Ejército del Norte, atacó a los carlistas en 1873. En 1873, Castelar le ordenó atacar el cantón de Cartagena y, tras ello, regresó a Bilbao a la guerra carlista. En 1874, Serrano le nombró Capitán General de Cataluña. En 1881 ingresó en el Partido Liberal y se fue a Izquierda Dinástica, de Serrano. Fue ministro de Guerra en octubre de 1883. En 1888 era hombre de Sagasta y fue ministro de Guerra en diciembre de 1892, y también en julio de 1906, al tiempo que era Presidente del Consejo de Ministros. Su Gobierno fue echado abajo por Moret en noviembre de 1906 en una maniobra poco elegante. Estaba en el grupo de Canalejas.

[3] García Valdés, Carlos. La legislación penitenciaria española: orígenes y Ley Orgánica General Penitenciaria. Conferencia pronunciada en Valencia el 14 de enero de 2016. Está en la wed.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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