LA CONSTITUCIÓN DE 1876.

 

Concepto clave: constitución de 1876.

 

El Anteproyecto de Constitución estaba redactado en 25 de enero de 1876 por Cánovas y los 39 prohombres[1] pactados entre Cánovas y el Senado en mayo de 1875. El siguiente paso era hacerla aprobar por las Cortes, lo cual era fácil dado que Cánovas tenía una muy amplia mayoría en las Cortes. El 27 de marzo de 1876, Cánovas leyó ante el Congreso el Proyecto Constitucional que debían aprobar. Se nombró una Comisión que lo revisara y se ofreció a Sagasta que participara en ella, pero Sagasta rehusó. Presidió la Comisión Alonso Martínez.

La Constitución era la pieza clave del sistema canovista, la pieza que trataría de servir por igual a los partidos constitucionales que en futuro gobernaran. Según Cánovas, superaría los errores de la Constitución de 1869.

 

 

Inicio de las discusiones constitucionales.

 

El 5 de abril de 1876 empezaron las discusiones en el Congreso de Diputados.

Para argumentar la necesidad de una nueva Constitución, se dijo que la revolución de 1868 había anulado todas las Constituciones anteriores, y que la de 1869 había sido también anulada por la proclamación de la República y apertura de un proceso constituyente en 1873 que nunca llegó a su final. Se puso en duda la legitimidad de las Cortes del periodo 1869-1874 y se declaró legítimas a las Cortes de 1876. Se anunció que sería una Constitución de conciliación. Se dijo que nada se decidiría de plano y arbitrariamente, sino que todos los problemas políticos se resolverían de conformidad con los votos habidos por cada partido en las elecciones con el fin de hacer lo más conveniente para la nación. Se dijo que se copiarían los artículos buenos de las Constituciones anteriores. Se contrapuso la Constitución de 1869 con la de 1845 en las discusiones, para evitar que los parlamentarios contrapusieran la de 1869 con la de 1876, y de este modo se hacía pasar la Constitución de 1876 como una síntesis de la de 1845 y la de 1869. Naturalmente, se resaltó todo aquello en que la Constitución de 1876 se parecía a la de 1869, la preferida por los liberales de 1876, y era fundamentalmente la declaración de derechos. Se trató de ocultar o hacer pasar desapercibido que las atribuciones del monarca y la división de poderes se había copiado de 1845. Se insistió en que la administración de justicia, organización de los Ayuntamientos y Diputaciones, los impuestos, el ejército, las provincias de ultramar eran temas que quedaban como siempre habían estado. Se afirmó que los principales cambios eran los “derechos de los españoles” y “la organización del Senado”.

De entrada, Cánovas hizo un discurso sobre las “verdades madres” o dogmas que necesariamente había que acatar, entre ellos: la monarquía, la legitimidad dinástica, el catolicismo y la cosoberanía del Rey y de las Cortes.

Opusieron reparos tanto los católicos cerrados como los republicanos de Castelar.

Cánovas contestó a Alejandro Pidal acusándole de retrógrado anticonstitucional, propio de la Edad Media, lo que gustó a Sagasta. Se dirigió después a Castelar para razonar que la monarquía era un hecho histórico anterior a las Cortes y aceptado por las Cortes de Cádiz.

Se votó la monarquía y se ganó por 279 a 4, siendo de destacar que ni siquiera los 6 republicanos habían votado en contra.

Continuó el debate con el tema de la religión, artículo 11 del Proyecto de Constitución, y Pidal argumentó que el catolicismo era una “verdad madre” dada a España por su propia historia. Los de izquierdas hablaron de libertad de conciencia y de épocas históricas en que habían convivido diversas religiones en España y España había sido próspera. En la Constitución de 1869 se había dado libertad de cultos y en la de 1845 se hablaba de unidad católica. La discrepancia era máxima. Cánovas concluyó que se aceptaba el catolicismo pero respetando la tolerancia a otras religiones, como muchos obispos habían hecho muchas veces a lo largo de la historia. Era el tema más polémico de la historia del liberalismo español del XIX.

Castelar dijo que tras prohibirse la libertad de religión para imponer el catolicismo, España se convertía en un cadáver en manos de una Iglesia intolerante y de una monarquía absoluta respaldada por esa Iglesia integrista.

Intervino el muy católico Alejandro Pidal y dijo que la religión era la luz que había iluminado los caminos de España y había dado sus máximos momentos de esplendor a su historia.  Pidal defendió posiciones ultracatólicas atacando a Cánovas por sus ideas de consenso y diálogo con grupos no católicos.

Otros parlamentarios hablaron en esta ocasión de los godos, de la Escuela de Traductores de Toledo, de la Reconquista, de la Inquisición y del Siglo de las Luces, es decir, trataron de utilizar sus conocimientos históricos para resaltar lo que tenían previsto decir. Sus discursos son intrascendentes. Ampulosos y eruditos, pero intrascendentes.

Intervino de nuevo Cánovas y dijo que era un hecho que España había sido y era católica, y ello ya venía reconocido en el artículo 11 de la Constitución. Pero ese hecho no autorizaba al Estado a mostrarse intolerante para con los no católicos. También le pidió a Pidal que reconociera que en los grandes momentos de la historia, la Iglesia no había sido intolerante.

Cánovas terminó el debate aceptando a la religión Católica como religión de Estado, “la Religión Católica, Apostólica y Romana es la del Estado”, pero le hizo un añadido “Nadie será molestado en territorio español, por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto”, y para que no se pensara que el añadido contradecía a la afirmación fundamental, terminó el párrafo con “no se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”. Entendemos que, con todos esos circunloquios, quería decir que no tomaba una postura integrista católica, pero sí una postura de favorecer a los católicos, que eran un grupo muy amplio. Sólo así se entiende que una declaración de integrismo del primer párrafo, fuera seguida de otra de libertad religiosa en el segundo párrafo, y de unas limitaciones a las confesiones religiosas no católicas.

La Iglesia católica se incomodó, y comenzó a recoger firmas contra la tolerancia de cultos, mientras los obispos integristas lanzaban pastorales condenatorias de la nueva Constitución. Hasta Pío IX intervino condenando el artículo 11 de la Constitución española como contrario al derecho, a la verdad y a la religión católica, y sobre todo al Concordato, porque en adelante se permitiría combatir a la religión católica en España.

Hubo que enviar negociadores a Roma, los cuales ya habían previsto la reacción del Papa y los argumentos a exponer, por lo que no tuvieron apenas dificultades para defender la posición del Gobierno español. En primer lugar, ponían de manifiesto que, en España, no había otras religiones que la católica, salvo unas decenas de individuos en número insignificante. En segundo lugar, prometieron que las leyes posteriores que desarrollaran el precepto constitucional respetarían siempre los privilegios de la Iglesia, la autoridad de los obispos, los privilegios en la enseñanza universitaria, en los colegio públicos y privados, el privilegio de los obispos de vigilar la pureza de la fe, de las costumbres y la educación religiosa de la juventud, como se decía en el Concordato.

Y apenas hubo ya más discusiones importantes sobre la Constitución.

El 24 de mayo, el Congreso aprobó el texto constitucional por 276 votos contra 40.

El 26 de mayo, el texto entró en el Senado, que la discutió hasta que la aprobó el 22 de junio de 1876, por 130 votos contra 11.

Fue promulgada en 30 de junio. El 2 de julio fue publicada en La Gaceta.

 

 

Valoración de la Constitución de 1876.

 

La Constitución de 1876 es el momento culminante de la Restauración Borbónica, tras el paréntesis del Sexenio de 1868-1874. Marca el momento de aparición y consolidación de un gran líder conservador Cánovas. Y fue también la consolidación del caciquismo como base que hacía gobernables a los españoles.

El momento histórico era muy especial y venía precedido de una época de especulación, corrupciones y retraimientos políticos, que fueron los años 1856-1868, seguida de una época revolucionaria que devino en populismos, 1868-1874, lo cual estuvo acompañado de una guerra carlista, una guerra en Cuba, una guerra cantonalista, y de la división del ejército entre caballería y otros cuerpos. Y desde 1875, se intentaba volver al orden moderado, representado primero por Serrano en 1874, y luego por Cánovas del Castillo. Y mientras tanto, en Europa, Bismarck se había impuesto a un sorprendido Napoleón III, y había impuesto un nuevo orden basado en el ejército y sostenido por el colonialismo, y los obreros mostraban su cansancio absoluto en cuanto a esperar las reformas liberales, y habían iniciado los movimientos sociales violentos.

La Constitución de 1876 intentaba tomar como modelo la de 1845, pero introduciendo valores progresistas, tal y como los españoles habían pedido en 1868 y la Constitución de 1869. Resultaba una amalgama hábilmente fundida por Cánovas.

La de 1876 era una Constitución de consenso entre los partidarios de la de 1845 y los de la de 1869, pero claramente inclinada hacia los principios de 1845 por Cánovas. Era progresista porque reconocía muchos derechos, pero conservadora porque dejaba casi todos los derechos para leyes posteriores. Era una Constitución que intentaba englobar voluntades más que imponer la ideología de un partido.

La Constitución estaba llena de vaguedades e indeterminaciones, pero, precisamente por eso, resultaba aceptable a casi todos. Los principios básicos constitucionales eran un tanto ambiguos a fin de que sirvieran a distintos jefes de Gobierno.

Era abierta y flexible, aunque no muy liberal, pues dejaba abiertas las puertas a medidas antiliberales como que las elecciones se celebraran en la forma que dictaminara la ley, y que las leyes dictaran las reglas oportunas para asegurar a los españoles sus derechos, o que los problemas sucesorios se resolvieran “como más conviniese la Nación”.

Resultaba muy conservadora, pero no ultracatólica, pues con ella se volvía el catolicismo como religión de Estado, pero no se perseguía a los no católicos (fue el tema más discutido). Con ella, Cánovas fue capaz de separar del carlismo a los católicos ultras españoles, pero no lograría aprovechar esta circunstancia con ningún otro proyecto.

 

 

Puntos clave en la Constitución de 1876.

 

El sistema de gobierno de esta Constitución era el llamado “de la doble confianza” pues un partido necesitaba la confianza del Rey y la de los electores para gobernar. Del Rey para obtener la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, y del pueblo para que salieran elegidos los representantes de ese partido. Esto se podía lograr mediante el caciquismo.

No se admitió el parlamentarismo o que los Ministros y el Rey fueran responsables ante las Cortes.

La soberanía, razón última que justifica el ejercicio del poder y en nombre de la cual se dictan las leyes, se entendía como una mezcla de lo “histórico y tradicional”, y por ello la soberanía se atribuía al Rey, y de lo “actual y liberal”, y por ello se atribuía al pueblo, tal como hemos explicado en un punto anterior. Aunque no se manifestaba expresamente así, es imprescindible entenderlo de esta manera para comprender el canovismo. De hecho se volvía a la fórmula de Cádiz “las Cortes con el Rey” como en 1812, 1837 y 1845. Alfonso XII se titulará “Por la gracia de Dios Rey constitucional”.

Los derechos citados en esta Constitución fueron muchos, como era costumbre entre los progresistas, pero se dejaban casi todos para leyes posteriores, como era costumbre entre los moderados. La declaración de derechos era muy amplia, pero dejaba su desarrollo a leyes posteriores una y otra vez, reiterativamente. Eso permitía a cada Gobierno reformar las leyes sin cambiar la Constitución. Y permitió no legislar nunca sobre algunos derechos anunciados.

El poder legislativo, o capacidad de legislar, es un asunto complejo que empieza por capacidad de tener iniciativas, continúa en la discusión del texto de las leyes, y termina en la sanción de la Ley, si el Rey la firma, o el veto, si el Rey se niega a formarla.

En cuanto a la iniciativa legal, esta Constitución la atribuye a “las Cortes con el Rey”, es decir, que cualquiera de ellos puede tomar iniciativas.

En cuanto a la discusión del texto legal, las Cortes constarían de dos Cámaras: Congreso de los Diputados y Senado. No se podría presentar un mismo Proyecto de Ley dos veces en una misma legislatura.

El Congreso de Diputados estaba compuesto por el número de Diputados que determinase la ley electoral, todos seglares. Los Diputados serían elegidos democráticamente por sufragio directo, según la Ley Electoral vigente en cada momento. Desde 1876 a 1890, el sufragio fue censitario. A partir de 1890, el sufragio fue universal. La Constitución de 1876 decía que elegiría al menos un diputado por cada 50.000 habitantes, pero ese precepto constitucional no se cumplió pues se actuó con la ley de 1877, que exigía al candidato poseer una renta de 12.000 reales o pagar 1.000 de contribución directa y conservaba los distritos electorales antiguos. La Constitución decía que el Congreso se elegiría por sufragio directo “según determinase una ley”. En 1878 se hizo una nueva Ley Electoral que exigía pagar una contribución territorial de 25 pesetas, o industrial de 50 pesetas, pero no cambiaba los distritos. En 1890 se decretó el sufragio universal masculino para mayores de 25 años, pero tampoco cambiaban los distritos. El gran cambio vino en 1907: Según esa ley de 1907, España se dividía en 316 distritos uninominales (que elegían un diputado por distrito y cada distrito era un Partido Judicial), y otras circunscripciones plurinominales que elegían tres o más diputados cada una.

Las circunscripciones plurinominales eran un problema porque, donde se elegían tres diputados, los electores tenían derecho a votar dos nombres; donde se elegían cuatro diputados, tenían derecho a tres nombres; donde se elegían siete diputados (Barcelona), tenían derecho a cinco nombres; donde se elegían ocho diputados (Madrid), tenían derecho a seis nombres. En estas condiciones, era imposible que las minorías estuvieran representadas en el Congreso.

El Senado era muy conservador y trataba de representar a la alta burguesía, senadores por derecho propio, y a los ciudadanos notables, de senadores vitalicios nombrados por la Corona, cuya suma debía ser como máximo 180, y por otra parte, trataba de representar a la burguesía media, de senadores elegidos por las Corporaciones y de Senadores elegidos por los mayores contribuyentes, que eran otros 180. Esta decisión dio lugar a un nuevo problema para Cánovas, pues los Grandes de España eran 336 y pretendían que el Rey no nombrase a nadie, puesto que los vitalicios ya sobrepasaban el número máximo. En 1921 se decidió que los Grandes ejercerían el derecho a senadores por turno y no todo el tiempo.

De los 180 senadores, 30 eran nombrados por las Corporaciones civiles y eclesiásticas, y 150 por las Diputaciones y Corporaciones de los Ayuntamientos y por los mayores contribuyentes.

Eran senadores por derecho propio los hijos del Rey, los Grandes de España que acreditasen renta mayor de 60.000 reales, los capitanes generales y almirantes, el patriarca de las Indias, los arzobispos, los presidentes del Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, Consejo Supremo de la Guerra.

Los senadores por nombramiento real, para poder ser nombrados, deberían haber sido: Presidentes del Senado o del Congreso, Diputados en tres Congresos u en ocho legislaturas, Ministros, Obispos, Grandes de España, Tenientes Generales con dos años de servicio, Vicealmirantes con dos años de servicio, Embajadores con dos años de servicio, Ministros plenipotenciarios con cuatro años de servicio, Consejeros de Estado, Fiscales de un Consejo, Ministros y Fiscales del Tribunal Supremo o del Tribunal de Cuentas, Consejeros del Consejo Supremo de la Guerra y de la Armada, Decanos del Tribunal de Órdenes Militares, Directores de las Reales Academias de Madrid, Académicos de número de las Reales Academias con antigüedad, Inspectores generales del cuerpo de ingenieros de caminos, minas y montes, Catedráticos de Universidad con cuatro años de antigüedad, Títulos del reino que poseyeran renta anual de 20.000 pesetas o pagasen 4.000 por contribución directa, y también podían ser nombrados todos los que hubieran ejercido alguna vez el cargo de Senador.

Eran elegibles 9 senadores en cada arzobispado, 5 en las Academias, 10 en las Universidades, 6 en las Sociedades económicas de Amigos del País, y 150 en las Diputaciones votando los Ayuntamientos y mayores contribuyentes de los pueblos a razón de 3 por provincia. Para dar participación a los americanos se decidió que las 16 provincias de menos población eligiesen sólo a dos senadores, lo cual dejaba 16 escaños para Cuba, Puerto Rico, Universidad de La Habana, arzobispado de Santiago de Cuba, y Sociedades Económicas de Las Antillas.

Las elecciones de senadores se hacían eligiendo a la mitad de los senadores cada 5 años o la totalidad cuando el Rey disolvía el Senado.

En cuanto a la sanción de las leyes, el Rey tenía participación en el legislativo a través de su poder de sancionar/vetar las leyes[2], y en la facultad de disolver las Cortes cuando quisiera.

Las leyes necesitaban, para su publicación y puesta en vigor, una segunda firma, la del ministro, que con ella se hacía responsable de las consecuencias de esa ley.

En cuanto a la separación de poderes, la Constitución de 1877 no separaba expresamente los poderes del Estado y volvía a la expresión de “las Cortes con el Rey” como depositarios de la soberanía.

En el ejecutivo, la cabeza era el Rey. El Rey tenía mucho poder, porque podía interferir en el legislativo a través de su facultar de sancionar o vetar las leyes, podía disolver las Cortes con la sola condición de convocar otras antes de tres meses, cada vez que se lo pidiera el Jefe del Gobierno y él estuviera de acuerdo y se lo concediese. El Rey era quien nombraba Jefe de Gobierno a quien quería y no necesitaba para ello contar con las Cortes ni con los partidos. El Rey daba el nombramiento de los Ministros, a propuesta del Jefe del Gobierno, y los Ministros se hacían responsables ante las Cortes de las decisiones que tomasen. De ello se originaron Gobiernos débiles, pues cada gobernante necesitaba la doble confianza, la del Rey y la de las Cortes, para poder sacar adelante una ley, y para poder seguir gobernando. El Rey era el jefe del ejército y tenía capacidad para decidir la guerra y firmar la paz. El Rey no era nunca responsable de sus actos, sino que el responsable era el Ministro que firmaba las leyes al lado de la sanción del Rey.

El Rey tenía como limitación principal el que, para hacer las leyes, necesitaba la firma de un Ministro, el cual se hacía responsable de esa Ley, mientras el Rey al firmarla, sólo la sancionaba, es decir la ponía en vigor, pero no se hacía responsable de ella. El Rey era inviolable.

El poder judicial se basaba en el fuero único para todos los españoles (se suprimían los fueros vascos). Los jueces eran independientes.

El sufragio se dejaba para una Ley posterior, y ya hemos dicho que fue censitario hasta 1890, y universal masculino a partir de esa fecha.

La religión del Estado español era la católica, o dicho de otro modo, España era un Estado confesional católico. No obstante, se toleraban los demás cultos que no estuviesen en contra de la moral católica, ni actuasen en público.

El servicio militar era obligatorio por quintas. No habría Milicias Nacionales.

La administración central, (que no aparece en la Constitución de 1876): El Gobierno se organizó desde 1868 en 8 Ministerios y así estuvo hasta que en 1899 desapareció el de Ultramar. Uno de  los de más peso era Gobernación, el cual se ocupaba del orden público, del régimen legal de los Ayuntamientos, de las asociaciones entre españoles, y de la legislación laboral. El de Fomento, tuvo temas muy diversos que fueron creciendo en complejidad, y por ello estaba dividido en 1876 en tres Direcciones Generales, la de Instrucción Pública, la de Obras Públicas, y la de Agricultura, Industria y Comercio. Cuando el Ministerio de Fomento desapareció, dio lugar a varios Ministerios a partir de 1900, el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, y el de Instrucción Pública. En 1905, Fomento reapareció por un tiempo breve. El resto de la Administración Central se organizó en 1812 y ya no sufrió cambios en todo el XIX.

La administración de las provincias se haría por medio de las Diputaciones, controladas por el Rey y por las Cortes. El funcionamiento de las Diputaciones se regularía por una Ley posterior. El Gobernador era una figura esencial por cuanto aprobaba los presupuestos de las Diputaciones y lo hacía a favor de unos pueblos o de otros, según conveniencias políticas.

La administración de los pueblos se haría por medio de Ayuntamientos cuyo alcalde sería nombrado por el Rey en ciudades mayores de 30.000 habitantes y por el Gobernador Provincial en las menores. El Gobernador Provincial tenía facultad para disolver las corporaciones municipales y para negociar los presupuestos de las mismas. El funcionamiento de los Ayuntamientos se dejaba para una Ley posterior. El Gobernador era una figura clave, porque podía detener a los alcaldes y disolver las Corporaciones municipales.

El centralismo de la Constitución de 1876 se mostró absurdo en la cuestión de los maestros rurales. En este caso se decidió que el maestro fuera pagado por las arcas municipales como señal de descentralización. Era absurdo: la tradición era que cada Ayuntamiento pagase a los maestros que contrataba, y ello había dado lugar a múltiples corruptelas, como que se considerase normal pagarle en especie (en trigo, pan, leña… que aportaban los alumnos, que nadie controlaba), o que se decidiese no pagarle porque no había medios para ello. En ese caso, el maestro debía ser necesariamente un agricultor o artesano del pueblo, que tuviera prevista la posibilidad de que algunos años no se le pagase. Naturalmente, sus trabajos particulares iban en detrimento de la asistencia a la escuela. Otra posibilidad era que una señora “de buen corazón” se hiciera cargo de la escuela y enseñase lo que tenía a bien enseñar, oraciones y canciones. La reacción centralista del Gobierno fue poner inspectores que controlasen lo que pasaba en las escuelas. Y el resultado se puede intuir en la situación de un inspector que llega a un pueblo y se entera de que al maestro no se le paga. Llevar su tarea de inspeccionar a ese maestro en cómo enseña, parecía bastante absurdo.

Respecto a las colonias, la Constitución de 1876 autorizaba al Gobierno a aplicar en Cuba y Puerto rico las mismas leyes que existían en España, lo cual significaba que dejaban de ser colonias, pero añadía que se haría una Ley Especial para Cuba y Puerto Rico, lo cual significaba que seguían siendo colonias. Si había en el futuro Ley Especial, habría colonias. De Filipinas no decía nada.

 

 

La paz canovista.

 

La gran preocupación de Cánovas en la segunda mitad de 1876 fue constituir un partido de oposición fuerte, sólido y unido. Una vez logrado, los Gobiernos se convirtieron en algo tranquilo y previsible, sólido y hasta aburrido, pues no había intrigas ni golpes de Estado.

No es posible indicar cuándo empezó esta era de paz. Tal vez en 1875, cuando se convocó la Asamblea de Notables. Tal vez en 1876 cuando se aprobó la Constitución. O quizás en 1877, cuando Sagasta aceptó el sistema canovista. Incluso se llegó a una mayor tranquilidad política cuando Castelar aceptó a Alfonso XII como Rey.

 

 

[1] Entre los 39 prohombres: Cirilo Amorós Pastor 1830-1887

[2] Sancionar es poner la firma del rey a una ley, y vetar es negar la firma.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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