DERECHOS HUMANOS: COMPLEJIDAD.

 

 

 

La complejidad del tema “derechos humanos”.

 

A finales del XVIII y principios del XIX, se dieron cuenta de la complejidad del tema libertad, que podía ser tomada como libertad de los individuos y como libertad de las asociaciones de individuos. Se dieron cuenta de que existían otras libertades, además de la política, como libertad de residencia, de viajar, de expresarse, de pedir cosas a los gobernantes, de reunión, de cultos, de iniciativa empresarial… Y se asustaron de las consecuencias del tema que habían abierto.

También se dieron cuenta de los problemas de la igualdad y definieron igualdad como igualdad ante la ley, derechos iguales de todos para acudir a los jueces, para acudir a los funcionarios del Estado, y para tributar.

Y cuando llegaron a la discusión del tema de la propiedad, naufragaron. La propiedad era con mucho el tema más complicado. Se declaró que la propiedad era un derecho inviolable y sagrado, pero no supieron qué hacer con el derecho a la propiedad. Si la propiedad es sagrada, los impuestos son un ataque a lo más sagrado, y si no se pagan impuestos no existe el Estado. No era el tiempo adecuado para resolver esta contradicción, pues faltaban muchos estudios de economía, los cuales se hicieron a lo largo del XIX y primera mitad del XX. No podían aceptar un derecho ilimitado de todos a la propiedad, porque la tierra era limitada y la población crecía a ritmo exponencial. No podían aceptar un derecho ilimitado de los antiguos poseedores de la tierra porque ello eliminaría en la práctica el resto de los derechos liberales, pues para ellos, sin propiedad no existían el resto de los derechos. Era evidente que la propiedad tenía limitaciones y, de hecho, venía ocurriendo que el Rey pedía ayudas a los propietarios para emprender sus campañas de guerra y sus obras públicas. No sabían cómo definir y concretar esas limitaciones.

En este punto pronto se dieron cuenta de que acabar con los privilegios sobre el papel, era más fácil que en la realidad, no sólo por las resistencias esperables de los privilegiados, sino también por la insensatez de las nuevas clases políticas a las que se concedían derechos. Tanto los conservadores terratenientes, como los liberales sensatos, se dieron cuenta de la bestia que podían despertar. Ni siquiera se atrevieron a definir la igualdad como que hubiera una sola ley para todos, lo cual era un grito revolucionario en el XIX. La abolición de los privilegios estaba bien en las declaraciones políticas, pero tenía problemas serios en la práctica.

Y en el tema de los tributos, los burgueses no aceptaron que se pagase según la renta de cada uno, pues bien sabían que ellos lo poseían todo y la mayor parte de la gente no tenía nada que tributar. Prefirieron continuar con los sistemas de la vieja tributación que gravaba sobre los pobres, como fue el caso de Cataluña ante las propuestas de Felipe V de hacer reparto de los impuestos entre todas las capas sociales.

Y cuando ya se estaba aceptando que los tributos fueran iguales para todos, a final del XIX, se difundió la idea de que la igualdad proporcional de tributos era la base de una profunda desigualdad, y había que ir al impuesto progresivo. Los gastos básicos de alimentación y vestido mínimos, eran iguales para todos, y el sobrante para disfrute del individuo era nulo para los pobres y escandalosamente abundante para los ricos. La desigualdad es evidente.

Pero solucionar el problema iba a llevar casi un siglo, hasta primera mitad del XX.

En las primeras declaraciones liberales, las de finales del XVIII, se aventuraba ingenua y románticamente que el ciudadano tenía pleno derecho a disponer de sus bienes y de las ganancias que habían sido fruto de su trabajo y de su capacidad o la de la de sus antepasados, sin limitación alguna. Ello era imposible, pero fue aceptado en el XIX. Pero la aceptación de ese absurdo conduce a la concentración de la propiedad en muy pocas manos y al fracaso completo del sistema social y político, a “la catástrofe final” del capitalismo.

Y como fruto de estas contradicciones, surgieron los socialismos de segunda mitad del XIX.

Otro punto imposible en las declaraciones de derechos de fines del XVIII era la participación igual de todos en la elaboración de la ley. Fue expresado en 1789, 1793 y 1795. Pero es evidente que ni todos pueden físicamente participar en la elaboración de todas las leyes, ni están preparados para hacerlo. Este derecho en sí es un imposible en comunidades mayores de unos cientos de personas, y mucho más en las comunidades actuales de millones de personas. Este derecho será reivindicado en adelante por todos los grupos revolucionarios, para captar incautos que no se han planteado el tema, y es un método para soliviantar al pueblo. El hecho de que sea imposible, hace del tema una reivindicación que puede ser permanente y mantenerse en el tiempo indefinidamente, un punto muy importante para los revolucionarios. Naturalmente, ningún revolucionario que alcanza el poder mantiene el asamblearismo al día siguiente de ser aupado. La praxis enseña que una cúpula de revolucionarios, que dice representar a todo el pueblo, a menudo legisla a su antojo y muchas veces con menos participación ciudadana de la que había antes de su falsa “revolución”, falsa porque no es revolución sino involución, retroceso, si la participación ciudadana es menor y los derechos humanos garantizados en la sociedad son menos.

Lo único que se puede hacer en el tema de las libertades es crear cauces para que el pueblo se exprese, y garantizar que esas opiniones lleguen realmente a conocimiento de todos, sin manipulaciones políticas ni periodísticas, y crear instituciones para que esas opiniones se vean traducidas a medidas concretas de mejora en la convivencia. Es un camino largo.

 

 

Derechos y propiedad

 

La propiedad garantiza cierta estabilidad de los medios de subsistencia, y un cierto nivel de bienestar. Pero todos los derechos engendran por sí mismos problemas a resolver: la propiedad genera poder y desata un ansia de dominar a aquellos que se acercan al poderoso. Genera poder, porque muchos ansían una parte de las riquezas que el rico ha conseguido y están dispuestos a trabajar para él a cambio de medios de subsistencia. El ansia de dominarlos, se genera al contemplar el rico la facilidad con se humillan los demás ante sus palabras y sus acciones por un puñado de dinero, e incluso por la simple promesa o posibilidades de conseguirlo. Todos aspiran a asegurar el futuro de su familia, pero el poderoso sólo ve a menudo cómo se humillan y aceptan sus condiciones leoninas. El poder genera un estado de ánimo que impulsa al poderoso a tener más y más, porque más propiedad es más poder, y con más poder se consiguen muchas más propiedades, que generan más poder de forma creciente e infinita. Un segundo problema de la propiedad, es que genera ansia de defenderla frente a la posible codicia de los demás, lo cual lleva a poderoso a dotarse de un sistema de protección y de agresión para su propiedad y para su persona y su familia. Inmediatamente se da cuenta de que los pobres se contratan para cualquier cosa por poco dinero, incluso para reprimir a los enemigos del poderoso que pueden ser sus propios familiares y amigos. Y el dominio de la fuerza da al poderoso una nueva oportunidad, la de apoderarse de la propiedad de los demás, no por el trabajo, sino mediante el uso de la fuerza.

 

 

Las complicaciones políticas del XIX.

 

Y durante el XIX, al final del proceso de discusión de las libertades, se llegó a las revoluciones. Los derechos se mostraron complejos y se decidió que era más fácil tratarlos en términos generales que concretarlos en medidas aplicables en el día a día. Y una vez que los derechos no se concretaron en nada, se crearon espacios para la discrepancia absurda, para la crítica sin sentido, para los buenos ingresos de los abogados que sabían aprovechar las contradicciones y resquicios de la ley, para los explotadores que podían pagarse equipos de abogados. De hecho se ha creado tal mito del derecho de defensa, que las actuaciones más inmorales de los abogados suelen quedar impunes, escondidas bajo el derecho a la defensa.

La solución británica a este problema es dejar que los jueces vayan hallando limitaciones a los derechos en los casos juzgados por cada uno, de modo que las sentencias hacen ley. Pero este sistema deja mucho poder en manos de los jueces y se requiere una sociedad muy moral para sostenerlo. No es aplicable en aquellos Estados donde las sentencias son claramente antisociales e inmorales por sistema, o donde el criterio “legal” está muy por encima del criterio “moral” del juez, porque se obliga al juez a cumplir la legalidad literal. Estaríamos legalizando que el bien estuviera a la misma altura que el mal.

La solución más aceptada en el resto de Europa fue que el Estado concretase al máximo en leyes los derechos humanos, las limitaciones de esos derechos, las situaciones que modifican la aplicación de los derechos. Siempre queda un margen de discrecionalidad para el juez, pero también se ha pensado en instituir unos mecanismos de contención para los jueces. Pero los trabajos de delimitación legal son muy laboriosos, y hay países con muchas lagunas en su legislación, y más que lagunas. Se pueden intuir estos paraísos por el lugar de residencia que escogen los mafiosos internacionales, pues éstos detectan enseguida los defectos de los sistemas legales que pueden favorecerles. No se puede afirmar que esas lagunas legales sean involuntarias.

En conclusión, se demostró que no importan tanto las declaraciones de derechos, y ni siquiera las grandes declaraciones de derechos de tipo generalista, como la aplicación concreta de cada uno de esos derechos a cada individuo concreto en cada situación concreta:

Porque la aplicación concreta de los derechos conduce a unos campos de discrepancia entre la doctrina jurídica y la moralidad tales, que si no están muy especificados, las penas nunca resultan aplicables cuando perjudican a los pudientes, a las empresas y las instituciones, que siempre encuentran abogados que demuestran jurídicamente la legalidad de su incumplimiento.

Porque el ejercicio de los derechos cuesta dinero, y si los poderosos plantean pleito jurídico, pueden llegar a costar muchísimo dinero, porque lo plantean en términos ventajosos para ellos. La principal limitación de los derechos humanos es siempre la económica, el coste que ellos significan.

Porque el ejercicio de los derechos depende a menudo de intervenciones de personas e instituciones ajenas al individuo, a las que importan poco los derechos humanos de los demás, y no les importa en absoluto que una ley tarde décadas en tramitarse, o nunca llegue a hacerlo. De hecho, las empresas no tienen conciencia, sentido de la moralidad, sino que sólo responden a la exigencia de resultados. La conciencia es un atributo exclusivamente humano.

Porque además de los derechos individuales enunciados a primera hora por el liberalismo, y que cuestan algún dinero a pesar de que los liberales del XIX anunciaban como si fueran gratuitos, existen unos derechos sociales que fueron apareciendo después, tales como educación, sanidad, vivienda, acceso a los tribunales de justicia, atención a la tercera edad, derecho al trabajo, que resultan mucho más caros de garantizar que los derechos más tradicionales, e incluso inabordables para el individuo por sí solo y sin la colaboración del entramado estatal y social.

En este punto se descubre la necesaria intervención del Estado, al menos como legislador y organizador, a pesar de que los liberales cerrados afirman que el Estado no debe intervenir nunca. Los liberales cerrados son pesimistas y no creen en la moralidad social de los gobernantes, lo que les lleva a afirmar que sólo en la gestión individual cada individuo podrá buscarse el disfrute de sus derechos. Desafortunadamente, muchas veces aciertan, porque sus experiencias vitales les conducen a esa postura política.

 

 

Los derechos sociales.

 

A finales del XIX y principios del siglo XX aparecieron, dentro de las reivindicaciones políticas, los derechos sociales. Estos derechos eran particularmente caros. Los temas son tan complejos que sólo el Estado o las muy grandes corporaciones pueden gestionarlos. Pero también eran una oportunidad para los empresarios capitalistas, que podían tener los mejores negocios de la historia del mundo si eran capaces de aprovecharse de esta demanda social que se generalizaba, los seguros médicos, seguros hospitalarios, seguros universitarios, seguros de vida y de atención a la vejez. Incluso también seguros contra el paro obrero y la contingencia de enfermedad que hasta entonces gestionaban los sindicatos o el Estado. La polémica entre los partidarios de la gestión estatal y los partidarios del capitalismo puro y duro estaba servida.

La entrega de la gestión de los derechos a empresas particulares, que no tienen conciencia moral, va contra los mismos derechos del hombre. Pero la gestión por gobernantes, que se fajan como políticos a base de renunciar a la conciencia y a los valores humanos, tampoco garantiza la buena administración de los derechos. Es preciso mucho parlamentarismo y mucho respeto a las minorías que defienden estos derechos.

Entonces se distinguió perfectamente entre derechos de la persona sin apenas costo económico, que fueron denominados “derechos individuales”, otros derechos de la persona con alto costo económico, y derechos sociales de alto coste económico como la vivienda, educación, sanidad, trabajo y asistencia a la tercera edad, obras públicas de alto coste, higiene social. Los dos últimos grupos fueron los que interesaban a las empresas particulares por la oportunidad de negocio que suponían. Se suele admitir que la defensa militar y las regulaciones del mercado se reservan al Estado.

En este punto, el liberalismo encuentra muchas contradicciones internas, pues la doctrina de que el liberalismo concede derechos al máximo de ciudadanos, se contradice con las limitaciones obvias del coste de esos derechos. Y la polémica sobre la intervención del Estado en estos temas se hizo muy grande. Quizás debía atribuirse todo al Estado (modelo socialista), quizás debía establecerse la cooperación entre Estado y empresas privadas (modelo europeo occidental), o tal vez debía dejarse todo en manos de la empresa privada (modelo estadounidense).

 

 

El coste económico de los derechos humanos.

 

El coste de los derechos sociales posibles en los países avanzados es superior al PIB de que disponen cada año. Ello lleva a la necesidad de priorizar unos gastos en derechos sobre otros. Y ello genera nuevas discusiones políticas, pues todos los derechos son definidos como de igual urgencia. Es una utopía, pero es el campo del populismo, el campo preferido por los partidos de oposición. Si las discusiones se hacen demasiado agresivas y destructivas, se corre el riesgo de que no se haga ninguna inversión en derechos humanos, pues los descontentos u oposición, suelen preferir la paralización a la continuación en el Gobierno de sus oponentes. Y se llega al absurdo, a la irracionalidad. Lo cual se justifica también en el derecho a hacer oposición.

En el punto considerado, de dificultad de acceso a los derechos humanos por el costo que representa su disfrute, debemos tener en cuenta que los recursos son limitados y la demanda de disfrute de ellos es ilimitada. Lo cual nos lleva a una necesaria limitación de los derechos, y a nuevos problemas políticos: el problema teórico, de quién dice dónde está el límite de cada derecho y qué criterios son aceptables para fijar un límite. De lo que se deriva un segundo problema: el problema práctico, de cómo se administra la financiación de la distribución social de esos derechos y quién vigila esta administración.

Una solución utópica dice que el Estado se debe hacer cargo no sólo de administrar todos los derechos para todos sus ciudadanos, sino que incluso algunos van más allá, y hablan de dispensación universal de esos derechos, es decir, también para ciudadanos no pertenecientes a ese Estado. El tema entra en contradicción con la definición de Estado, el cual está limitado a unos hombres y unos territorios concretos, identificados perfectamente, al menos mediante fronteras. Fuera de esos límites, el Estado no tiene competencia alguna. Y por otra parte, pensar que los impuestos de los ciudadanos de un Estado pueden hacerse cargo del costo de los derechos de toda la humanidad es un absurdo.

Conceptos como la “justicia universal” a cargo de un Estado no tienen sentido. Y es más, se prestarían a que los Estados poderosos se inmiscuyesen en los derechos de otras sociedades argumentando que su justicia es universal. España aceptó el principio de la “justicia universal” en julio de 1985, como fruto de la llegada al poder de un gobierno socialista, y lo derogó en 2009.

El disfrute pleno de todos los derechos por todos los ciudadanos es un absurdo, un irracional. Desde el momento en que los derechos tienen un coste, el goce de los derechos tiene su límite en el dinero de que dispongamos para esos fines. Ya se dijo a mediados del XX que el mayor progreso de los derechos humanos consiste en el desarrollo económico de los pueblos.

Contra esta teoría, algunos manifiestan que los derechos no tienen coste alguno. Expondremos algún ejemplo para demostrar lo contrario:

La libertad de pensamiento, interpretada como libertad para que cada uno pensemos como queramos, no es más que un infantilismo. El problema es poder manifestar nuestros pensamientos a los demás, capacidad para llegar a mucha gente, y entonces resulta que hacen falta medios de comunicación, que son caros y están manejados por las minorías dirigentes de la sociedad, tanto individuos como instituciones.

El sufragio puede parecer barato, y ello es así en la escuela, donde las votaciones se hacen entre unas decenas de estudiantes. Pero cuando hablamos de masas, existen técnicas de manipulación de masas, miles de personas que se dedican como trabajo a manipular masas, a decir frases ambiguas que sirvan para engañar o crear malentendidos, sin que el enunciado resulte ilegal, técnicas para la desinformación convenientes a un candidato o partido determinado. Y el sufragio en las grandes masas resulta manipulado y manipulable, y cuantos más medios de comunicación social existan, es más manipulable. Los medios de comunicación son en teoría una posibilidad de informar al ciudadano, pero también son el mejor medio para difundir la desinformación, darle la versión de los hechos más conveniente para el dueño de ese medio, crear relatos verosímiles pero falsos, e incluso para inventarse noticias que tapen convenientemente la noticia del día que el ciudadano debería conocer.

El sufragio requiere de motivación que mueva a las masas a votar, y ello es caro. Hay que introducir en los medios de comunicación muchas noticias “convenientes” a determinada opinión, hay que entrar en los centros de movilización de las masas, iglesias, sindicatos, partidos, asociaciones profesionales, asociaciones de vecinos… El abaratamiento de los medios de comunicación actuales, no ha aumentado tanto la información como las técnicas de desinformación, en las que cada político y cada partido político contratan a muchas personas exclusivamente para desinformar. A veces lo llaman técnicas de comunicación de masas.

La negociación entre el patrón y el obrero se ha demostrado imposible sin la intervención del Estado como árbitro, o en su caso, la intervención de otro árbitro, un observador internacional, tal vez la Iglesia, o una persona de prestigio, que sea capaz de compensar la superioridad de patrón en esa relación frente al obrero. Todo ello se hace con dinero.

El ejercicio de muchos derechos humanos concretos es polémico y enfrenta a determinados grupos sociales que ponen a su servicio un entramado muy grande de recursos, a través de los cuales general opinión mediante noticias (muchas veces falsas, pero creíbles porque son tan grandes mentiras que nadie se atreve a decir que pueden ser falsas, o noticias convenientemente deformadas), comentaristas, tertulianos, “falsos expertos” bien pagados… Reaccionar contra este conglomerado de recursos es caro.

Como ejemplo de polémica indicaremos el derecho a la huelga, y las opiniones encontradas de aquellos que viven de llamamientos a la huelga, y de aquellos que viven de la regulación y prohibición de las huelgas.

 

 

La desinformación.

 

En medio de estas contradicciones es muy difícil moverse, porque tanto el Estado, los partidos políticos, los sindicatos y las grandes corporaciones pagan muy bien la desinformación. Los políticos porque están en connivencia con empresas. Las empresas porque quieren dominar los sectores en los que se gana dinero, y quieren trasmitir al Estado los que causan pérdidas.

Surgen abogados especialistas en decir frases que no sean ilegales pero induzcan al ciudadano al error.

Una política que dedique muy pocos fondos a un tema social determinado, induce a que los ciudadanos deban gastarse mucho dinero en seguros, lo cual generará fuertes ingresos a banca y seguros.

La falta de interés de los gobernantes por invertir en derechos humanos puede justificarse en la necesidad de atender a muchas “obras sociales perentorias”. El ciudadano puede ser engañado con facilidad. Y los ciudadanos más socialistas, ecologistas e igualitaristas, pueden ser engañados con más facilidad todavía pues están predispuestos a aceptar el mensaje correspondiente. Los derechos sociales son un campo difícil, pues la prensa, radio y televisión pertenecen a los capitalistas, e incluso los medios públicos de comunicaciones son pagados por capitalistas. Aunque esos capitalistas se llamen igual que los partidos políticos que dicen ser de izquierdas, o sean confesiones religiosas.

El caso más evidente y fácil de ver en lo que decimos, es el de los grandes dictadores, a los que se les llena la boca de grandes declaraciones de lo mucho que van a hacer por su pueblo. Generalmente no hacen nada o hacen aquello que les conviene a unas empresas determinadas, que el ciudadano no conoce y no va a saber de ellas hasta décadas más tarde. El gran dictador hace cosas que sean muy espectaculares y tengan mucho valor propagandístico a favor de su causa. Precisamente, la aparición de grandes estatuas, enormes edificios, y grandísimas plazas públicas nos suelen indicar la existencia de una dictadura, aunque todavía no se haya manifestado en los medios de comunicación que el régimen es dictatorial.

 

 

Los derechos a final del siglo XX.

 

El siglo XX dio lugar a una tercera generación de derechos, que empezó por reclamar la universalidad del deber de conservar el planeta, de defender el medio ambiente, de defender las especies animales y vegetales, del deber de defender la paz para preservar las culturas humanas, la solidaridad entre los pueblos del mundo, la no intervención humana en la genética, lo cual corre el riesgo de que la manipulación humana lleve a la humanidad a un callejón sin salida, pues los cambios evolutivos no se pueden retrotraer, no funcionan hacia atrás. Y también la prevención contra las nuevas tecnologías, las cuales permiten a algunos hombres manipular los bienes, pensamiento, política y conciencia de las masas.

De nuevo entramos en gastos crecientes, en palabras y promesas hermosas que esconden tratamientos distintos con el ciudadano, no siempre en beneficio de sus derechos, ni de su nivel de vida.

 

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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