LAS REFORMAS DE JOSÉ I en 1809.

 

En la segunda mitad de 1809, José Bonaparte hizo, o mejor podríamos decir proyectó, tales reformas en España, que bastan para calificarle como uno de los mejores reyes que este país ha tenido, a pesar de que las reformas se anularan al poco, en 1813, tras la derrota francesa. Se trata de reformas administrativas, económicas, culturales, urbanísticas, sanitarias, y hasta una desamortización, que costaría mucho introducir a lo largo del XIX después de suprimirlas en 1813. Estas reformas crearon el descontento lógico en los afectados negativamente por ellas, pero hubiera dado seguramente buenos resultados políticos de persistir la corona en manos de José I unos pocos años más, no cabe duda.

José I intentaba formar gobierno con un grupo de españoles reformistas, ilustrados, intelectuales y dispuestos a colaborar con él, que fueron llamados “afrancesados”. De entre los afrancesados, unos creían que luchar contra Napoleón era una guerra perdida, otros decían que la legalidad estaba con José I, una vez que Fernando VII había salido del país y presentado su dimisión y renuncia al trono, y otros decían que lo mejor que podía ocurrirle a España era que los franceses la transformaran puesto que, desde dentro, la Iglesia y la nobleza no permitirían hacerlo. Creían en la libertad de imprenta, en una democracia moderada con constitución y Cortes.

En este proyecto afrancesado colaboraban unas 12.000 familias burguesas de cierta importancia social y económica, y de conocida capacidad intelectual, denominados “afrancesados”. Colaboraba además un grupo de sacerdotes, calificados de “jansenistas”, que opinaba que los obispos y los curas debían ser suficientemente libres y no estar controlados por influencias extrañas a la religión como podían ser la Inquisición y la política papista. Desgraciadamente para España, en 1813 se perderá un capital intelectual muy valioso. Un famoso afrancesado, que sirve de ejemplo a lo que estamos relatando, fue Goya.

Los afrancesados habían hecho un análisis bastante realista de la situación española y como no creían en el absolutismo anterior, ni en la anarquía y espontaneidad popular, que suele ser sanguinaria, pero nada justa ni progresista, decidieron que el futuro estaba en la colaboración con el rey José. Se equivocaron en su exceso de realismo:

En primer lugar, porque Napoleón les falló y decepcionó cuando se negó a que los afrancesados constituyeran un gobierno civil español, bajo la corona de José I. Napoleón quería más bien un gobierno militar dirigido por generales franceses.

Napoleón les volvió a fallar cuando el 8 de febrero de 1810 se reservó el derecho a gobernar sobre Álava, Pamplona, Aragón y Cataluña. En Abril de 1810 amplió ese derecho a Burgos, Valladolid, Toro, Palencia y Ávila. El 14 de julio de 1810 puso Andalucía bajo la jurisdicción personal de Soult. En febrero de 1812 anexionó Cataluña a Francia. Eso convertía a los afrancesados en antipatriotas, que regalaban el suelo patrio al extranjero. Tuvieron que huir en 1813.

En tercer lugar, porque, contra todo pronóstico, las Juntas Provinciales constituyeron gobiernos que se mantuvieron estables, al menos mientras lucharon contra los franceses. Ni Napoleón, ni los británicos, ni Fernando VII, creían que las Juntas pudieran coordinar un esfuerzo de guerra serio. Se mantuvieron durante la guerra, mientras tuvieron un enemigo exterior. De hecho cayeron fácilmente en 1814 en cuanto perdieron el enemigo común, en cuanto falló Napoleón, cuya enemistad las unía.

En cuarto lugar, por los viejos vicios seculares españoles, la costumbre de utilizar los cargos públicos en su propio beneficio personal, lo cual hizo que los políticos españoles afrancesados no funcionaran bien durante el reinado de José I. Por ejemplo, hubo rivalidades entre el prefecto y el comandante militar de cada intendencia-prefectura creada por José I.

En quinto lugar porque    las malas cosechas de 1811 y 1812 contribuyeron al fracaso de la política afrancesada. La fanega de trigo que valía 60 reales en marzo de 1811, se puso a 87 reales en agosto, 250 en enero de 1812, y 360 en marzo de 1812. Los madrileños empezaron a fabricar pan con harina de patatas.     La política reformista no sirvió para el objetivo de consolidar a José I en el trono de España. José I perdía popularidad entre los españoles: De nada le sirvió ni a Madrid ni a José I un programa de obras públicas que intentaba reformar Madrid y dar trabajo a mucha gente.

El proyecto afrancesado, que era una reforma moderada que se limitaba a quitar a la Iglesia su poder político eliminando la Inquisición y gran parte de las propiedades de los conventos, y hacer las reformas lógicas que todos los españoles demandaban desde hacía tiempo, quedaba completamente desprestigiado frente a la labor desarrollada por las Juntas Provinciales, a las que trataba de atraer. El proyecto era demasiado corto para atraerse a los liberales, y demasiado atrevido para tener apoyo de las clases privilegiadas.

 

 

Reformas administrativas de Gobierno central:

En el Gobierno central, el 4 de diciembre de 1808 se abolieron los Consejos de Guerra, Indias, Hacienda y Órdenes Militares, el Consejo de Castilla cambió de atribuciones convirtiéndose en Tribunal Supremo de España, y se crearon nueve ministerios que fueron: Hacienda, Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Guerra, Policía, Marina, Indias y Asuntos Eclesiásticos. Se instituyeron Juntas de Negocios Contenciosos. Los consejeros españoles de los Consejos suprimidos aceptaron a regañadientes su destitución. El 14 de enero de 1809 hubo orden de arresto contra todos ellos y se registraron sus casas. Muchos huyeron y se unieron a los rebeldes patriotas

Se creó la Milicia Cívica de José I, con uniforme de levita azul oscuro con vueltas rojas y calzón blanco.

Los sueldos de los funcionarios se subieron considerablemente, y un Consejero de Estado ganaba hasta 100.000 reales al año, mientras que los simples asistentes ganaban 12.000 reales al año. Los buenos funcionarios eran recompensados al final de su carrera con la Real Orden Española, que conllevaba una pensión vitalicia.

Se hizo una reforma impositiva. El Gobierno afrancesado de Cabarrús puso unos impuestos nuevos. El nuevo sistema impositivo reducía los impuestos a tres, uno sobre los negocios y la propiedad (patente industrial y propiedad agraria), uno sobre el inquilinato, y uno sobre los ingresos de las personas, que era del 10%. En Madrid, el impuesto sobre el inquilinato grababa la riqueza real (10% de la renta a los dueños de casas y 15% de la renta a los inquilinos), y pretendía que los que más tenían, más pagasen. El campo pagaría impuestos por los artículos comercializados. Este sistema de impuestos fue muy contestado: los madrileños eran afectados porque muchos de ellos eran propietarios de casas o arrendatarios de las mismas. Los campesinos de los alrededores, también afectados, se negaban a llevar alimentos a Madrid y también a entregar esos alimentos a los franceses que iban a recogerlos para abastecer a un Madrid hambriento; los madrileños estaban disconformes con su impuesto sobre fincas urbanas.

Ante la falta de recursos por boicot total de los ciudadanos a pagarlos, José I recurrió a recoger vasos y joyas de las iglesias y conventos, lo cual le enfrentó a las instituciones religiosas y a los católicos. Pero sobre todo inició una desamortización que encolerizó a los religiosos españoles.

José I hizo un recurso a Napoleón, ante el embajador de Francia en España que era La Forest, para que éste dispusiese un dinero con el que ganar la guerra, y una fuerza militar que hiciese efectivo el cobro de impuestos en España. Pero Napoleón había venido a España a por dinero (como ya lo había saqueado en Italia) y no a gastarlo en reformar el Estado español. Lo necesitaba para hacerse dueño de las cortes europeas, y no concebía la petición de dinero de su hermano. Los mariscales venían con la orden de saquear, y por eso dejaban libres a sus soldados para el pequeño saqueo y las violaciones, lo cual servía para encubrir el gran saqueo que ellos hacían para Francia. El 11 de julio de 1808, ya había comunicado José a Napoleón que no había dinero, y lo reiteraba.

El ministro de Hacienda de José Bonaparte era Cabarrús, un francés llegado a España en tiempos de Carlos III y naturalizado español. Cabarrús incurrió en una contradicción cuando pidió a Napoleón soldados y dinero. La contradicción reside en que los afrancesados defendían la independencia de España, pero pedir dinero y pedir soldados a Napoleón parece una contradicción respecto a esa independencia deseada, y mucho más cuando esos soldados se dedicaban a saquear para llevarlo a Francia.   Cabarrús elaboró proyectos para reducir la deuda, pero los gastos de guerra eran altos y se comían todas las recaudaciones de Cabarrús. Se propuso vender los “bienes nacionales” y pidió la venia a Roma para vender fincas eclesiásticas. El Decreto de Venta de Bienes Nacionales era de 9 de junio de 1809.

Al tiempo que vendía los bienes de la Iglesia, recogió los títulos de deuda pública y los cambió por “Cedulas de Crédito” cuyo poseedor podía usar para comprar bienes nacionales o para cobrar réditos del 4% anual. El resultado fue que la deuda se cambió por las tierras puestas en venta y se saldó la deuda antigua, pero el Estado se encontró sin dinero y José I tuvo que recurrir a empréstitos forzosos.

 

Reformas administrativas provinciales:

En 16 de mayo de 1809 se decretó la eliminación de aduanas interiores entre las provincias vascas y Navarra, y la integración de las cuatro en una sola provincia que se llamaría “Cantabria”. El País Vasco fue declarado “gobierno militar” y se puso como gobernador del mismo al general Pierre Thouvenot.

El 2 de julio de 1809 España fue dividida en 38 intendencias, cuyo intendente era de nombramiento real. Estas intendencias pasarían a llamarse prefecturas el 17 de abril de 1810. Cada intendencia o prefectura era residencia del prefecto, distrito judicial y diócesis. Cada prefectura tenía tres subprefecturas (menos Murcia que tenía cuatro, Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Teruel que tenían dos, y Baleares y Canarias que tenían una). Las subprefecturas se dividían en municipalidades. Cada dos, tres, todo lo más cuatro prefecturas, eran una región militar o división, y el total eran 15 divisiones.

Con las intendencias hubo algunos cambios territoriales:

Galicia cambió poco pues las intendencias eran La Coruña, Lugo, Vigo y Orense.

Santander apareció como diferente de Burgos, comprendiendo todo el territorio al norte del Ebro, hasta la costa.

El País Vasco desapareció pues el gobernador de Vitoria tenía jurisdicción sobre los territorios de Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa, y el conjunto se llamaba Cantabria.

Pamplona crecía asumiendo el este de Guipúzcoa, pero perdía el sureste a favor de Zaragoza.

Aragón perdía sus territorios catalano hablantes, perdiendo Huesca su lado este a favor de Lérida, y Teruel el noreste a favor de Tarragona.

Cataluña fue organizada en 4 departamentos, ganaba territorios a costa de Huesca, Teruel y Castellón, resultando la prefectura más grande la de Tarragona. Gerona crecía hacia el sur a costa de Barcelona, Barcelona crecía hacia el oeste a costa de Lérida, Lérida crecía hacia el oeste a costa de Huesca.

En la Comunidad Valenciana desaparecía Castellón, que era repartida entre Valencia y Tarragona y se quedaba con dos prefecturas que eran Valencia y Alicante, cuya divisoria era el Júcar.

Murcia seguía incorporando la mitad de Albacete.

El conglomerado territorial que siempre había sido Castilla la Vieja se rompía: la prefectura de Astorga dominaba aproximadamente en la actual provincia de León; Palencia englobaba los antiguos territorios de Palencia del este, Toro y Palencia del oeste; Salamanca ocupaba desde la ciudad hacia el norte lo que es actualmente provincia de Zamora; Ciudad Rodrigo ocupaba el resto de la actual provincia de Salamanca; Valladolid crecía incorporando casi toda Segovia y Ávila al norte del Sistema Central; y Soria tenía toda la cabecera del Duero.

En Extremadura, Cáceres apenas variaba, pero el sur se llamaba Mérida.

Andalucía tenía seis prefecturas que eran Jaén, Córdoba y Sevilla (que fagocitaba a Huelva), y Granada (que incluía a Almería), Málaga y Jerez.

Castilla la Nueva tenía como variaciones la desaparición del territorio de Madrid, que se quedaba reducido a la Corte y alrededores, pasando casi todo su territorio a Toledo. Toledo crecía con Madrid, sur de Ávila y casi todo Toledo, pero cedía el suroeste a Ciudad Real. Cuenca y Guadalajara apenas variaban.

 

 

Reformas políticas: José I

decidió acabar con los Consejos,

eliminó las aduanas interiores,

quedó abolida la tortura, y la horca se sustituyó por el garrote.

cerró las juntas administrativas y benéficas,

suprimió los títulos nobiliarios y, la aristocracia que quisiera mantenerlos debería solicitarlos de nuevo.

suprimió las Ordenes Militares y civiles españolas, creando en su lugar la Orden Real de España, conocida como “La Berengena” por el color de su distintivo.

Obligó a todos los funcionarios a jurarle fidelidad.

Confiscó los bienes de todos los sublevados y huidos de su domicilio. Se incautaron los bienes de los huidos y se pusieron multas a las familias cuyos hijos estaban sirviendo en el ejército patriota, o rebelde desde el punto de vista de José I.

Dividió España en 38 distritos administrativos que llamó Prefecturas o Departamentos.

 

Reformas económicas:

Anuló los títulos de deuda pública que no fueran reclamados ante él.

El 9 de junio de 1809 se daba el decreto de desamortización.

Se abolieron los derechos señoriales.

Se favoreció la libre circulación de mercancías estableciendo un Tribunal Comercial para los posibles conflictos que surgieran.

Obligó a todos los españoles a colaborar en la guerra con hombres y dinero.

Se eliminaron monopolios, entre ellos el de la Mesta.

Se vendieron las empresas pertenecientes al Estado, como las Reales Fábricas.

Se creó un Mercado de Cambios, o Bolsa de Madrid.

Se revitalizó el Banco de San Carlos.

Se concedieron beneficios al cultivo de patatas, arroz y algodón, a los creadores de empresas industriales y a las Sociedades Económicas de Amigos del País.

 

 

Reformas culturales:

Se inauguró el conservatorio de Artes y Oficios de Madrid.

Se crearon escuelas primarias estatales al tiempo que se cerraban las eclesiásticas el 6 de septiembre de 1809.

Se creó un instituto de enseñanza media en cada prefectura el 26 de octubre de 1809, y se abrieron institutos femeninos. Los centros de enseñanza tenían un programa de estudios y reglas para la admisión de alumnos.

Se creó en octubre de 1809 el Cuerpo de Asistentes, que era un internado de jóvenes para llegar a ser administrativos y estaba reservado a familias ricas pues la matrícula valía 24.000 reales anuales.

Se creó un Instituto Nacional de Artes y Ciencias.

Se abrió el Museo del Prado.

Se decretó la protección de las ruinas de Itálica.

Se ordenó elaborar el proyecto de Jardín Botánico de Madrid.

Se abrió el Museo de Historia Natural.

Hizo todo tipo de fiestas de distinto nivel cultural, del bajo de las corridas de toros, al alto del teatro. También deberíamos incluir el boato de las procesiones de Semana Santa y el Corpus, a las que asistía y hacía todo tipo de ceremonias, aunque él personalmente no creía.

 

Reformas urbanísticas de Madrid:

Se abrió la Plaza de Oriente de Madrid.

Se abrieron los jardines del Retiro, antigua finca real, a todo el público de Madrid.

José I derribó muchas casas de Madrid para abrir la calle cuando se estrechaba demasiado y para abrir plazuelas, la mayoría de las existentes hoy en el Madrid viejo, y se proponía reconstruirlas cuando le expulsaron en 1813. De ahí le vino el mote de “rey plazuelas”.

 

Reformas sanitarias:

Se ordenaron vacunaciones masivas de la gente.

Se ordenó la limpieza de calles y se puso servicio de recogida de basuras en Madrid.

 

 

Reforma de la administración local.

El 4 de septiembre de 1809 fueron disueltos los antiguos ayuntamientos y fueron sustituidos por otros electivos. Los concejales eran proporcionales al número de habitantes de cada lugar y eran elegidos por los propietarios de tierra de la localidad. Presidía el ayuntamiento el alcalde. Cada ayuntamiento tenía un juez profesional, del cuerpo de jueces, pues fueron suprimidos los alcaldes mayores.

 

Reformas en el campo de lo religioso:

El 16 de agosto fueron suprimidos los conventos de órdenes religiosas masculinas y se dio orden de exclaustración en el plazo de quince días, lo que significaba abandonar el convento, vestir ropas civiles, y acudir cada uno a su pueblo de nacimiento, o residencia legal permitida, donde recibiría una pensión. Se les prohibió predicar y confesar. Los novicios debían ser despedidos y ya nadie saldría a pedir. Los bienes de conventos fueron adscritos a la nación. Los bienes expropiados a los conventos se pusieron a la venta siendo canjeables por cédulas de crédito del Estado. El precio de salida de cada finca era la renta media de los cinco últimos años, multiplicada por 22, y en el caso de casas, molinos, fábricas e ingenios, multiplicada por 12. Las pujas se hacían subiendo 100 reales cada puja a partir de los 2.000, y 500 reales cada puja a partir de los 20.000. El plazo para pagar era antes de diciembre de 1810, es decir casi año y medio. La gente se resistió a pagar en esas condiciones, quizás juzgando que el gobierno bajaría y, en efecto, el gobierno emitió 600 millones de cédulas hipotecarias en 16 de noviembre de 1809 y rebajó los precios hasta 10 veces la renta para las casas, molinos y demás inmuebles, y dio más facilidades de adquisición exigiendo un octavo al contado y un octavo cada año durante los siguientes siete años. Así, a principios de 1810 comenzó la venta masiva de bienes.

Las Órdenes Militares fueron suprimidas encargándose de este trabajo Juan Antonio Llorente, Director de Bienes Nacionales, que se valía de dos intendentes para subastar los bienes incautados.

Se eliminó el Voto de Santiago por el que Castilla enviaba cada año un lote de grano al arzobispo de Santiago.

Se suprimió la jurisdicción eclesiástica o privilegio de tribunales propios.

Se suprimieron los patronatos.

Se prohibió ordenar nuevos sacerdotes mientras no se diese parroquia a todos los exclaustrados.

 

Desamortización.

En 1810 falleció Cabarrús y fue sustituido en Hacienda por Francisco Angulo, que nombró Director General del Tesoro a Carlos Faipoult y estos fueron los que llevaron a cabo las subastas de tierras y casas de conventos, Órdenes Militares y huidos. En 1812 todavía se rebajó más el precio de las pujas bajando el precio de salida de las tierras a 10 veces la renta, como se había hecho con las casas. Los hombres adinerados fueron exhortados a comprar y éstos pidieron plazos más largos.

Los compradores de bienes fueron ricos burgueses españoles afrancesados, militares franceses, y particulares franceses. Los ejemplos más significativos fueron:

Ricos burgueses españoles compradores:

Mariano Luis de Urquijo, que adquirió conventos en Bilbao, dehesas en Toledo y muchas casas.

Francisco Javier Negrete, duque de Campo Alange que adquirió dehesas en Toledo.

Miguel José de Azanza, duque de Santa Fe, que adquirió una casa en calle Alcalá 1 de Madrid.

Francisco de Cabarrús, conde de Cabarrús.

Sebastián Piñuela, ministro de José I.

Francisco Angulo, ministro de Hacienda, que compró fincas en Valencia.

Manuel Sixto Espinosa[1], que compró conventos y huertas de San Felipe Neri de Valencia.

Estanislao de Lugo[2], consejero de Estado, que compró casa en Madrid.

José Ignacio Joven de Sales que compró dos casas en Madrid.

Juan Francisco de los Heros, conde de Montarco que compró tres casas en la Carrera de San Jerónimo de Madrid y otras más en Valverde y Fuencarral.

Bernardo Iriarte[3] que compró casa en calle Almudena de Madrid.

Antonio Porlier y Sopranis[4], Marqués de Bajamar que compró fincas en Andalucía y haciendas cerca de Madrid.

Vicente Gómez Arnau que compró haciendas cerca de Madrid.

Juan Antonio Llorente, director General de Bienes Nacionales de 20 agosto 1809 a 21 septiembre 1810, que compró casa en calle San Mateo de Madrid, el convento de María de Aragón y casa de la Magdalena.

André François Miot de Melito, conde Miot de Melito, que había sido gobernador de Córcega en 1796-1803, y era consejero de Estado de José I, que compró la casa de la Duquesa de Alba en calle Barquillo de Madrid, la huerta de Carabanchel Alto, la dehesa de Casarrubio en Toledo, el hotel de Godoy.

Juan María de Cervantes y Altamirano de Velasco, Marqués de Salinas del Río Pisuerga, que compró el convento y tierras del convento de los dominicos de Valverde y la granja Pinilla de Guadalajara (Manuel Antonio Fernández de Paredes Echarri fue el III marqués de Salinas, y Tomás Fernández de Paredes y Geldres fue el IV marqués de Salinas).

Ortuño de Aguirre y del Corral[5], VI Marqués de Montehermoso, que compró fincas en Cataluña.

Carlos Martínez de Irujo y Tacón, duque de Sotomayor que compró la tercera parte de la dehesa de Torrecilla en Toledo.

Javier de Burgos, que compró tierras en Motril (Granada).

Dámaso de la Torre, corregidor (alcalde) de Madrid en 1810-1811, que compró el convento de los cartujos de Ara Christi y el de Portaceli en Valencia, el monte Acenas y los molinos de los bernardos de La Espina (Valladolid), la dehesa de Aldea del Conde en Extremadura, el soto de Valdelaguna, el valle de Alandas, los molinos y tierras del monasterio de Sahagún en León.

Frutos Álvaro Benito, regidor de Madrid, que compró dehesas en La Matilla (Navarra), casas y fincas en Extremadura.

Martín de Huici, regidor de Madrid, que compró la huerta y tierras del monasterio de Bernardos de Matilla (Navarra)

Pedro Cifuentes, tesorero de José I, que compró casa en C/ Cosme de Médicis de Madrid.

Fermín Remón, que compró casa en Madrid y se asoció con José Murga y Frutos Álvaro Benito para comprar entre los tres la dehesa de Bercial, dehesa de Castellanos, dehesa de Panguela, dehesa de Alcaba, dehesa de la Serna, dehesa de Cabrillana y el convento y casa de capuchinos de Sarriá (Barcelona), la huerta de carmelitas de Tarazona, las tierras de mercedarios calzados de Tarazona y el castillo de Soria.

 

Militares franceses compradores:

General Belliard, gobernador de Madrid, que compró el convento benedictino de Santa María de los Reyes en Nájera.

General Donnat, que compró casa y tiendas del convento de la Merced en Madrid, casa del duque del Parque y haciendas en Alcalá de Henares.

General Merlín, que compró diversas fincas.

General Milhaud, que compró diversas fincas.

General Bigarre, que compró la Casa de los Pontejos en Atocha, Madrid.

General Lucotte que compró todas las tierras de los conventos de Alcalá de Henares, la casa del Conde Talara y el monasterio de Sopetrán.

General Chevalier, que compró la casa convento de San Martín en Madrid.

Antoine Porlier

Coronel Borrelli, que compró casa en la calle Sometrezzo de Madrid.

 

Civiles franceses compradores fueron:

Jean Dagés, que compró tierras del convento de Atocha en Madrid, tierras del convento de san Martín, tierras del convento de Santa Leocadia, tierras del convento del Carmen, tierras del marqués de Bélgida, el monte y hacienda de Romanillos, y el monte y hacienda de Gardoqui en Delicias (Madrid).

Claude Finat, que compró la dehesa del Alexar y los batanes frente a San Felipe el Real.

Jean B. Paroisse que compró una manzana entera de casas frente a San Felipe el Real.

Mario Clary que compró dos casas en Amor de Dios y la casa de la Escuela de Química de la calle El Turco de Madrid.

Louis de Croix que compró la casa del conde de Santa Coloma en Hortaleza.

Louis Jacquier que compró casa de calle Bordadores en Madrid.

Thibaud que compró dos casas en calle Bordadores en Madrid.

Joseph Belin que compró el convento y huertas de Santa Bárbara.

Pierre Dubois

Labarbier

Interesante de todas estas compras de los franceses es que se revendieron baratas en 1813, cuando los franceses se marcharon a Francia.

No todo fue negativo para la Iglesia pues se conservó el diezmo, aunque con las tercias reales, se adjudicaron algunas tierras de conventos a algunas parroquias, y se le adjudicó dinero a otras parroquias.

 

 

 

 

[1] Manuel Sixto Espinosa era el hombre que había dirigido la Caja de Amortización de Vales Reales desde 1798, para atacar uno de los más graves problemas financieros de la historia de España. Para lograr esta amortización, Espinosa y Godoy propusieron una desamortización de bienes de la Iglesia, que el Papa permitió. Nuevas emisiones de vales reales consiguieron la devaluación de los mismos y se cambió de nombre a la Caja para llamarla Caja de Consolidación. Todo fue inútil, pues en 1803 se decidió entregar grandes cantidades de dinero a Napoleón para la guerra con Inglaterra, y España se arruinó e implicó en la ruina a sus tierras americanas, a las que sometió a incautaciones iirracionales, lo que fue un desastre todavía mayor, pero no por culpa de Manuel Sixto Espinosa.

[2] Estanislao de Lugo y Molina 1753- , era un tinerfeño que estudió leyes en Valladolid en 1770 y fue preceptor del infante Luis María de Borbón Vallabriga, futuro arzobispo de Toledo. Era jansenista. Dirigió los Reales Estudios de Madrid en 1793-1806 y en 1808-1811. Era extremadamente religioso y fervoroso católico, pero frecuentaba las tertulias de María Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo, a las que asistían ilustrados como Jovellanos, Llaguno, Meléndez Valdés, Fernández de Moratín, Corner, los Iriarte, y “curas jansenistas españoles” como Antonio de Palafox, Rodrigálvez, Posada, Yeregui, monseñor Tavira, Amat, hermanos Cuesta… Los Montijo perdieron el favor del rey en 1806, y la condesa se retiró a Extremadura primero y Logroño más tarde, donde falleció en 1808. Estanislao cooperó a partir de 1808 con José I.

[3] Bernardo de Iriarte Nieves Rabelo, 1735-1814, era un tinerfeño, de familia vasca, sobrino de un bibliotecario del rey llamado Juan de Iriarte. En 1756 trabajó en la embajada de Parma. En 1758 fue oficial de Secretaría de Estado. En 1760, estuvo en la embajada en Londres. Todo ello correspondía aal deseo de Floridablanca de que los manteístas aprendieran idiomas. En 1761 estuvo otra vez en Secretaría de Estado. En 1776 fue Secretario de la embajada de Roma. En 1780 fue consejero del Consejo de Indias, donde entabló amistad con Aranda y perdió el favor de Floridablanca. En 1792, cayó Aranda, y Bernardo de Iriarte se pasó al círculo de Godoy, como tantos otros arandistas. En 1802 rompió con Godoy y fue confinado fuera de Madrid. En 1808 fue ministro para José I y en 1809 miembro del Consejo de Estado, exiliándose con José I en 1813.

[4] Antonio Porlier y Sopranis, 1722-1813, marqués de Bajamar 1791-1813, había estudiado en los jesuitas de Sevilla y en el convento de San Martín de La Laguna (Tenerife). Estuvo en Francia en 1737 un par de años. En 1739 inició estudios religiosos en La Laguna, pero en 1744 se pasó a Derecho en Alcalá y luego en Salamanca. De 1757 a 1774, desempeñó cargos en América, y en esta última fecha pasó a ser fiscal del Consejo de Indias, 1787 Secretario de Despacho de Indias, 1790 Secretario de Gracia y Justicia. En 1808 acompañó a Carlos IV a Bayona, y regresó para ponerse al servicio de José I.

[5] Ortuño de Aguirre y del Corral, VI marqués de Montehermoso, era un viejo, marido de María Pilar Acedo y Sarriá, condesa del Vado y de Echaluz, 40 años más joven que él, que era la querida de José I.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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