LA JUNTA SUPREMA CENTRAL. LA MASONERÍA.

 

 

LA JUNTA SUPREMA CENTRAL GUBERNATIVA DEL REINO.

     (De 25 de septiembre 1808, a 29 de enero 1810).

 

En agosto de 1808, el Consejo de Castilla quería instaurar un Gobierno central en España, a lo que se negaron todas las Juntas Provinciales recién formadas. Entonces se determinó reunir una Junta Suprema Central que coordinase a las Juntas. Debían reunirse dos delegados de cada Junta provincial, para constituir, al menos, un organismo que dirigiera la guerra. Pero el Consejo de Castilla no desistió en su proyecto de sometimiento de todas las Juntas. El Consejo de Castilla estaba dirigido por el absolutista moderado, ilustrado, José Moñino Redondo conde de Floridablanca (que tenía 84 años), e integrado por un grupo de títulos nobiliarios, canónigos y licenciados mucho más cerrados en el absolutismo.

Este grupo de personas se reunió en el palacio de Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 y constituyó la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino[1], con dos diputados de cada Junta Provincial constituida. La Junta Suprema Central existió hasta 29 de enero de 1810, que es el periodo seleccionado por nosotros en este capítulo.

 

Integraban la Junta Suprema Central 35 miembros, de los cuales 24 era nobles (5 Grandes, 15 aristócratas y 4 hidalgos, de los cuales, 6 eran abogados), 6 eclesiásticos, 2 abogados y 3 hombres de negocios. En principio se reunieron sólo 24, y el resto llegó más tarde.

Fueron miembros de la Junta Central:

Presidente en 25 de septiembre de 1808: José Moñino Redondo, conde de Floridablanca[2], fallecido en 30 diciembre 1808 y fue sustituido en funciones por Vicente Ossorio de Moscoso[3] Álvarez de Toledo, marqués de Astorga / 1 noviembre 1809: Juan Acisclo de Vera y Delgado, arzobispo de Laodicea, que permaneció en el cargo hasta 31 de enero 1810.

Vicepresidente, Vicente Ossorio de Moscoso Álvarez de Toledo, marqués de Astorga.

Secretario General de la Junta, Martín de Garay Perales.

Vocales:

por Aragón, Francisco Rebolledo de Palafox y Melci; Lorenzo Calvo de Rozas[4];

por Asturias, Melchor Gaspar de Jovellanos Ramírez[5] y Francisco Bernaldo de Quirós y Mariño de Lobera[6], marqués de Camposagrado;

por Canarias, Alonso de Nava Grimón y Benítez de Lugo, marqués de Villanueva del Prado.

por Castilla la Vieja, Lorenzo Bonifaz Quintano; Francisco Javier Caro;

por Cataluña, Joan Antoni de Fivaller i de Bru[7], marqués de Villel; Antoni Ferrer Llupiá[8], barón de Sabasona;

por Córdoba, el marqués de la Puebla de los Infantes[9]; Juan de Dios Gutiérrez Rabé;

por Extremadura, Martín de Garay y Perales[10]; Félix de Ovalle;

por Galicia, Pedro María de Cisneros y Ulloa, conde de Gimonde; Manuel María Avalle;

por Granada, Rodrigo de Riquelme; Luis Ginés de Funes y Salido;

por Jaén, Sebastián de Jocano; Francisco de Paula Castanedo;

por Madrid, el conde de Altamira[11]; Pedro de Silva[12];

por Mallorca, Tomás de Veri; José Zanglada de Togores conde de Ayamans[13];

por Murcia, José Moñino Redondo conde de Floridablanca[14]; Nicolás Toledo y Aguado, marqués de Villar; (a partir de 8 abril 1809: Diego de Uribe Yarza y Caro, marqués de San Mamés de Arás).

por Navarra, Miguel de Balanza y Castejón; Carlos de Amatria Santamaría;

por Sevilla, Juan Acisclo de Vera Delgado[15], arzobispo de Laodicea; Guzmán Ortiz de Zúñiga Maravel Ponce de León conde de Tilly;

por Toledo, Pedro de Ribero; José Manuel García de la Torre[16];

por Valencia, José Antonio de la Cerda-Cernesio y Marín de Resende, conde de Contamina; Antonio Valcárcel y Pío de Saboya, Príncipe Pío (reemplazado por defunción, en diciembre de 1808, por Pedro Caro Sureda marqués de La Romana).

Los diputados de León, fray Antonio Valdés y Bazán, y Joaquín Flórez-Osorio y Teijeiro de la Carrera vizconde de Quintanilla de Flores, fueron arrestados al pasar por Castilla, y nunca llegaron a Aranjuez. El general patriota Gregorio de la Cuesta detuvo y encarceló a esos representantes en Segovia hasta que Castaños exigió su liberación. Se incorporaron mucho más tarde.

Una parte de los miembros de la Junta Central, grandes, títulos, canónigos y magistrados, eran partidarios de volver al absolutismo y a los privilegios nobiliarios. La mayor parte, como el marqués de La Romana y el aragonés Palafox (hermano del defensor de Zaragoza), era partidaria de un absolutismo ilustrado. Muy pocos, como el aragonés Lorenzo Calvo de Rozas, el leonés fray Antonio Valdés, y el sevillano Guzmán Ortiz de Zúñiga conde de Tilly eran partidarios del liberalismo.

En general, la Junta Suprema Central era, en el momento de su constitución en septiembre de 1808, contrarrevolucionaria, reaccionaria, nobiliaria, y estaba allí para reconducir la situación en cuanto pudiera, acabando con las Juntas Provinciales que habían asumido la soberanía sobre sus propias decisiones políticas. El problema político que se presentaba en España era doble: que unas Juntas Provinciales revolucionarias estaban siendo dirigidas por una Junta Central que era reaccionaria, lo cual no era estable políticamente, y que entre los miembros de la propia Junta Central había algunos liberales, cuando los dirigentes de la Junta tenían como objetivo preservar el absolutismo.

Hemos afirmado que el carácter de esta Junta era nobiliario y contrarrevolucionario en sus intenciones, pero, de hecho, también era revolucionario a su pesar, en cuanto no admitían como máxima autoridad a la Junta Suprema de Gobierno ni al Consejo de Castilla que eran las autoridades dejadas por Fernando VII. Igualmente, hay que tener en cuenta el papel asumido por la Junta Suprema Central respecto a América, donde predicaba la asunción de la soberanía por los pueblos, repudiando el sistema de Carlos IV y justificando que ella misma hubiese reclamado la soberanía, lo cual no era del todo legal. El mensaje era equívoco, y visto desde el lado americano, podía interpretarse de diversas maneras. De hecho, en Caracas se habló inmediatamente de revolución en España e interpretaron que Aranjuez había sido el principio de la revolución española. Los caraqueños manejaban con profusión y ligereza el término “revolución” en esos días.

Si nos vamos al 26 de octubre de 1808, la actuación de la Junta Suprema Central nos parece ya más revolucionaria, pues hablaba de mejorar las instituciones y consolidar la libertad, se afirmaba el repudio de la política de Carlos IV y no sólo la de Godoy, se citaba el reinado como una tiranía de 20 años, se afirmaba la traición de la delegación regia dejada por Fernando VII (la Junta de Gobierno), se repudiaba el sistema político adoptado por esa Junta de Gobierno, se afirmaba que la supresión de la Casa Real ahorraría gastos, que la soberanía volvía al pueblo y que la Junta se preparaba para la doble misión de expulsar a los franceses y construir un Estado nuevo con unas Leyes fundamentales que debían ser obra del pueblo. Todo ello se completó con una circular a los virreyes americanos para que no aceptasen órdenes del consejo de Castilla ni del Consejo de Indias, lo cual, en ausencia de otras normativas, era una invitación a autogobernarse provisionalmente. En conclusión, la Junta Suprema Gubernativa Central del Reino, se hacía revolucionaria por el devenir de los hechos mismos. Esta misma idea era la que tenían los británicos a finales de 1808, pues si la Junta Suprema Central asumía la soberanía y se constituía con vocales procedentes de las Juntas provinciales, entendían que España iba a un modelo federal y, aunque se proclamaba monárquico en la teoría, era republicano en la práctica y de momento. También debemos considerar el Manifiesto de la Junta Suprema Central de 28 de octubre de 1809 en el que considera que la consecución de la libertad es prioritaria y ello implicaba acabar con una tiranía inepta, que el establecimiento de una Regencia cerraba el paso a la soberanía de los pueblos, que el Gobierno se debía basar en la soberanía de los pueblos y que los tres siglos precedentes de la historia de España debían ser tachados de despóticos y arbitrarios.

Más tarde, y ya en el terreno de la práctica, la Junta Central se impuso a las demás Juntas provinciales y les negó la soberanía, lo cual era un poco contradictorio con las ideas de soberanía de los pueblos que éstas defendían. La Junta volvía hacia el conservadurismo. Las Juntas provinciales se levantaron contra la Suprema Central, a la que acusaron de los desastres bélicos de 1809 y la acusaron de incapacidad de dirección. Entonces la Junta Suprema Central decidió que era imprescindible una Regencia, cambiando completamente de opinión en este aspecto.

El Gobierno Provisional se mostró conservador: sustituyó al Inquisidor General, Ramón de Arce, por ser afrancesado, por el muy conservador obispo de Orense, permitió la vuelta de los jesuitas y restableció las antiguas leyes de prensa.

Como tema pendiente, había que definir el papel que debía jugar esa Junta Suprema Central respecto al de los miembros del Consejo de Castilla. Los de la Junta Central estaban divididos en ello. Nunca se supo con claridad el papel de la Junta Suprema Central y se disolvió sin aclararlo.

La Suprema Junta de España e Indias, creada en Sevilla, no aceptó la soberanía que se pretendía autoatribuir la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, y defendió la teoría de que la Junta Suprema Central era sólo una coordinadora de las Juntas Provinciales.

Por otra parte, el general Gregorio de la Cuesta, un absolutista, pretendía hacer un Consejo de Regencia que mantuviese el sistema del absolutismo, de modo que se deberían disolver las Juntas Provinciales, y dejar la Junta Suprema Central como simple órgano consultivo de la Regencia.

El 7 de octubre de 1808, Jovellanos propuso en la Junta Suprema Central la convocatoria de Cortes, en la idea de que éstas deberían designar una Regencia. Estas Cortes deberían reunirse antes de octubre o noviembre de 1810.

Pedro Alcántara Álvarez de Toledo duque del Infantado y Arias Mon y Velarde, apoyaban la idea de Gregorio de la Cuesta y exigieron el cumplimiento de lo ordenado en Las Partidas: El 8 de octubre, en los primeros días de la Junta Suprema Central, el Consejo de Castilla emitió un informe recordando que las Partidas decían que, en caso de ausencia del rey, se debían designar unos guardadores del reino en número de uno, tres o cinco. Este informe negaba la capacidad de las Juntas Provinciales para establecer un Gobierno, por no ser soberanas, y concluía diciendo que había que designar regencia, extinguir las Juntas Provinciales y convocar Cortes. Pensaban restaurar el absolutismo. La Junta Suprema Central ignoró este informe.

La Junta Suprema Central se declaró “suprema” ó soberana, es decir, no dependiente de las Juntas y creó un cuerpo militar de “Voluntarios de Honor de la Universidad de Toledo” que era en teoría su protección. Esta opinión era contraria a la de Floridablanca, su presidente, que alegaba que necesitaba tiempo para estudiar el asunto y lo demoró lo que pudo, pues tampoco creía en unas Juntas Provinciales soberanas, sino en la Regencia.

El problema de la soberanía, supremacía en el lenguaje de la época, tenía difícil solución, pues la reclamaban los gobiernos dejados por Fernando VII, la Junta Suprema Central y cada una de las Juntas Provinciales. Una posible salida a este conflicto la dio la Junta de Legislación, declarando en un proyecto que las futuras Cortes tendrían la iniciativa legal, y el rey tendría veto sólo por tres legislaturas. Ello equivalía a dejar para el futuro la solución, pero limitando la soberanía del rey, cosa que no aceptaban la mayoría de los gobernantes del momento.

Floridablanca, Secretario de Despacho de Estado desde 25 de septiembre de 1808 a 30 de diciembre de 1808, había tenido un golpe de habilidad, al dar participación a las Juntas Provinciales en la Junta Central, y ello le dio el éxito, al menos inicial, que los demás proyectos autoritarios, Consejo de Castilla y Regencia, no tuvieron. Prescindir de las Juntas y hacerse con el poder en un momento de guerra, con un ejército francés al servicio de José Bonaparte dentro de España, no era factible. Pero las Juntas no estaban dispuestas a someterse tan fácilmente: Sevilla exigió que la Junta Suprema Central no se constituyera en Madrid, lo cual sería sustituir un gobierno central por otro, y aceptó a duras penas que se instalara en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, poniendo la condición de que Sevilla tuviera un papel predominante, cosa que no caía bien en las demás Juntas. Sevilla era muy importante porque era la zona más libre de franceses y con más capacidad para levantar un ejército patriota, además de tener el máximo de relaciones con América.

 

El 15 de octubre de 1808, se nombró nuevo Gobierno de la Regencia. El cargo de Secretario de Despacho de Estado cambió de nombre. El nuevo cargo se llamaba simplemente Secretario de Estado:

Secretario de Estado (que equivalía a Jefe de Gobierno y ministro de Exteriores), José Moñino Redondo conde de Floridablanca /5 enero 1809: Martín Garay de Perales[17] /13 octubre 1809: Eusebio Bardají Azara[18] (que no llegó a ejercer) siendo ejercidas las funciones por Pedro Rivero[19] /30 octubre 1809: Francisco Saavedra Sangronis /31 enero 1810: Nicolás Ambrosio Garro y Arizcun[20] marqués de las Hormazas / 20 marzo 1810: Eusebio Bardají Azara[21]/ 6 febrero 1812: José García de León y Pizarro /12 de mayo 1812: Ignacio de la Pezuela.

Gracia y Justicia, Benito Ramón de la Hermida Maldonado[22] como titular, pero en su lugar actuó Pedro Ceballos Guerra /8 marzo 1810: Nicolás María Sierra[23] / 19 enero 1811: José Antonio Larrumbide Uzquidizar / 12 agosto 1811: Ignacio de la Pezuela.

Guerra, Antonio Cornell Ferraz[24] como titular, pero en su lugar actuó Antonio Escaño[25] / 31 enero 1810: Francisco Eguía Letona[26] / 20 mayo 1810: Eusebio Bardají Azara[27] / 9 octubre 1810: José Heredia[28] / 6 febrero 1812: José María Carvajal[29].

Marina, Antonio Escaño /31 enero 1810: Gabriel Císcar y Císcar / 1 noviembre 1810: José Vázquez Figueroa.

Hacienda, Francisco Saavedra / 2 noviembre 1809: Nicolás Ambrosio de Garro y Arizcun, marqués consorte de las Hormazas / 2 de julio 1810: Nicolás María Sierra / 13 noviembre 1810: José Company / 14 enero 1811: José Canga Argüelles[30] / 6 febrero 1812: Antonio Ranz Romanillos / 22 abril 1812: José Vázquez Figueroa.

 

 

El 1 de enero de 1809 se constituyó la Regencia Provisional, e inmediatamente ésta se consideró verdadero Gobierno de España, declarando que la Junta Suprema Central era sólo una junta consultiva, intermediaria entre la Regencia y las Juntas Provinciales y preparadora de los temas a tratar en Cortes. La lucha por la cabeza del poder se había abierto. La Regencia no llegaría a funcionar hasta 28 de enero de 1810.

A partir de 1 de enero de 1809, la Junta Suprema Central se dedicó a fortalecer su poder frente al de las Juntas Provinciales. Este día decretó que todas las Juntas redujeran sus miembros a un máximo de nueve personas y abandonasen el título de “Supremas”. Su nuevo nombre sería el de “Juntas Provinciales de Observación y Defensa”. También se fijaban sus funciones, que eran recoger donativos patrióticos, reclutar soldados y hacer requisas de casas y armas. Las Juntas Provinciales no aceptaron el decreto de 1 de enero de 1809.

Uno de los primeros actos de gobierno, iniciado por Floridablanca y firmado por Martín Garay de Perales, fue un Tratado de Paz entre España y Gran Bretaña, gestionado por Juan José Ruiz de Apodaca por España y por George Canning por Gran Bretaña. El 14 de enero de 1814 se acordaba la paz absoluta entre ambos países, el auxilio de Gran Bretaña a España contra los franceses, el reconocimiento de Fernando VII como rey de España, el compromiso de España de no ceder territorios españoles, compromiso de ambas potencias de no hacer la paz por separado con Napoleón, la admisión en Cádiz de una guarnición británica y el acceso de Gran Bretaña al comercio colonial español. Esta última cuestión fue rechazada por el Gobierno de España y los británicos lograron este comercio tratando con los insurrectos americanos, al tiempo que defendían España de los Franceses. La ayuda británica se había producido ya de hecho en el año anterior y España había recibido 200.000 mosquetes y 7 millones de duros (140 millones de reales).

El 22 de enero de 1809, la Junta suprema Central decretó que las Indias no eran colonias o factorías, sino parte integrante de la monarquía española, y que participarían en la Junta Central y Gubernativa del Reino como las demás regiones españolas. Esta declaración, aunque tardía, sirvió para que América enviase, durante 1809, 284 millones de reales a Cádiz.

La Junta Central difundió entre el pueblo el mito de Fernando VII: un hombre que lo arreglaría todo, pues Godoy y los franceses lo habían destrozado, robado y corrompido todo, según la Junta.

El 25 de febrero de 1809 autorizó el corso terrestre contra el francés, declarando que las cosas arrebatadas a los franceses eran propiedad de quien las hubiese cogido. Las bandas de forajidos o guerrilleros, no debían tener desertores, y debían tener un jefe conocido que tendría un nombramiento oficial dado por la Junta Central, y preferiblemente debía ser un oficial del ejército.

 

 

 

 

 

La masonería en España.

 

En 1809 había en España cuatro sociedades masónicas que eran:

Gran Oriente de España, GOdE, (dirigida por Cipriano Palafox Portocarrero, conde de Teba a partir de 1808 y conde de Montijo a partir de 1834, cuando sucedió a su hermano Eugenio en el título), persona a las órdenes de José I,

Supremo Consejo de España (dirigido por Miguel José de Azanza Alegría, persona clave en el gobierno de José I),

Supremo Consejo del Grado 33 (logias militares dirigidas por Alejandro Francisco Augusto conde de Grasse-Tilly),

y Gran Oriente Español (dirigido por el francés Joachim Murat).

En 1889, el Gran Oriente de España, GODE, Gran Oriente Nacional de España, GONE, se fusionaron en un Gran Oriente Español, GOE.

En 1811 nacería una quinta sociedad, el Gran Oriente de las Españas y las Indias, dirigido también por el conde de Grasse-Tilly[31]. Este hombre, había creado su asociación masónica en Santo Domingo en 1803, pero abandonó la isla en 1804 para instalarse en Francia, donde proclamó presidente honorífico, Gran Maestre, a Luis Napoleón Bonaparte, constituyéndose él mismo como gestor real de la organización masónica. Grasse Tilly había conocido la organización en Charleston (Estados Unidos) donde funcionaba desde 22 de junio de 1797.

La masonería había nacido en Inglaterra en 1717, cuando se fundó The Grand Lodge, pero donde más se difundiría sería en Francia a finales del XVIII. La masonería había sido introducida en España por el inglés Wharton en 1727 con la sociedad Las Tres Flores de Lis, pero permaneció con poca importancia hasta ser vitalizada por Aranda en 1760 y por el conde de Montijo a partir de 1780 y su Gran Oriente.

Las asociaciones masónicas serían prohibidas y autorizadas muchas veces desde finales del XVIII hasta la dictadura de Franco. El Papa Clemente XII la había prohibido en 28 de abril de 1738. A finales del XIX, Cánovas y el clero católico harán una gran cruzada contra ellas y tenderán a desaparecer.

Utilizarían después la masonería otras fuerzas revolucionarias como anarquistas, socialistas y republicanos, que tendrán un gran protagonismo en 1931-1936 y ya será un proyecto diferente, no siempre liberal. A partir de entonces, Franco decidió acabar con ella, quedando solamente residuos, los unos románticos, y los otros en manos de aprovechados de una institución de colaboración social en la que participaban jueces, militares, políticos, profesores…

Los masones hacían asociaciones secretas con objeto de conseguir una moral superior a la cristiana, que pudiera aceptar todas las religiones, que pudiera ser una moral verdaderamente universal como ninguna de ellas había conseguido, que difundieran valores como la veracidad, la libertad, la moralidad pública y privada. No era una asociación abierta, sino que había que demostrar poseer unos principios morales altos para poder ingresar. Era preciso ser varón y libre, pero hubo mujeres. No se debía hablar en las logias de una religión concreta ni de la política concreta de un Estado, sino de la superación de esas formas sociales. Se podía pertenecer a cualquier religión o a ninguna.

Una asociación que permitía a los don nadie el contacto con grandes aristócratas, grandes militares, grandes fortunas, y se decía que incluso obispos, era necesariamente atractiva. Además el morbo de llegar a conocer los presuntos secretos de la organización, atraía también a muchos. El juramento de obediencia ciega y de guardar secreto sobre los componentes, y de ayuda a los hermanos de la logia, le daba también a la organización mucha capacidad de atracción y posibilidades de poder.

Una fuerza así, introducida en la Administración y el ejército, era también muy deseada por los estafadores, por los revolucionarios y por los arribistas y, desgraciadamente, fue utilizada con malos fines muchas veces. El secretismo, no permitía las depuraciones que serían necesarias periódicamente, y era la fuente de sus fracasos, como lo era de sus éxitos. Unos pocos corruptos, podían hacer ingresar a muchos más y corromper la trama entera. La práctica diaria de la masonería resultaba además contradictoria: cuando los franceses de Napoleón, identificados con la masonería, supuestos portadores del progreso y de una moral superior y nueva, saqueaban los templos y conventos, así como los palacios y bibliotecas, no era fácil seguir pensando en que su moral fuese superior a la tradicional española católica.

La idea de una antigüedad de la masonería anterior al XVII se debe a varios factores: primero, que, a finales del XVII, adoptaron los símbolos y nombres de las antiguas sociedades de masones o albañiles, que existían desde la antigüedad, probablemente en Egipto y Roma, y por supuesto en la Edad Media; segundo, que ciertos masones afirmaban que la moral universal que ellos predicaban era la moral de los hinduistas, de Isaías, de Jesús, de los filósofos griegos, de Mahoma etc. etc.; tercero, que decían que la sabiduría moral estaba ya en el Osiris egipcio, en el Baal babilónico, en el Jehová judío, como luego lo estaría en las religiones modernas. Pero en el XVII ya no había ningún albañil que fuera masón y era una asociación completamente nueva integrada por gentes influyentes en la política y la economía.

La masonería era incompatible con el catolicismo y con el protestantismo desde el momento que afirmaba que Cristo no era Dios sino un maestro de moral más, que la salvación no se conseguía a través de Cristo sino por el trabajo de cada persona en el conocimiento y en la moral, y que Isis, Pitágoras, Orfeo, Zoroastro, Moisés y Mahoma eran otros tantos maestros de moral, de igual importancia que Isaías o Jesús para un masón. Cada persona en particular podía luego pensar para sí que Cristo sí era Dios, respetando que los demás compañeros no lo pensasen así.

La masonería tuvo su mayor auge e importancia histórica en la Revolución Francesa. Todos los hermanos de Napoleón eran masones e incluso Murat, el cuñado, también lo era. Napoleón utilizó la masonería para intentar acabar con un defecto social de su tiempo, el clericalismo, o sumisión moral a unos sacerdotes, frailes y monjas, que no eran modelos de moral precisamente o que reducían la moral al ámbito sexual y la caridad “cristiana”, olvidando otros muchos campos de moralidad o presentando valores equivocados en campos como la ciencia, el arte, la economía, la política… Pero en 1813, el Gran Oriente Francés consideró que Napoleón se había convertido en enemigo de las libertades y del progreso humano y abandonó al Gran Maestro de los masones que no era otro que José Bonaparte.

La organización de la masonería era la siguiente: las agrupaciones, llamadas por ellos “talleres”, eran todas independientes entre sí, de forma que fueran difícilmente perseguibles por el Estado o la Iglesia. Los iniciáticos se agrupaban en logias, en donde ascendían escalones: el primer escalón eran los grados 1 a 3 de aprendiz, compañero y maestro. El segundo escalón eran los “capítulos” donde se reunían los grados desde el 4 (maestre secreto) hasta el 18 (soberano príncipe de Rosacruz). El tercer escalón lo integraban los “consejos”, cuya misión era crear ideas nuevas, e iban desde el grado 19 (Gran Pontífice de Jerusalén), al grado 30 (caballero Kadosh). El cuarto y último escalón era el de los verdaderos jefes y dirigentes de la masonería, los “sublimes”, desde el grado 31 (Inspector Inquisidor Comendador), al 33 (Soberano Gran Inspector General).

El Supremo Consejo de Grado 33, o de rito escocés, era muy similar: los grados 4 al 14 se denominaban Logias de la Perfección y eran dirigidos por el Soberano Capítulo Rosa Cruz correspondiente; los grados 15 a 18 se denominaban Capítulos Rosa Cruz y eran dirigidos por el Consejo de Caballeros Kadosh; los grados 19 a 32 eran los Consistorios, dirigidos por el Supremo Consejo; el Supremo Consejo abarcaba los grados 31 y 32 de Soberanos Grandes, y el grado 33 o cúpula del Supremo Consejo, integrada por el Muy Poderoso Soberano, Gran Comendador, Gran Teniente Comendador, Gran Ministro de Estado, Gran Secretario Canciller, Gran Tesorero del Santo Imperio, Gran Maestro de Ceremonias, Gran Hospitalario, Gran Capitán de Guardias, Gran Primer Experto, Gran Segundo Experto y Gran Portaestandarte. Los Capítulos y Consistorios eran agrupaciones territoriales.

Algunos políticos y militares españoles estaban en la masonería, y esta fuerza secreta contraatacaba desde dentro las decisiones de los organismos oficiales dominados por la Iglesia y las instituciones absolutistas. Pero no podemos valorar su influencia exacta, mucha o poca, dado su carácter secreto. Pero quizás algunas de las continuas contradicciones en la actuación de los organismos que debían dirigir a los españoles, tengan explicación en la masonería atacando determinados centros de poder y a determinadas personas.

Se autodenominaban “hijos de la viuda”.

 

En el tema de la revolución de 1807-1814, la masonería jugó un papel importante, pero que nos es desconocido y confuso, lleno de contradicciones y falsedades, y tenemos muy poca seguridad en las afirmaciones que se hacen sobre esta cuestión. Parece ser que Eugenio Eulalio conde de Montijo 1808-1834, uno de los organizadores de los motines de El Escorial y de Aranjuez (el Tío Pedro en Aranjuez), escapó a Sevilla tras la llegada de José I y pretendió liderar la Junta de Sevilla, ayudado por Francisco Palafox y el duque de Osuna[32], a lo que se opuso el conde de Grasse Tilly, líder de la Junta y de la masonería sevillana. Luego intrigó para ser nombrado Capitán General de Granada, y fue encausado por conspiración y apartado del mando en tropa durante la guerra. En 1814, Eugenio Eulalio visitó a Fernando VII en Valençay, y fue mensajero suyo, tras lo cual fue nombrado Capitán General de Granada, puesto desde el que acusó a muchos liberales. Los problemas históricos se acumulan y se fundan en suposiciones a partir de ese momento: se dice que en 1817, Eugenio Eulalio era el líder de la masonería en Granada, el centro masón más importante de España, que estaba relacionado con las organizaciones similares de Madrid y Cádiz. En 1818 hubo una campaña de represión contra los masones, y a Eugenio Eulalio no le pasó nada, lo que sugiere que era un infiltrado. En 1820, Eugenio Eulalio aparece de nuevo en una logia de Madrid, los Amigos de la Virtud Triunfante, en la que también estaba su hermano Cipriano. Había otras dos logias en Madrid: Nuevos Numantinos, y Libertad.

En 1821, el líder de la masonería parece que fue Riego, pero la masonería se escindió en tres grupos: Gran Oriente, Comuneros y Carbonarios. Los comuneros eran reformistas, y los carbonarios revolucionarios puros que sólo admitían en sus filas a revolucionarios probados. Y de nuevo fueron duramente reprimidos en 1823-1834.

En 1834, hubo una amnistía, 26 de abril de 1834, por la que se olvidaba el pasado masón de las personas a la hora de acceder a cargos públicos, pero se les exigía que abandonaran la masonería a partir de ese momento.

Más tarde se lanzó el rumor de que se fusionaron Gran Oriente Nacional de España, y Gran Oriente de España, y que el líder era Francisco de Paula de Borbón, lo cual no es creíble. Y a partir de ese momento todo son conjeturas y suposiciones hasta fin de siglo XIX.

 

 

 

[1] No se debe confundir esta Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino hecha por las Juntas Provinciales y el Consejo de Castilla, ni con la Junta Suprema de Gobierno que había dejado Fernando VII, ni con la Suprema Junta de España e Indias que había intentado crear Sevilla y se quedó en una Junta Provincial más.

[2] José Moñino y Redondo 1728-1808, conde de Floridablanca, era de Murcia y estudió en el Seminario de San Fulgencio (pero no para sacerdote), y en la Universidad de Orihuela. En 1748, a sus 20 años, era ya abogado del Consejo de Castilla y en 1756 era uno de los tres fiscales de ese Consejo, que eran el Cuerpo Consultivo del Rey. Compañero suyo de fiscalía era Campomanes. Moñino, Campomanes, Roda, Aranda y Grimaldi eran un grupo conocido como el “partido de los golillas”. En 1772 fue embajador en Roma hasta 1777.

[3] Vicente Osorio de Moscoso Álvarez de Toledo, 1777-1837, marqués de Astorga.

[4] Juan Lorenzo Calvo de Rozas, 1773-1850, nació en las Encartaciones (Vizcaya) y fue un comerciante que llegó a Madrid en 1798. En 1800 era miembro de la Junta de Gobierno del Banco de San Carlos e hizo fortuna comprando casas por toda la península. Se convirtió en el hombre de confianza de José Rebolledo de Palafox, intendente del ejército y corregidor en Zaragoza. Por este puesto, fue elegido para la Junta Suprema Central y fue quien propuso el 15 de abril de 1809 convocqr Cortes, pues era de ideas liberales. Enemigo del marqués de la Romana, acabó siendo perseguido por la Regencia y encarlado en 1810 durante unos meses. En 1811 fue apaleado por un teniente coronel. En 1814 fue confinado a Coria (Cáceres), en 1815 estuvo en Plasencia y Talavera de la Reina, hasta que en 1818 fue detenido. En 1820 fue exonerado y presidía la tertulia de la Fontana de Oro, fue Director General de Rentas y vocal de la Junta de Aranceles en 1821. En 28 febrero de 1823 fue propuesto ministro de Hacienda para Álvaro Flórez Estrada. En 1824 fue expulsado de Cartagena y de Alicante y huyó a Murcia. En 1831 fue Presidente de la Sociedad Patriótica de Madrid. En 1834 fue encarcelado por conspirar contra María Cristina,pero fue liberado al poco. En 1836 fue apresado de nuevo, y liberado en febrero de 1837. En 1849 encabezaba el Partido Progresista Democrático.

[5] Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez, 1744-1811, fue un hombre culto que se hizo amigo de Campomanes y fue miembro de las academias de Historia y de la Lengua. Había nacido en Gijón en familia hidalga y había ingresado en el seminario hasta que los marqueses de Casa Tremañes le llevaron a estudiar Derecho a Madrid. Era un tipo enfermizo. En 1767 fue magistrado de la Real Audiencia y alcalde del crimen. En 1774 fue Oidor. En 1778 fue Alcalde de Casa y corte en Madrid. en 1790, a la caída de su protector, Cabarrús, se marchó a Gijón, su pueblo. En 1798 fue alcalde del crimen en la Audiencia de Sevilla y allí conectó con Olavide y supo de sus inquietudes reformistas y leyó a Cautillon, Condillac y Turgot, que eran los reformistas de moda en Europa, y a Adam Smith que era el economista de la época, fue preso y desterrado a Gijón, su pueblo natal. En 1778 fue Alcalde de Casa y Corte en Madrid y conoció a Floridablanca, Campomanes, Cabarrús, y perteneció a la Real Sociedad Económica Matritense o de Amigos del País. A partir de 1786 reaccionó contra los ilustrados al ver la figura de Godoy y ambos se reconocerán como enemigos. En 1796, la Inquisición inicia un expediente contra él del que sería exonerado en agosto de 1798, gracias a Mariano Luis de Urquijo, pero Godoy le siguió persiguiendo cuando llegó al poder en 1800 y el 13 de marzo de 1801 fue detenido, y se le mandó en 1802 al castillo de Bellver (Mallorca) hasta abril de 1808. Fue indultado por Fernando VII tras el motín de Aranjuez. En 1808 fue nombrado ministro de José I, cargo al que renunció, y miembro de la Junta Central y Gubernativa del Reino, cargo que aceptó. No era liberal, pues discrepaba radicalmente de los liberales, pero tampoco absolutista cerrado, y el calificativo de afrancesado tampoco le cuadra bien. En 1809 presidió la Junta de Instrucción y preparó un informe previo a un Plan General de Instrucción. Murió el 27 de noviembre de 1811.

[6] Francisco Bernaldo de Quirós y Mariño Lobera, 1760-, VI marqués de Camposagrado era un militar que representó a Asturias en la Junta Suprema Central y fue teniente general del Principado de Asturias sirviendo a la Junta Suprema Central. En 1814 y hasta 1823, fue capitán general de Cataluña, y en noviembre 1814 Secretario de Guerra interino. En enero de 1816, secretario de Guerra. En octubre 1816, Secretario de Guerra. En 1823 fue Capitán General de Castilla la Nueva.

[7] Joan Antoni de Fivaller i deBru, marqués de Villel, fue coronel del Regimiento de Infantería Ligera de Voluntarios de Barcelona, y alguacil mayor de la Real Audiencia de Cataluña. En 1829 obtuvo el título de duque de la Almenara Alta.

[8] Antonio Ferrer Llupiá, barón de Sabasona.

[9] Joaquín Fernández de Córdova y Hoces, 1754-1812, III marqués de Puebla de los Infantes y IX marqués de Almodóvar del Río.

[10] Martín de Garay Perales, 1771-1822, era un economista gaditano con ideas liberales, hijo de militar, que sirvió a la Junta Suprema Central, y fue ministro de Hacienda en 1816 para Fernando VII.

[11] Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán, 1756-1816, XII conde de Altamira. Los Ossorio de Moscoso Álvarez de Toledo, Vicente (esposo de la duquesa de Montemar), y Osorio de Moscoso y Guzmán, Vicente, vienen citados en algunas fuentes por separado, como marqueses de Astorga y condes de Altamira, y en otras fuentes se dice que eran la misma persona que tenía los dos títulos. Incluso tengo dudas de si el primero es citado como duque de Montemar, en lugar de su esposa.

[12] Agustín Pedro de Silva y Palafox, X duque de Híjar, X duque de Aliaga.

[13] José Zanglada de Togores, conde de Aymaráns, 1767-1831.

[14] José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, 1728-30 diciembre 1808,

[15] Juan Acisclo de Vera y Delgado, 1761-1818, arzobispo de Laodicea desde 1801, era sobrino del cardenal arzobispo de Sevilla y éste le ordenó obispo para ser auxiliar del cardenal de Borbón. De 1 de noviembre 1809 a 31 enero 1810 presidió la Junta Suprema Central y el 1 de enero de 1810 convocó Cortes generales y extraordinarias para 1 de marzo en la Isla de León. El 29 de enero de 1810 se decidió disolver la Junta Suprema Central y establecer una regencia, por lo que el asunto de las Cortes quedó relegado sin fecha fija.

[16] José Manuel García de la Torre, diputado por Toledo en 1810, fue Secretario de Gobernación de la Península en septiembre de 1819, y Secretario de Gracia y Justicia en 9 de marzo de 1820 para el gobierno absolutista de Fernando VII, y de Gobernación de la Península y de Gracia y Justicia en 21 de marzo 1820 en el “Gobierno de los Presidiarios”. En enero de 1826 pasó a ser miembro del Consejo de Estado instituido por Fernando VII para legalizar la camarilla.

[17] Martín de Garay de Perales Martínez de Villela y Franco, 1771-1822, es un ejemplo de supervivencia política, pues siendo experto en economía trabajó para los patriotas en Cádiz de 1810 a 1813, y luego fue ministro de Hacienda para Fernando VII casi dos años, a partir de diciembre de 1816. En 1818 se puso al frente de la obra de los Canales de Aragón. Y en 1820 estuvo en el Consejo de Estado.

[18] Eusebio Bardají Azara, Secretario de Estado en octubre de 1808, y en marzo de 1821

[19] Pedro Rivero era diputado por Toledo.

[20] Nicolás Ambrosio Garro Arizcun 1747-1825, marqués consorte de las Hormazas, había sido Secretario de Estado y Despacho de la Real Hacienda de junio 1797 a noviembre 1797, Secretario de Hacienda interino de noviembre 1809 a julio 1810, Secretario de Despacho de Estado de Marina interino de enero 1810 a julio de 1810, Secretario de Estado de enero de 1810 a marzo de 1810 y consejero de Estado en 1814.

[21] Más información en Siglo XIX -> Isabel II ->3. Regencia de María Cristina 1832-1840.

[22] Benito Ramón de la Hermida Maldonado, 1736- , había sido catedrático de Cánones en Santiago de Compostela y ejerció como Juez de Imprentas y Librerías de Galicia, antes de ser “Ministro de Estado y Despacho de Gracia y Justicia” en octubre de 1808. Fue diputado por Galicia en septiembre 1810 y presidió provisionalmente la primera sesión de las Cortes de Cádiz, hasta la elección de Ramón Lázaro Dou como Presidente definitivo. No le votaron presidente, porque defendía mantener la censura, la tortura en los procesos judiciales y mantener la Inquisición.

[23] Nicolás María Sierra fue elegido diputado por Aragón en 1810. Aragón celebró elecciones (parroquiales, de partido, provinciales y nombró diputados por la Junta Superior y por las ciudades con voto en Cortes) el 12 de septiembre de 1810, que fueron anuladas por intervención de Nicolás María Sierra. Fueron repetidas, y Sierra fue elegido en ambas ocasiones. Fue Secretario de Gracia y Justicia en marzo de 1810, y de Hacienda en julio de 1810.

[24] Antonio Cornell Doz y Ferraz, 1745-1821, fue un militar aragonés, secretario de Guerra en agosto de 1798, y titular de Guerra en octubre 1808.

[25] Antonio Escano y García de Cáceres, 1750-1814, fue un militar de marina, murciano, secretario de Guerra en octubre 1808, Marina octubre 1808, miembro del Consejo de Regencia de Orense en enero de 1810.

[26] Francisco Ramón Eguía de Letona, conde del Real Aprecio, fue una persona a quien nadie apreciaba, ni siquiera sus aliados y teóricos amigos. Nació en Bilbao 1750 y murió en Madrid en 1827, había ascendido a general en 1802 de la mano de Godoy, sirvió a la Junta Suprema Central como Secretario de Guerra en enero de 1810. Diputado suplente por Vizcaya en Cádiz, se mostraba contrario a los liberales. En 1814 era uno de los jefes realistas. En 1814 había sido nombrado capitán general de Castilla la Nueva y fue Secretario de Guerra varias veces entre 1814 y 1820, junio 1817, siendo partícipe del escándalo de los barcos rusos, pero saliendo indemne del suceso de corrupción. En 1820 se le confinó en Durango y en Mallorca, pero huyó a Zarauz (Francia) y a Bayona, donde organizó una Junta Realista y reclutaba soldados para el Ejército de la Fe. En 1823, presidió la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, que debía preparar la vuelta al absolutismo. El 14 de diciembre de 1823 fue nombrado conde del Real Aprecio por Fernando VII. En enero de 1826 formaba parte del Consejo de Estado instituido por Fernando VII. Era líder de un grupo llamado Los Apostólicos, los absolutistas más radicales, pero murió cuando éstos entraron en crisis tras 1827. Era un hombre que había logrado la impopularidad entre los liberales por oponerse a las Reformas de Cádiz y del Trienio Liberal y por apoyar a Fernando VII en 1814, y también entre los ultrarrealistas, pues consideraba que la violencia y represión ejercida por ellos, era excesiva.

[27] Eusebio Bardají y Azara nació en Huesca en 1776. Se doctoró en leyes por la Universidad de Bolonia y se hizo diplomático y funcionario de la Secretaría de Estado de Madrid. Estuvo en París antes de 1800 y fue secretario de la embajada de Viena en 1800, y embajador plenipotenciario de Carlos IV en Viena. Fue Diputado en las Cortes de Cádiz, Secretario de Estado en octubre 1809 y de Guerra en mayo 1810, pero no fue condenado por Fernando VII, sino que siguió siendo embajador de Fernando VII en Lisboa y San Petersburgo. Fue Presidente del Consejo en 1821, sobreviviendo a otro cambio de régimen político. Pero no pudo sobrevivir ya al siguiente cambio de 1823, y fue confinado a Huete (Cuenca). Su presidencia de gobierno en agosto de 1837 era una concesión de Espartero a los moderados. Murió en Cuenca en 1842.

[28] José Heredia, fue Secretario de Guerra en octubre 1810.

[29] No se le debe confundir a José María Carvajal, ni con José Carvajal, político de la Primera República, ni con José Miguel Carvajal, duque de San Carlos. José María Carvajal fue Secretario de Guerra en febrero de 1812, e Inspector General de Voluntarios Realistas en 1826.

[30] José Canga Argüelles, 1770-1842, era un asturiano que fue de la Junta de Real Hacienda y Legislación en 1809, Secretario de Hacienda en enero 1811, Secretario interino de Hacienda en 21 de marzo 1820. en 1826 publicó un Diccionario de Hacienda.

[31] Alejandro Francisco Augusto, conde de Grasse Tilly era un dominicano, cuya familia abandonó Santo Domingo al estallar revueltas, para ir a refugiarse a Charleston, Carolina de Sur, en Estados Unidos. Allí fundó la logia masónica “El Candor” en 1796 y ”La Reunión Francesa” en 1800. Regresó a Santo Domingo en 1802 y dirigió varias logias masónicas. En 1804 fundó en Charleston el Supremo Consejo de la Jurisdicción del Sur siguiendo las Constituciones de Burdeos de 1762. En 1804 viajó a Francia y dirigió la Logia Madre Escocesa de Francia, y no quiso someterse al Gran Oriente. Entró en el ejército al servicio de Napoleón y fue ayudante del general Souham en 1808 y del mariscal Augereau, duque de Castiglione, en 1810. En 1811, fundó en España el Supremo Consejo de las Españas. En 1812 fue apresado por los ingleses y llevado a Inglaterra. En 1814 fue liberado y se puso al servicio de Luis XVIII. Murió en 1845.

[32] Que necesariamente debe ser Francisco de Borja Téllez Girón y Alonso Pimentel, X duque de Osuna 1807-1820.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *