EL EJÉRCITO ESPAÑOL A FINES DEL XIX.

 

Conceptos clave: el ejército como problema, el presupuesto, los sueldos,  reclutamiento, cuarteles, política militar de fines del XIX, estructura del ejército, el desastre de 1898.

 

 

El ejército como problema, a fines del XIX.

 

En 1868, Prim ordenó que los militares no participasen en asociaciones políticas. Era la denuncia de un problema. Pero una orden no puede cambiar la realidad. Debido a los acontecimientos populistas de 1873-1874, la mayoría de los militares evolucionaron hacia el conservadurismo, en contra de una minoría que se habían hecho líderes radicales revolucionarios en los cantones.

En febrero de 1873 los republicanos llegaron al poder, e inmediatamente, afrontaron el problema de las quintas, o reclutamientos. Su solución fue eliminar al ejército y sustituirlo por Voluntarios de la Libertad, grupos en los que destacaron generales como Contreras y Pierrad. Era una solución partidista y poco profesional, en función de una revolución. De hecho, los Voluntarios de la Libertad se caracterizaron por su indisciplina y el consecuente caos que ello genera, muy útil para la revolución, pero muy problemático en el momento en que la revolución triunfa. La consecuencia inmediata entre la mayoría de los militares fue que, en 1874, estaban todos unidos contra la República. El golpe de enero de 1875 contra los republicanos, no tuvo apenas respuestas en contra.

En 1875, Antonio Cánovas del Castillo recogió el problema que le venía dado por la historia militar, y decidió que los militares debían estar en los cuarteles y no en situaciones de excedencia o en partidos políticos. Luego, a lo largo de su periodo político, Cánovas llamó a muchos militares para ejercer en las Cortes como Diputados, y en el Gobierno como Ministros y altos cargos de Gobierno y desdijo con los hechos lo que negaba en el plano teórico. No afrontó el problema. Y el Ejército se convirtió en el grupo de presión más importante de España, al servicio de Cánovas.

A partir de ese momento, los partidos políticos abandonaron el método del pronunciamiento militar, porque ya sabían de antemano que contarían con media docena de militares a su favor, pero se pondrían en su contra al grueso del ejército. Ello daba estabilidad al sistema de Cánovas, pero prolongaba el problema de atribuir al ejército funciones que no debería tener.

El problema fundamental que Cánovas no abordaba, era el exceso de oficialidad, de jefes y generales. No un exceso puntual, sino algo desorbitado e irracional que se había hecho crónico desde 1839. La mitad de estos generales estaba en la reserva cobrando media paga, y era un motivo de insurrecciones, una amenaza constante, pues los reservistas querían el servicio activo y la paga completa. Un tercio de la oficialidad no tenía destino.

El ejército español de unos 80.000 hombres, tenía en 1862, 7.461 oficiales y jefes; en 1872 ya eran 10.408; en 1882 eran 14.341; en 1892 había 19.632; y en 1900 se había llegado a la inmensa cifra de 24.705 jefes y oficiales. Haciendo burla del dato, si cada jefe y oficial tomara 3 soldados como ayudantes, no quedaría ni un soldado disponible para otros usos.    En artillería sólo había 4 hombres por pieza, cuando se necesitaba un mínimo de 8 para el correcto manejo de un cañón. ¿Grotesco o trágico?

Cánovas decidió utilizar al ejército para restablecer el orden público en la lucha contra el proletariado revolucionario y le dio un nuevo papel al ejército, que tampoco tenía que ser así necesariamente. Y el ejército español se creyó desde entonces el sostén y garantía del orden social. Era otra postura discutible. Y al problema de tutela sobre el Estado, sumaba la de guardián del orden público. Duplicaba el problema en vez de solucionarlo. Era una visión cortoplacista.

Esta nueva posición del ejército, dio un argumento a la izquierda española, la cual identificaba Gobierno con Ejército, y tenía razón, porque el papel del Ejército no debe ser sostener Gobiernos, ni guardar el orden público.

La identificación de Gobierno establecido y Ejército, dio lugar a muchos problemas. Éstos empezaron cuando surgieron los primeros motivos de insatisfacción militar por falta de perspectivas profesionales, y por la escasez de las pagas. El problema se fue fraguando poco a poco, pero era normal que si los militares se sentían identificados con el Gobierno, reclamasen medidas políticas favorables al ejército. El ejército de fines del XIX se convirtió en el mayor problema para los políticos españoles, y no cabía otra solución que gobernar con ellos, o contra ellos. Estamos hablando ya de las crisis de primer tercio del siglo XX, de las que trataremos en su momento.

Los militares pueden garantizar el orden público mediante el establecimiento de una dictadura, pero es un orden no sostenible en el tiempo, pues la discrepancia irá creciendo progresivamente a medida que el plan primitivo presente divergencias con la evolución social, económica y técnica. Los sistemas políticos tienden a mantenerse rígidos, y la realidad tiende a evolucionar.

 

 

El presupuesto militar.

 

Los gastos militares venían reduciéndose desde mediados del XIX, porque era imposible sostener una partida tan grande en personal como la establecida en la guerra carlista de 1833-1839 y mantenida por causa de las múltiples guerras a que fueron adictos los gobernantes españoles.

Las principales guerras en que participó España fueron: 1808-1814 de la independencia, 1833-1839 carlista, 1857-1862 en la Cochinchina, 1859-1860 en Marruecos, 1861 en Santo Domingo, 1861-1862 en México, 1862-1866 en Chile, 1869-1879 en Cuba, 1873-1874 en la guerra civil cantonalista, 1873-1876 en la guerra Carlista, 1893 en Marruecos, 1895-1898 guerra de Cuba, 1898 en la guerra con los Estados Unidos, 1906-1927 en Marruecos. Todas ellas no hacían más que incrementar la oficialidad por méritos de guerra.

Como el dinero se gastaba en lo que no era útil, las pagas de los militares, se recurría a ahorrar en material, gastos de instrucción y atención a los soldados (comida y uniformes), cuarteles e instalaciones, e incluso a mantener sueldos bajos a los que estaban en activo, generando más problemas y una amenaza constante. Incluso se renunciaba a muchos soldados, declarando exceso de cupo, porque no podían alimentarlos y vestirlos. Y en esas condiciones, el ejército no estaba preparado para sus misiones específicas: defender los intereses del país frente a los ataques y abusos de otros países, y garantizar internamente el respeto a la Constitución cuando las fuerzas ordinarias de orden público no son bastantes para hacerlo.

Las consecuencias de esta política, de las que no eran inocentes ni los políticos ni los militares, eran muy graves, pues el peligro de muerte más grande que tenía un joven español de ese tiempo era ser reclutado. Anualmente morían en los cuarteles, sin contar los muertos en combate que eran muchos menos, hasta un 1,7% de los soldados, unos 1.500 al año, por causa del frío, la suciedad y las malas condiciones de la comida: tifus, disentería, viruela, afecciones cerebrales y tuberculosis (llamada tisis en la época). El pueblo en general tenía miedo al servicio militar y odiaba al ejército, con toda la razón. Las reacciones militares contra el pueblo, diciendo que se trataba de movimientos de izquierda antimilitares, eran una falsedad, cuando no una estupidez.

Cuando llegaban los liberales al poder, la partida militar se reducía. Por ello, los militares preferían Gobiernos conservadores. Todos tenían razón puntual, pero dentro de un sistema absurdo, y todos dejaban de tenerla si consideramos el problema con perspectiva amplia.

En el bienio progresista 1854-1856, la partida de Guerra se redujo al 20% del presupuesto del Estado. En 1860, la partida equivalía a unos 100 millones de pesetas (aunque la peseta no existió hasta 1868, utilizamos la cifra para comparaciones).

En el siguiente periodo “liberal” de 1868, la partida se redujo al 15% del presupuesto. Por ejemplo, la Marina pasó de tener 25 millones de pesetas (en valor equivalente) en 1865, a 20 millones de pesetas en 1868-1869 (ya en valor real, pues ya existía la peseta).

La llegada de los conservadores en 1876, supuso un incremento del gasto militar a 142 millones de pesetas, lo que representaba el 18% del presupuesto. Y en esos porcentajes se mantuvo durante la Restauración canovista, pues los 152 millones de pesetas anuales destinados a Guerra durante el periodo 1885-1900, representaban también el 18% del presupuesto del Estado.

El inicio del siglo XX significó grandes partidas destinadas a gastos militares, porque se venía de la guerra de Cuba y se luchaba en la Guerra de Marruecos: en números promediados, en el periodo 1900-1923 se gastaban 248 millones de pesetas en el Ministerio de Guerra, 66 millones en el de Marina, y unos 100 millones de “presupuesto extraordinario” para la Guerra de Marruecos. España no podía pagar esas cantidades. Y la Guerra de Marruecos, iniciada en 1907, se prolongó hasta 1925.

Y a partir de 1918, el presupuesto militar se aumentó considerablemente: 580 millones en Guerra más 150 millones en Marina en 1920. Los gastos totales de Ejército, Marina y Marruecos llegaron a los 1.000 millones en 1921, y alcanzarían los 1.100 millones en 1923 (850 en Guerra y 230 en Marina). Para entonces, el presupuesto militar era ya el 28% del presupuesto nacional.

Este gasto era imposible de sostener. Las consecuencias de no resolver los problemas del ejército estaban complicando el futuro de España. Los militares no querían ser despedidos y se oponían a las reformas necesarias en las que sobraba la mitad de los militares. Y los políticos se basaban en los militares para auparse en el poder y para sostenerse en él. No había futuro para España.

 

 

Los sueldos militares.

 

En épocas del Sexenio y Alfonso XII, el 60% del presupuesto militar se iba en sueldos, y en épocas posteriores de Guerra de Cuba y Guerra de Marruecos, el porcentaje era del 75%, lo cual no dejaba monto suficiente para instalaciones cuartelarias, alimento, ropa y botas de la tropa, armamento, marina, artillería, caballos…

A pesar de tanto dinero gastado en personal, se cobraba muy poco de capitán para abajo. Y en situación de espera de destino, situación en la que se hallaban entre el 30% y el 50% según épocas, se cobraba la mitad.

 

Sueldos militares anuales en pesetas:

                  1871    1891    1918    1926    1931

Capitán General  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000

Teniente General 25.500  22.500  25.000  25.000  27.000

Almirante                   25.000

Mariscal de Campo15.000  15.000

Vicealmirante               20.000

General de División              20.000  20.000  22.000

Contraalmirante             15.000

General de Brigada               15.000  15.000  17.000

Brigadier         9.000  10.000

Capitán de Navío            10.000

Coronel           6.900   7.500  10.000  10.000  13.000

Capitán de Fragata           8.000

Teniente Coronel  5.500   6.000   8.000  10.000  11.000

Capitán de Corbeta           6.500

Comandante        4.500   5.000   6.500   8.000   9.500

Capitán           3.000   3.500   4.500   6.000   7.500

Teniente de Navío            4.500

Teniente          1.950   2.500   3.000   4.000   5.000

Alférez de Navío             3.000

Teniente segundo                  2.500   3.500   4.000

Alférez           1.650   2.115

Para dar una valoración a estas cifras: En 1871 un capitán del ejército cobraba 10 pesetas al día, menos que un obrero textil que ganaba 12 ó 14, y al nivel de un obrero cualificado ordinario. Y un teniente ganaba 6 pesetas al día, al nivel de un obrero poco cualificado, pero mejor que un jornalero del campo que ganaba de 3 a 4 pesetas.

Se calcula que una familia necesitaba entre 1.500 y 2.300 pesetas al año para sobrevivir.

Se observa en el cuadro expuesto que, en 1891, hubo subidas de sueldo para Oficiales y Jefes de baja graduación. Se trataba de paliar el hecho de que los precios estaban subiendo mucho y los militares se quejaban de no poder subsistir. El alza era más bien nominal, y no en términos reales.

Igualmente, en 1915-1922 hubo grandes alzas de precios y se observan aumentos nominales de salarios, lo cual no significa aumento real del poder adquisitivo.

Respecto a los funcionarios del Estado, los niveles altos de la jerarquía militar ganaban mucho más que los funcionarios de su nivel, pero en los niveles de brigadier para abajo, los funcionarios ganaban más que los militares.

En virtud de todo lo dicho, las clases altas militares, Generales y Jefes, podían considerarse clase social alta, y la oficialidad podía considerarse clase media.

 

 

Consideración social de los militares.

 

En cuanto a la consideración social de los militares, hay que decir que estuvieron perdiendo prestigio social durante todo el siglo XIX, mientras lo ganaban las profesiones de abogado y periodista. También empezaban a perderlo los religiosos, pero éstos sufrirían más pérdida de prestigio en el siglo XX.

Más grave para los militares era la baja consideración social que los Generales y Jefes tenían de la oficialidad, y deberíamos pasar a hablar de desprecio en el caso de la suboficialidad y tropa.

En la pérdida del prestigio social intervienen la pérdida de protagonismo político progresivo, la pérdida de poder adquisitivo, y la procedencia de los militares, cada vez más de clases sociales más bajas, clases medias en la suboficialidad y oficialidad, y clases bajas en la tropa.

En cuanto a la labor del ejército en la transformación social de la España del XIX, hay que decir que muchos reclutas procedían del ámbito social más pobre y ruralizado, del Valle del Duero, Andalucía y Extremadura, y muchos de ellos descubrían la ciudad en el cuartel, cuando abrían los ojos a la civilización. Pero éste es ya un tema distinto al que nos viene ocupando.

 

 

El reclutamiento.

 

En 1837, el servicio militar se hizo obligatorio, con posibilidad de redención del servicio. La redención costaba por entonces entre 1.200 y 2.000 pesetas (en dinero equivalente, pues la peseta no existió hasta 1868). Era una cantidad muy grande, de un año de salario, pero evitaba la mortalidad de los cuarteles, las condiciones degradantes del servicio militar, la pérdida familiar del oficio, la posibilidad de morir en la guerra, y la certeza de que quien hubiese sido movilizado volvería a ser llamado para la guerra en cada nuevo episodio bélico. Por tanto, los que podían, buscaban dinero en préstamo hipotecario, o vendían una finca. Las familias eran capaces de arruinarse para que su hijo no fuera al servicio militar. Tomar un préstamo significaba pagar al prestamista un 60% más de la cantidad exigida por el Estado. Incluso había seguros para casos de recluta, y algunas familias los pagaban para tener ayuda en el momento de la redención de filas.

En el caso de familias pobres, el único recurso era la fuga antes del alistamiento, o la deserción posterior, pero ésta era complicada porque el sujeto se convertía en prófugo. Aun así, el número de prófugos en 1867 era del 20% de los quintados. En cambio, fugarse era más fácil, si se pasaba una frontera o el mar. A principios del siglo XX, muchos agricultores tenían un nombre oficial en el juzgado, y un nombre distinto en el uso corriente del día a día, y otro en el mote, e incluso en el bautismo podían tener otro, lo cual hacía difícil su localización[1].

En época de guerra la recluta era sucia: Los reclutadores iban por las tabernas y derrochaban dinero invitando a vino. Los borrachos firmaban el enganche, y daba igual que fueran ladronzuelos, vagos o extranjeros, pues se despertaban dentro del ejército. Y los jóvenes inexpertos en la vida, también se dejaban engatusar. Las clases bajas, fueron las que más sufrieron las consecuencias de las guerras. También esto significa que la calidad de las personas reclutadas era ínfima, la mayoría analfabetos, muchos inmorales, y la efectividad de un ejército de estas características no podía ser muy buena.

 

 

Los cuarteles.

 

En 1861-1868, la mortalidad en los cuarteles por enfermedades, por hambre y suciedad, era del 3,2%. Estamos hablando de 3.000 muertos cada año en jóvenes de 20 años de edad. En las guerras no morían tantos soldados. Las estancias hospitalarias de los soldados eran millones, lo que para una población de 80.000 ó 90.000 soldados, era señal de un problema gravísimo. Ingresaban por causa del tifus, disentería, viruela, afecciones cerebrales, tuberculosis (llamada tisis en esa época) y enfermedades venéreas.

La alimentación en los cuarteles no era peor que en las zonas rurales pobres de España, e incluso mejor en algunos casos, pero era deficiente y el soldado era sometido a gran actividad y quemaba muchas calorías que requerían mejor dieta. En algunos cuarteles se comía mal, sobre todo cuando alguien se llevaba parte de la comida de los soldados. En general, en los cuarteles nunca se comía carne, sino tubérculos y leguminosas con tocino. Tampoco se comía fruta, ni verduras frescas, ni huevos, ni lácteos, ni pescado. O sea, los soldados comían todos los días garbanzos, alubias o patatas sin acompañamientos ni segundos platos, sólo con un poco de tocino para el caldo.

Al recluta se le exigía un gran esfuerzo físico diario con pesos añadidos para portar armas, municiones, y otra impedimenta. Y no tenía la oportunidad de llevarse algo a la boca a costa de la caza, pájaros, ratas, gatos, fruta, yerbas… de las que sí disponía en el pueblo.

La higiene era el mayor problema de los cuarteles. Los soldados estaban siendo alojados en edificios no preparados para acogerles, viejos conventos, almacenes militares, donde tenían que convivir los caballos con las personas, donde los servicios de retrete no estaban separados de las cuadras de los caballos, ni lejos de los aposentos de dormir y comer. Y las heces y orines no se evacuaban, pues no había servicios de alcantarillado, sino que las heces se eliminaban por métodos anticuados de transporte. Los patios eran pequeños para la cantidad de personas que vivían en el interior. El agua era escasa para otros usos que no fuera el beber y cocinar. Y era popular la expresión de “olor a cuartel” para designar el olor característico de estos casos (a fines del XX se utilizaba “olor a tigre”, entendiéndose por “tigre” el retrete).

 

 

Política militar de fines del XIX[2].

 

A partir de la Restauración hecha por Cánovas, el ejército español se dedicó más a sus funciones específicas de defensa y no fue el protagonista político que venía siendo desde 1808. Las últimas grandes intervenciones militares en política fueron en 1873, cuando venció a los republicanos federales, en 1876, cuando venció a los carlistas, y en 1878 cuando venció a los autonomistas cubanos.

La medida más inmediata era la necesidad de reducir drásticamente el número de soldados:

En 1868 se pidió abolición de las quintas y de la matrícula de mar. Era lo que habían prometido los progresistas y republicanos que habían alcanzado el poder en septiembre. La decisión fue implantar el servicio militar obligatorio, sin sustituciones ni redenciones. La alternativa era el servicio voluntario, mediante mercenarios, como habían hecho Gran Bretaña o Suiza, pero en España no se consideró posible. No se cumplieron las promesas hechas mientras se estaba en la oposición.

Los Gobiernos de 1868-1874 no consideraron posible prescindir del ejército de recluta. Tenían delante las Milicias Ciudadanas de sentir republicano, y no querían licenciar su ejército y perder la monarquía. Luego vino la rebelión cantonal, y ambos ejércitos, miliciano y estatal, entraron en guerra civil.

Los republicanos argumentaban que los jefes y oficiales del ejército eran hijos de las clases privilegiadas, y era preciso acabar con ellos para poder acabar con los privilegios. Decían que los reclutas, provenientes de clases bajas, eran arrancados a sus familias y tratados como material desechable, e incluso esclavizados. Los republicanos pidieron varias veces la insurrección general de los soldados. Pero no les interesaba tanto la reforma del ejército como el triunfo de su revolución.

El 12 de febrero de 1873, llegaron los republicanos al poder y establecieron un ejército de Voluntarios. Fue una terrible equivocación. Para empezar, había una guerra carlista que sostener, y otra guerra en Cuba. Y enseguida se levantaron los cantones de milicias ciudadanas, para destruir la unidad del Estado en aras a una libertad que cada uno entendía a su manera. El Gobierno republicano se había suicidado desde el punto de vista militar.

La crisis militar era interior al propio ejército: los oficiales y suboficiales estaban resentidos hacia sus generales y jefes; la situación económica de los suboficiales y oficiales era mala, y su única esperanza de mejorar radicaba en los ascensos, cosa que conseguían muy pocos; las posibilidades de ascenso eran pocas porque había exceso de personal en la oficialidad, lo cual hacía que muchos tuvieran que permanecer en situación de carencia de destino, en la cual cobraban la mitad del sueldo; el exceso de burocratización era evidente, pero era la manera de tener entretenidos a muchos para evitar hacer patentes las carencias del ejército.

 

 

         El ejército anterior a Cánovas.

 

El golpe del Cuartel de San Gil de 1866 había anunciado la existencia de problemas en el ejército. El asunto se tapó como se pudo, se fusiló a unos pocos, y se quiso olvidar. Pero el ejército español tenía problemas graves que no se mejoraban con el olvido y la ocultación.

El problema principal era el exceso de oficialidad, jefes y generales, dado que los carlistas de 1839 se habían incorporado al ejército, a cambio de la paz, y se había duplicado todo el personal de mando, cuando lo que ocurre a la salida de una guerra es que hay exceso de personal y hay que despedir a una buena parte de él. El exceso de personal llevaba a que los militares sin destino y sin plaza, fueran enviados a sus casas con la mitad del sueldo. Un gasto absolutamente inútil. Y todo este enorme gasto, repercutía en que se debía ahorrar de otras partes: no se compraba material suficiente; no se construían cuarteles sino que se aprovechaban caserones viejos desamortizados a conventos y que no reunían condiciones higiénicas y caloríficas adecuadas; no se daba bien de comer a los soldados; y en general, todos los salarios militares eran bajos hasta alcanzar altos grados a los que accedían muy pocos.

De este problema general y de base, derivaba otro, los sistemas de ascensos, pues con exceso de oficialidad es obvio que no todos pueden ascender. Muchos militares deseaban el ascenso directo por antigüedad, pues así les tocaba a todos por igual. Pero este sistema estaba falseado porque los hijos de militares ingresaban en el ejército tres años antes en edad que los demás, y ascendían con una rapidez inusitada, mientras los demás ascendían lentamente y llegaban a la edad de retiro antes de culminar sus aspiraciones. Otros militares deseaban el ascenso por méritos de guerra, y ello beneficiaba de nuevo a los hijos de militares, cuyos padres conseguían para sus hijos el destino adecuado para ascender más rápidamente. Y de ello se derivaba un tercer problema, pues los militares colocaban a sus hijos en armas en donde se ascendía por méritos de guerra, a poder ser en un puesto poco comprometido, y una vez conseguido el objetivo, los implicados pedían cambio de destino en arma, muchas veces a armas donde se respetaba el riguroso turno por antigüedad, lo cual les garantizaba llegar a lo más alto del escalafón sin volver a pisar un campo de batalla. Naturalmente, el arma afectada por los traslados, se veía postergada a no ascender en mucho tiempo, pues los jovencitos llegados por traslado, estaban en mejor situación de méritos. Ello condujo a un enfrentamiento entre la infantería, donde se ascendía por méritos de guerra, y caballería y artillería, a donde se trasladaban después los afortunados.

El cadete hijo de militar ingresaba en un arma del ejército cuatro o cinco años antes que los cadetes ordinarios. Discretamente, el hijo de un general o de un Jefe, ingresaba en la oficialidad e iba ascendiendo muy joven. El recluta ordinario ascendía muy lentamente, y le llegaba la hora de la jubilación antes de pasar a oficial, excepto por méritos de guerra. El cadete de academia tenía además la preparación o titulación suficiente para su ascenso en la oficialidad sin límites. Al llegar al grado de tenientes, el recluta ordinario tenía, de media, 10 años de edad más que el cadete. Por tanto, los cadetes hijos de oficiales copaban los puestos altos del ejército.

Colateralmente, las clases sociales altas no prestaban sus hijos al ejército, e incluso los nobles cada vez apetecían menos la milicia como destino de sus hijos, pues las expectativas eran malas. Ello significaba que las familias militares se prolongaban “hereditariamente” en los cargos militares durante siglos. Y el problema había afectado a la población en general, pues dadas las malas condiciones de comida y habitación y ropa de abrigo y calzado, los españoles sabían que cada año morían más de 1.000 soldados al año en los cuarteles, de diversas enfermedades, o en todo caso, regresaban a casa enfermos e inútiles. Los españoles tenían pánico a que sus hijos fueran llamados a quintas.

En momentos puntuales, el recluta pudo ascender a oficial con facilidad, como era el caso de las guerras, y el del Sexenio 1868-1874, cuando muchos alféreces cadetes fueron ascendidos para cubrir los puestos dejados por oficiales expedientados, y entonces hasta soldados de recluta pudieron ascender a la oficialidad. Pero este acontecimiento no es significativo.

El problema militar se había politizado y los progresistas y republicanos estaban en contra de los ascensos por méritos de guerra, mientras los moderados, y más tarde los conservadores, eran partidarios de ese tipo de ascensos por méritos de guerra.

 

 

Composición del ejército canovista.

 

El ejército canovista estaba dividido en dos grandes bloques, la Casa Real y los militares ordinarios.

La Casa Real era un conglomerado de fuerzas, pequeñas en número, pero muy influyentes en política debido a su posición cerca del Rey y del Gobierno: Guardias de Corps, Alabarderos, Carabineros Reales, Guardias de Infantería Española y Guardias de Infantería Walona.

Los militares ordinarios estaban divididos en tres armas: Infantería, Caballería, e Ingenieros y Zapadores. Estaban enfrentados entre ellos por el sistema de ascensos, único medio de mejorar unas pagas cortas. Habían evolucionado poco desde la reforma de Narváez de 1847.

También estaban armados el Cuerpo de la Guardia Civil y el Cuerpo de Carabineros, e incluso podríamos considerarlos un tercer bloque del ejército, pues la Guardia Civil podía ser utilizada en labores auxiliares militares, como guardar el orden público entre las tropas en campaña.

La Ley Constitutiva del Ejército de 1878 nos habla de la composición del ejército en ese momento: Estado Mayor General; Cuerpo de Estado Mayor; Cuerpo de Plazas; Secciones de Archivos; tropas de la Casa Real (Real Cuerpo de Alabarderos); armas de infantería, caballería, artillería e Ingenieros; Cuerpo de la Guardia Civil; Cuerpo de Carabineros; Cuerpo de Inválidos; Cuerpo Jurídico Militar; Cuerpo de Administración Militar; Cuerpo de Sanidad Militar; Clero castrense; Veterinarios castrenses; Cuerpo de Equitación.

También nos dice esta misma Ley que los alféreces y tenientes se jubilaban a los 51 años de edad, los capitanes a los 56 (60 en Estado Mayor), y los comandantes y tenientes coroneles a los 60 (62 en Estado Mayor).

Los problemas a resolver en el ejército eran muy graves: deficiente organización interna; escaso nivel cultural de la tropa; escasez en la clase de suboficiales; sueldos insuficientes; problemas en los ascensos; material escaso y anticuado; y una organización regional que hacía inefectivo al ejército.

 

 

Política militar de Cánovas hasta 1878.

 

La Constitución de 30 de junio de 1876 impuso el servicio militar obligatorio de tres años para todos los españoles. Desde 1855, se ingresaba en quintas a los 19 años. Desde 1899, se ingresaría a los 20 años. Pasado el servicio militar, el soldado permanecía en reserva activa.

La oficialidad se reclutaba entre la nobleza e hijos de militares, aunque también ingresaban hijos de la clase media.

La tropa se reclutaba de las quintas, y también de voluntarios.

Las tropas de ultramar se reclutaban por reenganche de los que habían finalizado el servicio militar obligatorio, más los voluntarios, más los que eran adjudicados a ese servicio por sorteos especiales.

Quedaban exentos del servicio militar los excedentes de cupo, los cuales pasaban a la reserva por 8 años, en cualquiera de los cuales podían incorporarse al servicio militar si había déficit de cupo, los que pagaban un sustituto para que les hiciera el servicio, y los que se redimían pagando una cantidad en metálico.

Para unos 90.000 hombres enrolados en el ejército, hubieran hecho falta quizás 10.000 jefes y oficiales, como sucedía en los ejércitos europeos de países cercanos a España, pero en España había 19.000 oficiales en 1892 y 24.000 en 1900. En concreto había 499 generales, 528 coroneles y 23.000 oficiales, una oficialidad excesiva y 142 almirantes de Marina constituían todo un exceso para gobernar tres decenas de barcos. De hecho, un ejército más moderno como Francia tenía seis veces menos oficialidad y dos veces más soldados.

Cánovas creyó poder aplicar al ejército las mismas recetas que tenía para la política española general: Se atrajo a unos militares para el Partido Conservador, y situó otros en la órbita del Partido Liberal de Sagasta. Estaba dando por supuesto que el Ejército era el firme del Estado en la política. Mientras vivió Cánovas, no hubo sublevaciones, debido tal vez al prestigio de Cánovas. Y tal vez esa postura pudiera haber sido muy útil si se hubiera aprovechado para hacer las reformas militares precisas desde la Guerra Carlista de 1833-1839 y nunca solucionadas, pero esas reformas nunca se hicieron, y los problemas del ejército se convirtieron en problemas para España a fines de siglo. Tal vez el ejército sea el punto más negativo en el debe del balance general sobre Cánovas.

En 1875, se recaudaban 67 millones de pesetas por pago de redenciones del servicio militar, aunque en 1876 sólo fueron 37 millones. La cantidad era altísima, pues el presupuesto de Guerra era de unos 100 millones. Es decir, el ejército se estaba subvencionando a sí mismo mediante el tributo de la redención del servicio militar, una corruptela al fin y al cabo.

En 29 de noviembre de 1878, Cánovas planteó la Ley Constitutiva del Ejército, elaborada por Joaquín Jovellar. Firmaba la Ley, Francisco Ceballos Vargas marqués de Torrelavega, en ese momento Ministro de Guerra. Era una declaración de intenciones de hacer muchas leyes de reforma del ejército, pero no daba ninguna solución concreta. Y los Decretos que debían desarrollar esas ideas nunca se elaboraron. Y es que, cuando el Ministerio de Guerra pretendía cambiar algo en el ejército, los militares se oponían, pues había damnificados.

En la Ley Constitutiva del Ejército de 1878:

  Se declaró al Rey jefe supremo de las fuerzas armadas, sin que sus órdenes tuvieran que ser refrendadas por un Ministro cuando se estaba en campaña de guerra. Pero el acuerdo de emprender la campaña militar salía del Consejo de Ministros.

El Rey nombraba a los jefes militares.

Se le concedía al Rey mando territorial sobre la península, Baleares, Canarias, comandancia de Ceuta y Campo de Gibraltar, pero Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran consideradas distritos militares aparte, aunque también estuvieran bajo jurisdicción del Rey.

Se crearon 17 distritos militares, 14 en la península y 3 en Ultramar: Andalucía, Aragón, Burgos, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, Granada, Islas Baleares, Islas Canarias, Navarra, Provincias Vascongadas y Valencia, y Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Cada distrito tenía un Capitán General y cada provincia dependiente de él tenía un Mariscal de Campo o un Brigadier, que era además Gobernador Militar de la provincia. Los 14 Distritos militares peninsulares eran gobernados por Tenientes Generales con título de Capitán General del distrito correspondiente.

El ejército se organizaba en medias brigadas, brigadas, divisiones y cuerpos de ejército.

Los sueldos, recompensas, cuadro de oficiales, retiros y Código Penal Militar, se dejaban para leyes posteriores.

Las instituciones supremas de Guerra eran el Consejo Supremo de Guerra y Marina para gestionar, y la Junta Superior Consultiva de Guerra, para dar información sobre asuntos de guerra.

La escala de mando se componía de Capitán General, Teniente General, Mariscal de Campo, Brigadier, Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Teniente, Alférez, Sargento Primero, Sargento Segundo, Cabo Primero y Cabo Segundo.

Los órganos de gestión se definían de este modo:

Un Estado Mayor General.

Cuerpo de Estado Mayor.

Cuerpo de Plazas.

Cuerpo de Secciones y Archivos.

Tropas de la Casa Real (Real cuerpo de Alabarderos, y Escuadrón de escolta Real)

Arma de Infantería.

Arma de Caballería.

Cuerpo de Artillería.

Cuerpo de Ingenieros.

Trenes del parque de Artillería, Ingenieros, Puentes y Equipajes.

Brigadas de Transporte.

Columnas de Municiones.

Cuerpos Auxiliares de Justicia (Jurídico Militar), Administración Militar, Sanidad Militar, Veterinaria, Equitación Militar y Clero Castrense (mandado por el Patriarca de las Indias). A los que se podía añadir, si ello era compatible con las leyes de cada momento, el Consejo de Redención y Enganche en el Ejército.

Cuerpo de la Guardia Civil para seguridad de las personas y de sus bienes.

Cuerpo de Carabineros para persecución del contrabando.

Cuerpo de Inválidos.

En cuanto a la disciplina militar, se prohibía a los militares asistir a actos y reuniones políticas; si por exceso de personal se permitía a alguien ingresar en carreras civiles, transcurridos dos años el interesado debería optar entre la permanencia en su destino civil con renuncia completa al ejército, o reincorporación al ejército; se fijaban las edades de retiro en 51 años para alféreces, 56 para capitanes, 60 para comandantes y tenientes coroneles, y 62 para coroneles.

 

 

Política militar en 1880-1889

 

En 1880, Ruiz Zorrilla creó una Asociación Republicana Militar, con lo cual se politizaba el ejército. Era la idea de los radicales y los republicanos, mientras los conservadores defendían la necesaria unidad del ejército y la prohibición de que los militares militasen en partidos políticos. Era evidente para los revolucionarios que les convenía un ejército dividido.

El 15 de enero de 1883 el general Cassola expuso ante las Cortes el problema de la necesaria jurisdicción civil sobre la organización militar. Cassola fue depuesto por Sagasta. Se consideraron un agravio al ejército las críticas de Cassola. El imposible de reformar el ejército estaba planteado.

El Código Penal del ejército de 1884 introducía como novedad el reconocimiento de la posible incapacidad mental del soldado y la atenuante de incapacidad mental, exceptuando el caso de embriaguez, que era incapacidad buscada deliberadamente y evitable.

El Código Penal para la Marina de Guerra se hizo en 1888.

El 19 de septiembre de 1886, el general Villacampa se pronunció por la república. Era domingo. El Gobierno de Sagasta se vio sorprendido por la sublevación del Cuartel de la Montaña, pues creían que el nacimiento de un Rey había sido muy popular y los republicanos desistirían. Pero los militares no respondieron a la llamada de Villacampa, sino que el general Pavía fue contra Villacampa y le hizo huir hacia Alcalá de Henares. Villacampa creía que en Alcalá encontraría apoyos, pero al llegar a esa ciudad fue apresado. El ejército podía ser un arma política, y quedaba demostrado que eran necesarias muchas reformas.

En 1886 se inició un plan de modernización de la flota militar española que continuaría en 1887 y siguientes, y que produciría unos barcos que, desgraciadamente fueron hundidos en 1898. La Marina española queda muy perjudicada en 1898 y habrá nuevos intentos de reconstruirla en 1907 (Maura), 1922 y 1926 (Primo de Rivera).

 

 

Política militar en 1887.

 

Desde 1885 gobernó en España Práxedes Mateo Sagasta con su Partido Liberal Fusionista. Se mantuvo hasta 1890.

En marzo de 1887, enfermó el Ministro de Guerra, Ignacio María del Castillo y Gil de la Torre, y fue sustituido por un hombre de la derecha del Partido Liberal Fusionista, Manuel Cassola Fernández, el cual propuso inmediatamente reformas militares que afectaban tanto al servicio como a las escalas militares:

Tras el nombramiento de Cassola, las tensiones entre la derecha y la izquierda del Partido Liberal Fusionista se incrementaron y la derecha se rompió en dos nuevas facciones, la de Cassola, el cual dimitió en 1888, y la de Martínez Campos.

En 22 de abril 1887 apareció el Proyecto de Ley Constitutiva del Ejército del general Manuel Cassola Fernández. Pedía el servicio militar obligatorio sin excusas, y sin redención por sustitución, excepto para el destino de ultramar, el cual aceptaba que fuera cambiado por un servicio en la península si se pagaba la correspondiente redención de 2.000 pesetas. El compromiso militar duraría 12 años. Calculaba que, de ese modo, se pudieran aumentar los efectivos considerablemente.

Planteaba la sustitución del Estado Mayor por un Servicio de Estado Mayor temporal en el que los oficiales formados en Academia Militar seguían perteneciendo a su arma de origen, a la que retornaban una vez cumplido el servicio.

Planteaba la supresión de la dualidad de ascensos y de las escalas cerradas en artillería y caballería. Se equiparaban las escalas de artillería e ingenieros con las de infantería y caballería, de forma que los méritos de guerra valieran también en los dos cuerpos citados.

La ley de ascensos en el ejército, pretendía que se hiciesen por antigüedad hasta coronel y por elección de ahí para arriba.

Planteaba la ordenación del territorio reduciéndolo a 8 regiones militares.

Planteaba la reducción de la oficialidad del ejército.

El Proyecto Cassola dañaba un privilegio ancestral de la burguesía, el de no cumplir servicio militar, y provocó una de las polémicas más largas de la historia de España, junto a la de la propiedad de la tierra 1811-1835, pues perduró más allá de 1936. Las reformas las intentaría Canalejas en 1911 (y fue asesinado) y lo intentó Azaña en 1931 y 1932, y se provocó la guerra civil de 1936, aunque ésta no fuera la única causa de la guerra.

Combatido el proyecto por los conservadores y por muchos liberales, Sagasta se decidió, primero, por recortarlo en julio de 1887, y después por retirarlo, provocando la dimisión de Cassola en junio de 1888.

Entendemos que la reforma Cassola era una propuesta de militares jóvenes y fue rechazada por los militares viejos que se sentían perjudicados. Los perjudicados acudieron a Romero Robledo y éste se encargó de echar abajo la ley.

La definitiva Ley Constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1887, se quedó en algunas reformas sobre la de 1878 que consideramos que es la básica del canovismo, reformas poco significativas:

El Ministro de Guerra organizaba y gobernaba el ejército y los servicios militares, la administración y la dirección superior del ejército;

El arma de Ingenieros era denominada cuerpo de Ingenieros;

Aparecían el cuerpo de Intendencia, el cuerpo de Intervención, el de tren, el de practicantes, el de material de artillería (con dos especialidades: pericial obrero, y pericial), el de material de Ingenieros, el de porteros, mozos y ordenanzas de los centros militares;

En el cuerpo de Sanidad Militar se distinguían especialidades de Medicina y de Farmacia;

Todas las armas y cuerpos tendrían de modo fijo, representantes en Estado Mayor;

La escala de mando había cambiado: Capitán General, Teniente General, General de División, General de Brigada, Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Capitán, Primer Teniente, Segundo Teniente, Alférez alumno, Sargento y Cabo (habían desaparecido el Mariscal de Campo y el Brigadier, sustituidos por General de División y General de Brigada));

Y, sobre todo, se regulaban los ascensos y condecoraciones: no se concedían ascensos si no existía vacante previa;  no se podía ascender sin estar dos años en el empleo anterior; los ascensos a Oficial General se harían por elección y según el correspondiente Reglamento; las recompensas serían de menor a mayor: la medalla conmemorativa, la condecoración sin pensión, la mención honorífica, la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz de Mérito Militar con Distintivo blanco pensionada con el 10% del sueldo, ventaja que caducaba en el siguiente ascenso, la Cruz de Mérito Militar pensionada con el 10% del sueldo no caducable hasta el retiro, la Cruz de Mérito Militar con distintivo rojo sin recompensa, la Cruz de Mérito Militar con distintivo rojo pensionada con la mitad de la diferencia de sueldo con el cargo inmediatamente superior, la Cruz de una Orden Militar especial con cobro del sueldo del cargo superior inmediato, y la Cruz de San Fernando (Laureada) destinada a las grandes hazañas y que representaba el límite máximo de recompensa que cualquier oficial podía cobrar, fuera cual fuera la distinción que hubiera recibido;

No se podía disfrutar simultáneamente de dos pensiones, pero se cobraba doble en tiempo de campaña y en misiones especiales.

Sagasta decidió anular la Ley Constitutiva del ejército de 1887 y Cassola dimitió y fue cesado como ministro en 14 de junio de 1888 y sustituido por Tomás O`Ryan. En 1888, Cassola se separó del partido.

 

 

La renovación de la Escuadra.

 

Una pretensión canovista era también la restauración del poder de la Armada española. Inmediatamente a su llegada al Gobierno, Cánovas compró 3 cañoneros (1876-77) e inició un programa para construir barcos enteramente metálicos, logrando botar el primero en 1880. No obstante, bien las posibilidades técnicas, o bien los precios internos, no debían ser muy buenos pues se compraron 11 torpederos en el extranjero (1880). Hacia 1885 la industria nacional había producido 6 cruceros y en la década siguiente se botarían otros 6 buques.

La flota española se componía en 1885 de 4 fragatas acorazadas, 6 fragatas de hélice con casco de madera en la península y 1 en Cuba, 2 cruceros de madera en la península, otros 2 en Cuba y 1 más en Filipinas, 1 crucero de hierro en Filipinas, 1 aviso en Cuba, 1 aviso en Filipinas y 4 goletas en Filipinas. También usaba 12 cruceros sin blindaje alguno.

La Ley de la Escuadra de 1887, decidió construir una nueva flota de guerra. Se minusvaloró a los acorazados, por ser demasiado lentos, y se decidió invertir en torpederos, lo cual se demostró un error en el futuro.

El 13 de septiembre de 1888 el Gobierno adjudicó la construcción de tres cruceros a José María Martínez de la Riva, propietario de la siderúrgica San Francisco en Sestao. Este hombre se asoció a Charles M. Palmer, un constructor naval británico, que debía poner la tecnología necesaria y juntos crearon en 1889 “Sociedad Colectiva Martínez de la Riva-Palmer”. Esta sociedad construyó unos grandes astilleros con secciones de artillería, maquinaria, y fundición. La mano de obra fue traída de Inglaterra. En 1890 botaron el crucero Infanta María Teresa, y en 1891 los cruceros Vizcaya y Almirante Oquendo. Entonces transformaron la sociedad en Astilleros del Nervión cuyos socios eran José María Martínez de la Riva, Charles M. Palmer, Francisco Martínez de la Riva y Adolfo Gabriel Urquijo e Ibarra. La nueva sociedad creía poder pedir dinero a Palmer, pero éste se negó a ponerlo, y la empresa quebró en 1892 haciéndose cargo de Astilleros del Nervión el Estado. Se puso al frente de ellos al almirante Cervera, que nombró director técnico a Palmer, pero el rendimiento de la nueva empresa fue malo: tardaron cuatro años en hacer un nuevo crucero y la empresa se cerró en 1896, pasando a manos privadas. Los astilleros quedaron en manos de Astilleros del Nervión, que en 1920 se los vendió a Altos Hornos de Vizcaya, que en 1924 se los vendió a Sociedad Española de Construcción Naval, que en 1969 se los vendió a Astilleros Españoles.

 

 

Código de justicia Militar de 1890.

 

En septiembre de 1890, Cánovas aprobó el Código de Justicia Militar, proyecto que no era el más grave del ejército, pero se había convertido en el más urgente para solucionar el problema Cassola. Su mérito fue sistematizar las leyes militares aplicables. Atribuyó a los tribunales militares los delitos por ofensa y desacato a la autoridad militar, excepto para las publicaciones civiles, las cuales tenían libertad de expresión. Es decir, no se entraba en los verdaderos problemas del ejército, y al contrario, se daba gusto a los militares conservadores y se involucionaba de forma que no fueran atacados y ni siquiera criticables.

 

 

         La última década del XIX.

 

En 1892-1893, el Ministro de Guerra del Gobierno Liberal Fusionista, general José López Domínguez, intentó una reforma del ejército, pero no en el sentido que se precisaba. Como la sociedad criticaba los muchos gastos del ejército, redujo los presupuestos militares cuanto pudo. No se podía actuar de forma más irracional. Los militares reaccionaron lógicamente: redujeron los gastos en material, en instrucción de la tropa y en gastos cuartelarios, con lo que todo el problema empeoró. El ejército estaba en las peores condiciones conocidas desde que tenemos noticias de él. La derrota de 1898 ante Estados Unidos, no debe sorprender a nadie.

Y ningún Gobierno, ni conservador ni liberal, parecía darse cuenta del problema militar, o no quería darse cuenta de ello. Y las cosas fueron a peor durante muchos años: al odio que ya la sociedad española tenía hacia el ejército, se sumó que el ejército fue utilizado para reprimir las insurrecciones vascas y catalanas nacionalistas, lo cual sirvió para incrementar más aún la separación entre los militares y el pueblo español. Y lo que todavía fue peor, los militares crearon un ambiente interno que creía que ellos eran imprescindibles para sostener “España”. Se convertían en intocables para los civiles, aunque éstos estuvieran en el Gobierno.

En 1893, hubo guerra con Marruecos, en Melilla. Surgió el problema de la necesidad de reclutar soldados. En vez de reclutar contingentes grandes de unas regiones determinadas, como venía haciéndose con las regiones con poca capacidad de protesta, Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, alguien pensó en democratizar la recluta, y llamar a soldados de toda España por igual, porque “ello haría patria”. El resultado fue que se tardó mucho en la movilización, hubo muy mala organización de los reclutados y fue un fracaso. Pero nadie sacó las consecuencias apropiadas para el fracaso que se avecinaba.

En 1895, el general Martínez Campos fue destinado a Cuba, a sostener la guerra contra los independentistas, y allí se dio cuenta de que el problema militar era mucho más grave de lo que los militares peninsulares aceptaban. Las condiciones de lucha eran insoportables para los soldados españoles. Y el pueblo español lo sabía, pero el ejército no quería verlo. Y el envío de cadetes de 20 años de edad para mandar las fuerzas cubanas contra una guerrilla muy asentada ente la población cubana, era una imprudencia del Estado, pero los Generales querían que sus hijos ascendieran pronto.

Para empezar, no se presentaron voluntarios para la lucha. Entonces, se ofreció ascenso automático para los oficiales peninsulares que se ofrecieran voluntarios, y se ofreció posibilidad de ascensos para los sargentos primeros (a subtenientes, que ya era categoría de oficial y ese paso estaba vedado a la tropa). En vez de mejorar el problema militar, se solucionó la circunstancia empeorando el problema general de exceso de oficialidad.

En la seguridad de que el reclutamiento era muy peligroso para la vida de los jóvenes, las familias pudientes, y hasta las no pudientes que accedían a un crédito de algún tipo, estaban dispuestas a pagar la redención de servicio militar. La mortalidad por enfermedad era catastrófica, mucho mayor que en las peores guerras. En 1896 y 1897 hubo más de 200.000 hospitalizaciones de soldados por causas gastrointestinales. Como al ejército le venía muy bien el dinero de las redenciones, todo el mundo se callaba.

 

 

El ejército de 1895-1898.

 

El ejército de Filipinas constaba de 18.000 hombres, entre los cuales los jefes y oficiales eran españoles, y la tropa eran indígenas y algunos españoles. Contaba además con tres Tercios de la Guardia Civil indígenas, una Sección de la Guardia Civil veterana y tres compañías de carabineros. En 1898, durante la guerra llegó a tener 43.656 hombres.

El ejército de Cuba tenía 20.000 hombres sumados los 14.500 del ejército regular y los 4.700 de tres Tercios de la Guardia Civil. En 1895 llegó a tener 70.900 hombres y 1898, 216.000 hombres. En 1898 estuvieron organizados en siete Divisiones, 16 brigadas, 8 medias brigadas, 4 guarniciones y otros 82.000 voluntarios.

En el momento puntual de 1898 el ejército español constaba de 220.000 hombres organizados en:

1 brigada de topografía.

4 Regimientos de África.

56 Regimientos de Infantería.

2 Regimientos de Baleares.

28 Regimientos de Caballería.

22 batallones de Cazadores.

16 Regimientos de Artillería de Campaña.

1 batallón disciplinario.

10 Regimientos de Artillería de Plaza.

1 Batallón de telégrafos.

5 Regimientos de Ingenieros, de los cuales 4 eran zapadores minadores y 1 pontoneros.

1 batallón ferroviario.

Una división solía contener:

Un Regimiento de caballería.

Un Regimiento de artillería.

Una unidad de servicios.

Dos brigadas.

Una brigada de infantería compuesta de dos Regimientos.

Una brigada de caballería compuesta de dos Regimientos.

Una brigada de Cazadores compuesta de cuatro batallones.

Un Regimiento de infantería contenía:

Plana mayor.

Uno o dos batallones de infantería.

Un Regimiento de Caballería contenía:

Plana Mayor.

Cuatro escuadrones de caballería.

Un Regimiento de Artillería contenía:

Plana Mayor.

Cuatro baterías.

Una Columna de Municionamiento.

Un Regimiento de ingenieros contenía:

Plana Mayor.

Dos batallones de zapadores minadores.

Cuatro compañías de pontoneros.

Un Batallón de infantería constaba de cuatro Compañías.

Un Batallón de Artillería constaba de cuatro o seis baterías.

Un Batallón de ferrocarriles constaba de cuatro compañías.

Un batallón de telégrafos constaba de cuatro compañías.

Un escuadrón de caballería, eran unos 100 caballos que se dividían en dos compañías de 50 caballos, y cada compañía en dos pelotones de una docena de caballos. El escuadrón podía formar en línea (un escuadrón al lado del otro, en cuyo caso obtiene la mayor potencia de tiro, pero la peor maniobrabilidad), en columna (un escuadrón detrás de otro, en cuyo caso sólo pueden disparar los de la línea delantera), escalonados (uno detrás de otro sobresaliendo cada uno un poco sobre el que le precede a fin de avistar mejor el campo de batalla), o en orden abierto (dispersos por todo el campo de batalla (en cuyo caso tienen la máxima maniobrabilidad y capacidad de tiro). El ideal del mando de caballería es que la caballería pueda cambiar de tipo de formación a una orden, para lo cual se necesita mucho entrenamiento. El arma del soldado de caballería era la carabina, y presentaba varios inconvenientes: para disparar hay que reducir la marcha, y para recargar había que detener el caballo.

 

 

Organización territorial militar en 1898.

 

Había 8 Regiones Militares, que eran:

La I: Madrid-Ávila-Segovia-Extremadura-Toledo-Ciudad Real.

La II: Andalucía.

La III: Valencia-Cuenca-Albacete y Murcia.

La IV: Cataluña.

La V: Aragón-Soria-Guadalajara.

La VI: Cantabria-Burgos-La Rioja-País Vasco y Navarra.

La VII: Asturias y Reino de León.

La VIII: Galicia.

Había dos Capitanías Generales: Baleares y Canarias.

Había dos Comandancias Generales: Ceuta y Melilla.

Cada Región Militar contaba con 2 divisiones, un Capitán General, un Estado Mayor, una Comandancia General de Artillería, una Comandancia General de Ingenieros, Administración Militar, y Sanidad Militar.

 

El desastre militar de 1898.

 

En 1896 había 142.000 soldados en Cuba. Eran 220.000 en colonias si se incluían los de Puerto Rico, y Filipinas.

El 15 de febrero de 1898 estalló el Maine en La Habana. Se le prestaron todo tipo de auxilios. Pero los periodistas americanos se empeñaron en decir que había sido un sabotaje español a sabiendas de estar mintiendo.

En los primeros días de marzo de 1898, el embajador estadounidense Woodford se puso al habla con Moret para evitar el conflicto, pero entonces llegaron las noticias del Maine y eso significaba la guerra, según los Estados Unidos.

En marzo de 1898, la opinión pública española, es decir, periódicos y mentideros de Madrid, decía que era preciso ir a la guerra pues las humillaciones que España estaba soportando provenientes de los Estados Unidos, eran insoportables. La guerra significó el fracaso militar definitivo. Empezó la guerra de España con los Estados Unidos, la cual terminó en julio con la derrota española.

La flota americana era muy similar a la española, pero había optado por barcos mejor acorazados, y por tanto más pesados y lentos, pero de tiro de más alcance. Contaba con 4 acorazados pesados, 1 acorazado ligero, 2 cruceros muy pesados, 11 cruceros pesados, 20 cruceros sin blindaje alguno y 6 barcos de aviso.

España quedaba definitivamente apeada del grupo de las grandes potencias y Estados Unidos se incorporaba a este grupo.

Los militares tenían muchos representantes en el Senado, los cuales servían para culpabilizar a los civiles de no darles suficiente presupuesto. A su vez, los senadores de la oposición civil les criticaban por tener excesivos gastos. Y mientras tanto, no se saneaban los cuarteles (agua corriente, ventilación, limpieza, higiene en cocinas y lavandería, hacinamiento de camas), no se adquirían armas, no se construían barcos.

 

 

El ejército español tras 1898.

 

La derrota de 1898 enseñó poco a los españoles. Pero a partir de 1900, la calamitosa situación del ejército condujo a reducir un poco las cifras de oficiales y jefes.

Polavieja decidió incentivar las bajas defunitivas de oficiales y lograría unas 10.000 bajas voluntarias en los años 1899-1909, pero eran muy pocas, pues había 499 generales, 600 coroneles, 24.000 oficiales, 142 almirantes… y las medallas por méritos de guerra iban a dar lugar a muchos más ascensos inmediatamente a 1898 y durante la Guerra de Marruecos de 1907. Se necesitaban unas 12.000 bajas por exceso tras la guerra y otras tantas para evitar el acumulamiento por los ascensos. Polavieja, Linares, Weyler y Luque tratarían de conseguir jubilaciones, pero hubo tantos cambios de Gobiernos que lo único que se consiguió fue reducir el presupuesto militar, pero sin reducir oficialidad, lo cual dio en el absurdo de no poder comprar armamento ni barcos adecuados para poder mantener la nómina. España pasaría a tener el ejército peor equipado y menos adiestrado de occidente. Pero todavía fue peor el hecho de que el ejército, de ahí en adelante, pidiera armas y equipo en medio de un gran déficit público, porque el pueblo español y los políticos se tenían que poner en contra del ejército. Los industriales catalanes y vascos, conscientes de este ambiente político, cada vez que se enfrentaban a una demanda de impuestos decían que se redujeran gastos militares. El enfrentamiento entre el pueblo y el ejército era irrecuperable.

En 1900, la mortalidad en los cuarteles era todavía del 1%, es decir, 1.000 soldados al año. La mayor parte moría de tuberculosis. En ultramar moría el 2,5% por fiebre amarilla. España tenía una mortalidad en cuarteles que era el doble que el segundo peor Estado europeo, Rusia, el triple que Gran Bretaña, el séxtuple que Alemania.

En 1900 el Ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde, pidió la reducción de gastos del Estado en un 20% y el plan de reducción de gastos generales se aprobó. Traducido al ejército, ese plan significaba la pérdida de 8.000.000 de pesetas en su presupuesto. Como los militares no aceptaban reducirse sueldo ni que los Gobiernos redujesen personal, se iniciaba de nuevo el problema político, y se recurrió a lo de siempre, a reducir equipamientos y gastos de instrucción. Es decir, los oficiales resultaban intocables, y los soldados, víctimas del problema, condenados a morir y enfermar.

El 58% del presupuesto militar iba a sueldos de los 24.705 oficiales y jefes. El 32,5% del presupuesto iba a los gastos de 95.000 soldados de tropa. Y el 9,5% del presupuesto se destinaba a conservación del material y adquisición de nuevo material. La solución de hacer pasar la restricción a la parte más débil era absurda. La calificación de “parásito glotón” que se daba al ejército español tenía sentido. Y el odio de los españoles hacia los militares no era cosa de ideas políticas, que también, sino de mala gestión de los militares.

El ejército recurrió a la Ley de Constitutiva del Ejército de 1878, que decía que la función del ejército era defender al país de sus enemigos externos e internos, y la interpretó como que tenía que defender al Estado del obrerismo y del nacionalismo, y se convirtió en tutor del Estado, asumiendo un papel conservador y de derechas, que defendía más el poder constituido que la política social. El viejo papel reformador de algunas facciones del ejército, se había perdido. Esto no quiere decir que el ejército tuviera un pensamiento monolítico, pues había oficiales contrarios al caciquismo, oficiales anticlericales, pero sí que estaban unidos en cuanto ser antiprogresistas. El ejército se creía protector de los pobres, de las clases trabajadoras, regenerador de la sociedad en sus valores morales, enemigo de los manipuladores de las masas obreras que, por incultas, eran manejadas por separatistas, carlistas y anarquistas.

El odio a los militares dio como resultado la crítica. Y el 23 de noviembre de 1905, los militares respondieron al periódico Cu-Cut asaltando y quemando sus instalaciones.

La reacción del Gobierno fue de nuevo equivocada, y en vez de solucionar los problemas militares, pensó en dar más autoridad al ejército y más fuerza a la represión militar: el 20 de marzo de 1906, les dio la Ley de Jurisdicciones por la cual se dejaba en manos de los militares la jurisdicción sobre delitos contra la Patria y contra el Ejército. Como no se especificaba qué era eso, el ejército tenía todo el poder para reprimir a quien quisiera.

En verano de 1909, el embarque de reservistas para llevarlos a una nueva Guerra de Marruecos iniciada en 1906, produjo movilizaciones populares antibelicistas y antimilitaristas en Madrid y en Barcelona. Barcelona llegó a plantear la huelga general para julio de 1909. Y el 26 de julio hubo un paro casi total en Barcelona. Se inició la Semana Trágica.

En 1912, una Ley de Excepción de los Reclutas de Cuota, permitió que, mediante el pago de una cuota, el recluta cambiase el servicio normal de tres años, por uno reducido de diez meses si pagaba 1.000 pesetas, y de 5 meses si pagaba 2.000 pesetas. Se les llamó “mozos de cuota”. El Gobierno justificaba estas exenciones porque en los cuarteles había hacinamiento y malas condiciones higiénicas.

En 1930 se bajaría hasta los 15.000 oficiales y jefes, aproximadamente el doble de los que se necesitaban, tras haber prescindido de unos 10.000 efectivos. Todavía el 66% de los coroneles, el 31% de los tenientes coroneles, el 80% de los comandantes y el 42% de los capitanes no tenían destino ni mando en tropa, y estaban en sus casas recibiendo media paga por no hacer nada.

 

 

[1] Mi abuelo Emilio se llamaba oficialmente Sabino, cosa que sabíamos muy pocos, y en el pueblo le llamaban por el mote. Su tío tuvo la ocurrencia de llamar oficialmente a todos sus hijos Santiago, y luego utilizar distintos nombres en el uso normal del pueblo. de esta manera despistaba a los organismos oficiales.

[2] Caballero Díez, Juan Andrés. Estructura y ordenación del ejército español en 1898. Junio 2012. En la wed.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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