LA CUESTIÓN SOCIAL.

 

Conceptos clave: cuestión social, el problema de la libertad, Cánovas y el problema social, Comisión de Estudios Sociales, Comisión de Reformas Sociales, el problema social.

 

 

El “liberalismo económico burgués”, entendido como libertad en la que cada uno puede hacer lo que le plazca en las relaciones laborales, significaba que el pez grande se comía al chico, y dio lugar a un problema social, que se denominó a fines del XIX, “la cuestión social”.

Era un problema en el que Cánovas y Sagasta estaban de acuerdo, y ambos nos parecen hoy equivocados: Según ellos, no se debía intervenir en las relaciones laborales desde el Estado. Y ello es un error, pues cuando los empresarios buscan para sí la ganancia máxima sin limitación moral ninguna, y ello incluye los más bajos salarios posibles, la mínima calidad del producto y los precios más altos que pueda asumir el mercado, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores incide directamente en las limitaciones de las propias ventas del colectivo empresarial, la baja calidad hace perder confianza en el producto y buscar oferta de sustitución, y los altos precios conducen a buscar elementos sustitutivos. Es decir, se puede destruir por completo todo el sistema de mercado. Cuando ello lo hace un solo empresario o unos pocos, estos suelen tener éxito, pero es una competencia desleal con sus compañeros empresarios. Si lo hiciera una mayoría, se alcanzarían los límites del mercado y se produciría la crisis en círculo vicioso. Cada cierre de una empresa dejaría más obreros en paro y se producirían nuevas reducciones de la demanda. Es lo que Marx denominó catástrofe final del capitalismo.

Esta equivocación de los gobernantes españoles, de no intervenir en nada en el mercado, llevó a que el asunto se transformase en el “problema social” por excelencia de España, no solo por abuso manifiesto de los empresarios y por empobrecimiento extremo de obreros y asalariados, sino porque el ambiente social generado contribuyó a la extensión del terrorismo y otras violencias sociales cotidianas en la calle. Incluso los anarquistas, favorecidos por este error gubernamental, que no era exclusivo de España, tuvieron éxito cuando cambiaron su doctrina bakuninista que predicaba un igualitarismo, en el que según ellos incluso los ricos saldrían beneficiados, a una doctrina kropockiniana de eliminación física de los ricos para traer el igualitarismo.

 

 

El problema de la libertad.

 

Las libertades cuestan dinero. De nada sirve que un ciudadano tenga un derecho si no tiene financiación para poder realizarlo. Y el mejor progreso hacia las libertades, no es la revolución en la calle, sino el desarrollo económico y social, en el que los individuos dispongan de dinero para pagarse sus deseos de hacer cosas.

Ejemplo para estudiantes: muchos jóvenes creen que “pueden opinar lo que les apetezca de lo que les apetezca”, sin caer en la cuenta de que sólo pueden opinar de lo que se les ha informado, y los agentes de información son muy pocos y dan las noticias que quieren, como quieren, en el orden que quieren y con las valoraciones que les interesan. Los profesores son el mejor vehículo para engañar a los estudiantes, pues ellos les dan la información “adecuada” a una ideología política. La televisión es el medio de engañar masivamente a la gente, y muchas cadenas se dedican precisamente eso, exclusivamente a eso, y provocan polémicas absurdas que les proporcionan mucha audiencia y mucho dinero a costa de muchos tontos que se creen las “informaciones” que van aportando y repitiendo. Las polémicas entre “famosos”, que son famosos porque salen mucho en televisión, son el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo. Al final, todo se reduce a que el famoso se lleva unos miles de dólares o de euros, y la cadena gana cientos de miles por publicidad. Y en medio de todo ello ¿dónde está la libertad? Algunos objetarán: es que me divierte la vida de los famosos y por eso veo esos programas. Yo les respondería, que quién les garantiza que eso es la vida de los famosos. Opino que esos programas sobre famosos son patrañas pactadas entre los famosos y la cadena de TV en donde prácticamente todo es mentira.

¿Cómo acceder a la verdad? Un buen estudiante debería leer libros de autores diferentes y contrastar puntos de vista, tener acceso a todos los temas del programa y no limitarse a los que su profesor ha escogido (a veces ni un 10% de la materia), debería asistir a conferencias de distintos profesores para contrastar opiniones. Ello significa, que la suficiencia en los estudios no se logra precisamente reduciendo años de estudios y abaratando de ese modo el acceso masivo de todos a la Universidad. De todos modos, y como advertencia para un estudiante, debo avisarle que la verdad es un camino de acercamiento progresivo a la realidad, y que el final nunca se alcanza. Es un camino que acaba en el infinito. Lo cual me sirve para desenmascarar a muchos profesores que enseñan la verdad definitiva y a muchos alumnos poseedores de la verdad definitiva.

En conclusión, las libertades cuestan dinero, y no disponemos de canales de información veraz, ni de capacidad de actuación, si no tenemos dinero y preparación intelectual suficiente. Los pobres no son libres, excepto si se limitan a vivir su mundo de pobreza en el nivel de su formación intelectual y buscan su propio progreso, y fuera de esa realidad, todo es falsedad para ellos.

 

 

Cánovas y el problema social.

 

Cánovas, durante la primera mitad de su vida, estaba muy equivocado en la cuestión social, como lo estaba la Iglesia católica de su momento, la cual, en 1871 había recomendado como solución a este problema la caridad y el amor al prójimo. Esta solución la podemos calificar como poco de ingenua.

En 1889, Cánovas ya era consciente de que los problemas sociales eran muy graves y más importantes que los políticos, pero se empeñó en apuntar soluciones cristianas, o en todo caso tomadas de los británicos, como las que estaban tomando los tories en esos momentos.

El 10 de noviembre de 1890, Cánovas hizo un discurso hecho en El Ateneo de Madrid, La Cuestión Obrera y su Nuevo Carácter en que abordó por primera vez en serio el problema de la relaciones socioeconómicas, pero se limitó a hacer un alarde de erudición sobre los economistas y sociólogos de su época en Europa, y a rechazar como principio la violencia de las masas. Se constataba que Cánovas ya se había documentado sobre el tema del problema social, había leído a Quesnay, Adam Smith, Bautista Say, David Ricardo, Sismondi, Bastiat, Baudrillart, Dameth, Minghetti y Romagnosi. Entonces anunció que el pensamiento social estaba evolucionando mucho en aquellos días (tal vez quisiera decir que él estaba evolucionando). Afirmó que él no estaba suficientemente informado en 1871, cuando dio soluciones simplistas al problema social. Volvió a rechazar la violencia como solución, pero también denunció la inacción gubernamental e incluso la poca acción de la Iglesia Católica en el tema.

Lo único positivo del discurso fue que acabó afirmando que el Estado y la Iglesia debían intervenir en economía y sociedad. El asunto se quedó en esta declaración de intenciones, pero no hubo intervención real del Estado en nada.

Cuando Cánovas pronunció su discurso del Ateneo, todavía faltaba un año para que el Papa le diese la razón en la Rerum Novarum, lo cual nos da a entender que ya en 1890 había un pensamiento católico, o más bien cristiano-social, que Cánovas conocía, y que sería la base para las ideas de la Rerum Novarum de 1891.

El asunto de fondo era abandonar un tipo de liberalismo conservador y burgués, que los dirigentes de fines del XIX no estaban dispuestos a abandonar. Negaban la eficacia del liberalismo, y también la del socialismo, y pedían la solución en algún punto intermedio, pero no se atrevían a decir a los ricos que tenían que pagar mejor a los obreros, y contribuir en proporción mayor que los pobres a la Hacienda estatal.

Los valores del discurso de Cánovas radicaban en que desconfiaba de que el obrero pudiera llegar a empresario trabajando y ahorrando, y desconfiaba de que la caridad pudiera ser suficiente para resolver el problema, y admitía la posibilidad de que el Estado interviniera en las discusiones entre el patrono y el obrero. Pero no se modificó en nada el sistema de impuestos, como sugerían algunos teóricos como Villaverde, ni se corrigió la corrupción electoral que permitiría que hubiera diputados que aprobaran las medidas necesarias al respecto, ni se vigiló la actuación empresarial.

La conclusión de Cánovas sobre la cuestión social, en 1890, era que había que revisar la teoría del “laisser faire, laisser passer”, pero no en el sentido de abandonar los principios del liberalismo, sino en el añadirle planteamientos nuevos. Cánovas no aceptaba el socialismo como solución al problema social, pues la abolición de la propiedad privada sería como una pataleta infantil que no resolvería nada. Respecto al anarquismo, creía que era un imposible, una quimera. En cuanto al socialismo comunista, le parecía más organizado y con más posibilidades para ser ensayado, pero tampoco era la solución. La solución estaba en el punto de conciliación entre la libertad y la justicia, donde se asegure que todo asalariado tenga una remuneración mínima suficiente y satisfactoria para vivir, pero manteniendo la libre contratación, y la obtención de beneficios para el capital, pues sin ello no hay progreso.

Afirmaba que tampoco era cierta la idea de Smith de que el capitalismo haría capitalistas a todos los hombres en el futuro. No es cierto que todos los obreros puedan ahorrar y salir de su condición de asalariados, del trabajo dependiente. Es una falacia el afirmar que, céntimo a céntimo, se construye una fortuna cuando se desea fuertemente. Sólo es una práctica infantil para estimular a los niños en la mentalidad del ahorro. El ahorro es cosa de ricos. Cánovas no había llegado todavía a la idea de la propensión marginal al ahorro, de que cuanto más rico es una persona tiene más capacidad de ahorro, pero ya estaba cerca.

Igualmente, no es cierto que la caridad sea suficiente para paliar el problema social. Es un paliativo como poner paños fríos al que padece fiebre, pero poco más.

Si Cánovas había llegado en 1890 a la conclusión de que ni el ahorro ni la caridad eran las soluciones al problema social, pasó después al aspecto positivo de afirmar la necesidad de una organización específica de los poderes sociales a fin de atacar el problema. Esa organización debía contar con un acuerdo entre patronos y obreros, con o sin la intervención del Estado.

Ese mismo año de 1891, Cánovas volvió a evolucionar en este pensamiento y dijo que el acuerdo entre patronos y obreros se debía hacer “con intervención del Estado”, porque en un diálogo entre patronos y obreros, sin un árbitro capaz de obligar a las partes a negociar, y más tarde a cumplir los acuerdos tomados en la negociación, nunca se alcanzaría ninguna solución justa. En el tomo III de Problemas Contemporáneos, dijo que el Estado debía intervenir en el orden social y económico hasta donde la sociedad le pidiese en cada momento. Pero Cánovas no era socialista y nunca fue partidario de un Estado-providencia que regulase y distribuyese las condiciones laborales, económicas y sociales, sino que abogaba por un Estado que hiciese lo que no podían hacer las partes en el diálogo laboral, ayudar a la parte débil con medios económicos precisos y con sistemas organizativos suficientes para que el diálogo con la patronal fuera posible.

Desde todo este planteamiento social, hasta tomar medidas concretas en el tema, hay mucho trecho. Cánovas no las tomó, tal vez porque no le dio tiempo a plantearlo. Se dio cuenta de que la práctica era mucho más complicada que la teoría y decidió que, cuando tomara decisiones, debían estar concienzudamente preparadas. Murió antes de intentarlo.

 

 

La Comisión de Estudios Sociales.

 

Práxedes Mateo Sagasta y Segismundo Moret se dieron cuenta de que no hay libertad sin bienestar social y poder adquisitivo previo del sujeto que quiere ser libre y, en 5 de diciembre de 1883 decidieron crear una Comisión de Estudios Sociales, a iniciativa del Ministro Segismundo Moret Prendergast. Con la costumbre de fines del XIX de intentar explicar todo en el título, la nueva institución se llamó “Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”.

La actuación de esta institución fue una exhibición de buenas intenciones, y sirvió para bien poco. Cánovas decidió tomar medidas de previsión social, regulación del trabajo de mujeres y niños, pero fueron medidas echadas abajo por su propio partido, el Conservador, y esto llevó a la inacción del Gobierno Sagasta.

La Comisión de Estudios Sociales debía ocuparse del estudio de algunas cuestiones sobre mejora del bienestar de las clases obreras agrícolas e industriales. Las cuestiones sobre las que debía meditar eran los jurados mixtos, la previsión social, el crédito agrícola, los terrenos comunales, el asociacionismo, la cooperación obrera, y las formas de vida de los distintos grupos sociales españoles. La Comisión trabajó en ello durante 1884 y 1885 y elaboró unos informes muy ilustrativos.

Se nombró Presidente de esta nueva entidad a Cánovas. Hay que tener en cuenta que se trataba de un Gobierno conservador. La Comisión se componía de 14 miembros, incluido el presidente, todos burgueses, extraídos de los partidos dominantes. En enero de 1884, al cambiar el Gobierno, la presidencia de esta Comisión sería para Segismundo Moret.

Antecedente inmediato de esta Comisión de Reformas había sido el Congreso Nacional Sociológico celebrado en Valencia en julio 1883 con colaboraciones de Salmerón, Castelar, Silvela, García Azcárate y Gabriel Rodríguez, que defendían que el Estado debía regular y legislar las cuestiones sociales.

Se tiene a Gumersindo de Azcárate como el principal inspirador de esta doctrina social, pero debemos advertir que los intelectuales de fines del XIX estaban inmersos en la utopía de que la cultura redimiría a las masas. Por eso, Azcárate acabó afirmanado que la principal intervención social del Estado era mejorar la cultura entre las clases sociales bajas. Pero Azcárate no se quedaba sólo en la cultura, sino que hizo otras aportaciones en las que se defendía que había que poner jurados mixtos, cajas de retiros, socorros para enfermos e inválidos, condiciones de trabajo mejores para mujeres y niños, cuidar la higiene y seguridad en el trabajo, hacer viviendas para los obreros, procurar una mejor alimentación… Estaban  adelantando lo que un siglo después se conocería como “estado de bienestar”, y ponían acento en la cultura, dando quizás por imposible la política de protección a los desfavorecidos por la fortuna.

Como se podía esperar de los dos Presidentes de Gobierno españoles, Cánovas y Sagasta, y de las condiciones reales del siglo XIX, la Comisión sirvió de muy poco, pues hacía Proyectos de Ley (previsión social, regulación del trabajo de mujeres y niños) que las Cortes nunca aprobaban. Más bien se trataba de hacer como que estaban al día en una política social, simultánea y parecida a la de Bismarck y sus leyes del seguro de enfermedad de 1883 y de accidentes de 1884. Bismarck iba muy por delante de los teóricos españoles.

Pero a pesar de todo, la creación de la Comisión de Estudios Sociales suponía un cambio: la aparición de la idea de que el Estado debía intervenir en asuntos económicos y sociales, pues los pobres, sin la debida tutela del Estado, no tienen libertad ante el empresario.

El grado de intervención del Estado en la economía será en adelante el nuevo problema, pues la excesiva intervención lleva a gastos superfluos de los personajes políticos, gastos interesados en la persistencia en el poder y no en solucionar las necesidades generales, equivocaciones de campos de inversión, perduración de los errores gracias a las subvenciones del Estado (es el caso de las dictaduras totalitarias de izquierda y de derecha), y la no intervención lleva al abuso de algunos empresarios, los cuales hacen subir los precios desmesuradamente, corrompen a los políticos, se sitúan por encima de la ley gracias a sus contactos, y rompen los equilibrios socioeconómicos necesarios para la existencia de un mercado fluido.

El problema general de un mercado libre es que el precio de las cosas no lo ponen la mayoría de los fabricantes, ni la mayoría de los demandantes, sino que basta uno sólo por cada parte, un comprador y un vendedor, para que el precio suba. Y basta que el precio suba o baje en un trato, para que todos los demás pidan el nuevo precio. Las leyes del mercado tienen mucho de psicología de masas y son más complicadas de lo que pudiera parecer a un no iniciado.

Las minorías pueden perjudicar gravemente a las mayorías, en condiciones de falta de regularización económica, o falta de vigilancia. Pero estas ideas no tendrán un defensor válido hasta Roosevelt 1932, es decir, 40 años más tarde.

En los finales del XIX se pensaba de otra manera:

Los grupos conservadores defendían que la política social era un simple problema de orden público y que la misión del Estado era salvaguardar la libertad empresarial.

Los grupos progresistas defendían la idea de la necesidad de intervención de los sindicatos y partidos de oposición progresistas y socialistas, presuponiendo que en ellos habría más moralidad que entre los gobernantes conservadores, una presunción que les hacía utópicos.

 

 

La Comisión de Reformas Sociales.

 

La Comisión de Estudios Sociales representaba una idea moderna en su época, la necesidad de un tercer interlocutor entre obreros y empresarios, que debía ser el Estado, o la Comisión en sí misma. También constataba el atraso legislativo español en esta materia.

Esta Comisión tenía la función de presentar proyectos de mejora y bienestar de las clases obreras, agrícolas e industriales.

La Comisión de Estudios fue reorganizada en 13 de mayo de 1890, para llamarla Comisión de Reformas Sociales, estructurándola en Comisión Central, Comisiones Provinciales y Comisiones Locales, que recababan información sobre el estado de los trabajadores y proponían iniciativas de ley para remediarlo.

La Comisión de Reformas Sociales se hizo, tras un periodo de desarrollo económico, 1874-1891, cuando empezaba la crisis de 1883-1891, momento en que se hizo más evidente que nunca hasta entonces la mala alimentación y malas condiciones de vivienda de los pobres. Casi nunca se la dotó de fondos, y lo que estamos contando es un planteamiento, más bien teórico y muy poco práctico. De todos modos quedaba abierto el tema para que en 1903 hubiera un Instituto de Reformas Sociales, en 1908 un Instituto Nacional de Previsión y en 1920 un Ministerio de Trabajo.

En 1903, el Instituto de Reformas Sociales estudiaría, más que nada, problemas de trabajo, recomendando inspectores para los centros de trabajo y también arbitrajes en los conflictos laborales, a través de unas Juntas Locales y unas Juntas Provinciales de Reformas Sociales. Las reformas sociales importantes en materia laboral en España son el Instituto de Previsión de 1908, obra del conservador Antonio Maura, el Ministerio de Trabajo de 1920, obra del conservador Eduardo Dato, el Seguro Obligatorio de Enfermedad SOE obra del franquista José Antonio Girón en 1943, y la atención a la tercera Edad del Socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

 

 

Reacciones ante la Comisión de Reformas Sociales.

 

La nueva concepción del Estado, representada por la Comisión de Reformas Sociales, fue apoyada por los krausistas, algunos grupos católicos-sociales y algunos liberales regeneracionistas. Pensaban que era preciso un ambiente de concordia social en la empresa y no uno de enfrentamiento permanente, y ese ambiente debía ser logrado por el Estado. Por tanto, era preciso que una comisión se encargase de estudiar qué aspectos de la vida laboral eran los que debían ser abordados por el Estado y de qué manera. En medio de la política española de final de siglo, esta comisión no dio ningún fruto práctico inmediato, pero sí preparó unos informes, que fueron utilizados en 1903 para crear el Instituto de Reformas Sociales, en 1908 un Instituto Nacional de Previsión y en 1920 un Ministerio de Trabajo.

El PSOE aceptó colaborar en la Comisión de Reformas Sociales: Pablo Iglesias hizo un informe para la Asociación del Arte de Imprimir.

En 1883 murió Carlos Marx. La interpretación directa de la ortodoxia marxista ya no era posible. Cada intérprete de Marx se proclamó a si mismo representante del verdadero marxismo y acusó a los demás de “revisionistas”, es decir, de cambios en el sistema de pensamiento marxista. De hecho, desde 1903, se impondría como “marxismo” la versión leninista, excluyente de todas las demás, y tendente al totalitarismo.

En 1884 la Agrupación Socialista Madrileña encargó un informe al médico salmantino Jaime Vera a fin de contraponerlo al que estaba haciendo el Gobierno español a través de la Comisión de Reformas Sociales. Es el más famoso escrito marxista español. Vera sabía alemán y era capaz de traducir a Marx sin paso previo por el francés como se venía haciendo en España. Esto significó que los socialistas españoles establecieron un contacto no intuitivo con la realidad marxista. Vera, en su informe, descartaba la acción revolucionaria por no estar madura para ello la sociedad española, y se inclinaba por una acción política de difusión de la teoría socialista a través de la prensa, de las campañas electorales y de las asambleas de trabajadores, a fin de lograr esa deseada madurez.

Los anarquistas decidieron boicotear a la Comisión de Reformas Sociales.

 

 

El nuevo concepto de prisión.

 

Una idea nueva, difícil de asumir en España, era el concepto de cárcel como centro corrector de conductas, lo cual justificaba la privación de libertad. La idea había sido lanzada por los cuáqueros de Filadelfia (Estados Unidos), que pusieron celdas individuales en donde a los presos les fuera posible el arrepentimiento. El modelo fue cambiado por Huburn más adelante a celda individual de noche, y trabajo colectivo de día. Europa lo adoptó como “un sistema progresivo” entendiendo por ello disminuir la intensidad de la pena a medida que el delincuente mostraba arrepentimiento. Estos nuevos sistemas liberales sustituían al viejo modelo de pagar al Estado el mal hecho, con servicios colectivos como galeras, minas u obras públicas.

 

 

De la cuestión social, al problema social.

 

Uno de los problemas graves de 1893 en adelante fue la llamada “cuestión social”. El tema polémico era cómo las masas obreras, tras varias décadas de progreso español, habían llegado a la miseria, cómo en el país surgían fortunas, se abrían nuevas industrias, había empresas agrícolas y comerciales florecientes, mientras los obreros iban a peor. El tema era objetivo, pues los capitalistas, ante las pocas posibilidades de competir en el exterior y en el interior, habían encontrado una fórmula en la baja continuada de salarios, lo cual no estaba prohibido por ninguna ley. Los diversos Gobiernos liberales, desde 1844, nunca habían considerado urgente este problema, y los más liberales, progresistas y otros partidos más a la izquierda, argumentaban que la no intervención arreglaría el problema por sí mismo, mientras que la intervención del Estado sólo podía empeorar las cosas. Desde que el tema entró en discusión, la “cuestión social” pasó a denominarse el “problema social”. Será un tema de discusión toda la primera mitad del siglo XX.

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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