COMERCIO EXTERIOR español a fines del XIX.

 

Conceptos clave: comercio exterior, debate del librecambismo, lucha por el proteccionismo, sistema monetario bimetalista, deuda exterior, Ley del Arancel 1891, impuesto sobre las rentas del capital, Raimundo Fernández Villaverde,

 

 

 

 

Balanza comercial.

 

En el último tercio del siglo XIX había habido superávits en la balanza comercial española en 1873, 1881, 1888, 1889, 1896, 1897 y 1898, siete años tan sólo. Lo normal eran los déficits.

 

 

Comercio Exterior.

 

Pondremos un par de ejemplos sobre el comercio exterior español para tomar una idea del comercio exterior español de fines del XIX:

Exportaciones en millones de pesetas:

x                1877            1883

Vino           129              52 millones de Pts.

Plomo           60

Harina y trigo  63 Millones de Pts.

Pasas           26

Minerales                       20 millones.

Naranjas        10               3

Mercurio        10

Aceite                               3

Animales                         3

Calzado                          1 millón de pesetas.

 

Importaciones en millones de pesetas:

x                      1877             1883

Fibras textiles 87 millones      18 millones de Pts.

Trenes             70               24

Alimentos       52               31

Combustibles    37                5

Tejidos              34                8

Aguardiente     14

Cueros y pieles 14

Productos químicos                2

 

 

Los negocios de importación y exportación.

 

Se exportaban vinos, pasas, aceite, naranjas, plomo, cobre, hierro, corcho, tejidos de algodón y calzados.

Se importaba azúcar, trigo, bacalao, locomotoras, vagones, raíles, teléfonos, cable, carbón y madera.

Los negocios relacionados con estos sectores estaban enclavados en puntos costeros como Asturias, Santander, Sevilla, Cataluña, y en Madrid, la capital del Estado. Tal vez porque las comunicaciones eran muy difíciles en otras zonas españolas.

En años anteriores a la época que tratamos, en 1830-1860, España había comercializado pasaje y carga para el Mediterráneo, para países del norte europeo y para colonias españolas. Estos eran los productos que interesaban a los británicos, los cuales pusieron en España en el último tercio del XIX empresas dirigidas por británicos, y empresas aparentemente dirigidas por españoles pero controladas por británicos. Ya en 1868-1920, los transportes se diversificaron mucho, y exportaban minerales, importaban carbón, maquinaria y elementos para la construcción y transportes, llevaban viajeros a América, importaban azúcar, copra, cacao, canela, tabaco de países tropicales, importaban granos de países templados…

En 1866 hubo una depresión mundial con caída de precios de las exportaciones, crisis del ferrocarril en España, bancarrotas bancarias en Gran Bretaña, quiebra de hacienda española por las guerras pasadas no pagadas y que en 1866 y años siguientes no se podían financiar…

En 1867, España hizo una ley aboliendo el tráfico de esclavos, pero sin abolir por ello la esclavitud. Era la ley que se le había pedido en 1817, pero que ya no era aceptada en el mundo en 1867. Tal vez era cosmética. Se terminaba uno de los artículos comerciales más antiguos de la humanidad[1].

El 9 de marzo de 1867 se dio un decreto suprimiendo los impuestos indirectos en las Antillas, diezmo, alcabalas, derechos de importación y otros, cambiándolos por un impuesto directo. Los potentados españoles peninsulares quedaron sometidos a impuestos y apoyaron un levantamiento, el de septiembre de 1868, exigiendo a continuación la derogación del decreto.

 

 

El debate del proteccionismo y librecambismo.

 

En 1869, se decretó la reducción progresiva de aranceles en seis años. El Decreto era conocido como “la Base Quinta[2]”, porque constituía la Base Quinta del apéndice C de la ley de Presupuestos de julio de 1869.

Hasta 1866 aproximadamente, los industriales catalanes habían exixido proteccionismo para que no entraran productos británicos y franceses de la competencia, y los agricultores castellanos y andaluces querían librecambismo para exportar mejor sus productos. Pero en esos años apareció un factor nuevo, el trigo estadounidense y el trigo ruso aparecieron con precios muy baratos. Estos granos llegaban a puerto español más baratos que los producidos en España, con gran sorpresa de los agricultores españoles, que venían produciendo y exportando a Europa y África y América, desde hacía siglos. Y los agricultores castellanos y andaluces se pasaron al proteccionismo.

El tema era difícil porque la legalidad la había impuesto Figuerola en la famosa “base quinta” de 1869. Esa base quinta había iniciado una reducción progresiva de impuestos. Laureano Figuerola Ballester, Ministro de Hacienda para Serrano, se había propuesto bajar todos los aranceles al 15%, y el objetivo era eliminar los llamados “aranceles extraordinarios” que se elevaban al 30 y 35% del valor declarado en la frontera para productos que entraban en competencia con la producción nacional. El Decreto concedía seis años de permanencia de los viejos aranceles, y seis años más para bajarlos progresivamente hasta alcanzar el 15% dicho. Eso significaba que en 1881, todos los aranceles bajarían al 15%. Bajando los aranceles de los bienes de equipo y materias primas, se esperaba empujar el desarrollo español.

Figuerola había previsto un desmantelamiento progresivo de los impuestos arancelarios españoles, pensando en una negociación con los países de Europa Occidental para que ellos hicieran lo mismo con los productos españoles.

Cuando en 1875 llegó la fecha de empezar a bajar aranceles, el Ministro Salaverría suspendió sine die la aplicación del arancel Figuerola, en virtud de que se estaba en guerra y no se podía castigar a las fábricas que ya tenían bajadas de precios por causa de la guerra, sobre todo en Cataluña. Y el asunto estaba dormido, en la ilegalidad. En 1877 el Gobierno se ratificó en la suspensión de la Base Quinta al tiempo que se facultaba al Gobierno para incrementar recargos en los derechos de importación y navegación.

Los industriales catalanes estaban encantados ante el mantenimiento de aranceles altos para materias primas y bienes de equipo, porque en 1876-1886, Cataluña vivía su “febre de l`or”, porque se vendía toda la producción textil y llegaban inversiones extranjeras. España era el sexto productor textil del mundo tras Inglaterra, Rusia, Alemania, Austria, y Francia. Se producían 1.750.000 unidades de hilados, y se estaba por delante de Suiza, Bélgica, Italia, Países Escandinavos, Holanda, Portugal y Grecia. Y mientras nadie se acordara de exigir el cumplimiento de la ley librecambista de Figuerola, todo iría bien, pues los catalanes tenían el mercado español asegurado.

Pero he aquí que, el Ministro Camacho se acordó del librecambismo en 1881 e inició de nuevo una reducción gradual de los aranceles e incluso firmó un tratado comercial con Francia en 1882 en el que se comprometía a bajarlos progresivamente. Los catalanes trataron de parar la política de Camacho y lograron eximir de derechos de exportación a los tejidos españoles. No se firmaron nuevos tratados con otros países y el proyecto de Camacho se quedó en la fase de intento.

El Tratado de Comercio con Francia de febrero de 1882:

En el espíritu librecambista de 1882, se firmó un Tratado con Francia rebajando los derechos de los vinos que iban a Francia en un tercio, y también los derechos de las naranjas, almendras, avellanas, hortalizas, tapones de corcho, guantes, papel, cartón y productos de esparto que España exportaba. Por su parte, España rebajaba los derechos arancelarios de los productos franceses de lana y seda.

Este Tratado con Francia tuvo mucha repercusión, pues a partir de 1883 se firmaron tratados similares de Comercio y Navegación con todos los países de Europa occidental.

Estos Tratados estuvieron vigentes hasta 1891, cuando España suprimió a Francia la cláusula de “nación más favorecida” y Francia tomó represalias multiplicando por diez los aranceles pagados por los productos españoles, y denunciando el Tratado de 1882. Los demás países europeos hicieron lo mismo, y ya nunca se consiguieron condiciones de bajos aranceles como las de 1882, salvo en acuerdos muy puntuales.

También de 1881 fue la Ley de Enjuiciamiento Civil[3]. Esta ley o Código Civil, es fundamental en la historia contemporánea española, y lo prueba el hecho de fuera base de muchas modificaciones, incluso un siglo más tarde, como la de 1939, 1953, 1984, ley orgánica 2/1987, 1988 y ley orgánica 19/2003.

Se creó el Cuerpo de Abogados del Estado.

Se reorganizó la inspección de Hacienda Pública.

Se hizo una conversión de deuda pública, para obtener mayores ventajas de pago.

Se impuso la contribución industrial. Esta es la parte que nos interesa más, pues causó la furia de los empresarios, no acostumbrados a pagar impuestos directos, pues ya creían que pagaban demasiado con los indirectos en aduana.

 

 

Lucha por el proteccionismo.

 

Los empresarios catalanes organizaban mítines a favor del proteccionismo, con el objetivo de hacer protestar a los obreros, pues vociferaban que el Gobierno de Madrid les quería dejar sin trabajo y liquidaría toda la industria nacional española. Incluso el obispo de Barcelona en 1878-1883, José María de Urquinaona, pidió públicamente piedad para los obreros que irían al paro. Y apareció un extraño maridaje entre nacionalismo, capitalismo y catolicismo. Urquinaona se hizo muy popular y aprovechó para consagrar Cataluña a la Virgen de Montserrat y crear así un movimiento popular conveniente para él.

Por su parte, los interesados en el librecambismo se durmieron, o no supieron interpretar la política de sus intereses: Los exportadores de vinos andaluces y riojanos, estaban muy contentos con el tratado España-Francia que les permitía exportar sin límite el producto de sus viñas, pues Francia les compraba todo lo que produjeran, para tratarlo, embotellarlo y venderlo cono francés. Las perspectivas a corto plazo les deslumbraron, y luego ya fue tarde para salir del error: Francia empezó a producir alcoholes artificiales y su interés por comprar alcohol a España fue disminuyendo, y la plaga de la filoxera fue superada en Francia, mientras afectaba duramente a España. Y España perdió la magnífica oportunidad de hacerse con el mercado mundial del vino. Y los viticultores se enfrentaron a los viejos problemas seculares.

En 1881, el Ministro Juan Francisco Camacho sacó adelante unas reformas fiscales, reformas comerciales, y reformas arancelarias y presentó la evolución al proteccionismo como un avance dentro del liberalismo, cuando sabemos que es todo lo contrario.

En abril de 1882 se debatió en las Cortes españolas la idea liberalizadora de abolir los aranceles, o al menos bajarlos considerablemente.

El 6 de julio de 1882, fue aprobada y ratificada por el Rey la ley de suspensión del decreto de 1875 y de la ley de 1877. Con esta nueva ley librecambista, las mercancías que pagasen entre el 15 y el 20% de aranceles, verían rebajados sus derechos al 15%, y  las que pagasen más del 20% los verían rebajados hasta el 15% en tres fases, entre las fechas de 1887 y 1892.

El proteccionismo era la idea de los industriales catalanes, pues su industria textil estaba técnicamente atrasada respecto a la británica, y la liberalización de las importaciones hundiría su mercado, que era principalmente en territorio español. Por contra, querían abolición del pago de derechos a la exportación.

El librecambismo era la idea de los industriales vascos, pues su negocio era la exportación de mineral de hierro e importación de hulla y antracita británica. Con el librecambismo venderían más mineral de hierro, y comprarían carbón más barato.

En 1882, se tomaron medidas para contrarrestar la política librecambista de Camacho: en julio de 1882, por la Ley de Relaciones Económicas con las Antillas, se eximió del pago de derechos de exportación a los tejidos españoles exportados a las Antillas (lo cual beneficiaba ante todo a los catalanes), y se tomaron disposiciones para retrasar la aplicación de la famosa “base quinta” otros diez años. Y la reducción de aranceles que tenía que haber empezado en 1875 se dejó para 1892.

Los historiadores dicen a menudo que los moderados españoles eran proteccionistas y que el Partido Conservador de Cánovas había heredado esta idea de los conservadores. Esta generalización habría que matizarla pues, como hemos dicho más arriba, había intereses de empresarios proteccionistas e intereses liberalizadores. La afirmación es cierta en cuanto que Cánovas siempre se declaró proteccionista y negaba que declararse librecambista significara ser más liberal que declararse proteccionista. Cánovas decía que el problema era mantener la industria española, y que esto no era fácil.

En efecto, un proteccionismo excesivo genera una industria débil, e incluso da lugar a corrupción política. Y un proteccionismo débil genera destrucción de empresas y pérdida de puestos de trabajo. Es el drama de los países en desarrollo, que no están en la punta tecnológica. Es una cuestión que no se puede tratar en términos generales, sino que sólo tiene sentido individualizando, sector por sector e incluso empresa por empresa. De lo contrario se cometen graves errores y se da paso a la corrupción.

Hay diversos momentos para el librecambismo y el proteccionismo: Napoleón había sido proteccionista en 1798-1815 y con ello había fortalecido a la industria francesa frente a la británica. Mendizábal y Figuerola, que eran progresistas, habían defendido el librecambismo. Güell, el industrial catalán, era proteccionista, y como representaba la derecha del Partido Conservador, se atribuye a los conservadores el proteccionismo. Bismarck, tenido por conservador alemán, era proteccionista cuando Alemania quiso hacer su revolución industrial definitiva. Todas estas afirmaciones, pueden inducir a pensar que los conservadores son proteccionistas y los liberales librecambistas, pero es sólo una verdad casuística. Cada partido puede actuar de forma distinta, según los intereses de cada momento y de cada grupo empresarial dominante en el Gobierno.

 

 

El Código de Comercio de 1885.

 

Los asuntos comerciales eran muy arduos para legislar y se estaba tomando el liberalismo como excusa para no hacerlo. El Código de Comercio de 30 de mayo de 1829 era muy incompleto y, necesariamente, debía ser revisado o rehecho. Por fin, en 1885 se trataron los temas de definir al comerciante, dar normas para los contratos, normas para el comercio marítimo y procedimientos en las suspensiones de pagos.

 

 

Continuación de la fase de progreso económico,                  1877-1883.

En 1881 se inició en Madrid el proyecto de construcción de La Almudena, proyecto que podemos tomar como símbolo de inicio a una serie de importantes construcciones como:

1877-1883 Cárcel Modelo de Madrid, de Tomás Aranguren.

1884-1891 Banco de España, de Eduardo Adaro.

1884-1893 Bolsa de Madrid, de Enrique María Repullés

1886 Casón del Buen Retiro, de Velázquez Bosco.

1891-1894 Real Academia de la Lengua, de Miguel Aguado de la Sierra.

1892 Ciudad Lineal, de Arturo Soria.

1893-1897 Ministerio de Fomento, de Velázquez Bosco.

En 1882 empezó la época dorada de la vid, que durará hasta 1890. España vendía todo el vino que era capaz de producir y surgían las fortunas de los Domecq, Osborne y Larios.

La superficie sembrada de trigo disminuía por falta de rentabilidad, a pesar de la subida de los precios, que parece que debían arrastrar al aumento de cultivos. Se estaban produciendo fenómenos económicos aparentemente contradictorios: la producción nacional sólo abastecía al 90% del consumo interno español; había exportaciones de trigo; eran precisas importaciones para cubrir la demanda interna.

No tenía tanta suerte el olivo, cuyos precios bajaban, y ello se debía a la caída de las exportaciones al sustituir Europa y América el consumo de este tipo de grasa por otras.

 

 

El problema monetario de fines del XIX.

 

El momento escogido para hacer la liberalización era malo: los capitales extranjeros estaban dejando de llegar a España y bajaba la cotización de la peseta en el mercado internacional. Consecuentemente a la crisis financiera, se cortó en España la convertibilidad de la peseta en oro, lo cual deterioró la confianza en la peseta.

El sistema monetario propio de segunda mitad del XIX era el patrón oro. Es decir, que los Estados definían su moneda por una cantidad de oro, y estaban dispuestos a cambiar el papel por la cantidad equivalente de oro en cualquier momento. Este sistema tenía la ventaja de hacer convertibles las monedas de todos los países que tuvieran patrón oro. Parecía ser bueno porque si un país importaba muchos objetos perdía oro y, para recuperarlo debía producir y trabajar más. Y si exportaba mucho, ganaba oro y podía expandir su masa monetaria en circulación, que siempre era mayor que el oro poseído, pues nunca todos los poseedores de billetes iban a ir a la vez a cambiarlos en oro.

Pero España nunca tuvo un patrón oro, sino bimetalista, de oro y plata, como el francés. En 1868 se pidió adoptar patrón oro, pero se decidió otra vez más el bimetalismo. El precio de la plata bajó en años siguientes, y España tuvo que devaluar la plata y suspender acuñaciones de oro en 1873 porque la moneda de oro desaparecía del mercado.

España inició en 1873 un sistema de cambios flexibles, es decir, que los cambios en el valor de la moneda los fijaba el Gobierno a voluntad. Este sistema no gustó a los inversores extranjeros, pues nunca estaban seguros de cuánto se iban a llevar de sus negocios españoles. Los inversores pedían patrón oro, pero el Gobierno no quería hacerlo mientras la balanza de pagos fuera deficitaria y ello significara salida del oro del país inmediatamente.

Como España subvaloraba el oro, los importadores españoles, y extranjeros desde España, querían cambiar sus billetes en oro, para comprar fuera con beneficio. El sistema era malo para España, y en 1883 España decidió eliminar la convertibilidad. 1883 fue el año en que la peseta dejó de ser convertible en oro, ante la imposibilidad de mantener un cambio tan alto como se había intentado desde su fundación. Esta decisión permitió devaluar en los años siguientes, en consonancia con una política económica demasiado proteccionista. La peseta se revaluará a partir de 1900 cuando se adopten políticas presupuestarias serias y equilibradas. Desde 1873, la paridad oro había llevado a un aislacionismo o pérdida de mercados exteriores, problema que se trataba de compensar mediante el proteccionismo industrial que eliminase las importaciones, lo cual, además de imposible, aislaba más todavía a España.

La suspensión de la convertibilidad era el primer aldabonazo de la crisis general española:

La crisis económica se dejó notar con cierto rigor a partir de 1883 y mucho más duramente después de 1892. Los capitales europeos, superada su crisis, se invirtieron en sus países de origen y salieron de España. En 1892 se perdieron las exportaciones de vino a Francia. Pocos años después desaparecieron las exportaciones de mineral de hierro. La bolsa cayó en 1898, el algodón escaseaba, y la derrota de Cuba ponía la guinda amarga al desastre económico.

Juan Francisco Camacho de Alcorta decidió emprender un programa de conversión de la deuda estatal, la respaldó con garantía en todos los bienes del Estado en Cuba, y pagaba los intereses en oro, para que la confianza fuera completa. Inmediatamente los españoles mostraron mucho interés por la deuda del Estado español, sobre todo los grandes hacendados cubanos. La deuda se contrataba en el exterior, pero los españoles no tuvieron ningún inconveniente en salir al extranjero para comprar este tipo deuda que pagaba en oro.

Esta apertura comercial de España frente al comercio exterior, hecha en 1882, se cortó en febrero de 1885, cuando el ministro Fernando Cos Cayón declaró definitivos los aranceles existentes en 1885, y eliminó las rebajas previstas en la ley arancelaria de 1882.

 

 

El debate del equilibrio presupuestario en 1886.

 

1886, Juan Francisco Camacho de Alcorta propuso reducciones de gasto en todos los Ministerios, al tiempo que proponía la culminación de la Desamortización, a fin de reducir la deuda de Hacienda. Su proyecto no gustó al resto de los Ministros, ni tampoco a los Ayuntamientos que podían perder sus comunales. En julio de 1886, se excluyó a Camacho del Consejo de Ministros y se nombró en su lugar a López Puigcerber. Camacho no asumió su despido, y se pasó al Partido Liberal Conservador.

 

 

El debate del proteccionismo en 1886.

 

En 1886, se retomó el debate sobre el proteccionismo: El Gobierno propuso prorrogar los Tratados comerciales hasta 1892. Se aludía a dos Tratados:

el Tratado con Francia por el que se exportaba vino sin límite;

y el acuerdo con Gran Bretaña por el que España le concedía el trato de “nación más favorecida”.

En 1886, el librecambista Segismundo Moret, trató de saltarse la prohibición de 1885, decretando que todos los productos europeos cumpliesen los requisitos pactados con Francia en febrero de 1882, y así en 1886 se logró un paso más hacia el librecambismo.

Los proteccionistas sacaron de nuevo a la gente a la calle, y en ello estuvieron los siderometalúrgicos vascos, los industriales textiles catalanes y los cerealistas castellanos, que ya dijimos que se habían pasado al proteccionismo a la llegada del trigo estadounidense y ruso. Y tomaron como líder de las protestas a Germán Gamazo, el representante de los agricultores castellanos. Germán Gamazo había sido liberal en su juventud, pero se pasó al conservadurismo en el momento en que fue tocado por los agricultores castellanos, los cuales cambiaron de parecer como acabamos e decir. O sea, que además de pasarse al proteccionismo, se hacían conservadores. No hubo pacto explícito entre Catalanes, vascos y castellanos, sino coincidencia de intereses. Todos estaban de acuerdo en que tenía que ser el Estado quien les sacase las castañas del fuego. Pero en realidad, estos sectores económicos eran enemigos, pues los industriales querían salarios agrícolas más altos para poder vender mejor sus productos en el mercado interior español, y alimentos más baratos para poder pagar menos a sus obreros, mientras los agricultores querían productos textiles más baratos para poder mantener ellos los salarios obreros bajos.

Hay que decir, que lo que acabamos de afirmar es una generalización. No todos los empresarios tenían intereses coincidentes, ni todos pensaban igual, ni todos los proteccionistas eran burgueses.

La cuestión no se planteó como un conflicto entre industriales y agricultores, que era el verdadero problema del momento, ni como un enfrentamiento entre el “centro” y la “periferia”, como se dice en muchos relatos literarios. Se planteó con un fondo político evidente: era preciso modernizar la sociedad, y ello hacia necesario cambiar un Estado ineficiente, dominado por grupos que se consideraban a sí mismos dueños del Estado. Es decir, afirmaban que la política de los Gobiernos de la Restauración era contraria a los intereses económicos de España y que España necesitaba un regeneracionismo.

 

 

Triunfo del proteccionismo a partir de 1888.

 

En otoño de 1888, Gamazo introdujo el tema del proteccionismo en la Ley de Presupuestos y pactó con los conservadores la derrota de un candidato gubernamental para una vocalía de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Entonces, el Ministro de Hacienda dimitió y resurgieron las tensiones. Se provocó una crisis de Gobierno en diciembre. Y Sagasta intentó el imposible de contentar a todas las facciones del Partido Liberal Unionista.

El Gobierno Cánovas de 5 de julio de 1890-92 se caracterizó también por la imposición de altos aranceles proteccionistas y por fortalecer al Banco de España para que controlara toda la economía del país. La Ley Arancelaria de 1891 será recordada durante muchos años.

En diciembre de 1890 se derogó definitivamente la “base quinta” del Arancel Figuerola, y también la Ley librecambista de 1882, es decir, se renunció al librecambismo. Juan de la Concha Castanedo fijó un arancel muy proteccionista.

 

 

Deuda exterior a fines del XIX.

 

Respecto a la deuda exterior pagada en oro y respaldada con los bienes de España en Cuba, el éxito de las emisiones fue siempre grande: en 1898, se habían vendido 615.000 billetes hipotecarios por valor de 312.500.000 pesetas. Entonces se amplió la garantía de la deuda a la renta de aduanas, y se consiguieron 600.000.000 de pesetas. Y con la garantía del impuesto de la renta se consiguieron 200.000.000 de pesetas más. El interés ofrecido por España era insólito, del 15%, y los 800 millones de deuda producían 122.000.000 de pesetas de intereses al año. La deuda era impagable, y es otro factor a considerar en la derrota de España frente a Estados Unidos.

Aparte de esa deuda pagable en oro y garantizada por las riquezas cubanas, España había emitido 11.500 millones de pesetas más con la sola garantía del Estado español. Los gastos de la Guerra de Cuba ascendieron a unos 4.600 millones. Y los intereses globales de la deuda consumían el 43% del presupuesto anual del Estado. Téngase en cuenta que los gastos anuales del Estado español en 1898-1899, eran de 866 millones de pesetas, y tendremos una idea de la inmensidad de la deuda, cuando había que pagar 125 millones por intereses, y otro tanto por cancelación de plazos.

La paridad de la peseta respecto a la libra, establecida en el entorno de 25 pesetas por libra poco antes de 1898, bajó a 34 pesetas por libra en 1898. El Ministro de Hacienda de 1899, Raimundo Fernández Villaverde decidió por fin el programa de ahorro estatal que España venía necesitando desde hacía décadas.

 

 

Regulación monetaria.

 

El 4 de julio de 1891, el ministro de Hacienda Francisco Cos Cayón decidió regular la cantidad de billetes en circulación decidiendo que la suma de billetes en circulación más los depósitos en cuentas corrientes nunca podrían exceder de las existencias en metálico, más pólizas de préstamo, más créditos con garantía, más efectos a 90 días.

 

 

Ley de arancel de 1891.

 

En octubre de 1889 se reunieron los principales siderúrgicos y metalúrgicos de España con el fin de elaborar una petición al Gobierno sobre subidas de aranceles a los productos elaboraos extranjeros y bajada de los puestos al carbón y materias primas. Estaban pensando elevar el tipo del 25% al 20%. Su principal problema era que los ferrocarriles tenían privilegios por lo que importaban todo tipo de materiales con bajos aranceles. Un segundo problema era que no tenían suficiente fuerza en la calle. Para lo primero se reunieron con los ferroviarios para pedirles su renuncia al privilegio, pero los ferroviarios no aceptaron. Para lo segundo, pactaron con Germán Gamazo, el representante de los agricultores castellanos, para ir juntos en este proyecto. Los siderometalúrgicos elaboraron una lista de productos en la que cada producto pagaba diferente según la tecnología que llevaba incorporada, más cuanta más tecnología, resultando un sistema muy complejo, pues cada pieza y herramienta pagaba diferente.

El Gobierno les concedió subidas de aranceles con el falaz argumento de que así, sería más fácil negociar con los extranjeros las bajadas de tarifas. Pero Francia y Alemania se negaron a negociar en estos términos, y sin embargo, las subidas ya no se quitaron nunca.

En 31 de diciembre de 1891 se dio la Ley del Arancel, el arancel Cánovas. El arancel Cánovas era proteccionista y, sobre todo, eliminó los privilegios de importación de hierro para los ferrocarriles españoles, lo cual fue una concesión a los vascos que habían creado en 1882 sus siderurgias, a los textiles catalanes que no lograban exportar y a los grandes productores cerealistas castellanos. También se bajaron los aranceles al carbón, lo cual beneficiaba a los siderometalúrgicos.

Otra consecuencia de esta ley fue la prohibición de exportar a Estados Unidos, cosa que afectó a los productores de azúcar cubanos. Esta restricción hizo a los hacendados cubanos solidarios con los importadores norteamericanos, ambos enemigos del gobierno de España. Los norteamericanos pusieron dinero en manos de Máximo Gómez, Calixto García y Antonio Maceo para reorganizar la insurrección cubana, muy débil desde 1878. Esta ley sería confirmada en 1906 y 1922 con nuevos aranceles proteccionistas.

El librecambismo lo había intentado Laureano Figuerola en la Ley de 30 de junio de 1869, previendo que se producirían rebajas de derechos arancelarios en 1875 y otras fechas precisas. En 1875, el ministro Salaverría suspendió sine die la medida de rebajar aranceles. En octubre de 1881, Juan Francisco Camacho levantó la suspensión, mandando realizar las rebajas entre 1887 y 1892. En 1885, los conservadores anularon las decisiones de 1875. En 1886, el ministro Moret trató de ir hacia el librecambismo insinuando que todos los productos europeos pasasen a un sistema como el pactado con Francia en 1882, por el que se rebajaban muy considerablemente los aranceles. Y fue en 1891, cuando se derogó definitivamente el proyecto Figuerola de 1869 y se fijó un arancel muy proteccionista.

A Francia se le suprimió la cláusula de nación más favorecida y Francia se enfadó, denunció el acuerdo de 1882 y acordó multiplicar por diez los aranceles que debían pagar los productos españoles. España reaccionó haciendo lo mismo, y el problema se contagió a todos los países europeos, que multiplicaron sus derechos arancelarios. El error común, ya no tuvo solución, y la renegociación de todos los tratados comerciales nunca lograría rebajar suficientemente los aranceles, y más bien no logró rebajarlos casi en nada, salvo acuerdos muy puntuales.

Francia era por entonces proteccionista y exigía en sus tratados comerciales internacionales el trato de “nación más favorecida”, es decir, gozar en todo momento de las mismas ventajas que la nación más favorecida en los tratados de comercio de un país.

Y España tuvo que ceder ante Francia por causa de su debilidad económica: la deuda española en París se pagaba al 12% de interés y aún más. Y en Londres, la peseta se cambiaba a 28 pesetas por libra. La renta del Estado español cotizaba a menos del 67% en la bolsa, es decir, estaba muy poco apreciada, con un 33% de pérdidas.

El arancel de 1891 tenía sentido porque ayudaba a los industriales catalanes y vascos y con ello mejoraba el orden público en Barcelona, pero no era sostenible a largo plazo. Sin embargo se mantuvo muchos años.

 

 

El equilibrio presupuestario en 1893.

 

Gamazo intentó en 1893 el equilibrio presupuestario que le pedía Castelar, y decidió ahorrar. Por eso elaboró un presupuesto con ingresos de 737.476.253 pesetas, y gastos de 737.216.891 pesetas. Es decir, con superávit. A los pocos meses, septiembre de 1893, se declaró la guerra en Melilla, por un ataque de los rifeños sobre la ciudad africana, una guerra que duró hasta 1894, y los militares reclamaron más dinero. El presupuesto con superávit fracasó, y con ello se perdió una magnífica oportunidad de cambiar el signo de las políticas económicas del siglo XIX.

 

 

El impuesto sobre las rentas de capital.

 

En 1900 se decidió gravar a las rentas del capital, cosa impensable en España, donde el liberalismo del XIX se había entendido como “liberalismo burgués”, donde libertad equivalía a no tocar las rentas de capital de los ricos, no poner inconvenientes a los negocios, y darles todo tipo de facilidades. El nuevo impuesto se llamó Impuesto de Utilidades, y fue muy polémico.

La idea de gravar las rentas del capital había aparecido en 1867 por iniciativa del ministro García Barzanallana, que estableció, por un lado, un impuesto del 5% sobre rentas, sueldos y asignaciones con cargo al presupuesto estatal, provincial o municipal; y en segundo lugar, un impuesto sobre dividendos, rentas y beneficios de accionistas y obligacionistas de sociedades. Anteriormente, sólo se gravaban los bienes inmuebles y las actividades comerciales e industriales. La idea de Barzanallana fue todo lo mal recibida que puede imaginarse por los burgueses que dominaban el Estado español, y en 1869 lograron que se declarara exentos de impuestos los intereses de los bonos del Estado y de los dividendos pagados por la empresas, y en 1876, también los intereses de la deuda pública, con lo cual quedó sin efecto el decreto Barzanallana.

Antecedentes de estas ideas los podemos encontrar en los Austrias cuando hicieron descuentos extraordinarios sobre los haberes de los empleados públicos, y también ocurrió así algunas veces durante el XVIII, pero se trataba de situaciones excepcionales y no sistemáticas, por lo que sólo podemos concluir que pensaban que era posible detraer dinero de la renta de las personas, pero no creían en ello sino en una gran necesidad del Estado. También podemos considerar las reformas de Ensenada en 10 de octubre de 1749, cuando mandó sustituir las rentas provinciales globales por una contribución directa sobre las utilidades líquidas que obtenían las personas, lo cual era correcto teóricamente, pero imposible de llevar a la práctica, pues se desconocían estos ingresos individuales.

Ante la imposibilidad de conocer la base impositiva de las personas físicas, las Cortes de Cádiz en 18 de septiembre de 1813 ordenaron repartir la contribución directa sobre la base de la contribución territorial, industrial y comercial. Pero era literatura vacía de contenido, porque tampoco era posible conocer las bases de esta tributación. Ni el Estado era capaz de conocer estas bases, ni los contribuyentes estaban dispuestos a declarar la riqueza que poseían, como ingenuamente pensaban algunos políticos.

La lucha porque el Estado tuviera más recursos a partir de gravar los rendimientos del trabajo personal se extiende durante casi todo el siglo XX: en 1910 lo intentará Cobián, en 1913 Sánchez Inclán, en 1921 Cambó, en 1926 Calvo Sotelo, en 1932 la República siendo ministro de Hacienda Carner, pero siempre sobre la declaración voluntaria del contribuyente, por lo que la recaudación se seguía basando sobre los productos concretos del mercado, que era una base más objetiva y que daba mejores resultados. Se volvería a intentar en 1957 y en 1967 cuando se llamó Impuesto General sobre la Renta, pero no se impuso hasta 1977, ya en la democracia.

El impuesto progresivo es muy reciente y empezó en España en 1910, cuando Canalejas gravó con este tipo de impuesto las rentas urbanas.

 

 

Raimundo Fernández Villaverde.

 

Villaverde retomaba la idea el 27 de marzo de 1900, poniendo lo que se llamaba en la época las utilidades, y nosotros conocemos como impuesto de utilidades, o impuesto por el capital: gravaba los intereses de la deuda del Estado con un 20%, los intereses de los préstamos y los dividendos de todo tipo y origen con porcentajes de entre el 2 y el 5%. Y aún así, no contemplaba los beneficios de sociedades, que se impondrían más tarde, pero hubiera sido demasiado polémico en 1900. Este tipo de impuestos contra el privilegio burgués, no tendrá éxito hasta que en 26 de diciembre de 1957 se cree un impuesto de rendimientos de capital, y en 1977 aparezca una reforma impositiva distinguiendo la renta de las personas físicas y la renta de las personas jurídicas. 1900 era una fecha demasiado temprana para la ideología burguesa española. Los antecedentes contributivos españoles eran que los impuestos los pagaban los campesinos. Poner impuestos a los inmuebles urbanos, a las industrias y negocios, y a los funcionarios, era algo insólito y muy impopular entre los funcionarios.

 

En junio de 1899, hubo un nuevo intento serio de tratar la deuda del Estado, y fue por obra de Raimundo Fernández Villaverde. En ese momento, el pago de intereses más amortizaciones consumía el 70% de presupuesto anual del Estado, lo que hacía que el Gobierno fuera débil e inoperante: pretendía recortar el gasto público, aumentar los ingresos y disminuir el interés de la deuda pública. La primera fase del plan era una estabilización presupuestaria mediante recorte de los gastos del Estado (lo que perjudicaba a la banca surgida en la explotación de este negocio), y el aumento de los ingresos: Mantuvo la contribución agrícola y pecuaria, incrementó la contribución industrial en un 20%, incrementó la contribución territorial urbana en un 10% y elevó el cupo de Navarra y País Vasco para que pagaran más.

En 17 de junio de 1899, Raimundo Fernández Villaverde presentó el proyecto de Presupuestos del Estado para el año 1900, el presupuesto del equilibrio presupuestario, la patata caliente desde hacía dos siglos. Se proponía sanear la peseta, convertir la deuda de Ultramar en deuda interior, reorganizar los gastos del Estado, aumentar los ingresos y acabar el ejercicio con superavit de 300 millones de pesetas. Era un plan desmesurado, muy difícil de aceptar para los españoles, porque no se daba tiempo de reacción y aclimatación. Era arriesgado desde el punto de vista del orden público. Pero, que era necesario equilibrar el presupuesto del Estado, no nos cabe a nosotros ninguna duda.

Villaverde se proponía aumentar las rentas permanentes del Estado, que en ese momento eran de 750 millones de pesetas, a fin de que, con esos ingresos puestos como fianza, fuera posible conseguir créditos, y con esos créditos hacer frente a las muchas necesidades que eran evidentes para todos los españoles. El razonamiento era correcto. El método, ya lo henos dicho, muy discutible.

Villaverde impuso en 2 de agosto de 1899 la Ley del Impuesto de Utilidades por la que los sueldos, retiros, pensiones, dividendos y beneficios de empresas cotizaban a hacienda. Ello causo un revuelo inmenso entre los españoles pues significaba tributar por todo. La ley de Contribución de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria de 1900 de Raimundo Fernández Villaverde tenía tres capítulos: El primero de los cuales gravaba los rendimientos de trabajo (tanto sueldos como asignaciones). El segundo gravaba los intereses, dividendos, beneficios, primas y, en general, todos los rendimientos del capital. El tercero gravaba los llamados rendimientos mixtos, es decir, todos los que no tributaran por el capítulo I o el II.

 

Villaverde y los regeneracionistas.

 

El proyecto de Villaverde se oponía a las prédicas de los regeneracionistas, que pedían créditos y gastos ilimitados para realizar sus proyectos. El tema de discusión es si hacer un país productivo que pague las deudas contraídas por la generación anterior (argumento regeneracionista), o equilibrar primero las cuentas a fin de poder hacer esas inversiones (argumento Villaverde).

El razonamiento regeneracionista es mucho más primario, desconocedor de las leyes de la economía, pero muy atractivo al gran público ignorante. Pero la realidad es que en un país en quiebra, no se consigue crédito, ni exterior ni interior, las obras públicas se quedan empezadas, y el dinero invertido en ellas se suma a la deuda ya acumulada anteriormente, y el país se queda en la ruina más absoluta. No obstante, es lo que intentarán políticos de Alfonso XIII, Primo de Rivera e incluso Franco, todos con el mismo resultado, un fracaso.

Lo segundo, requiere sacrificio, pues se debe pedir a la población que gane menos dinero en los salarios y que pague más impuestos, lo cual es aprovechado por las organizaciones populistas, de derechas y de izquierdas, para sublevar a la gente contra el Gobierno.

Lo primero es optar por la solución populista. Lo segundo requiere ser lo suficientemente fuerte, personalmente en convicciones, y políticamente en solidaridad entre Diputados de tu propio partido, como para afrontar movimientos en la calle. Es la triste disyuntiva del pobre.

Como era natural, protestó Polavieja, como regeneracionista-populista que era, pero con el agravante de que era Ministro de Guerra. En abril de 1899, pidió 33 millones de pesetas para Guerra, para reorganizar el ejército, y en mayo de 1899, otros 160 millones para fortificaciones militares.

Luego, protestaron los catalanes, que se oponían a las subidas de impuestos.

 

 

Protestas contra Villaverde y Silvela.

 

Inmediatamente protestó la Liga de Productores. También protestaron Camilo García Polavieja, ministro de Guerra, y Durán y Bas, ministro de Gracia y Justicia, que dimitieron. La burguesía, y algunos ministros se enfrentaban al Gobierno de Silvela.

Costa y Paraíso convocaron una nueva Asamblea de la Liga Nacional de Productores para diciembre de 1899 insistiendo en su idea de un partido nacional. Las Cámaras de Comercio boicotearon el acto convocando Asamblea de Cámaras de Comercio para 14 enero de 1900.

El 21 de junio de 1899, las Cámaras de Comercio, manejadas por Basilio Paraíso, se manifestaron en contra del Gobierno, y el 26 de junio se hizo un cierre generalizado, loct out, de comercios de toda España. Además, presentaron ante las Cortes un manifiesto en que afirmaban que la política de Villaverde era un error.

Silvela se negó a ceder en cuanto a las peticiones de Paraíso.

Por su parte, Camilo García de Polavieja convocó a los Jefes y oficiales del ejército en el Ministerio de Guerra y les expuso la situación de que se le negaba el dinero que pedía para el ejército. Y cuando tuvo lugar el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1899, dijo que, o se le aceptaban sus peticiones o dimitía. Entonces, Villaverde saltó de su silla para decir que, o se aceptaban sus planes financieros, o dimitía. Era un claro error de Villaverde. Y la reacción generalizada, fue que todos los Ministros dimitieron.

Entonces Silvela cesó a Polavieja, y mantuvo a todos los demás Ministros, y nadie protestó. Resultaba que Polavieja no era tan popular como él se creía, sino que los españoles decían de él, que en vez de faja de general, se ceñía la cintura con un rosario.

En noviembre de 1899, las patronales de Barcelona, Fomento del Trabajo, Instituto de San Isidro, Sociedad Económica de Amigos del País, Liga Industrial y Comercial, y Ateneo de Barcelona, fueron a ver a Villaverde para pedir concierto económico para Barcelona. Villaverde se negó a bajarles los impuestos. Los empresarios catalanes se negaron entonces a pagar impuestos (tancament de caisex) y la huelga fue seguida por Valencia y apoyada por Costa y Paraíso. Blasco Ibáñez dirigía el movimiento huelguístico empresarial de Valencia, manifestando que estaba en contra del gobierno, pero no era separatista como los catalanes. Eduardo Dato, ministro de Gobernación, hizo ver a Blasco Ibáñez que sólo representaba a los pequeños propietarios valencianos, pues los grandes ya habían pagado sus impuestos y eran los únicos a los que gustaban las buenas palabras de Blasco Ibáñez.

Ante el panorama conflictivo, Costa y la Liga Nacional de Productores suspendieron su convocatoria de congreso para Sevilla de diciembre de 1899.

 

 

El éxito de Villaverde.

 

A pesar de todo, el 30 de marzo de 1900 hubo presupuestos. El resultado fue que el Estado tuvo superavit corriente entre 1900 y 1908, hasta que se inició la Guerra de Marruecos en 1907-1927 y se hicieron desgravaciones fiscales para ayudar a los empresarios. La reforma de impuestos fue gestionada por Antonio Flores de Lemus, que defendía la tributación personal directa y no gustaba del proteccionismo integral a los productores nacionales, aunque tolerase el parcial en algunas ocasiones. La política de Villaverde fue muy oportuna para cuando se repatriaron los capitales de Cuba, llegaron remesas de emigrantes americanos, y llegó inversión francesa para la industria y la banca. La deuda exterior se redujo en un 50% y se mejoró la balanza de pagos.

Esta política de saneamiento de Hacienda es complementaria a la de protección a la industria y al trabajo mediante el Seguro de Accidentes de Trabajo de 1900, Instituto de Reformas Sociales de 1903, e Instituto Nacional de Previsión de 1908. Se había producido con ello el cambio que España demandaba desde mediados del XIX.

El resto de las fases del plan Villaverde quedaron pendientes y consistían en un estímulo a las fuerzas económicas y una revisión de los criterios de reparto de la carga fiscal, asuntos graves que sólo se podían realizar a medio y largo plazo. En 1903, Villaverde se opondría a gastar el dinero en barcos de Guerra, como proponía Maura. El enfrentamiento de Villaverde con Maura es uno de los factores de inestabilidad de principios del siglo XX, pues ni Villaverde ni Maura tendrían nunca asegurada una mayoría de diputados cuando gobernaron.

Raimundo Fernández Villaverde murió en Madrid el 15 de julio de 1905.

 

 

La polémica de los créditos ilimitados.

 

Silvela todavía creía en los regeneracionistas, un tipo de populismo de entre siglos.

Raimundo Fernández Villaverde, Ministro de Hacienda, le comunicó a Silvela que estaba cometiendo un grave error, que su plan era imposible desde el punto de vista financiero. Porque, primero, no había tanto dinero en España y, segundo, un crédito ilimitado da lugar a un crecimiento incontrolado del dinero, es decir a una inflación cada vez mayor, que sería la ruina del país que emprendiese ese camino. Para controlar la inflación, o se devalúa la moneda, o se ahorra en gasto público, y como los empresarios se negaban a devaluar, pues ello significaría importaciones más caras, exigían bajada generalizada y contundente de los sueldos de los funcionarios. Y el ahorro en gasto público no era posible de otra manera, pues los regeneracionistas pedían aumentos colosales del gasto público. Aquella política era caótica, y generó intranquilidad social, lo cual acabó con Silvela, sustituido por Sagasta en 1901. Sagasta retiró los créditos ilimitados inmediatamente.

Raimundo Fernández Villaverde se estaba enfrentando a más de 800 millones de pesetas en deuda pública al 15%, lo cual producía 122 millones de pesetas de intereses anuales. La renta de aduanas sobre la que pesaban esos intereses, producía por entonces 130.000.000 de pesetas. Es decir, que esa fuente tan importante de ingresos del Estado se podía considerar desaparecida, y si se contrataba más deuda, inviable, porque la renta de aduanas garantizaba precisamente esa deuda. Villaverde inició un programa de ahorro de toda la administración, y consiguió recuperar la peseta, de modo que el cambio de 1898, de 34 pesetas por libra, mejoró a 27 pesetas por libra en 1910. Pero no se podía obtener deuda nueva, por los que, en 1916, Santiago Alba propuso como única solución viable el captar unos impuestos extraordinarios sobre los beneficios extraordinarios captados por los exportadores con motivo de la Gran Guerra, pero no se le aceptó.

En 1914 todos los países suspendieron convertibilidades y en 1918 cada país intentó poner su cambio, cada Gobierno el que le convenía en cada momento, lo cual fue un desorden monetario mundial, que fue una de las causas de la crisis de 1929.

Como en todas las crisis españolas del XIX y XX, el Gobierno pensó en los regadíos para salvar crisis futuras. El tema ya había sido tratado en 1870, y el 27 de julio de 1883 se hizo una Ley de Grandes Regadíos. El tema regadíos volverá en 1902, 1925, 1933 y en el franquismo. Es chocante la relación que los Gobiernos españoles hacían entre crisis monetarias y regadíos, basándose en que las exportaciones agrícolas eran fundamentales para España. Pero los regadíos nunca se hacían, al menos hasta Primo de Rivera y Franco, que sí que los hicieron. Y entonces se constató, tras gastar enormes sumas de dinero, que los regadíos no eran la solución definitiva a la economía española. Estaban bien, pero no se colocaba ni a la centésima parte de la población agrícola en paro, ni resolvían el problema de Hacienda, ni por sí solos, servían para avanzar en el desarrollo español. De todos modos sirvieron para entretener a los españoles en una época en la que Franco sufría un aislamiento internacional rotundo, pues se podía oír por la radio que Franco inauguraba pantanos y los locutores daban muchas esperanzas a los españoles de que con ello se conseguiría el desarrollo.

 

 

[1] Es conveniente no poner calificativos morales, pues cada época tiene su moralidad. En el mundo prehistórico y de las primeras culturas, renunciar a la masacre de los vencidos e incluso al canibalismo, a cambio de esclavizar a los vencidos, fue un avance cultural y moral. El mundo griego y romano, al que se hacen tantas alabanzas (como que la cultura empezó con ellos, y el vulgo dice que la “democracia” también) se basaba en la esclavitud masiva de muchas poblaciones. Y no todos los esclavos vivían mal. La esclavitud ya no tuvo sentido en épocas posteriores, y el hecho pasó a ser inmoral, cuando la esclavitud pasó a ser sólo la explotación y abuso sobre seres humanos. Cada tiempo histórico es diferente.

[2] Véase: Agustín González Enciso y Juan Manuel Matés Barco, Historia de la Economía de España.

[3] En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 trabajó Manuel Durán i Bas 1823-1907, que había estudiado con los jesuitas en Madrid y derecho en Barcelona, profesor de la Escuela Especial de Comercio de Barcelona en 1848 y de Derecho Romano en 1850, diputado y senador varias veces a partir de 1865 y rector de la Universidad de Barcelona en 1896-1899. Era católico conservador, pero partidario de hacer reformas para cambiar las viejas estructuras inconvenientes a los tiempos modernos. Creía que había que conseguir relaciones pacíficas entre la Iglesia y el Estado, entre el capital y trabajo, y una funcionalidad del Estado en cuanto a cumplimiento de los fines que se le suponen.

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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