POLITICA AGRÍCOLA ESPAÑOLA A FINES DEL XIX.

 

Conceptos clave: política agraria de fines del XIX, la propiedad agraria, los propios y comunales, regeneracionismo.

 

 LA POLÍTICA AGRARIA DE FINES DEL XIX

 

El sector agropecuario era un ámbito de máximo interés en la economía de la España del siglo XIX, porque ocupaba más del 60% de la población activa (disminuyendo hasta el 60% en 1900), porque utilizaba casi todo el suelo español, y porque aportaba la mayor parte de la renta nacional.

España tiene unos 50,5 millones de hectáreas de terreno, de las que 45 millones tienen algún aprovechamiento, y el resto están ocupadas por poblados, ríos, caminos, sierras peladas y terrenos absolutamente improductivos. De esas 45 millones de hectáreas, 25 millones son pastizales y montes que sólo tienen aprovechamiento ganadero y maderero, y 10 millones eran cultivadas a fines del XIX y principios del XX. Los 10 millones restantes son fincas de los pueblos, de grandes familias y de instituciones, que estaban fuera del mercado hasta la desamortización.

Excepcionalmente en la historia de España, la anterior vez fue en el XVIII, los Gobiernos del último tercio del siglo XIX se ocuparon activamente del problema agrario concediendo créditos, abriendo escuelas de agricultura en diversas provincias, planificando regadíos, etc. y los particulares entendieron, los más cultos, que había que introducir los abonos minerales y hacer estudios teóricos de los problemas agrícolas. En el siglo XVIII estaban muy acertados pues vivían una época agrícola. A finales del XIX y principios del XX, la visión no era tan certera pues se vivía una época industrial y comercial, donde la agricultura sólo debía ser una parte del plan económico global, y complementarse con éste.

Fue una lástima que a final del XIX no se entendiese ni analizase correctamente la situación real agrícola. Habrá cambios positivos, pero no de forma generalizada, sino restringidos a determinadas iniciativas de tipo intuitivo e individual. No se abordó el problema de la propiedad de la tierra, latifundio y minifundio, el problema de las comunicaciones e integración comercial del territorio en el conjunto peninsular, el problema de los privilegios burgueses, militares y religiosos, el problema de que, manteniendo la mano de obra en condiciones de subsistencia, ésta no tenía acceso al mercado, el problema colonial de control del precio de las importaciones y exportaciones, el de la esclavitud en colonias, el problema de los gastos alegres desde el Estado y el déficit subsiguiente, y tampoco se abordaron los problemas propiamente políticos que eran previos a los anteriormente citados como erradicación del caciquismo, representatividad política más cercana al ciudadano, corrupción generalizada… En estas condiciones, los créditos al campo, escuelas de agricultura, abonos minerales y orgánicos, y estudios teóricos de mejoras del campo, eran positivos pero insuficientes. Poco podían hacer. Se quedaban en iniciativas laudables, pero estériles.

De hecho, el mayor avance en la evolución de la economía agropecuaria vino dado por la construcción del ferrocarril y de las carreteras radiales, pues la apertura de mercados nuevos posibilitó la iniciativa particular en nuevas inversiones, más realistas que los planes de regeneración hechos desde el Estado.

Dentro del sector primario, la agricultura fue la primera en cambiar, mientras la ganadería no lo haría hasta mediados del siglo XX.

También es de resaltar, a fines del XIX, la buena política de conservación, ordenación y repoblación forestal de los montes públicos del siglo XVIII, sin la cual no se entendería la masa forestal heredada en el siglo XX, a pesar del destrozo hecho en ella tras las desamortizaciones del XIX.

Durante la prosperidad de los años 1868-1897, los campesinos perdieron una nueva oportunidad, la de sacar provecho de una nueva desamortización que se había producido en 1868: El Estado puso en venta los montes, minas y el patrimonio de la Corona en general, con el fin de obtener recursos para Hacienda, y los pequeños agricultores perdieron ese recurso complementario que el monte les proporcionaba en madera y pastos. De nuevo los burgueses se apropiaban de las oportunidades de hacer negocio y los problemas de fondo impedían que estas medidas tuvieran fines beneficiosos para el conjunto del país.

Por el contrario, las fuerzas de la oposición tenían un amplio campo para la demagogia: El regadío y el reparto de los latifundios fueron el señuelo que se puso delante de las masas campesinas revolucionarias. Se predicaba que habría tierra para todos, y los españoles estaban dispuestos a creer estas patrañas. Era un señuelo, pues la realidad era que el regadío haría más ricos a los campesinos propietarios ya ricos, y sólo podría dar medios de subsistencia a 40 ó 50.000 familias de campesinos, tal vez con el tiempo al doble, hasta 100.000 familias, pero España padecía del problema de un millón de jornaleros agrícolas que necesitaban tierra, y de varios millones que pretendían trabajo en el campo[1]. Por otra parte, los latifundios eran casi siempre tierras que no tenían otra forma de explotación que la tradicional, debido a la debilidad de los suelos que componían la mayor parte de ellos, que se destruirían en cuanto entrasen en ellos unos pocos campesinos a hacer cultivos anuales intensivos. Además, poner en regadío los latifundios, se demostraría absolutamente imposible, por falta natural de agua, tanto de escorrentía como de capas freáticas (a demasiada profundidad para las técnicas de esta época, y demasiado escasas para la tecnología futura) y por la difícil orografía española en muchos de ellos. La violencia en el campo, gentes engañadas por diversos políticos de derechas y de izquierdas, enfrentaba a los revolucionarios, pobres hombres del campo, con la Guardia Civil, pobres hombres también salidos del campo para ganarse la vida de una manera alternativa. Los burgueses tenían muy poco que perder en esta lucha diaria, a no ser que sobreviniera la revolución que les arrebatase la propiedad o la violencia “anarquista” contra sus vidas y haciendas.

Las inversiones agrícolas se produjeron en aquellas pocas zonas que tenían posibilidades de regadío, comercialización hacia los núcleos industriales que se estaban desarrollando y, en su caso, de exportación de naranjas y hortalizas a Europa. Las zonas que podían hacerlo eran algunas tierras de Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, Valencia y Murcia, valle del Pisuerga, Aranjuez, Sevilla… Pequeños inversores construyeron todo un entramado productivo que, junto al de los inversores industriales y mineros, completaba el mapa de la España rica. Cataluña, que ya era zona rica por industrialización, introdujo bombas eléctricas para la agricultura a fin de sacar agua de pozos e introducir el regadío y dio un nuevo salto en su riqueza.

 

 

La propiedad agraria.

 

El proceso desamortizador había conducido a la formación de enormes latifundios y muchísimos minifundios. Definiremos latifundio como la propiedad mayor de lo que una familia, con todos los medios mecánicos a su alcance, es capaz de trabajar, y que muchas veces lo divide en varias explotaciones o lo deja sin cultivar. Definiremos minifundio, como aquella explotación que no produce lo suficiente para el mantenimiento de una familia. Decimos explotación, porque ésta pudiera constar de varias parcelas separadas.

La desamortización, en principio pensada para colocar a muchos agricultores minifundistas, a la hora de la verdad se hizo para paliar las deudas de Hacienda, y el proceso llevó a que la mayor parte de las tierras fueran a parar a los ricos latifundistas. En cuanto a las tierras adquiridas por los pobres, éstos se encontraron con problemas financieros de explotación de las mismas, y acabaron vendiendo sus parcelas a los ricos. Los compradores ricos no profesionales de la agricultura y ganadería, esquilmaron la madera de las fincas que compraban, y luego pusieron en venta sus fincas, a veces vendiéndolas a agricultores pequeños. Pero en los periodos difíciles, y teniendo en cuenta la tendencia a la bajada de precios constante de los alimentos, estos agricultores no pudieron hacer frente a sus deudas, y vendieron a agricultores latifundistas. En conclusión, a fines del XIX, se habían originado un gran problema de latifundio, y un gravísimo problema de minifundistas que no podían sobrevivir en el campo.

Y además, una vez eliminados la Iglesia y los Ayuntamientos de la propiedad de la tierra, el problema enfrentó a burgueses con proletarios directamente. Y la vida del antiguo siervo explotado por su señor, fue envidiada por el moderno jornalero mal pagado, sin casa y sin alimentación, por muy libre que se le declarase en la Constitución. Libre para escoger dónde morirse, como se comentaba en algunos círculos.

La desamortización había ido muy lenta durante el segundo tercio del siglo XIX, pero en 1868 se aceleró el proceso y, cuando el Gobierno paró las ventas en 1876, ya estaba vendidas las más de las tierras. Figuerola, en 1869, presentó un Proyecto de Ley para vigorizar la Ley Madoz de 1856, y las ventas se incrementaron. En 1876, quedaban sin vender unos pocos comunales de los Ayuntamientos, algunas tierras del patrimonio del Estado y muy pocas de la Iglesia. El propósito de sanear la Hacienda Pública no se cumplió, pues la nueva deuda adquirida fue mayor que lo amortizado con las ventas de tierras. Como gran parte de esta deuda no se había dedicado a inversiones productivas, sino a subvenciones para sostener las empresas inviables de los burgueses, la situación final era peor que al principio del proceso.

Los efectos de la desamortización, fueron variables. En muchos casos, las tierras adquiridas fueron tierras marginales, de monte o de secano muy cerrado, con muy poco suelo agrícola aprovechable. La roturación inmediata que se hizo de ellas, y la tala de madera, favoreció la erosión de las lluvias, y el suelo agrícola desapareció, y la tierra se volvió improductiva en pocos años. La desamortización de las tierras malas fue un error, pues estaban bien en aprovechamiento precario y no eran viables en aprovechamiento intensivo. La única parte buena fue la desamortización de tierras de los conventos, generalmente en vegas buenas, cuya roturación dio lugar a fincas productivas sostenibles. Otras muchas tierras de conventos, situadas en zonas urbanas, fueron desamortizadas para el negocio de la construcción, y si la conversión en propiedad libre escandalizaba mucho, se construían edificios públicos que disimularan el hecho principal.

La solución que pensaron los regeneracionistas de final del XIX y principios del XX fue el asociacionismo y el cooperativismo. Eran falsas soluciones, utópicas, que generaban más problemas de los que solucionaban, y no resolvían el problema financiero del pequeño agricultor. Pero enfrentados a esta situación, los regeneracionistas encontraron la solución en que fuera el Estado quien financiase esas explotaciones en cooperativa, lo cual es utópico e insostenible a largo plazo, absurdo desde un punto de vista económico. Era lo mismo que estaban haciendo los burgueses en la industria.

La norma en estos casos nos la dará el New Deal de los Estados Unidos en 1932: los negocios productivos y viables deben ser apoyados por el Estado, mientras los inviables deben ser cerrados, cueste lo que cueste.

El resultado de estos procesos fue la desaparición de la clase media rural, y ello dejó enfrentados en el campo a los latifundistas por una parte, y sus jornaleros y braceros por la contraria, pues los minifundistas y los que habían vendido sus tierras no tuvieron más salida que trabajar para el latifundista. Este enfrentamiento adoptó características violentas a veces.

 

 

Los problemas de los Ayuntamientos.

 

Los municipios medievales poseían dehesas, prados, campos, huertas, viñas, sotos, y censos sobre heredades particulares. Estas tierras eran arrendadas a empresarios diversos, y esos ingresos bastaban para los gastos municipales de Hacienda, escuela, beneficencia, policía y vialidad. Estas tierras se denominaban “propios”.

Los pueblos medievales tenían también dehesas, prados, bosques y labrantíos, que eran usados colectivamente por los vecinos del concejo, bien en aprovechamiento directo personal y gratuito parcelando zonas de labrantío y huertas, bien llevando cada vecino un número de cabezas a los bosques y prados, o bien repartiéndose la leña del bosque equitativamente entre todos. Estas fincas eran los “comunes” o “comunales”.

La explotación de los comunales se hacía según tres modelos:

  1. Explotación comunal de pastos y cultivos sobre ellos, y consumo individual del producto obtenido. Ello era normal en el Alto Aragón y Montes de León.
  2. Distribución regular y periódica, pongamos cada cinco años, de parcelas en los comunales y explotación individual de esas parcelas o “suertes”. Era abundante en los Pirineos, Montes Vascos y Zamora y Salamanca.
  3. Adjudicación temporal de cotos y quiñones fijos para el disfrute individual de por vida. Se podía ver en algunas zonas del Duero.

El colectivismo agrario en comunales era antiquísimo, anterior a los romanos. Los romanos mantuvieron algunas explotaciones comunales, a las que llamaron ager colonicus, en parcelas arrendadas cada cinco años. Y a los hispanos les fue bien el hecho de que los romanos acabasen con las expediciones de saqueo de tribus vecinas y de pueblos extraños, la llamada pax romana. Los visigodos se dividían las tierras conquistadas en terceras partes, quedándose ellos con dos tercios y dejando el tercero para el romano vencido (romanos eran en este caso todos los hispanos dominados por ellos), pero donde vieron comunales decidieron dividir por mitades. La Reconquista creó nuevos comunales porque se consideraba que las tierras conquistadas eran de la Corona, y ésta se las concedía después a los grandes capitanes, a la Iglesia, y a los pueblos en usufructo, constituyendo los realengos. En la Edad Media, los pobres fueron roturando, subrepticiamente  y en pequeñas parcelas en terreno de realengo, pequeñas fincas que dedicaban a labrantío y huerta, y las propiedades se complicaron mucho porque era difícil hallar el origen de cada finca. Así como las casas eran siempre propiedad particular y estaba clara la propiedad, las tierras de pastos, prados y monte, en teoría comunales, tuvieron complicaciones de adjudicación de la titularidad. En la Edad Moderna, el Consejo de Castilla tuvo interés en que todos los pueblos tuviesen bienes de propios, a fin de que con ello se financiasen los gastos del Ayuntamiento o Concejo en su caso.

Pero a partir del siglo XVIII hubo una tendencia a hacer desaparecer las tierras comunales y los propios. Felipe V ordenó en 1738 que las tierras baldías o que hubiesen sido de realengo volviesen a la Corona, pero Fernando VI devolvió esos bienes a los pueblos. En 1768, Olavide decía que los propios y comunales ocupaban dos tercios de la tierra, y todavía los Ayuntamientos cubrían gastos con los ingresos de propios.

Los propios y comunales se enajenaron a partir de 1855. Los burgueses tenían interés en adquirir fincas, y el Estado hizo la vista gorda y dejó que adquirieran un 20% de los comunales reservados a los vecinos, tras ser declarados tierras de propios de forma ilegal, o al menos confusa. Se utilizó el subterfugio propio de abogados, de que no habían sido declaradas tierras de aprovechamiento común, lo cual era habitual en las tierras que de siempre habían tenido esa condición. Luego hubo un periodo de reclamaciones, pero, para los campesinos legos en la materia judicial, eso no es solución, y los plazos transcurrieron y se legalizó su venta.

En mayo de 1877 se produjo la expropiación del 20% de los comunes no declarados como tales por los Ayuntamientos, lo que sería antesala de la expropiación, en 1888, de todos los comunes no declarados. Ello significó que 700.000 hectáreas de montes comunales y dehesas boyales pasaron a manos de los particulares. El problema de fondo era la ocultación de tierras al fisco a fin de no pagar contribuciones. Se calculaba que el 30% de las tierras no estaban declaradas. Hacienda intentaba cobrar a las fincas y no a los propietarios, y las fincas eran difíciles de identificar.

En 1877 se hizo una Ley de Repoblación Forestal legislando que los municipios tendrían derecho a un 10% de los montes que repoblaran, con lo cual se pensaba poner en explotación gran parte de los baldíos.

1878 fue el año de aparición de la phylloxera vastatrix en Málaga y Gerona. La plaga provenía de América, al igual que el escarabajo de la patata y el mosquito de la castaña. Había llegado el mosquito portador de la phylloxera a Gran Bretaña en 1863 sin mayor trascendencia económica, porque no era productor de vid, así que el insecto se recibió como una variedad más en la biología. La catástrofe económica se produjo cuando el mosquito se trasladó a Francia en 1867 y el hongo asociado empezó a comerse las vides, por lo que fue identificado como causante del mal de la cepa a la que le salía una especie de moho. Se inventó el tratamiento con bisulfuro de carbono, pero la vid necesitaba un tratamiento anual y resultaba caro. Entonces se pasó a traer cepas americanas resistentes al mosquito, en las que se injertaban sarmientos europeos de vino de buena calidad. Mientras se producía la transformación, los franceses plantaron vides en Argelia e importaron vino de España. El insecto fue pasando desde Francia al resto de Europa. En 1892, Francia había superado la crisis, cuando España estaba en pleno problema. Todavía en el XX se seguiría extendiendo el mosquito y sabemos que en 1918 llegó a Cuenca, uno de los últimos reductos que todavía no tenía phylloxera.

En 1888, se decidió recortar los comunales que todavía quedaban: una Ley puso máximos en las dimensiones de esas fincas. Por ejemplo, en las dehesas boyales, el máximo sería dos hectáreas por cabeza de ganado mayor (vacuno, caballar y mular) que hubiera el pueblo. Se estipulaban tres hectáreas en tierras de segunda clase, y 4 hectáreas en tierras de tercera clase. Y el resto era vendible.

En 1898, los montes comunales todavía existentes se elevaban a una extensión de 3,197 millones de hectáreas, y las dehesas boyales de los Ayuntamientos a 0,904 millones de hectáreas. El bocado era abundante y apetitoso para los especuladores de tierras.

Se observó que, a medida que desaparecían los comunales, iban desapareciendo los lazos sociales y espíritu de colaboración entre vecinos, excepto en zonas de montaña donde el peligro y las grandes dificultades mantenían el espíritu de solidaridad. El cercado de fincas rompió definitivamente la convivencia vecinal, pues los pastores se quejaron de la pérdida del derecho de derrota de mieses, o entrada del ganado en barbecho a fecha fija.

Y las cosas no le fueron bien al campesino pequeño, porque en el nuevo sistema económico se necesitaba capital, y los pequeños no lo tenían. Es decir, producían algunos ahorros, pero la banca de fines del XIX y principios del XX los canalizó hacia el ferrocarril, industrias férricas del País Vasco e industrias textiles de Cataluña. Y como el Estado ofrecía intereses de hasta el 10% e incluso del 20%, la posibilidad de que se quedaran los capitales en el pueblo, era casi nula. El campesino pobre no podía obtener financiación a precios asequibles.

A principios del siglo XX, Joaquín Costa lanzó la idea de volver al colectivismo de los propios y comunales. Pero la idea no era nueva, pues desde hacía tiempo se venía legislando en pro del cooperativismo: Decreto 20 de noviembre de 1868; Ley 26 de junio de 1877 para el crédito agrícola; Código de Comercio de 1885, art. 124. La campaña por el cooperativismo fue más fuerte en el siglo XX, Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906.

 

 

La crisis agraria de 1885-1900.

 

En 1880 existían ya transportes de grandes pesos en tierra, tales como el ferrocarril. Grandes llanuras estadounidenses, argentinas, rusas, australianas, fueron puestas en cultivo de cereales que eran llevados hasta la costa en ferrocarril y hacia Europa en barco. Ello produjo una significativa bajada de los precios en Europa y en España.

Los terratenientes, que habían basado su porvenir en el cultivo cerealístico casi en exclusiva, vieron disminuir sus beneficios, y en caso de catástrofe natural, no muy rara, perdían dinero. En España la bajada de precios fue notable a partir de 1882, y no era una situación transitoria como otras veces, sino definitiva y progresiva. En 1895 los cultivadores estaban al límite de sus posibilidades de subsistencia.

Inicialmente, la crisis se salvó plantando vides, pues los franceses compraban grandes cantidades de vino, pues tenían filoxera desde 1870. Pero la filoxera se extendió por España antes de 1890.

Los mercados europeos preferían trigo barato de países lejanos. España no podía reconvertir y lo reconvertido al vino salió mal. No hubo más remedio que bajar el precio de los arrendamientos porque los arrendatarios y jornaleros emigraban desde 1856. Los propietarios vieron disminuir sus ingresos, y las tierras en aparcería casi no daban nada, mientras las que estaban en renta no podían cobrar mucho porque no le quedaba para sobrevivir al rentero. Los agricultores medios vieron disminuir sus rentas y necesitaban más tierra, pero ello era imposible pues estaba acaparada por unos pocos. Sólo el proteccionismo parecía tener sentido, en un mundo donde no había mercado de tierras, agilidad para comprar y vender.

La economía española de fin de siglo era eminentemente agraria. El resto de la economía, industrial, comercial y financiera, tenía grandes dependencias del capital extranjero. El sector industrial era escaso y el financiero primitivo, demasiado fundado en los préstamos al Estado y a los particulares. Incluso la gente guardaba el dinero en casa, a poder ser en plata, antes de confiarlo a los bancos.

La agricultura no evolucionaba debido a la estructura de la propiedad, lo cual significaba que no generaba ahorro ni capital para inversiones industriales y de servicios.

El campesinado era un foco de conflictividad social. La conflictividad se extendía al sector industrial que empezaba a crecer.

El sector naranjero se desarrolló en 1900-1920 en Levante. Era una alternativa agrícola rentable con ventas en toda Europa.

 

 

 

EL REGENERACIONISMO

 

 

La Liga Agraria.

 

En 1887, los agricultores castellanos fundaron Liga Agraria para defender el proteccionismo y consiguieron que el Ministro de Hacienda aceptara una “Comisión Informadora” sobre la crisis de la agricultura y la ganadería.

Germán Gamazo se esforzó siempre por dominar esa Liga Agraria.     Germán Gamazo no era el representante de los cerealistas castellanos sino un cacique de Valladolid dotado de una clientela y amigos políticos como tantos otros caciques. No siempre apoyó el proteccionismo, sino que al principio fue librecambista, y al llegar el trigo estadounidense se hizo proteccionista. Es decir, no tenía una idea clara sobre política económica, sino que defendía los intereses de los caciques castellanos, que no eran exactamente los mismos que los de los agricultores castellanos, visto el problema a largo plazo.

 

 

El regeneracionismo de Costa.

 

Joaquín Costa convocó una reunión de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, a celebrar en Barbastro (Huesca) el 13 de noviembre de 1898 y redactó un mensaje para ser enviado a todas las Cámaras Agrarias y Cámaras de Comercio de España, a las Ligas de Productores, a los Gremios, a los Sindicatos, a los Círculos… Y en ese mensaje se produjo un cambio importante en su pensamiento, quizás debido a la reciente derrota de Cavite, la derrota en Santiago de Cuba y los acuerdos de Washington en los que España se rendía a los Estados Unidos: dijo que España había perdido su representación en el mundo y ya no le quedaba nada. Dijo que, en esos momentos, España debía empezar de cero, desde un proceso constituyente. Divagaba diciendo que España había vivido un sueño desde 1500 a 1900, desde el descubrimiento del Nuevo Mundo y construcción del Imperio Hispano Alemán, hasta el presente siglo. Pero que la realidad de ese momento era ya otra, y los españoles se hallaban en una España pobre, a la que los políticos habían endeudado muy por encima de todas sus posibilidades, hasta llegar a límites en los que el crédito internacional se le negaba. Los políticos no hicieron lo que debían, canales de riego, escuelas, caminos… y por tanto, era preciso empezar por cambiar a todos los políticos, una cuestión ya muy difícil por sí misma porque ninguno renunciaría a perder el poder del que sacaban tanto dinero. En adelante, había que hacer “una política mínima”, lo cual quería decir una política de ahorro, una política de cambios en infraestructuras, abandonando los grandes proyectos dilapidadores de dinero. Enumeraba en concreto 15 epígrafes en los que había que invertir:

Política hidráulica, pantanos y colonización.

Abaratamiento del crédito, de los costos de la fe pública y de los registros mercantiles y de la propiedad, facilitando la exportación.

Construcción de 250.000 kilómetros de caminos carreteros baratos, factibles, abandonando planes inviables y faraónicos.

Legislación sobre previsión social.

Protección fiscal a la pequeña empresa.

Derogación de todas las leyes de desamortización civil.

Creación de maestros de educación integral que cobraran del Estado, con menos estudios universitarios, y más sabiduría. Pues en el asunto universitario, sobraban casi todas las Universidades, bastaba con dos o tres. En cambio, hacían falta colegios españoles en el extranjero para que los españoles aprendieran idiomas y conocieran las formas de vida de los países desarrollados.

Eliminación de la censura, la del Estado y la de la Iglesia católica.

Supresión de gastos inútiles como la mayor parte de los Ministerios, Consejos, Comisiones, Obispados, Universidades, Capitanías Generales, arsenales, soldados, generales, escuelas especiales, obligaciones eclesiásticas, embajadas (decía que con una embajada en París, bastaba y sobraba para relacionarse con todo el mundo). El objetivo final sería acabar con 9 de cada 10 empleados públicos.

Aceptación de la democracia liberal con Parlamento, juicio por jurados, derechos individuales y sufragio universal.

Descentralización administrativa para toda España, situando a todas las regiones en las mismas condiciones que el País Vasco.

Eliminación de toda la política exterior, con cierre de todas las embajadas, y sustitución de todo el sistema de relaciones exteriores por un acercamiento a Francia. Y sobre los temas exteriores pendientes, Filipinas, Carolinas, Marianas, Palaos, venderlas o arrendarlas, pero deshacer de ellas, porque sólo generan gastos.

Joaquín Costa creó en 20 de noviembre de 1898 la Liga Nacional de Productores y conectó con Basilio Paraíso. Ya desde 13 de noviembre de 1898, Costa había anunciado que deseaba constituir un partido “nacional y regenerador” que tomara el poder y regenerara el país desde arriba. Pero no lo conseguirá hasta enero de 1900.

Joaquín Costa definía el regeneracionismo como una política honesta y eficaz, de realidades, frente a la retórica parlamentaria de los gobernantes de su época. Proponía un plan de regadíos, restauración de los bienes comunales, alfabetización del país, protección al cultivador, desarrollo de los caminos vecinales. Eran planteamientos más concretos que los de Polavieja, pero también carecían de base económica y financiera.

 

 

El regeneracionismo de Paraíso.

 

Por su parte, Basilio Paraíso, del 20 al 26 de noviembre de 1898, reunió en Zaragoza a las Cámaras de Comercio de toda España y aprobaron un conjunto de reivindicaciones para el Gobierno:

Un sistema de representación más justo.

La descentralización económica y administrativa.

La posibilidad de mancomunidades de Municipios y Provincias.

Una ley de incompatibilidades de cargos políticos.

La reducción de cargos políticos-administrativos, los cuales debían ser ocupados por funcionarios por oposición.

La supresión del Ministerio de Ultramar.

La creación de un Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.

Que la enseñanza elemental fuera obligatoria y gratuita, impartida con métodos prácticos y positivos y reduciendo el número de Universidades.

La protección a la agricultura mediante regadíos, crédito agrícola y repoblación forestal.

El servicio militar obligatorio y la reducción de hombres en el ejército, a fin de reducir gastos. Que se suprimieran las recompensas militares.

La reorganización del Poder Judicial.

Basilio Paraíso, fabricante de espejos, había pensado lo mismo que Costa, y había organizado las Cámaras de Comercio en muchos puntos de España y presidía la de Zaragoza. Paraíso convocó Asamblea Nacional de Cámaras de Comercio en Zaragoza para el 20 de noviembre 1898. El terrateniente de Valladolid, Germán Gamazo, el que había organizado en 1878 las Cámaras Agrarias, envió a esa reunión a Santiago Alba, entonces de 26 años. Alba había sido rechazado por Gamazo para candidato a diputado ese mismo año, pero ahora le enviaba como delegado a Zaragoza. La misión de Alba era integrar ese movimiento en el conservadurismo o, por el contrario, destruir el movimiento de Costa y Paraíso. Asistieron 90 delegados de 45 Cámaras de Comercio destacando:

Alberto Rusiñol por Fomento del Trabajo Nacional, de Barcelona

Ruiz de Velasco por la Cámara de Comercio de Madrid.

Santiago Alba, por Valladolid

Las conclusiones de la Asamblea de Cámaras de Comercio fueron pedir conciertos económicos para las provincias que lo solicitaran, al estilo de Navarra y País Vasco; servicio militar obligatorio, sin redenciones ni sustituciones; afloramiento de las fortunas ocultas; construcción de canales y pantanos… Y nombraron presidente de las Cámaras de Comercio, junto a cuatro secretarios entre los que figuraban Alba y Rusiñol.

 

 

La Asamblea Nacional de Productores.

 

Costa observó el éxito de la asamblea de Paraíso, y decidió convocar una Asamblea Nacional de Cámaras Agrícolas, Cámaras de Comercio e Industria, Círculos Mercantiles, Casinos de Labradores, para unirse en lo que se llamaría Asamblea Nacional de Productores y se reuniría en 15 a 20 de febrero de 1899. Anunciaba que quería la formación de un partido político que se impondría a todos los demás y haría las reformas que España necesitaba. Recelaron enseguida de esta propuesta los krausistas y los republicanos, porque en la propaganda, las propuestas de Costa y Paraíso pedían más gastos para la enseñanza y las obras públicas, al tiempo que reducción de impuestos, lo cual es irreal e imposible, decididamente populista.

El 15 de febrero de 1899 en el Teatro del Circo de Zaragoza estaban reunidos los empresarios de toda España calificados por Costa de “productores”. Había 111 delegados de 53 entidades:

Joaquín Costa.

Marqués de Dilar

Marqués de Palomares

Fernando Ruano, gran propietario de Arjona-Jaén.

Santiago Alba, por las Cámaras de Comercio de Valladolid.

Fernández de Velasco, por las Cámaras Agrícolas de Valladolid.

Escoriaza, Pueyo y Sancho por Madrid.

Ibarra, por Amigos del País de Zaragoza.

Jimeno Rodrigo, por la Cámara Agrícola de Zaragoza.

Muniesa, por Círculo Mercantil de Madrid.

José Maestre, por Unión Minera

Santiago Casares, por La Coruña.

Joaquín Ruiz Jiménez, por Jaén.

Y delegados de Sevilla, Granada, Barcelona…

Costa hizo un alegato inicial calificando a los políticos del momento como “asesinos” por haber mandado a muchos jóvenes a morir a Cuba, y los aplausos fueron atronadores. La desconfianza de muchos fue máxima a partir de ese momento. La idea de formar un partido sólo fue apoyada por La Rioja. Fernando Ruano, propuso oficialmente descartar la creación de un partido, y formar una Liga que reclamase de los poderes públicos las reformas que los productores (empresarios agrícolas y ganaderos) demandaban. Se puso a votación y ganó Ruano. Costa no estuvo de acuerdo con la derrota en los votos y volvió a presentar la cuestión del partido al día siguiente, pero volvió a perder por 58 a 18 votos. Costa quedaba totalmente derrotado, y cayó enfermo de los nervios, pues hasta era excluido de la directiva de la Liga de Productores. La vieja clase dirigente y caciquil se había impuesto sobre los renovadores como Costa.

 

 

La Unión Nacional.

 

El 14 de enero de 1900 se reunió la Asamblea de Cámaras de Comercio e Industria en Valladolid y pidieron:

Reorganización e independencia de la justicia

Reorganización de la enseñanza obligatoria

Sistema electoral sin falseamientos

Eliminación de funcionarios metidos a diputados.

Reorganización del ejército, marina y administración civil reduciendo a la mitad el número de funcionarios a fin de que fuera posible pagar menos impuestos.

Construcción de canales, pantanos y embalses.

Reorganización del crédito agrícola, eliminando el monopolio del Banco Hipotecario sobre ese crédito.

Y justificaban esas peticiones en que el problema de España no era la nivelación de presupuesto, como hacía Villaverde, sino el saneamiento político y social.

Las Cámaras de Comercio crearon Unión Nacional de Productores.

Manifestaron que Unión Nacional no sería un partido, sino un aglutinante de opiniones para informar al Gobierno. Pablo Alzola Minondo, empresario vizcaíno, que representaba a Vizcaya, Guipúzcoa, Santander y Granada, propuso que al menos se manifestase una opción política en el sentido de apoyar al partido que suscribiese los principios adoptados en 14 de enero en Valladolid. Obtuvo el apoyo de Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Asturias, Jaén y Huelva, pero su moción fue derrotada por 118 a 19 votos. Triunfaba Paraíso.

La organización Unión Nacional se definía como regeneracionista y carente de ideología política en el sentido de que sólo le interesaban las reformas económicas y sociales, pero no las formas políticas. Secretario del partido era Santiago Alba, duque de Alba. Fue un fracaso, pues la falta de doctrina política no le daba votos. Joaquín Costa, 1846-1911, partía de la idea de que la sociedad española era un organismo vivo, pero enfermo, al que había que regenerar mediante diagnósticos precisos. De esa expresión nació el término regeneracionismo.

Decidieron invitar a Liga Nacional de Productores a sumarse al proyecto. Nombraron presidente de Unión Nacional a Paraíso, secretario a Santiago Alba, dos vocales eran agricultores y nueve vocales industriales.

Paraíso decidió pactar con Costa, como se había decidido en Valladolid y Costa pidió un Congreso de fusión de Unión Nacional y Liga Nacional de Productores, a lo que Paraíso se negó. Costa accedió de todos modos a integrarse en Unión Nacional el 1 de marzo de 1900. Unión Nacional tendría desde entonces dos presidentes de igual categoría, que serían Costa y Paraíso.

Allí designaron una dirección para ese nuevo movimiento político-económico que era Unión Nacional, dirección en la que estaban Basilio Paraíso (líder de las Cámaras de Comercio), Joaquín Costa (líder de Liga de Productores), y Santiago Alba (entonces Secretario de la Cámara de Comercio de Valladolid). Era la unión de los regeneracionistas.

El problema era que Unión Nacional era incompatible con Liga de Productores, porque Paraíso no quería partidos políticos, sino organizaciones sindicales que actuaran en la calle al estilo de los anarquistas, mientras Costa quería organizaciones no violentas pero constantes y permanentes, reivindicando los derechos de los productores (empresarios agrícolas y ganaderos), es decir, un partido político. Costa y Paraíso, tenían poco recorrido político como aliados.

 

 

La huelga de impuestos.

 

En abril de 1900, Unión Nacional convocó a una nueva “huelga de impuestos” o boicot a Hacienda. Protestaban contra las medidas el Ministro Villaverde. Ello suponía que Paraíso se imponía sobre Costa y sobre Alba, pues imponía movilizaciones populistas como método de actuación. Costa argumentó que de nada servía derribar a Villaverde, pues aparecería otro Ministro de Hacienda, y manifestó que lo que proponía Paraíso era una revolución en toda regla. Costa decía que las revoluciones sólo debían hacerse cuando eran legítimas y oportunas, y que la decisión de Paraíso no era lo uno ni lo otro. Costa seguía, diciendo que los españoles no estaban organizados y preparados para una revolución, que no había suficientes vías de contacto entre la Dirección de Unión Nacional y las masas, y que la huelga sería un fracaso, como ya lo fue la anterior, y que el Gobierno pasaría por encima de ese movimiento fracasado como si nada ocurriese, obteniendo como único resultado la desaparición de Unión Nacional. Costa defendía que, primero había que conquistar el poder, y luego se propondrían los cambios sociales y económicos pertinentes, pero que Paraíso lo estaba haciendo al revés.

La Unión Nacional se declaró enemiga de Silvela, y Silvela detuvo a sus dirigentes y les multó por disturbios. Para debilitar a Unión Nacional, Silvela hizo director general de Obras Públicas a Pablo Alzola Minondo, el disidente que había puesto reparos a Paraiso. Pablo Alzola, 1841-1912, era hijo de un industrial textil vasco y había estudiado ingeniería de caminos, canales y puertos en Madrid, había trabajado para Orconera y para la ciudad de Bilbao. En 1877 había sido alcalde de Bilbao y en 1886 Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya. Desde su punto de vista, lo que necesitaba la industria vasca era proteccionismo estatal. Por ello, en 1898 había creado la Liga de Productores de Vizcaya. Silvela no tuvo inconveniente en prometerle algunas prebendas para ganarle a favor del Gobierno.

Costa insistió en que el Gobierno hiciera más obras públicas y retirara la ley de impuestos de Villaverde, y convocó huelga de contribuyentes e incluso loct out de tiendas para 10 de mayo de 1900, argumentando que los ministros no habían sido elegidos de forma democrática y no eran válidas sus propuestas de ley.

En 10 de mayo de 1900, hubo cierre de tiendas y boicot a los impuestos, como pedía Paraíso. Paraíso les aseguró que el Gobierno no podría soportar la presión y caería a las primeras de cambio. Así pasaron dos meses. En julio, el Gobierno no había caído ni daba muestras de derrumbarse. Fueron los tenderos los que se vinieron abajo tras dos meses de no ingresar dinero.

Durante el periodo de mayo a julio de 1900, habían ocurrido muchas cosas que los regeneracionistas no esperaban: Costa dimitió como miembro del Directorio de Unión Nacional, y una vez transcurrido este acontecimiento, los tenderos se desinflaron, se fueron de Unión Nacional, y este grupo político desapareció en el verano de 1900.

Paraíso creyó haber alcanzado una posición fuerte como para llevar a cabo su política de boicot permannete al Gobierno. Tras la huelga patronal de 10 de mayo, Unión Nacional decidió que hubiera cierre de comercios en aquellos pueblos en que el Gobierno castigase a algún comerciante por la huelga del 10 de mayo. Se entraba en una espiral de violencia, que llevaría a más huelgas, más castigos, y nuevas huelgas contra los castigos. Costa estuvo en desacuerdo con esta decisión de Unión Nacional y dimitió, abandonando Unión Nacional.

Quedaba sólo Paraíso, el cual en 1901 presentó candidatos en las elecciones a Diputados, pero Unión Nacional no le siguió, dejó de creer en él, y el proyecto regeneracionista fue un fracaso. La Unión Nacional decidió en junio pagar impuestos, cambiando de actitud, y entonces dimitió Paraíso, y Unión Nacional desapareció poco después.

Costa se hizo republicano en 1903 y, en 1904 se retiró al pueblo de Graus dando muestras de desequilibrios mentales.

 

 

Crítica al Regeneracionismo.

 

Hay varios puntos que los regeneracionistas nunca se plantearon adecuadamente: los instrumentos del Gobierno para realizar los programas faraónicos que ellos pedían, a pesar de proclamar que no querían obras faraónicas. Cuando los regeneracionistas hablaban de obras faraónicas, se referían a los viejos proyectos del XVIII de unir por canales el Atlántico con el Mediterráneo, y el norte con el sur de España. Así que hicieron malos planteamientos en cuanto:

El espíritu que debían adoptar los españoles para hacer posibles las reformas que predicaban.

El rechazo generalizado hacia todos los políticos, los cuales son necesarios para gestionar cualquier proyecto. En vez de plantear un rechazo, una gestión alternativa para realizar los planes, planteaban la eliminación de los políticos. Rechazaban todos los partidos políticos y creían que por simple gestión administrativa se podían hacer las cosas, lo cual implicaba una cabeza rectora, y tendía a las dictaduras autoritarias, que fue lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX.

Expliquemos estos errores: Costa pedía adhesiones ciudadanas a un programa de actuación, el suyo, sin considerar que todo programa es la ideología de alguien concreto, y la sumisión a él y reconocimiento de una superioridad del líder. Y eso es política.

La petición de Costa era justificable por la corrupción generalizada de todos los partidos españoles, desde el Partido Moderado de 1833, pasando por el liberal, el unionista, el Liberal Conservador y el Liberal Fusionista. En ese sentido, estaba manifestando hartazgo acerca de los políticos del XIX.

Pero, de hecho, un partido correctamente constituido es una lista de ciudadanos que se adhieren al pensamiento de un líder, o a un programa de partido a largo plazo, con la ventaja de que el líder y el proyecto, pueden ser criticados en cualquier momento, y los proyectos modificados, reconvertidos, adaptados y mejorados. Ello da posibilidades de continuidad al proyecto y capacidades de realización. Por el contrario, las adhesiones que pedía Costa a su “proyecto” eran rígidas, considerando que él ya tenía el programa perfecto, el plan único, la sabiduría universal del cambio.

Con sus ideas, Costa podía destruir los partidos corruptos, el Liberal Conservador y el Liberal Fusionista, pero no podía dar continuidad a ningún proyecto, y una vez que suscitara la oposición lógica que despierta cada iniciativa política como era el regeneracionismo, no tenía recambio, y su solución conducía a que un militar impusiera el orden público, la realización del programa con cabezonería y autoritarismo, sin posibilidades de análisis continuo de las nuevas posibilidades del día a día, ni reconocimiento de los errores que se van cometiendo, pues si al que discrepa se le expulsa del sistema, no es posible la discrepancia. Un militar y un periódico eran los elementos básicos de un sistema regeneracionista. No le hacía falta más para constituirse en dictadura de hecho.

Pero un país es algo muy complejo, que necesita expertos en muchos temas, sin un régimen político que predetermine quiénes son los expertos sabios y cuales son rechazables, y necesita Ministros que coordinen, diputados que discrepen y analicen, Gobernadores que pongan en práctica los programas a lo largo y ancho del país…

 

 

El Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.

 

No dejó de tener repercusiones el ambiente regeneracionista de 1898-1901: la actividad económica se vio con distintos ojos. Y el 18 de abril de 1900, el Ministerio de Fomento se dividiría en dos: Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas por un lado, e Instrucción Pública y Bellas Artes por el otro.

Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, fue encargado a Rafael Gasset Chinchilla[2] (en diciembre de 1905, este Ministerio se llamaría de nuevo de Fomento, pero ya sin Instrucción Pública y Bellas Artes y también lo desempeñaría Gasset Chinchilla). Es decir, la actividad económica, que en el pasado se tenía por una actividad exclusivamente privada, pasó a tener intervenciones del Estado.

 

 

[1] Esta utopía se demostrará como un fracaso en tiempos de Francisco Franco y sus planes de regadío. Un plan de colocar a un millón de campesinos con vivienda y fincas de cultivo propias, se quedó en unas pocas decenas de miles de minifundistas. Así que España no comprendió la falacia de estas afirmaciones hasta casi un siglo después.

[2] Rafael Gasset Chinchilla, 1866-1927 era hijo de Rafael Gasset Artime, fue director de El Imparcial en 1890, y se hizo conservador en 1890 para ser ministro del nuevo ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas que se desgajaba de Fomento (que desaparecía). Volvería a gestionar ese ministerio en julio de 1903. El ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, pasó a denominarse de Fomento en diciembre de 1905. Rafael Gasset Chinchilla, desde entonces en el Partido Liberal,  fue ministro de Fomento en diciembre de 1905, en noviembre de 1906, en octubre de 1909, enero de 1911, mayo de 1913, abril de 1916 y diciembre de 1922.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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