Conceptos clave: la Constitución de 1869.

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1869.

 

El texto fue aprobado por 214 votos contra 55.

El domingo 6 de junio se promulgó la Constitución de 1869. El encargado de promulgarla fue Nicolás María Rivero, como Presidente del Congreso, dándose la paradoja de que éste era demócrata cimbrio, es decir, republicano, y daba paso a una Constitución monárquica.

El Secretario de las Cortes salió a la puerta de la calle y leyó el texto constitucional. El Presidente de las Cortes, Nicolás María Rivero, declaró promulgada la Constitución, hubo después un desfile militar, pero no hubo acto religioso. Las autoridades eclesiásticas se negaron a asistir al acto, porque no había acto religioso y porque el Nuncio Franchi se negaba a acatar una Constitución de la que opinaba que iba en contra de los intereses de la Iglesia católica.

Los principales cambios que introducía la Constitución eran que la monarquía sería democrática, que el sufragio sería universal y que se pasaría del liberalismo doctrinario al democrático.

El 15 de junio se procedió a discutir quién sería Rey de España. De momento, el 16 de junio, fue proclamado Regente Francisco Serrano Domínguez duque de la Torre, por 144 votos a 45 (193 a 45 en otros textos). El 18 de junio tomó posesión Serrano de la Regencia y dejó de ser Presidente del Consejo de Ministros. El nombramiento era sorprendente porque Serrano había sido colaborador de Isabel II, y los estudiosos explican que tal vez se hiciera para tenerle más controlado, pues siendo Regente tendría más difícil la conspiración contra el Gobierno revolucionario, por eso, los tratadistas del siglo XIX, hablaron de que se colocaba a Serrano en “una jaula de oro”. El 18 de junio, Serrano juró su cargo y encargó a Prim formar Gobierno.

 

 

Principales puntos de la Constitución de 1869.

 

La Constitución de 1869 unía la tradición progresista de las Constituciones de 1812 y 1837, con los movimientos europeos de su época que predicaban utopías liberales, nacionales, democráticas y humanitarias. Al tiempo que hacía formas de gobierno liberales, introducía un espíritu social regenerador. Por ejemplo, daba libertad de cultos, pero se comprometía a pagar culto y clero.

Es conocida como la “Constitución Demócrata” por el hecho de conceder la posibilidad del sufragio universal, como en efecto sucedió, por ley, cinco meses más tarde. Pero no era la Constitución del Partido Demócrata.

La soberanía era nacional, residía esencialmente en la nación, y de la nación emanaban todos los poderes. La soberanía se contemplaba depositada en las Cortes. De la vieja fórmula “las Cortes con el Rey” se habían eliminado las tres últimas palabras.

Hicieron especial hincapié en definir los derechos de los españoles porque la experiencia decía que los legisladores posteriores a las Constituciones no los desarrollaban en leyes, y cuidaron el mencionar que podía haber más derechos que los citados en esa Constitución, y el pedir castigos para los que atentaran contra los derechos de los ciudadanos. Se inició el parlamentarismo haciendo a los ministros responsables ante las Cortes.

En cuanto a los derechos de los españoles, se concedían derechos, pero siempre con limitaciones: se daba derecho de reunión, pero limitado en las disposiciones generales de policía; se daba derechos de asociación, pero limitado por la autoridad competente si ésta consideraba que la reunión se hacía para delinquir; se concedía derecho de petición, pero este derecho quedaba vedado a las fuerzas armadas. Los derechos más abiertos eran el de libertad de prensa, pues el Estado no podría establecer censura previa sobre las publicaciones; la correspondencia postal era inviolable para el Estado, y sólo la intervención de un juez podía interceptarla; la libertad de enseñanza con arreglo a las leyes, sin más limitaciones que exigir condiciones de higiene de los centros y respeto a la moralidad socialmente aceptada (incluso se toleraba que cualquier garrulo se pusiese a enseñar); la libertad de residencia, libertad de trabajo y libertad para salir del país. El Estado no podía desterrar a nadie.

La libertad religiosa fue el más polémico de todos los derechos, pues los españoles eran católicos al 99,9% y eran los católicos los que estaban dando pie a que otras confesiones religiosas pudieran actuar en España.

En lo que toca a los impuestos o contribuciones a Hacienda, éstas se consideraron obligatorias. La decisión cambiaba la interpretación del liberalismo que habían hecho hasta entonces los burgueses españoles, como que libertad era no pagar ellos impuestos y, al contrario, recibir subvenciones constantes del Estado. Fue un ataque frontal a la inmoralidad burguesa. Los impuestos pagados hasta entonces eran los indirectos, sobre artículos de consumo, lo cual grava por igual a pobres y ricos, y es la mayor desigualdad que se puede concebir. Razón de esto: si un pobre gana mil unidades monetarias y ello es lo mínimo para vivir, y un rico gana 10.000 ó 20.000 unidades monetarias, el pago por igual sobre los artículos usuales de consumo, significará que el pobre se quita algo de comer y algo de sus necesidades vitales mínimas, pongamos por ejemplo 200 unidades monetarias, mientras el rico, que come igual que el pobre, pagará esas mismas 200 unidades monetarias, lo cual no le supone ningún esfuerzo ni merma en sus gastos y dispendios, pues le dará igual ganar 9.800 unidades monetarias que 10.000. En el caso del pobre, se está jugando con la alimentación de sus hijos, con la educación y enseñanza de sus hijos, con la defensa contra la enfermedad. En el caso del rico, no pierde nada. La igualdad se convierte pues en la más feroz desigualdad. La solución no se alcanzará hasta principios del siglo XX con el impuesto progresivo, por el cual el rico pagara proporcionalmente más impuestos cuanto mayores sean sus ingresos, pero tendremos que esperar a 1904 para que se proponga el impuesto progresivo (lo harán hombres del partido conservador). El liberalismo igualitario es la consolidación de la riqueza del rico y la pobreza del pobre.

Respecto a la suspensión de derechos constitucionales, se decidió que el Estado no pudiera suspender ningún derecho constitucional por ningún motivo. La suspensión de libertades la podrían hacer las Cortes mediante una Ley de Orden Público que regiría por tiempo limitado, el previsto para esa suspensión.

Los españoles quedaron satisfechos de la declaración de derechos de 1869, pues los moderados de 1876 hicieron un cuadro de derechos igual al de 1869, con muy pocas reformas.

La Constitución era monárquica.  El Rey seguía sin ser responsable ante las Cortes, tenía muchos poderes, El Rey era inviolable, es decir, no podía ser acusado por acciones u omisiones del Gobierno, sino que la responsabilidad recaía sobre el Ministro que firmara la Ley junto a la firma del Monarca.

Pero el Rey tenía unas limitaciones: El Rey podía disolver las Cortes una vez, con el máximo de tres meses, por legislatura. El Rey debía respetar los derechos de los españoles explícitos en la Constitución. El Rey era un funcionario del Estado, y no el Estado mismo. El Rey necesitaba permiso de las Cortes para ratificar los Tratados Internacionales y alianzas ofensivas, para ratificar los Tratados de Comercio y todos aquellos Tratados en general que obligaran a algo a los españoles.

Eran poderes del Rey: convocar las Cortes, suspender las sesiones de Cortes, disolver uno de los Cuerpos Colegisladores o ambos a la vez, nombrar y separar Ministros, mandar sobre la fuerzas de mar y de tierra, declarar la guerra y hacer la paz siempre dando cuenta de ello a las Cortes, y el otro gran poder del Rey era la iniciativa legal o derecho a proponer leyes a discusión de las Cortes.

Separación de poderes: las Cortes redactaban las leyes, el Rey ordenaba ejecutarlas y los tribunales interpretaban la ley y la aplicaban a los casos concretos.

El legislativo lo componían unas Cortes bicamerales: Senado de elección popular, y Congreso elegido proporcionalmente a un diputado cada 40.000 ciudadanos. Las Cámaras no podían en ningún momento deliberar juntas. Cada una de las dos cámaras podía censurar a cualquier ministro.

Decidieron que hubiera 4 senadores por provincia, elegibles entre los mayores contribuyentes y renovables por cuartas partes cada año, salvo renovación total del Senado.

También decidieron que hubiera un diputado por cada 40.000 personas y que el Congreso tuviera poder sobre el presupuesto y sobre el ejército.

Las Cortes debían estar reunidas, cuando menos, 4 meses al año.

Cada tres años se renovaba el Congreso de Diputados entero y un cuarto de los Senadores.

La iniciativa legal le correspondía al Rey, al Congreso y al Senado.

La sanción de las leyes correspondía al Rey.

La responsabilidad por la promulgación de una ley correspondía al Ministro que la firmaba. Por ello, se decía que el Rey era inviolable.

El ejecutivo era titularidad del Rey, ejercido por medio de los Ministros, pero el Rey los nombraba y separaba del cargo. El Rey era jefe de las Fuerzas Armadas

Las más importantes novedades eran la limitación del poder del Rey, que no podría hacer dimitir a un Gobierno más que una vez por legislatura para evitar que el excesivo protagonismo que había tenido Isabel se repitiese, y que el Rey no tendría la sanción de las leyes, que quedaba reservada al poder legislativo, pero mantendría la iniciativa legal.

El Gobierno tenía poder por delegación del Rey. Pero su poder era inferior al de las Cortes, que lo tenían por elección popular. En todo caso, se podía producir un enfrentamiento entre el poder constitucional del Rey y el poder por elección de las Cortes, en cuya situación, el Rey podía disolver las Cortes. en las constituciones del siglo XX, el Gobierno tendrá poder por delegación de las Cortes, y responde ante ellas en los controles al Gobierno y en la moción de censura.

En el judicial se insistió en la existencia de un solo fuero para todos los españoles. El título VII se dedicaba al Poder Judicial. Sólo a los tribunales les correspondía la potestad de aplicar las leyes en juicios civiles o criminales. Los delitos políticos y los comunes que determinara la ley, podían ser dirimidos por jurados.

El Rey nombraba a los Magistrados y Jueces a propuesta del Consejo de Estado y con arreglo a la Ley Orgánica que debía elaborarse. El Rey nombraba una cuarta parte de los Magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo, una vez oído el consejo de Estado.

Para deponer a un Juez, o a un Magistrado, el Consejo de Ministros debía consultar previamente al Consejo de Estado.

Es de resaltar que, en 1869, al igual que había ocurrido en 1837, se hablaba de “poder judicial” y no de “administración de justicia”. Con ello se quería resaltar que los jueces eran independientes, y ello fue confirmado por Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

El sufragio, en la Constitución de 1869, se consideraba universal indirecto para el Senado, y se contemplaba una futura ley electoral para el Congreso: El 9 de noviembre de 1868, se aprobó que el sufragio fuera universal masculino: Podían votar los varones mayores de 25 años que estuvieran avecindados y figurasen en el padrón municipal, lo cual estaba reservado a los padres de familia, lo que significaba que sólo el 24% de la población (menos de la mitad de los varones) tenía el derecho al voto. En cuanto a los Ayuntamientos, los concejales eran elegidos por sufragio universal, y éstos elegían al alcalde.

Las Cortes discutieron acaloradamente la libertad de culto. Aunque las derechas aportaron 3 millones de firmas a favor de que la religión católica fuera la única tolerada en España, se aprobó la libertad de cultos, comprometiéndose el Estado a mantener económicamente a la Iglesia católica, mantenimiento de culto y clero. El tema peliagudo era si los españoles podían manifestar opiniones en contra de la Iglesia católica, a lo que se oponían rotundamente los obispos y los integristas católicos. Y si se toleraban otras religiones, iba a haber críticas al catolicismo. Po eso, a Pío IX no le gustó nada la Constitución española de 1868.

Se impuso el servicio militar obligatorio por quintas.

En cuanto a la administración territorial, lo más importante era la democratización. En vez de ser delegaciones de Ministerios o de Direcciones Generales, eran elegidas por los ciudadanos. Pero el Rey y las Cortes podían intervenir para defender el interés general en contra de extralimitaciones que pudieran producirse:

Las provincias se gobernaban mediante Diputaciones Provinciales, y por Juntas y Comisiones Provinciales.

Y las ciudades se gobernaban mediante Ayuntamientos. Había Juntas y comisiones locales para diversos temas. Los miembros de la administración local no eran funcionarios del Estado, sino personas elegidas por sufragio universal para desempeñar el cargo.

 

 

Valoración de la Constitución de 1869.

 

El resultado fue una Constitución “progresista” de tipo radical y con toques democráticos. Fue aprobada por 194 votos a favor y 45 en contra. Queremos decir, que fue la constitución de los del Partido Progresista, pero era una Constitución muy tradicional y más bien poco democrática, pues daba muchos poderes al Rey. Este fallo llevó a grandes errores, corregidos por Cánovas en tiempos de Alfonso XII y de María Cristina de Habsburgo, pero no corregidos por nadie en tiempos de Alfonso XIII, Rey que condujo a España al caos político, el cual desembocó en la república de 1931.

La Constitución de 1869 puede ser considerada como la culminación de un proceso liberal que empezó en 1812, con una Constitución liberal, y siguió en 1837 con otra Constitución liberal, rebajada luego en liberalismo en la Constitución de 1845, contar la cual se redactaba la de 1868. La Constitución de 1869 volvería a ser rebajada en 1876. El ensayo de hacer una república cantonalista, de comarcas independientes y soberanas, intentado en 1873, se quedó en proyecto. Sería la culminación del liberalismo del siglo XIX, y el final de este proceso liberal, para dar paso al liberalismo parlamentario social y de derecho, propio del siglo XX, lo cual es algo tan distinto al XIX, que no se pueden hacer comparaciones.

También puede ser vista como una Constitución del estilo que estaban poniendo en ese tiempo los Estados liberales, pues tenía régimen parlamentario en el que el Gobierno estaba sometido a la soberanía del Parlamento, un sistema representativo que estrenaba sufragio universal, y que supuso la formalización de los partidos políticos por la necesidad e importancia de controlar el Parlamento y la posibilidad de hacerlo desde la representatividad popular.

Bien entendido que lo que se hacía parlamentario era el poder legislativo, las Cortes, pero el Rey estaba por encima del parlamentarismo, y por ello no podemos considerar parlamentario el régimen salido de 1868.

La Constitución española coincidía en un momento en que Estados Unidos se constituía como un Estado nuevo, unitario, abandonando la idea de la Confederación para constituirse en República unitaria, lo cual ocurrió en 1865. Alemania se estaba encontrando a sí misma tras la Guerra de los Ducados de 1864 y 1866, y la victoria sobre Francia en Sedán 1870, apareciendo en esa fecha como un nuevo imperio. Dinamarca reescribió su Constitución en 1866. Italia también se estaba buscando a sí misma y se configuró como Estado en esas fechas. Y Francia pasó de la monarquía conservadora a la república en 1870.

 

 

Valoración del constitucionalismo español.

 

En cuanto a que España tuvo muchas Constituciones, la de 1812, la de 1837, 1845 y 1869, no es nada comparado con las nueve Constituciones que tuvo Francia entre 1812 y 1900.

Lo que sí es cierto y debe ser tenido en cuenta, es que la Constitución de 1869 fue hecha por gentes de Unión Liberal, del partido progresista y del partido demócrata, en contra de los del Partido Moderado, que venían gobernando desde 1844 basados en la Constitución de 1845.

 

 

Aceptación de la Constitución.

 

Los republicanos federales quedaron muy defraudados en sus expectativas e iniciaron una serie de actos terroristas, que se prolongaron todo el resto del siglo y parte del siguiente. Los republicanos de provincias no aceptaron lo que habían hecho sus correligionarios de Madrid y los diputados que habían ido a las Cortes. Cataluña, Aragón y Valencia se mostraron dispuestas a organizar motines con barricadas. El Gobernador de Tarragona fue asesinado por una manifestación de republicanos (septiembre del 69). Reus proclamó la República Federal y el Ampurdán secundó la rebelión. Valencia y Zaragoza sufrieron 9 días de disturbios callejeros urbanos. Los republicanos habían optado por la guerra civil, pero el movimiento armado fracasó. Los republicanos habían urdido un movimiento político que empezaría por pactos entre provincias vecinas y acabaría en un “Pacto Nacional” que lucharía por un Estado Federal. Pero ni los republicanos eran suficientes, ni estaban unidos por los mismos criterios y convicciones, y el Pacto Nacional no llegó a constituirse en el verano de 1869. Castelar se apartó del republicanismo federal y creó una facción llamada republicanismo unitario.

Los republicanos federales estaban instalados en la ilegalidad, y creían que la ilegalidad era el único camino del cambio, a no sabían qué: Las Cortes Constituyentes de 1873 no fueron convocadas ni por el Rey ni por las Cortes, sino por el Gobierno. Decidieron ser asamblea única previamente a la discusión constitucional. Y no previeron la posibilidad de reformas constitucionales, es decir, creían haber redactado la Constitución perfecta y definitiva. Los que predicaban la soberanía del pueblo, estaban a punto de hacer la Constitución más dictatorial de la historia de España, aunque nunca se supo quién estaba destinado a ser ese dictador. Fracasó antes de manifestarse. Tal vez las asambleas populares estaban a punto de tomar ese poder dictatorial, como ocurrió en el jacobinismo francés y ocurriría en los comunismos del siglo XX.

Uno de los mayores problemas que se observó en la aplicación de la Constitución fue que el poder delegado por el Rey en el Gobierno se corrompió en el aspecto del dominio que el Gobierno Central intentó sobre los Gobiernos Provinciales. No se eligió para Gobernadores a profesionales de la Administración, sino políticos colaboradores con el Gobierno Central, muchas veces ex-parlamentarios, de un signo político muy definido y con unas consignas políticas muy claras. El resultado fue que las provincias aparecían en teoría como más autónomas, igual que los Ayuntamientos aparecieron desde 1870 como más autónomos. Pero en la práctica, cada Gobierno Provincial dominaba a los Ayuntamientos, y el Gobierno Central dominaba a las Provincias. Así, tanto las provincias como los Ayuntamientos fueron convertidos en instrumentos del poder instituido, el cual les financiaba, pero exigía a cambio seguir las instrucciones que les llegaban desde el Gobierno. El Gobernador Civil podía poner multas, podía suspender de funciones a los concejales y a los alcaldes, podía poner delegados gubernativos y suspender de funciones a los diputados de la Diputación Provincial. El sistema lo habían impuesto los conservadores y lo mantenían los progresistas, y lo seguirá manteniendo en el futuro Cánovas durante todo el XIX. En este estado de cosas, el cacique seguía siendo fundamental, seguía siendo el experto que aconsejaba al Gobernador Civil que llegaba novato y desconocedor de la provincia, seguía siendo la persona que indicaba qué expedientes eran urgentes y cuáles se debían dejar archivados, y qué tratos había que hacer con los propietarios y con la oposición política. Los revolucionarios se estaban equivocando al considerar que la descentralización era el bálsamo de fierabrás que todo lo curaría, como si el problema de la corrupción fuera sólo del Gobierno Central, lo que no era el caso, pues la corrupción estaba en todos los niveles. Los ensayos raros del Sexenio no hicieron más que agrandar la corrupción de forma más inmoral todavía, pues cada cacique local pudo hacer lo que quiso de forma legal. De hecho, la Constitución de 1876 y el sistema de Cánovas, repitieron el sistema, porque estaban seguros de poder intervenir desde el Gobierno de forma favorable a sus deseos políticos: eliminación de los Fueros Vascos; normativas de organización provincial y municipal que convertirían al Alcalde en un delegado gubernativo y al Gobernador Civil en Presidente de la Diputación.

En 1868 se había pedido la unificación de fueros. Probablemente los que lo decían estaban pensando en los fueros militares y eclesiásticos que debían ser igualados a los civiles. Pero la realidad fue otra: los fueros militares y eclesiásticos no se tocaron, mientras se abolieron fueros territoriales del País Vasco. Y esto se debía a un cambio de mentalidad a fines de siglo. A mediados del siglo XIX los pensadores políticos defendían la preeminencia de lo consuetudinario, lo cual había formado la personalidad de los pueblos, el volkgeist. En 1832 se alabaron los usatges catalanes. El krausismo defendía los derechos consuetudinarios. Y hasta el Tribunal Supremo llegó a dudar de sus propias potestades frente al nuevo derecho consuetudinario que se rescataba del cajón de la Edad Media. Y al poco, en segunda mitad de siglo, aparecieron el nacionalismo catalán, y luego el vasco.

En los movimientos nacionalistas, el Derecho Civil entró en conflicto con el derecho consuetudinario y ello introdujo muchas cuestiones nuevas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, Ley del Notariado de 1862, Ley Hipotecaria de 1863, Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Por ejemplo, al establecer la idea de “territorio foral” y definirlo como aquel que no tenía el mismo ordenamiento jurídico regional que Castilla, se deducía que ninguna región tenía ordenamientos iguales, empezando por Cataluña, seguida Navarra, Vizcaya, Aragón, Mallorca, Galicia, y probablemente otras varias regiones. Se llegaba a la irracionalidad de que para hacer más justo el Estado había que destruir el Estado. La Constitución de 1868 no resolvió este tema. Sólo en 1888 se llegó a unas ideas claras sobre el tema, cuando las Cortes aprobaron la Ley de Bases, en la que se especificaban los principios que debían respetar los redactores de futuros Códigos judiciales, y así en 1888 nació el Código Civil, revisado en 1889 y en otras varias ocasiones.

 

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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