Conceptos clave: economía española de segunda mitad del XIX, reordenación monetaria, reordenación económica, reordenación financiera, crisis de 1865-1866, Ley de Minas de 1868, el comercio español hacia 1868.

 

 

 

Economía española en 1868

 

 

 

Economía española de la segunda mitad del XIX

 

La época del Sexenio Revolucionario representa un periodo de lanzamiento económico español en un momento de crisis europea, sobre todo a partir de 1866. Actividades económicas nuevas fueron los tranvías urbanos, el turismo, el telégrafo, el teléfono y también se revitalizó el negocio del espectáculo.

El tranvía fue inaugurado en Madrid en 1871 en el tramo Sol-Salamanca. En el turismo, se puso de moda Santander y San Sebastián para los muy ricos, y las costas valencianas para los burgueses. La gente empezó a disfrutar con la zarzuela, que en 1871 estrenaba una de sus obras más difundidas, Marina.

Estaba funcionando la producción de zinc de la Real Compañía Asturiana de Minas RCAM en Asturias y Cantabria; la producción de ácido sulfúrico de Amadeo Cros en Badalona (iniciada en 1817 por su abuelo, el francés Francisco Cros, y gestionada después por su padre José Francisco Cros); los Rothschild habían puesto en marcha la producción de mercurio en Almadén en 1868; en 1866 se había instalado en Riotinto la Tharsis Sulphur, que en 1873 se convertirá en Riotinto Co.; en 1868 se había creado la peseta de plata como unidad monetaria española; en 1871, apareció The Cantabria Co. Limited en Vizcaya para la obtención de acero; 1872 aparecería Sociedad Española de Explosivos en Bilbao; en 1873 apareció Orconera Iron Co. para trabajar en Vizcaya y Cantabria; Sabadell y Tarrasa compraron modernas máquinas de tejidos que colocaron a esas ciudades en la cabeza de la producción textil española; La Gran Azucarera, propiedad de María Cristina de Borbón, vendía el azúcar de los hacendados cubanos; y el ferrocarril español contaba con 5.000 kilómetros de líneas, siendo líneas estrella la Madrid-Sevilla de 1859; Madrid-Irún de 1864; Madrid-Zaragoza de 1863; Madrid-Cáceres de 1863, y Madrid-Alicante de 1865.

En la construcción del ferrocarril se había tomado la decisión particular de hacer un ancho especial, distinto del europeo, un poco más ancho. Este inconveniente comercial se hizo por dos razones: la primera para poner trabas a la libre importación de productos extranjeros, cuyos trenes no podrían penetrar en España; la segunda, porque los militares aconsejaron no dejar expedito el paso a España desde Francia. En sentido contrario, los trenes españoles no podrían llegar a los países europeos, pero ello era un problema agrícola que importaba menos a los industriales españoles.

En la construcción del ferrocarril, Gran Bretaña exigía un interés garantizado y el Estado español no aceptó esa condición, por lo que se hicieron concesiones a los Rosthschild y a los Pereire franceses. Se constituyeron 3 grandes compañías MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), El Norte (Madrid-Irún), y Ferrocarriles Anadaluces, y unas 80 compañías más pequeñas. Los Pereire, dueños de una importante banca y de compañías de seguros aprovecharon para invertir en carbón, construcción, azúcar y gas. El carbón español era caro por su difícil extracción. El hierro vasco resultaba también más caro que el de Europa por menor tecnología. El material ferroviario español se mostró el doble de caro que el importado de Francia.

 

El panorama económico general europeo era de subida de precios en toda la fase 1848-73, fase A Kondratieff. Esa subida de precios animaba a la inversión en España pues los negocios de producir en España a precio bajo estaban prácticamente asegurados vendiendo en Europa a precio alto. Pero también era posible la especulación, que es lo que desgraciadamente predominaba en España. Los altos precios de los alimentos tampoco permitían tener mucha fe en el porvenir de la industria y quizás eso explicara la especulación sistemática. La Guerra de Secesión americana cortó el suministro de algodón para las fábricas, subieron los precios y el futuro no estaba nada claro para los inversores industriales, salvo en el proteccionismo.

En una época políticamente tan difícil como ésta, el capital extranjero no tenía interés en mantener sus inversiones en negocios de imprevisible rentabilidad, dado el ambiente de inseguridad que mostraba España, y sí lo tenía en valores de renta fija: Algunos tramos del ferrocarril fueron abandonados o vendidos por los extranjeros que los habían adquirido. En cambio sí estaban dispuestos a financiar al Estado.

Muy pronto el ferrocarril español se convirtió en un problema. Las concesiones de construcción empezaron a revenderse y la buena fe en los concesionarios, presumida en las concesiones, se demostró un error. Hubo que rescatar concesiones. Por otra parte, los concesionarios emitieron tantas obligaciones que los accionistas nunca llegaron a cobrar dividendos. Los concesionarios protestaban los altos costes de explotación, cosa absolutamente falsa desde nuestro punto de vista actual. Los concesionarios hicieron líneas buscando subvenciones y no se preocuparon demasiado de la red, lo cual significaba esperas largas en los empalmes, retrasos para los viajeros, incomodidad y muchas zonas sin servicio ferroviario, es decir, pocos rendimientos del negocio imputables a los empresarios. Las zonas más industrializadas no fueron las seleccionadas para las subvenciones, ni las de más alta inversión ferroviaria, sino más bien la ciudad de Madrid fue la que se conectó con el resto de España. La ciudad y el viajero primaron sobre la necesidad comercial de la industria, por escasa confianza en el futuro de la misma, o por conservadurismo de las mentalidades. En estas condiciones, el ferrocarril no fue una ayuda muy grande para la industria y comercio españoles, ni el negocio de ferrocarriles podía ir ni un poco bien. La falta de interés por el conjunto, por la coordinación, revela una visión más especulativa, del pelotazo económico, que de servicio. Es muy difícil explicar por qué los centros de producción de hierro españoles no estaban unidos a la red ferroviaria o no se empezó por ellos, lo cual abarataría costes y daría clientela al ferrocarril. Nos referimos a casos ejemplares como la industria del hierro en Cantabria y Málaga. También podríamos hablar del caso vasco y su conexión a las minas de carbón de León y Asturias.

La tecnología era en general atrasada. La Maquinista Terrestre y Marítima fabricaba en Cataluña maquinaria textil, navíos y motores para barcos, con tecnología bastante avanzada, pero era una excepción dentro del panorama tecnológico que en general era España en el XIX. La tecnología era tradicional y casi siempre atrasada respecto a nuestros vecinos del norte.

La industrialización española del XIX daba la imagen de una economía colonial dependiente de la francesa. En cuanto al capital, los franceses aportaban el 35% del capital extranjero en España. Francia era preponderante en el negocio del ferrocarril, la banca, el vino… El ferrocarril había conectado con Francia en 1864. A partir de 1870, la importancia económica de Francia en la economía española creció con la importación masiva de vinos españoles (el negocio del vino sólo duraría unos 20 años, hasta que la plaga filoxera entró también en España). Esta preponderancia francesa tan acusada empezará a ser más débil a partir de 1870, porque Gran Bretaña inició una serie de inversiones. En cuanto a mano de obra especializada, los franceses constituían el 90% de los extranjeros residentes en España y trabajaban en las fábricas de tintes, curtidos, metalurgia, siderurgia y en el ferrocarril como guardaagujas y contables. No sólo la tecnología era francesa, sino que la mano de obra especializada lo era también.

Los bancos tuvieron una crisis en los años 60 debido a su decisión de abrir créditos ilimitados en los primeros años de la década. Las primeras dificultades del ferrocarril y del resto de la industria les dejó un paquete importante de impagados irrecuperables. En 1866 hubo una quiebra bancaria general, por demasiado riesgo en el trazado del ferrocarril, una empresa sin ganancias a corto y medio plazo, incluso a largo plazo en el caso de España.

En materia de agricultura, los españoles se mostraron especuladores en unos casos o fracasados en otros: Las tierras adquiridas desde 1854 en la desamortización, se pusieron a la reventa. Dentro de este fenómeno especulativo, cuando se trataba de agotamiento de tierras de mala calidad o de dificultades para mantenerse en tiempos de sequía, se demostraba un fracaso económico. Cuando se trataba de especulación neta, es decir, que nunca se había intentado cultivar las tierras y ya se trataban de revender tras extraer toda la madera materiales de construcción hallados en el lugar, se demostraba un fracaso político, puesto que se habían antepuesto los problemas del Estado y los de Hacienda, a los de los ciudadanos. Estos argumentos eran utilizados tanto por la Iglesia desde posiciones de derecha, como por los partidos republicanos desde posiciones de izquierda. La Iglesia decía que muchos españoles eran pobres por causa del liberalismo. Los republicanos afirmaban que la pobreza se debía al poco espíritu social de los Gobiernos que no se habían atrevido a repartir las tierras de latifundio. Un resultado constatable para las gentes de la época fue que las tierras desamortizadas perdieron su matorral y árboles, que fueron transformados en carbón y leña para quemar, lo cual contribuyó no poco a la desertización.

La productividad agrícola, cuya mejora es condición indispensable previa a todo avance industrial, no se elevó. Para mejorar la productividad hubiera sido necesario invertir en mejoras de suelos, regadíos, accesos, establos y maquinaria agrícola. Los altos costes del dinero, un 14% anual, y los bajos jornales agrícolas por los que la amortización de las máquinas se hacía a muy largo plazo, no invitaban a la inversión, y el riesgo de ruina por falta de comunicaciones y de comercio no invitaba a incrementar la producción. Las regiones que gozaban de los primeros ferrocarriles, sobre todo a partir de 1870, empezaron a especializarse en el producto más rentable, el que se daba bien y tenía venta: Castilla se hizo más triguera; León, La Mancha y La Rioja más vinateras; Levante más hortofrutícola; y la zona cántabra-astur abandonó el trigo y la vid para dedicarse al maíz y la patata.

La crisis de 1866 fue dura: las acciones de la Bolsa de Madrid bajaron un 30%, la mitad de las Sociedades de Crédito españolas cerraron y los precios del suelo urbano se desplomaron a la mitad en dos años (de 1825 reales/metro en 1865, a 930 reales en 1867). Simultáneamente, los precios del trigo y del pan subían debido a las malas cosechas:

1865  38 reales/fanega trigo—- 10 cuartos/Kg, pan

1866  47         ”               11,4    ”

1867  63         ”              13      ”

1868  76         ”               15      ”

(Un real equivalía a 8,5 cuartos.

Una fanega son unos 42 kilos de trigo).

 

 

La reordenación monetaria.

 

La creación de la peseta se hizo por un decreto de 19 de octubre de 1868. El 5 de febrero de 1869 se emitió la primera peseta realmente. Y además, tuvo que ser retirada porque se les había olvidado poner “España”, y tuvo que ser reacuñada[1].

La peseta tuvo en 1869 una aparición oficial, pero su circulación generalizada y aplicación a las operaciones corrientes del ciudadano, no fue adoptada por los españoles hasta principios del siglo XX, porque era una moneda de altísimo valor, y equivalía al salario de un día. La peseta se convirtió en una unidad de cuenta[2], pues no servía para operaciones corrientes de una familia normal española.

La peseta de 1869 era una moneda de plata de ley de 0,835 milésimas, con múltiplos de 2 y de 5 pesetas de 0,900 milésimas de pureza. Los divisores de 0,50 y 0,20 pesetas, tenían igual pureza. Circulaban monedas de bronce de 10 céntimos (perra gorda), 5 céntimos (perra chica), 2 céntimos y 1 céntimo de peseta. A la peseta se le dio un valor, respecto a las monedas anteriormente circulantes, de cuatro reales, mitad del valor que tenía en 1809.

La bajada de valor de la peseta fue muy beneficioso para el país, pues se ganó en competencia en el extranjero.

Quizás la pieza más interesante fue la de 5 pesetas, equivalentes a veinte reales. Como el antiguo peso duro, también valía 20 reales de plata, la nueva moneda de 5 pesetas fue llamada inmediatamente “duro”. La primera moneda se emitió en 1870, y luego la acuñó Amadeo en 1871, el Cantón de Cartagena en 1873, Carlos VII en 1874, y Alfonso XII en 1877.

En 1874, se emitieron billetes de papel por valor de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas, cuya circulación fue nula en el nivel común de mercado, pues una peseta era poco menos del jornal diario de un trabajador no cualificado y mal pagado, un valor ya demasiado alto.

El oro se podía acuñar libremente a la equivalencia de 1/15,5 respecto a la plata. La aceptación de este sistema bimetálico dio malos resultados, pues el oro empezó a desaparecer por la regla de que la moneda mala expulsa del mercado a la buena. En 1873 se impondría un sistema monometálico en plata. A pesar de la mala experiencia bimetálica, el oro se volvió a aceptar, por influencias extranjeras, en distintos momentos de la historia.

El porqué de escoger la peseta como unidad monetaria tuvo relación con la moneda francesa, el franco de plata de 5 gramos. Francia tenía un sistema bimetálico al que se habían adherido Bélgica, Italia y Suiza, la llamada Unión Monetaria Latina, y España se sumó a ese grupo. Además, la peseta española de 5,192 gramos se parecía al franco francés de 5 gramos en peso.

En 1874 se concedería la acuñación de la peseta al Banco de España en régimen de monopolio. En 1937 tenía tan poco valor que hubo de ser acuñada en latón, y en 1944 en cobre. En 1982 el valor era tan pequeño que se fabricaban en Chile para que fueran rentables, y más tarde pasaron a fabricarse en aluminio. Desaparecería el 1 de enero de 2002.

 

 

La reordenación financiera.

 

El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, se encontró con una crisis en Hacienda valorando un déficit de 504,4 millones de pesetas y créditos por otros 628,5 millones de pesetas, que no se podían pagar puesto que los ingresos fiscales estaban disminuyendo y los intereses de la deuda eran muy altos. Tampoco podía recurrir a la banca nacional pues muchos bancos estaban en suspensión de pagos desde 1866, lo cual había provocado la paralización de las obras del ferrocarril y el despido de miles de obreros. Decidió pedir un crédito en el extranjero y reactivar la industria textil y minera.

Prim consiguió que, en los años 1869 y 1870, la banca alemana, británica y francesa, financiaran la totalidad de la deuda del Estado cifrada en 5.000 millones de pesetas, lo cual ponía las bases para empezar un nuevo sistema político. A cambio tenía que entregar las minas españolas. También tuvo que hacerse cargo de los ferrocarriles que eran deficitarios y no les apetecían a los inversores extranjeros.

Como medidas transitorias de relanzamiento de la economía se subvencionó la contratación de jornaleros a fin de combatir el paro que alcanzaba cifras tremendas en Andalucía (se cree que superiores al 50%).

En 1874 se intentó poner orden en el caos monetario haciendo que el Banco de España emitiera una cantidad prevista de billetes (un monto en papel y moneda fiduciaria equivalente a 5 veces su capital efectivo, siempre que ese efectivo estuviera garantizado, al menos en un 25% en barras de oro y plata). El monopolio de emisión de pesetas era del Banco de España.

 

 

 

Crisis de 1865-1866.

 

La crisis de Hacienda se producía en medio de una crisis económica generalizada: La crisis de 1865 había encarecido el algodón, pero se podía ir a la concentración empresarial y modernización técnica de la producción. Otro inconveniente era el paro obrero, pues seguían las malas cosechas desde 1867 y se habían acabado los fondos de los Ayuntamientos para hacer obras públicas que paliaran el paro. Los obreros vagaban por las calles y acudían a las ciudades, donde su concentración era un peligro para el orden público. El 23 de noviembre de 1868 Figuerola negoció con los Rothschild un préstamo de 1.656.000 libras a 30 años, al 8% de interés y 4% de comisión, y en garantía entregaba las minas de cinabrio de Almadén.

Entre las reformas impositivas de Figuerola estuvieron:

La eliminación del derecho de bandera o tasa de puerto por la que los barcos extranjeros pagaban más que los nacionales, lo que equivalía al librecambismo. El 22 de noviembre de 1868 se dio una ley librecambista que permitía a los buques extranjeros la entrada en puertos españoles para llevar mercancías nacionales, quitando derechos suplementarios a estos barcos extranjeros. A raíz de ello, aumentó el comercio y alguna actividad industrial, y también bajaron los precios de los alimentos, pero la industria española de astilleros cayó a favor de la industria escocesa, y la industria textil catalana se hundió frente a los tejidos ingleses y franceses. Este proyectó alarmó a los grandes terratenientes e industriales españoles que vivían del proteccionismo del Estado y será suspendido por el decreto Salaverría de 1875 y ley de 1879. Con la restauración borbónica de Alfonso XII se volvió a un proteccionismo cerrado, el más alto de todo el mundo.

 

 

La Ley de Minas de 1868.

 

La Ley de Bases de la Minería de 29 diciembre de 1868 era la liberalización total y completa del subsuelo español, completando leyes de 1849 y de 1859 en el mismo sentido, todas ellas sobre la base del Decreto de julio de 1825. Esta ley daba todo tipo de facilidades para la explotación del subsuelo a los particulares, así como garantías de explotación y comercialización o exportación y ventajas fiscales a este negocio, lo cual dio un impulso importante a la minería en el norte y en Sierra Morena y Cartagena. Se ponía fin al monopolio del subsuelo por la Corona. Simplificó los trámites de registro de minas, privatizó las minas explotadas por la Real Hacienda y eliminó la obligación de mantenerlas pobladas y en explotación, como mandaba el Decreto de 1825, y confirió carácter perpetuo a las explotaciones. El propietario tenía la seguridad de no ser expropiado.

Una vez más las cosas se hicieron mal, quizás porque los gobernantes se hallaban agobiados por problemas de Hacienda: se entregaron las minas a los extranjeros, sin apenas restricciones ni control. Las concesiones eran otorgadas por cada Gobernador Civil y se hacían a perpetuidad. Los beneficios no estaba contemplado que se reinvirtieran, lo cual significaba que se llevaban al extranjero y no hacían crecer la economía interior con nuevas inversiones, sino en muy pequeña medida. Las compañías extranjeras no se preocupaban por la elaboración de minerales en el país, sino que sólo querían materias primas para llevárselas, aprovechando los salarios miserables de una España no desarrollada para la labor cara de la extracción. Fue un error de planteamiento, y es que obtener trabajo a toda costa no es la mejor decisión de un Gobierno. Por ejemplo, Riotinto se felicitó a sí misma por obtener cobre en Huelva con salarios inferiores a los pagados por su empresa Rokhana en África. Felicitarse por tener salarios bajos, no creemos que fuera ni correcto, ni ventajoso para España.

El decreto de liberalización minera perjudicó a los inversores españoles, que perdieron gran parte de sus negocios, y creó una economía dependiente del exterior. Se abrió el camino a la especulación, a comprar muchas concesiones para revenderlas. Apareció mucho dinero dispuesto a comprar concesiones, pero en la compra no se aseguraba que se explotarían las minas. De las 29.778 concesiones, sólo 2.011 estaban en activo y de ellas casi todas coincidían con explotadores extranjeros del cobre, mercurio, plomo, zinc y wolframio.

Otro defecto de la ley de minas fue no fijar tamaños mínimos de las explotaciones, con lo que cualquiera pudo iniciar una perforación o excavación y muchas empresas eran muy pequeñas e incapaces de modernizarse ni de invertir.

 

Hitos históricos en la minería española de esta época fueron:

-En 1868 la casa Rothschild, británica, se quedó con las minas de Almadén, es decir, con el monopolio de la producción mundial de mercurio (el mercurio era muy importante para la producción bélica, para las espoletas o detonadores de las bombas). La producción de la mina se duplicó en las siguientes décadas.

-En 1870, tuvo lugar la subasta de las minas de Riotinto, la mina de cobre más conocida de España desde tiempos fenicios (el cobre fue muy importante para la fabricación de alambre conductor de electricidad). Se quedó con ella la empresa inglesa Tharsis Sulphur, que en 1874 pasó a denominarse Riotinto Co. La producción de la mina se decuplicó en las siguientes décadas.

Las inversiones más frecuentes fueron en hierro y quien más invirtió fue Gran Bretaña de modo que en 1871 llegaron 4 compañías británicas, en 1872 eran ya 12 la existentes (8 nuevas) y en 1875 eran 22 (10 nuevas). El hierro de Vizcaya-Cantabria no contenía fósforo y que se embarcaba fácilmente y con poco coste, por su cercanía a la costa.

Las minas de plomo de Linares y La Carolina fueron para empresas francesas y británicas.

Las minas de cinc de Reocín Cantabria, fueron para los belgas de Compañía Asturiana de Cinc.

 

 

Evolución del comercio español en el XIX.

 

El comercio español del XIX fue muy escaso hasta 1854. Principalmente era exterior y colonial, y se basaba en el proteccionismo según ley de 1802 y otras muchas. La pérdida de América supuso una disminución del 50% del comercio español entre 1805 y 1820. España intentó recuperarse a partir de 1830 en los mercados americanos, pero era difícil. En general, el comercio fue siempre deficitario y de tipo colonial: se exportaban alimentos (principalmente vino), y materias primas minerales, mientras se importaba azúcar, café, cacao, tabaco, pescado salado y tejidos. En 1840 también se importaban grandes cantidades de hierro y de carbón pues la materia prima de buena calidad se buscaba en el exterior. El déficit comercial se compensaba con la colocación de deuda en el exterior y la entrada de capitales. Lo corriente en el XIX español era la confusión entre el liberalismo teórico y la conveniencia económica proteccionista, sin términos medios. Para los liberales puros, el librecambismo era un dogma de fe y no dudaban en perjudicar la producción interior. Para los fabricantes de harinas, vino y tejidos, el proteccionismo era un deber del Estado e imponían a los Gobiernos moderados una política absurda de precios altos. En 1854 hubo una buena coyuntura comercial debido a la Guerra de Crimea, que significó que Francia e Inglaterra necesitaron alimentos y minerales.

 

 

 

 

 

[1] La primera peseta apareció en 1808 en Barcelona en una moneda de 2,5 pesetas equivalentes a 5 reales de plata. En 1809, el Estado acuñó una moneda de 5 pesetas que sólo valía 8 reales de plata. En 1836 se acuñó por primera vez una moneda de 1 peseta. En 1937, se acuñó en cuproníquel de color amarillo y tenía en el anverso la cabeza de una mujer, que inmediatamente fue denominada “la rubia”.

[2] La moneda puede ser moneda mercancía (también llamada moneda objeto) si se cotiza a su valor como metal, o moneda fiduciaria si aparece un valor facial, o nominal, superior al valor de su soporte, o valor real (entonces se basa en la credibilidad o fe, fides en latín, que un Gobierno y los ciudadanos pretenden otorgarle). Por otro lado, puede ser de uso real si resulta adecuada para las transacciones corrientes, o ser moneda cuenta, esto es, de un uso que sólo sirve para contabilidad, de un valor inadecuado que sólo sirve para calcular y comparar precios, bien porque éste valor sea demasiado bajo y ya no se corresponda con el valor de casi ninguna mercancía, e incluso no exista como tal moneda, como ocurrió durante mucho tiempo con el maravedí y está ocurriendo con la peseta a partir de 2002, o porque sea demasiado alto y también apenas se corresponda con el valor de ninguna mercancía, como era el caso de la peseta de 1868.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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