GOBIERNO JUAN PRIM: 2º SEMESTRE DE 1869.

 

 

REGENCIA DE SERRANO,

    de 15 de junio de 1869 a 2 de enero de 1871.

 

El 7 de junio de 1869, al día siguiente de proclamar la nueva Constitución, las Cortes propusieron a Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre, como Regente hasta que se encontrase un Rey para España. El candidato juró la Constitución y fue reconocido oficialmente Regente el 15 de junio, y con ello quedó fuera del juego político, pues él era el Jefe Provisional del Estado, el encargado de nombrar Presidente del Poder Ejecutivo, pero el Gobierno lo nombraría el nuevo Presidente, Juan Prim i Prats.

La maniobra política había sido ejecutada por Juan Prim. Serrano era un hombre de relumbrón, amante de las grandes ceremonias, y podía estar muy a gusto como Regente de España. En cambio Prim era un gestor nato, un hombre de acción, y podría llevar mejor su programa de gobierno desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, una vez que Serrano era Regente, dejó de tener prisa por nombrar un nuevo Rey, lo cual convenía a Prim. Así, Prim tenía un poco más de tiempo para resolver el problema de la sucesión. El problema era peliagudo porque los Habsburgo de Austria no le convenían, los británicos no eran del gusto de Napoleón III, y los Borbones estaban descartados por su relación con María Cristina, la esposa de Fernando VII, y con Isabel, la Reina depuesta.

Antonio de Orleans, duque de Montpensier, creyó que era su oportunidad de regresar a España. Prim se lo impidió un tiempo, pero Serrano lo permitiría más tarde, en junio de 1869.

 

 

Disolución de Cortes en 1869.

 

Las Cortes fueron disueltas en 15 de junio de 1869 por un error de un funcionario y hubo cierto revuelo por ello. No hubo prisa por volver a convocarlas. No volverían a reunirse hasta 1 de octubre de 1869, por lo que Prim, el nuevo jefe de Gobierno, gobernaría sin Cortes tres meses y medio. Prim, en la cresta de su popularidad, se pudo permitir el lujo de prescindir de las Cortes un tiempo. Serrano, con su alejamiento del poder directo, hizo olvidar su pasado oscuro. Pero no era lógico que, en un periodo de crisis y jefatura del Estado vacante, se disolviesen las Cortes, entrando de hecho en situación dictatorial o de excepción, aunque transitoria. ¿Pero cuánto dura una situación transitoria en política? A veces, días, a veces, años. No era normal la disolución de Cortes.

Serrano tuvo la suerte de ser perdonado por la opinión pública debido a su pasado de haber intervenido en la represión del Cuartel de San Gil en 1866. Tal vez ello se debió a que Serrano había participado en la revolución de septiembre de 1868. La culpa de esa innecesaria violencia del Cuartel de San Gil se la llevaría Hidalgo en 1873, como el hombre que arrastró a los demás y se quedó en la trinchera sin intervenir. Un oficial de segunda fila serviría como chivo expiatorio.

¿Y por qué estaba Serrano en lo alto del poder, como Regente? Porque una vez conseguida la popularidad, Serrano representaba la posibilidad de consenso entre los monárquicos y republicanos, y resultaba una pieza importante de la revolución. Varias veces intentó sondear la posibilidad de instaurar una dictadura militar al estilo de las de la Tercera República Francesa, pero nunca tuvo partidarios. Serrano tuvo bastante con presumir de sus galones de capitán general, sus tres laureadas de San Fernando y su grandeza de España. No sirvió al objetivo que Prim esperaba.

 

 

 

GOBIERNO DE JUAN PRIM,

          18 JUNIO 1869-4 ENERO 1871.

 

 

Primera etapa del Gobierno Prim.

          18 junio 1869 – 25 agosto 1869.

 

Prim se estaba comportando en todo momento, desde septiembre de 1868, como si fuera Jefe de Gobierno, aunque antes de junio de 1869 figurara como tal Francisco Serrano. Prim era el hombre fuerte que sostenía a Serrano y tenía la adhesión de los militares y de la alta burguesía. Prim se ocupaba resolviendo el encargo de buscar un Rey, puesto que las elecciones habían dado un 80% de monárquicos, y se ocupaba de la coordinación de las fuerzas que debían sostener al Gobierno.

Una vez resuelto el problema de consolidación del sistema político, Prim tomó personalmente la Presidencia del Gobierno, sin abandonar nunca el Ministerio de Guerra, que era la base de su poder. No podía dejárselo a nadie, porque significaba el liderazgo del ejército triunfador en septiembre de 1868.

 

Prim formó Gobierno en 18 de junio de 1869:

Presidente del Consejo, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos, del Partido Progresista / 25 de agosto 1869: Juan Bautista Topete Carballo (interino) / 21 de septiembre de 1869: Juan Prim i Prats.

Estado, Manuel Silvela de La Vielleuze, de Unión Liberal / 1 de noviembre de 1869: Cristino Martos Balbí, progresista / 9 de enero de 1870: Práxedes Mateo Sagasta, progresista.

Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera[1], de Unión Liberal / 13 de julio 1869: Manuel Ruiz Zorrilla, progresista / 9 de enero 1870: Eugenio Montero Ríos, progresista / 25 de diciembre 1870: Práxedes Mateo Sagasta, progresista.

Guerra, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos, progresista / 25 de agosto de 1869: Juan Bautista Topete Carballo (interino) / 21 de septiembre de 1869: Juan Prim i Prats / 20 de marzo de 1870: Juan Bautista Topete Carballo / 25 de diciembre de 1870: Juan Prim i Prats.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo, de Unión Liberal / 6 de noviembre de 1869: Juan Prim i Prats (interino) / 9 de enero 1870: Juan Bautista Topete Carballo / 20 de marzo de 1870: José María Beranguer Ruiz de Apodaca, progresista.

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, progresista / 13 julio 1869: Constantino Ardanaz Undabarrena, progresista / 1 de noviembre de 1869: Laureano Figuerola Ballester / 2 de diciembre de 1869: Segismundo Moret Prendergast.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, progresista / 9 de enero de 1870: Nicolás María Rivero, demócrata.

Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, progresista / 13 julio 1869: José Echegaray Eizaguirre, progresista.

Ultramar, Juan Bautista Topete Carballo, de Unión Liberal / 13 julio 1869: Manuel Becerra Bermúdez, progresista / 31 de marzo de 1870: Segismundo Moret Prendergast, progresista.

 

Laureano Figuerola en Hacienda, Manuel Ruiz Zorrilla en Fomento, y Práxedes Mateo Sagasta en Gobernación, eran los representantes de los progresistas. Prim estaba prescindiendo de Juan Álvarez Lorenzana, progresista procedente de Unión Liberal, hasta entonces en Estado, y de Antonio Romero Ortiz, también procedente de Unión Liberal y hasta entonces Ministro en Gracia y Justicia.

También se excluía a los republicanos del Gobierno, incluso a los republicanos moderados o “cimbrios”. En las negociaciones, Prim intentó atraer a los demócratas cimbrios Cristino Martos, Manuel Becerra y José Echegaray para debilitar más la postura republicana intransigente, pero estos se negaron a aceptar carteras. El consenso era imposible.

Prim hizo el discurso de presentación del Gobierno el 19 de junio y, en adelante, a partir de octubre, procuró ir poco a las Cortes para no desgastarse.

 

 

La libertad de imprenta.

 

Contrariamente a lo esperado para un Jefe de Gobierno que gobernaba con las Cortes disueltas, Prim se comportó como un demócrata liberal. Era un liberal progresista.

El 20 de junio de 1869 presentó la ley de la libertad de imprenta o supresión de la censura previa. Con ello, intentaba acercarse a los demócratas.

El periodo de 1868-1873 se caracterizará por los esfuerzos a favor de estas libertades. La libertad de prensa morirá precisamente cuando lleguen al poder los republicanos que tanto demandaban libertad: en 20 de septiembre de 1873, los republicanos, que tanto habían protestado contra la censura y la falta de libertad en la oposición, comenzaron a poner restricciones a la libertad de prensa, una vez que ellos estaban en el poder, y las leyes contra la libertad de prensa se endurecerían el 22 de diciembre de 1873 (Castelar). Luego, la llegada de los conservadores de Cánovas en 1874, significaría el completo control de la prensa por el Gobierno, y 13 de julio de 1874, facultaría a las autoridades gubernativas para supresiones urgentes de órganos de prensa.

 

 

Reforma impositiva de Figuerola[2].

 

El 12 de julio de 1869 se aprobó la Ley de Bases Arancelarias conocida como “ley Figuerola”. El problema que se trataba de combatir era la debilidad del comercio español en exportaciones. Paralelamente, se intentó paliar la deuda pública, que era de unos 22.000 millones de reales y se tomaron préstamos poniendo como garantía las minas, liberalizadas el 1 de enero de 1869.

En las alusiones a esta Ley de Bases Arancelarias de 1869 suele citarse esta ley como el “Arancel Librecambista”, o el “Arancel de Figuerola”. Este arancel fue la base de los monopolios extranjeros en España. Los monopolios permanecieron veinte años hasta que surgió la industria vasca y les hizo competencia en el hierro. Esta ley será abolida en 1875.

La Ley de Bases Arancelarias de 12 de julio de 1869 suprimiendo restricciones para importar y exportar de España, y eliminando varios derechos extraordinarios sobre las mercancías, ponía un arancel máximo del 15%. El proyecto contemplaba una disminución progresiva del arancel hasta su total desaparición en 1881. La desaparición de los aranceles no suponía la desaparición de impuestos meramente fiscales.

La ley de Bases Arancelarias de 1869 intentaba un librecambismo que debería conducir a España a una integración en Europa.

Los resultados de la liberalización de Figuerola fueron: que las exportaciones se diversificaron y las importaciones cambiaron entrando menos alimentos y más materias primas al país; que llegaron los inversores europeos, pero no para crear en España las industrias de transformación, sino que se llevaban la materia prima a sus países de origen. Creaban puestos de trabajo para la extracción barata del mineral, pero no industrializaron a España. Al Gobierno le faltó una regularización de esa libertad de explotación minera, es decir, una cierta exigencia sobre los capitalistas. En 1870 se concedió el mercurio de Almadén a los Rothschild, y en 1873 se vendió el cobre de Riotinto a los británicos. Como el Estado español estaba en constante bancarrota, se hizo rehén de los prestamistas extranjeros.

Se pensaba también suprimir el “impuesto de puertas y consumos” para favorecer el mercado interior y abaratar la comida, pero el tema iba a resultar muy difícil y se pospuso.

 

 

Evolución del comercio español en el XIX.

 

El comercio español del XIX fue muy escaso hasta 1854. Principalmente era exterior y colonial, y se basaba en el proteccionismo según ley de 1802 y otras muchas. La pérdida de América supuso una disminución del 50% del comercio español entre 1805 y 1820. España intentó recuperarse a partir de 1830 en los mercados americanos, pero era difícil. En general, el comercio fue siempre deficitario y de tipo colonial: se exportaban alimentos (principalmente vino), y materias primas minerales, mientras se importaba azúcar, café, cacao, tabaco, pescado salado y tejidos. En 1840 también se importaban grandes cantidades de hierro y de carbón pues la materia prima de buena calidad se buscaba en el exterior. El déficit comercial se compensaba con la colocación de deuda en el exterior y la entrada de capitales. Lo corriente en el XIX español era la confusión entre el liberalismo teórico y la conveniencia económica proteccionista, sin términos medios. Para los liberales puros, el librecambismo era un dogma de fe y no dudaban en perjudicar la producción interior. Para los fabricantes de harinas, vino y tejidos, el proteccionismo era un deber del Estado e imponían a los Gobiernos moderados una política absurda de precios altos. En 1854 hubo una buena coyuntura comercial debido a la Guerra de Crimea, que significó que Francia e Inglaterra necesitaron alimentos y minerales.

 

 

Estabilización de la deuda.

 

Prim consiguió que, en los años 1869 y 1870, la banca alemana, británica y francesa financiaran la totalidad de la deuda del Estado cifrada en 5.000 millones de pesetas, lo cual ponía las bases para empezar un nuevo sistema político. A cambio tenía que entregar las minas españolas. También tuvo que hacerse cargo de los ferrocarriles que eran deficitarios y no les apetecían a los inversores extranjeros.

Como medidas transitorias de relanzamiento de la economía se subvencionó la contratación de jornaleros a fin de combatir el paro que alcanzaba cifras tremendas en Andalucía (se cree que superiores al 50%).

 

 

Crisis de Gobierno de julio de 1869.

 

Un mes después de formar Gobierno, el 14 de julio de 1869, le dimitieron a Prim los ministros de Justicia (Cristóbal Martín de Herrera, de Unión Liberal), de Hacienda (Laureano Figuerola, progresista) y de Ultramar (Juan Bautista Topete, de Unión Liberal) y hubo una remodelación:

Gracia y Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla (que abandonó Fomento).

Hacienda, Constantino Ardanaz.

Fomento, José de Echegaray Eizaguirre[3].

Ultramar, Manuel Becerra Bermúdez.

Con estos nombramientos se trataba de seguir acercándose a los demócratas cimbrios, al mismo tiempo que se atacaba a los demócratas federales republicanos, en este momento ya en contacto con los socialistas.

Prim lanzó a Sagasta contra los republicanos federales. La idea era provocar rebeliones republicanas y acabar con ellos durante la represión de la sublevación.

El cierre de las Cortes fue aprovechado por Prim para restablecer la ley de 17 abril de 1821 sobre las causas de rebelión. Esta medida había ido encaminada en su momento contra las sublevaciones republicanas y carlistas, y en verano de 1869, se retomaba de forma antidemocrática, con las Cortes cerradas. Entonces Prim se mostró como un tipo conservador tradicional español, fusilando sin juicio previo y aterrorizando al enemigo para luego ofrecer clemencia y aparecer como pacificador. Estaba perdiendo las formas de progresista. La idea final era pacificar España y ponerle un Rey que reanudara las condiciones favorables a los negocios.

 

 

Problemas en el verano de 1869.

 

El 1 de agosto de 1869 empezó la negociación con Estados Unidos sobre la venta de Cuba.

En verano de 1869 se produjeron los primeros alzamientos carlistas de esta época. Se identificaban por la boina. Pero no llegó a haber insurrección generalizada sino solamente aparición de partidas de guerrilleros. Este fracaso condujo a los carlistas a acordarse de Cabrera, que en estos años era ya un personaje mítico.

Respecto al catalanismo, debemos apuntar que la Constitución monárquica de junio de 1869 y la poca “comprensión” del Congreso de los Diputados, incluidos los diputados republicanos, hacia el federalismo y el cantonalismo cuando las Cortes estuvieron abiertas, condujeron a los catalanistas a una nueva postura, la de ataque y destrucción del Estado español como vía para conseguir su Estado catalán.

En otoño de 1869 habría levantamientos en Cataluña, Aragón y Valencia, los cuales fueron reprimidos por el Estado español. Ello convenció a los recién aparecidos anarquistas y regionalistas catalanes de que no había más solución que destruir el Estado, pues de otro modo no obtendrían el Estado catalán, que algunos pensaban transformar después en un territorio anarquista.

Igualmente pensaban los “regionalistas”, partidarios de un Estado catalán. Comprendieron que no obtendrían su Estado por la vía de la negociación.

Argumentaban ambos que el Gobierno de Madrid no había cumplido las promesas de 1868: bajada de impuestos indirectos de puertas y consumos, y supresión de quintas. Al contrario, había suprimido la Milicia Nacional, que los progresistas presentaban hasta entonces como símbolo de la democracia, y los catalanistas y socialistas veían como la oportunidad de realizar sus respectivos proyectos. Entonces convocaron la rebelión de otoño de 1869 en todo el Reino de Aragón.

 

 

Carlos VII de Borbón.

 

En julio de 1869 empezó de nuevo el movimiento carlista:

El primer líder del Carlismo fue Carlos V durante 1833-1846. Casado con Francisca de Braganza, tuvo dos hijos llamados Carlos y Juan. Casado en segundas con María Teresa de Braganza princesa de Beira, ésta fue la verdadera “dirigente en la sombra” del carlismo en los años siguientes. En 1850, tras el escándalo del amancebamiento de Carlos VI con Adelina de Horsay, la princesa de Beira hizo que Carlos VI abdicara la jefatura de la Casa Real Carlista en su hermano Juan. Juan se había casado con María Beatriz de Austria Este, con la que tuvo dos hijos llamados Carlos y Alfonso. Juan era de ideas liberales, pero la princesa de Beira y su madre Beatriz se encargaron de educar a Carlos VII y a Alfonso en ideas católicas y autoritarias. El absolutismo se veía ya inviable en Europa. Juan fue jefe de la Casa Real de 1850 a 1868.

En 1868 apareció Carlos VII, el hijo de Juan, como nuevo candidato carlista al trono español y jefe de la Casa de Borbón rama carlista. Se llamaba Carlos de Borbón y Austria de Este, Carlos VII. Había nacido en Laybach en marzo de 1848. Murió en Varesse en 1910.

Carlos VII se mostró a muchos viejos carlistas como un aventurero que, cuando vio próxima la caída de Isabel II, en julio de 1868, reunió a los carlistas en Londres y preparó su llegada al trono español. A esta reunión no asistió Cabrera, que estaba disgustado con el partido y con el candidato nuevo. Lo primero que hicieron los carlistas, al tener un nuevo líder, fue ir a París y conseguir la abdicación formal de Juan de Borbón, cosa que tuvo lugar en 3 de octubre de 1868. Y el carlismo volvió a renacer. Carlos VII tomó el título de duque de Madrid y fijó su residencia en París. Isabel II le fue a ver algunas veces a París, y se habló de la posibilidad de casar a Alfonso de Borbón (Alfonso XII) con Blanca de Borbón, hija única de Carlos VII, pero se dijo que sólo eran habladurías.

Carlos VII entró en España a reivindicar sus derechos al trono en 1869, a los 21 años de edad, cuando sus partidarios habían preparado multitud de levantamientos (Pamplona, La Mancha, Extremadura, Astorga, Toledo, Palencia) que fueron siempre fracasos. Los carlistas llamaron de nuevo a Cabrera para que les dirigiera, pero Cabrera se negó a dirigir una masa tan heterogénea de gentes. El nuevo jefe provisional era el viejo general Elío. El mayor problema era conseguir la financiación para una guerra, pues los banqueros europeos consideraban muy arriesgado un préstamo a los carlistas. Por fin Cabrera se decidió a ser el jefe de la sublevación y esta se lanzó:

El primer pueblo en intentar el pronunciamiento por el carlismo fue Figueras (Gerona) en julio de 1869, pero el pueblo no siguió a los que les arengaban y fue un fracaso. Luego sucedió lo mismo en Pamplona el 23 de julio. Tuvieron más éxito los carlistas en La Mancha, Extremadura, Astorga, Toledo y Palencia, pero se trataba de pequeños grupos que fueron reducidos en poco tiempo. Cabrera dimitió en febrero de 1870 viendo que todo era un desorden absurdo. El asunto era grave, pues la única persona con prestigio se les iba, y Carlos VII decidió asumir personalmente la jefatura militar el 18 de abril de 1870.

Entonces hubo un intento de invasión de carlistas procedente de Francia y capitaneado por Regino Mergeliza Vera, pero que no era más que una trampa de Antonio Escoda, jefe de carabineros de Navarra que quería apresarles y apuntarse una medalla. Escoda fue descubierto a tiempo y los carlistas no cayeron en la trampa. Otra expedición carlista entró en Perpiñán, pero fue vencida y hubo de volver a Francia. Para colmo de males carlistas, se enteraron en diciembre de que el duque de Aosta, Amadeo, aceptaba el trono español y protestaron lo que pudieron.

Tras el fracaso de un golpe popular, decidieron presentarse a las elecciones de 1871, en el reinado de Amadeo y consiguieron 79 diputados, cuyo jefe era Cándido Nocedal y cuya labor en Cortes era votar contra todo. Su actitud les hizo perder diputados en 1872 y entonces se impuso el sector militar carlista y decidieron hacer la guerra. Francamente se lo pusieron difícil a Amadeo.

 

 

Gobierno interino de Topete[4],

25 agosto 1869- 21 septiembre 1869.

 

Prim viajó a Francia a finales de agosto de 1869. Dejaba a Juan Bautista Topete la Presidencia interinamente y el Ministerio de Guerra en titularidad. A Prim, le acompañaban en el viaje: Manuel Silvela, Ministro de Estado (Exteriores), y Salustiano Olózaga (embajador en Francia). Las funciones de Silvela en el ministerio de Estado las asumió interinamente Manuel Becerra Bermúdez.

La empresa de poner un Rey que no fuera Isabel II ni su hijo Alfonso, requería la aprobación de las potencias extranjeras, pues se podía romper el equilibrio de fuerzas en Europa, y también del consenso de los españoles, pues se pretendía que el sistema político fuese duradero.

En ese viaje, Prim habló con Napoleón III[5] sobre las posibles candidaturas al Reino de España. También se entrevistó con María Cristina y con su marido Agustín Muñoz duque de Riánsares, para que no pusieran inconvenientes a un nuevo rey. Por último se entrevistó con Daniel E. Sickles, embajador de Estados Unidos planteándole la posibilidad de abandonar Cuba pero con la exigencia de que los rebeldes cubanos depusieran previamente las armas. Como los cubanos no tenían más argumento que sus armas, se negaron a abandonarlas.

 

 

El proyecto monárquico.

 

El primer candidato de Prim, a propuesta de los progresistas y demócratas, había sido Fernando de Coburgo. Fernando de Coburgo era viudo de María de la Gloria de Portugal y podía significar la unión ibérica. Ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Portugal, ni Fernando de Coburgo aceptaron. Ya hemos contado más arriba que este candidato estaba descartado.

El segundo candidato de Prim había sido el hombre que le había apoyado financieramente en el golpe de 1868, Antonio de Orleans duque de Montpensier. En este caso, el discurso de Prim negando que un Borbón pudiera hacerse cargo de la Corona de España, se contradecía con la nueva candidatura, aunque fuera en otra línea de los Borbones. El duque de Montpensier era el candidato de los unionistas, y si este grupo iba a más, habría que tener en cuenta a su candidato. Prim rectificó diciendo que sólo vetaba a los Borbones descendientes de Isabel II.

Antonio Felipe de Orleans, duque de Montpensier, o más bien su esposa Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, eran apoyados por católicos y miembros de Unión Liberal, capitaneados por Juan Bautista Topete. Los Montpensier habían participado con dinero en contra de Isabel II en el golpe de 1868 y eso les descalificaba entre los sectores más conservadores. Napoleón III de Francia se oponía también a que un Borbón Orleáns reinase en España, porque Antonio de Orleáns, duque de Montpensier era el quinto hijo del depuesto rey de Francia en 1848, Luis Felipe de Orleáns. Su mujer, María Luisa Fernanda de Borbón, era hermana de Isabel II, y fue la que regaló al Ayuntamiento de Sevilla unos terrenos que se conocen con su nombre, “Parque de María Luisa”. Antonio Felipe se había mostrado desde 1845 contrario a Isabel II, e incluso había apoyado las conspiraciones de 1868, pero estaba vetado por los militares progresistas españoles porque nunca se había comprometido con ningún golpe liberal o una guerra de las muchas que había hecho España en el reinado de Isabel II. También había coqueteado con los ultramontanos franceses antes de ofrecerse a los liberales españoles, y seguía siendo católico tradicional.

Enrique de Borbón, que era primo de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, acabó con la candidatura de éste. Enrique era hermano de don Francisco de Asís, el marido, y primo también por otra parte, de Isabel II. Sus méritos consistían en tener un alto rango en la masonería por sus discursos e iniciativas pro-republicanas.

Enrique, en un artículo de prensa, acusó a Antonio de estar en una conspiración contra Napoleón III y de haber organizado otra, ya fracasada. Antonio de Montpensier desafió a Enrique de Borbón en duelo, el cual tuvo lugar en la Dehesa de los Carabancheles, portazgo de las Ventas de Alcorcón, el 12 de marzo de 1870, duelo que acabó con la muerte de Enrique y la descalificación de Antonio Felipe de Orleans para el trono. Antonio fue condenado en consejo de guerra a un mes de inhabilitación y pago de 6.000 duros a la familia del muerto.

 

Otro proyecto de Prim fue el italiano, primero con Amadeo de Saboya I duque de Aosta, y después lo fue Tomás Alberto de Saboya duque de Génova, pero ambos rechazaron la propuesta. La prensa española añadió a éstos la candidatura de Eugenio Emmanuel de Saboya-Villafranca, príncipe de Carignano. Los italianos se negaron a aceptar una candidatura poco fiable tanto dentro de España como entre las potencias internacionales. El Ministro de Estado, Manuel Silvela, presentó el 17 de diciembre de 1869 la candidatura de Tomás Alberto duque de Génova, pero no tenía apoyos en España ni en Europa y fracasó enseguida.

Y una vez tratados los asuntos internacionales, con no mucho éxito, Prim volvió a asumir el poder.

 

 

Segunda etapa del Gobierno de Prim,

          21 septiembre 1869 – 27 diciembre 1870.

 

El ministerio volvió a los Ministros titulares de 18 de junio 1869, con los cuatro cambios de 13 de julio de 1869. El 1 de octubre fueron reabiertas las Cortes.

 

Presidente del Consejo, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos / 27 diciembre 1870: Juan Bautista Topete Carballo.

Estado, Manuel Silvela La Vielleuze / 1 noviembre 1869: Cristino Martos Balví / 9 enero 1870: Práxedes Mateo Sagasta / 27 diciembre 1870: Juan Bautista Topete Carballo.

Gracia y Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla / 20 diciembre 1869: Eugenio Montero Ríos, interinamente / 9 enero 1870: Eugenio Montero Ríos, como titular / 25 junio 1870: Laureano Figuerola Ballester.

Guerra, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos (25 agosto a 21 septiembre 1869: Juan Bautista Topete Carballo) / 27 diciembre 1870: Juan Bautista Topete Carballo como titular, pero ejercía el puesto José Sánchez Bregua.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo / 6 noviembre 1869: Juan Prim y Prats / 9 enero 1870: Juan Bautista Topete Carballo / 20 marzo 1870: José María Beránger Ruiz de Apodaca / 23 noviembre 1870: Juan Bautista de Antequera Bobadilla.

Hacienda, Constantino Ardanaz /1 de noviembre 1869: Laureano Figuerola Ballester / 2 diciembre 1870: Segismundo Moret Prendergast.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta / 9 enero 1870: Nicolas María Rivero / 25 de diciembre 1870: Práxedes Mateo Sagasta.

Fomento, José Echegaray Eizaguirre.

Ultramar, Manuel Becerra Bermúdez / 31 de marzo de 1870: Segismundo Moret Prendergast / 27 diciembre 1870: Adelardo López de Ayala.

 

En los meses siguientes los cambios fueron frecuentes los cambios de Ministros. Del cuadro anterior se deduce que las fechas de cambios importantes en el Gobierno fueron:

1 de noviembre de 1869:

Silvela había dimitido en Estado, y Ardanaz en Hacienda.

Estado, Cristino Martós Balbí.

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester.

Marina, Juan Prim i Prats, el 6 de noviembre.

9 enero 1870:

Estado, Práxedes Mateo Sagasta.

Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo.

Gobernación, Nicolás María Rivero.

No era un Gobierno homogéneo. Las principales discordancias con Prim las tenían Nicolás María Rivero desde Gobernación y Eugenio Montero Ríos desde Gracia y Justicia.

Marzo de 1870: el 19 de marzo de 1870 se produjo la ruptura entre Prim y los progresistas radicales.

20 de marzo, abandonó Topete el ministerio de Marina, y pasó a gobernarle José María Beránger Ruiz de Apodaca.

31 de marzo, abandonó Becerra el ministerio de Ultramar y pasó a ejercerlo Segismundo Moret Prendergast.

27 de diciembre 1870, día del asesinato de Prim:

Presidencia del Consejo, Juan Bautista Topete Carballo.

Guerra, Juan Bautista Topete Carballo.

Ultramar, Adelardo López de Ayala.

 

Como presidente del Gobierno, Prim negoció personalmente con los Estados Unidos durante este periodo de Gobierno, y no por intermedio de Manuel Becerra Bermúdez como venía haciendo hasta el momento. Eso era una ventaja, porque Becerra era un hombre poco flexible. Pero Prim no se bajó de la condición de desarme previo de los rebeldes y no hubo acuerdo. Es más, los cubanos mandaron dinero a España para apoyar sublevaciones republicanas y debilitar así al Gobierno de España.

 

 

Discrepancias entre los republicanos federales.

 

En los últimos días de septiembre de 1869, los obreros mostraron su descontento con que la constitución fuera monárquica y con que los Voluntarios de la Libertad hubieran sido desarmados. Se sublevaron unos 40.000 hombres en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía. En los desórdenes participaban dos diputados, Pau Alsina i Rius y Baldomer Lostau i Prats, y un periodista, Celso Gomis. Pero entonces apareció un desacuerdo entre los federales: los catalanes querían una República Federal que permitiera una revolución socialista, en las regiones donde ello fuera posible, mientras los andaluces querían “juntismo”, es decir, democracia populista, y la posesión de la tierra. Las discrepancias fueron más allá, y acabaron enfrentados los obreros y los republicano-federales. Los dirigentes catalanes se exiliaron a Francia.

 

 

Cortes y autoritarismo a fines de 1869.

 

El 1 de octubre de 1869 se abrieron las Cortes tras un periodo “vacacional” que había durado tres meses y medio. Para entonces ya se sabía que la sublevación federal estaba en marcha y se habían celebrado Pactos Federalistas.

Sagasta decidió suspender las garantías constitucionales. Sagasta dijo que los derechos individuales, cuando se definían como absolutos, inalienables e imprescriptibles, eran “inaguantables”. Este dicho no era una ocurrencia, pues sabiendo que Sagasta era el jefe de la “partida de la porra”, la cual provocaba desórdenes públicos para a continuación hacer intervenir a las fuerzas del orden reprimiendo a sus enemigos políticos, tenían un significado muy especial. Práxedes Mateo Sagasta era un tipo inmoral, que se dedicaba a radicalizar a sus enemigos para luego hacer valer sus propias ideas. Por otra parte, era un hombre de palabra, y sería a partir de 1874, un buen complemento para el sistema canovista.

Figueras se quejó y acusó a Prim de buscar la dictadura. Figueras dijo que él condenaba la violencia, pero que los federalistas estaban actuando de buena fe, y que había que comprender los desórdenes habidos teniendo en cuenta los muchos abusos que había que corregir en España.

Posteriormente, los federales se levantaron de sus escaños y abandonaron el Congreso en protesta por la suspensión de garantías constitucionales.

Había que votar un plan de Gobierno para 1870 y se planteó si habría llamamiento de quintas, pues el peligro era inminente, aunque la promesa de abolirlas no se cumpliera con ello.

La finalidad de la suspensión de garantías constitucionales, aprobada el 5 de octubre, era doble. Se quería aprovechar el estado de excepción, primero, para atacar a los carlistas y, en segundo lugar, para combatir la sublevación de los federalistas.

 

 

El carlismo a fines de 1869.

 

Respecto al primer punto, el carlismo, en octubre de 1869 los carlistas nombraron a Cabrera como jefe político y militar del movimiento carlista. Cabrera aceptó en noviembre, pero puso como condición que Carlos VII se marchase de España y, efectivamente, Carlos se fue a Ginebra. Entonces Cabrera reorganizó el carlismo:

Creó una Junta Central con Joaquín Elío, José Martínez Tenaguero, Vicente Alcalá del Olmo y Cándido Ortiz de Pinedo.

Creó una “Asociación Católico Monárquica” que debía reclutar gente para el carlismo.

Redactó un documento de ideas básicas del carlismo.

Entonces Cabrera entró en conflicto con los neocatólicos (ultramontanos o integristas), porque a éstos les parecía liberalizante el documento de ideas básicas de Cabrera. Cabrera dimitió el 1 de marzo de 1870.

 

 

Postura gubernamental frente a los federales.

 

Respecto al segundo punto, la sublevación federal, el ejemplo de cómo se trató a las partidas sublevadas lo tenemos en Julián Antero de Zugasti y Sáenz[6]. Éste organizó una Partida de Seguridad Pública al servicio del Gobierno y empezó a aplicar “medidas reservadas”, entre ellas la “ley de fugas”, que causó un centenar de muertos en Andalucía, casi todos de partidas de guerrilleros-bandoleros. Muchos estudios lo tratan como bandolerismo.

Los sucesos habían empezado el 20 de septiembre en Tarragona donde los republicanos federales habían asesinado a una autoridad local. También se había sublevado la milicia catalana y ésta empezaba a destruir ferrocarriles, telégrafo y puentes. Las sublevaciones se contagiaron a Zaragoza y Valencia y duraron hasta el 18 de octubre. Prim suprimió ayuntamientos republicanos y milicia catalana hasta acabar con ellos.

Pero estos sucesos de septiembre-octubre de 1869 estaban ya preparados desde el verano anterior: Los federales se habían agrupado mediante pactos regionales y habían empezado a coordinarse para luchar por una República Federal. Andalucía, Extremadura y Murcia se reunieron en Córdoba; las dos Castillas, en Valladolid; Galicia y Asturias, en La Coruña; El País Vasco, en Éibar, con presencia de Pi y Margall con el pretexto de que su mujer, Petra Arsuaga, era vasca. Los representantes de todos los pactos se habían reunido en Madrid el 30 de junio de 1869  y habían hecho un Pacto Nacional (que en el lenguaje de la época significaba “general”), y creado un Consejo Federal, que publicó un manifiesto: “Constitución del País en República Democrática Federal”, que pedía autonomía municipal y regional-nacional.

Una vez más la violencia parecía hacer imposible el desarrollo democrático normal en España. Los militares opinaban que se debía eliminar física y sistemáticamente a los cabecillas que organizaban estos motines. Para Prim, dominar el ejército y mantenerlo dentro del campo de la democracia, era un gran esfuerzo.

 

 

La candidatura de Tomás Alberto de Saboya.

 

En octubre de 1869, Prim creía que debía ser Rey de España Tomás Alberto de Saboya, duque de Génova, un niño de 15 años que era sobrino de Víctor Manuel II de Italia y huérfano de padre. Prim presentó la idea a los ministros y a las Cortes, y éstas admitieron la candidatura por 128 votos a 62. La presentación del candidato significó la dimisión de Manuel Silvela, Constantino Ardanaz y Juan Bautista Topete, que reclamaban el cumplimiento de la promesa de Prim de poner a Antonio de Montpensier como Rey. Topete retiró la dimisión, pero luego volvió a dimitir el 6 de noviembre definitivamente. Silvela fue sustituido por Cristino Martos en Estado, y Ardanaz por Laureano Figuerola en Hacienda el 2 de noviembre de 1869.

Cambios en el Gobierno, del 1 al 6 de noviembre de 1869:

Marina, Juan Prim i Prats

Estado, Cristino Martos Balbí

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester

 

 

Las polémicas Cortes de fines de 1869.

 

El 27 de noviembre los republicanos volvieron a las Cortes. Pi y Margall explicó que venían a defender la libertad, y Prim les contestó que se habían marchado para ponerse al frente de los revolucionarios y que ahora volvían derrotados, no a defender la libertad, sino a tratar de imponer una minoría federal a la mayoría parlamentaria y social de España.

El 1 de diciembre de 1869, Laureano Figuerola levantó una vieja polémica de 1854, cuando acusó a María Cristina y a Isabel II de haber robado las joyas de la Corona. Se levantó un escándalo, y Prim lo resolvió nombrando una comisión que estudiara el asunto y que nunca hizo nada, cosa demasiado habitual en política (“si quieres que nada se resuelva, nombra una comisión”).

En diciembre de 1869 Prim restableció las libertades constitucionales y acabó el estado de excepción.

El 18 de diciembre de 1869, Castelar acusó al Gobierno de debilidad por admitir en las Cortes a los diputados que se habían sublevado en octubre, y Prim respondió que tenía apoyos en la mayoría y que pronto tendría Rey en la persona del duque de Génova. Pero entonces se recibió una nota de Italia no aceptando esa candidatura y el proyecto de Prim se vino abajo.

 

 

El catolicismo autoritario.

 

El 8 de diciembre de 1869 se reunió el Concilio Vaticano I y a él acudieron 43 obispos españoles. La Iglesia Católica se refundaba, evolucionando a un autoritarismo papal muy fuerte, confirmado más tarde en los dogmas decretados de la infalibilidad del Papa y en el dogma de la Purísima Concepción, dos imposiciones que eran muestra del nuevo talante autoritario del Papa, y los españoles tenían mucho que ver con ese nuevo modelo católico.

 

 

La reforma del Ministerio de Estado.

 

En 1869, Manuel Silvela inició la reforma del Ministerio de Estado, actuales asuntos exteriores. Esta reforma la había iniciado Floridablanca en el XVIII, la había adelantado Martínez de la Rosa en 1834 y había tratado de completarla Manuel Pando Pinedo marqués de Miraflores en 1851 en tiempos de Bravo Murillo. Silvela tampoco tuvo tiempo de llevarla a cabo, y la continuaron Fernando Fernández de Córdova y Cristino Martos en 1871, reinando Amadeo I de Saboya.

Se hicieron cambios significativos en la plantilla y estructura del Ministerio y sobre todo, se despejó el Ministerio de asuntos que no eran de política exterior, se rebajó el número de funcionarios y los salarios de los funcionarios, al tiempo que se rebajaban los de los demás ministerios, se acometió la reforma consular, se reguló el escalafón de la carrera diplomática, de la carrera consular y de los intérpretes. Se dieron normas de funcionamiento interno para la gestión de cada asunto concreto.

En Ley orgánica de 1870, se decidió que los diplomáticos españoles tuvieran nivel de conocimientos suficiente, similar al de los diplomáticos europeos y se fijaron nuevas normas de ingreso en la carrera diplomática: se requería ser español, mayor de 18 años, haber acreditado buena conducta y aprobar el examen de ingreso en la carrera. Había dos tipos de exámenes:

El examen superior se hacía ante un tribunal presidido por el Subsecretario de Estado e integrado por dos Jefes de Secretaría y los profesores de Universidad que parecieran pertinentes. Los aspirantes eran examinados de Gramática Castellana, Geografía, Historia General e Historia de España, Elementos de Derecho, y una lengua viva distinta del francés, idioma que se consideraba obligado hablarlo fluidamente. Los que aprobaban este examen se saltaban los primeros grados de la carrera diplomática.

El examen inferior sólo daba acceso a agregado de tercera clase y la prueba constaba de dos exámenes, uno teórico y otro práctico, pero sin estar ante un tribunal: el examen teórico versaba sobre temas de Historia Política de España y América, Tratados Internacionales de Paz y comercio a partir del Tratado de Westfalia, Derecho Natural de Gentes, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Marítimo, Nociones de Economía Política y Administración, y una lengua viva distinta del francés que se suponía obligatorio. El examen práctico versaba sobre el modo de hacer un expediente con su extracto y su informe, el modo de redactar una nota diplomática, formulismos de cancillería, y conocimientos de reglamentos.

Aunque el intento fue loable, como lo habían sido los de 1834, 1835 y 1851, tampoco en 1870 se logró profesionalizar la diplomacia española en el sentido de que fuera gestionada toda ella por funcionarios de carrera bien preparados. Se recurría a un truco, el de nombrar Ministros Plenipotenciarios y Embajadores “en comisión de servicios” y “por circunstancias especiales”. De este modo, se nombraba a individuos que no eran de la carrera diplomática. Algunos gobernantes justificaban esta actuación porque estos funcionarios de comisión de servicios, al cesar en su misión, no cobraban, ni conservaban derecho alguno, y así el Estado se ahorraba unos sueldos. La realidad era que los políticos más destacados eran “retirados” a las embajadas de París, Londres, Roma o Lisboa, legaciones que estaban completamente copadas. A Dos Sicilias y a Rusia iban casi siempre nobles de las más altas casas nobiliarias, los cuales se pagaban sus propios gastos de viaje y estancia, y no cobraban nada del Estado. Y los hijos de diplomáticos importantes eran colocados por su padre como agregados de embajada. Los profesionales de carrera diplomática sólo tenían acceso a legaciones de menos categoría. Y así, la diplomacia española seguía siendo casi tan mala como siempre.

El diplomático español no tenía miedo al ridículo de aparecer como un ignorante en cualquier Corte europea. Donoso Cortés, uno de nuestros más insignes pensadores del XIX, aceptó la embajada de Prusia en 1848 sin saber nada de alemán, y tampoco lo aprendió estando en su destino y, sin embargo, presumía tras su regreso de conocer perfectamente los asuntos alemanes. Istúriz, Presidente del Gobierno en 1836, tras estar en Londres en 1847-1848, en 1850-1854, y en 1858-1862, no aprendió nunca el inglés, y sólo lo chapurreaba. Todos los diplomáticos españoles decían saber francés, pero lo hablaban “españolizado”, de modo que ellos no entendían lo que se les decía en esa lengua y apenas se hacían entender. Sabían lo suficiente como para aprobar un examen de poca exigencia, pero nada más, y no les importaba. Algunos de ellos hacían informes del país en el que estaban  y se inventaban todo el informe, y lo normal era contratar a cualquiera que les hablara de los temas del país, darle credibilidad total sin contrastar los hechos, y realizar sus informes con esos pocos datos. Se culpó de este defecto de no saber idiomas a que los funcionarios pasaban poco tiempo en el cargo y, precisamente por ello, no presentaban ningún interés en aprender el idioma. Pero la verdad era que las embajadas se veían más bien como premios y como retiros políticos de determinados personajes. Era normal que un embajador se dedicase a un asunto concreto y descuidara todos los demás que iban surgiendo en el día a día.

Las embajadas españolas eran bastantes. El máximo número se alcanzó en 1865 con 40 legaciones. Cada legación estaba atendida por entre 3 y 5 personas más los agregados que tuviera atribuidos. Pero en épocas de escasez de recursos, el personal se reducía a dos personas por embajada.

Posteriormente a esta reforma de 1870, hemos de decir que la Primera República, que presumía de muy revolucionaria, apenas hizo más que cambios terminológicos. Por ejemplo: al Subsecretario de Estado le llamó Secretario General; suprimió el cargo de Introductor de Embajadores, entendiendo que aquello era propio de los reyes; extinguió las órdenes de Carlos III, Damas Nobles de España y Orden de Isabel la Católica, porque sonaban a monárquico; sustituyó la Comisaría General de los Santos Lugares por la Administración de la Obra Pía, y más tarde suprimió esta Administración; prescindió de tratamientos y de escalafones dentro de un mismo departamento, alegando que ello era más democrático que los antiguos tratamientos de respeto.

Las reformas reales hechas por la Republica se limitaron a crear una dependencia de Registros y Estafetas, y hacer una reorganización de plantillas. Y como además esas disposiciones apenas tuvieron tiempo de establecerse, pues los funcionarios de Estado se disgustaron y no las practicaban, y fueron abolidas en 1874, aunque alguna permaneció hasta 1888, no citaremos este apartado en el capítulo que dediquemos a la República.

 

 

Gobierno interino de Juan Bautista Topete Carballo.

    De 27 de diciembre 1870, a 4 de enero 1871.

 

Presidente del Consejo de Ministros, Juan Bautista Topete Carballo.

Estado; Juan Bautista Topete Carballo.

Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos.

Guerra, Juan Bautista Topete Carballo.

Marina, José María Beránguer Ruiz de Apodaca.

Hacienda, Segismundo Moret Prendergast.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

Fomento, José de Echegaray Eizaguirre.

Ultramar, Adelardo López de Ayala.

 

 

[1] Cristóbal Martín Herrera 1831-1878 fue ministro de Gracia y Justicia en junio de 1869, de Ultramar en enero de 1872, de Fomento en septiembre de 1875, de Gracia y Justicia en diciembre de 1875 y de Ultramar en enero de 1877.

[2] Laureano Figuerola Ballester nació en Calaf (Barcelona) en 1816 y fue catedrático de Derecho Administrativo y Economía Política en Barcelona. Murió en 1903.

[3] José de Echegaray Eizaguirre 1832-1916 era un ingeniero de Caminos, experto en matemáticas y física, hijo de un profesor de instituto de Murcia, que en 1846 fue a Madrid a estudiar en el Instituto de San Isidro y más tarde en la Escuela de Ingenieros de Madrid. Trabajó como ingeniero en Almería y en Granada, hasta que en 1854 fue profesor de la Escuela de Ingenieros, dando las asignaturas de matemáticas y de física y química. En 1868 ingresó en el Partido Radical de Ruiz Zorrilla y fue ministro de Fomento en 1869, y en 1872 (momento en que hizo una Ley de Ferrocarriles), y de Hacienda en 1872 y en 1874. En 1880 ingresó en el Partido Republicano Progresista, que en 1885 sería la izquierda del Partido Liberal. En 1904 le fue concedido el premio nobel de literatura, pero sus contemporáneos españoles no le apreciaban, sobre todo porque Clarín y Pardo Bazán habían hecho críticas despectivas de su teatro. El premio nobel se debió a que su obra le gustó a Bernard Shaw y a Pirandelo. En 1905 fue ministro de Hacienda.

[4] Juan Bautista Topete Carballo había nacido en Tlacotalpán (Méjico) en 1821. Hizo carrera de marino militar y ya era capitán de fragata en 1857. Se afilió a Unión Liberal y fue diputado en 1862. Regresó a la marina y estuvo en las campañas de Pacífico y del Callao. La Armada siguió los pasos de Topete y fue un elemento muy importante para convencer a la reina de que abandonara. La escuadra de Cádiz aportó a la revolución de septiembre dos fragatas, tres vapores y otros buques, comandados por Topete. Pero su actuación más notable en la historia es la dirección del manifiesto de septiembre de 1868 contra la reina, firmado también por Prim, Serrano y otros. En 1869 fue diputado, ministro de Marina y de Ultramar. En la disputa por elegir rey fue partidario de Montpensier y se sintió fracasado al ser escogido Amadeo de Saboya. Entonces dimitió de sus cargos. En agosto de 1869 sustituyó a Prim en la Presidencia del gobierno, pero sólo por un mes. Al ser asesinado Prim en diciembre, asumió la Presidencia de Gobierno por segunda vez. Recibió a Amadeo. En el gobierno de Sagasta de 1871, primer gobierno de Amadeo, fue ministro de Ultramar. A la llegada de la República se retiró de la política. Volvió a ella en 1874 siendo ministro de Serrano en 1874. Intervino en la Tercera Guerra Carlista. Estuvo en contra del pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto 1874 pero reconoció a Alfonso XII. Fue senador vitalicio. Murió en Madrid en 1885

[5] Napoleón III estaba casado con la española Eugenia de Montijo condesa de Teba.

[6] Julián Antero de Zugasti y Sáenz, 1836-1915, fue Gobernador de Toledo hasta 1870, Gobernador de Córdoba en 1870-1873 y Gobernador de Madrid en 1886. Organizó la Partida de Seguridad Pública con 100 hombres, apoyados por la Guardia Civil, para lo cual abrió algunos puestos nuevos de la Guardia Civil, y con reglamento similar al de la Guardia civil. Logró matar a 107 “bandoleros”.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

9 Comments

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    1. Emilio Encinas

      El primer texto que subí a mi Blog, y que consta en mi “bibliografía”, ya decía que el nivel no iba a ser “universitario”, no iba a consultar todas las fuentes, ni criticarlas. Me limito a seguir las grandes publicaciones que he indicado en mi “bibliografía”, principalmente Historia de España y América, y Enciclopedia de Historia de España, y cuando en un caso concreto añado algó más, cito la fuente a pie de página. En cuanto a explicaciones complementarias de tipo moral y filosófico, han salido de mis trabajos personales en la clase, pues sin ellas es imposible que el alumno comprenda. Me proponía pasar mis apuntes en cinco años. El trabajo me va a llevar el doble, si mi salud lo permite. Hacer lo que usted sugiere, y un historiador concienzudo debería hacer, requeriría unos 40 años de trabajo, y ya no estoy en edad de hacerlo. Quede eso para los que leen mis notas y estén dispuestos a continuarlas.

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