El Gobierno Serrano de 1869.

22 de febrero 1869- 18 junio 1869.

 

Una vez ratificado Serrano como Presidente del Consejo de Ministros, el 25 de febrero 1869 fueron ratificados los Ministros que ya tenían el cargo anteriormente.

Las Cortes ratificaron a Serrano en el poder, pero en vez de llamarle Presidente del Consejo de Ministros le llamaron “Presidente del Poder Ejecutivo”.

Los Ministros del Gobierno eran los mismos de 3 octubre 1868:

Presidente del Poder ejecutivo, Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre.

Estado, Juan Álvarez de Lorenzana, progresista.

Guerra, Juan Prim i Prats, marqués de Castillejos, progresista.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo, procedente de Unión Liberal.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, progresista, (17 abril 1869 a 13 mayo 1869: Manuel Ruiz Zorrilla por enfermedad de Práxedes Mateo Sagasta).

Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz, procedente de Unión Liberal.

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, progresista librecambista.

Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla[1], progresista.

Ultramar, Adelardo López de Ayala, procedente de Unión Liberal / 21 de mayo 1869: Juan Bautista Topete Carballo.

 

 

Decisiones de Gobierno.

 

El 24 de febrero, Prim se quejaba de que la oposición no colaborase con el Gobierno e insistiese en sus ideas de oposición, lo cual demostraba una mentalidad políticamente poco abierta. El que la opinión popular lo hubiera colocado en el progresismo más radical era sólo un equívoco, tal vez alimentado por el mismo Prim. Prim exigió la confianza de las Cortes, y salieron 180 votos a favor del Gobierno de Serrano, y 62 republicanos en contra.

Las primeras medidas del Gobierno parecían lógicas:

El 5 de marzo de 1869 se encargó a Olózaga presidir una Comisión Constituyente que redactara el proyecto de Constitución. Estuvo integrada por 15 miembros:

Por los unionistas: Posada Herrera, Ríos Rosas, Manuel Silvela, Ulloa y marqués de Vega Armijo.

Por los progresistas: Montero Ríos, Olózaga, Cristóbal Valera

Por los demócratas: Martos, Moret, Romero Girón.

Otros: Aguirre, Mata, Godínez de Paz, y uno más.

El Proyecto Constitucional estuvo redactado en 25 días, quedando listo el 30 de marzo.

También se aprobó un empréstito de 100 millones de escudos para sanear el déficit de Hacienda.   Se consiguieron préstamos en el extranjero porque el proyecto político español convencía en el exterior.

 

 

El afrontamiento de la realidad.

 

Pero las siguientes decisiones del Gobierno resultaban contradictorias con lo prometido en 1868. Eran coherentes con la realidad, pero no con lo prometido en septiembre de 1868.

El 6 de marzo, el diputado oscense Luis Blanc[2] pidió que se suprimieran las quintas y las matrículas de mar, tal y como lo había preconizado Prim en los últimos años y lo había prometido en las últimas elecciones de enero de 1869. Prim contestó que no era posible en ese momento.

Prim se hallaba ante un dilema imposible: el ejército era un problema económico y sería conveniente reducir sus efectivos, pero si reducía el ejército estaba perdido ante los levantamientos de los guerrilleros urbanos de las Juntas que, probablemente, impondrían distintos gobiernos populistas y socialistas utópicos en sus territorios. Se llamó a filas a 25.000 hombres, cuando lo prometido era abolir las quintas. Se argumentaba, prudentemente, que era preciso reprimir los levantamientos, y que el ejército era también necesario para ir en contra de los sublevados cubanos. En realidad se mantenía el ejército para estar preparados contra los levantamientos republicanos y carlistas.

También parecía contradictorio el que se rebajara la redención del servicio militar desde los 6.000 reales a sólo 4.000, cantidad que podían pagarla tanto los particulares como los Ayuntamientos en varias anualidades, y con ello se esperaba que muchos más mozos pagaran la redención. Pero eso no era la promesa hecha de abolición de las quintas. Parecía que las necesidades recaudatorias se imponían sobre las ideas.

Mucho más contradictorio con las ideas progresistas era que se permitiera poner sustituto a los reclutas, lo cual dejaba el servicio militar sobre las espaldas de los pobres, como siempre, aunque el Estado recaudaba más.

Hubo manifestaciones populares, con muchas mujeres en ellas, y también protestó Emilio Castelar por la llamada a filas de las quintas, cuando se había prometido lo contrario.

El 16 de marzo de 1869, Sagasta, Ministro de Gobernación, presentó la Ley de Quintas y Matrículas del Mar, y entonces Prim fue acusado de cobarde por mandar a otro que sacase adelante su proyecto. Hubo motines entre los que destacó el de Jerez el 17 de marzo.

El 1 de abril de 1869 se autorizó un empréstito contratado con el Banco de París y el Banco de los Países Bajos, por un importe de 1.000 millones de reales.

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1869.

 

El 5 de marzo de 1869 se nombró una Comisión Constitucional que hiciera un borrador de Constitución. La presidía Salustiano Olózaga. Estaban en ella: Aguirre, Mata, Ríos Rosas, Cristóbal Valera, Montero Ríos, marqués de Vega de Armijo, Posada Herrera, Martos, Ulloa, Manuel Silvela, Segismundo Moret, Godínez de Paz, y Romero Girón.

La Comisión tardó 25 días en redactar el Proyecto, cosa absolutamente insólita por su rapidez.

El 30 de marzo de 1869 hubo Proyecto de Constitución y era monárquica, concedía derechos individuales amplios, consagraba el sufragio universal y establecía la libertad de cultos. Era la Constitución liberal con la que muchos españoles habían soñado durante el siglo XIX.

Las discusiones sobre el articulado comenzaron el 6 de abril. Emilio Castelar (republicano-federal), Antonio Cánovas del Castillo (monárquico conservador), Vicente Manterola Pérez (carlista) y Salustiano Olózaga (progresista) eran los principales oradores.

Los temas más polémicos eran la monarquía y la libertad de cultos: La monarquía, porque la revolución había sido protagonizada por demócratas no monárquicos, y porque se quería huir de los Borbones a toda costa. La libertad de cultos, porque España era un país integrista católico en el que no se concebía esa posibilidad de libertad religiosa.

 

El tema de la Iglesia.

Los demócratas, tanto cimbrios como federales, pidieron la separación entre Iglesia y Estado.

El 24 de abril hubo una nueva confrontación entre republicanos y progresistas al pedir los primeros la reprobación pública del Patriarca de las Indias por haber desobedecido al Gobierno. Prim lo consideró inoportuno. Serrano lo consideró mezquino. La sesión acabó con insultos y agresiones entre los diputados, y se constató que tampoco se iba a cambiar la postura tradicional del Gobierno español respecto a la Iglesia, es decir, se iba a cambiar muy poco.

 

El tema de la libertad de cultos.

Otro punto de gran discusión fue la libertad de cultos, que acabó triunfando tras muchas discusiones. Los debates duraron dos meses: abril y mayo. Vicente Manterola Pérez defendía que la unidad de España dependía de la unidad católica del Estado. El federalista Emilio Castelar le contestó “grande es Dios en el Sinaí”: con ello, Castelar le decía a Manterola que había un Dios del Antiguo Testamento, el del Sinaí, poderoso y belicoso, pero había otro Dios del Nuevo Testamento, el que se inmoló por la humanidad en el Calvario, el que perdonaba a sus verdugos, el que predicaba la paz y el amor al prójimo en vez de la guerra a sus enemigos. Terminaba Castelar dirigiéndose a Manterola para pedirle que considerase si el mensaje cristiano se parecía a los principios del liberalismo de libertad, igualdad y fraternidad, o a los principios que Manterola defendía de guerra armada a los enemigos del cristianismo, cosa que practicó Manterola pocos meses después desde el bando carlista. Los carlistas se retiraron de las Cortes.

 

El tema de la Jefatura del Estado[3].

La propuesta monárquica, que fue aprobada, rompía todos los pactos con los republicanos previos al golpe de 1868: Lo que se discutía era si los unionistas, dirigidos por Topete, ponían a su candidato Antonio de Montpensier, o los progresistas ponían al suyo, que en principio era un miembro de la Casa de Saboya, tal vez el duque de Aosta (Amadeo) y, cuando renunció éste, a Fernando de Coburgo de Portugal. También el socialista Fernando Garrido propuso a Espartero como Rey, pero esto estaba fuera de toda posibilidad política.

El tema se debe relacionar con el pacto entre unionistas, progresistas y demócratas, celebrado en 12 de noviembre de 1868, en el que se preconizaba la monarquía.

Olózaga decidió discutir conjuntamente el artículo 32 que trataba de la soberanía, y el artículo 33 que trataba de la monarquía. Las discusiones tuvieron lugar del 12 al 20 de mayo de 1869. La idea central era la elección entre monarquía democrática, defendida por la mayoría conservadora, o República, sin precisar si federal, confederal o unitaria.

Entonces los republicanos hicieron una propuesta de ley para eliminar para siempre a los Borbones de la Corona de España, tal y como había gritado Prim en sus arengas y discursos. Françésc Pi y Margall, Estanislao Figueras Moragas y Emilio Castelar Ripoll propusieron la República Federal; Eugenio García Ruiz y Julián Sánchez Ruano propusieron la República Unitaria.

Los republicanos argumentaron que la monarquía no era democrática porque era irresponsable, inviolable y hereditaria, porque su poder no emanaba del pueblo, y porque no era revocable en el momento en el que el monarca actuara inmoralmente.

Pero en los pactos previos a la revolución de 1868, se había decidido que eran las Cortes, y no el pueblo, quienes debían decidir la forma de Gobierno de España. Y las Cortes hablaron de “monarquía democrática”, porque ello entroncaba mejor con la tradición española que se remontaba a la Edad Media. Los monárquicos eran mayoritarios en las Cortes.

El artículo 32, sobre la soberanía, fue aprobado por unanimidad. El artículo 33, sobre la monarquía, fue aprobado por 214 votos a 71.

Se aprobó una monarquía con poderes similares a los tradicionales en España: disolución y convocatoria de Cortes; suspensión y cierre de sesiones parlamentarias; iniciativa legislativa; sanción y promulgación de las leyes; nombramiento y separación de Ministros. Pero era una monarquía distinta a todas las anteriores pues la Constitución reconocía la soberanía nacional y no existía la doble soberanía, en las Cortes con el Rey, porque se reconocía el sufragio universal, porque se ofrecía una amplia declaración de derechos de los españoles y porque se delimitaban los poderes del Rey. También era diferente el que la monarquía se proponía como forma de Gobierno y no como forma de Estado.

Juan Bautista Topete y López de Ayala, de Unión Liberal, propusieron Rey a Antonio María de Orleans duque de Monpensier, que era Borbón.

Prim jugaba a los equívocos: respecto a Montpensier, Prim se negó en rotundo a traer otro Borbón como pedían los unionistas (pronunció el famoso “jamás, jamás, jamás”). En el tema de la eliminación de los Borbones, Prim cambió la moción por otra que decía que se eliminaba a los descendientes de Isabel II. Y entonces sí cabía la candidatura de Montpensier. La posición de Prim era confusa.

 

El tema del sufragio.

Antonio Cánovas del Castillo se opuso al sufragio universal y dijo que quería una España unitaria, católica y monárquica en manos de los propietarios y de la inteligencia. Se oponía al sufragio universal porque, si se imponía el populismo, como era probable en unas elecciones de sufragio universal, las minorías sociales dominantes del populismo impondrían una dictadura popular que sería el fin del liberalismo, el final de las libertades y del progreso. Además, una vez puesto el sufragio universal, surgirían en España socialismos subversivos que destruirían lo logrado con tanto esfuerzo. Cánovas, en una concatenación imposible de ideas, terminaba diciendo que España debía ser unitaria, monárquica y católica. A partir de todo ello, divagaba sobre que la riqueza de las clases altas se debía a su mayor capacidad de trabajo y de preparación intelectual, y acababa vinculando la inteligencia a la propiedad. El discurso acababa pues en la irracionalidad, cosa no habitual en el muy racional Cánovas.

 

El 1 de junio de 1869 estaba listo el proyecto constitucional. Apoyaban la totalidad del texto: Olózaga, Ríos Rosas, y Moret. Estaban en contra del Proyecto: Figueras, Pi y Margall, Cánovas del Castillo y Sánchez Ruano. Los unos porque era monárquica, los otros porque daba libertad de cultos.

El texto fue aprobado por 214 votos contra 55.

El 6 de junio se promulgó la Constitución de 1869. El encargado de promulgarla fue Nicolás María Rivero, como Presidente del Congreso, dándose la paradoja de que éste era demócrata cimbrio, es decir, republicano, y daba paso a una Constitución monárquica.

Los principales cambios que introducía la Constitución eran que la monarquía sería democrática, que el sufragio sería universal y que se pasaría del liberalismo doctrinario al democrático.

El 15 de junio se procedió a discutir quién sería Rey de España. De momento, el 16 de junio, fue proclamado Regente Francisco Serrano Domínguez duque de la Torre, por 144 votos a 45. El 18 de junio tomó posesión Serrano de la Regencia y dejó de ser Presidente del Consejo de Ministros.

 

 

Principales puntos de la Constitución de 1869.

 

La Constitución de 1869 unía la tradición progresista de las Constituciones de 1812 y 1837, con los movimientos europeos de su época que predicaban utopías liberales, nacionales, democráticas y humanitarias. Al tiempo que hacía formas de gobierno liberales, introducía un espíritu social regenerador. Por ejemplo, daba libertad de cultos, pero se comprometía a pagar culto y clero.

Es conocida como la “Constitución Demócrata” por el hecho de conceder la posibilidad del sufragio universal, como en efecto sucedió, por ley, cinco meses más tarde. Pero no era la Constitución del Partido Demócrata.

La soberanía era nacional, y de la nación emanaban todos los poderes. La soberanía se contemplaba depositada en las Cortes. De la vieja fórmula “las Cortes con el Rey” se habían eliminado las tres últimas palabras.

La Constitución era monárquica.  El Rey seguía sin ser responsable ante las Cortes, pero tenía unas limitaciones: El Rey podía disolver las Cortes una vez, con el máximo de tres meses, por legislatura. El Rey debía respetar los derechos de los españoles explícitos en la Constitución. El Rey era un funcionario del Estado, y no el Estado mismo.

El legislativo lo componían unas Cortes bicamerales: Senado de elección popular, y Congreso elegido proporcionalmente a un diputado cada 40.000 ciudadanos. Cada una de las dos cámaras podía censurar a cualquier ministro.

Decidieron que hubiera 4 senadores por provincia, elegibles entre los mayores contribuyentes y renovables por cuartas partes cada año, salvo renovación total del Senado.

También decidieron que hubiera un diputado por cada 40.000 personas y que el Congreso tuviera poder sobre el presupuesto y sobre el ejército.

La iniciativa legal le correspondía al Rey, al Congreso y al Senado. La sanción de las leyes correspondía al Rey. La responsabilidad por la ley correspondía al ministro que la firmaba.

El ejecutivo era titularidad del Rey, ejercido por medio de los Ministros, pero el Rey los nombraba y separaba del cargo. El Rey era jefe de las Fuerzas Armadas

Las más importantes novedades eran la limitación del poder del rey, que no podría hacer dimitir a un Gobierno más que una vez por legislatura para evitar que el excesivo protagonismo que había tenido Isabel se repitiese, y que el Rey no tendría la sanción de las leyes, que quedaba reservada al poder legislativo, pero mantendría la iniciativa legal.

En el judicial se insistió en la existencia de un solo fuero para todos los españoles.

Hicieron especial hincapié en definir los derechos de los españoles porque la experiencia decía que los legisladores posteriores a las Constituciones no los desarrollaban en leyes, y cuidaron el mencionar que podía haber más derechos que los citados en esa Constitución, y el pedir castigos para los que atentaran contra los derechos de los ciudadanos. Se inició el parlamentarismo haciendo a los ministros responsables ante las Cortes.

El sufragio, en la Constitución de 1869, se consideraba universal indirecto para el Senado, y se contemplaba una futura ley electoral para el Congreso: El 9 de noviembre de 1868, se aprobó que el sufragio fuera universal masculino: Podían votar los varones mayores de 25 años que estuvieran avecindados y figurasen en el padrón municipal, lo cual estaba reservado a los padres de familia, lo que significaba que sólo el 24% de la población (menos de la mitad de los varones) tenía el derecho al voto. En cuanto a los ayuntamientos, los concejales eran elegidos por sufragio universal, y éstos elegían al alcalde.

Las Cortes discutieron acaloradamente la libertad de culto. Aunque las derechas aportaron 3 millones de firmas a favor de que la religión católica fuera la única tolerada en España, se aprobó la libertad de cultos, comprometiéndose el Estado a mantener económicamente a la Iglesia católica.

Se impuso el servicio militar obligatorio por quintas.

Las provincias se gobernaban mediante Diputaciones Provinciales, y las ciudades mediante Ayuntamientos.

 

 

Valoración de la Constitución de 1869.

 

El resultado fue una Constitución progresista de tipo radical y con toques democráticos. Fue aprobada por 194 votos a favor y 45 en contra.

Los republicanos federales quedaron muy defraudados en sus expectativas e iniciaron una serie de actos terroristas, que se prolongaron todo el resto del siglo y parte del siguiente. Los republicanos de provincias no aceptaron lo que habían hecho sus correligionarios de Madrid y los diputados que habían ido a las Cortes. Cataluña, Aragón y Valencia se mostraron dispuestas a organizar motines con barricadas. El Gobernador de Tarragona fue asesinado por una manifestación de republicanos (septiembre del 69). Reus proclamó la República Federal y el Ampurdán secundó la rebelión. Valencia y Zaragoza sufrieron 9 días de disturbios callejeros urbanos. Los republicanos habían optado por la guerra civil, pero el movimiento armado fracasó. Los republicanos habían urdido un movimiento político que empezaría por pactos entre provincias vecinas y acabaría en un “Pacto Nacional” que lucharía por un Estado Federal. Pero ni los republicanos eran suficientes, ni estaban unidos por los mismos criterios y convicciones, y el Pacto Nacional no llegó a constituirse en el verano de 1869. Castelar se apartó del republicanismo federal y creó una facción llamada republicanismo unitario.

 

[1] Manuel Ruiz Zorrilla 1833-1895 fue ministro de Fomento en octubre de 1868 y en junio de 1869, de Gracia y Justicia en septiembre de 1869 y Presidente del Gobierno en julio de 1871 y en junio de 1872.

[2] Luis Blanc Navarro, 1834-1887, diputado republicano por Huesca, no debe ser confundido con el francés Louis Blanc, 1811-1882, conocido socialista francés nacido en Madrid por ser su padre funcionario de José I Bonaparte.

[3] Hortensia González Rodríguez, La forma de gobierno en el debate constituyente de 1869. Universidad de San Pablo CEU. Revista de Derecho Político, nº 55-56, pg. 365-450. Año 2002.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *