Conceptos clave: las constituyentes de 1869, el Gobierno de febrero de 1869, reforma de la enseñanza de abril de 1869, polémica católica en 1869, discusiones del texto constitucional de 1869.

 

 

 

El Gobierno Serrano de 1869.

22 de febrero 1869- 18 junio 1869.

 

 

Las Constituyentes de febrero de 1869.

 

El 11 de febrero de 1869 se abrieron Cortes Constituyentes. No quedaron constituidas las Cortes porque se debían hacer primero los análisis de las actas de los diputados.

El 12 de febrero adoptaron como Reglamento de las Cortes el de 1847.

El 20 de febrero como Presidente de las Cortes al demócrata Nicolás María Rivero.

El 22 de febrero de 1869 se constituyeron las Cortes una vez discutidas las actas y resueltas las impugnaciones. Celebraron su primera sesión ordinaria. Se eligió como Presidente del Congreso a  Nicolás María Rivero.

Serrano leyó el “Discurso del Gobierno”, sustituto del “Discurso de la Corona” hasta entonces preceptivo.

Serrano dimitió como Presidente del Gobierno Provisional y fue reelegido por las Cortes y ratificado como Presidente del Poder Ejecutivo definitivo. Pi y Margall propuso que la Jefatura del Gobierno la ejerciese una Comisión elegida en Cortes, lo cual no tuvo éxito ninguno, pero sirve para mostrar el carácter “asambleario” de Pi.

En esa misma sesión, Prim negó ser “monárquico a priori”, y propuso la colaboración de unionistas, progresistas y demócratas para construir un nuevo Estado. Los republicanos lanzaron vivas a la República, y el resto de la Cámara vivas a la monarquía constitucional, lo cual dejaba claro que la intención de la mayoría era hacer otra monarquía. Había cierta contradicción aparente en las palabras de Prim, que podían ser entendidas como que deseaba una república, y no era así.

El primer tema serio del que tuvieron que ocuparse las Cortes fue el llamamiento a filas de 25.000 hombres para contener los levantamientos de Paterna, Jerez de la Frontera y Alcalá del Valle. El reclutamiento iba en contra de la propaganda demócrata y republicana, los cuales habían dicho que con el nuevo régimen no habría quintas ni levas, sino un ejército profesional. Y con el reclutamiento, había que aprobar la dotación correspondiente, un empréstito de 100 millones de escudos. Y ese gasto aumentaba el problema del déficit generado en 1868, y planteaba el de hallar un medio para poder hacer frente a los nuevos gastos. Prim consiguió hacer valer su prestigio personal y convencer a los Diputados de que se necesitaba un ejército y una financiación del Estado para poder consolidar la revolución. Se opuso a sus argumentos Emilio Castelar, líder de los republicanos federales.

 

 

Gobierno Serrano de 25 de febrero de 1869.

 

Una vez ratificado Serrano como Presidente del Consejo de Ministros, el 25 de febrero 1869 fueron ratificados los Ministros que ya tenían el cargo anteriormente.

Las Cortes ratificaron a Serrano en el poder, pero en vez de llamarle Presidente del Consejo de Ministros le llamaron “Presidente del Poder Ejecutivo”.

Los Ministros del Gobierno eran los mismos de 3 octubre de 1868:

Presidente del Poder ejecutivo, Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre.

  Estado, Juan Álvarez de Lorenzana, progresista.

  Guerra, Juan Prim i Prats, marqués de Castillejos, progresista.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo, procedente de Unión Liberal.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, progresista, (17 abril 1869 a 13 mayo 1869: Manuel Ruiz Zorrilla por enfermedad de Práxedes Mateo Sagasta).

Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz, procedente de Unión Liberal.

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, progresista librecambista.

Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla[1], progresista.

Ultramar, Adelardo López de Ayala, procedente de Unión Liberal / 21 de mayo 1869: Juan Bautista Topete Carballo.

 

 

Decisiones de Gobierno.

 

El 24 de febrero, Prim se quejaba de que la oposición no colaborase con el Gobierno e insistiese en sus ideas de oposición, lo cual demostraba una mentalidad políticamente poco abierta. El que la opinión popular lo hubiera colocado en el progresismo más radical era sólo un equívoco, tal vez alimentado por el mismo Prim. Prim exigió la confianza de las Cortes, y salieron 180 votos a favor del Gobierno de Serrano, y 62 republicanos en contra.

Las primeras medidas del Gobierno parecían lógicas:

El 5 de marzo de 1869 se encargó a Olózaga presidir una Comisión Constituyente o Ponencia Constitucional que redactara el proyecto de Constitución. Fue presidida por Ríos Rosas y estuvo integrada por 15 miembros:

Por los unionistas: Posada Herrera, Ríos Rosas, Manuel Silvela, Ulloa y marqués de Vega Armijo.

Por los progresistas: Montero Ríos, Olózaga, Cristóbal Valera

Por los demócratas: Martos, Moret, Romero Girón.

Otros: Aguirre, Mata, Godínez de Paz, y uno más.

El Proyecto Constitucional estuvo redactado en 25 días, quedando listo el 30 de marzo. El punto difícil era la libertad de cultos, pues unos pedían declarar simplemente la libertad de cultos, y otros pedían la declaración de separación de la Iglesia y el Estado, además de la libertad de cultos. Se decidió la estricta libertad de cultos, con mantenimiento de culto y clero por el Estado.

 

También se aprobó un empréstito de 100 millones de escudos para sanear el déficit de Hacienda.   Se consiguieron préstamos en el extranjero porque el proyecto político español convencía en el exterior.

 

 

El afrontamiento de la realidad.

 

Pero las siguientes decisiones del Gobierno resultaban contradictorias con lo prometido en 1868. Eran coherentes con la realidad, pero no con lo prometido en septiembre de 1868.

El 6 de marzo, el diputado oscense Luis Blanc Navarro[2] pidió que se suprimieran las quintas y las matrículas de mar, tal y como lo había preconizado Prim en los últimos años y lo había prometido en las últimas elecciones de enero de 1869. Prim contestó que no era posible en ese momento.

Prim se hallaba ante un dilema imposible: el ejército era un problema económico y sería conveniente reducir sus efectivos, pero si reducía el ejército, estaba perdido ante los levantamientos de los guerrilleros urbanos de las Juntas que, probablemente, impondrían distintos gobiernos populistas y socialistas utópicos en sus territorios. Se llamó a filas a 25.000 hombres, cuando lo prometido era abolir las quintas. Se argumentaba, prudentemente, que era preciso reprimir los levantamientos, y que el ejército era también necesario para ir en contra de los sublevados cubanos. En realidad se mantenía el ejército para estar preparados contra los levantamientos republicanos y carlistas.

También parecía contradictorio el que se rebajara la redención del servicio militar desde los 6.000 reales a sólo 4.000, cantidad que podrían pagarla tanto los particulares como los Ayuntamientos en varias anualidades, y con ello se esperaba que muchos más mozos pagaran la redención. Pero eso no era la promesa hecha de abolición de las quintas. Parecía que las necesidades recaudatorias se imponían sobre las ideas.

Mucho más contradictorio con las ideas progresistas era que se permitiera poner sustituto a los reclutas, lo cual dejaba el servicio militar sobre las espaldas de los pobres, como siempre, aunque el Estado recaudaba más.

Hubo manifestaciones populares, con muchas mujeres en ellas, y también protestó Emilio Castelar por la llamada a filas de las quintas, cuando se había prometido lo contrario.

El 16 de marzo de 1869, Sagasta, Ministro de Gobernación, presentó la Ley de Quintas y Matrículas del Mar, y entonces Prim fue acusado de cobarde por mandar a otro que sacase adelante su proyecto. Hubo motines entre los que destacó el de Jerez el 17 de marzo.

 

 

Soluciones financieras de emergencia.

 

El 1 de abril de 1869 se autorizó un empréstito contratado con el Banco de París y el Banco de los Países Bajos, por un importe de 1.000 millones de reales.

 

 

Reforma de la enseñanza.

 

El proyecto de Ley de Enseñanza de 23 de abril de 1869, hecho por Ruiz Zorrilla, daba vía libre a la enseñanza privada, apoyaba la enseñanza pública, descentralizaba la enseñanza permitiendo a Diputaciones y Ayuntamientos la creación de centros de enseñanza de distintos niveles, daba libertad de cátedra y especial libertad a la Universidad, pues a la autonomía para organizar sus propios planes de estudios se unía la autonomía financiera para sufragarlos.

Los resultados de esta política educativa fueron muy importantes:

Se repuso a los profesores expedientados en 1868 en sus cátedras.

Se suprimieron las asignaturas de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Religión, Moral Cristiana.

Se suprimió la Facultad de Teología.

Se crearon Universidades Libres en Córdoba, Sevilla y Vitoria.

Se creó una Escuela Libre de Medicina en Sevilla (Federico Rubio).

Fernando de Castro, rector de la Universidad Central impulsó la educación de las mujeres con proyectos como Conferencias Dominicales, Escuela de Institutrices (diciembre de 1869), y Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1871).

Se introdujo la enseñanza de la paleontología en la Universidad Central.

Se aceptó el positivismo y el darwinismo con gran disgusto tanto de los krausistas como de los católicos.

Se fundaron sociedades científicas que publicaron libros y revistas que daban a conocer traducciones de artículos publicados en el extranjero, tales como la Sociedad Antropológica Sevillana de 1871, la Sociedad Española de Historia Natural de 1872, la Revista de Antropología de 1874, la “Revista Mensual” de Sevilla 1869-1874, la Revista de España de 1868-1895, la Revista Europea de 1874-1879, la Revista Contemporánea de 1875-1907.

Se creó el Instituto Geográfico y Estadístico el 12 de septiembre de 1870.

Se expulsó a los jesuitas de España.

Se suprimió la subvención a los seminarios conciliares.

Posteriormente a estos Decretos de 1868 y 1869, habría nuevos proyectos de reforma de la secundaria como el de Ruiz Zorrilla de 1869 que hemos citado, y el de Aduardo Chao, que llevaba las ciencias desde un 23% de la carga lectiva del proyecto Moyano, hasta un 44%, lo cual era un cambio significativo en la concepción global de la enseñanza secundaria.

Este cuadro de libertades de enseñanza se cortó por decreto en 29 de julio y 29 de septiembre de 1874, haciéndose cargo Serrano del control de los centros de enseñanza.

 

 

Polémica católica en 1869.

 

Un aspecto poco estudiado de la liberalización, tuvo lugar dentro del catolicismo español: A finales de 1868, algunos obispos españoles se manifestaron contra el nuevo Gobierno en la línea tradicional antiprogresista, pero otros se negaban a hacerlo y formaban un frente liberal. Estamos otra vez con el llamado “jansenismo español”, más propio del XVIII, católicos que admitían el liberalismo y criticaban el autoritarismo de la Iglesia. Todos se declaraban leales al Papa, y por tanto no había escisión religiosa. Capitaneaba a estos “jansenistas españoles” el obispo de Zaragoza. La situación se complicó cuando algunos obispos fueron elegidos diputados lo cual les obligaba a jurar la Constitución. Se consultó al Papa y el Papa autorizó que juraran, pero a la hora de jurar el 17 de marzo de 1870, unos, los conservadores, se negaron, y otros, los “jansenistas”, juraron.

 

 

La discusión constitucional.

 

El 5 de marzo de 1869 se nombró una Comisión Constitucional que hiciera un borrador de Constitución. La presidía Salustiano Olózaga. Estaban en ella: Aguirre, Mata, Ríos Rosas, Cristóbal Valera, Montero Ríos, marqués de Vega de Armijo, Posada Herrera, Martos, Ulloa, Manuel Silvela, Segismundo Moret, Godínez de Paz, y Romero Girón.

La Comisión tardó 25 días en redactar el Proyecto, cosa absolutamente insólita por su rapidez.

El 30 de marzo de 1869 hubo Proyecto de Constitución en las Cortes y era monárquica, concedía derechos individuales amplios, consagraba el sufragio universal y establecía la libertad de cultos. Era la Constitución liberal con la que muchos españoles habían soñado durante el siglo XIX.

Las discusiones sobre el articulado comenzaron el 6 de abril, y duraron hasta mayo. Emilio Castelar (republicano-federal), Antonio Cánovas del Castillo (monárquico conservador), Vicente Manterola Pérez (carlista) y Salustiano Olózaga (progresista) eran los principales oradores.

Vicente Manterola Pérez había sido desterrado de Vitoria en diciembre de 1868 porque se declaró carlista. La versión fue afirmada por numerosos testigos, y los católicos presentaron otros muchos negándola. Manterola era un tipo fuerte y vigoroso, además de atrevido en las intervenciones. Sus argumentos se basaban siempre en dos premisas: que los españoles creían en la verdad revelada por el catolicismo, y que los españoles eran católicos casi todos.

Emilio Castelar se basaba en un argumento liberal que Manterola no entendía y no quería entender: bastaba que hubiera un español no católico para que el Estado tuviera que defender también sus derechos, como defendía los del resto de los españoles.

Los temas más polémicos eran la monarquía (artículo 33) y la libertad de cultos (artículo 21): La monarquía, porque la revolución había sido protagonizada por demócratas no monárquicos, y porque se quería huir de los Borbones a toda costa. La libertad de cultos, porque España era un país integrista católico en el que no se concebía esa posibilidad de libertad religiosa.

 

El tema de la Iglesia (o del artículo 21).

Los demócratas, tanto cimbrios como federales, pidieron la separación entre Iglesia y Estado.

Los católicos de toda España estaban enviando numerosas “exposiciones” a las Cortes, e incluso habían constituido una Asociación de Católicos para redactar un documento único con todas ellas. Este documento ya redactado, fue enviado a todos los Ayuntamientos con la petición de que lo firmaran. En 6 de abril de 1869, el obispo de Jaén, Monescillo, llevó a las Cortes 8.341 ejemplares iguales procedentes de casi todos los ayuntamientos de España. Llevaba también tres millones de formas apoyándolos. Y todavía el 26 de abril, presentó 1.028 ejemplares más de Ayuntamientos que se habían retrasado un poco, y 300.000 firmas más.

El 24 de abril hubo una nueva confrontación entre republicanos y progresistas al pedir los primeros la reprobación pública del Patriarca de las Indias por haber desobedecido al Gobierno. Prim lo consideró inoportuno. Serrano lo consideró mezquino. La sesión acabó con insultos y agresiones entre los diputados, y se constató que tampoco se iba a cambiar la postura tradicional del Gobierno español respecto a la Iglesia, es decir, se iba a cambiar muy poco.

 

El tema de la libertad de cultos.

Otro punto de gran discusión fue la libertad de cultos, que acabó triunfando tras muchas discusiones. Los debates duraron dos meses: abril y mayo. Vicente Manterola Pérez defendía que la unidad de España dependía de la unidad católica del Estado. El federalista Emilio Castelar le contestó “grande es Dios en el Sinaí”: con ello, Castelar le decía a Manterola que había un Dios del Antiguo Testamento, el del Sinaí, poderoso y belicoso, pero había otro Dios del Nuevo Testamento, el que se inmoló por la humanidad en el Calvario, el que perdonaba a sus verdugos, el que predicaba la paz y el amor al prójimo en vez de la guerra a sus enemigos. Terminaba Castelar dirigiéndose a Manterola para pedirle que considerase si el mensaje cristiano se parecía a los principios del liberalismo de libertad, igualdad y fraternidad, o a los principios que Manterola que defendía la guerra armada a los enemigos del cristianismo, cosa que practicó Manterola pocos meses después desde el bando carlista.

La libertad de cultos fue aprobada por 40 votos en contra y 70 abstenciones. Los que se abstuvieron fueron los republicanos. La separación entre Iglesia y Estado no llegó a votarse, pues se retiró antes de llegar a ello.

Los carlistas se retiraron de las Cortes.

 

El tema de la Jefatura del Estado[3].

La propuesta monárquica, que fue aprobada, rompía todos los pactos con los republicanos previos al golpe de 1868: Lo que se discutía era si los unionistas, dirigidos por Topete, ponían a su candidato Antonio de Montpensier, o los progresistas ponían al suyo, que en principio era un miembro de la Casa de Saboya, tal vez el duque de Aosta (Amadeo) y, cuando renunció éste, a Fernando de Coburgo de Portugal. También el socialista Fernando Garrido propuso a Espartero como Rey, pero esto estaba fuera de toda posibilidad política.

El tema se debe relacionar con el pacto entre unionistas, progresistas y demócratas, celebrado en 12 de noviembre de 1868, en el que se preconizaba la monarquía.

Olózaga decidió discutir conjuntamente el artículo 32 que trataba de la soberanía, y el artículo 33 que trataba de la monarquía. Las discusiones tuvieron lugar del 12 al 20 de mayo de 1869. La idea central era la elección entre monarquía democrática, defendida por la mayoría conservadora, o República, sin precisar si federal, confederal o unitaria.

Entonces los republicanos hicieron una propuesta de ley para eliminar para siempre a los Borbones de la Corona de España, tal y como había gritado Prim en sus arengas y discursos. Françésc Pi y Margall, Estanislao Figueras Moragas y Emilio Castelar Ripoll propusieron la República Federal; Eugenio García Ruiz y Julián Sánchez Ruano propusieron la República Unitaria.

Los republicanos argumentaron que la monarquía no era democrática porque era irresponsable, inviolable y hereditaria, porque su poder no emanaba del pueblo, y porque no era revocable en el momento en el que el monarca actuara inmoralmente.

Pero en los pactos previos a la revolución de 1868, se había decidido que eran las Cortes, y no el pueblo, quienes debían decidir la forma de Gobierno de España. Y las Cortes hablaron de “monarquía democrática”, porque ello entroncaba mejor con la tradición española que se remontaba a la Edad Media. Los monárquicos eran mayoritarios en las Cortes.

El artículo 32, sobre la soberanía, fue aprobado por unanimidad. El artículo 33, sobre la aceptación de la monarquía, fue aprobado por 214 votos a 71.

Se aprobó una monarquía con poderes similares a los tradicionales en España: disolución y convocatoria de Cortes; suspensión y cierre de sesiones parlamentarias; iniciativa legislativa; sanción y promulgación de las leyes; nombramiento y separación de Ministros. Pero era una monarquía distinta a todas las anteriores pues la Constitución reconocía la soberanía nacional y no existía la doble soberanía, en las Cortes con el Rey, porque se reconocía el sufragio universal, porque se ofrecía una amplia declaración de derechos de los españoles y porque se delimitaban los poderes del Rey. También era diferente el que la monarquía se proponía como forma de Gobierno y no como forma de Estado.

Juan Bautista Topete y López de Ayala, de Unión Liberal, propusieron Rey a Antonio María de Orleans duque de Monpensier, que era Borbón.

Prim jugaba a los equívocos: respecto a Montpensier, Prim se negó en rotundo a traer otro Borbón como pedían los unionistas (pronunció el famoso “jamás, jamás, jamás”). En el tema de la eliminación de los Borbones, Prim cambió la moción por otra que decía que se eliminaba a los descendientes de Isabel II. Y entonces sí cabía la candidatura de Montpensier. La posición de Prim era confusa.

 

El tema del sufragio.

Antonio Cánovas del Castillo se opuso al sufragio universal y dijo que quería una España unitaria, católica y monárquica en manos de los propietarios y de la inteligencia. Se oponía al sufragio universal porque, si se imponía el populismo, como era probable en unas elecciones de sufragio universal, las minorías sociales dominantes del populismo impondrían una dictadura popular que sería el fin del liberalismo, el final de las libertades y del progreso. Además, una vez puesto el sufragio universal, surgirían en España socialismos subversivos que destruirían lo logrado con tanto esfuerzo. Cánovas, en una concatenación imposible de ideas, terminaba diciendo que España debía ser unitaria, monárquica y católica. A partir de todo ello, divagaba sobre que la riqueza de las clases altas se debía a su mayor capacidad de trabajo y de preparación intelectual, y acababa vinculando la inteligencia a la propiedad. El discurso acababa pues en la irracionalidad, cosa no habitual en el muy racional Cánovas.

 

 

Conclusión del texto constitucional definitivo.

 

El 1 de junio de 1869 estaba listo el proyecto constitucional. Apoyaban la totalidad del texto: Olózaga, Ríos Rosas, y Moret. Estaban en contra del Proyecto: Figueras, Pi y Margall, Cánovas del Castillo y Sánchez Ruano. Los unos porque era monárquica, los otros porque daba libertad de cultos.

 

 

[1] Manuel Ruiz Zorrilla 1833-1895 fue ministro de Fomento en octubre de 1868 y en junio de 1869, de Gracia y Justicia en septiembre de 1869 y Presidente del Gobierno en julio de 1871 y en junio de 1872.

[2] Luis Blanc Navarro, 1834-1887, diputado republicano por Huesca, no debe ser confundido con el francés Louis Blanc, 1811-1882, conocido socialista francés nacido en Madrid por ser su padre funcionario de José I Bonaparte.

[3] Hortensia González Rodríguez, La forma de gobierno en el debate constituyente de 1869. Universidad de San Pablo CEU. Revista de Derecho Político, nº 55-56, pg. 365-450. Año 2002.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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