EL GOBIERNO PROVISIONAL DE SERRANO.

 

 

España en el ámbito internacional.

 

En el terreno de la diplomacia internacional, el primer problema del Gobierno Serrano era obtener el reconocimiento de la situación política española, pues los acontecimientos de septiembre habían causado mucho impacto: The Times decía que Inglaterra estaba prestando dinero a unos revolucionarios sublevados, de difícil solvencia; Francia decía que el dinero de los Montpensier estaba sirviendo para hacer revoluciones; Italia decía que lo sucedido en España era una maniobra de Francia y Gran Bretaña para acabar con monarquías débiles; y algunos periódicos decían que Prusia había inducido a esa revolución para debilitar con ella a Francia y Gran Bretaña. La situación era pues confusa. Por ello, los Gobiernos europeos decidieron esperar acontecimientos. Aconsejaron cautela a sus embajadores.

El Gobierno de España no pidió formalmente su reconocimiento, pues estaba esperando a que las Cortes definieran el sistema de Gobierno a adoptar, unas Cortes que debían ser constituyentes. Pero se aceptó a los embajadores que había en Madrid.

Estados Unidos rompió el consenso europeo de no definirse respecto a los problemas políticos españoles, siendo el primero en reconocer al nuevo Gobierno de España. Luego lo hicieron Italia y Francia, los cuales arrastraron a la mayoría. No reconocieron al nuevo Gobierno ni Gran Bretaña ni El Vaticano. Gran Bretaña alegó que se debía actuar prudentemente. El Vaticano dijo que, mientras el Gobierno español no declarara su programa de actuación en materia de religión y tratamiento de los bienes de la Iglesia, no decidiría nada.

A Gran Bretaña no le gustó que Francia, unilateralmente y sin consultarlo ni acordarlo con Gran Bretaña, decidiera el reconocimiento de España. Pero Napoleón III había tenido relaciones personales con muchos de los conspiradores españoles, confiaba en el general Serrano, y tenía relaciones con hombres de negocios franceses que le decían que, en todo caso, las cosas en España no podrían ir peor que habían ido en 1864-1868. Como las acciones de ferrocarriles españoles en la Bolsa de París subieron, quedaba clara la opinión de los financieros internacionales. La banca creía que un Gobierno que se proclamaba liberal adoptaría medidas librecambistas que favorecerían sus negocios en España. En años posteriores, cuando hubo tantas concesiones al populismo, la confianza en España descendió mucho.

A comienzos de 1869, Gran Bretaña aceptó establecer relaciones normales con España. Grecia, que nunca había tenido embajada, también abrió legación en Madrid. Perú y Chile mostraron deseos de iniciar conversaciones de paz para dar fin al conflicto de 1866-1868.

El Gobierno español de finales de 1868 estaba optimista respecto a la reacción internacional.

 

 

Imposición del Gobierno sobre las Juntas.

 

El 12 de octubre de 1868, la Junta Superior Revolucionaria, de carácter demócrata, se autoatribuyó la tutela sobre el Gobierno Provisional. Entonces cambió de nombre para denominarse Junta Superior de Gobierno. Era su tercer nombre en una semana.

El Gobierno, a través de Práxedes Mateo Sagasta Ministro de Gobernación, no estaba dispuesto a dejarse arrebatar el dominio de la revolución por los demócratas-federales. Entendía que ello abría un camino que no se sabía a dónde llevaba. A Sagasta le secundó Juan Álvarez Lorenzana Ministro de Estado. Y el Gobierno emitió una circular a los Gobernadores Provinciales para que disolvieran las Juntas. La idea de Sagasta era que primero había que conseguir la revolución liberal burguesa que en España había fracasado en 1808, 1820, 1833, 1848 y 1854, y luego se propondrían los modelos políticos que parecieran oportunos, pero 1868 no era el momento de ensayos populistas.

El Gobierno dispuso el 19 de octubre cerrar todas las juntas demócratas, las de demócratas puros o “cimbrios” y las demócratas-republicanas federales. El 21 de octubre se ordenó la disolución de las Juntas. Tal vez fue un error el no escuchar a los demócratas moderados y no asociarse con ellos, pero la costumbre era así en España.

Los Voluntarios de la Libertad de Madrid entregaron sus armas, lo cual estaba en el guión, pero no hicieron lo mismo las Juntas de otras provincias, no todas republicanas, pero sí la mayoría, pues algunas eran simplemente progresistas. Las Juntas empezaron a tomar por su cuenta decisiones de gobierno como abolir los impuestos de consumos, y decisiones populistas como quemar iglesias, seminarios y conventos. Para desarbolar definitivamente a los grupos progresistas y demócratas, la lista de derechos que éstos defendían y de los que habían hecho tanta propaganda, fue incluida en la Constitución, pero quizás hubiera sido precisa una táctica de cooperación con los republicanos que estaban dispuestos a cooperar con los monárquicos.

La Junta Federal, en la oposición, nombró su presidente a José María de Orense marqués de Albaida, y estaban con él Francisco Pi i Margall, Fernando Garrido, Ramón de Cala, Estanislao Figueras, y Fermín Salvochea. Estos líderes federales decidieron en diciembre de 1868 y enero de 1869 organizar levantamientos contra el Gobierno: Salvochea lo hizo en Andalucía el 5 al 9 de diciembre, pero también hubo levantamientos en Málaga el 1 de enero, Orense, Béjar, Badajoz, Puerto de Santa María, Gandía, Paterna, Jerez de la Frontera, Alcalá del Valle… Los actos violentos fueron importantes en Cádiz, Málaga, Extremadura, Cataluña y Valencia.

Los campesinos participaban en los levantamientos republicanos porque esperaban que se repartieran tierras. Y una vez incluidos los campesinos en las Juntas, éstas se negaron a entregar las armas al Gobierno porque la entrega significaba la devolución de fincas ocupadas o la pérdida de la esperanza de que fueran repartidas. Las Juntas fueron disueltas violentamente en diciembre de 1868. La violencia ejercida en provincias (la de las Juntas y la de la represión gubernamental) creó un clima muy especial, de terror, que se continuaría durante el resto del Sexenio.

Con la disolución de las Juntas, los demócratas se sintieron excluidos del poder, defendieron que los ideales revolucionarios habían sido traicionados y organizaron movimientos populares a partir de 1869 y durante todo el resto del periodo.

Los levantamientos republicano-federales fueron un error político. Las insurrecciones le daban ocasión a Sagasta para reprimir a los junteros federales y justificar sus acciones. Cuanto más levantamientos, más débil se volvía el federalismo.

Además, cada junta sublevada lo hacía por distintos motivos, y ello no generaba más fuerza sino dispersión de motivos políticos, confusión ideológica:

Cádiz se sublevó por unos jornales más altos y porque hubiera más puestos de trabajo. Se luchó abiertamente en las calles del 5 al 9 de diciembre de 1868. Su líder era Fermín Salvoechea.

Málaga se sublevó el 1 de enero de 1869 y la revuelta fue sofocada por Caballero de Rodas con centenares de muertos por ambos lados.

Tarragona, Orense, Béjar, Badajoz, Puerto de Santa María, y Gandía, también hicieron sublevaciones republicano-federales.

El mismo 19 de octubre, Juan Álvarez de Lorenzana, el Ministro de Estado progresista, emitió un Memorandum a las cancillerías europeas en el que despreciaba el valor de las Juntas, y ensalzaba la labor del nuevo Gobierno, el de Serrano. Fue un tremendo error diplomático que encolerizó a los demócratas gratuitamente.

 

 

Valoración de los movimientos junteros.

 

Se considera, desde el punto de vista historiográfico, que los levantamientos fueron un éxito de Sagasta, el ministro de Gobernación que los reprimió, y un fracaso de los demócratas federales, bien porque Sagasta habría provocado los levantamientos para hacer la represión consiguiente y acabar con ellos, o bien porque los acontecimientos le permitieron obrar de esta manera a Sagasta. Objetivamente, los federales fracasaron en estos levantamientos y ya no tuvieron “chance” política en los siguientes cuatro años, ni triunfaron durante la República de 1873-1874.

Debemos dar una explicación al fracaso de las Juntas: la inmediata, es que la organización de la violencia es contraproducente para las fuerzas minoritarias, cuando no son capaces de imponerse sobre la mayoría. Pero es que además, había muchos revolucionarios distintos y contradictorios entre sí esperando el momento de hacer su propia revolución aprovechando las aguas turbulentas. Y el peligro eran los enfrentamientos entre distintos grupos revolucionarios.

En octubre de 1868 se dio libertad de asociación y reunión, y Barcelona creó inmediatamente la Dirección Central de Sociedades Obreras uniendo en ella a las diversas sociedades de resistencia antes clandestinas. Esta asociación pasó a llamarse, en febrero de 1869, Centro Federal de las Sociedades Obreras, al adquirir una ideología republicana demócrata federal.

Aprovechó el momento Bakunin para enviar a Giuseppe Fanelli a España, llegando éste a Barcelona, donde se reunió con Elie Reclus, Arístides Rey, Fernando Garrido y José María Orense. Fueron juntos a Tarragona, Tortosa y Valencia. Barcelona ya había enviado en septiembre de 1868 un delegado al IV Congreso de la AIT de Basilea, Rafael Farga Pellicer, mientras Madrid no había enviado a nadie. Fanelli continuó viaje a Madrid, ya sólo, llegó a casa de Julián Rubau Donadeu el 4 de noviembre de 1868, y se reunió con Fomento de las Artes para crear una delegación de la AIT con 21 miembros.

 

 

La utopía de 1868.

 

El Gobierno de 1868, se instaló en la utopía de creer poder cambiar el mundo exclusivamente desde el Gobierno, incluso sin sus antiguos aliados, los terratenientes y el gran capital, y sin la alianza con las nuevas fuerzas populistas y socialistas que estaban surgiendo. Creyeron que la pedagogía sería suficiente para cambiar a la España política, y a la sociedad española. Iniciaron así las utopías regeneracionistas en que se instalarán los Gobiernos de fines del XIX y principios del XX. Los de 1868 teorizaban que, combatiendo el irracionalismo religioso y el poder de la Iglesia sobre la enseñanza en la escuela y sobre la educación en la familia, se llegaría al deseado cambio de mentalidad social. Argumentaban que el progreso tecnológico exigiría de las fuerzas de trabajo menor formación de tipo laboral, y que la participación del pueblo en la cultura favorecería el progresismo liberal.

Chocaron con grandes inconvenientes que les llevaron al fracaso, aparte de la irracionalidad del dicho de que el saber y la cultura hagan moralmente mejores a las personas:

En primer lugar, los partidos y grupos proletarios estaban instalados en la misma utopía. Los grupos que mejor podían apoyar las reformas, veían en la formación intelectual un instrumento de emancipación que permitiría la lucha ideológica contra el capitalismo, pues, según ellos, la pobreza sólo desaparecería al compás de la desaparición de la ignorancia. Esa era la utopía del proletariado de finales del XIX, que se oponía a la utopía demócrata. Había pues, varias teorías adoctrinadoras simultáneas y contrapuestas.

En segundo lugar, los septembristas no disponían de dinero para hacer escuelas, formar maestros y pagar a esos maestros que debían combatir el irracionalismo religioso, que no la religión (un nuevo error era eso de combatir la religión). La salida obvia fue ayudarse de la escuela privada para poder extender la enseñanza, pero la privada era la Iglesia, que volvía por ese camino al dominio de la enseñanza. Cuando la Restauración devolvió más adelante a la Iglesia todo su poder sobre la enseñanza y, en 1875, volvió Orovio al ministerio, todo estaría como siempre estuvo, y la revolución apenas habría dejado secuelas de calado, aunque sí las suficientes brasas para volver a intentar reencender el fuego.

En tercer lugar los septembristas perdieron el apoyo de los negociantes cubanos.  Adelardo López Ayala, ministro de Ultramar, decidió que no se podía obrar a la ligera, ni con precipitación, en Cuba y Puerto Rico, en el sentido de que no se podía liberar a 540.000 esclavos en medio de una población de 700.000 blancos, porque era provocar una guerra civil o al menos iniciar una época de desórdenes continuados. Decidió que era preciso guardar el orden público, quedando las reformas para hacerlas poco a poco, cuando fuera más conveniente, lo cual se denomina en historia oportunismo político. Los estancieros cubanos, que habían puesto dinero para el golpe de 1868, y eran independentistas, entendieron que el propósito de los Gobiernos septembristas era liberar paulatinamente a los esclavos, y se sintieron defraudados y ya no creyeron las buenas palabras de Prim, que los españoles se estaban creyendo.

 

 

Reformas docentes del Gobierno Provisional.

 

El 10 de octubre de 1868 se dio un Decreto de Disolución del Real Consejo de Instrucción Pública, que sería sustituido posteriormente por la Junta General de Instrucción Pública, la cual era elegida democráticamente. A partir de aquí, se hizo un gran cambio en la enseñanza:

Por Decreto de 14 de octubre se derogó la Ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 1868, instaurando la libertad de enseñanza primaria y restaurando las Escuelas Normales de formación de maestros.

Por Decreto de 21 de octubre se suprimió la legislación universitaria dada a partir de 1866 y se dio la libertad en la enseñanza superior. Entre otras cosas, surgió la Extensión Universitaria, copia de una idea de Oxford 1850 y París 1867, que defendían que había que llevar la Universidad a la sociedad. Ello serviría en su día para que tuviera éxito la ILE (Institución Libre de Enseñanza).

Por Decreto de 25 de octubre se hizo una reforma de la enseñanza secundaria. Lo más significativo era la libertad de cultos en los centros de enseñanza y la posibilidad de no cursar latín en estas enseñanzas.

Todas estas medidas iban encaminadas a una reforma más grande, expresada por el proyecto de Ley de Enseñanza de Ruiz Zorrilla de 23 de abril de 1869, que daba vía libre a la enseñanza privada, apoyaba la enseñanza pública, descentralizaba la enseñanza permitiendo a Diputaciones y Ayuntamientos la creación de centros de enseñanza de distintos niveles, daba libertad de cátedra y especial libertad a la Universidad, pues a la autonomía para organizar sus propios planes de estudios se unía la autonomía financiera para sufragarlos.

Los resultados de esta política educativa fueron muy importantes:

Se repuso a los profesores expedientados en 1868 en sus cátedras.

Se suprimieron las asignaturas de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Religión, Moral Cristiana.

Se suprimió la Facultad de Teología.

Se crearon Universidades Libres en Córdoba, Sevilla y Vitoria.

Se creó una Escuela Libre de Medicina en Sevilla (Federico Rubio).

Fernando de Castro, rector de la Universidad Central impulsó la educación de las mujeres con proyectos como Conferencias Dominicales, Escuela de Institutrices (diciembre de 1869), y Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1871).

Se aceptó el positivismo y el darwinismo con gran disgusto tanto de los krausistas como de los católicos.

Se fundaron sociedades científicas que publicaron libros y revistas que daban a conocer traducciones de artículos publicados en el extranjero, tales como la Sociedad Antropológica Sevillana de 1871, la Sociedad Española de Historia Natural de 1872, la Revista de Antropología de 1874, la “Revista Mensual” de Sevilla 1869-1874, la Revista de España de 1868-1895, la Revista Europea de 1874-1879, la Revista Contemporánea de 1875-1907.

Se creó el Instituto Geográfico y Estadístico el 12 de septiembre de 1870.

Se introdujo la enseñanza de la paleontología en la Universidad Central.

Se expulsó a los jesuitas de España.

Se suprimió la subvención a los seminarios conciliares.

Posteriormente a estos Decretos de 1868 y 1869, habría nuevos proyectos de reforma de la secundaria como el de Ruiz Zorrilla de 1869 que hemos citado, y el de Aduardo Chao, que llevaba las ciencias desde un 23% de la carga lectiva del proyecto Moyano, hasta un 44%, lo cual era un cambio significativo en la concepción global de la enseñanza secundaria.

Este cuadro de libertades de enseñanza se cortó por decreto en 29 de julio y 29 de septiembre de 1874, haciéndose cargo Serrano del control de los centros de enseñanza.

 

 

Libertad de imprenta en 1868.

 

El 23 de octubre de 1868 se dio el Decreto de Libertad de Imprenta. Este Decreto sería ratificado en 20 de junio de 1869 por una Ley de Libertad de Imprenta. Ambas medidas, Decreto y, más tarde, Ley, dieron lugar a la aparición de muchas revistas, folletos, periódicos y libros hasta el punto de que los carlistas, en guerra con el Estado, tenían su propio periódico en Madrid. Aparecieron más de 100 periódicos, casi todos ellos de carácter político, algunos republicanos, algunos protestantes y algunos obreros como La Federación de Barcelona 1869-1874 y La Emancipación de Madrid 1871-1873. Entre los nuevos periódicos encontramos la relativa sorpresa de que un cura párroco de Villanueva de la Vera (Cáceres) publicaba un periódico liberal progresista llamado “Los Neos sin Careta”. Pero ya hemos citado en repetidas ocasiones que había un clero progresista, perseguido por las autoridades católicas, y clero marginal a la política, y un clero integrista católico que dominaba la Iglesia española.

La Ilustración Española y Americana era una revista de 1869 y era cultural, poco comprometida políticamente.

La Revista de España fue de 1868-1898 y la dirigió José Luis Albareda con temas científicos, literarios y políticos de tendencia conservadora. En ella trabajó Galdós de 1872 a 1873.

La Gorda periódica liberal, era un periódico carlista antiliberal que apareció en noviembre de 1868, bimensualmente y se publicó hasta 1870.

La Flaca fue una revista liberal, satírica y anticarlista, que se publicó en Barcelona desde marzo de 1869 hasta marzo de 1876, con cabeceras variantes, debido a la censura, tales como La Carcajada, La Risotada, La Risa, la Madeja Política, El Lío, La Madeja.

Esta libertad de imprenta, tal vez influyó en el estilo de la llamada generación del 68: Valera, Pérez Galdós, Pereda y Alarcón, junto con Echegaray, aunque este último era demasiado conservador como para ser un referente de libertades.

 

 

La libertad de cultos en 1868.

 

La libertad de cultos de octubre de 1868 provocó grandes protestas de la Iglesia católica. El 12 de octubre se disolvió la Compañía de Jesús y se incautaron sus bienes. El 19 de octubre se extinguieron conventos y casas religiosas. La campaña terminó el 6 de noviembre con la derogación del fuero eclesiástico.

 

 

Relaciones con El Vaticano.

 

Juan Álvarez Lorenzana, Ministro de Estado español, pidió relaciones a El Vaticano, y monseñor Alexandro Franchi, el Nuncio oficial, pero no residente en Madrid, le confirmó que El Vaticano no había roto relaciones con el Estado español. Pero las cosas no estaban tan claras: la libertad de religión no era aceptada por la Iglesia, pero la Iglesia no quería, por cuestiones de imagen, ser ella la que rompiese. Franchi se había marchado de España en julio de 1855 y la nunciatura era gestionada desde 1857 por un encargado de Negocios, Giovanni Simeoni.

El embajador de España en El Vaticano, Alejandro de Castro, conservador e isabelino, dimitió. Por su parte, Isabel de Borbón, la Reina expulsada de España, envió a Roma un delegado personal suyo, Severo Catalina del Amo, para abogar por que el Papa condenase a los revolucionarios españoles de septiembre de 1868, y declarase a Isabel Reina legítima de España.

El Gobierno de España envió a Roma a José Posada Herrera, un gran dialéctico de Unión Liberal, que se incorporó a su puesto en 27 de diciembre de 1868 y no logró que Giácomo Antonelli[1], cardenal Secretario de Estado de El Vaticano, ni Pío IX le recibieran oficialmente, aunque sí lo hicieron en privado. Incluso para Posada Herrera era difícil la misión, puesto que el Gobierno español suprimía la Compañía de Jesús en 12 de octubre de 1868, extinguía los monasterios, colegios y conventos fundados después de 1837 y suspendía las asignaciones oficiales a los seminarios diocesanos. Aún así, El Vaticano no rompía, pero tampoco aceptaba relaciones. Las tensiones se reflejaban dentro de España, pues el Gobierno decidió incautarse de bienes de la Iglesia en 15 de octubre de 1868 y 1 de enero de 1869, y el gobernador de Burgos, Gutiérrez de Castro, intentó entrar en la catedral y tomar esos bienes, por lo que fue linchado por la multitud. En represalia, las masas republicanas asaltaron la nunciatura de Madrid. El 15 de febrero de 1869, Posada Herrera se declaró fracasado y regresó a España. No hubo relaciones hasta la llegada de Amadeo de Saboya.

 

 

Guerra en Cuba.

 

Prim estaba dispuesto a vender Cuba a Estados Unidos, pues creía que la empresa de las colonias era imposible para España. Pero surgió una opinión muy fuerte en defensa de la persistencia de las colonias y Prim renunció a esa lucha política, lo cual significó el inicio de la guerra. La opinión casi unánime de los historiadores es que Cuba era insostenible, tal como decía Prim. Si España se mantuvo en ella 30 años más, fue porque Gran Bretaña no quería que Estados Unidos se hiciese dueña del Caribe y de sus productos comerciales, al tiempo que Estados Unidos no quería la presencia de Gran Bretaña o Francia en sus costas. Todos preferían continuar la presencia de España en Cuba, hasta el momento y circunstancia propicia para hacerse dueños de ella. Los únicos que no veían esta realidad diplomática internacional eran los políticos españoles que preferían seguir pensando en grandezas imperiales de España que sólo existían en su imaginación. Tampoco se enteraban de la realidad los cubanos, que se imaginaban inmensos negocios e independencia con negocios en igualdad de trato respecto a los Estados Unidos. Españoles y cubanos estuvieron negando la realidad durante un siglo al menos.

El 10 de octubre de 1868 tenía lugar el Grito de Yara en Cuba y se iniciaba una guerra. La dirigía militarmente José Martí[2]. Tenía el apoyo de Estados Unidos, que no participaba directamente en la guerra, pero presionaba diplomáticamente a favor de los insurrectos y les vendía armas y asesoramiento.

Los rebeldes cubanos se habían reunido el 3 de agosto de 1868 en la hacienda de San Miguel del Rompe, en Tunas, y habían nombrado su jefe a Carlos María de Céspedes. El 10 de octubre, en Yara, hicieron un manifiesto en el que rechazaban el sistema fiscal impuesto por España, las trabas al comercio libre y la esclavitud, y que se llamó Grito de Yara.

El Capitán General de Cuba, general Lersundi, contestó con otro manifiesto proclamando que la Reina de Cuba era Isabel II (que había sido derrocada 11 días antes). En abril de 1869, los cubanos redactarán una Constitución independentista y nombrarán a Céspedes presidente de la República de Cuba. España enviaría contra los independentistas a Domingo Dulce Garay en 4 de enero de 1869, a Felipe Ginovés Espinar y de la Parra en 28 de junio de 1869, a Antonio Caballero Fernández de Rodas en 28 de junio de 1869 y a Blas Villa te de la Hera conde de Valmaseda en 13 de diciembre de 1870, Francisco Ceballos Vargas el 11 de julio de 1872, Cándido Pieltain Hove Huergo en 18 de abril de 1873, Cayetano Figueroa Garaondo  en 30 de octubre de 1873, Joaquín Jovellar Soler en 4 de noviembre de 1873, José Gutiérrez de la Concha Irigoyen en 4 de abril de 1874, y otros muchos, que sufrieron la pérdida continua de hombres. Para 1878, España había perdido 130.000 hombres en la guerra de Cuba.

En 1868 había en Cuba dos grupos políticos:

Los conservadores que no querían cambiar el estado de las cosas, eran pro-peninsulares, y no concebían que fuera posible liberar a una masa de esclavos analfabetos y violentos, que constituía la mitad de la población cubana, sin exponerse a violencias y ruina de las plantaciones. Entre ellos estaba el líder pro-esclavista y ultracatólico Antonio López López, futuro marqués de Comillas y también estaban muchos de los inversores catalanes de fin de siglo.

Los reformistas que querían acabar con la trata de esclavos y con la esclavitud misma, y que acabaron siendo independentistas al no concedérseles ninguna de sus reivindicaciones. Teóricamente, estaban bien fundamentados, pero en la práctica pesaba sobre ellos la experiencia de Ahití, donde los esclavos liberados negros organizaron desórdenes y matanzas, demostrando que no es fácil pasar de la esclavitud a la igualdad, sin una fase transitoria.

La opción era difícil, y pensar que los unos eran malísimos, y los otros tenían toda la razón, es no conocer el tema, o no saber nada de historia, donde los asuntos son siempre complejos. Pensar en una solución fácil es un insulto a la inteligencia de muchos políticos y hacendados del momento, que pusieron medios, y fracasaron en el intento. Liberar a los esclavos era un riesgo cierto de un estallido de violencia. Y no liberarlos, era soportar una violencia continuada de rebeldía y de castigos a los rebeldes.

España no quiso, o no supo, imponer la tercera vía, la fase transitoria.

España optó por los primeros, por los adinerados que gran parte del año vivían en Londres, París y Madrid, y mandaban sus hijos a estas ciudades a estudiar y ver mundo, cerrando los ojos a la gran desigualdad social, fruto de los bajos jornales y la explotación de esclavos. España pensaba que ello le reportaría azúcar barato y el consiguiente negocio en la España peninsular. El negocio consistía en importar desde la península un producto barato a granel y, con ganancias increíbles, empaquetarlo para su distribución. Otro negocio español era exportar a Cuba en monopolio los textiles catalanes, el grano castellano, el vino riojano y los hierros vascos. Gran parte del negocio le pertenecía a la familia real, a María Cristina de Borbón en concreto.

Cuba también vendía tabaco y azúcar a los Estados Unidos, con costes altos debido a los impuestos de exportación, que los comerciantes americanos podían bajar si se pasaba a un comercio libre, aun a costa de la independencia de la isla si hiciera falta.

Prim cometió un error al nombrar Capitán General de Cuba a Caballero de Rodas, un partidario de la mano dura. Prim pensaba repetir su táctica preferida de mano dura primero, y clemencia después, pero Caballero de Rodas fue tan duro que significó un obstáculo en todas las negociaciones con los cubanos que hubo en adelante.

 

 

El carlismo en 1868.

 

En octubre de 1868, Juan de Borbón, el pretendiente carlista, abdicó a favor de su hijo Carlos de Borbón y Austria de Este (Carlos VII para los carlistas). Se trataba de un deseo de los integristas católicos, al que accedió Juan. Incluso los carlistas cambiaron de nombre para llamarse “Comunión Católico Monárquica” y captaron ultracatólicos de todas partes de España.

Los carlistas decidieron participar en política a partir de 1868 y encomendaron la tarea a líderes neocatólicos como Francisco Navarro Villoslada y Cándido Nocedal, crearon asociaciones de católicos que les permitieran mejores resultados electorales.

 

 

El iberismo.

 

El iberismo había sido una creación romántica, un nacionalismo integrador, al estilo del italiano o el alemán, que apareció en España al mismo tiempo que el liberalismo. Lo plantearon los diputados de Cádiz en 1810-1812, y los liberales del Trienio Constitucional de 1820-1823.

En los primeros años del siglo XIX estaba más arraigado en Portugal que en España. España temía que los reyes portugueses se hicieran con el trono español, y todavía Evaristo Pérez de Castro, embajador de España en Lisboa en 1834, manifestaba preocupación por que los reyes portugueses tuviesen la idea de reinar también en España. Pasada esta primera época, los portugueses abandonaron la idea integradora, y entonces el iberismo prendió en España entre los sectores más progresistas, no entre el Gobierno conservador.

La pregunta es si había condiciones para la unión entre los Estados de España y Portugal. Y parece ser que no: eran dos economías agrícolas y ganaderas, con burguesías débiles y grandes diferencias regionales internas cada una de ellas. Los lazos económicos eran escasos porque ambos producían lo mismo y necesitaban las mismas cosas, con lo cual preferían el comercio con terceros países. Se consideraban cada uno la competencia del otro. Los argumentos en pro de la unificación eran de tipo romántico, históricos y lingüísticos.

En 1840, El Huracán, periódico radical, y El Peninsular, propusieron una unión federal de España y Portugal. El Huracán lo consideraba como algo inevitable, el signo de los tiempos. El Peninsular lo veía como algo conveniente económica y estratégicamente. En 1848, la federación de España y Portugal era vista como un eslabón necesario, previo a la formación de los Estados Unidos Europeos.

En 1834-1848, ambos países pertenecieron a la Cuádruple Alianza y las relaciones diplomáticas entre ambos fueron normales por una vez. En esa época se esforzaron por desarrollar el comercio y comunicaciones entre ambos territorios. Pero en Portugal dominaban los negociantes británicos, y un poco menos los franceses, los cuales no estaban dispuestos a dejar introducirse a los españoles en el mercado portugués. A lo largo del siglo y paulatinamente, los británicos acabaron quedándose con casi todos los negocios portugueses, y los franceses con gran parte de los negocios españoles.

España intervino en 1834 y en 1847 en Portugal al amparo de la Cuádruple. La intervención de 1834 había empezado en 1832, antes de formarse la Cuádruple, para luchar contra el miguelismo, porque allí estaba Don Carlos, el pretendiente al trono de España. Precisamente, la intervención de España en Portugal precipitó el Tratado de la Cuádruple. Durante la vigencia de la Cuádruple, Francia y Gran Bretaña dejaron en manos de España la solución de los problemas portugueses, y los costos los asumió España.

En 1840, se enfriaron las relaciones entre ambos Estados. Fue nombrado embajador de Portugal en España Joao Oliveira e Daun, duque de Saldanha, un hombre liberal que abogaba por que la familia real portuguesa reinara también en España. El Gobierno de Espartero consideraba que Saldanha venía a apoyar a que los moderados españoles recuperasen el poder. Lo consideraban un hombre de María Cristina, la Reina Regente expulsada. En 1842, con ocasión de un golpe en Portugal que restauró la Carta de 1826, Espartero ofreció inmediatamente su ayuda a los progresistas portugueses, pero Portugal no pidió nunca ayuda, sino que los “cartistas” portugueses exigían la solución de los problemas originados por el Tratado del Duero. El distanciamiento continuó.

En 1841, el embajador español Manuel María de Aguilar recibió instrucciones del Ministro de Estado español, Joaquín María de Ferrer Cafranga, de que trabajase a favor de la unión dinástica (esta vez con reina española) tratando de construir en Portugal un partido español entre las personas más influyentes en Portugal y le aconsejaba que hiciera promesas, concediera honores y condecoraciones, regalase premios, pero a cambio de ventajas comerciales y privilegios para empresas españolas. Su finalidad debería ser el desarrollo del comercio español en Portugal, en aquel momento marítimo porque las comunicaciones por tierra eran muy malas.

El comercio entre los dos Estados existía en forma de contrabando, y Manuel María Aguilar proponía favorecer la creación de empresas legales que desarrollaran más ese comercio. En esa política era fundamental el Tratado del Duero, por el cual las mercancías españolas podrían entrar y salir de Oporto sin pagar derechos. Ese proyecto tenía el gran inconveniente de que la mercancía que más interesaba a España era el vino, y la aparición de una gran oferta de vino español podía hundir las exportaciones portuguesas. A partir de 1847, la diplomacia española se centró en influir para que no entrasen en Portugal empresarios de terceros países, lo cual significó mucho trabajo para el Ministerio de Estado español.

En 1847, Gran Bretaña apoyaba al régimen portugués de Oporto, mientras Francia apoyaba al de Lisboa. Pero Francia oficialmente se declaraba neutral en esa guerra. Gran Bretaña propuso que España interviniese, sin acordarlo con Francia, pero España no quiso actuar contra Francia. España intervino, y se encontró que el recibimiento a sus soldados fue muy hostil, desapareciendo así el mito de la hermandad entre ambos pueblos.

La unificación italiana entre 1848 y 1860 fue de gran impacto en España. Para los conservadores, porque el Papa perdía su soberanía temporal. Para los liberales porque veían la posibilidad de recomponer la “unidad ibérica rota en la reconquista” y la hermandad de dos grandes potencias coloniales del siglo XVI, unidas durante el XVI y XVII.

En 1854, los progresistas ya habían pensado en poner a Don Pedro de Portugal como Rey de toda la península, pero no era tan fácil acabar con la monarquía de Isabel II. En 1869, postularon a Fernando de Coburgo, rey viudo de Portugal, para Rey de España. Pero el iberismo era una cuestión planteada en España por los progresistas, demócratas y republicanos, que casi nunca gobernaron. En Portugal, los iberistas de segunda mitad del XIX habían perdido su entusiasmo por la unificación. La prensa española recordaba a los portugueses, que en esos momentos estaban entregados a Gran Bretaña, que la verdadera independencia la conseguirían mediante su unión con España. Porque los progresistas españoles concibieron siempre la unión con Portugal respetando la autonomía de ambos Estados, una unión que sería monárquica, pero con Gobiernos distintos.

En la época 1854-1868, uno de los objetivos de los iberistas españoles fueron las comunicaciones con Lisboa y Oporto. Consideraban que, cuando las comunicaciones fueran buenas, acabaría la influencia de los comerciantes británicos. Algunos incluso pedían que España tuviera ya las condiciones ventajosas de las que disfrutaban los británicos en Portugal. Pero el proyecto del ferrocarril Madrid-Lisboa levantó muchas suspicacias en Lisboa.

El ejemplo del Zollverein alemán también impactó en España, y fue propuesto como modelo para diseñar la unión con Portugal.

Pero hubo malas influencias que pusieron en contra a muchos portugueses: Mendizábal y Salamanca emprendieron negocios sucios en Portugal, comprando políticos para obtener ganancias especulativas, de forma similar a como lo venían haciendo en España. Mendizábal condicionó la ayuda española en la guerra civil portuguesa a la presencia en Portugal de sus amigotes, Silva Carvalho y Freire. En 1859, Salamanca tomó posiciones en la construcción del ferrocarril Madrid-Lisboa a fin de obtener la concesión del tramo portugués, y utilizando el nombre del Estado español, ofreció subvenciones españolas a la construcción de ese ferrocarril.

En 1868, en la revolución que acabó con Isabel II, los republicanos federales hablaban de unión ibérica, los moderados de unión dinástica con Portugal y los demócratas de federación de los Estados español y portugués.

La revolución española fue bien recibida por los portugueses, pero enseguida los españoles plantearon el iberismo y, entonces, en Portugal renacieron las suspicacias antiespañolas. Todo era hablar de conspiraciones y política secreta.

En 1869, la candidatura del portugués Fernando de Coburgo al trono de España, se tomó como la ocasión de unión entre España y Portugal, y según los progresistas, sería paulatina y sin traumas y sin que afectara al orgullo portugués. El proyecto había sido presentado en 1851 por Sinibaldo de Mas, Ministro Plenipotenciario de España en Macao, el cual decía que se podía casar a Isabel II con Pedro de Portugal. La idea fue apoyada por La Iberia, El Diario Español, periódicos progresistas españoles, y O Progreso, regeneracionista portugués. Pero Don Pedro se casó, Isabel II tuvo un hijo varón, Alfonso, y se olvidó el tema. Desde entonces, los progresistas españoles lucharon por el destronamiento de Isabel II y de todos los Borbones, pues no veían utilidad ninguna a esa monarquía.

Todas estas declaraciones políticas eran letra muerta, pues no analizaban los problemas y necesidades económicas y políticas de cada Estado, y no veían a Portugal en plano de igualdad, sino que decían que Portugal envidiaba a España y por ello no aceptaba los proyectos españoles de unidad ibérica. Con este planteamiento, la unión era imposible. No se planteaban solucionar los problemas de las colonias de ambos Estados, los litigios fronterizos seculares, resolver el antagonismo de Francia y Gran Bretaña sobre la Península Ibérica. Y además, se permitían injerencias políticas de un Gobierno sobre el otro, lo cual empeoraba las relaciones.

 

 

Programa monárquico del Gobierno Serrano.

 

Cuando el Gobierno español declaró que su sistema político seguía siendo monárquico, la idea tranquilizó mucho a los europeos, pero surgió el problema de quién sería el nuevo Rey.

En realidad había tres proyectos de Estado entre los revolucionarios del 68:

Los unionistas Topete, Vega de Armijo y Serrano buscaban mantener la monarquía en Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II, y en su defecto, optaban por Antonio de Montpensier, el marido de Luisa Fernanda que vivía en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Los progresistas buscaban mantener la monarquía, pero no la dinastía de los Borbones, y optaban por el portugués Fernando de Coburgo.

Los demócratas buscaban la república.

Nadie pensaba todavía en un rey como Alfonso XII, porque el niño, de 14 años todavía, requeriría una regencia, lo cual introduciría a Isabel II de alguna manera en el Gobierno de España. Tal vez Cánovas hubiera pensado en esta posibilidad, pero es prematuro decir que ya lo tenía previsto en 1868.

 

 

El proyecto Antonio de Montpensier.

 

El proyecto de Antonio de Montpensier[3] era en realidad un poco distinto de la posibilidad de coronar a Luisa Fernanda. Este individuo de la realeza francesa, se había casado con Luisa Fernanda de Borbón, hija de Fernando VII, especulando con que Isabel II no tuviera hijos legítimos, puesto que el marido de ésta tenía tendencias homosexuales, lo cual haría heredera del trono a su mujer, hermana de la Reina. El problema consistiría en desheredar a los muchos hijos de Isabel II que, aunque fueran ilegítimos a la vista de todos, habían sido reconocidos como hijos suyos por don Francisco de Borbón y Borbón dos Sicilias. Pero si se ilegitimaban los hijos de Isabel, la heredera era Luisa Fernanda, y si se consideraba que ésta no era idónea, la corona podía pasar a su marido, Antonio de Montpensier.

A través de ello, Antonio de Montpensier pretendía ser él el Rey de España y se había presentado a los españoles como un príncipe católico, alternativa al carlismo, idea que creía que era fundamental para lograrlo. A pesar de sus esfuerzos, no consiguió el apoyo de los carlistas. Por ese motivo había puesto mucho dinero a favor de los revolucionarios de 1868 y se decía que el Palacio de San Telmo en Sevilla era el centro de la conspiración de 1868, como también presuntamente lo sería de la que acabó en 1870 con la vida de Prim, que se oponía a este proyecto.

Montpensier estaba vetado por Napoleón III de Francia.

Prim se negó en redondo a aceptar a Luisa Fernanda, y dijo que no quería más Borbones. Los unionistas propusieron entonces a Antonio de Montpensier, marido de Luisa Fernanda, y Prim se volvió a negar. ¿Qué quería Prim? Quería una monarquía nueva que no estuviera supeditada a compromisos con María Cristina, Isabel II y sus familias respectivas. Y además, debía ser una monarquía democrática.

 

 

El proyecto Fernando de Coburgo.

 

Juan Prim presentó a Fernando de Sajonia-Coburgo el rey viudo de Portugal, hombre inteligente y sencillo que representaba para los progresistas la posibilidad de realización de un viejo sueño, la “unión ibérica” de España con Portugal. Pero Fernando de Sajonia conocía los problemas de la monarquía española, las dificultades políticas que se iba a encontrar si aceptaba y los riesgos que corría la vida de un Rey en España en esos momentos. Y no aceptó. Además, ni Gran Bretaña ni Francia querían un rey portugués en España. Napoleón III aducía razones de seguridad, y Gran Bretaña de peligro para sus negocios en Portugal si desembarcaban en ese país los empresarios españoles. Portugal trató el tema en la prensa y en las Cortes y se opuso al proyecto. Fernando de Coburgo tampoco quería ser rey de España. Y sorpresivamente, El Incoloro, un periódico financiado por Antonio de Montpensier, publicó el rumor de que Fernando de Sajonia-Coburgo estaba liado con una actriz británica llamada Fanny Essler, que podía pasar a ser Reina de España. La candidatura de Fernando de Sajonia-Coburgo decayó.

Cuando Joao Oliveira e Daun duque Saldanha dio un golpe de Estado en Portugal, muchos portugueses lo relacionaron con los acontecimientos españoles. Prim se apresuró a manifestar que, en caso de ser elegido Rey de España Fernando de Coburgo, la unión de España y Portugal no se haría sin el consentimiento explícito de los pueblos portugués y español. Con ello, trataba de calmar los ánimos. Pero Fernando de Coburgo siguió sin querer aceptar la candidatura al trono de España.

 

 

El proyecto republicano.

 

El proyecto republicano era una idea de minorías universitarias, que caía bien estratégicamente a los revolucionarios anarquistas y socialistas, pues veían más fácil la revolución con una República dividida que con la monarquía unitaria. Había por lo tanto, muchos proyectos de república. Era un fracaso cuando de planteó en 1868 y fue un fracaso cuando se llevó a cabo en 1873.

 

 

El proyecto Isabel II.

 

En marzo de 1869, Isabel II creía que todavía podría regresar al trono de España. Le habló a Cánovas de organizar un grupo de generales que diera un golpe de Estado y le devolviese el trono. Isabel II sabía que Cánovas era enemigo personal suyo, pero que era monárquico convencido. Cánovas le contestó a la ex Reina que en los últimos años de reinado de Isabel II la Reina había adoptado la táctica de entrada en un camino cerrado, a pesar de las advertencias que Cánovas le había hecho al respecto. Y que incluso O`Donnell le había advertido de sus errores. Por esas razones, lo que proponía Isabel II en 1869 era muy difícil por el momento. Le sugería a Isabel II “abnegación y prudencia”. ¿Estaba Cánovas pensando ya en Alfonso XII? Parece prematuro.

 

 

Programa político del Gobierno Serrano.

 

El 25 de octubre de 1868 tuvo lugar el segundo manifiesto programático de la revolución del 68. El primero fue de 19 de septiembre el día antes del golpe, el llamado “España con Honra” o “Manifiesto de Topete”. Este segundo manifiesto acusaba a los Borbones de déspotas que debían ser sustituidos por la soberanía del pueblo manifestada por sufragio universal; proclamaba libertades de religión, enseñanza, imprenta, reunión y asociación, separación de lo político y lo religioso; y anunciaba vagamente una descentralización del gobierno. No se pronunciaba sobre la monarquía o la república, pero recordaba que la tradición española era monárquica, lo cual apuntaba una solución y  minusvaloraba la otra, todo el mundo sintió que Prim se decantaba por la monarquía, y los republicanos quedaron muy decepcionados.

El 6 de noviembre se prohibió a los militares participar en asociaciones o reuniones políticas.

El sufragio universal concedido el 9 de noviembre de 1868 permitía votar a todos los varones mayores de 25 años con el solo requisito de estar inscritos en el padrón. Se utilizó por primera vez en las municipales de 18 de diciembre de 1868, pero no pudo votar mucha gente porque no figuraban en el censo. De 15,5 millones de habitantes, el censo electoral permitía votar a 3,8 millones, pero el máximo de votos emitidos nunca pasó de 2,5 millones. La cantidad de personas con derecho a voto se había incrementado muy notablemente. Con leyes anteriores venían teniendo derecho a votar entre 400.000 y 700.000 personas.

Junto a la Ley del sufragio universal, se cambió la circunscripción electoral, abandonando el partido judicial con candidato único, que sólo permitía obtener diputados a la mayoría, por la provincia con lista de candidatos, lo cual permitía obtener candidatos a las minorías.

El 9 de noviembre de 1868 se pusieron en vigor las medidas electorales de 1854. Se hacía con vistas a elegir Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, jueces de paz, y algunos cargos de la Administración.

Las elecciones fueron convocadas en 6 de diciembre de 1868, y se convocaron para 15-18 de enero de 1869. Se preveía que las Cortes se abrieran el 11 de febrero.

 

 

La oposición en 1868.

 

Un aspecto de la liberalización, fue la formación de asociaciones en contra de las leyes liberales del Gobierno. A consecuencia de esta liberalización surgió en Cataluña, en 1869, la patronal Fomento de la Producción Nacional con empresarios de distintas ramas, pero la mayoría manufactureros o artesanos preindustriales, que no podían afrontar un liberalismo económico por muy moderado que fuese. Todavía surgiría otra patronal aún más proteccionista que se llamó Fomento de la Producción Española, en principio aliada de la primera, pero se separaron en 1876. Fomento de la Producción Española desaparecería en 1889 cuando quedó incluida en Fomento del Trabajo Nacional.

Un aspecto poco estudiado de la liberalización, tuvo lugar dentro del catolicismo español: A finales de 1868, algunos obispos españoles se manifestaron contra el nuevo Gobierno en la línea tradicional antiprogresista, pero otros se negaban a hacerlo y formaban un frente liberal. Estamos otra vez con el llamado “jansenismo español”, más propio del XVIII, católicos que admitían el liberalismo y criticaban el autoritarismo de la Iglesia. Todos se declaraban leales al Papa, y por tanto no había escisión religiosa. Capitaneaba a estos “jansenistas españoles” el obispo de Zaragoza. La situación se complicó cuando algunos obispos fueron elegidos diputados lo cual les obligaba a jurar la Constitución. Se consultó al Papa y el Papa autorizó que juraran, pero a la hora de jurar el 17 de marzo de 1870, unos, los conservadores, se negaron, y otros, los “jansenistas”, juraron.

 

 

La reordenación monetaria.

 

La creación de la peseta se hizo por un decreto de 19 de octubre de 1868. El 5 de febrero de 1869 se emitió la primera peseta realmente. Y además, tuvo que ser retirada porque se les había olvidado poner “España”, y tuvo que ser reacuñada[4].

La peseta tuvo en 1869 una aparición oficial, pero su circulación generalizada y aplicación a las operaciones corrientes del ciudadano, no fue adoptada por los españoles hasta principios del siglo XX, porque era una moneda de altísimo valor, y equivalía al salario de un día. La peseta se convirtió en una unidad de cuenta[5], pues no servía para operaciones corrientes de una familia normal española.

La peseta de 1869 era una moneda de plata de ley de 0,835 milésimas, con múltiplos de 2 y de 5 pesetas de 0,900 milésimas de pureza. Los divisores de 0,50 y 0,20 pesetas, tenían igual pureza. Circulaban monedas de bronce de 10 céntimos (perra gorda), 5 céntimos (perra chica), 2 céntimos y 1 céntimo de peseta. A la peseta se le dio un valor, respecto a las monedas anteriormente circulantes, de cuatro reales, mitad del valor que tenía en 1809.

La bajada de valor de la peseta fue muy beneficioso para el país, pues se ganó en competencia en el extranjero.

Quizás la pieza más interesante fue la de 5 pesetas, equivalentes a veinte reales. Como el antiguo peso duro, también valía 20 reales de plata, la nueva moneda de 5 pesetas fue llamada inmediatamente “duro”. La primera moneda se emitió en 1870, y luego la acuñó Amadeo en 1871, el Cantón de Cartagena en 1873, Carlos VII en 1874, y Alfonso XII en 1877.

En 1874, se emitieron billetes de papel por valor de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas, cuya circulación fue nula en el nivel común de mercado, pues una peseta era poco menos del jornal diario de un trabajador no cualificado y mal pagado, un valor ya demasiado alto.

El oro se podía acuñar libremente a la equivalencia de 1/15,5 respecto a la plata. La aceptación de este sistema bimetálico dio malos resultados, pues el oro empezó a desaparecer por la regla de que la moneda mala expulsa del mercado a la buena. En 1873 se impondría un sistema monometálico en plata. A pesar de la mala experiencia bimetálica, el oro se volvió a aceptar, por influencias extranjeras, en distintos momentos de la historia.

El porqué de escoger la peseta como unidad monetaria tuvo relación con la moneda francesa, el franco de plata de 5 gramos. Francia tenía un sistema bimetálico al que se habían adherido Bélgica, Italia y Suiza, la llamada Unión Monetaria Latina, y España se sumó a ese grupo. Además, la peseta española de 5,192 gramos se parecía al franco francés de 5 gramos en peso.

En 1874 se concedería la acuñación de la peseta al Banco de España en régimen de monopolio. En 1937 tenía tan poco valor que hubo de ser acuñada en latón, y en 1944 en cobre. En 1982 el valor era tan pequeño que se fabricaban en Chile para que fueran rentables, y más tarde pasaron a fabricarse en aluminio. Desaparecería el 1 de enero de 2002.

 

 

La reordenación económica.

 

El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, se encontró con una crisis en Hacienda valorando un déficit de 504,4 millones de pesetas y créditos por otros 628,5 millones de pesetas, que no se podían pagar puesto que los ingresos fiscales estaban disminuyendo y los intereses de la deuda eran muy altos. Tampoco podía recurrir a la banca nacional pues muchos bancos estaban en suspensión de pagos desde 1866, lo cual había provocado la paralización de las obras del ferrocarril y el despido de miles de obreros. Decidió pedir un crédito en el extranjero y reactivar la industria textil y minera.

La crisis de Hacienda se producía en medio de una crisis económica generalizada: La crisis de 1865 había encarecido el algodón, pero se podía ir a la concentración empresarial y modernización técnica de la producción. Otro inconveniente era el paro obrero, pues seguían las malas cosechas desde 1867 y se habían acabado los fondos de los Ayuntamientos para hacer obras públicas que paliaran el paro. Los obreros vagaban por las calles y acudían a las ciudades, donde su concentración era un peligro para el orden público. El 23 de noviembre de 1868 Figuerola negoció con los Rothschild un préstamo de 1.656.000 libras a 30 años, al 8% de interés y 4% de comisión, y en garantía entregaba las minas de cinabrio de Almadén.

Entre las reformas impositivas de Figuerola estuvieron:

La eliminación del derecho de bandera o tasa de puerto por la que los barcos extranjeros pagaban más que los nacionales, lo que equivalía al librecambismo. El 22 de noviembre de 1868 se dio una ley librecambista que permitía a los buques extranjeros la entrada en puertos españoles para llevar mercancías nacionales, quitando derechos suplementarios a estos barcos extranjeros. A raíz de ello, aumentó el comercio y alguna actividad industrial, y también bajaron los precios de los alimentos, pero la industria española de astilleros cayó a favor de la industria escocesa, y la industria textil catalana se hundió frente a los tejidos ingleses y franceses. Este proyectó alarmó a los grandes terratenientes e industriales españoles que vivían del proteccionismo del Estado y será suspendido por el decreto Salaverría de 1875 y ley de 1879. Con la restauración borbónica de Alfonso XII se volvió a un proteccionismo cerrado, el más alto de todo el mundo.

 

 

La Ley de Minas de 1868.

 

La Ley de Bases de la Minería de 29 diciembre de 1868 era la liberalización total y completa del subsuelo español, completando leyes de 1849 y de 1859 en el mismo sentido, todas ellas sobre la base del Decreto de julio de 1825. Esta ley daba todo tipo de facilidades para la explotación del subsuelo a los particulares, así como garantías de explotación y comercialización o exportación y ventajas fiscales a este negocio, lo cual dio un impulso importante a la minería en el norte y en Sierra Morena y Cartagena. Se ponía fin al monopolio del subsuelo por la Corona. Simplificó los trámites de registro de minas, privatizó las minas explotadas por la Real Hacienda y eliminó la obligación de mantenerlas pobladas y en explotación, como mandaba el Decreto de 1825, y confirió carácter perpetuo a las explotaciones. El propietario tenía la seguridad de no ser expropiado.

Una vez más las cosas se hicieron mal, quizás porque los gobernantes se hallaban agobiados por problemas de Hacienda: se entregaron las minas a los extranjeros, sin apenas restricciones ni control. Las concesiones eran otorgadas por cada Gobernador Civil y se hacían a perpetuidad. Los beneficios no estaba contemplado que se reinvirtieran, lo cual significaba que se llevaban al extranjero y no hacían crecer la economía interior con nuevas inversiones, sino en muy pequeña medida. Las compañías extranjeras no se preocupaban por la elaboración de minerales en el país, sino que sólo querían materias primas para llevárselas, aprovechando los salarios miserables de una España no desarrollada para la labor cara de la extracción. Fue un error de planteamiento, y es que obtener trabajo a toda costa no es la mejor decisión de un Gobierno. Por ejemplo, Riotinto se felicitó a sí misma por obtener cobre en Huelva con salarios inferiores a los pagados por su empresa Rokhana en África. Felicitarse por tener salarios bajos, no creemos que fuera ni correcto, ni ventajoso para España.

El decreto de liberalización minera perjudicó a los inversores españoles, que perdieron gran parte de sus negocios, y creó una economía dependiente del exterior. Se abrió el camino a la especulación, a comprar muchas concesiones para revenderlas. Apareció mucho dinero dispuesto a comprar concesiones, pero en la compra no se aseguraba que se explotarían las minas. De las 29.778 concesiones, sólo 2.011 estaban en activo y de ellas casi todas coincidían con explotadores extranjeros del cobre, mercurio, plomo, zinc y wolframio.

Otro defecto de la ley de minas fue no fijar tamaños mínimos de las explotaciones, con lo que cualquiera pudo iniciar una perforación o excavación y muchas empresas eran muy pequeñas e incapaces de modernizarse ni de invertir.

 

Hitos históricos en la minería española de esta época fueron:

-En 1868 la casa Rothschild, británica, se quedó con las minas de Almadén, es decir, con el monopolio de la producción mundial de mercurio (el mercurio era muy importante para la producción bélica, para las espoletas o detonadores de las bombas). La producción de la mina se duplicó en las siguientes décadas.

-En 1870, tuvo lugar la subasta de las minas de Riotinto, la mina de cobre más conocida de España desde tiempos fenicios (el cobre fue muy importante para la fabricación de alambre conductor de electricidad). Se quedó con ella la empresa inglesa Tharsis Sulphur, que en 1874 pasó a denominarse Riotinto Co. La producción de la mina se decuplicó en las siguientes décadas.

Las inversiones más frecuentes fueron en hierro y quien más invirtió fue Gran Bretaña de modo que en 1871 llegaron 4 compañías británicas, en 1872 eran ya 12 la existentes (8 nuevas) y en 1875 eran 22 (10 nuevas). El hierro de Vizcaya-Cantabria no contenía fósforo y que se embarcaba fácilmente y con poco coste, por su cercanía a la costa.

Las minas de plomo de Linares y La Carolina fueron para empresas francesas y británicas.

Las minas de cinc de Reocín Cantabria, fueron para los belgas de Compañía Asturiana de Cinc.

 

 

[1] Giácomo Antonelli, 1806-1876, fue un personaje muy polémico, muy discutido, pues fue cardenal desde 1847 y envió, en marzo de 1848, 10.000 soldados a luchar en el bando de los nacionalistas italianos. Cuando fueron derratados, negó haber enviado soldado alguno, cosa que era evidentemente mentira. Antonelli fue retirado de la política oficial de El Vaticano un tiempo, pero fue recuperado en noviembre de 1848 como Secretario de Estado. Su gobierno era autoritario y autocrático, conservador y antinacionalista italiano, porque los nacionalistas no querían reconocer al Papa como Rey de Italia, cosa que defendían los jesuitas y el Papa. Los nacionalistas italianos se enfrentaron al Papa en ese punto. Todavía fue más polémico porque llevaba una vida frívola y sus convicciones religiosas eran muy dudosas. Y tras morir en 1876, la polémica fue a más, porque dejaba una inmensa fortuna que había acumulado desde su puesto en el Vaticano.

[2] José Martí, 1853-1895,  hijo de un sargento español, de Valencia. Martí fue capturado y llevado a España en 1871. Estudió en España Derecho y Letras y volvió a Cuba en 1878 reanudando actividades subversivas. Cánovas cortó la subversión en la Paz de Zanjón de 1878, aunque la cerrara en falso. Martí necesitó huir a Estados Unidos en 1879. Inició la sublevación definitiva en 1895, pero murió en los primeros combates de la etapa final.

[3] Antonio María de Orleans, duque de Montpensier había nacido en Neuilly (Francia) el 31 de julio de 1824 y era el hijo menor de Luis Felipe de Orleans y de María Amalia de Borbón, princesa de Dos Sicilias, que serían reyes de Francia de 1830 a 1848. El 10 de octubre de 1848, siendo sus padres todavía reyes, se casó con María Luisa Fernanda de Borbón, hija de Fernando VII de España, al tiempo que Francisco de Asís de Borbón se casaba con Isabel II reina de España, todo ello tras un acuerdo entre Francia e Inglaterra. El día de la boda, Antonio tenía 24 años, y María Luisa, 15 años. En 1848, tras el advenimiento de la II República francesa, la familia real huyó a Inglaterra, y Antonio de Montpensier se trasladó a España, yendo a vivir a Sevilla, Palacio de San Telmo, hasta que en 1852 se compraron el Palacio de Orleans- Borbón. En 1868, Antonio hipotecó el Palacio y dos fincas en Sanlúcar, obteniendo de la Banca Coutts y de la Compañía de Londres, la cantidad de 5.750.000 pesetas, una suma astronómica para la época, que puso a disposición de los revolucionarios septembrinos. Pero no tuvo el éxito perseguido, y fue expulsado de España transitoriamente. Regresó a España a defender su candidatura al trono, pues consideraba que, una vez expulsada Isabel, su hermana María Luisa Fernanda era la heredera de lso derechos a la Corona española. en 1870 se batió en duelo a pistola con Enrique de Borbón Dos Sicilias, hermano de Francisco de Asís, el marido de Isabel II, y tras la muerte de Enrique, fue condenado a un mes de destierro. Lo peor para él es que fue excluido del trono de España. Se sospecha que en 1870, junto a Serrano, conspiró en la muerte de Prim, el hombre que le había excluido, pagando a José Paul Angulo, el asesino probado. En 1871, se negó a jurar a Amadeo de Saboya, por lo que fue desposeído de su cargo de capitán general y desterrado a Menorca. En 1876 se le permitió regesar. En 4 de febrero de 1880, murió en Sanlúcar de Barrameda. El matrimonio tuvo muchos hijos, de los que la mayoría murió siendo jóvenes, excepto María Isabel Francisca 1848-1919 que se casó con su primo Felipe de Orleans, y Antonio María  duque de Galliera que se casó con su prima Eulalia, hija de Isabel II. María Amelia Luisa 1851-1870 vivió 19 años, María Cristina Francisca 1852-1879 vivió 27 años, María de la Regla Francisca 1856-1861 vivió 5 años, Fernando María Felipe 1859-1873 vivió 14 años, María de las Mercedes 1860-1878 vivió 18 años, Felipe Raimundo María 1862-1864 vivió 2 años, y Luis María Felipe 1867-1874 vivió 7 años. Murieron de tuberculosis y de viruela.

[4] La primera peseta apareció en 1808 en Barcelona en una moneda de 2,5 pesetas equivalentes a 5 reales de plata. En 1809, el Estado acuñó una moneda de 5 pesetas que sólo valía 8 reales de plata. En 1836 se acuñó por primera vez una moneda de 1 peseta. En 1937, se acuñó en cuproníquel de color amarillo y tenía en el anverso la cabeza de una mujer, que inmediatamente fue denominada “la rubia”.

[5] La moneda puede ser moneda mercancía (también llamada moneda objeto) si se cotiza a su valor como metal, o moneda fiduciaria si aparece un valor facial, o nominal, superior al valor de su soporte, o valor real (entonces se basa en la credibilidad o fe, fidus, que un Gobierno y los ciudadanos pretenden otorgarle). Por otro lado, puede ser de uso real si resulta adecuada para las transacciones corrientes, o ser moneda cuenta, esto es, de un uso que sólo sirve para contabilidad, de un valor inadecuado que sólo sirve para calcular y comparar precios, bien porque éste valor sea demasiado bajo y ya no se corresponda con el valor de casi ninguna mercancía, e incluso no exista como tal moneda, como ocurrió durante mucho tiempo con el maravedí y está ocurriendo con la peseta a partir de 2002, o porque sea demasiado alto y también apenas se corresponda con el valor de ninguna mercancía, como era el caso de la peseta de 1868.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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