Conceptos clave: krausismo, iberismo, socialismo español, proyectos monárquicos, populismo.

 

 

EL KRAUSISMO.

 

En la revolución de 1868, influyeron las ideas propiamente krausistas, traídas por Sanz Del Río, como que el hombre debía ser fiel a su propia dignidad, y debía respetarse a sí mismo. El hombre pasó a ser considerado un ser social, con necesidad de relacionarse con sus semejantes, y basando esa relación en el respeto mutuo, respeto por los derechos de los demás y cooperación amistosa en aras al bien común. La relación de cada ser humano con un semejante debía ser elegida por cada individuo libremente, y tras ese acto de libertad, sería posible la amistad verdadera y un modelo diferente de familia, que es la célula elemental de la convivencia humana. Pero, para hacer posibles las relaciones humanas, son necesarias las instituciones de todo tipo: educativas, laborales, empresariales, clubs de aficiones de todo tipo, y sobre todas ellas, las “asociaciones formales” constituidas por asentimiento libre de sus componentes. Estas asociaciones formales darían paso a al Municipio, al Estado y al estado de Derecho. Estarían siempre al servicio del hombre, al servicio de los derechos de los integrantes de las asociaciones, y garantizarían los cauces que permitían el pleno ejercicio de esos derechos. Sanz del Río había expuesto estas ideas en El Ideal de La Humanidad, y en sus cursos en la Universidad.

Cuando el Partido Demócrata tomó las ideas de Sanz del Río, apareció un tipo social, el denominado “demócrata de cátedra”: un intelectual docto, vestido de negro, madrugador, puntual a sus citas, con sentido ético de su vida, no consumidor de drogas como el alcohol y el tabaco, republicano, partidario del sufragio universal, favorable a la extensión de los derechos humanos, de un Estado al servicio del pueblo, de la generalización de la educación y la cultura, laico, partidario de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de Cátedra, libertad de imprenta, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, derecho de habeas corpus, y creyente en que los derechos humanos son anteriores a las leyes y constituciones. Por ello, el krausismo español fue más que una simple teoría filosófica, fue una actitud nueva individual y social, integral, ante la vida.

La alianza entre krausistas y demócratas era evidente ya en 1860: en 1861, Francisco de Paula Canalejas dijo  que la política debía abandonar el eclecticismo y seguir unos rigurosos principios morales. Para ello, fundó Revista Ibérica, para hacer caer el doctrinarismo y las apariencias de democracia liberal, y difundir la verdadera democracia liberal, con contenidos morales.

 

 

EL IBERISMO.

 

El iberismo había sido una creación romántica, un nacionalismo integrador, al estilo del italiano o el alemán, que apareció en España al mismo tiempo que el liberalismo. Lo plantearon los diputados de Cádiz en 1810-1812, y los liberales del Trienio Constitucional de 1820-1823.

En los primeros años del siglo XIX estaba más arraigado en Portugal que en España. España temía que los reyes portugueses se hicieran con el trono español, y todavía Evaristo Pérez de Castro, embajador de España en Lisboa en 1834, manifestaba preocupación por que los reyes portugueses tuviesen la idea de reinar también en España. Pasada esta primera época, los portugueses abandonaron la idea integradora, y entonces el iberismo prendió en España entre los sectores más progresistas, no entre el Gobierno conservador.

La pregunta es si había condiciones para la unión entre los Estados de España y Portugal. Y parece ser que no: eran dos economías agrícolas y ganaderas, con burguesías débiles y grandes diferencias regionales internas cada una de ellas. Los lazos económicos eran escasos porque ambos producían lo mismo y necesitaban las mismas cosas, con lo cual preferían el comercio con terceros países. Se consideraban cada uno la competencia del otro. Los argumentos en pro de la unificación eran de tipo romántico, histórico y lingüístico.

En 1840, El Huracán, periódico radical, y El Peninsular, propusieron una unión federal de España y Portugal. El Huracán lo consideraba como algo inevitable, el signo de los tiempos. El Peninsular lo veía como algo conveniente económica y estratégicamente. En 1848, la federación de España y Portugal era vista como un eslabón necesario, previo a la formación de los Estados Unidos Europeos.

En 1834-1848, ambos países pertenecieron a la Cuádruple Alianza y las relaciones diplomáticas entre ambos fueron normales por una vez. En esa época se esforzaron por desarrollar el comercio y comunicaciones entre ambos territorios. Pero en Portugal dominaban los negociantes británicos, y un poco menos los franceses, los cuales no estaban dispuestos a dejar introducirse a los españoles en el mercado portugués. A lo largo del siglo y paulatinamente, los británicos acabaron quedándose con casi todos los negocios portugueses, y los franceses con gran parte de los negocios españoles.

España intervino en 1834 y en 1847 en Portugal al amparo de la Cuádruple. La intervención de 1834 había empezado en 1832, antes de formarse la Cuádruple, para luchar contra el miguelismo, porque allí estaba Don Carlos, el pretendiente al trono de España. Precisamente, la intervención de España en Portugal precipitó el Tratado de la Cuádruple. Durante la vigencia de la Cuádruple, Francia y Gran Bretaña dejaron en manos de España la solución de los problemas portugueses, y los costos los asumió España.

En 1840, se enfriaron las relaciones entre ambos Estados. Fue nombrado embajador de Portugal en España Joao Oliveira e Daun, duque de Saldanha, un hombre liberal que abogaba por que la familia real portuguesa reinara también en España. El Gobierno de Espartero consideraba que Saldanha venía a apoyar a que los moderados españoles recuperasen el poder. Lo consideraban un hombre de María Cristina, la Reina Regente expulsada. En 1842, con ocasión de un golpe en Portugal que restauró la Carta de 1826, Espartero ofreció inmediatamente su ayuda a los progresistas portugueses, pero Portugal no pidió nunca ayuda, sino que los “cartistas” portugueses exigían la solución de los problemas originados por el Tratado del Duero. El distanciamiento continuó.

En 1841, el embajador español Manuel María de Aguilar recibió instrucciones del Ministro de Estado español, Joaquín María de Ferrer Cafranga, de que trabajase a favor de la unión dinástica (esta vez con Reina española) tratando de construir en Portugal un partido español entre las personas más influyentes en Portugal y le aconsejaba que hiciera promesas, concediera honores y condecoraciones, regalase premios, pero a cambio de ventajas comerciales y privilegios para empresas españolas. Su finalidad debería ser el desarrollo del comercio español en Portugal, en aquel momento marítimo porque las comunicaciones por tierra eran muy malas.

El comercio entre los dos Estados existía en forma de contrabando, y Manuel María Aguilar proponía favorecer la creación de empresas legales que desarrollaran más ese comercio. En esa política era fundamental el Tratado del Duero, por el cual las mercancías españolas podrían entrar y salir de Oporto sin pagar derechos. Ese proyecto tenía el gran inconveniente de que la mercancía que más interesaba a España era el vino, y la aparición de una gran oferta de vino español podía hundir las exportaciones portuguesas. A partir de 1847, la diplomacia española se centró en influir para que no entrasen en Portugal empresarios de terceros países, lo cual significó mucho trabajo para el Ministerio de Estado español.

En 1847, Gran Bretaña apoyaba al régimen portugués de Oporto, mientras Francia apoyaba al de Lisboa. Pero Francia oficialmente se declaraba neutral en esa guerra. Gran Bretaña propuso que España interviniese, sin acordarlo con Francia, pero España no quiso actuar contra Francia. España intervino, y se encontró que el recibimiento a sus soldados fue muy hostil, desapareciendo así el mito de la hermandad entre ambos pueblos.

La unificación italiana entre 1848 y 1860 fue de gran impacto en España. Para los conservadores, porque el Papa perdía su soberanía temporal. Para los liberales porque veían la posibilidad de recomponer la “unidad ibérica rota en la reconquista” y la hermandad de dos grandes potencias coloniales del siglo XVI, unidas durante el XVI y XVII.

En 1854, los progresistas ya habían pensado en poner a Don Pedro de Portugal como Rey de toda la península, pero no era tan fácil acabar con la monarquía de Isabel II. En 1869, postularon a Fernando de Coburgo, rey viudo de Portugal, para Rey de España. Pero el iberismo era una cuestión planteada en España por los progresistas, demócratas y republicanos, que casi nunca gobernaron. En Portugal, los iberistas de segunda mitad del XIX habían perdido su entusiasmo por la unificación. La prensa española recordaba a los portugueses, que en esos momentos estaban entregados a Gran Bretaña, que la verdadera independencia la conseguirían mediante su unión con España. Porque los progresistas españoles concibieron siempre la unión con Portugal respetando la autonomía de ambos Estados, una unión que sería monárquica, pero con Gobiernos distintos.

En la época 1854-1868, uno de los objetivos de los iberistas españoles fueron las comunicaciones con Lisboa y Oporto. Consideraban que, cuando las comunicaciones fueran buenas, acabaría la influencia de los comerciantes británicos. Algunos incluso pedían que España tuviera ya las condiciones ventajosas de las que disfrutaban los británicos en Portugal. Pero el proyecto del ferrocarril Madrid-Lisboa levantó muchas suspicacias en Lisboa.

El ejemplo del Zollverein alemán también impactó en España, y fue propuesto como modelo para diseñar la unión con Portugal.

Pero hubo malas influencias que pusieron en contra a muchos portugueses: Mendizábal y Salamanca emprendieron negocios sucios en Portugal, comprando políticos para obtener ganancias especulativas, de forma similar a como lo venían haciendo en España. Mendizábal condicionó la ayuda española en la guerra civil portuguesa a la presencia en Portugal de sus amigotes, Silva Carvalho y Freire. En 1859, Salamanca tomó posiciones en la construcción del ferrocarril Madrid-Lisboa a fin de obtener la concesión del tramo portugués, y utilizando el nombre del Estado español, ofreció subvenciones españolas a la construcción de ese ferrocarril.

En 1868, en la revolución que acabó con Isabel II, los republicanos federales hablaban de unión ibérica, los moderados de unión dinástica con Portugal y los demócratas de federación de los Estados español y portugués.

La revolución española fue bien recibida por los portugueses, pero enseguida los españoles plantearon el iberismo y, entonces, en Portugal renacieron las suspicacias antiespañolas. Todo era hablar de conspiraciones y política secreta.

En 1869, la candidatura del portugués Fernando de Coburgo al trono de España, se tomó como la ocasión de unión entre España y Portugal, y según los progresistas, sería paulatina y sin traumas y sin que afectara al orgullo portugués. El proyecto había sido presentado en 1851 por Sinibaldo de Mas, Ministro Plenipotenciario de España en Macao, el cual decía que se podía casar a Isabel II con Pedro de Portugal. La idea fue apoyada por La Iberia, El Diario Español, periódicos progresistas españoles, y O Progreso, regeneracionista portugués. Pero Don Pedro se casó, Isabel II tuvo un hijo varón, Alfonso, y se olvidó el tema. Desde entonces, los progresistas españoles lucharon por el destronamiento de Isabel II y de todos los Borbones, pues no veían utilidad ninguna a esa monarquía.

Todas estas declaraciones políticas eran letra muerta, pues no analizaban los problemas y necesidades económicas y políticas de cada Estado, y no veían a Portugal en plano de igualdad, sino que decían que Portugal envidiaba a España y por ello no aceptaba los proyectos españoles de unidad ibérica. Con este planteamiento, la unión era imposible. No se planteaban solucionar los problemas de las colonias de ambos Estados, los litigios fronterizos seculares, resolver el antagonismo de Francia y Gran Bretaña sobre la Península Ibérica. Y además, se permitían injerencias políticas de un Gobierno sobre el otro, lo cual empeoraba las relaciones.

 

 

 

PROGRAMAS MONÁRQUICOS EN 1868.

 

Cuando el Gobierno español declaró que su sistema político seguía siendo monárquico, la idea tranquilizó mucho a los europeos, pero surgió el problema de quién sería el nuevo Rey, qué proyecto monárquico se impondría. En realidad había tres proyectos de Estado monárquicos en 1868:

Los unionistas Juan Bautista Topete, Vega de Armijo y Francisco Serrano buscaban mantener la monarquía en Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II, y en su defecto, optaban por Antonio de Montpensier, el marido de Luisa Fernanda que vivía en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Los progresistas buscaban mantener la monarquía, pero no la dinastía de los Borbones, y optaban por el portugués Fernando de Coburgo. Luego cambiaron a Amadeo I.

Los más conservadores pensaban en la vuelta de  Isabel II. Isabel II, consideró durante varios años que ella podría volver al trono de España. Pero este cuarto proyecto sólo era mantenido por una minoría moderada.

Nadie pensaba todavía en un Rey como Alfonso XII, hijo de Isabel II porque el niño, de 14 años todavía, requeriría una Regencia, lo cual introduciría a Isabel II de alguna manera en el Gobierno de España. Tal vez Cánovas hubiera pensado en esta posibilidad, pero es prematuro decir que ya lo tenía previsto en 1868. A partir de 1875, se impondría Alfonso XII como su líder, apoyado por una mayoría conservadora canovista.

 

 

El proyecto Antonio de Montpensier.

 

El proyecto unionista de Antonio de Montpensier[1] era en realidad un poco distinto de la posibilidad de coronar a Luisa Fernanda de Borbón. Este individuo de la realeza francesa, se había casado con Luisa Fernanda de Borbón, hija de Fernando VII y hermana de Isabel II, especulando con que Isabel II no tuviera hijos legítimos, puesto que el marido de ésta tenía tendencias homosexuales, lo cual haría heredera del trono a su mujer, hermana de la Reina. El problema consistiría en desheredar a los muchos hijos de Isabel II que, aunque fueran ilegítimos a la vista de todos, habían sido reconocidos como hijos suyos por don Francisco de Borbón y Borbón dos Sicilias, el marido de la Reina. Cada nuevo hijo de la Reina le suponía el ingreso de una cantidad de dinero. Pero si se ilegitimaban los hijos de Isabel, la heredera era Luisa Fernanda, y si se consideraba que ésta no era idónea, la Corona podía pasar a su marido, Antonio de Montpensier.

A través de ello, Antonio de Montpensier pretendía ser él el Rey de España y se había presentado a los españoles como un príncipe católico, alternativa al carlismo, idea que creía que era fundamental para lograr su propósito.

Pero el proyecto tuvo muchos detractores: A pesar de sus esfuerzos, no consiguió el apoyo de los carlistas. Por ese motivo había puesto mucho dinero a favor de los revolucionarios de 1868 y se decía que el Palacio de San Telmo en Sevilla era el centro de la conspiración de 1868, como también presuntamente lo sería de la que acabó en 1870 con la vida de Prim, que se oponía a este proyecto.

Montpensier estaba vetado por Napoleón III de Francia.

Prim se negó en redondo a aceptar a Luisa Fernanda, y dijo que no quería más Borbones.

Los unionistas propusieron entonces directamente a Antonio de Montpensier, marido de Luisa Fernanda, como candidato a nuevo Rey, y Prim se volvió a negar. Sorprendió a todos que un monárquico como Prim se negara a aceptar la solución de Montpensier, pero el hecho se explicaba en que Prim no sólo veía a Isabel II como inconveniente, sino a toda su familia. Quería una monarquía nueva que no estuviera supeditada a compromisos con María Cristina, con Isabel II y con sus familias respectivas. Y además, debía ser una monarquía democrática. Con esta resolución, el progresista Prim se estaba enfrentando a los unionistas, que entonces eran mayoría entre los votantes.

 

 

El proyecto Fernando de Coburgo.

 

Juan Prim, el líder de los progresistas, avalaba a Fernando de Sajonia-Coburgo el Rey viudo de Portugal, hombre inteligente y sencillo que representaba para los progresistas la posibilidad de realización de un viejo sueño, la “unión ibérica” de España con Portugal.

Fernando de Sajonia Coburgo Gotha, 1816-1885, había sido Rey de Portugal en 1837-1853. En 1834, María de la Gloria de Habsburgo Lorena había sido proclamada Reina de Portugal con el nombre de María II. En 1836, Fernando se había casado con María de la Gloria. En 1837 habían tenido su primer hijo, lo cual le daba derecho al marido de ejercer las funciones de Rey. En 1853-1855, Fernando de Coburgo actuó como Regente tras morir su esposa María de la Gloria. Y en 1857, Fernando cesó en sus funciones, dando paso a Luis I.

Pero Fernando de Sajonia conocía los problemas de la monarquía española, las dificultades políticas que se iba a encontrar si aceptaba y los riesgos que corría la vida de un Rey en España en esos momentos, y no aceptaba en 1868 la Corona de España. Además, ni Gran Bretaña ni Francia querían un Rey portugués en España. Napoleón III aducía razones de seguridad, y Gran Bretaña de peligro para sus negocios en Portugal si desembarcaban en ese país los empresarios españoles. Portugal trató el tema en la prensa y en las Cortes y se opuso al proyecto.

Y sorpresivamente, El Incoloro, un periódico financiado por Antonio de Montpensier, publicó el rumor de que Fernando de Sajonia-Coburgo estaba liado con una actriz británica llamada Fanny Essler, que podía pasar a ser la Reina de España. La candidatura de Fernando de Sajonia-Coburgo al trono de España decayó.

Cuando Joao Oliveira e Daun duque Saldanha dio un golpe de Estado en Portugal, muchos portugueses lo relacionaron con los acontecimientos españoles. Prim se apresuró a manifestar que, en caso de ser elegido Rey de España Fernando de Coburgo, la unión de España y Portugal no se haría sin el consentimiento explícito de los pueblos portugués y español. Con ello, trataba de calmar los ánimos. Pero Fernando de Coburgo siguió sin querer aceptar la candidatura al trono de España.

 

 

El proyecto Isabel II.

 

En marzo de 1869, Isabel II creía que todavía podría regresar al trono de España. Le habló a Cánovas de organizar un grupo de generales que diera un golpe de Estado y le devolviese el trono. Isabel II sabía que Cánovas era enemigo personal suyo, pero que era monárquico convencido. Cánovas le contestó a la ex Reina que en los últimos años de reinado de Isabel II la Reina había adoptado la táctica de entrada en un camino cerrado, a pesar de las advertencias que Cánovas le había hecho al respecto. Y que incluso O`Donnell le había advertido de sus errores. Por esas razones, lo que proponía Isabel II en 1869 era muy difícil por el momento. Le sugería a Isabel II “abnegación y prudencia”. ¿Estaba Cánovas pensando ya en Alfonso XII? Parece prematuro.

Isabel II era el proyecto más cercano al catolicismo tradicional, pero durante su reinado se habían hecho las desamortizaciones de 1836 y de 1855. La Iglesia católica exigía la devolución de todos los bienes desamortizados, lo cual no estaba ya en la mano de Isabel II. El grupo católico era mayoría entre los españoles, pero era obvio que nunca llegarían a un acuerdo. Además, la Iglesia católica había apoyado a los candidatos carlistas que trataban de expulsar del trono a Isabel II.

Y en cuanto a que los carlistas, católicos integristas, se impusieran, era una quimera, pues nadie quería perder los bienes comprados en las desamortizaciones, ni perder las libertades conseguidas y volver a absolutismos del pasado más oscuro. Solamente el País Vasco, Navarra y la Cataluña rural apoyaban la idea carlista-católica.

En octubre de 1868, Juan de Borbón, el pretendiente carlista, abdicó a favor de su hijo Carlos de Borbón y Austria de Este (Carlos VII para los carlistas). Se trataba de un deseo de los integristas católicos, al que accedió Juan. Incluso los carlistas cambiaron de nombre para llamarse “Comunión Católico Monárquica” y captaron ultracatólicos de todas partes de España.

Los carlistas decidieron participar en política a partir de 1868 y encomendaron la tarea a líderes neocatólicos como Francisco Navarro Villoslada y Cándido Nocedal Rodríguez de la Flor, crearon asociaciones de católicos que les permitieran mejores resultados electorales.

Carlos VII fue evolucionando a lo largo de su vida intentando prescindir de los ultracatólicos, pero eso significaba pérdidas de apoyo a su propia causa. No fue capaz de hacer evolucionar el carlismo.

En 1875, Cánovas reconstituyó el proyecto conservador en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, dándole un aspecto democrático mediante el turno de partidos, todo ello falseado por un sistema bien organizado de caciquismo.

 

 

EL PROYECTO REPUBLICANO.

 

No sólo los republicanos querían la república, también los demócratas buscaban la república.

El proyecto republicano era una idea de minorías universitarias, que favorecía estratégicamente a los revolucionarios utópicos, anarquistas y socialistas, pues veían más fácil la revolución con una República dividida, que con la monarquía unitaria.

El proyecto republicano estaba muy inmaduro, pues había múltiples grupos republicanos con proyectos diferentes e incluso contradictorios entre sí. Eran fuertes en cuanto todos estaban en contra del poder establecido, pero carecían de coherencia interna para sostener el poder de un Estado. Lo menos importante para la mayoría de los republicanos era si el Estado debía adoptar la forma republicana, sino que cada uno quería desarrollar un proyecto político y social diferente bajo una forma de Estado republicana.

La idea que mejor prendió entre las masas españolas fue la de cantonalismo, un remedio que solucionaría todos los males de España, pues todas las familias tendrían un puesto fijo de trabajo como funcionario del Estado, y otro trabajo particular los que quisieran, lo cual era una utopía, pero se aceptaba como posible en medios analfabetos y populistas no tan analfabetos.

En mayo de 1869, los federales iniciaron una serie de pactos, que les iban a hacer muy fuertes: empezó Valentí Almirall organizando un pacto en Cataluña, Aragón, País Valenciano y Baleares (“Pacto de la Coronilla de Aragón”), y siguieron otros muchos pactos que se adhirieron.

 

El Partido Federal.

 

El resultado de la política desinformativa de 1868 fue el crecimiento del “Partido Federal”, de la parte más irracional de ese grupo, pero que, al menos, ofrecía una promesa de acción contra la situación política y social.

Valentí Almirall preparó un Estado Federal de los Estados de la Corona de Aragón (Cataluña, País Valenciano, Aragón, e Islas Baleares) y reunió a los federales de estas regiones en Tortosa el 18 de mayo de 1869. Sus enemigos llamaron al acto de Tortosa “el pacto de la coronilla de Aragón”. Siguieron otros pactos con objeto de convertir otros territorios españoles en Estados Federales, los cuales se hicieron con textos similares al de Almirall.

A raíz de estos pactos, surgieron los “Comités Regionales” correspondientes, los organizadores del Estado Federal y los representantes que debían relacionarse entre ellos para constituir la República Federal Española:

En Córdoba se reunieron representantes de Andalucía, Extremadura y Murcia.

En Valladolid se reunieron representantes de Castilla la Vieja, del Antiguo Reino de León y de Castilla la Nueva.

En La Coruña se reunieron representantes de Galicia y Asturias.

En Éibar se reunieron representantes de Euskadi, y en la reunión estuvo Pi y Margall alegando que su esposa, Petra Arsuaga, era vasca.

El Partido Federal generó entonces el llamado “principio de autodeterminación” o capacidad de cada federación de unirse y separarse del resto de federaciones cuando quisiera. Era la vieja idea confederal, para entonces ya desechada en Estados Unidos. Era un principio político bonito en cuanto a hablar de libertades, pero irreal al considerar los daños económicos a empresas y particulares en cada movimiento de unión o de separación, y el coste económico tan grande que supone cada uno de esos cambios.

Por fin, el 30 de junio de 1869 se firmó en Madrid el “Pacto Nacional” o Federación de las Federaciones españolas, creándose un Consejo Federal que debía ser el nuevo Gobierno de España, el cual debería permanecer siempre respetuoso con el principio de autodeterminación de cada Federación Regional, y debería encarnar la República Democrática Federal. En esta República, los municipios serían autónomos, las regiones autónomas y los Estados federados autónomos.

En ningún caso se habló ni se discutió de los temas  que necesariamente deberían tener en común las Federaciones Regionales para poder constituirse en Estado, para tener algo en común, para ser República Democrática Federal. Se prefería hablar sólo de derechos, y callar el tema de las obligaciones, se prefería hablar de teóricas soluciones a todos los problemas y ocultar las limitaciones a las que se someterían los nuevos ciudadanos. Y así se creó un mito que perdura hasta hoy. Planteado del modo en el que se planteó, cualquier ignorante podía estar de acuerdo con la República Federal. Y hasta los “más inteligentes” renunciaron a su capacidad de pensar con tal de verse envueltos en el fervor de las masas, con tal de satisfacer su ego, a la vez de con tal de acabar con un pasado histórico ciertamente despreciable, aunque fuera de forma irracional.

En la expresión “Estado Federal” se explica a menudo la segunda parte, la de “federal”, pero se oculta la primera, la de “Estado”. Estado es el conjunto de cosas que se deben acordar en común a fin de que sea posible la convivencia social y el desarrollo económico y cultural del conjunto. A poco que se piense, y a vuelapluma, se puede caer en que sería conveniente tener un ejército común para defenderse de la agresión exterior, unas fuerzas de orden para defenderse de la agresión interior, una sanidad común para que las enfermedades no transiten entre las diversas regiones, una enseñanza común para mantener una lengua y un sistema de pensamiento compatible a todos, unas mismas condiciones de trato a la marginalidad, a la tercera edad, a la infancia, un sistema de justicia y de leyes común, unas condiciones financieras similares, unas condiciones industriales similares para que unas regiones no hicieran boicot a las otras, una agricultura y ganadería en condiciones de libre competencia pero iguales para todos, unas condiciones comerciales que garantizaran la competencia limpia, un sistema de comunicaciones terrestres entre todos y dentro de cada uno de los federados, un sistema de comunicaciones sociales común (multimedia), un sistema similar de explotación del mar para no esquilmarle, un sistema de cuidado de la atmósfera, de los ríos, porque son recursos comunes impuestos por la naturaleza, un cuidado de los residuos, de los bosques, de los contaminantes… Pero si hablamos de estas cosas a acordar en común, entramos en temas de discusión, en temas difíciles, y es más sencillo ocultarlas, pasar por encima como si no existieran. Así se puede generar el mito de que el Estado Federal y el derecho de autodeterminación son la panacea que lo arregla todo.

 

 

 

EL PROBLEMA DEL POPULISMO.

 

En la España del siglo XIX no se entendía la democracia liberal, no se entendía el liberalismo como reconocimiento de los derechos individuales por encima de las creencias políticas, partidos, instituciones del Estado y de las instituciones particulares. En la época de 1873 a 1936, todos los grupos sociales hablarían de democracia, pero los grupos gubernamentales la entendían como liberalismo-caciquismo, y los grupos de la oposición como liberalismo-populismo. Ninguna de las dos interpretaciones es liberalismo democrático, e incluso ambas son contrarias a lo que entendemos por democracia en el lenguaje técnico actual, democracia liberal representativa y parlamentaria. Cuando esto no se comprende, se trata de sustituir la democracia por el derecho al sufragio, lo cual es una falacia, pues el sufragio es una parte necesaria para salvaguardar los derechos individuales, pero los derechos son la parte mollar del tema.

En un lenguaje técnico, el populismo se llamó en esa época próxima a la Revolución Francesa “jacobinismo”, porque fue practicado por los jacobinos o sansculottes, liderados por Robespierre, y en grupos autóctonos que acabaron guillotinando a Robespierre.

 

 

El populismo

 

El populismo es la actuación política en nombre del pueblo, que suele arrastrar a las masas en torno a principios utópicos o intereses particulares de personas, partidos o sindicatos, pero no hacia intereses del bien general sostenibles. Populismo es dar prioridad a la irracionalidad de las masas, sobre el sentido común, y sobre los consejos de la razón y el criterio de los hombres cultos.

La inteligencia es un don individual conseguido a través de unas dotes mínimas otorgadas por la naturaleza, y mucho trabajo personal. La inteligencia es una cualidad individual, que no se trasmite de padres a hijos, ni se contagia por convivencia, sino gracias a algunas dotes naturales mínimas y a través de mucho trabajo individual. La masa es irracional por definición, y cuanto más grande es esa masa, más incapaz de razonar se vuelve y más apelaciones a lo sentimental e irracional surgen entre sus dirigentes.

No todas las personas han desarrollado los niveles mínimos de inteligencia como para gobernarse a sí mismos, gobernar su propia casa, gobernar una empresa, y mucho menos la del Estado. En este sentido, afirmar que todos somos iguales, es una mentira, pues cada uno de nosotros tiene una capacidad de trabajo intelectual distinto y ha realizado un esfuerzo diferente. Si alguien afirma que todos somos iguales, es que piensa arrastrar a las masas en su propio beneficio.

El camino del conocimiento es duro: Trabajando mucho la inteligencia, se llega a la erudición, al conocimiento profundo en un tema o en varios, mediante la lectura y comprensión de los conocimientos ya existentes sobre ello.

El erudito sabe de una, dos, o media docena de temas, y está a menudo desmedidamente orgulloso de ello. Suele ser el estadio del joven, antes de madurar, pero algunos se quedan para siempre en esta fase. Algunos aprenden a hablar de todo, según unos latiguillos y razonamientos muy trillados y existentes desde hace siglos, de modo que siempre tienen una salida para cada cuestión, pero no pasan de esta erudición.

El hombre culto: Y muy pocos llegan al estadio cultural en el que mediante la reflexión y apertura de la mente, se llega al sentido de la cultura: cultura es la obtención del sentido de la realidad completa de la persona, como ser individual y como integrante del colectivo humano, y del sentido de ese colectivo humano. El hombre culto es una persona que ha llegado a la consideración de la realidad humana en toda su integridad, tanto del componente individual como del social. Dentro del componente individual trata de comprender la dimensión material y física del cuerpo humano, y la dimensión inmaterial que comprende la parte racional y la irracional que mueven al hombre. Dentro del componente social, trata de comprender el envolvente material, la naturaleza en la que vive el hombre, el medio social, económico, etc. y el envolvente inmaterial o cultura, religión, sistemas de pensamiento, creencias y supersticiones, y la evolución de todo ello, lo cual denominamos historia. Y dentro de todo ello, hay muchos niveles de erudición y muchos niveles de cultura.

La conclusión es que, cuanto más ampliemos un colectivo humano, menos nivel de cultura e incluso de simple erudición obtendremos. Los grandes grupos tienen menor capacidad de mostrarse inteligentes cuanto más grandes son. Aparte de ello, hemos de tener en cuenta las teorías psicológicas que explican que las masas tienden a no pensar, sino a dejarse llevar por las emociones de la masa, y cuanto más grande es la masa, más irracional se hace su comportamiento.

Una vez trabajada la inteligencia, ésta puede ser utilizada, para el bien o para el mal. Y ello nos lleva a un nuevo problema, el de quién decide qué hombres actúan con moralidad. Por eso, los ilustrados decían que “los hombres debían ser benéficos”, es decir, dedicar sus esfuerzos al bien. La moralidad es un problema esencial de la política, de la economía, de la sociedad en todas sus facetas. En este punto, es conveniente leer a los moralistas políticos británicos de segunda mitad del XIX.

Y la teoría de que los cultos están contaminados por el mal, mientras en los hombres “sencillos” se conserva la moralidad original en el hombre, es una falsedad pueril con raíces en Rousseau. Los hombres que no han accedido al cultivo de la inteligencia son buenos o malos exactamente igual que los que sí han accedido a altos niveles del saber. El saber no hace mejores a los hombres. Un dicho popular español dice: “si quieres conocer a fulanillo, dale un carguillo”, es decir, dale la oportunidad de hacer el bien o el mal.

Tampoco es verdad que los eruditos estén próximos al nivel de los cultos por el hecho de ser eruditos, pues hay personas con muy pocos estudios, que han adquirido niveles de cultura admirables, a pesar de no ser eruditos en ninguna ciencia reconocida por la sociedad. Ello ocurre en sociedades poco desarrolladas intelectualmente, y en la propia sociedad tecnológica entre gentes sencillas y pobres que han llegado a comprenderse a sí mismos y comprender el medio en que viven. La literatura está llena de estos ejemplos. En lenguaje más popular, los títulos no garantizan cultura sino erudición.

El tema se hace muy complejo cuando se descubre que hombres cultos, situados en puestos de Gobierno, han actuado inmoralmente. Ya hemos dicho que el saber no garantiza moralidad. Entonces surge la tentación de sustituir a los hombres cultos por hombres de la masa, a los que se supone una moralidad, más que nada porque nunca han tenido oportunidad de mostrarse inmorales. Y es jugar a la ruleta rusa, porque unos serán morales y otros inmorales, igual que los cultos. Se dirá entonces, “pues que el pueblo elija a los cultos con moralidad”. Pero tampoco es posible, porque la información que tiene el pueblo es siempre pequeña y falseada. Siempre descubrimos, diez o veinte años después de cada periodo de Gobierno, que lo que han hecho los gobernantes es distinto a lo que venían publicando los periódicos, radios y televisiones. Porque la información la han generado los mismos gobernantes, ayudados por “periodistas” a sueldo, y algunos “profesionales de la imagen” expertos en que las cosas parezcan lo que no son. Vivimos en el mundo de la desinformación. Igual que hay personas cultas buenas y malas, hay periodistas moralmente reprobables, y otros con más moralidad. Y sin información, no es moralmente válido el voto.

Los Gobiernos populistas son, en la mayor parte de los casos conocidos, episodios que derivan en la inmoralidad: dicen representar al bien general, pero cuando no tienen el apoyo libre de los ciudadanos, tienden a imponerse a través del engaño sistemático mediante la información sesgada, o de la violencia de piquetes, o de las depuraciones, encarcelamientos, exilios, cuando no campos de concentración. A veces, las menos, se trata de ignorantes que creen poder aplicar soluciones sencillas a los complejos problemas económicos y sociales. A veces, hay un erudito que capitanea el movimiento populista. Casi siempre, hay un intelectual o grupo de intelectuales que domina la situación y utiliza el populismo para conseguir alimentar su ego, hacerse con el poder, o con el dinero, o con ambas cosas. Su bandera es la moralidad, y su discurso la inmoralidad de equipos de gobierno precedentes, pero la realidad es bien distinta.

Los populistas, en su afán moralista-redentorista, no representan el progreso social y económico de forma sostenible. Los populistas dicen perseguir unos derechos sociales y políticos, pero no dudan en aplastar los derechos de los grupos que se muestran en disconformidad con ellos. Esos son los signos por los que se les reconoce. No por lo que dicen, ni cuando dicen ser la derecha salvadora de las tradiciones, ni cuando dicen ser la izquierda redentora del pueblo, sino por los hechos. Las palabras suelen ser en este caso contrarias a los hechos y se debe aplicar la máxima de “por sus frutos los conoceréis”. Pero esta solución es nefasta, pues si se espera unos años a conocerles, todo puede estar perdido para entonces. Por ello, son necesarios los intelectuales en la oposición y en el Gobierno, para explicar qué es qué. ¿Pero quién garantiza la moralidad de esos intelectuales? El tema es peliagudo.

En general, el populismo no busca lo más conveniente para el pueblo, sostenible a largo plazo, no buscan lo mejor para el interés general, aquello que incrementaría el desarrollo económico para todos y, con él, mayores derechos para más personas (ambos aspectos son inseparables), sino la realización de una idea “salvadora”, “redentora” del pueblo, de la cultura, de la raza, de la religión. Y “la salvación” consiste siempre en dejar gobernar despóticamente a los “salvadores”. Muchas veces se limitan a hablar mal de un gobernante o de un sistema, sin conocerlo a fondo, y le convierten en la bestia a destruir, pero no tienen plan alternativo. A veces se les conoce como “anti”.

En resumen, populismo es la adopción de soluciones irracionales y no sostenibles en el tiempo, a los problemas del conjunto de la sociedad, soluciones que no van a mejorar el interés general a largo plazo, sino las ambiciones de una parte del pueblo, muchas veces bajas capas sociales, o las de una persona en concreto.

 

 

Variedades populistas.

 

Populismo fue en su momento el jacobinismo, la comuna, el cantonalismo, los fascismos, los comunismos, el franquismo español, el castrismo cubano, el chavismo venezolano, el peronismo argentino… Pero debemos tener en cuenta que existen varias acepciones de populismo:

 

El “populismo desde abajo” nace de sectores bajos de la sociedad y se proyecta hacia arriba, intentando llegar al Gobierno. Intentan imponer irracionalidades en nombre del pueblo. Muchos movimientos sindicales son populismo o caen durante algunos momentos en el populismo, o contienen dentro de sí a muchos populistas. Es muy fácil decirle a un ciudadano que, puesto que carece de algo, puesto que carece de muchas cosas, y podía estar mejor si le diera un dinero el Gobierno, debe luchar contra el Gobierno establecido. Es muy fácil decirle a un ciudadano que hay que eliminar a los ricos y repartirse sus propiedades. Cualquier ignorante locuaz puede dirigir un movimiento populista. Por su facilidad de palabra, generalmente en oposición a casi todo y a casi todos, arrastran a grupos de ciudadanos a movimientos sociales extraños, que pueden ser simples asociaciones, pero también organizaciones para manifestaciones políticas y, en ciertos casos, organizaciones para la violencia. El líder populista se cree en posesión de la verdad, dice tener la solución a casi todos los temas, y esa solución es simple, torpe, e irracional.

Lo difícil es plantear soluciones viables para mejorar el estado social, económico y de derecho, que sean sostenibles en el tiempo.

Las “pretendidas masas” que salen a manifestarse a la calle en apoyo de los “conductores de masas” populistas militan activamente en grupos revolucionarios, y no dejan de ser una minoría respecto al conjunto de trabajadores, aunque, por su gran actividad y llamadas continuas a la emotividad, logren convocar macromanifestaciones y concitar puntualmente el apoyo de las masas, hasta llegar al poder.

Una vez alcanzado el poder, el problema suele ser cómo eliminar a los “revolucionarios” que les han ayudado a alcanzarlo y piden alguna contraprestación por ello. Cuando son capaces de dirigir la opinión pública y arrastrarla a acciones puntuales de apoyo a determinadas causas, los populistas pueden pasar por los únicos representantes del pueblo, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos “intelectuales” (periodistas que deberían informar, en vez de profetizar o adoctrinar, enseñantes que deberían enseñar, en vez de “educar en ideas políticas antisistema”, e intelectuales de condición mediocre que dedican su tiempo a mediatizar a las masas) tienen la idea preconcebida de que así son las cosas, informan de lo que ellos sueñan ver, y se benefician esporádicamente del éxito de esos cambios pretendidamente “revolucionarios”.

 

También hay un “populismo desde arriba”. Una vez descubiertas por las élites las ventajas y posibilidades políticas económicas o intelectuales del populismo, éste puede ser utilizado desde el poder, desde los núcleos económicos, religiosos, intelectuales y políticos, para organizar unos sistemas políticos denominados de múltiples maneras. Es un populismo diferente, que nace de arriba, que se hace clientes aprovechando los grupos populistas existentes en las capas bajas de la sociedad y utilizando el poder del Estado para otorgar negocios, ventajas, privilegios… o hacer la vista gorda ante determinadas ilegalidades. El “populismo desde arriba” halaga al pueblo para ganarse sus simpatías y arrastrarle a manifestaciones, motines, huelgas, algaradas, “revoluciones”, casi siempre absurdas, irracionales, condenadas al fracaso a largo plazo, que no pretenden más que excitar los sentimientos irracionales de las masas, satisfacer el ego de los líderes populacheros, y mantener la situación de privilegio en la que vive un líder que se dice a sí mismo popular, o un grupo social que se considera a sí mismo redentor social.

El erudito descubre a veces las posibilidades de utilizar su erudición para arrastrar a las masas, y goza con ello. Es frecuente el “educador” que dice a los educandos que el mundo es inmoral e injusto, pero él, personalmente, confía en la juventud, y en sus valores e ilusiones… lo cual es populismo puro y duro.

El hombre culto también puede tener la tentación de aprovecharse de su situación de superioridad intelectual para enriquecerse o dominar a los demás. Nadie garantiza su sentido de la moralidad.

El populismo desde el Gobierno, que es un caso de populismo desde arriba, utiliza los partidos, sindicatos, asociaciones y organizaciones diversas que acepten ayudas y patrocinios desde el poder, para imponer una determinada política en beneficio de algún sector social o individuos determinados.

El líder populista es a menudo un profesor universitario mediocre, un funcionario, un profesor de media o maestro de primaria (Mussolini), un militar de no muy altos vuelos (Hitler, Hugo Chávez), un ex-seminarista o monje exclaustrado, un cura de pueblo o de barrio, o una persona muy locuaz capaz de hablar mucho tiempo sin decir nada. Los líderes populistas suelen salir de las clases medias. Estos líderes populistas tratan a los ciudadanos como a seres irracionales exponiendo ante sus ojos sólo lo que los ciudadanos están deseando oír, y ocultándoles las partes conflictivas o dolorosas. Pero los asuntos de la vida humana son complejos, y los de sociedades avanzadas y desarrolladas, más complejos todavía. Cualquier decisión tiene partes positivas y negativas, unos beneficiarios y unos perjudicados. Exponer sólo las partes que convienen al líder, al político o al empresario, cuando la mayor parte de la población no tiene acceso a la totalidad de la información, debería ser un delito, y cuando sirve para aprovecharse, lucrativamente en unos casos, y en el ámbito político en otros, ambos casos igual de detestables, debería ser duramente castigado. Algunas veces, las menos, el líder lo hace por su completa ignorancia y estupidez. A menudo lo hace para sacar beneficios personales y familiares. Igualmente debemos considerar que, si el pueblo vota algo sin haber tenido toda la información de que se disponía en aquel momento, el hecho no es democrático como los populistas defienden, sino un fraude que debía ser punible. Por ejemplo, poner ante los ojos del ciudadano el mejor de los sistemas de abastecimiento, o de transporte, o de enseñanza, sin informarle que la iniciación de esas instalaciones va a tener un coste, y a veces un coste que el ciudadano no está capacitado para sufragar, es un fraude, un engaño. Dentro de este tipo, cabe citar el populismo disgregador del Estado, el cual es utilizado por políticos que ven que su única oportunidad de triunfo de sus doctrinas, radica en fragmentar el Estado de modo que sea posible imponerlas en una de las partes resultantes.

 

Hay una tercera acepción de populismo, el populismo político, propia de unos teóricos españoles del siglo XVI, y permanente en la historia de los pueblos, en la que se afirma que el pueblo tiene derecho a ejercer la soberanía, o derecho a decidir, en todos los temas en todos los momentos. Afirmaba que el pueblo era soberano siempre y no podía delegar o perder esa soberanía en ninguna ocasión, aunque hubiera sobrevenido el absolutismo de los Austrias. Esta teoría es una falacia, pues es imposible que el ciudadano tenga tiempo material para hacerlo, esté capacitado para hacerlo, y la sociedad se pueda decidir una cosa y la contraria en momentos sucesivos o simultáneamente en el caso de que la decisión sea tomada por colectivos diferentes. Si cada día surgen en cada Ministerio docenas de problemas, en cada Diputación Provincial decenas de problemas, en cada Ayuntamiento nuevos problemas, y cada día surgen en el mundo exterior al ciudadano cientos de problemas ante los que hay que tomar postura, los ciudadanos deberían decidir cada día sobre cientos de cuestiones, lo cual es un imposible en sí mismo, porque ni tienen tiempo para tantas votaciones, ni información suficiente para poder decidir, ni muchas veces capacidad intelectual para hacerlo. Si hay cientos de temas a decidir cada día, ¿quién decide qué cuatro o cinco temas se ponen a consideración del pueblo, y qué cientos de temas pasan como desapercibidos? ¿quién decide cómo se presentan esos temas, qué parte de cada tema se da a conocer y que parte permanece oculta? Y conduce a que unos pocos, designados o autodesignados padres del pueblo, salvadores, libertadores, caudillos, o lo que se quiera, se erijan en dictadores de hecho, y sean ellos quienes decidan qué debe saber el ciudadano y sobre qué debe manifestarse.

Una cosa es el derecho de rebelión contra el delincuente que ha usurpado el poder, derecho inalienable de toda sociedad, y otra cosa el ejercicio del poder, el cual debe ser delegado en personas bien informadas sobre cada tema.

La democracia populista, o asamblearia, la democracia directa, es practicable en pequeños colectivos de unas decenas de individuos, como era el caso del ágora griega antigua, pero nunca en grandes colectividades, donde los temas a tratar son muchísimos y complejos. El gran grupo debe ir necesariamente a la democracia representativa. Se debe confiar en unos pocos elegidos y removibles. Sería un asunto complejo, del que hay mucha literatura, miles de libros, y no puede ser resumido en veinticinco líneas.

 

 

Derechas e izquierdas.

 

Los términos “derecha” e “izquierda”, carecen de sentido en este campo del populismo. Tanto los que se dicen derecha, como los que se dicen izquierda, tienden al populismo por igual.

Los términos derecha e izquierda, muy imprecisos y casi sin significado alguno, nacen de la realidad de que la administración de los derechos humanos cuesta dinero, mucho dinero, y se debe dar prioridad a unos respecto a los otros, puesto los recursos son escasos. En ese punto, se entra en una polémica, que nunca terminará, sobre si unos derechos son prioritarios o no, en cada momento actual.

Derecha es en democracia liberal la ideología que da más importancia a los derechos individuales que a los sociales o colectivos. Pero cuando la persecución de unos derechos es la excusa para anular otros que se perciben como básicos, o para enriquecerse algunos personajes, entonces la “derecha” se sitúa fuera del sistema liberal, en la inmoralidad.

Izquierda es la que, por el contrario, da prioridad a los derechos sociales o colectivos, y no duda en pedir la renuncia o limitación en algunos derechos individuales. Pero cuando la renuncia a derechos individuales implica la anulación de la personalidad, entramos en la inmoralidad.

En ambos casos, mientras la lucha por los derechos queda dentro de la racionalidad de las posibilidades de una sociedad, es tolerable, pero cuando se pide lo imposible, quizás sea que el objetivo real sea distinto al mostrado en público y se esté entrando en el camino de la inmoralidad.

El término “Democracia Popular”, es una contradicción “in términis”, que reduce la democracia al rito de meter un papel en una caja. Democracia liberal es dar posibilidades reales, económicas e intelectuales, al máximo número de personas para encontrar soluciones al desarrollo de los derechos humanos de todos los componentes de la sociedad. Pero pensar que todos los hombres son buenos e inteligentes y buscan el desarrollo de los derechos humanos de todos, es una utopía.

 

 

Principios del populismo.

 

El populismo se basa en unas ideas fáciles:

Se basa en la teoría de que se debe hacer lo que desea la mayoría del pueblo, aunque ello sea irracional e insostenible. A ello lo llama democracia. Se olvida del respeto a los derechos individuales y colectivos contrarios a esta opinión. Se olvida de las minorías, y se olvida incluso de las mayorías contrarias a sus ideas, a las que dice que hay que reeducar.

El líder populista dice tener su propia moral, una moral “popular” que debe practicar el resto del pueblo, y en ese sentido es salvífico. Pero a menudo se muestra cruel, sanguinario, dictatorial, represivo, y utiliza sus influencias sobre las masas contra el poder establecido y contra otros líderes populistas que le disputen el liderazgo. Su ocasional triunfo político significa el ataque desde el poder a los demás grupos políticos, sindicatos, asociaciones ciudadanas, el caos jurídico, económico y financiero que da paso al caos social. Pero en ello pueden pasar muchos años, décadas tal vez.

 

 

Problemas del populismo.

 

La falsedad de estos movimientos populistas radica en que la voluntad de la mayoría se puede preparar con informaciones sesgadas difundidas a través del control de los medios de comunicación social, o tomándola en el momento preciso tras determinado acontecimiento, o haciendo que la masa se manifieste en un orden determinado para aprovechar el efecto de solidaridad de la masa con lo que acaba de oír gritar, propalar o reivindicar. En último término siempre es el líder el que hace la interpretación de cuál es la voluntad del pueblo y la medida política necesaria para ello. Ya los romanos habían manejado estos conceptos populistas y se disputaban qué centuria era la primera en iniciar cada votación, pues ello arrastraba a las demás. Los líderes populistas suelen ser gentes de palabra fácil, don de gentes, capaces de dirigir las asambleas hacia una opinión predeterminada por ellos, muy diferente de lo que de verdad opinan las masas si se les diera la información correcta.

Aunque el líder populista y los diversos líderes populacheros dicen representar al pueblo, no es cierto que el pueblo se sienta en todo y en todo momento representado por él y por ellos. El individuo se ve en determinados momentos coaccionado por la masa, pero no piensa igual que se manifiesta. El líder populista maneja las masas.

El sistema populista es muy peligroso incluso para sus propios dirigentes: En un momento dado, cada líder puede tener detrás de él masas ingentes de hombres, pero en el momento siguiente, otras minorías pueden fabricar otros líderes y otras opiniones mayoritarias, incluso contrarias a las anteriores, y el antiguo líder cae, e incluso puede ser eliminado físicamente (casos de Mussolini, o de Robespierre…). No es nada fácil explicar los mecanismos por los que los líderes son alzados al poder y abandonados después. Entraríamos en el campo de la psicología de masas. Los líderes populistas, conscientes de este peligro, adoptan sistemas totalitarios de control férreo del poder y se declaran salvadores y redentores contra un imaginario peligro catastrófico al que hay que derrotar. Los conocedores de este problema se hacen líderes omnímodos y tratan de mantenerse en el poder hasta el momento de su muerte, y más allá. Es frecuente que cuando un líder populista llega al poder, elimine a muchos de los que le han aupado a ese puesto, incluso físicamente.

En los movimientos populistas encajan a menudo individuos asociales que aprovechan la circunstancia para medrar ellos. Carlos Marx fue uno de los pocos líderes del socialismo de su tiempo que se dio cuenta del peligro de las masas de cara al progreso ciudadano en derechos. Hay individuos cuyo objetivo en la vida no es colaborar con la sociedad, sino vivir a costa de ella, destruirla. Marx los denominaba lumpemproletariado, y advirtió que el enemigo número uno del socialismo no era la burguesía, que había conseguido un logro para la humanidad como la superación del feudalismo, sino el lumpem. No es una idea tan extraña como pudiera parecer, pues en las epístolas de San Pablo también podemos leer “el que no trabaja, que tampoco coma”. Teniendo en cuenta que el trabajo es la manifestación más real que un individuo puede hacer respecto a la sociedad en la que vive, la frase de San Pablo adquiere un sentido más profundo de lo que a primera vista parece. La Universidad del siglo XXI es una gran fabricante de lumpen, de ni-nis, que ni estudian ni trabajan, y ni se preocupan por encontrar sentido a la realidad.

 

 

El caciquismo como dominio de la masa.

 

En la España del siglo XIX, frente al peligro del populismo representado por las Juntas Provinciales, por las Milicias Nacionales, por los demócratas de 1848, por los republicanos de 1868, por los Voluntarios de la República de 1873, se levantó el caciquismo de los económicamente poderosos. El caciquismo era imponer la voluntad de los poderosos utilizando la coacción, la persuasión e incluso la violencia, con intención de salvaguardar la paz social, y con ella la propiedad y la posición social de los caciques. El caciquismo se puede interpretar también como una reacción contra el populismo. Si la moralidad de muchos caciques era intolerable, es otra cuestión diferente.

A Amadeo le correspondió luchar contra un estallido de populismo, el de las milicias populares republicanas, voluntarios de la república, cantonalismo. Pero el momento álgido de este movimiento populista correspondió al Gobierno de un líder populista republicano, Pi i Margall, demostrándose las contradicciones del populismo.

 

 

Ejemplos para estudiantes

 

La clave para distinguir populismo de democracia liberal representativa y parlamentaria, es observar si se incrementan, o no, los derechos humanos para el conjunto de toda la sociedad, incluidas las minorías y las individualidades discrepantes. El populista incrementa uno, o unos pocos derechos, y sacrifica todos los demás sin importarle lo más mínimo. Se llega al absurdo de despreciar la vida humana en beneficio de la causa de conseguir un derecho considerado importante por el líder populista, y que, a veces, es una auténtica memez.

Evidentemente, en cada decisión de Gobierno, sea un régimen democrático o populista, siempre habrá derechos conculcados de algunas personas, aunque se favorezcan los derechos de otras. El estadista, expondrá la totalidad de la información, los derechos conculcados a unos ciudadanos y los derechos salvaguardados a otros ciudadanos. El populista sólo hablará de una de las partes del razonamiento, la que le convenga en cada ocasión contra alguien, o a favor de su causa personal.

La sociedad suele tardar demasiado tiempo en darse cuenta de la diferencia entre populismo y democracia liberal. Cuando se da cuenta de que, para el dictador populista, la realización de la idea salvadora está por encima de los derechos de las minorías, suele ser demasiado tarde. Y la sociedad tarda en darse cuenta, porque el populista se presenta siempre con careta, y dice ser lo que no es. Se inventa términos nuevos y trata de utilizar en su favor la magia de la palabra. Y cuando alcanza el poder, tiene el monopolio de la información, y el de la fuerza policial, y el de los tribunales… y no hay posibilidad alguna para ir contra él. Hay populistas de derechas y populistas de izquierdas. Lo más común, sin embargo, es que el populista diga que él no es de derechas ni de izquierdas, sino un admirador del pueblo, de los jóvenes, del espíritu luchador de las mujeres, de las minorías, de las mayorías en su caso… Así atrae al máximo de personas posible a su lado.

Bajemos todavía más del terreno teórico a cuestiones concretas más palpables:

Si un profesor propone a votación en clase dar un aprobado general, los alumnos votarán sí el 100%, o en raros casos, el 90%. ¿Podemos afirmar que el aprobado general ha sido democrático puesto que lo han votado la totalidad de los alumnos? Evidentemente no: Con un aprobado general, se han menospreciado los derechos de los buenos estudiantes, poniendo a su mismo nivel a los que no han trabajado lo suficiente o no tienen capacidades para aprobar. Luego, con títulos iguales se colocarán los que tengan mejores relaciones familiares o políticas, pero no los más preparados, es decir, se lesionarán los derechos humanos. En segundo lugar, con un aprobado general se estimula el deseo de no trabajar, e incluso, con un poco de manipulación, se puede estimular la organización de la violencia, boicot, malos comentarios, contra otros profesores que no dan aprobados generales.

La discusión sobre este punto se complicó un día en clase, cuando un profesor me comentó que los alumnos buenos eran conscientes de que cedían este derecho y que, preguntados más tarde, seguían conformes con haberlo cedido. Entonces llegamos a la conclusión de que había derechos inalienables, la vida y el desarrollo físico e intelectual de la persona, y otros que podían ser postergados, como puede ser una parte de la propiedad. Y de nuevo volvió a complicarse cuando una alumna católica dijo que Jesucristo había entregado la vida por la salvación de los hombres, y se trataba de un derecho inalienable. Dejémoslo ahí. Ya tenemos suficientes datos para abrir un debate.

Segundo ejemplo: Si en la clase decidimos que un compañero nos molesta y acordamos darle una paliza, o que un tercero le dé una paliza, por decisión unánime o muy mayoritaria del resto de la clase ¿es eso democrático? Evidentemente no. Pero lo interesante es conocer por qué no es democrático: Porque se conculca el derecho de esa persona. Si se produjera un caso semejante, todos los que votaron serían delincuentes por el mismo hecho de participar en una votación que iba a tratar sobre los derechos de una persona, sobre los que sólo puede tratar un juez competente, el Director del centro en su caso, el juez del distrito en otras ocasiones. La única postura honesta, democrática, respetuosa con los derechos humanos, es negarse a participar en la votación y denunciar el hecho ante la autoridad competente. ¿Y qué pasa con la “ley de castigo al chivato” que se ha impuesto en muchos grupos? Que es una ley propia de sociedades de delincuentes, de la mafia, de las cárceles, y propia de fascistas, anarquistas y comunistas, pero no es de tipo democrático. La democracia orgánica fascista, y la democracia popular comunista o anarquista, son antagónicas a la democracia liberal representativa y parlamentaria.

Este es el mismo caso que planteó John Stuart Mill en 1857, cuando repensó el caso de Pilatos haciendo la presentación de Jesús ante la plebe, y la plebe le condenó a muerte. La mayoría a favor de la muerte era abrumadora, pero lo injusto es que la plebe decidiera sobre la vida de un hombre. No era democrático.

 

La utopía de 1868.

 

El Gobierno de 1868, se instaló en la utopía de creer poder cambiar el mundo exclusivamente desde el Gobierno, incluso sin sus antiguos aliados, los terratenientes y el gran capital, y sin la alianza con las nuevas fuerzas populistas y socialistas que estaban surgiendo. Creyeron que la pedagogía sería suficiente para cambiar a la España política, y a la sociedad española. Iniciaron así las utopías regeneracionistas en que se instalarán los Gobiernos de fines del XIX y principios del XX. Los de 1868 teorizaban que, combatiendo el irracionalismo religioso y el poder de la Iglesia sobre la enseñanza en la escuela y sobre la educación en la familia, se llegaría al deseado cambio de mentalidad social. Argumentaban que el progreso tecnológico exigiría de las fuerzas de trabajo menor formación de tipo laboral, y que la participación del pueblo en la cultura favorecería el progresismo liberal.

Chocaron con grandes inconvenientes que les llevaron al fracaso, aparte de la irracionalidad del dicho de que el saber y la cultura hagan moralmente mejores a las personas.

La utopía se instaló en toda la sociedad:

En primer lugar, los partidos y grupos proletarios estaban instalados en la misma utopía. Los grupos que mejor podían apoyar las reformas, veían en la formación intelectual un instrumento de emancipación que permitiría la lucha ideológica contra el capitalismo, pues, según ellos, la pobreza sólo desaparecería al compás de la desaparición de la ignorancia. Esa era la utopía del proletariado de finales del XIX, que se oponía a la utopía demócrata. Había pues, varias teorías adoctrinadoras simultáneas y contrapuestas.

En segundo lugar, los septembristas no disponían de dinero para hacer escuelas, formar maestros y pagar a esos maestros que debían combatir el irracionalismo religioso, que no la religión (un nuevo error era eso de combatir la religión que proponían los republicanos). La salida obvia fue ayudarse de la escuela privada para poder extender la enseñanza, pero la privada era la Iglesia, que volvía por ese camino al dominio de la enseñanza. Cuando la Restauración devolvió más adelante a la Iglesia todo su poder sobre la enseñanza y, en 1875, volvió Orovio al ministerio, todo estaría como siempre estuvo, y la revolución apenas habría dejado secuelas de calado, aunque sí las suficientes brasas para volver a intentar reencender el fuego.

En tercer lugar los septembristas perdieron el apoyo de los negociantes cubanos.  Adelardo López Ayala, ministro de Ultramar, decidió que no se podía obrar a la ligera, ni con precipitación, en Cuba y Puerto Rico, en el sentido de que no se podía liberar a 540.000 esclavos en medio de una población de 700.000 blancos, porque era provocar una guerra civil o al menos iniciar una época de desórdenes continuados. Decidió que era preciso guardar el orden público, quedando las reformas para hacerlas poco a poco, cuando fuera más conveniente, lo cual se denomina en historia oportunismo político. Los estancieros cubanos, que habían puesto dinero para el golpe de 1868, y eran independentistas, entendieron que el propósito de los Gobiernos septembristas era liberar paulatinamente a los esclavos, y se sintieron defraudados y ya no creyeron las buenas palabras de Prim, que los españoles se estaban creyendo.

 

 

¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?

 

Uno de los temas que había que plantearse en 1868 era el del modelo de Estado a implantar: monarquía o república.

El cambio de monarquía a república no tiene mayores inconvenientes que los propios inherentes a ambos sistemas: cambiar un Jefe de Estado vitalicio y hereditario por uno elegible cada cierto número de años. Pero en España, ambos conceptos representaban mucho más: la monarquía era la continuación de un sistema corrupto. La república era la instauración de un sistema no definido, o de varios simultáneamente en cada región, que significaban modelos de Estado diferentes y a menudo incompatibles: república unitaria, república federal con mantenimiento de un poder central indiscutible, república confederal con posibilidad de que cada Estado federado cambiara de sistema en cada momento y se separara y uniera al Estado central a gusto de sus ciudadanos, sistemas asamblearios, socialismos diversos generalmente utópicos, y anarquismo.

La monarquía es perdurable en el tiempo durante la vida de un monarca y ello puede dar estabilidad a un sistema político, pero si el monarca es malo, se garantiza toda una vida del monarca llena de errores y sufrimientos sociales. Si el monarca goza de excesivo poder, podemos llegar a los absurdos que vivió España a fines del XIX y principios del XX, cuando el monarca se creyó “salvador-redentor del pueblo español”. Si el monarca tiene contrapoderes y limitaciones, como es el caso de España a partir de 1978, el sistema monárquico se parece mucho a cualquier sistema republicano democrático. De hecho, la pregunta más frecuente entre mis alumnos era: “¿Y el Rey que hace? Yo creo que no hace nada, sino cobrar un buen sueldo”. Y yo tenía que explicarles el poder de representación.

La república es, aparentemente y a primera vista sobre el papel, un modo de Estado más democrático, pues cualquiera puede llegar a la Jefatura del Estado, lo cual es un acto de fe más que una realidad. Pero también puede ocurrir que el Jefe del Estado sea impuesto por grupos de presión, o por partidos políticos determinados, que sólo signifiquen ir en el camino de la conveniencia de ese grupo, y no de la mayoría social. Y si el Jefe del Estado es del mismo partido que el Jefe del Gobierno, y ambos están dominados por el mismo grupo social, la situación se puede volver peligrosa para la democracia y para los derechos humanos, igual que cuando el Rey tiene excesivo poder. Esta situación resulta a favor del partido que goce de todo ese poder, y es buena para sistemas totalitarios como los comunismos y fascismos, por lo que es defendida por los partidarios de estos sistemas.

Pensar que el pueblo puede cambiar a un Jefe de Estado fácilmente frente a un grupo de presión dominante, es una utopía, una falsedad: Si el grupo dominante tiene la prensa, medios de comunicación y dominio sobre los mensajes “convenientemente distribuidos en las redes sociales”, que dirigen el pensamiento de las personas, y tiene además los negocios que controlan el poder de dar empleo y la capacidad de subsistir de la gente, y el sistema judicial que derivará todos los desacuerdos en beneficio del grupo dominante, no se puede ser tan optimista ante el aserto de que la república sea mejor que la monarquía. Y el argumento de que “una vez llegó a Presidente un hombre de fuera del sistema, un hombre proveniente de la clase pobre”, analizado fríamente, quiere decir que, en el 99% de los casos, ese hombre no llega. Y si llegó una vez hace siglos, es posible estadísticamente que el hecho no se repita en varios siglos en adelante.

Es todo cuestión de ética. Si el Rey tiene un comportamiento moral ejemplar en el campo de la economía, la sociedad, la política, los derechos humanos y medioambientales, e incluso en la ética personal, será tan bueno como un Presidente de República que tenga ese mismo comportamiento, y viceversa. Si hablamos de inmoralidad, el tema se hace complejísimo y se abren muchas posibilidades. Afirmar que un sistema es mejor que otro, es muy arriesgado. Es una cuestión de casuística. Es opinable.

 

 

¿ALTA BURGUESÍA O PEQUEÑA BURGUESÍA?

 

El Estado debe ser dirigido por gente capacitada para hacerlo, pues las cuestiones de Gobierno son complejas. El 90% de los ciudadanos no está capacitado para ocupar un alto cargo administrativo o gubernativo. Y es una gran desgracia para cualquier país que un ignorante llegue a cargos de responsabilidad. Ha ocurrido alguna vez, que un ignorante gobernara mejor que un corrupto. De todos modos, la correcta actuación del ignorante en el Gobierno puede ser puntual, pero no es sostenible.

Pero la situación española era lamentable en el XIX: Desde principios del siglo XIX, la alta burguesía preparada intelectual y técnicamente para dirigir las empresas, llevaba “engañando” al pueblo español con promesas de igualdad, reparto de la propiedad y derechos, que nunca llegaban. En 1856 se demostró que los españoles estaban ya hartos de tanto engaño, de moderados y de progresistas. Ninguno les arregló el problema de la propiedad de la tierra, el problema de que los impuestos los pagaran sólo los pobres, el problema de que la guerra la organizaran los poderosos y murieran en ella los pobres. Y frente a la alta burguesía surgió la pequeña burguesía reclamando un espacio liberal más progresista, o tal vez un espacio socialista libertario, o un socialismo de cualquier otro tipo, de los muchos que estuvieron de moda en la segunda mitad del XIX. La pequeña burguesía estaba dispuesta a ensayar las más dispares salidas al sistema, a veces irracionales y populistas. En vez de tratar de moralizar el sistema, se optaba por modelos distintos, por muy irracionales que fueran, y aunque pudieran ser mucho más inmorales todavía.

Pero la pequeña burguesía cometió el error de mostrarse y actuar de forma radical y violenta, porque escogió líderes radicales, y con ello se puso en contra a la alta burguesía y a los sectores conservadores. La pequeña burguesía quedó reducida a una minoría, cuyas posibilidades políticas eran muy reducidas: imponerse por medio de una dictadura de unos pocos en contra de la mayoría integrada por la alta burguesía, los campesinos y los obreros, y los militares, era una utopía. Y además, la oposición tenía ideas muy distintas e incluso contradictorias entre los diversos grupos. De momento, la pequeña burguesía obtuvo la pasividad de los políticos moderados, moderados y progresistas, pero ello no iba a durar para siempre. Cuando esto ocurre, sólo las dictaduras militares tienen posibilidades de supervivencia, y ello a costa de asesinar y reprimir largamente al pueblo (es igual en dictaduras fascistas que en dictaduras comunistas).

Ambas burguesías juntas, como clase social burguesa, estaban enfrentadas a las viejas dignidades militares y eclesiásticas, e incluso a la Corona. Y todos ellos, tenían unos criterios políticos muy distantes de lo que la teoría liberal burguesa decía, a lo que la inmensa mayoría del pueblo español necesitaba para avanzar hacia una democracia liberal. Buscaban más un estatus de privilegio, concesiones, proteccionismo, que la extensión de un sistema de libertades. Hasta tal punto era falso el sistema, que los historiadores y gente culta del XIX recordaban con nostalgia el absolutismo ilustrado de Ensenada y de Carlos III en el siglo XVIII.

Entre los líderes de 1868, el sector alto burgués estaba representado por el catalán Juan Prim i Prats que aspiraba a una monarquía democrática bajo una Constitución (que sería la de 1869). El sector pequeño burgués estaba representado principalmente por el catalán Francisco Pi i Margall que aspiraba a una república federal más bien utópica, con Estados soberanos asociados y Ayuntamientos soberanos. En medio de ellos, el general Serrano pensaba en una dictadura militar, primero como la de Napoleón III, y más tarde como las de la Tercera República Francesa.

 

 

[1] Antonio María de Orleans, duque de Montpensier había nacido en Neuilly (Francia) el 31 de julio de 1824 y era el hijo menor de Luis Felipe de Orleans y de María Amalia de Borbón, princesa de Dos Sicilias, que serían reyes de Francia de 1830 a 1848. El 10 de octubre de 1848, siendo sus padres todavía reyes, se casó con María Luisa Fernanda de Borbón, hija de Fernando VII de España, al tiempo que Francisco de Asís de Borbón se casaba con Isabel II reina de España, todo ello tras un acuerdo entre Francia e Inglaterra. El día de la boda, Antonio tenía 24 años, y María Luisa, 15 años. En 1848, tras el advenimiento de la II República francesa, la familia real huyó a Inglaterra, y Antonio de Montpensier se trasladó a España, yendo a vivir a Sevilla, Palacio de San Telmo, hasta que en 1852 se compraron el Palacio de Orleans- Borbón. En 1868, Antonio hipotecó el Palacio y dos fincas en Sanlúcar, obteniendo de la Banca Coutts y de la Compañía de Londres, la cantidad de 5.750.000 pesetas, una suma astronómica para la época, que puso a disposición de los revolucionarios septembrinos. Pero no tuvo el éxito perseguido, y fue expulsado de España transitoriamente. Regresó a España a defender su candidatura al trono, pues consideraba que, una vez expulsada Isabel, su hermana María Luisa Fernanda era la heredera de lso derechos a la Corona española. en 1870 se batió en duelo a pistola con Enrique de Borbón Dos Sicilias, hermano de Francisco de Asís, el marido de Isabel II, y tras la muerte de Enrique, fue condenado a un mes de destierro. Lo peor para él es que fue excluido del trono de España. Se sospecha que en 1870, junto a Serrano, conspiró en la muerte de Prim, el hombre que le había excluido, pagando a José Paul Angulo, el asesino probado. En 1871, se negó a jurar a Amadeo de Saboya, por lo que fue desposeído de su cargo de capitán general y desterrado a Menorca. En 1876 se le permitió regesar. En 4 de febrero de 1880, murió en Sanlúcar de Barrameda. El matrimonio tuvo muchos hijos, de los que la mayoría murió siendo jóvenes, excepto María Isabel Francisca 1848-1919 que se casó con su primo Felipe de Orleans, y Antonio María  duque de Galliera que se casó con su prima Eulalia, hija de Isabel II. María Amelia Luisa 1851-1870 vivió 19 años, María Cristina Francisca 1852-1879 vivió 27 años, María de la Regla Francisca 1856-1861 vivió 5 años, Fernando María Felipe 1859-1873 vivió 14 años, María de las Mercedes 1860-1878 vivió 18 años, Felipe Raimundo María 1862-1864 vivió 2 años, y Luis María Felipe 1867-1874 vivió 7 años. Murieron de tuberculosis y de viruela.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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