Conceptos clave: el 3 de enero de 1874, el ejemplo Mac Mahon, el Manifiesto de 8 de enero de 1874, trascendencia de la Primera República, fracaso social del Sexenio, fracaso político de la Primera República, reacciones frente a la república.

 

 

El 3 de enero de 1874.

 

La sesión de apertura de las Cortes había empezado el 2 de enero de 1874. Las discusiones se habían prolongado toda la noche. Castelar fue depuesto a las 05:00 horas del día 3 de enero de 1874.

En la Asamblea Nacional estaba presente Lorenzo Romero “Lorencito”, encargado de comunicar el resultado de la votación. Cuando Lorenzo hizo su recuento de votos personal, y antes de que lo anunciase el Presidente Nicolás Salmerón, salió al pasillo y sacó un pañuelo, señal que estaba esperando el comandante Altarriba, Ayudante del General Pavía, y con ello supo que Castelar había sido depuesto. Altarriba salió de las Cortes inmediatamente y avisó a Pavía. Las tropas inciaron la marcha sobre la Asamblea Nacional. Tardarían menos de dos horas en ocupar el edificio del Congreso.

A las 6:55 de la mañana del día 3, se había votado como nuevo Presidente del Poder Ejecutivo de la República al candidato republicano intransigente Eduardo Palanca, cuando el escrutinio de votos quedó interrumpido por una orden del general Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, Capitán General de Madrid[1] y Gobernador Militar de Madrid. Se ordenaba disolver las Cortes.

Manuel Pavía, como había prometido, había instalado en Paseo del Prado un batallón de infantería, uno de caballería, y varias compañías de guardias civiles y, cuando supo que Castelar había sido depuesto, puso sus hombres delante del Palacio de las Cortes y dos cañones mirando a las calles que bajaban de Puerta del Sol, a fin de “controlar” a posibles ataques cantonalistas que bajaran por aquellas calles.

Los guardias civiles que custodiaban el Congreso eran mandados por el Coronel José de la Iglesia Tompes. De la Iglesia había sido procesado en septiembre de 1873 por actividades antigubernamentales, y había sido absuelto. Era un antirrepublicano de confianza. De ninguna manera quería Manuel Pavía un enfrentamiento entre el ejército asaltante de la Asamblea Nacional contra la Guardia Civil que custodiaba la Asamblea. El coronel de la Guardia Civil tampoco quería ese enfrentamiento.

Pavía envió dos emisarios a Nicolás Salmerón, Presidente de las Cortes, y uno al coronel de la Guardia Civil José de la Iglesia que custodiaba el edificio y que no estaba dispuesto a enfrentarse al ejército de Pavía. Así, Salmerón sabría que no tenía protección armada y que se estaba enfrentando al ejército.

Salmerón se negó a disolver la Asamblea Nacional. Entonces, el Comandante Juan Bautista Mesa Queralt, al mando del Regimiento de Cazadores Mérida, entró en el hemiciclo con unos jóvenes soldados de reemplazo. Los diputados se echaron contra los jóvenes soldados de reemplazo y les expulsaron de allí. Tras ello, los diputados se pusieron a discutir cuál era la postura a adoptar, y juraron no abandonar el hemiciclo en ninguna circunstancia. Algunos diputados estaban sorprendidos, algunos decían que había que resistir en sus escaños hasta el final, algunos salieron corriendo hacia las puertas y lo hicieron hacia arriba, saltando por encima de los asientos, para salir por puertas más seguras que la principal.

El Coronel José de la Iglesia Tompes, que tenía el mando de la Guardia Civil de las Cortes, pero era militar del ejército, decidió no tolerar la afrenta al ejército hecha por los Diputados cuando echaron de allí a los jóvenes soldados.

A las 07:30 horas, se presentaron dos compañías de la Guardia Civil, otras dos de infantería y una batería de montaña. Los números de la Guardia Civil entraron a tiros (disparados en los pasillos y hacia el techo), y no dejaron que los Diputados se echaran sobre ellos. La Asamblea Nacional quedó disuelta.

Casi todos los Diputados abandonaron el hemiciclo. Se resistían a marcharse Salmerón y Castelar. Ambos le dijeron a De la Iglesia que, al impedir la votación de Palanca, el Presidente seguía siendo Castelar, y que debía obedecer las órdenes de éste. De la Iglesia les respondió: “Ya es tarde”. Hacía referencia a que todos le habían pedido a Castelar que continuase y no había querido hacerlo.

El nuevo dueño de la situación era el general Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, desde su puesto de Capitanía General, de donde no se movió en ningún momento. El ambiente era de triunfo conservador y alfonsino, pero sólo eran las 7:30 de la mañana.

El golpe de Pavía era puramente militar, sin trama civil, y no tenía como finalidad tomar el poder, sino evitar que la república de Castelar cayera en manos de republicanos intransigentes.

Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque era hombre de confianza de los republicanos: había sido utilizado por Salmerón para reprimir el cantonalismo de Andalucía. Castelar, más tarde, le había hecho Capitán General de Castilla la Nueva. Era partidario de la república unitaria, manteniendo en todo momento la autoridad del Estado. No quería un Presidente cantonalista que incluso acabara con la República una vez destruida España. Pero tampoco quería el poder para sí.

Así que, en la mañana del 3 de enero de 1874, nadie sabía qué régimen político se iba a implantar, si república, dictadura o monarquía. Pero se sabía que los progresistas del Partido Radical eran los dueños de la situación. Manuel Pavía llamó a Práxedes Mateo Sagasta y a Francisco Serrano, los líderes políticos del momento, y les dijo que resolvieran la situación, pues él, tras solucionar aquello, se marchaba a casa.

En la calle, nadie salió a defender la República, muestra de que los madileños estaban cansados de tantas llamadas a la revolución que les venían haciendo.

A las 11:00 de la mañana del día 3 de enero, se reunía en las Cortes una “Junta de Notables” integrada por Francisco Serrano duque de la Torre, Manuel Gutiérrez de la Concha, José Gutiérrez de la Concha, Cristino Martos Balbi, Nicolás María Rivero, Práxedes Mateo Sagasta, Manuel Becerra, José Elduayen Gorriti, Antonio Cánovas del Castillo, Juan Bautista Topete, José María Beránger, Eugenio Montero Ríos y Manuel Pavía, 13 en total, y discutieron el futuro del golpe de Estado. Los republicanos no asistieron porque no quisieron, pero alguno de ellos fue invitado a asistir. Y los pocos republicanos que asistieron se fueron retirando poco a poco, nada más empezar.

Nicolás María Rivero empezó proponiendo proclamar al general Francisco Serrano como Presidente de la República, restableciendo la Constitución de 1869, con la modificación pertinente para que España fuese República unitaria, a lo que se opusieron Manuel Gutiérrez de la Concha y José Gutiérrez de la Concha.

Intervino Manuel Pavía para decir que apoyaría a quien decidiesen, pero que se pusiesen de acuerdo.

Cánovas y Elduayen pidieron un Gobierno Provisional representantivo de la mayoría parlamentaria hasta que se pudiera restablecer la normalidad de los partidos políticos, y poder decidir después.

La explicación a esta postura de Cánovas era que los monárquicos no podían dar solución al problema de Gobierno de España, porque Alfonso XII era demasiado joven e inexperto, lo cual desarmaba sus argumentos.

Serrano dijo, por fin, que el futuro debía ser republicano, y mientras, debía haber un Gobierno de Salvación Nacional.

Antonio Cánovas y José Elduayen Gorriti propusieron un Gobierno de amplia base, con representación de todas las fuerzas políticas del momento. Le siguieron la mayoría de los presentes, absteniéndose Pavía.

Se decidió que Francisco Serrano duque de la Torre fuera Presidente del Poder Ejecutivo y él buscase un modelo de Estado que sirviese para gobernar en España, bajo la Constitución de 1869. Todos sabían que Serrano era monárquico y que encargarle salvar la República era un contrasentido.

Eran poco más de las 11 de la mañana del 3 de enero de 1874, y Serrano se salía con la suya. El golpe se inclinaba a favor de Serrano y perdían su oportunidad los alfonsinos.

Los monárquicos acusaron más tarde a Cánovas de no haber defendido con suficiente fuerza la proclamación de Alfonso XII como Rey de España. Pero Cánovas creía que no era el momento y que se debía seguir esperando. Tal vez pensara que, si se proclamaba Rey a un niño, Serrano se convertiría en el amo de la situación y se proclamaría Regente, cuando a Alfonso le quedaba sólo un año para cumplir la mayoría de edad, mientras que si esperaba, tendría a Alfonso proclamado Rey por el propio devenir de los acontecimientos. Y con Serrano como Regente, tal vez instaurase la República militar y se aferrase al poder definitivamente.

En este sentido, Manuel Alonso Martínez comentó que aquello era la “Res Pública” y que Serrano era el hombre enérgico, hábil y prudente, y que tenía el prestigio suficiente porque ya había encabezado la revolución de septiembre de 1868 y había sido Regente durante un Gobierno Provisional en 1868. Se esperaba una república militar presidencialista.

 

 

El ejemplo MacMahon.

 

A finales de 1873 había llegado a la Presidencia de la República Francesa el general MacMahon duque de Magenta, un hombre votado por los católicos, pero contrario a los ultras católicos, es decir, muy favorable a los proyectos de Cánovas. MacMahon había hecho su carrera militar en la conquista de Argel a partir de 1830, en la guerra de Crimea de 1854 y, sobre todo, en la represión de la comuna de 1871. La fama y popularidad que le dio la represión de la Comuna de París, hizo olvidar la derrota de Sedán de 1870. MacMahon era visto como el hombre que podía apoyar al catolicismo en toda Europa e incluso hacer recuperar sus Estados al Papa. Respecto a España, MacMahon cerró los periódicos ultras católicos franceses como L`Univers, y eso aseguraba que no apoyaría a los carlistas.

Serrano, duque de la Torre, intentaría, durante 1874, ser el MacMahon español perpetuando una república conservadora, lo cual no convenía a los intereses canovistas de restaurar a Alfonso XII en el trono.

Cánovas procuró que Isabel II se entrevistase con MacMahon varias veces, y que éste prometiera apoyo a Alfonso XII, lo cual rompía las posibles ambiciones de Serrano.

 

 

El Manifiesto de 8 de enero de 1874.

 

El Gobierno de Serrano tenía un peligro que los monárquicos de Cánovas veían con claridad, y era que Serrano se declarase Presidente autoritario de una República al estilo francés de ese momento. La discusión duró algunos días más y se resolvió el 8 de enero con un Manifiesto a la Nación que:

Disolvía las Cortes Constituyentes de la República.

Aceptaba la Constitución de 1869, pero suspendida hasta la normalización de la vida pública. Se suspendieron las garantías constitucionales.

Reconocía el papel arbitral del ejército como expresión de la voluntad pública en ese momento. Se reconoció que el golpe de Pavía había sido dado en nombre del ejército y no de ningún partido político y, como dentro del ejército estaban todas las opciones políticas, el golpe no tenía carácter definido a favor de ningún partido, pero sí en contra de los republicanos federales.

Declaraba a Serrano Presidente Interino de la República, hasta resolver la situación.

Nunca se aclaró si Serrano era Presidente, Regente en espera de la monarquía, o Dictador militar al estilo francés de aquel momento. Serrano tuvo la oportunidad de consolidar su posición, pero nunca encontró apoyo de políticos, militares o asociaciones que le avalaran y tuvo que resignarse a ser meramente Presidente interino y abandonar el cargo en su día. Tambien, el hecho de no definir el régimen político en que gobernaba acabó desacreditándole.

 

 

Trascendencia de la República.

 

Los anarquistas:

Tras el fracaso del cantonalismo, los anarquistas se organizaron en federaciones agrícolas e industriales, y desde ellas en regiones, secciones y federaciones, que rechazaban toda organización política como el Municipio, la Diputación y el Estado.

Tal vez a su pesar, Pi es considerado un gran difusor del anarquismo en España desde su libro “Las Luchas de Nuestros Días”, publicada en 1887, donde no reconocía autoridad ninguna que pudiera dirigir a nadie, ni razón superior a la propia razón del individuo.

 

Independentismo catalán:

Otra corriente nacida del federalismo de Pi fue el independentismo, aunque los teóricos románticos quieren llevarlo a la Edad Media, o al menos al reinado de Felipe V de Borbón. Valentí Almirall quedó defraudado por la República y por Pi, pues veía igual de centralistas a los republicanos que a los conservadores monárquicos que acababan de echar. Almirall, que había sido agitador para el federalismo, se convirtió en agitador para el regionalismo-nacionalismo. Abandonó su periódico madrileño “El Estado Catalán” y fundó “Diari Catalá” el 4 de mayo de 1879 para hablar, pensar, y obrar en catalán, fecha que es considerada como origen del nacionalismo catalán duro. Ya no hubo marcha atrás. En 1881, Pi fue a ver a Almirall a Cataluña y fue recibido cortésmente, pero Almirall escribió a continuación un artículo en Diari Catalá pidiendo un gran partido catalanista que buscase la autonomía de Cataluña. Aparecieron dos corrientes: una más radical, liderada por Valentí Almirall en torno a “Centre Catalá” desde 1882, y una más moderada liderada por Enric Prat de la Riva, Françésc Cambó y Josep Puig i Cadafalch en torno a “Lliga de Catalunya” desde 1887.

 

 

El fracaso social de la Primera República Española[2].

 

En los primeros días de enero de 1874, la experiencia de república había fracasado en España.

Los republicanos fracasaron porque los dirigentes no tenían el apoyo popular que presumían, los políticos republicanos iban por libre y, a su vez, las masas populares no tuvieron un director único de sus acciones, que se quedaron en mera violencia, pues no obedecían a sus líderes de Madrid, sino a líderes comarcales muy diversos en ideología.

Los republicanos serían perseguidos en 1874 y entrarían en una crisis profunda. En 1876, Pi publicaría Las Nacionalidades explicando el pactismo federal, cosa que debiera haber hecho antes de 1873. En 1881, Figueras fundaría el Partido Federal Orgánico, con un modelo distinto al de Pi, pero ya sin trascendencia en la historia de España. En 1901 moriría Pi i Margall y sería sucedido por Vallés i Ribot, lo cual acentuaría la decadencia de los republicanos, que quedaron reducidos a un grupo catalán, y en 1910, la Unión Federal Nacionalista Republicana era solamente catalana.

 

 

El fracaso social del Sexenio.

 

El Sexenio fue en España una época de los agitadores, entendiendo por agitador un tipo de café, mitad político y mitad literato, generalmente provinciano, instalado en la bohemia madrileña de tercer cuarto del XIX, disconforme de todo y de todos y muy activo. La acción de estos agitadores sirvió para destruir los últimos vestigios del Antiguo Régimen español, que debieran haber sido eliminados o suspendidos un siglo antes y que los políticos se habían negado a borrar del mapa político y social. Esa era la parte que les daba la razón. Pero no supieron crear las reformas liberales que eran precisas y que ya funcionaban en Europa occidental, sino que, en mítines y en artículos de periódico incendiarios, intentaron ensayos sociales de tipo populista y socialista unas veces utópicos en sí mismo y otras irrealizables en esos momentos históricos. Por ello, el Sexenio constituyó una decepción más en una España que ya llevaba unas cuantas decepciones: no creó el sistema político estable que permitiera el desarrollo económico y social, no acometió las reformas socioeconómicas que eran necesarias, no generó una conciencia política nueva de moralidad y servicio al interés general.

Y el punto culminante de la verborrea política fue el de la Primera República. Allí, cada partido quería una Constitución diferente, la suya, y vetaba las de los demás. No querían un modelo de Estado de convivencia, sino la imposición definitiva de su propio programa político. Todos fueron intransigentes. Todos buscaban la Constitución perfecta y todos olvidaron hacer la Constitución posible. Así se llegó al concepto conocido como “la España invertebrada”, una mezcla de dos visiones antagónicas del mundo con posibilidades de Gobierno, y otras visiones divergentes, todas distintas, en la oposición. El concepto lo utilizaría más tarde Ortega y Gasett en 1922, divulgándolo ampliamente.

La burguesía era la única clase social capaz de sostener la riendas del Gobierno en un momento como el final del XIX, en plena transición de la agricultura tradicional a la agricultura comercial (con la previsión de dos millones de personas que se quedarían sin trabajo en el campo), y de la artesanía a la industria moderna (con 500.000 personas que perderían su medio de vida se se realizaba la revolución industrial). Pero la burguesía de Barcelona, Málaga y Cádiz, la única que estaba claramente en la senda de la industrialización, y era suficientemente fuerte como grupo en sus propios territorios, no estaba dispuesta a hacerse cargo del poder, a asumirlo directamente, sino que prefería que otros le hicieran ese servicio. Y los servidores de la burguesía, ejército, Iglesia y funcionariado, no hicieron ni se atrevieron a afrontar los cambios sociales y económicos necesarios, aunque intentaban salvar al país. Incluso hubo algunos que ensayaron utopías. Y como el cambio era urgente, la pequeña burguesía decidió ensayar sus propias utopías, y surgieron grupos de campesinos, de artesanos y de obreros intentando las suyas, todos ellos con ánimo redentorista salvador de España. Los grupos populares confundieron la libertad con el derecho al insulto y con el derecho al motín popular.

Y mientras tanto, las minorías intelectuales, que distinguían perfectamente entre la postura de atacar los problemas reales y la de intentar soluciones utópicas, no supieron o no quisieron dominar a las masas, educarlas diciéndoles la verdad, y preferían la frase ampulosa que dejaba ininteligibles los conceptos.

 

 

El fracaso político de la Primera República española.

 

Una de las causas que explican los movimientos republicanos españoles, fue que las Constituciones con alguna estabilidad en el XIX, las de 1845 y la de 1876, constituciones moderadas doctrinarias, es decir, al servicio de la burguesía, no sirvieron al fin con el que habían sido redactadas, no hicieron los cambios que prometían. Podemos traducirlo como que la burguesía no dio el paso “ilustrado y liberal” de hacer las reformas que necesitaba el pueblo. El fracaso de 1845 llevó a la República de 1873. Y el fracaso de 1876 a la República de 1931.

Los teóricos estaban un tanto desorientados: En el periodo 1868-1874, los diversos teóricos ensayaron modelos políticos de “autodeterminación” y de socialismo, que resultaban contrarios a los intereses de la burguesía, de los terratenientes y propietarios industriales, bancarios y comerciales. Es decir, los intelectuales planteaban la ruptura, tal vez la guerra civil, con los poderes reales económicos, políticos, militares y religiosos. Eran planteamientos excesivos que, naturalmente, estaban condenados al fracaso. Nunca se llegó a la Constitución de consenso y de progreso en los derechos de todos.

Surgieron dos modelos de Estado, sostenidos por dos fuerzas sociales, una en cada parte: los “grandes”, es decir, los terratenientes, nobleza cortesana, generales del ejército y jerarquía católica, tenían un modelo de Estado conservador, que en virtud del lema “orden y progreso”, insistía en el orden y dejaba para más tarde el progreso. Los “pequeños”, esto es, las clases campesinas pobres y el incipiente proletariado, tenían un modelo de Estado revolucionario, que destruyera lo hasta entonces existente. Y en medio de los grupos, “grandes” y “pequeños” quedaban las profesiones liberales, los funcionarios, los pequeños y medios propietarios, los oficiales del ejército, el clero rural, que unas veces se inclinaban por las tesis de los unos y otras por los de los segundos. Y resultaba que estos individuos, los que no tenían personalidad por sí mismos, eran los protagonistas de la política, pues ni los “grandes” asumían la responsabilidad del poder, ni los pequeños tenían la más mínima oportunidad de conseguirlo, o si lo conseguían, de mantenerlo.

Los acontecimientos de la Primera República española fueron obra de pequeño burgueses sin ningún poder real y efectivo detrás de ellos, y sin ni tan siquiera el apoyo social de la clase media a la que pertenecían. Eran grupos pequeños que no representaban a nadie, sino a ellos mismos.

La idea general de los españoles era que España no podía funcionar a ritmo de golpe de Estado, tumultos y mítines, que imponían un Gobierno hasta el triunfo del siguiente golpe de Estado. Pero para lograr que algo cambiase había que romper con varias intransigencias: con la del carlismo, que era teocrático y absolutista; con la de los católicos no carlistas pero sí integristas, que exigían la sumisión del Estado a los principios católicos y a las disposiciones de la Santa Sede; con la de los “moderados” que insistían en mantener la soberanía en el Rey a través de la fórmula “las Cortes con el Rey”; con la de los “progresistas” que afirmaban que sólo el pueblo español era soberano, pero tampoco se podía caer en el populismo jacobinista absurdo, y no sabían darle salidas a la situación; con la de los demócratas-republicano-socialistas que creían en la soberanía popular de las masas, aunque éstas fueran incultas y pobres, porque al menos serían de más alta moralidad que los que habían gobernado hasta entonces.

¿Cómo se podía conseguir el consenso mínimo entre éstas y otras posturas políticas? En tiempos antiguos, el cristianismo, catolicismo después, había predicado la moralidad a los unos y la resignación a los otros, y había aportado el consenso necesario para la convivencia. Pero las nuevas clases sociales practicaban un catolicismo de maquillaje externo, estético, prescindiendo de toda moralidad si ello convenía a sus gustos e intereses. La Reina Isabel II se declaraba católica pero practicaba el sexo libremente y se lucraba con la esclavitud. Las grandes fortunas, tenían esclavos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pagaban salarios de hambre, se dedicaban al robo y asalto organizado (dirigentes del bandolerismo andaluz), mientras decían profesar el catolicismo. Las nuevas clases emergentes se declaraban ateos o, al menos, prescindían por completo del catolicismo. Tras perderse la moral criatiana y no ser reemplazada por ninguna moral liberal, España había perdido su conciencia moral como colectivo. Los grupos políticos habían evolucionado a posiciones extremistas y radicales, cuya única preocupación era defenderse de los ataques del resto de las agrupaciones políticas.

Nadie tenía tiempo ni posibilidades de encarar los verdaderos problemas: dar trabajo y cultura a tres millones de trabajadores del campo; pagar la enorme deuda del Estado; encontrar la salida a cerca de un millón de artesanos que debían emigrar o cambiar de dedicación para dar el paso a la sociedad industrial y comercial; acabar con el caciquismo, nepotismo, corrupción, bandolerismo, realidades que impregnaban toda la realidad; acabar con gobernantes, militares y religiosos inútiles o inmorales. La labor a realizar era descomunal. No se veía ninguna salida racional al problema “España”.

El intento de solucionar los problemas por la vía “república” evolucionó a federalismo populista, proyecto en el que no se insistía en lo que unía a los pueblos federados, sino en lo que les separaba. Y el federalismo dio en cantonalismo, donde cada núcleo comarcal se creyó con derecho a constituir su propio Gobierno, aunque no tuviera medios económicos ni personas doctas suficientes para gestionarlo, situación en la que el “derecho” se convierte en “utopía”. El absurdo cantonalista sólo puede explicarse como “derecho al pataleo”, como cansancio de tantas injusticias, promesas nunca cumplidas. Y los excesos cantonalistas llevaron en algunos casos a plantear el socialismo bakuninista y en alguno el socialismo marxista. Y al final de la cadena, condujo a una contrarrevolución que rescató el viejo sistema burgués conservador de antes de 1868, el cual se dedicó a contener la violencia de las masas utilizando la violencia del Estado, y también olvidó los problemas sociales y económicos que agobiaban a España como colectivo.

 

 

Los hombres frente al problema republicano.

 

Emilio Castelar, Presidente de la República desde septiembre de 1873 a enero de 1874, fue plenamente consciente del problema que venimos exponiendo, del drama político que se estaba generando, y lo expresó ante las Cortes el 10 de febrero de 1872, cuando estaba a punto de abdicar Amadeo. Le contestó Augusto Ulloa Castañón, Jefe del Partido Conservador, el 11 de febrero, cuando ya había abdicado Amadeo de Saboya, que los conservadores nunca abdicarían de sus ideas, sentimientos y conciencia. Como los federales-socialistas tampoco estaban dispuestos a “abdicar” de las suyas, la República Española, que nacía ese mismo día, nacía con signo de enfrentamiento y no de cooperación y consenso, por más que fuera votada por la inmensa mayoría de los diputados.

Los conservadores hablaban de “orden social por encima de todo”, y los republicanos de “orden en libertad” y “paz en democracia”, como decía Nicolas Salmerón. Inmediatamente, los republicanos se fraccionaron entre “benevolentes” de Castelar, que sentían la necesidad del consenso social, e “intransigentes” que ponían la libertad como valor superior al orden y argumentaban que la libertad generaría un nuevo orden social.

Más tarde, el pensamiento de Castelar fue admitido por los conservadores, y Castelar fue admirado, aunque los conservadores como Figuerola no pudieran comprender que los “benevolentes” colaboraran con el resto de los republicanos. Argumentaban los conservadores que sin orden y seguridad no se podría abordar ningún proyecto político, y aseguraban que la “república democrática” iba abocada a “república demagógica”, lo cual era tan malo como la corrupción y el nepotismo de tiempos de Isabel II contra lo que se habían rebelado todos en 1868.

Pi y Margall, líder republicano más intransigente que Castelar, se dio cuenta de que los hechos en la calle iban mucho más allá de sus proyectos en el Parlamento: en 18 de julio de 1873 presentó ante las Cortes su dimisión como Presidente de la República porque España se le disgregaba sin que supiera cómo reaccionar ante ello. Y a partir de julio de 1873, los “benevolentes” y los “intransigentes” se convirtieron en grupos irreconcialiables con programas sociales y políticos distintos.

El intransigente y utópico Francisco Casalduero Conte, del Partido Demócrata, acusó a Castelar de haber acabado con Pi. Creía que la soberanía de las Cortes no podía delegarse en una persona de forma permanente ni continuada, pues ello iba en contra de los derechos democráticos del Parlamento. Esto es, no admitía Presidente de la República ni Jefe de Gobierno que tomaran decisiones por sí mismos, sino que estos cargos debían estar siempre llevando todas sus decisiones al Parlamento y convertirse en meros ejecutores de lo que éste decidiera. Decía que lo importante no era la persona sino los principios republicanos y esos principios no podían ser otros que los republicano-socialistas-federales-populistas, fuera de los cuales todo lo que aconteciera debía ser considerado “desorden social”. Culpaba a los conservadores de provocar el “desorden social” y afirmaba que tras la implantación del republicanismo sobrevendría el orden por sí solo, sin necesidad de ejércitos ni policía o Guardia Civil que lo impusiese. Sólo luchando por el republicanismo federal se luchaba por el orden social.

La teoría del señor Casalduero era que Pi debería haber optado por la minoría “poseedora de la verdad”, la republicano federal, en vez de contentar a la mayoría conservadora, a la que consideraba inmoral. Sólo los republicanos federales luchaban, según Casalduero, contra los privilegios y abusos sociales. Los conservadores no jugaban otro papel que utilizar al ejército, la Guardia Civil y la Iglesia en orden a conservar sus privilegios de clase. Casalduero era asambleario, partidario del Gobierno de las Cortes. Ni siquiera creía en la Constitución, porque la Constitución era una declaración de estabilidad, de inmovilidad política, y él creía en el cambio revolucionario permanente, para el cual cualquier Constitución sólo era un impedimento. Por eso mismo, los Gobiernos no debían tener más misión que ejecutar con la máxima energía las decisiones que fueran siendo aceptadas por la Cámara de Diputados. Los Presidentes deberían dejar de pensar por sí mismos y de actuar por sí mismos. Mediante esta utopía, del Presidente aséptico al servicio del Parlamento, Casalduero expresaba su posición política, la de los intransigentes.

Como los demás grupos políticos del Parlamento reaccionaron de forma intransigente a la intransigencia de los republicano-federales, no quedaron soluciones pacíficas viables. Por un lado estalló la violencia cantonalista. Por el otro, se organizó el golpe de 3 de enero de 1874. España estaba en el mismo punto político que a principios del XIX, igual que en 1808, 1820, 1833, 1840, 1854, y 1868. Y el ejército, llamado una vez más a resolver los problemas de convivencia política de los españoles, se ratificó en la idea de ser el tutor y salvador de la patria, con derecho a gestionar la política cotidiana. MacMahon había tomado las riendas de la política en Francia y los militares españoles lo venían haciendo durante todo el siglo XIX. Los hechos confirmaban a los militares como necesarios en la dirección de la política española, idea que no se abandonará hasta 1976.

 

 

 

 

 

[1] Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, 1827-1895, había nacido en Cádiz y era militar del arma de artillería. En 1866 había estado en Villarejo de Salvanés manifestándose contra Isabel II y tuvo que exiliarse. En 1868 regresó tras la revolución. En 1873 recibió el encargo de reprimir los cantones de Andalucía y, posteriormente, fue nombrado Capitán General de Castilla la Nueva. Como tal Capitán General de Madrid, en diciembre de 1873 había ofrecido su apoyo a Castelar para que no reabriese las Cortes, pero Castelar las abrió de todos modos. En 1880 sería senador vitalicio y Capitán General de Cataluña. En 1885 volvería a ser Capitán General de Castilla la Nueva.

No se debe confundir a Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, con Manuel Pavía y Lacý marqués de Novaliches, casi contemporáneo suyo, 1815-1896, nacido en Granada el 6 de julio de 1815, que hizo su carrera en la Guerra Carlista y ascendió a brigadier en ella. En 1840 emigró a Francia al llegar Espartero, y en 1843 volvió acogiéndose a una amnistía, pero para luchar contra Espartero. En 1847 fue ministro de la Guerra durante un mes, pero renunció al no hacerse las reformas que él proponía. Luchó en Cataluña contra las partidas carlistas de Tristany y de Rol de Eroles, y en 1848 fue destituido por no sofocar una rebelión popular. En 1853 fue enviado a Filipinas y en 1854 volvió a España y se casó con la condesa de Santa Isabel marquesa viuda de Povar. En 1868 participó en la lucha pero en contra de los revolucionarios, pues era monárquico y moderado, y fue derrotado en Alcolea. En 1871 emigró y sólo volvió a España cuando fueron restaurados los Borbones en 1875.

[2] Juan Ferrando Badía. “La Primera República”, en José María Jover Zamora, La Era Isabelina y el Sexenio Democrático, tomo II, pg.907.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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