Conceptos clave: Junta de Madoz, Junta de Escalante, Junta Superior Revolucionaria, Francisco Serrano, Gobierno Provisional de Serrano, populismo anticlerical de Serrano, sometimiento de las Juntas, Juan Prim, Práxedes Mateo Sagasta, actuación de las Juntas, actuación del Partido Demócrata, cimbrios, republicanos unitarios, republicanos federales, José María Orense, Nicolás María Rivero, programa de Serrano, programa de los moderados monárquicos, reconocimientos internacionales en 1868, primeros levantamientos republicanos, sufragio universal en 1868, elecciones de enero de 1869, patronales en 1868, reformas docentes en 1868, libertad de imprenta en 1868, libertad de cultos en 1868, relaciones España-El Vaticano en 1868.

 

 

 

GOBIERNO PROVISIONAL DE SERRANO.

Septiembre de 1868 – febrero de 1869.

 

 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1868.

 

El pronunciamiento español de septiembre de 1868, había sido muy original. En otros pronunciamientos habían llevado la iniciativa los militares, los cuales tenían, o no, una trama civil que les apoyaba. En 1868, la trama civil dirigía el golpe, y los generales quedaron en segunda fila al poco de producirse, hasta que el general Prim decidió reasumir la dirección del golpe para los militares. Y entonces hubo dos poderes que reclamaban la dirección del golpe, pero que no podían prescindir el uno del otro, porque ambos serían eliminados si lo hacían.

En los primeros días, Práxedes Mateo Sagasta, Ruiz Zorrilla, Cristino Martos Balbí, Manuel Becerra Bermúdez, García Ruiz, Amable Escalante, Pascual Madoz y Joaquín Aguirre de la Peña parecían los protagonistas absolutos. Pero el golpe también lo había dado el ejército y el general Prim reclamó el sometimiento de las Juntas populares al poder militar.

El 29 de septiembre de 1868, el Gobierno de José Gutiérrez de la Concha entregó el poder a la Junta Revolucionaria constituida por el Comité Revolucionario que había preparado el golpe de 18 de septiembre. Se trataba de un conjunto de progresistas y unionistas. Los demócratas constituyeron su propia Junta ese mismo día. Ambas Juntas decidieron unirse en una sola con muchos progresistas, un tercio de demócratas, y un par de unionistas. Es decir, los civiles protagonistas del golpe ya eran varios grupos diferentes.

El 3 de octubre, los generales Francisco Serrano Domínguez y Juan Bautista Topete reclamaron el poder, que las distintas agrupaciones militares de provincias venían exigiendo a las Juntas populares desde hacía días. Serrano tenía un proyecto presidencialista. Topete tenía un proyecto monárquico, tal vez dirigido por Antonio de Montpensier tras la coronación de su esposa, Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II de Borbón.

Y el 7 de octubre, llegó Prim a Madrid, con otro proyecto que no desvelaría hasta más adelante, y que era buscar una monarquía nueva que diera un impulso al liberalismo en España. Y Juan Prim era el líder del ejército que se había impuesto sobre las Juntas populares, y de muchos civiles de las Juntas Progresistas recién creadas. Digamos que era un cuarto proyecto, para entendernos mejor: el de las Juntas, el de Serrano, el de Topete y el de Prim. Prescindimos, como se deduce de lo escrito, que había más proyectos todavía.

 

 

Gobierno de la “Junta Revolucionaria de Madrid”,    o Junta de Pascual Madoz Ibáñez. 30 de septiembre 1868- 5 de octubre 1868.

 

En Madrid, durante la revolución de septiembre de 1868, se habían formado dos Juntas al mismo tiempo. Una de ellas era la de Pascual Madoz, de tipo progresista, y la otra la de Amable Escalante, ésta dirigida por los demócratas. Nicolás María Rivero, el líder de los demócratas, comprendió que un enfrentamiento entre varias Juntas haría perder fuerza a los revolucionarios de 1868, y el 5 de octubre se creó una tercera Junta que debía ser de conciliación entre las dos primeras y que se llamó Junta Superior Revolucionaria.

Durante unos días, a partir de 30 de septiembre de 1868, hasta la llegada a Madrid de los líderes militares protagonistas del golpe, gobernó en Madrid la Junta Revolucionaria de Madrid:

Presidente: Pascual Madoz Ibáñez / 3 octubre 1868: Joaquín Aguirre de la Peña.

Secretarios:    Facundo de los Ríos Portilla. Antonio Ramos Calderón.

Vocales: Nicolás María Rivero; Amable Escalante; Juan Lorenzana; Estanislao Figueras Moragas;     Laureano Figuerola Ballester; José María Carrascón; Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega Armijo; Mariano Azara; Vicente Rodríguez; Félix de Pereda; José Cristóbal Sorní Grau; Manuel García García; Juan Moreno Benítez; Mariano Vallejo; Francisco Romero Robledo; Antonio Vallés; José Olózaga; Francisco Jiménez de Guinea; Ignacio Rojo Arias; Ventura Paredes; Eduardo Chao; Ruperto Fernández de las Cuevas; Manuel Pallarés; Manuel Ortiz de Pinedo; José Ramos; Nicolás Calvo Guaiti; José Abascal; Manuel Merelo Calvo; Adolfo Juaristi; Francisco García López; Bernardo García; Camilo Labrador; Miguel Morayta; Ricardo Muñiz; Tomás Carretero; Carlos Navarro Rodrigo; Francisco Javier Carratalá;    Antonio María de Orense; Práxedes Mateo Sagasta;    Eugenio García Ruiz; Cristino Martos Balbí.

 

 

Llegada de Serrano a Madrid.

 

El 3 de octubre de 1868 llegaron a Madrid, Francisco Serrano Domínguez y Juan Bautista Topete, dos de los líderes militares del movimiento de septiembre de 1868.

La Junta Revolucionaria de Madrid se mostró colaboradora con los generales pronunciados y encargó a Serrano, en 4 de octubre, formar Gobierno Provisional de España. La Junta de Madrid se sometía a los militares. Las diversas Juntas que se habían formado en el resto de España, fuera de Madrid, la mayoría de carácter demócrata, protestaron porque la Junta de Madrid se estaba atribuyendo a sí misma la soberanía. Todas las Juntas se consideraban a sí mismas igualmente soberanas y muchas se negaban a entregarse a los militares. La situación política era muy delicada, pues no había un proyecto político común a los españoles, sino la posibilidad de muchos enfrentamientos provinciales y tal vez una guerra civil. El acto de pedir a Serrano que formara Gobierno era puramente protocolario, pues Serrano llegaba a Madrid precisamente con ese fin y lo iba a formar de todos modos. Pero para la Junta, la designación de Serrano era un alivio, porque el héroe de Alcolea era bien visto por el pueblo.

Serrano, consciente del momento complicado que se estaba produciendo, prometió libertades y derechos, sufragio universal, libertad de religión, libertad de enseñanza y libertad de reunión y asociación. Pero no tomó la dirección del Gobierno, sino creyó que debía esperar la llegada de Juan Prim, el líder apoyado por la gran burguesía y por el ejército.   Además, el golpe militar había partido de un acuerdo entre Serrano y Prim, y no era coherente que Serrano tomara el poder sin esperar la llegada de Prim a Madrid.

Ese mismo día, 3 de octubre de 1868, Prim llegaba a Barcelona en su periplo por el Mediterráneo. Prim esperaba a que las ciudades se sublevaran antes de presentarse en Madrid, pues creía que la dirección del golpe estaba en sus manos. En Barcelona, bajó del barco a echar su arenga, como había hecho en todos los puertos del Mediterráneo. Barcelona quería hacer cambios, pero Prim deseaba esperar el triunfo de la revolución antes de comprometerse, y hubo cierto desacuerdo entre los revolucionarios. Prim no daba la revolución por ganada todavía. Exigía que los militares se impusieran sobre cada una de las Juntas vecinales que habían surgido, y sólo cuando tuvo noticia de la conclusión positiva de esta orden, se presentó en Madrid. Estaba seguro de poder imponerse al resto de los jefes militares.

 

 

Gobierno de la “Junta Superior Revolucionaria”,

o de Joaquín Aguirre de la Peña.

5 de octubre 1868 – 19 octubre 1868.

 

El 5 de octubre de 1868 se creó la Junta Superior Revolucionaria de Joaquín Aguirre de la Peña: y cayó la Junta Revolucionaria de Madrid de Pascual Madoz.

Presidentes honorarios:

Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre (permanecía en situación de espera para llevar a cabo su proyecto).

Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos (ausente).

Presidente efectivo: Joaquín Aguirre de la Peña.

Vicepresidentes:

Nicolás María Rivero.

Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega Armijo.

Secretarios:

Inocente Ortiz Casado. Telesforo Montejo Robledo. Felipe Picatoste. Francisco Salmerón Alonso.

Diputados:

Gregorio de las Pozas; Carlos Rubio; Eduardo Martín de la Cámara; Práxedes Mateo Sagasta; Francisco García López; Laureano Figuerola Ballester; Vicente Rodríguez; Fermín Arias; Pedro Martínez Luna; Francisco de Paula Montemar; Manuel Cantero; Nicolás de Soto; Pascual Madoz Ibáñez; José Olózaga; José Cristóbal Sorní Grau; José Sierra; Julián López Andino; Baltasar Mata; Camilo Laorga; Juan Fernández Albert; Juan Antonio González; José Simón; Fernando Hidalgo Saavedra; Carlos Massa Sanguinetti; Eduardo Chao; Manuel Becerra Bermúdez; Manuel Fernández Durán y Pando, marqués de Perales; Nicolás Salmerón Alonso.

 

Repetían en ambas Juntas, la Revolucionaria de Madrid y la Superior Revolucionaria: Práxedes Mateo Sagasta, Laureano Figuerola, Vicente Rodríguez, José Olózaga, José Cristóbal Sorní Grau, y Eduardo Chao.

Diputados que dimitieron al poco de ser nombrados: Eduardo Martín de la Cámara; Práxedes Mateo Sagasta; Laureano Figuerola Ballester; José Cristóbal Sorní Grau; José Sierra.

Diputados que se incorporaron a la Junta después del 5 de octubre: Fernando Hidalgo Saavedra; Carlos Masa Sanguinetti; Eduardo Chao; Manuel Becerra Bermúdez; Manuel Fernández Durán y Pardo marqués de Perales; Nicolás Salmerón Alonso.

La Junta Superior Revolucionaria se disolvió el 10 de octubre de 1868.

 

 

Llegada de Prim a Madrid.

 

El 7 de octubre, llegó Prim a Madrid. Desde el 20 de septiembre, al 7 de octubre, Prim se había demorado sin querer acercarse a Madrid, tal vez mientras pactaba con la alta burguesía catalana, tal vez mientras se aseguraba del triunfo de la revolución militar sobre las Juntas demócratas en cada ciudad importante de España, tal vez mientras se aseguraba el apoyo de la mayoría de los militares. No se consideraba a sí mismo solamente el hombre de la revolución de septiembre, sino que quería un sistema de Gobierno algo más estable y duradero. Sin embargo las masas se empeñaron en que Prim fuese un líder popular. El 3 de octubre había llegado Serrano a Madrid, y fue aclamado en la calle pero pasó casi desapercibido. El 7 de octubre llegó Prim, y fue clamorosamente recibido por las masas madrileñas que le prepararon arcos triunfales, guirnaldas, banderas, gallardetes y muchas bandas de música callejeras. Llegaba en tren y fue aclamado por las masas como si hubiera combatido y vencido en mil batallas. Prim tuvo el gesto de abrazar públicamente a Serrano. Por la tarde de ese día, ambos decidieron el nuevo Gobierno de España. Presidiría Serrano, pero éste sabía que el poder lo tenía Prim.

 

 

 Francisco Serrano Domínguez.

 

Francisco Serrano Domínguez, 1810-1885, duque de la Torre, 1866-1885, nació en Isla de León (Cádiz) en 17 de diciembre de 1810, actual San Fernando. Era hijo del militar liberal, Francisco Serrano Cuenca, y de Isabel Domínguez, e hizo carrera militar por tradición familiar. Estudió en el Colegio de Vergara y en el Regimiento de Caballería de Sagunto en 1822, y en Regimiento de Caballería del Príncipe en 1829. En la Escuela de Cadetes de Sagunto llegó a alférez en 1825. En 1830 se hizo subteniente de Carabineros de Costas y Fronteras. Había aparecido en la historia dando orden de fusilar a Torrijos en 1830. En 1833 fue destinado a Madrid al Regimiento de Coraceros de la Guardia y acompañó a Don Carlos a su exilio a Portugal en 1833. Por ello no podía caer simpático a progresistas ni a republicanos.

Luchó en la Guerra Carlista de 1833-1840 y ascendió a brigadier en 1839 sirviendo a Espoz y Mina. Pasó a combatir en Cataluña a los últimos carlistas, y allí estuvo al servicio de su padre. En 1839 era coronel y en 1840 brigadier. Fue diputado por Málaga en 1839 y estaba en el grupo de Espartero, aunque no como Ayacucho, sino por la Guerra Carlista. De todos modos, apoyó a Espartero en su golpe de 1840 y se afilió al partido progresista con su jefe, Espartero. Su entrada en política no fue brillante porque, aunque tenía don de gentes en cuanto a simpatía, no tenía facilidad de palabra en términos sonoros como Espartero.

Fue enviado en 1842 a Barcelona a reprimir la insurrección popular contra Espartero, pero Serrano se sumó a los pronunciados contra Espartero, por lo que la Junta de Barcelona le designó ministro universal en 1843. En diciembre de 1843 se sumó a los moderados que pedían la dimisión de Olózaga, que al parecer pretendía otra dictadura como la de Espartero. Siendo Teniente General, fue amante de la Reina Isabel II algún tiempo, en 1846-1848, por lo que era llamado el “general bonito”. En 1848, el duque de Sotomayor le alejó de palacio enviándole algún tiempo a Granada como Capitán General. La Reina, se reconcilió entonces con su esposo, Francisco de Asís Borbón y Borbón, al cual necesitaba para que reconociera como legítimos a sus hijos. Serrano Domínguez se casó entonces con su prima Antonia Domínguez Borrell, hija de los condes de San Antonio. Volvió a la política en 1854, en el pronunciamiento liberal de Vicálvaro y firmó el Manifiesto del Manzanares. Se afilió a Unión Liberal en 1856 y apoyó a O`Donnell en su golpe de Estado. Los políticos decidieron apartarle de Madrid: En 1856 fue enviado como embajador a París. En 1859 fue designado Capitán General de Cuba, donde hizo una gran fortuna gracias al negocio del tráfico de esclavos. En 1862 le fue concedido el título de “Duque de la Torre” y Grande de España y volvió a la capital de España, 11 años después de su apartamiento. En 1863 fue Ministro de Estado con O`Donnell. En 1866 reprimió el levantamiento de Cuartel de San Gil y obtuvo por ello el Toisón de Oro y el título de Duque de la Torre. En 1867, a la muerte de O`Donnell, fue líder de la Unión Liberal y fue quien, en 1867, se pasó al Pacto de Ostende contra la Reina, siendo desterrado a Canarias. En 1868 estuvo en la revolución de septiembre contra la Reina, y venció a Manuel Pavía Lacy marqués de Novaliches en Puente de Alcolea (Córdoba). Al llegar a Madrid se le encargó hacer Gobierno Provisional el 3 de octubre de 1868 y se le concedió el título de Alteza y Regente de España en 1869-1871. Serrano fue Jefe de Gobierno del Gobierno de Amadeo, en enero de 1871, tras dos días de gobierno de Sagasta. Era antirrepublicano. Favorecía la candidatura de Antonio de Montpensier, pero colaboró con Amadeo de Saboya una vez elegido éste. Estuvo en la Guerra Carlista y en el convenio de Amorebieta de 1872. Isabel II conectó con él desde París, para consultarle si podía volver a España, pero Serrano Domínguez consideró que no era oportuno. En 1873, durante la República, intentó, junto a Cristino Martos, sublevar la Milicia Nacional, pero fracasó y huyó a Biarritz. Regresó a Madrid días antes del golpe de Pavía. Tras el golpe de Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, de enero de 1874, fue nombrado de nuevo Presidente del Poder Ejecutivo y entonces disolvió las Cortes republicanas, se nombró a sí mismo Regente y nombró a Zabala presidente del Gobierno. Su intención era instalar una dictadura militar al estilo francés de aquél momento, pero no encontró colaboración. En diciembre de 1874, ante el pronunciamiento de Martínez Campos, reconoció a Alfonso XII como Rey. En 1875 se alejó de la política. Estaba despechado porque Cánovas se puso al habla con Sagasta para fundar el Partido Liberal, quedando él pospuesto. En 1882 fundó un partido llamado Partido de Izquierda Dinástica que se oponía a la izquierda representada por Sagasta, pues Serrano se consideraba a sí mismo jefe natural de los progresistas. Murió en Madrid en 1885 el mismo día en que era enterrado Alfonso XII.

No se debe confundir a Francisco Serrano Domínguez con Francisco Serrano Bedoya 1813-1882, homónimo y contemporáneo suyo, nacido en Quesada (Jaén), que también hizo carrera en la Guerra Carlista de 1833 y fue colaborador de Espartero en 1840-1843 y se exilió en 1843. Serrano Bedoya estuvo en el pronunciamiento demócrata de 7 de mayo de 1848, y se exilió a Francia hasta 1849 en que le permitió regresar Narváez. En 1854 fue diputado y en 1856 colaboró con Unión Liberal. Fue Director General de la Guardia Civil de diciembre de 1865 a julio de 1866. En julio de 1868 fue confinado en Canarias porque se temía su colaboración con los progresistas, y regresó a la península en septiembre de 1868 siendo uno de los firmantes del manifiesto de López de Ayala “España con Honra”. Volvió a ser director General de la Guardia Civil en octubre de 1868 a junio de 1872, cuando Serrano Domínguez era Presidente del Gobierno Provisional. En 3 de septiembre de 1874 fue Ministro de la Guerra hasta 31 de diciembre. Murió en Madrid en 1882.

Tampoco se debe confundir a Manuel Pavía Lacy, derrotado en 1868 en Alcolea, con el también homónimo Capitán General de Madrid, golpista en 1874, Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque. No tenían nada en común.

 

 

    El Gobierno Provisional de Serrano,

  9 de octubre de 1868-22 de febrero de 1869,

 

Era un Gobierno Provisional hasta la reunión de Cortes Constituyentes.

El Gobierno presidido por Francisco Serrano Domínguez estaba integrado por dos militares progresistas en la dirección, tres Ministros progresistas y cuatro Ministros procedentes de Unión Liberal. No había ningún demócrata, a pesar de que los demócratas eran los protagonistas de las Juntas civiles levantadas en las ciudades, los que habían tomado la calle, porque los demócratas eran el peligro que amenazaba a Prim.

Militares:

Presidente del Consejo de Ministros: Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre y Capitán General del Ejército, de Unión Liberal. El poder oficial.

Ministro de Guerra: Juan Prim y Prats marqués de Castillejos, progresista, Capitán General del Ejército, del Partido Progresista. El poder real.

Ministros procedentes de Unión Liberal:

Estado: Juan Álvarez Lorenzana Guerrero.

Gracia y Justicia: Antonio Romero Ortiz.

Marina: Juan Bautista Topete Carballo, almirante, el tercer militar del Gobierno y el tercer proyecto viable en ese momento.

Ultramar: Adelardo López de Ayala, un literato que no sabía nada ni de militares, ni de marina, ni de colonias / 21 de mayo de 1869: Juan Bautista Topete Carballo.

Ministros del Partido Progresista:

Hacienda: Laureano Figuerola Ballester, un librecambista.

Gobernación: Práxedes Mateo Sagasta, un hombre considerado honesto, pero con pocos escrúpulos.

Fomento: Manuel Ruiz Zorrilla, una persona honesta, fiel a la palabra dada, íntegra y puntillosa, lo cual en su tiempo se consideraba inhábil para la política pues se entendía la política como el arte de fingir y engañar.

 

A los demócratas se les ofreció una cartera ministerial y hubo polémica. Los demócratas pidieron dos, o de lo contrario se negarían a participar en ese Gobierno. Nicolás María Rivero rechazó la cartera de Gracia y Justicia, porque decía que el protagonismo de los demócratas había sido muy importante y no se iban a conformar con una sola cartera, pues los demócratas querían más, preferentemente tres, con Manuel Becerra en una segunda y Cristino Martos en una tercera. Al final, no tuvieron ninguna. Debido a que echar a los demócratas era arriesgado, se negoció con su líder, Nicolás María Rivero, y se le concedió la alcaldía de Madrid. Era evidente que la no participación de los demócratas era un riesgo importante.

El Gobierno de Serrano era una componenda propia de un Gobierno Provisional, pues no participaban los diversos grupos e intereses sociales españoles, y tampoco representaba a todos los grupos que dominaban la sublevación contra Isabel II.

 

 

Populismo anticlerical de Serrano.

 

Para ganarse a las masas populares, Serrano, un católico ferviente, decidió tomar algunas medidas de tipo “anticlerical”, que eran las mismas que habían tomado muchas de las Juntas formadas en septiembre, y que trasladó a decretos, en 12 a 25 de octubre de 1868, el Ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz. Serrano entendió que el equipo de Gobierno necesitaba aparecer como revolucionario en el mismo sentido que lo habían hecho las Juntas.

Por otra parte, se dejaba ver que todos los Ministros eran monárquicos, y que aquel Gobierno conduciría a una monarquía, lo cual daba visos de conservadurismo.

Estos decretos “anticlericales” eran:

12 de octubre, disolución de la Compañía de Jesús.

14 de octubre, decreto por el que los párrocos dejarían de supervisar las escuelas.

15 de octubre, decreto de la disminución de la capacidad jurídica de los religiosos profesos.

18 de octubre, extinción de todas las comunidades religiosas ya disueltas en los años treinta y que se hubieran reconstituido desde entonces, y reducción de las demás a la mitad.

19 de octubre, prohibición de las Conferencias de San Vicente Paúl que se estaban organizando para la asistencia domiciliaria.

21 de octubre, legislación sobre cementerios, incautación de algunos bienes eclesiásticos y libertad de enseñanza. Es decir, se volvía a reanudar la venta de terrenos desamortizados y todavía no vendidos.

Pero, simultáneamente a estos decretos, durante el mes de octubre se estaban disolviendo las Juntas, que quedaron disueltas el 21 de octubre. Y una vez disueltas las Juntas, no hubo más decretos “anticlericales” y nunca se pusieron en práctica los decretos de 12 a 25 de octubre.

 

 

Institucionalización del Gobierno.

 

El siguiente paso era la institucionalización del Gobierno. Se declararon monárquicos. Y a continuación buscaron el reconocimiento internacional. A 19 de octubre de 1868, sólo algunos Gobiernos Hispanoamericanos y Estados Unidos reconocían al Gobierno Provisional español. Entonces, el Ministro de Asuntos Exteriores, denominado de Estado en ese momento, Juan Álvarez Lorenzana, envió una circular a los Embajadores extranjeros en Madrid explicando lo sucedido y justificando la caída de Isabel II:

Se declaraba liberal progresista y prometía el sufragio universal. Culpaba a Isabel II de todo lo sucedido, al tiempo que exculpaba a los revolucionarios por lo que no tuvieron más remedio que hacer. Hablaba de que se impondría la libertad religiosa en el sentido de libertad de cultos.

El sufragio universal sólo estaba vigente por entonces en Estados Unidos y en la confederación del norte de Alemania (no en todos los Estados). Había sido ensayado en Francia efímeramente. El Gobierno español de 1868 aparecía así como avanzado y novedoso.

Pero Francia, Gran Bretaña, Portugal y la Santa Sede desconfiaban de lo que ocurría en España, pues estaban habituados a que hubiera muchos cambios políticos, y prefirieron esperar. La complejidad de la situación así lo aconsejaba.

El problema fundamental a solucionar era la unificación de fuerzas, militares y civiles, para solucionar el vacío de poder hasta que pudiera haber una nueva Constitución. No era fácil, pues había demasiadas autoridades intermedias, militares y civiles. Las Juntas querían el poder para no ver frustrada la revolución, como había ocurrido en 1854-1856. Los militares no estaban dispuestos a dejar el poder a las Juntas. Cada uno necesitaba del otro, pero cada uno tenía unos objetivos distintos.

Los militares tenían en su contra varios factores: muchos de los protagonistas de septiembre de 1868 nunca habían declarado su desacuerdo con la política de Isabel II ni con la Constitución de 1848. El General Serrano Domínguez se había manifestado antiprogresista y antidemócrata en algún tiempo no lejano, y había liquidado la sublevación del Cuartel de San Gil en 1866.

 

 

Imposición del Gobierno sobre las Juntas.

 

El 12 de octubre de 1868, la Junta Superior Revolucionaria, de carácter demócrata, se autoatribuyó la tutela sobre el Gobierno Provisional. Entonces cambió de nombre para denominarse Junta Superior de Gobierno. Era su tercer nombre en una semana.

El Gobierno, a través de Práxedes Mateo Sagasta, Ministro de Gobernación, no estaba dispuesto a dejarse arrebatar el dominio de la revolución por los demócratas-federales. Entendía que ello abría un camino que no se sabía a dónde llevaba. A Sagasta le secundó Juan Álvarez Lorenzana Ministro de Estado. Y el Gobierno emitió una circular a los Gobernadores Provinciales para que disolvieran las Juntas. La idea de Sagasta era que primero había que conseguir la revolución liberal burguesa, que en España había fracasado en 1808, 1820, 1833, 1848 y 1854, y luego se propondrían los modelos políticos que parecieran oportunos, pero 1868 no era el momento de ensayos populistas.

El Gobierno dispuso el 19 de octubre cerrar todas las juntas demócratas, las de demócratas puros o “cimbrios” y las demócratas-republicanas federales. El 21 de octubre se ordenó la disolución de las Juntas. Tal vez fue un error el no escuchar a los demócratas moderados y no asociarse con ellos, pero la costumbre era así en España.

Los Voluntarios de la Libertad de Madrid entregaron sus armas, lo cual estaba en el guión, pero no hicieron lo mismo las Juntas de otras provincias, no todas republicanas, pero sí la mayoría, pues algunas eran simplemente progresistas. Las Juntas empezaron a tomar por su cuenta decisiones de gobierno como abolir los impuestos de consumos, y decisiones populistas como quemar iglesias, seminarios y conventos. Para desarbolar definitivamente a los grupos progresistas y demócratas, se decidió incluir en la Constitución la lista de derechos que éstos defendían y de los que habían hecho tanta propaganda. Pero quizás hubiera sido precisa además una táctica de cooperación con aquellos republicanos que estaban dispuestos a cooperar con los monárquicos.

 

Medidas para disolver las Juntas:

13 de octubre, decreto de disolución de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Se ordenó la designación de concejales y diputados provinciales nuevos, mediante la elección en las Juntas, que podían elegir para ello a sus propios miembros.

20 de octubre, el Gobierno pidió a la Junta de Madrid que se disolviese.

21 de octubre, se ordenó la disolución de todas las Juntas. Se resistieron Cádiz, Barcelona y Teruel, pero no resistieron ni quince días.

 

 

El programa de gobierno.

 

El 25 de octubre de 1868 tuvo lugar el segundo manifiesto programático de la revolución del 68. El primero fue de 19 de septiembre el día antes del golpe, el llamado “España con Honra” o “Manifiesto de Topete”. Este segundo manifiesto acusaba a los Borbones de déspotas que debían ser sustituidos por la soberanía del pueblo manifestada por sufragio universal; proclamaba libertades de religión, enseñanza, imprenta, reunión y asociación, separación de lo político y lo religioso; y anunciaba vagamente una descentralización del gobierno. No se pronunciaba sobre la monarquía o la república, pero recordaba que la tradición española era monárquica, lo cual apuntaba una solución y  minusvaloraba la otra, todo el mundo sintió que Prim se decantaba por la monarquía, y los republicanos quedaron muy decepcionados.

En octubre de 1868 se dio libertad de asociación y reunión.

 

 

El papel de Juan Prim.

 

Llamaba la atención el que Juan Prim[1], el líder del levantamiento de septiembre, líder de los industriales, del ejército y de las masas madrileñas, no fuera Presidente del Gobierno. Prim se reservaba para el Gobierno definitivo.

Se dice que Prim no había querido liderar el Gobierno porque el problema catalán, de donde él provenía, era muy grave, con Juntas de tipo republicano, juntas de tipo socialista, que impedirían llevar a cabo el legado que la burguesía catalana le había encomendado. Así, pasaba la patata caliente a otro. Serrano, que era consciente de la gravedad del problema, aceptó la Presidencia, pero encargó la solución del problema a un tercero, Práxedes Mateo Sagasta, que se hizo cargo del Ministerio de Gobernación con el encargo de disolver las Juntas. Sagasta, en efecto, disolvió las Juntas, pero ello significaba ponerse en contra a los que habían posibilitado la revolución, lo cual daría como resultado el tener en contra del Gobierno a los juntistas durante todo el Sexenio. La alta burguesía, y los militares de Madrid, no estaban dispuestos a dejarse arrebatar el Gobierno a manos de revolucionarios demócratas.

Antón Joan Pau María Prim i Prats quedó discretamente detrás del Presidente Serrano, como Ministro de la Guerra. No era un cargo menor en esas circunstancias, pues tenía el mando del ejército. Todos sabían que Prim era el verdadero líder de la revolución, el cual había tenido gran cuidado, en los movimientos de septiembre de 1868, de exigir en todas partes sumisión de los alzados a las autoridades militares, y de no tolerar que algún militar hiciera lo contrario, que cediera la dirección del movimiento y las armas a las Juntas. Quizás por eso, se retrasó tanto su llegada a Madrid en octubre de 1868. Al final del proceso, existían unas Juntas, pero todas habían delegado el poder en los militares. En estas circunstancias, lo verdaderamente importante era saber los planes de Juan Prim.

Juan Prim era el hombre de la gran burguesía, y en concreto de la gran burguesía catalana. Y Prim había decidido desde el principio que el nuevo régimen sería una monarquía constitucional, una vez eliminada Isabel II por haber rechazado las reformas liberales burguesas que se le habían pedido durante tantos años, y por haber optado siempre por generales continuistas de los privilegios del pasado, como Narváez y O`Donnell. En el nuevo régimen político no tendrían cabida los republicanos, porque en ese momento, los republicanos eran una mezcla de partidos demócratas, anarquistas y socialistas cuyo proyecto estaba inmaduro, y anunciaban una revolución social y política más bien destructiva, sin proyectos de progreso.

Prim había puesto a Serrano en el poder, porque había recibido de él un gesto de lealtad a su persona. Era lealtad a Prim, y no lealtad a las instituciones. El general Serrano era Regente, Capitán General, Grande de España, con el prestigio militar de tres laureadas de San Fernando, pero no tenía adhesiones personales de los militares y dependía en todo de Prim. Al respecto, Emilio Castelar comentó que el Presidente Serrano estaba instalado en “una jaula de oro”, pero era un preso en su jaula. Juan Prim se había autoadjudicado el triunfo de Alcolea, la representación de la revolución de 1868.

Si Prim representaba a la gran burguesía, frente a él estaba la pequeña burguesía, la cual estaba dominada por teorías utópicas diversas, pero unidas circunstancialmente en el grupo republicano-federal.

 

 

El papel de Práxedes Mateo Sagasta.

 

Práxedes Mateo Sagasta, 1825-1903, Ministro de Gobernación en 1868, era un hombre hábil, expeditivo, con pocos escrúpulos y oratoria fácil y convincente y representaba a los antiguos progresistas. Era clave porque los demócratas, los grandes protagonistas de las Juntas de septiembre de 1868, se quedaban fuera del Gobierno voluntariamente, y había que lograr que las Juntas, en las que había muchos demócratas, perdieran su fuerza, o sobrevendría el caos político.

Práxedes Mateo Sagasta, era Ingeniero de Caminos. Se hizo militante del Partido Progresista, entre otras cosas porque su familia era progresista. En 1854 estaba en Zamora como Delegado del Gobierno, y formó parte de la Junta Revolucionaria en esa ciudad y fue Diputado durante el Bienio. En 1856, se exilió a Francia. Regresó en 1858 para ser de nuevo Diputado, y su labor fue fustigar duramente a los Gobiernos unionistas, por su falsedad en predicar reformas políticas y no hacerlas nunca, labor que continuaba desde el periódico La Iberia. En 1863, estaba convencido de que el Gobierno O`Donnell–Unión Liberal era una farsa que encubría conservadurismo y corrupción, y propuso a los progresistas el retraimiento y el repudio de la monarquía de Isabel II. Sus postulados fueron aceptados por los progresistas en 1865. En 1866 fue acusado de implicación en el golpe de Estado del Cuartel de San Gil, juzgado y condenado a muerte, por lo que huyó a Francia. Regresó en 1868, tras la revolución de septiembre. Hasta ese momento, tenía una reputación impecable entre los enemigos políticos de Isabel II.

Práxedes Mateo Sagasta, apoyó en 1870 a Amadeo de Saboya para Rey de España y fue Presidente del Consejo de Ministros para ese Rey en 1871-1873. La experiencia monárquica terminó en República en 1873, pero ello sirvió para que Sagasta se confirmase en su tesis de que los republicanos no estaban preparados para gobernar, sino para organizar violencias en la calle. Así que en 1875 decidió colaborar con Cánovas, su enemigo político en cuanto a ideas, en un sistema de turno de partidos en el Gobierno. Tampoco tuvo nunca amistad con Cánovas, sino respeto. Sagasta cambió el Partido Progresista, un partido para la crítica y las revueltas, por el Partido Liberal Progresista, un partido para gobernar. Fue responsable de la Ley de Asociaciones 1887, Ley del Jurado 1888, Ley de Bases para la formación del Código Civil 1888, Ley del Sufragio Universal 1890. Tras el asesinato de Cánovas, tomó el poder y se enfrentó al problema cubano, guerra con los Estados Unidos y la derrota de 1898.

 

 

El papel de las Juntas.

 

Por su parte, las Juntas, integradas por progresistas y demócratas, eran los que habían salido a las calles en septiembre y habían garantizado el triunfo del golpe. Prim había andado listo, y ordenó a todos los oficiales que controlaran el poder municipal y provincial y no dejasen en manos de las Juntas. Las Juntas entendían que los militares estaban acabando con el poder constituido y dando paso a nuevos poderes locales. El nuevo poder constituido era el de las propias Juntas. Las Juntas hacían proposiciones de tipo socialista que el ejército se encargó de moderar.

Las Juntas habían aparecido en casi todas las capitales de provincia y muchas de las ciudades importantes que no eran capitales. Su primera acción fue siempre eliminar a los alcaldes y concejales existentes, los del reinado de Isabel II. Los Alcaldes y Concejales eran depuestos porque se les consideraba fruto de las irregularidades del sistema político de Isabel II. Posteriormente, organizaban un servicio de información, y trataban de imponer un orden social a fin de que no se produjeran espontaneidades y rebeldías civiles incontrolables. Y enseguida montaban un unos servicios públicos, pero en ellos se incluía una fuerza armada civil, una milicia ciudadana.

Las Juntas sustituyeron los Ayuntamientos por “Juntas Municipales”, “Juntas Comarcales” y “Juntas Provinciales”. No eran iguales a los Ayuntamientos derrocados. Las Juntas querían ser poder legislativo y ejecutivo a la vez, mientras los Ayuntamientos habían sido poder ejecutivo. No querían aceptar las leyes existentes.

Las Juntas difundieron programas ideológicos y políticos de los que conocemos los de Sevilla, Málaga, Granada y Madrid. Suponemos que unas Juntas copiaban a otras los programas. Nunca fueron concretos. Defendían la libertad sin concretar libertades, apelaban al orden público pero no decían qué entendían por orden. Y cuando alguna concretaba algo, aparecen las contradicciones entre lo que pensaban unas Juntas y lo que decían otras.

Las Juntas querían el sufragio universal y unas Cortes Constituyentes. Preferían la república, pero no se manifestaban republicanas. Simplemente afirmaban que tanto los progresistas como los demócratas siempre se habían manifestado republicanos.

En cuanto al peso de los progresistas dentro de las Juntas era variable: La Junta de Córdoba decidió que el número de representantes en el gobierno de la ciudad, fuera un tercio de progresistas, un tercio de liberales, y un tercio de demócratas. La Junta de Sevilla decidió que la mayoría de los componentes del Gobierno de la ciudad fueran demócratas.

Una vez constituidos los Gobiernos de las Juntas, éstas dieron prioridad a disponer de un cuerpo de policía que recogiera información sobre las actividades de los isabelinos y mantuviera el orden público. Había que evitar espontaneidades y rebeldías absurdas de tipo socialista-anarquista. La segunda preocupación de estas Juntas era mantener el funcionamiento de los servicios públicos.

Gerona fue más allá que otras Juntas, y proclamó las libertades individuales, la modificación del sistema fiscal, la adopción del librecambismo y el deseo de regir sus actuaciones por el liberalismo económico. Estaba asumiendo la soberanía.

Casi todas las Juntas iniciaron trabajos de urbanización como derribo de murallas, conventos y templos viejos, inutilizados desde hacía décadas. Con ello trataban de dar trabajo a la gente, al tiempo que aparecían solares sobre los que se podían trazar nuevas calles y edificar viviendas.

Algunas Juntas se mostraron anticlericales y quitaron a las Órdenes Religiosas la propiedad de iglesias y conventos, al tiempo que permitieron a los protestantes predicar su religión. Alguna intentó secularizar los cementerios, un tema muy complicado, pues los cementerios estaban adyacentes a las iglesias y en ellos reposaban los ancestros de las familias católicas, casi todos los integrantes de las Juntas.

En general, la actuación de las Juntas, una vez conseguido el gobierno de la ciudad, fue armar a la población civil, cosa muy peligrosa porque pueden surgir líderes espontáneos, pero que creían necesaria para no entregar el poder a los militares. Desarrollaron algunos programas y manifiestos, e incluso algunas leyes. En esos manifiestos, apelaban a la sensatez y llamaban a guardar el orden público.

 

 

El papel del Partido Demócrata.

 

En las aportaciones del hombre nuevo de después de 1868, influyeron mucho los demócratas hablando de la posibilidad de república y necesidad del sufragio universal.

El Partido Demócrata era, además de un partido político, una forma de ser, una forma de comportamiento de una nueva clase social con apetencias distintas a los dirigentes isabelinos. Eran clases medias urbanas, hombres de profesiones liberales, de clase media (médicos, periodistas, escritores, profesores  y maestros, y algunos pocos negociantes), clases medias bajas que se rebelaban contra el modo de dominio que habían ejercido hasta entonces las clases medias altas, y que fueron capaces de arrastrar masas a la calle, masas vociferantes que levantaban barricadas, asaltaban, incendiaban y saqueaban comercios. Todo ello, gracias a que se les predicaba una futura sociedad feliz. Algunos de sus dirigentes, como Sixto Cámara, Ordax Avecilla, Fernando Garrido, Pi y Margall, Roque Barcia, Ignacio Cervera, Fermín Salvoechea, eran hombres de buena fe que ni siquiera eran conscientes de la ola de violencia que estaban favoreciendo. No sabemos hasta qué punto eran sabedores de lo que pasaba. Pero nunca hubieran triunfado sin agitadores que preparasen las “jornadas de lucha por…”, demagogos qua encandilaban al pueblo, mitad políticos, mitad literatos, generalmente provincianos, casi todos bohemios, hombres convencidos de su propia valía que se convertían en luchadores formidables.

Ignacio Cervera fundó escuelas nocturnas para obreros, las cuales eran células de propaganda demócrata, donde se enseñaba francés, dibujo y poco más, y se imprimían folletos, pagándolos a escote, para difundir las ideas e ideólogos que también se aprendía en esas escuelas. Y luego, esas mismas personas con fe en la causa, repartían los folletos por los pueblos de España. Normalmente, no eran eficaces, pero puntualmente fueron muy útiles levantando la calle, sobre todo en septiembre de 1868.

 

 

La crisis del Partido Demócrata.

 

En octubre de 1868, había habido una discordancia en las negociaciones para formar Gobierno, pues los demócratas querían dos o tres carteras ministeriales para ellos, y al dárseles en las negociaciones solamente una, renunciaron a participar en el Gobierno. Ello era malo para el Gobierno naciente, que perdía apoyos populares, y malo para los demócratas que corrían peligro de radicalizarse. Efectivamente, un sector se radicalizó y el partido quedó roto en tres facciones:

El 11 de octubre hubo un mitin de los demócratas de Madrid, presidido por José María Orense marqués de Albaida. Y en ese punto se produjo la ruptura:

Los Cimbrios[2], eran los demócratas republicanos que aceptaban el diálogo con los moderados y progresistas monárquicos. Estaban liderados por Cristino Martos Balví, Manuel Becerra Bermúdez y Nicolás María Rivero. Aceptaron la situación de un Gobierno sin demócratas e incluso aceptaban transitoriamente la posibilidad de continuar con una monarquía, siempre que fuera constitucional, pues les permitiría difundir sus ideas, lo cual significaba para ellos un progreso para España en general. Estaban dispuestos a colaborar con el Gobierno, siempre que éste fuera progresista. Se integraron en este grupo algunos progresistas y algunos hombres provenientes de los unionistas que se habían sumado a la revolución de septiembre. Formaron una coalición frente a los republicanos federales por su izquierda, y frente a los carlistas y alfonsinos por su derecha, que fue llamada “coalición de los cimbrios”.

Los principales personajes cimbrios eran: Federico Balart; Manuel Becerra; Tomás Carretero; Rafael Coronel; José Echegaray; Ruperto Fernández de las Cuevas; Carlos Godínez de Paz; Pedro González Marrón; José Jimeno; Antonio López Botas; Federico Macías; Ricardo Martínez; Cristino Martos; Manuel Merelo; Luis de Molini; Segismundo Moret; Juan Pardela; Pedro Pastor; Juan Manuel Pereira; Nicolás María Rivero; Gabriel Rodríguez; Vicente Romero Girón; Jerónimo Sánchez Borguella; y Miguel Uzuriaga. Eran fuertes principalmente en la agrupación demócrata de Madrid y tendían al conservadurismo en el sentido de que aceptaban la colaboración en política con los Gobiernos de cada momento.

Los republicanos unitarios eran Eugenio García Ruiz y Julián Sánchez Ruano, una minoría muy pequeña. Posteriormente, el representante más conocido de este grupo sería Emilio Castelar.

Los republicanos-federales eran el resto de los demócratas, los de espíritu republicano intransigente, y eran varios grupos con varios líderes, pero pocos en número. En el mitin del 11 de octubre de 1868, los demócratas más radicales proclamaron la República Federal. Avalaron la idea de romper con los demócratas tibios que no querían la violencia como método de adueñarse del poder. Entre ellos figuraban: Amable Escalante, Francisco Pi y Margall, Fernando Garrido, Ramón de Cala, Estanislao Figueras, Fermín Salvoechea, y muchos periódicos de provincias, generalmente sostenidos por pequeño burgueses. También estaban en el grupo algunos obreros, y algunos jornaleros campesinos. En concreto los republicanos federales eran mayoría entre los demócratas de Lérida, Huesca, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Barcelona, Gerona y Zaragoza. Tenían representación minoritaria en Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga (toda la costa mediterránea), y en Salamanca, León, Palencia, Valladolid, Teruel, Guadalajara, y Toledo (las ciudades castellanas más Teruel).

Los llamados republicanos federales, o simplemente federales, ala izquierda de los demócratas, eran la mayoría de los demócratas, eran intransigentes en cuanto a oponerse a la monarquía. Los federales querían como poder legislativo supremo una Asamblea y como legislativo ordinario un Comité, dependiente, en cada momento y para cada ley, de la Asamblea. Pretendían un Gobierno asambleario.

Los republicanos federales no aceptaban perder el momento revolucionario, cuando ellos habían sido los principales protagonistas de los levantamientos de 1868 en la calle y habían puesto la mayoría de los muertos en los días de la revolución. Querían república con soberanía de cada región, lo cual daba lugar a una amalgama de agrupaciones comunistas, anarquistas y progresistas, de muy difícil definición. Los republicanos federales se pasaron a la oposición, lo cual no fue un buen comienzo para una época que pretendía la renovación política de España.

El coronel Amable Escalante, creó una junta que se llamó La Federal. Ya había creado una Junta en Madrid en los primeros días del golpe de septiembre, de la cual hemos hablado más arriba. Digamos que la Junta del coronel Amable Escalante reivindicaba mucho más de lo que el Gobierno de Serrano estaba dispuesto a cederles.

Françésc Pi y Margall de ideología federal, radical, anticlerical, antimilitarista, todavía no había definido su sistema político que, a la postre, estaría en disconformidad con los republicanos federales, pues él creía en un “federalismo republicano” diferente a la república federal que algunos le proponían, y entendía federalismo como autonomía de los Ayuntamientos y de las Regiones, pero dentro del Estado Federal. Los republicanos federales planteaban la soberanía completa de todas las regiones federadas, de modo que cada una pudiera tener modelos socioeconómicos y políticos diferentes, lo que conducía a la desaparición de España.

Estanislao Figueras Moragas y Emilio Castelar Ripoll, eran de ideas menos radicales que Pi, y creían en una república más unitaria. Castelar evolucionaría a un republicanismo unitario no violento.

En su programa, el Partido Republicano Federal llevaría la defensa de las libertades individuales, negación del pago de impuestos de consumo, eliminación de quintas, sufragio universal… Un programa populista neto. Su punto débil era que carecía de una dirección fuerte, lo cual era consecuencia de su respeto extremo al individualismo y a las decisiones asamblearias. Eran fuertes principalmente en provincias, donde tenían el apoyo de agrupaciones populistas organizadas en Juntas Revolucionarias dispuestas siempre a sacar la gente a la calle.

Lo más original de este grupo demócrata era el movimiento mesiánico extendido entre las masas urbanas, y alimentado por el utópico Pi i Margall, que no creía en ellos pero se beneficiaba de ellos: las masas salían a la calle, gritaban sus consignas, y llevaban la organización de Juntas Revolucionarias a los pueblos. Esta fortaleza de los demócratas republicanos era a la vez su misma debilidad, pues las Juntas Revolucionarias, como organizaciones populistas, tenían sus propios criterios y no seguían una disciplina de partido, de modo que podían discrepar de cualquiera en cualquier momento, y trataban de imponer la táctica de abajo hacia arriba.

Permaneció como una figura simbólica, pero reconocido y venerado por todos como líder de los republicanos, José María de Orense Milá de Aragón y Herrero, 1803-1880, marqués de Albaida, el cual era conocido por participar en todos los movimientos populistas del siglo XIX. Empezó con 17 años en Cantabria, apuntándose a la Milicia Nacional para luchar contra los absolutistas, y ya nunca abandonó la idea republicana hasta su muerte. Pero su idea republicana era muy personal, la “república universal” donde los hombres serían ciudadanos del mundo. Tras octubre de 1868, se convirtió en la figura simbólica que todos respetaban en el republicanismo, pero que nadie compartía sus ideas. En 1869, cuando supo que España iba a ser monárquica, organizó la revuelta de Béjar de 1869, y el Pacto Federal Castellano, o Pacto de Valladolid, para iniciar su idea de república. En 1873, le decepcionó Pi i Margall, cuyo modelo de Estado era tan diferente, y cuya actuación como Presidente del Poder Ejecutivo le pareció inaceptable. Si aceptamos que el republicanismo del XIX, y posteriormente el socialismo radical en España, es más una religión que una postura política, dado que tiene dogmas, personas declaradas herejes, festividades y profetas, y lanzan continuamente anatemas, diríamos que José María de Orense es uno de los santos de esa religión.

 

 

Nicolás María Rivero, alcalde de Madrid.

 

Como compensación a su colaboración, a Nicolás María Rivero, líder demócrata cimbrio, el Gobierno le nombró Alcalde de Madrid. Él aceptó el cargo porque le suponía mucho contacto con las masas y muchas posibilidades de difusión de las ideas demócratas moderadas.

Rivero pensaba reactivar el espíritu demócrata y crear un gran partido demócrata, no populista, capaz de competir con los partidos tradicionales españoles. Para intentar una mayoría dentro del partido demócrata, Rivero creó, el 12 de octubre de 1868, una junta demócrata llamada Junta Superior Revolucionaria, luego llamada Junta Superior de Gobierno, a la que esperaba se sumaran casi todos los demócratas. Como no logró su propósito, la Junta se convirtió en una “tercera junta demócrata”, que decía no ser ni de cimbrios, ni de federales, sino estar integrada por “demócratas puros”. Los demócratas puros y los cimbrios se reunieron el 11, 18 y 25 de octubre en el Circo Price de Madrid, y Nicolás María Rivero, Cristino Martos y Manuel Becerra, formaron un Partido Republicano Federal que aceptaba convivir con la monarquía que preconizaba Prim. El partido estaba dirigido por un grupo de abogados que pretendía, como fin principal, formar la conciencia política de los ciudadanos, explicándoles que el exponer ideas diferentes, hacer propaganda, reunirse, opinar de forma diferente a los partidos tradicionales y a la Iglesia, llevar a los políticos ante los tribunales, y otras acciones políticas similares, se consideraban derechos naturales del ciudadano.

Seguramente influido por este grupo de demócratas, el Gobierno unionista y progresista de Serrano y Prim hizo muchas leyes que les acercaban a los postulados demócratas, como la ley del sufragio universal, la de la circunscripción electoral en la provincia, la libertad de cultos y la derogación del fuero eclesiástico.

 

 

Programa político del

 Gobierno Provisional de Serrano.

 

Las premisas sobre las que se basaba la política española estaban cambiando:

El Gobierno Provisional de Serrano se esforzó por salvar la monarquía, a pesar de todo lo pasado y a pesar del ambiente general en las Juntas. En 25 de octubre de 1868 produjo un nuevo Manifiesto a la Nación, a añadir a los de 17 de septiembre, 19 de septiembre y 27 de septiembre de 1868. En este nuevo Manifiesto se anunciaban libertades y derechos que romperían con la Constitución de 1845 y debían ser regulados por las Cortes Constituyentes que se iban a convocar. Se anunciaba el sufragio universal; la libertad religiosa; las libertades de enseñanza, imprenta, reunión, asociación pacífica, y de actividad económica. Se anunciaban autonomías para los territorios de ultramar. Se declaraba una monarquía.

El Gobierno Provisional se sentía investido de todos los poderes y definió su programa en tres puntos:

rechazaba la Constitución de 1845;

implantaría el sufragio universal;

implantaría el parlamentarismo o sometimiento de todos los poderes a la autoridad de las Cortes.

El objetivo del Gobierno Serrano era la realización de las reformas pactadas en Ostende en 1867 y 1868, las cuales se convirtieron inmediatamente en decretos: sufragio universal (9 de noviembre de 1868), libertades de culto en la próxima Constitución (9 de noviembre de 1868), libertad de imprenta, libertad de enseñanza (31 de octubre de 1868), libertad de reunión (1 de noviembre de 1868), libertad de asociación (20 de noviembre de 1868), convocatoria de elecciones a Cortes, y una reforma de Hacienda que permitiera tener ingresos suficientes al Estado.

El 2 de noviembre de 1868 se fusionó el Tribunal de Órdenes Militares con el Tribunal Supremo, desapareciendo así por completo las Órdenes Militares.

El 6 de diciembre de 1868 se suprimieron los tribunales especiales de Hacienda y Comercio, y sus competencias pasaron a jurisdicción ordinaria. Los tribunales especiales desaparecieron salvo para casos militares y eclesiásticos y siempre que no se tratara de negocios comunes, civiles o criminales, los cuales también iba a tribunales ordinarios.

 

 

La protesta republicana contra Serrano.

 

Pero la declaración de monarquía de 25 de octubre de 1868 provocó la protesta de los republicanos, un fuerte componente de los revolucionarios de septiembre de 1868. Los que se habían declarado en 11 de octubre tolerantes con la monarquía se diferenciaron definitivamente de los republicanos a ultranza:

Eran demócratas tolerantes con la monarquía, al menos de forma provisional: Cristino Martos, Manuel Becerra y Nicolás María Rivero. Éstos hicieron el Manifiesto de 12 de noviembre de 1868 en el que aceptaban la monarquía siempre que se impusieran el sufragio universal y las libertades políticas, que eran bienes políticos superiores. En este manifiesto citaron a los cimbrios, los cuales combatían encadenados para que ninguno pudiese abandonar el campo de batalla. Desde entonces, los demócratas monárquicos fueron llamados “cimbrios”.

Eran demócratas republicanos Orense, Castelar, Figueras, Pi, Pierrad. Los demócratas republicanos se reunieron el 13 de noviembre en Circo Price, convocados para un mitin en el que hubo 13.735 personas, según Pi i Margall, aunque el historiador Miguel Artola dice que no debieron pasar mucho de los 4.000. Allí crearon un Comité Republicano de Madrid que se constituiría con 30 miembros elegidos por sufragio universal, y que debían emitir un manifiesto al país, el cual fue redactado por Castelar.

 

 

El programa de los moderados en la oposición.

 

Los moderados, partidarios de Isabel II que eran mayoría entre los españoles hasta 1866, que no habían estado en la revolución de septiembre, no aparecieron en política hasta finales de octubre de 1868. Estuvieron dos meses fuera de juego, septiembre y octubre. Los moderados proponían:

Una monarquía constitucional, entendida según los cánones del moderantismo histórico y rechazando la monarquía democrática.

Devolver el trono a Isabel II.

Y restablecer la Constitución de 1845.

Los moderados tuvieron muy pocos seguidores, entre los que estaban el general Lersundi, Claudio Moyano, y el conde de San Luis. El Partido Moderado se excluía a sí mismo en el futuro político de España.

 

 

El resurgimiento carlista.

 

Los carlistas estaban acabados en los últimos años del reinado de Isabel II. Pero a partir de octubre de 1868 resurgieron de la nada. Principalmente eran neocatólicos que reaccionaban contra las leyes “anticlericales” de 1868.

El 3 de octubre de 1868, el carlista Juan de Borbón había abdicado en su hijo Carlos VII, que se convirtió en el nuevo líder hasta fin de siglo.

Contaban con dos diarios madrileños, La Regeneración y El Pensamiento Español. Eran de gran tirada. Su programa era la “unidad católica”, lo que quería decir que el Gobierno español no podía admitir en España otra religión distinta al catolicismo; la autonomía administrativa, esto es, que se debían respetar los fueros y franquicias históricos, porque estas costumbres estaban por encima de la jurisdicción del Rey; las Cortes estamentales y corporativas, al modo como lo eran en la Edad Moderna.

 

 

España en el ámbito internacional.

 

En el terreno de la diplomacia internacional, el primer problema exterior del Gobierno Serrano era obtener el reconocimiento de la situación política española, pues los acontecimientos de septiembre habían causado mucho impacto: The Times decía que Inglaterra estaba prestando dinero a unos revolucionarios sublevados, de difícil solvencia; Francia decía que el dinero de los Montpensier estaba sirviendo para hacer revoluciones; Italia decía que lo sucedido en España era una maniobra de Francia y Gran Bretaña para acabar con monarquías débiles; y algunos periódicos decían que Prusia había inducido a esa revolución para debilitar con ella a Francia y Gran Bretaña. La situación era pues confusa. Por ello, los Gobiernos europeos decidieron esperar acontecimientos. Aconsejaron cautela a sus embajadores.

El Gobierno de España no pidió formalmente su reconocimiento, pues estaba esperando a que las Cortes definieran el sistema de Gobierno a adoptar, unas Cortes que debían ser constituyentes. Pero se aceptó a los embajadores que había en Madrid.

Estados Unidos rompió el consenso europeo de no definirse respecto a los problemas políticos españoles, siendo el primero en reconocer al nuevo Gobierno de España. Luego lo hicieron Italia y Francia, los cuales arrastraron a la mayoría. No reconocieron al nuevo Gobierno ni Gran Bretaña ni El Vaticano. Gran Bretaña alegó que se debía actuar prudentemente. El Vaticano dijo que, mientras el Gobierno español no declarara su programa de actuación en materia de religión y tratamiento de los bienes de la Iglesia, no decidiría nada.

A Gran Bretaña no le gustó que Francia, unilateralmente y sin consultarlo ni acordarlo con Gran Bretaña, decidiera el reconocimiento del nuevo Gobierno español. Pero Napoleón III había tenido relaciones personales con muchos de los conspiradores españoles, confiaba en el general Serrano, y tenía relaciones con hombres de negocios franceses que le decían que, en todo caso, las cosas en España no podrían ir peor que habían ido en 1864-1868. Como las acciones de ferrocarriles españoles en la Bolsa de París subieron, quedaba clara la opinión de los financieros internacionales. La banca creía que un Gobierno que se proclamaba liberal adoptaría medidas librecambistas que favorecerían sus negocios en España. En años posteriores, cuando hubo tantas concesiones al populismo, la confianza en España descendió mucho.

A comienzos de 1869, Gran Bretaña aceptó establecer relaciones normales con España. Grecia, que nunca había tenido embajada, también abrió legación en Madrid. Perú y Chile mostraron deseos de iniciar conversaciones de paz para dar fin al conflicto de 1866-1868.

El Gobierno español de finales de 1868 estaba optimista respecto a la reacción internacional.

 

 

Levantamientos republicanos.

 

La Junta Federal, en la oposición, nombró su presidente a José María de Orense marqués de Albaida, y estaban con él Francisco Pi i Margall, Fernando Garrido, Ramón de Cala, Estanislao Figueras, y Fermín Salvochea.

Estos líderes federales decidieron en diciembre de 1868 y enero de 1869 organizar levantamientos contra el Gobierno: Fermín Salvochea lo hizo en Andalucía del 5 al 9 de diciembre, pero también hubo levantamientos en Málaga el 1 de enero, y siguieron Orense, Béjar, Badajoz, Puerto de Santa María, Gandía, Paterna, Jerez de la Frontera, Alcalá del Valle… Los actos violentos fueron importantes en Cádiz, Málaga, Extremadura, Cataluña y Valencia.

Los campesinos participaban en los levantamientos republicanos porque esperaban que se repartieran tierras. Y una vez incluidos los campesinos en las Juntas, éstas se negaron a entregar las armas al Gobierno porque la entrega significaba la devolución de las fincas ya ocupadas por los campesinos, o la pérdida de la esperanza de que fueran repartidas. Las Juntas fueron disueltas violentamente en diciembre de 1868. La violencia ejercida en provincias (la de las Juntas y la de la represión gubernamental) creó un clima muy especial, de terror, que se continuaría durante el resto del Sexenio. Por eso, todo el Sexenio Revolucionario fue una época singular.

Con la disolución de las Juntas, los demócratas se sintieron excluidos del poder. Entonces defendieron que los ideales revolucionarios habían sido traicionados y organizaron movimientos populares a partir de 1869 y durante todo el resto del periodo.

Desde el punto de vista de los republicanos, los levantamientos republicano-federales fueron un error político. Las insurrecciones le daban ocasión a Sagasta para reprimir a los junteros federales y justificar sus acciones. Cuanto más levantamientos, más débil se volvía el federalismo.

Además, cada junta sublevada lo hacía por distintos motivos, y ello no generaba más fuerza sino dispersión de motivos políticos, confusión ideológica:

Cádiz se sublevó por unos jornales más altos y porque hubiera más puestos de trabajo. Se luchó abiertamente en las calles del 5 al 9 de diciembre de 1868. Su líder era Fermín Salvoechea.

Málaga se sublevó el 1 de enero de 1869 y la revuelta fue sofocada por Caballero de Rodas con centenares de muertos por ambos lados.

Tarragona, Orense, Béjar, Badajoz, Puerto de Santa María, y Gandía, también hicieron sublevaciones republicano-federales.

El mismo 19 de octubre, Juan Álvarez de Lorenzana, el Ministro de Estado progresista, emitió un Memorandum a las cancillerías europeas en el que despreciaba el valor de las Juntas, y ensalzaba la labor del nuevo Gobierno, el de Serrano. Fue un tremendo error diplomático de cara al interior, un error que encolerizó a los demócratas gratuitamente.

 

 

Valoración de los movimientos junteros.

 

Se considera, desde el punto de vista historiográfico, que los levantamientos fueron un éxito para Sagasta, el ministro de Gobernación que los reprimió, y un fracaso de los demócratas federales, bien porque Sagasta habría provocado los levantamientos para hacer la represión consiguiente y acabar con ellos, o bien porque los acontecimientos le permitieron obrar de esta manera a Sagasta. Objetivamente, los federales fracasaron en estos levantamientos y ya no tuvieron “chance” política, su oportunidad, en los siguientes cuatro años, ni triunfaron durante la República de 1873-1874.

Debemos dar una explicación al fracaso de las Juntas: la inmediata, es que la organización de la violencia es contraproducente para las fuerzas minoritarias, cuando no son capaces de imponerse sobre la mayoría. Pero es que además, había muchos revolucionarios distintos y contradictorios entre sí esperando el momento de hacer su propia revolución aprovechando las aguas turbulentas. Y el peligro eran los enfrentamientos entre distintos grupos revolucionarios.

 

 

Contradicciones de la libertad.

 

El 9 de noviembre de 1868 se decretó el sufragio universal en todo tipo de elecciones que se celebrasen en España. Podían votar los varones mayores de 25 años avecindados en algún municipio de España. Con ello, alcanzaban el derecho al voto el 25% de los españoles, unos 4.000.000 de individuos. Teniendo en cuenta que en 1865 tenían derecho a votar 418.271 personas, el avance era muy evidente.

Teóricamente, estas medidas liberales deberían tranquilizar a los españoles y hacer más popular al Gobierno. Pero lo que suele resultar con este tipo de medidas, a la salida de una situación de crisis, es que se fortalece la oposición.

Barcelona creó inmediatamente la Dirección Central de Sociedades Obreras uniendo en ella a las diversas sociedades de resistencia antes clandestinas. Esta asociación pasó a llamarse, en febrero de 1869, Centro Federal de las Sociedades Obreras, al adquirir una ideología republicana demócrata federal.

Aprovechó el momento Bakunin para enviar a Giuseppe Fanelli a España, llegando éste a Barcelona, donde se reunió con Elie Reclus, Arístides Rey, Fernando Garrido y José María Orense. Fueron juntos a Tarragona, Tortosa y Valencia. Barcelona ya había enviado en septiembre de 1868 un delegado al IV Congreso de la AIT de Basilea, Rafael Farga Pellicer, mientras Madrid no había enviado a nadie. Fanelli continuó viaje a Madrid, ya sólo, llegó a casa de Julián Rubau Donadeu el 4 de noviembre de 1868, y se reunió con Fomento de las Artes para crear una delegación de la AIT con 21 miembros.

 

 

Avance del moderantismo a fines de 1868.

 

Aunque Serrano era oficialmente Presidente de una República, el 12 de noviembre de 1868, unionistas, progresistas y algunos demócratas hablaban ya claramente de la idea de monarquía para España, aunque una monarquía subordinada a la soberanía nacional. El Gobierno giraba al conservadurismo. Se descartaba el sistema republicano.

En noviembre de 1868, los republicanos ya sabían que la revolución se les escapaba y el 22 hicieron una manifestación multitudinaria en Madrid y organizaron un nuevo pronunciamiento en Cádiz, que no llegó a cuajar.

La gente, que entendía “república” como redistribución de la tierra tras un sistema político que partiría de cero, se sumó fácilmente a las manifestaciones republicanas que empezaron el 6 de diciembre en Cádiz y culminaron el 31 de diciembre en Málaga, Sevilla y Jerez. Eran manifestaciones populistas que no llegaban a nada.

 

 

Convocatoria de elecciones.

 

Ante las rebeliones de las Juntas y los planes de los monárquicos, la solución era insistir en las medidas democratizadoras, pero los problemas de legislación eran tantos en 1868, que se consideraba urgente una Constitución nueva a fin de estabilizar el sistema político, y poder afrontarlos. El trabajo era arduo, pues a la necesidad de legislar se sumaba la necesidad de aprobar una Constitución. Las salidas de las crisis no son nada fáciles. Sin embargo, los temas más complicados, como la estructura de la propiedad tras las desamortizaciones, el esclavismo residual y la concentración de la propiedad en Cuba, y el integrismo católico, no se tocaron tampoco esta vez, ni en las leyes ni en la Constitución. Era una falsa solución a los problemas de España, una solución transitoria, como fue transitoria la solución de Cánovas a partir de 1875, a pesar de que prolongó la estabilidad política hasta 1898.

El 6 de noviembre se prohibió a los militares participar en asociaciones o reuniones políticas.

El sufragio universal, concedido el 9 de noviembre de 1868, permitía votar a todos los varones mayores de 25 años con el solo requisito de estar inscritos en el padrón. Se utilizó por primera vez en las municipales de 18 de diciembre de 1868, pero no pudo votar mucha gente porque no figuraban en el censo. De 15,5 millones de habitantes, el censo electoral permitía votar a 3,8 millones, pero el máximo de votos emitidos nunca pasó de 2,5 millones. La cantidad de personas con derecho a voto se había incrementado muy notablemente. Con leyes anteriores venían teniendo derecho a votar entre 400.000 y 700.000 personas.

Junto con la Ley del Sufragio Universal, se cambió la circunscripción electoral, abandonando el territorio de cada partido judicial con candidato único, que sólo permitía obtener diputados a la mayoría, por el territorio de la provincia con lista de candidatos alternativos, lo cual permitía obtener candidatos a las minorías.

El 9 de noviembre de 1868 se pusieron en vigor las medidas electorales de 1854. Se hacía con vistas a elegir Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, jueces de paz, y algunos cargos de la Administración.

 

 

El 6 de diciembre de 1868 se convocaron elecciones para Ayuntamientos y Diputaciones y para Cortes, elecciones que se celebrarían del 15 a 18 de enero de 1869. Las Cortes serían constituyentes y unicamerales y se reunirían el 11 de febrero siguiente.  Era preciso plantear el cambio constitucional a fin de que fuesen posibles las libertades y fuesen regulados los poderes del Estado.

Se ordenaba que las autoridades mantuvieran neutralidad estricta en esas elecciones, sin perjuicio de que pudieran manifestar sus preferencias personales. La teoría no concordó con la práctica:

En la convocatoria a Cortes Constituyentes se dijo que la forma monárquica era la preferida por los gobernantes de ese momento, pero que debía ser una monarquía elegida por aquellos a quienes los españoles otorgasen el poder de hacerlo.

La campaña electoral fue la constatación del fracaso de la revolución de septiembre: Prim se dispuso a poner candidatos gubernamentales y a eliminar a los demócratas y republicanos por los métodos hispanos tradicionales: eliminación de candidatos indeseados y cierre de Ayuntamientos conflictivos. Todavía hizo Prim una última mentira electoral, la promesa en campaña electoral de abolir las quintas y las matrículas del mar, promesa que nunca cumplió, pero que servía para ganarle votos a los republicanos, eran manifestaciones tan falsas y tan populistas, como las falsedades y populismos que estaba divulgando la izquierda con el fin de tomar el poder. Se había vuelto a la política sucia y había desaparecido el espíritu de transparencia de septiembre de 1868.

Las elecciones de 15 a 18 de enero de 1869 debían obtener 381 diputados, de los cuales 352 lo serían por la península e islas adyacentes, 18 por Cuba y 11 por Puerto Rico. Las Cortes debían reunirse en 11 de febrero de 1869.

Se quejaron contra esta convocatoria de elecciones los carlistas y los republicanos.

La contradicción de este Gobierno era que gran parte de la gente que se había lanzado a la calle y sacado adelante el proyecto revolucionario en septiembre de 1868, eran demócratas  y republicanos, y éstos no obtenían nada, e incluso se formaba Gobierno sin ellos y contra ellos, para evitar posibles cambios de signo populista que ellos pudieran hacer.

Bajo estas declaraciones de intenciones, hay que tener en cuenta que la realidad no cambió bruscamente a finales de 1868, ni cambiaría con la Constitución de 1869: La costumbre de incumplir sistemáticamente la Constitución, típica del XIX español, no desapareció por la circunstancia de la revolución de 1868. Las costumbres sociales no desaparecen tan fácilmente.

 

 

Las patronales en 1868.

 

Un aspecto de la liberalización política, fue la formación de asociaciones en contra de las leyes liberales del Gobierno.

A consecuencia de esta liberalización surgió en Cataluña, en 1869, la patronal Fomento de la Producción Nacional con empresarios de distintas ramas, pero la mayoría manufactureros o artesanos preindustriales, que no podían afrontar un liberalismo económico por muy moderado que fuese. Todavía surgiría otra patronal aún más proteccionista que se llamó Fomento de la Producción Española, en principio aliada de la primera, pero se separaron en 1876. Fomento de la Producción Española desaparecería en 1889 cuando quedó incluida en Fomento del Trabajo Nacional.

 

 

 

Reformas docentes del Gobierno Provisional.

 

El 10 de octubre de 1868 se dio un Decreto de Disolución del Real Consejo de Instrucción Pública, que sería sustituido posteriormente por la Junta General de Instrucción Pública, la cual era elegida democráticamente. A partir de aquí, se hizo un gran cambio en la enseñanza:

Por Decreto de 14 de octubre se derogó la Ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 1868, instaurando la libertad de enseñanza primaria y restaurando las Escuelas Normales de formación de maestros.

Por Decreto de 21 de octubre se suprimió la legislación universitaria dada a partir de 1866 y se dio la libertad en la enseñanza superior. Entre otras cosas, surgió la Extensión Universitaria, copia de una idea de Oxford 1850 y París 1867, que defendían que había que llevar la Universidad a la sociedad. Ello serviría en su día para que tuviera éxito la ILE (Institución Libre de Enseñanza).

Por Decreto de 25 de octubre se hizo una reforma de la enseñanza secundaria. Lo más significativo era la libertad de cultos en los centros de enseñanza y la posibilidad de no cursar latín en estas enseñanzas.

Todas estas medidas iban encaminadas a una reforma más grande, expresada por el proyecto de Ley de Enseñanza de Ruiz Zorrilla de 23 de abril de 1869.

 

 

Libertad de imprenta en 1868.

 

El 23 de octubre de 1868 se dio el Decreto de Libertad de Imprenta. Este Decreto sería ratificado en 20 de junio de 1869 por una Ley de Libertad de Imprenta. Ambas medidas, Decreto y Ley, dieron lugar a la aparición de muchas revistas, folletos, periódicos y libros hasta el punto de que los carlistas, en guerra con el Estado, tenían su propio periódico en Madrid. Aparecieron más de 100 periódicos, casi todos ellos de carácter político, algunos republicanos, algunos protestantes y algunos obreros como La Federación de Barcelona 1869-1874 y La Emancipación de Madrid 1871-1873. Entre los nuevos periódicos encontramos la relativa sorpresa de que un cura párroco de Villanueva de la Vera (Cáceres) publicaba un periódico liberal progresista llamado “Los Neos sin Careta”. Pero ya hemos citado en repetidas ocasiones que había un clero progresista, perseguido por las autoridades católicas, y clero marginal a la política, y un clero integrista católico que dominaba la Iglesia española.

Entre los nuevos periódicos destacamos:

La Ilustración Española y Americana era una revista de 1869 y era cultural, poco comprometida políticamente.

La Revista de España fue de 1868-1898 y la dirigió José Luis Albareda con temas científicos, literarios y políticos de tendencia conservadora. En ella trabajó Galdós de 1872 a 1873.

La Gorda periódica liberal, era un periódico carlista antiliberal que apareció en noviembre de 1868, bimensualmente y se publicó hasta 1870.

La Flaca fue una revista liberal, satírica y anticarlista, que se publicó en Barcelona desde marzo de 1869 hasta marzo de 1876, con cabeceras variantes, debido a la censura, tales como La Carcajada, La Risotada, La Risa, la Madeja Política, El Lío, La Madeja.

Esta libertad de imprenta, tal vez influyó en el estilo de la llamada generación del 68: Valera, Pérez Galdós, Pereda y Alarcón, junto con Echegaray, aunque este último era demasiado conservador como para ser un referente de libertades.

 

 

La libertad de cultos en 1868.

 

La libertad de cultos de octubre de 1868 provocó grandes protestas de la Iglesia católica. El 12 de octubre el Gobierno disolvió la Compañía de Jesús y se incautaron sus bienes. El 19 de octubre se extinguieron conventos y casas religiosas. La campaña terminó el 6 de noviembre con la derogación del fuero eclesiástico.

 

 

Relaciones con El Vaticano.

 

Juan Álvarez Lorenzana, Ministro de Estado español, pidió relaciones a El Vaticano, y monseñor Alexandro Franchi, el Nuncio oficial, pero no residente en Madrid, le confirmó que El Vaticano no había roto relaciones con el Estado español. Pero las cosas no estaban tan claras para el Gobierno español: la libertad de religión no era aceptada por la Iglesia, pero la Iglesia no quería, por cuestiones de imagen, ser ella la que rompiese. Franchi se había marchado de España en julio de 1855 y la nunciatura era gestionada desde 1857 por un encargado de Negocios, Giovanni Simeoni.

El embajador de España en El Vaticano, Alejandro de Castro, conservador e isabelino, dimitió. Por su parte, Isabel de Borbón, la Reina expulsada de España, envió a Roma un delegado personal suyo, Severo Catalina del Amo, para abogar por que el Papa condenase a los revolucionarios españoles de septiembre de 1868, y declarase a Isabel Reina legítima de España.

El Gobierno de España envió a Roma a José Posada Herrera, un gran dialéctico de Unión Liberal, que se incorporó a su puesto en 27 de diciembre de 1868 y no logró que Giácomo Antonelli[3], cardenal Secretario de Estado de El Vaticano, ni Pío IX le recibieran oficialmente, aunque sí lo hicieron en privado. Incluso para Posada Herrera era difícil la misión, puesto que el Gobierno español suprimía la Compañía de Jesús en 12 de octubre de 1868, extinguía los monasterios, colegios y conventos fundados después de 1837 y suspendía las asignaciones oficiales a los seminarios diocesanos. Aún así, El Vaticano no rompía, pero tampoco aceptaba relaciones.

El Gobierno decidió incautarse de bienes de la Iglesia en 15 de octubre de 1868 y 1 de enero de 1869, y el 25 de enero dio un Decreto para que los bienes de la Iglesia fueran inventariados discretamente. El Gobernador de Burgos, Isidoro Gutiérrez de Castro y Cossío, intentó entrar en la catedral y pidió que le enseñasen los archivos y cerrasen las puertas de la catedral. Los encargados de las puertas no cerraron, sino llamaron a una multitud de energúmenos que asesinó al Gobernador, lo sacaron luego de la catedral por la Puerta de Sarmental, le desnudaron y mutilaron. La catedral estuvo cerrada más de dos meses, porque un asesinato impurifica el lugar en que es cometido. Pero los sacerdotes de la catedral decidieron limpiar la sangre y decir que el Gobernador no había muerto en la catedral, sino fuera. De otro modo, la catedral de Burgos quedaría inhabilitada como templo. La polémica, después de haberle golpeado incluso con un hacha, se centró en si los últimos estertores se habían producido ya fuera de la catedral, lo cual no tiene ninguna relevancia para el caso.

En represalia, las masas republicanas asaltaron la nunciatura de Madrid. El 15 de febrero de 1869, Posada Herrera se declaró fracasado y regresó a España. No hubo relaciones con El Vaticano hasta la llegada de Amadeo de Saboya.

 

 

La Guerra de Cuba.

 

El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes inició el Grito de Yara bajo el lema de “Independencia y Cuba Libre”. Proclamaba que Cuba era un estado soberano. Se iniciaba un proceso que acabaría en 1898 con la independencia cubana, la de Filipinas y la de Puerto Rico. Es un tema muy amplio al que dedicaremos un capítulo aparte.

 

 

 

Elecciones de 15 de enero de 1869.

 

Las elecciones a Cortes Constituyentes pactadas en Ostende tuvieron lugar en 15 de enero de 1869.

Se hizo por sufragio universal directo en circunscripción amplia, la provincia, siendo la primera vez en España que no había elecciones previas de partido judicial que se llevaban a la capital de provincia. Los diputados salían elegidos por mayoría simple en su circunscripción provincial. Es decir, similar a lo que se hace en España en el siglo XXI. Las elecciones fueron dirigidas y controladas por Sagasta, y con ello se abrió un nuevo campo de disputa entre Gobierno y demócratas.

Algunas capitales de provincia dominadas por los demócratas pidieron que las decisiones del Gobierno de Madrid hubieran de ser ratificadas por cada ente político provincial para ser válidas en su territorio. Estaban reclamando la “confederación” o soberanía de los diputados de cada provincia, es decir, cambiar el modelo político a priori, antes de que lo decidiesen las Cortes.

Las masas de los pueblos no tuvieron nada que ver en esta disputa entre el Gobierno conservador y los demócratas de provincias, pero la cosecha de primavera de 1869 fue mala y el Gobierno de España prohibió los repartos de alimentos que estaban haciendo algunas Juntas de Andalucía, lo cual provocó motines, sobre todo en Málaga. Entonces, los motines populares pudieron ser confundidos con apoyo a los demócratas federales.

Participaron en las elecciones unos tres millones de votantes, de un censo de unos cuatro millones. Era una cifra notable, pues en España nunca habían votado más allá de 300.000 personas nunca.

Los carlistas decidieron participar en las elecciones de enero de 1869 con el lema “Dios y Fueros”, defendiendo la idea de un Rey puesto por Dios para defender el catolicismo, y un catolicismo que debía servir los intereses del Rey como voluntad de Dios. El resultado no fue nada malo para ellos, pues obtuvieron 23 diputados, la mayoría navarros y vascos. El jefe del grupo parlamentario carlista fue el canónigo navarro Vicente Manterola Pérez.

Hay que advertir, que la alta y media burguesía cometieron un error muy grande: en sus periódicos trataron de confundir las ideas de república, federalismo, cantonalismo, internacionalismo y anarquía, y asimilarlas a desorden y caos económico, de modo que casi nadie era capaz de distinguir esos conceptos en aquellos días. En vez de instruir a la gente, amenazaron con el caos, lo cual es un error grueso. Era completamente intencionado. Creyeron que el enemigo era el pequeño burgués, como Pi y Margall, y no fueron capaces de ver el ascenso del nuevo movimiento social, el proletariado. Intentaron crear fantasmas que asustasen a la población y se encontraron con que el miedo lo debían tener ellos, la alta y media burguesía. La solución en épocas siguientes, otra vez equivocada, sería la represión sistemática, como la de Cánovas y la de casi todos los Gobiernos de Alfonso XIII e incluso los de la II República y la de Franco.

 

Los resultados de 15 a 18 de enero de 1869 fueron extraños para una nación que había expulsado a la monarquía un año antes.

Los resultados los agrupamos por grupos políticos hechos por nosotros posteriormente, pues los candidatos no se presentaban como tales grupos. Como los diputados cambiaban mucho de opinión y de grupo, no es seguro que acertemos, pero es conveniente agruparlos para darnos una idea de lo que había en enero de 1868:

Los progresistas monárquicos tenían entre 130 y 160 escaños.

Los unionistas monárquicos de Unión Liberal, entre 75 y 90 escaños.

Los republicano federales, tenían entre 70 y 85 escaños.  Estaban: Pi y Margall, Estanislao Figueras, Emilio Castelar, Josep Cristófol Sorní i Grau[4]…. Los republicanos obtenían muchos de sus votos en las ciudades de Huesca, Zaragoza, Lérida, Gerona, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla y Cádiz. También los republicanos sacaban diputados en Badajoz y Murcia, y un diputado en Toledo, Salamanca, Valladolid y Teruel (sólo 2 eran republicanos unitarios, García Ruiz y Sánchez Ruano).

En las elecciones de enero de 1869, Pi y Margall, desde el exilio, aceptó las condiciones electorales. Los republicanos federales de Barcelona le pusieron en sus listas. No tomó parte en ningún acto electoral, pero salió elegido diputado.

Los demócratas cimbrios, capitaneados por Nicolás María Rivero, republicanos pero dispuestos a pactar con los monárquicos, obtuvieron entre 40 y 45  escaños.

Los carlistas, entre 16 y 20 escaños, casi todos ellos de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, pero también sacaron diputados carlistas Gerona, Salamanca, Valladolid y Murcia. Entre los diputados carlistas había tres eclesiásticos: el cardenal arzobispo de Santiago, García Cuesta, el obispo de Jaén, Monescillo, y un canónigo de Vitoria llamado Vicente Manterola Pérez[5].

Los liberales conservadores, monárquicos partidarios de Alfonso XII, obtuvieron 7 escaños (Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Silvela, José de Elduayen, Luis Estrada, Saturnino Álvarez Bugallal, Joaquín Vázquez de Puga y Manuel Quiroga). Su ideología era libertad, religión católica y monarquía.

Los republicanos unitarios, 2 escaños (García Ruiz y Sánchez Ruano).

Había tres sacerdotes católicos difíciles de clasificar para nosotros, porque desconocemos su pensamiento.

Con esos resultados, las cuentas globales deben ser tomadas en este sentido:

El grupo convocante, progresistas, unionistas y cimbrios, los que aceptaban o toleraban la monarquía, obtenía 280 escaños;

La oposición, sumando los republicanos federales, los republicanos unitarios, y los grupos marginales, carlistas y alfonsinos, obtenía 119 escaños.

Sagasta había hecho bien su trabajo a la manera de un nuevo Posada Herrera, “el gran elector”. La convocatoria de elecciones fue toque de clarín para poner en marcha los sistemas caciquiles electorales. No tenemos constancia de ningún “gran elector”, pero la inercia electoral funcionó: el Gobierno Provisional, faltando a su deber de neutralidad, hizo declaraciones a favor de un sistema monárquico y con ello, los modos de Posada Herrera parecían revivir.

 

Los republicanos federales habían obtenido el 25% de los votos emitidos, y 85 escaños. Sin embargo, interpretaron los resultados como un fracaso, pues esperaban mayoría absoluta. En las municipales de 1868, sin apenas propaganda, habían conseguido 20 alcaldías de capitales de provincia. Tras la proclamación de resultados en enero de 1869, hablaron de corrupción, pero las elecciones habían sido las más limpias hasta entonces celebradas en España.

Figueras se convirtió en el líder de los republicanos en el Congreso. Castelar y Pi fueron los oradores más activos en las Cortes.

Los monárquicos cometieron un gran error histórico ante estos resultados que deberían haberles llamado la atención: decidieron hacer una constitución monárquica muy cerrada en cuanto a conservadora, muy excluyente. Y los republicanos se convirtieron en enemigos de los monárquicos, lo cual no hubiera sido necesario entre los compañeros de la revolución de septiembre de 1868.

 

 

 

[1] Joan Prim i Prats, 1814-1870, conde de Reus y vizconde de Bruch en 1843-1870, marqués de Castillejos en 1859-1870, nació en Reus en 1814. Su nombre completo era Antón Joan Pau María Prim i Prats. En 1834 ingresó en el ejército y luchó en la Guerra Carlista. Se hizo progresista y, como tal, fue diputado por Tarragona en 1841 y estuvo en la revuelta contra Espartero al lado de O`Donnell en 1841. Tenía gran facilidad de palabra, e ingenio para dirigir los discursos hacia donde le convenía. En 1842, tras la represión de Barcelona, Prim estaba abiertamente en contra de Espartero y trataba de organizar partidas de insurrectos en la comarca de Reus. Una vez derrocado Espartero en 1843, Prim, en la represión de Reus, obtuvo el título de conde de Reus y vizconde de Bruch y fue encargado de controlar a la Junta de Barcelona evitando acciones violentas en la ciudad. En 1847 fue capitán General de Puerto Rico y trató de calmar una sublevación de esclavos, ejecutando a muchos. Hizo una ley para los negros, altamente feroz y racista. Intentó llevar a la isla a nuevos colonos españoles y ello enfureció a los criollos puertorriqueños, lo que llevó a Prim a un juicio de residencia, en el que fue inhabilitado. Fue indultado posteriormente. En 1851 fue diputado por Vic. En 1853 fue diputado por Barcelona y logró la simpatía de los industriales catalanes. En 1855-1856 fue Capitán General de Granada y ascendió a Teniente General. En 3 de mayo de 1856 se casó con Francisca Agüero, hija única de un rico mejicano, 18 años más joven que él, que le aportaba gran cantidad de dinero con el que compró 400 acciones de La Fabril Algodonera (48.800 duros o 976.000 reales que esperaba rindieran al 18 ó 20%). Se adhirió primero a Centro Parlamentario, y a Unión Liberal después. Fue a la Guerra de Marruecos de 1858 y adquirió mucha popularidad en Castillejos y Tetuán en 1859 siendo nombrado marqués de Castillejos. En 1858 Prim hizo un negocio ruinoso al quedarse con una tala de pinos en Sierra de Segura (Jaén), cuando fue denunciado por cortar algunos árboles del Estado y los pinos estuvieron casi cuatro años en el agua o cortados pudriéndose. En 1861, Prim se había gastado 12 millones de reales de su mujer y debía ya 200.000, cuando decidió vender nuevos bienes mejicanos para seguir su tren de vida.  Desde 12 de noviembre de 1862 estuvo en la Guerra de Méjico como delegado plenipotenciario del Gobierno español y fue quien decidió en 9 de abril de 1862 abandonar la guerra y reembarcar las tropas hacia España. En 1862 se afilió de nuevo al Partido Progresista y organizó o participó en algunos levantamientos fracasados (Valencia 1865, Villarejo 1866, San Gil 1866) lo que le hizo simpático a los demócratas. Estuvo en el Pacto de Ostende de 1866 y en los Acuerdos de París de 1867. Pero su acto histórico más importante lo llevó a cabo el 19 de septiembre de 1868, junto a Ruiz Zorrilla, Sagasta y otros, lanzando un manifiesto contra la Reina. Prim estuvo con Topete en Cádiz y desde allí visitó los puertos del Mediterráneo sublevando a las guarniciones hasta llegar a Barcelona. El 7 de octubre de 1868 entraba Prim en Madrid y se le encargó el Ministerio de la Guerra en el Gobierno Provisional. Buscó un Rey para España y seleccionó por fin a Amadeo de Saboya. Sufrió un atentado en la calle del Turco de Madrid el 27 de diciembre de 1870, el mismo día que Amadeo llegaba a España. Murió en Madrid en 30 de diciembre de 1870.

 

[2] Los cimbrios fueron un pueblo bárbaro procedente de Jutlandia, que invadió el Imperio romano a fines del siglo II, primero Bohemia, más tarde la Galia, y llegaron hasta Hispania y el Po, donde les derrotó Mario en Aquae Sextiae (Aix le Provence) en 102 a.C. y en Vercellae en 101 a.C. Son un pueblo prácticamente desconocido, del que se decía que unas veces eran monárquicos y otras republicanos, según conviniera. Es decir, los republicanos tachaban a los demócratas colaboradores con unionistas y progresistas, como “grupo extraño e insignificante”.

[3] Giácomo Antonelli, 1806-1876, fue un personaje muy polémico, muy discutido, pues fue cardenal desde 1847 y envió, en marzo de 1848, 10.000 soldados a luchar en el bando de los nacionalistas italianos. Cuando fueron derratados, negó haber enviado soldado alguno, cosa que era evidentemente mentira. Antonelli fue retirado de la política oficial de El Vaticano un tiempo, pero fue recuperado en noviembre de 1848 como Secretario de Estado. Su gobierno era autoritario y autocrático, conservador y antinacionalista italiano, porque los nacionalistas no querían reconocer al Papa como Rey de Italia, cosa que defendían los jesuitas y el Papa. Los nacionalistas italianos se enfrentaron al Papa en ese punto. Todavía fue más polémico porque llevaba una vida frívola y sus convicciones religiosas eran muy dudosas. Y tras morir en 1876, la polémica fue a más, porque dejaba una inmensa fortuna que había acumulado desde su puesto en el Vaticano.

[4] Josep Cristófol Sorní i Grau, 1813-1888, fue un abogado valenciano formado en la Milicia Nacional, que ejerció como profesor sustituto en la Universidad de Valencia, y como empleado del Tribunal eclesiástico de Málaga. En 1840 apoyó a Espartero y fue comandante de la Milicia Nacional en Málaga. En junio de 1866 se sublevó en Madrid y fue apresado. En septiembre fue liberado y fue vocal de la Junta Revolucionaria de Madrid. En 1869 fue diputado en el grupo demócrata federal. En 1873, fue Ministro de Ultramar.

[5] Vicente Manterola Pérez, 1833-1891, estudió en el seminario de Pamplona y se ordenó sacerdote. Fue profesor de latín, griego y retórica en varios seminarios y en el Instituto de Donostia (San Sebastián). Destacó por su oratoria fácil y por ello fue contratado por muchas diócesis para hacer sermones en los que combatía al modernismo, a Hegel, al krausismo y al marxismo, desee un punto de vista integrista católico. En 1869 fue elegido Diputado por Guipúzcoa y por el partido Unión Católica. En las Cortes, defendió los privilegios de la Iglesia. Fue canónigo de Pamplona y de Vitoria. Al estallar la guerra carlista, huyó a Francia, pues estaba implicado en los movimientos carlistas de forma notoria, y desde allí trabajó consiguiendo armas para el carlismo. Fue detenido por la policía francesa, pero liberado inmediatamente, con lo cual puso regresar a la frontera francesa. En 1874 visitó El Vaticano para protestar contra los nombramientos de obispos “liberales”. Carlos VII se sentía incómodo con Vicente Manterola, porque este hombre se creía con derecho a opinar e intervenir en todo, como hombre enviado de Dios, lo cual era inconveniente en política. Al perder la guerra, se exilió en Francia, pero se acogió a la amnistía y regresó para continuar sus sermones y disfrutar de canonjías en Toledo y en Sevilla.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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