Conceptos clave: Gobierno de Castelar, los monárquicos a fines de 1873, los republicanos a fines de 1873, bases de la política de Castelar, decisiones políticas de Castelar, reacciones de los españoles, lucha por el reconocimiento internacional, el incidente del Virginius, final del Cantón de Cartagena, el Partido Republicano Democrático Unitario, inseguridad política en diciembre de 1873, caída de Castelar.

 

 

Gobierno de Castelar[1]

          7 septiembre 1873 – 3 enero 1874

 

Presidente del Poder Ejecutivo, Emilio Castelar Ripoll. Republicano unitario.

Estado, José Carvajal Hué. Republicano unitario.

Gracia y Justicia, Luis del Río Ramos. Republicano unitario.

Hacienda, Manuel Pedregal Cañedo. Republicano unitario.

Guerra, Jacobo Oreyro Villavicencio, interino. Militar, republicano unitario / 9 septiembre 1873: José Sánchez Bregua.

Marina, Jacobo Oreyro Villavicencio / 15 de octubre: José Sánchez Bregua, interino. / 6 noviembre: Jacobo Oreyro Villavicencio.

Gobernación, Eleuterio Maissonave Cutáyar, republicano unitario / 25 septiembre: José Carvajal Hué, interino. / 30 septiembre: Eleuterio Maisonnave Cutáyar.

Fomento, Joaquín Gil Bergés. Republicano unitario.

Ultramar, Santiago Soler Pla. Republicano unitario.

Era un Gobierno monocolor republicano unitario. La España republicana estaba cansada de populistas cantonalistas y, por su parte, los monárquicos se abstenían de la política, mientras estaban preparando un golpe de Estado contra la República. No quedaba otro camino que el republicanismo unitario, y sería de modo provisional o de transición, en opinión de la mayoría de los españoles. Se añoraba la monarquía.

Emilio Castelar fue Presidente el 7 de septiembre de 1873 por 133 votos a 67. Tenía algunos votos más que los que había tenido Nicolás Salmerón, pero sufría el haber perdido a los diputados de Pi i Margall. Es decir, sin el apoyo del centro republicano, dependía de los monárquicos en las Cortes.

Los republicanos intransigentes pidieron medidas duras contra las muertes de cantonalistas que se habían producido, y Castelar las calificó de venganzas y se negó a ello. Había roto con los republicanos intransigentes.

Respecto a los carlistas, dijo que sólo eran unos demagogos sin ideario ni principios.

El programa de Castelar era defender la libertad, la democracia, la República y la federación. Es decir, no abandonaba el republicanismo federal, pero odiaba la intransigencia y la violencia generada por los republicanos intransigentes. Los federales dijeron que, para establecer el orden estaba liquidando el federalismo.

En este punto de la discusión, teniendo en cuenta que el federalismo se había radicalizado y no entendía de otra cosa sino de imponerse por la violencia, y por otro lado, los carlistas se habían venido arriba y estaban en pleno ataque al Gobierno, la política española lo tenía muy difícil, gobernara quien gobernara.

El primer tema del Gobierno Castelar era firmar las penas de muerte que Nicolás Salmerón había dejado pendientes, y que afectaban a republicanos intransigentes. Lo hizo, aun sabiendo que ello le enemistaba con la mayoría de los republicanos. Pero, por otro lado, ello le daba el apoyo del ejército, el cual había perdido muchas vidas luchando contra los cantonalistas y no estaba dispuesto a aceptar un indulto.

 

 

Los monárquicos a fines de 1873.

 

Respecto a los monárquicos, Castelar tenía ya perdida la partida, pues éstos habían decidido la rebelión: Nicolás María Rivero (Partido Radical) y Cristino Martos Balbi (Partido Radical) se reunieron con Francisco Serrano Domínguez (Partido Constitucional), Práxedes Mateo Sagasta (Partido Constitucional), Juan Antonio Rascón Navarro[2], Juan Bautista Topete y Augusto Ulloa Castañón[3], en Biarritz (sur de Francia). Decidieron apoyar a Castelar en su lucha contra los cantonalistas, mientras ellos preparaban su vuelta al poder. Acordaron dar un golpe de Estado, disolver la Asamblea Nacional para volver a las Cortes tradicionales, nombrar a Serrano nuevo Presidente de la República y a Cristino Martos nuevo Presidente del Gobierno, cuando fuera oportuno.

Pero la idea de los golpistas reunidos en Biarritz no estaba del todo madura: Francisco Serrano y Cristino Martos decidieron que el único camino era el golpe de Estado en el que se colocaría a Serrano como Presidente de la República y a Martos como Presidente del Gobierno. Pero entonces, el general Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque dijo que no aceptaría a Serrano como Presidente y que quería en ese puesto a Castelar. Era una oportunidad para que Castelar recondujese la situación.

Castelar intentó atraerse a los monárquicos a través de Antonio de los Ríos Rosas[4]. Castelar estaba dispuesto a abrir el abanico de partidos gubernamentales pactando con los constitucionales y radicales que quisieran prometer fidelidad a la República, cosa que a Salmerón le parecía traición a la República argumentando que se entregaba el Gobierno a gentes no republicanas. Castelar y Ríos Rosas idearon entregar los escaños vacantes en las Cortes por retraimiento de los republicanos, a gente del Partido Constitucional y del Partido Radical, que se declarasen republicanos conservadores, e incluso algún escaño a los alfonsinos de Cánovas, si éstos accedían a un Gobierno de coalición. Pero la Comisión Permanente de las Cortes se negó a esa componenda.

 

 

Los republicanos a fines de 1873.

 

Respecto a los republicanos, éstos se habían debilitado a fines de 1873 porque se habían escindido, los unitarios de Castelar por la derecha, los federales republicanos de Pi por el centro, los socialistas (anarquistas y marxistas) por la izquierda, y los violentos o intransigentes más a la izquierda. Las posturas entre ellos eran irreconcialiables. Tal vez haya que tener en cuenta los sucesos de la Comuna de París de marzo, abril y mayo de 1871, y su consiguiente represión, para entender el estado de ánimo de cada grupo de diputados, tanto constitucionales y radicales, como republicanos benévolos y republicanos intransigentes.

 

 

Bases de la política de Castelar.

 

La tarea de Castelar era complicada pues necesitaba contener a los republicanos intransigentes cantonalistas, implicar en el Gobierno a los del Partido Radical y a los del Partido Constitucional que aceptasen la idea de República, y mantener un Gabinete cohesionado y fuerte que pudiera hacer frente a la Guerra de Cuba, Guerra Carlista, y sublevaciones cantonales.

Como brillante orador, Castelar no dudó en publicar que iba a acabar con los males que sufría España: el cantonalismo y el carlismo, los dos sectores subyugados por demagogos españoles. Para ello Castelar exigió:

El 13 de septiembre, poderes extraordinarios, es decir, poderes dictatoriales como la suspensión de garantías constitucionales (como la libertad de prensa que se limitó el 21 de septiembre), a fin de controlar los previsibles motines.

El 18 de septiembre, disolución de los Voluntarios de la República restableciendo la Milicia Nacional de 1822.

Disolución de las Cortes por tres meses, desde 18 de septiembre 1873 hasta 2 de enero de 1874.

El 22 de septiembre, restablecimiento del arma de Artillería, lo cual pondría mucha paz en el ejército.

Además, Castelar permanecía en el proyecto de aprobar una Constitución republicana que sería la federación de los antiguos reinos hispánicos, con soberanía central única, que es casi el mismo modelo que se impondría en 1931. Pero este proyecto perdió toda posibilidad de desarrollo: las ejecuciones firmadas por Castelar fueron causa de que Salmerón y Pi amenazaran a Castelar con echarle del Gobierno en la próxima apertura de Cortes que se preveía para enero de 1874. Los monárquicos, por su parte, no eran precisamente los que aprobaran la Constitución republicana. Castelar se tuvo que olvidar de su Proyecto Constitucional.

 

 

Decisiones políticas de Castelar.

 

Castelar no tenía el apoyo de los republicanos intransigentes con los que estaba en guerra abierta, ni de los republicanos pimargalianos puesto que Pi se sentía traicionado por Castelar.

Juan Bautista Topete, uno de los monárquicos reunidos en Biarritz, le aseguró a Castelar el apoyo de todos los monárquicos a esta política que Castelar anunciaba. El precio era que Nicolás Salmerón fuera nombrado entonces Presidente de la Asamblea Nacional. Salmerón fue quien consiguió que esta Asamblea, en 20 de septiembre de 1873, se suspendiese a sí misma hasta 2 de enero de 1874. Lo hizo por 124 votos a 62. En los votos en contra, se habían quedado solos los seguidores de Pi, pues los intransigentes estaban fuera de las Cortes por decisión propia.

Castelar se congració con el ejército: además de firmar las penas de muerte que los militares reclamaban, indultó a los oficiales de artillería del golpe de San Gil de noviembre de 1872 (Amadeo), restableció el Arma de Artillería disuelto por Ruiz Zorrilla el día de la marcha de Amadeo, y amplió la dotación de la Guardia Civil hasta los 30.000 hombres. También movilizó las quintas de reserva, lo cual daba recursos a los militares para acabar con todas las guerras. Además de acabar con los cantones y los carlistas, Castelar persiguió a los internacionalistas organizadores de revueltas urbanas.

La consecuencia no buscada fue que, con la actuación militar propia de la situación de guerra, el mando efectivo sobre la política general del Estado pasó a manos de los generales, los cuales tomaron conciencia de ello. Sólo había que esperar la ocasión para hacerlo patente. Era el precio para evitar la sublevación militar.

Se restablecieron las relaciones con El Vaticano. Ello no era fácil puesto que el Vaticano apoyaba a los carlistas, que en 7-9 de noviembre de 1873 ganaban la Batalla de Montejurra, un mito dentro del carlismo, y llegaban a su máximo potencial en la Tercera Guerra Carlista disponiendo de 24.000 hombres en armas y dominando todo el País Vasco y Navarra. En diciembre de 1873 los carlistas pusieron sitio a Bilbao encargando al marqués de Valde Espina del mando de las tropas. Era una visión efímera del triunfo del carlismo, pues simplemente se beneficiaba de las debilidades del Gobierno del momento, y terminaría en cuanto el Gobierno se reestructurase a sí mismo.

Continuó la lucha anticantonalista. El 19 de septiembre cayó el cantón de Málaga y sólo quedaba en rebeldía Cartagena. Castelar reclutó 80.000 hombres, con el apoyo del Ministro de Hacienda, Manuel Pedregal, que le liberó 100 millones de pesetas y puso en pie la llamada “quinta de Castelar”. Cartagena, el último Cantón federal, estaba condenada a la derrota. Sólo faltaba el paso del tiempo. Pasaban hambre, no tenían apoyo internacional, y sus reeemplazos militares no existían.

Cartagena intentó resistir, parapetada en sus barcos de guerra que la abastecían de alimentos, pero un barco se les hundió por impericia, otro se incendió, y los dos últimos fueron capturados por los alemanes, y como resultado de ello los cartageneros ya no pudieron asaltar ciudades del Mediterráneo y empezaron a pasar hambre. Sus jefes eran Antonio Gálvez y el general Juan Contreras San Román. Aguantaron hasta el 12 de enero de 1874, más allá de la duración de la República. Fueron combatidos finalmente por el general José López Domínguez[5] que les rindió con la colaboración, militarmente definitiva, del Contraalmirante de Marina Miguel Lobo Malagamba.

Castelar realizó algunas de las viejas reivindicaciones progresistas: abolió la esclavitud en Puerto Rico, abolió los títulos nobiliarios y las Órdenes Militares, acabando con siglos de privilegios.

También quería Castelar llegar a un acuerdo con los banqueros a fin de financiar al Gobierno y entrar en una política de realidades, de hechos, abandonando ideas y utopías recientes. Ello le enfrentaba a los republicanos y no le daba el apoyo de los monárquicos.

El 20 de septiembre, Castelar cerró la Asamblea Nacional y fijó plazo de reapertura para 2 de enero de 1874. Castelar había decidido gobernar por decreto. Suspendió las garantías constitucionales, puso censura de prensa, recuperó el Cuerpo de Artillería, potenció la disciplina militar, restringió la ibertad de desplazamiento por España y exigía salvoconducto a todo vecino que quiera salir de su término municipal de residencia. También suprimió las licencias de armas. Un Gobierno de derechas no hubiera tomado medidas diferentes.

La libertad de prensa, decretada por Prim en 1869, empezó a ser restringida durante un Gobierno republicano: en 20 de septiembre de 1873, los republicanos de Emilio Castelar, que tanto habían protestado contra la censura y la falta de libertad en la oposición, comenzaron a poner restricciones a la libertad de prensa.

 

 

Reacciones de los españoles a fines de 1873.

 

La reacción de la burguesía española fue muy positiva, e inmediatamente regresaron de Francia los autoexiliados de abril de 1873. Creían en que los negocios volverían a funcionar.

Castelar hablaba de restablecimiento del orden y, teniendo en cuenta que los Cantones ya habían sido reprimidos por Salmerón, había que interpretar esas palabras como robustecimiento del Estado.

Castelar representaba la integración del ejército en el nuevo Estado republicano con todas sus consecuencias, y la ruptura de la utopía de una sociedad sin guardias, soldados, ni autoridades.

En cuanto a las masas, tras la represión que los republicanos de Castelar hicieron sobre los movimientos populistas, se volvieron escépticas. Ya no apoyarían en lo sucesivo a los republicanos federales, ni a los socialistas. Las masas, aunque se habían sumado al cantonalismo, no eran exactamente del mismo criterio que los dirigentes cantonales. Las masas querían derechos sociales y salario más alto. Incluso el proletariado no era exactamente republicano ni socialista, sino que reivindicaba salarios más altos. Lo que sí podemos afirmar es que el proletariado era antimonárquico. Y dentro del proletariado había muchas tendencias, pues nada tenía que ver la idea de Fermín Salvochea en Cádiz, con la del anarquista Antonio Gálvez “Antoñete” en Cartagena, ni ambas con la revuelta por el socialismo AIT de Alcoy. Pero la experiencia republicana federal había sido desastrosa, y estaban dispuestos a volver al orden anterior, como mal menor.

Los movimientos populistas comprendieron que todos los políticos estaban por impedir sus reivindicaciones violentas.

Pero muchos políticos de distinto signo siguieron teniendo en adelante la tentación de soliviantar a las masas para lograr un ambiente propicio para echar abajo un Gobierno. Esto será ya una constante en el XIX y el XX. En el XIX lo aprovecharán los movimientos anarquistas, y en el XX, los comunistas, los fascistas y los militaristas.

 

 

Lucha por el reconocimiento internacional.

 

El 9 de octubre de 1873, Castelar se entrevistó con el Conde de La Rochefoucault, Encargado de Negocios de Francia en España. Castelar se atrevió a criticar la política francesa: le manifestó su opinión de que Francia caminaba hacia una República conservadora, e incluso a una monarquía, lo cual sería, a su juicio, un error, pues se impondrían los clericales, y ello era contrario a la voluntad de los franceses. También le manifestó al francés, que la Asamblea Francesa le parecía conservadora, mientras los franceses daba la impresión de que eran republicanos. Rochefoucault contestó que las manifestaciones de Castelar le parecían una imprudencia, sobre todo viniendo de un país famoso por sus escándalos, crímenes y despotismo, de un Gobierno que se mostraba impotente, inconsecuente, e incluso con mala fe. Y el Encargado de Negocios francés puso en duda que, si se reabrían las Cortes, perdurase mucho tiempo la República en España. Había sido una entrevista dura, en la que ambos se habán dicho las verdades del barquero de la forma más impertinente, Castelar en tono altivo y Rochefoucault chauvinista. No era un buen comienzo para la diplomacia española internacional.

Castelar envió al Gobierno francés, por medio del embajador en París, Salustiano de Olózaga, una declaración de que el Gobierno de España pretendía consolidar los derechos individuales y consolidar la democracia, a fin de que con ello llegase “la estabilidad en la libertad”. Pero París contestó que Francia estaba decidiendo su futuro en la redacción de una Constitución y no parecía ése el momento para reconocer al Gobierno de España, lo cual debiera ser hecho por un Gobierno constitucional futuro. Castelar les deseó suerte en ello.

Patricio de la Escosura, embajador en Berlín, informó de que Austria, Rusia y Prusia no reconocerían a la República Española, primero por antipatía, y segundo porque no lo habían hecho Gran Bretaña y Francia.

Federico Rubio, desde Londres, dijo que Gran Bretaña no veía consolidada la situación española, tan cambiante durante los últimos cinco años, y cuyo futuro era un misterio para todos, pues los carlistas estaban en pie de guerra, los monárquicos estaban organizados para el golpe de Estado, los republicanos estaban divididos en múltiples facciones… Cuando se consolidara la situación política española decidiría Gran Bretaña. Y mientras tanto, seguirían vendiendo armas tanto a los carlistas como a los cantonalistas (se las vendían en Cádiz a Fermín Salvochea), pues ellos no iban a decidir el futuro de España.

 

 

El incidente del Virginius.

 

El 31 de octubre de 1873 España apresó al Virginius, un barco con bandera estadounidense que portaba armas y rebeldes cubanos, y que se dirigía a Cuba. Fueron sometidos a consejo de guerra por las autoridades españolas. Fueron ejecutados 36 tripulantes y 16 pasajeros, incluyendo los patrones norteamericanos del barco que les llevaba. Estados Unidos protestó airadamente, lo que significaba que no había sido un acto de piratería de particulares, sino una acción de Estado. De hecho, el Virginius era uno de los muchos barcos que Estados Unidos enviaba a Cuba a negociar con armas y a llevar mercenarios. Los financiaba la Junta Cubana de Nueva York. La contratación de mercenarios no era difícil, pues los sudistas vencidos recientemente, y desposeídos de sus propiedades, se contrataban frecuentemente para hacer algún dinero.

Polo de Bernabé, embajador de España en Washington, denunció que los cubanos preparaban una expedición para llevar un millar de sudistas a Cuba, y que habían comprado un vapor, que normalmente iba de Nueva York a Bermudas, y llevaba hasta estas islas hombres, provisiones y armas.

Algunos mercenarios norteamericanos fueron capturados por los españoles. Entonces, Estados Unidos exigió que fueran tratados como delincuentes comunes. España alegaba que no eran delincuentes comunes, pues se dedicaban a atacar barcos y poblaciones bajo soberanía del Rey de España, lo cual era piratería.

El problema legal se planteó de la siguiente forma: Estados Unidos decía que se debía respetar el Tratado entre Estados Unidos y España, mientras no se declarase “estado de guerra”. Si España declaraba la guerra a Cuba, efectivamente, los norteamericanos capturados eran piratas y debían ser juzgados por tribunales militares. Pero la guerra no se había declarado y debían ser juzgados por tribunales ordinarios. De hecho, la guerra había empezado en 1869, pero no había habido declaración oficial de guerra. España no quería declarar la guerra, porque era reconocer estatuto de combatiente al enemigo cubano, y prefería hablar de insurrección en Cuba.

Castelar, acabó reconociendo que Estados Unidos tenía razón desde el punto de vista jurídico, que no moral, y le aseguró al general Sickles que los prisoneros serían tratados como delincuentes comunes.

En el caso del Virginius, todos sabían que era un barco que hacía servicios de transporte de armas y soldados para los rebeldes cubanos, e incluso los periódicos lo habían publicado recientemente, y en los informes de los diplomáticos aparecía esta realidad como conocida. Por eso, España decidió capturarle. Pero si entramos en el campo de los leguleyos, la realidad era distinta.

El 31 de octubre de 1873, el Virginius fue apresado por el Tornado en un punto entre Cabo Cruz y Santiago de Cuba, cuando iba rumbo a Cuba. Al ver al barco español, el Virginius se adentró en el mar para salir de aguas cubanas y entrar en aguas internacionales. Al tiempo que escapaba, arrojó las armas y municiones por la borda, aunque no les dio tiempo a arrojarlas todas antes de ser capturados. A bordo, se encontraron varios jefes de los insurrectos cubanos, y 163 hombres, que fueron conducidos a Santiago de Cuba, fueron sometidos a consejo de guerra y condenados a muerte. Entre el 7 y el 8 de noviembre, fueron ejecutados el capitán del Virginius, 36 tripulantes y 16 pasajeros.

Estados Unidos envió a España un ultimátum que acusaba a España de haber capturado un barco estadounidense sin motivo ninguno, porque el citado barco llevaba bandera de Estados Unidos, y había sido capturado en aguas internacionales. Estados Unidos decía que unos súbditos americanos habían sido fusilados tras un proceso de dudosa legalidad. La prensa estadounidense estaba unánimemente en contra de España y pedía vengar a sus compatriotas. El Gobierno de Estados Unidos reunió sus efectivos navales en Cayo Hueso (Florida), a ocho horas de distancia de La Habana.

Castelar no podía permitirse una guerra con Estados Unidos porque tenía una guerra carlista en el País Vasco y el Maestrazgo, y acababa de salir de una guerra cantonal extenuante. Los empresarios cubanos españoles, la prensa española, incluidas la monárquica y la republicana, y el ejército español, pedían declarar la guerra a los Estados Unidos. Pero España tenía una deuda enorme que no podía incrementar mediante una nueva guerra, y no tenía barcos de guerra suficientes ni adecuados, ni tenía tropas preparadas, y su posición legal, estaba perdida en cualquier tribunal internacional. Tenía la razón moral, pero no la jurídica.

El 29 de noviembre de 1873, el Almirante español Polo, firmó ante el Secretario de Estado Fish un protocolo por el que España devolverái el Virginius a Estados Unidos, liberaría a los supervivientes y haría un acto de desagravio a la bandera americana, el 25 de diciembre, si se demostraba que el Virginius portaba bandera americana en el momento de la captura. El Fiscal General de Estados Unidos dijo el 17 de diciembre, que efectivamente, el Virginius llevaba bandera estadounidense y que fue capturado en aguas internacionales. Esta declaración no tiene apenas credibilidad alguna, pues había interés de parte afectada.

Estados Unidos retiro la exigencia de hacer un homenaje a la bandera estadounidense a cambio de que el Gobierno español hiciera una declaración pública de que no había tenido intención de ofender a los Estados Unidos.

La enemistad con Estados Unidos estaba ya planteada. Estados Unidos buscaba una excusa para intervenir en la guerra ya iniciada en Cuba, y quedarse con Cuba y Puerto Rico. Castelar logró iniciar conversaciones diplomáticas y evitó la guerra. Las conversaciones duraron hasta febrero de 1875, sin acuerdo ninguno.

Europa actuó con indiferencia ante la posibilidad de que Estados Unidos declarase la guerra a España e invadiese los países del Caribe, salvo Gran Bretaña, que veía peligrar sus intereses comerciales en la zona y se ofreció como mediador entre las partes. Si España se mantenía en Cuba, Gran Bretaña mantendría sus negocios ilegales, pues España no tenía fuerza para impedirlo. Si Estados Unidos entraba en posesión de Cuba, Gran Bretaña seria expulsada.

Cuando Gran Bretaña percibió que España iba a pagar indemnizaciones por los muertos del Virginius, alegó que algunos pasajeros muertos eran británicos y que Gran Bretaña también tenía derecho a indemnizaciones. Las indemnizaciones que ofreció Castelar a los británicos fueron de 7.100 libras esterlinas a la familia de cada muerto. Con Estados Unidos se tardó algún tiempo en acordar la indemnización y, años después, se pagaron 400.000 pesetas por cada muerto.

Igualmente, cuando los republicanos fueron eliminados en España en enero de 1874, nadie en Europa protestó. Los temas españoles no interesaban. España conservaba la ilusión de ser uno de los grandes, pero nadie se lo reconocía fuera de sus fronteras. España tardaría todavía 25 años en ser consciente de su decadencia.

 

 

Final del Cantón de Cartagena.

 

El general Francisco Ceballos Vargas[6], que sería I Marqués de Torrelavega en 1876, hizo un segundo sitio de Cartagena el 10 de diciembre de 1873.

El general José López Domínguez hizo el tercer sitio de Cartagena y la plaza capituló el 12 de enero de 1874.

El cerco a Cartagena fue duro y los cercados lo pasaban mal, de modo que tuvieron que renunciar al ataque y conformarse con salir indemnes de la situación. Pasaron a estrategias a la defensiva.

El 2 de septiembre de 1873 dimitió el Gobierno Provisional de Cartagena (Contreras, Ferrer y Gálvez) y cedió el poder a la Junta Soberana de Salvación de Cartagena. Se preveía un drama próximo y buscaban una salida digna. Hicieron llamamientos a todos los republicanos españoles en los que decían que todos los republicanos eran hermanos.

Como era de esperar, el apoyo de los otros republicanos federales fue muy escaso, y surgió el desánimo en Cartagena. Algunos soldados se pasaron al enemigo. Y entre los que permanecieron defendiendo el Cantón, surgió la división: la Junta Civil de Cartagena, presidida por Pedro Gutiérrez de la Puente y Roque Barcia Martí, era partidaria de capitular; la Junta de Guerra, dominada por Antonio Gálvez, Juan Contreras y Félix Ferrer querían mantener la defensa hasta sus últimas consecuencias.

En noviembre de 1873 hubo una conspiración a favor de la rendición. El 30 de diciembre, ardió la fragata Tetuán y fue un incendio intencionado. El 6 de enero de 1874 voló el Parque de Artillería, provocado por alguien, y hubo 400 muertos, y la moral de los cartageneros se vino del todo abajo en los entierros masivos y después de ellos. Ni Contreras, ni Gálvez fueron ya capaces de levantar los ánimos. Se impuso el punto de vista de la capitulación. El 10 de enero de 1874 se rindió el Castillo de La Atalaya. El 12 de enero se rindió Cartagena. Con ello, el experimento cantonal había concluido. El general López Domínguez entró en Cartagena el 13 de enero, mientras los 500 rebeldes más recalcitrantes subían a la Numancia y se exiliaban a Orán. Entre ellos, iban Contreras y Gálvez.

El indulto a los sublevados en Cartagena causó enorme alegría popular por toda España.

 

 

El Partido Republicano Democrático Unitario.

 

El Partido Republicano Democrático Unitario publicó un manifiesto el 28 octubre de 1873, redactado por Echegaray, por el que los republicanos unitarios de Eugenio García Ruiz se unían a los progresistas democráticos radicales de Cristino Martos y formaban una nueva agrupación política, de la que todavía no se decía el nombre. El nuevo partido sería conservador en lo político y en lo social, y partidario de una República unitaria. El Manifiesto lo firmaron 226 personas.

El Partido Republicano Democrático Unitario tuvo una existencia efímera y no aportó nada nuevo a la dinámica política. Es una anécdota política. El más destacado de sus miembros fue Eugenio García Ruiz, el cual contaba con media docena de amigos en la Asamblea Nacional. Tras el golpe de Estado de Pavía de enero de 1874, García Ruiz fue Ministro de Gobernación, pero se le hizo Ministro para solucionar el conflicto entre Práxedes Mateo Sagasta y Cristino Martos, pues ambos querían ese puesto, y no se le dio a ninguno de los dos. El partido desapareció en marzo de 1874.

En 1875, el partido volvió a intentar renacer bajo el nombre de Partido Republicano Unitario, a partir de los grupos de Ruiz Zorrilla, Cristino Martos y Nicolás Salmerón. Tenían en común que no querían una república unitaria como la de Castelar, ni una república revolucionaria como la de Pi. Su modelo era una república reformista, que descentralizara el poder, pero que no lo hiciera de forma anárquica, que se preocupara por las cuestiohes sociales, pero preservando siempre la paz y el orden público. Incluso no estaban de acuerdo con Ruiz Zorrilla cuando éste propuso imponerse mediante un pronunciamiento.

En febrero de 1875, Ruiz Zorrilla fue expulsado de España porque el Gobierno le consideraba el republicano más peligroso de ese momento, y Ruiz Zorrilla residió en el extranjero hasta 1895. Estuvo 9 años en París en 1875-1884, 2 años en Londres en 1884-1886, un tiempo en Ginebra, y 9 años en París en 1886-1895. El Partido Republicano Unitario no tuvo apenas incidencia en la historia de España.

 

 

Inseguridad política en diciembre de 1873.

 

En diciembre de 1873, Castelar ofreció a Serrano el mando del ejército del norte, lo que confería a Serrano el puesto más importante del ejército en ese momento. Serrano lo rechazó porque no quería empezar todavía la restauración, quizás porque no se había decidido por el candidato a Rey, o tal vez aventurase ser él Presidente de una República conservadora. Desconfiaba de todos y sopesaba la posibilidad de declararse a sí mismo dictador, al estilo francés, hasta que Alfonso tuviese una edad madura, de unos 25 años, para lo cual faltaban todavía ocho años. La idea de Serrano no pudo llevarse a cabo por causa de que Manuel Pavía, tomó las Cortes en enero de 1874, y de que Martínez Campos dio un golpe de Estado en diciembre de 1875.

Casi todos los políticos eran conscientes de que Castelar sería recusado y perdería las votaciones del 2 de enero siguiente, y todos se preparaban para la nueva situación, para el día en que se iban a reunir las Cortes cerradas desde 18 de septiembre. Todos esperaban la apertura de las Cortes para derribar a Castelar. Incluso el Cantón de Cartagena resistía con el objetivo de tener una oportunidad tras la caída de Castelar, y aguantó hasta 12 de enero de 1874, cuando vio que la situación era adversa e irreversible.

En diciembre de 1873 se conocía sobradamente que los monárquicos iban a dar un golpe de Estado. No se sabía si se iba a iniciar una República autoritaria y conservadora o una monarquía. También lo iban a intentar los republicanos federales intransigentes.

En cuanto a las relaciones exteriores, Europa caminaba hacia la estabilización política de las derechas, y no a las revoluciones de las izquierdas, y no apoyaba ya a la República Española.

Respecto a los madrileños, un sector de población muy influyente en la política española, estaban cansados de tantas violencias que no llevaban a nada positivo para las clases medias. Empezaban a valorar la paz mucho más que al república.

Y sobre el conjunto de los españoles, el ambiente era de que la República estaba acabada: los emigrados políticos alfonsinos, tanto los carlistas radicales como los carlistas conservadores, estaban regresando porque percibían el final de un tiempo político y querían estar en el inicio del nuevo periodo que se veía próximo. Unos opinaban que sobrevendría la república unitaria, y otros decían que llegaría la restauración monárquica. Todos estaban de acuerdo que sucedería aquello que el ejército apoyase. Y hasta era posible que Serrano iniciase una República Presidencialista al estilo de la de McMahon en Francia, o algo parecido a lo que hizo el general Monk en Gran Bretaña cuando recuperó a los Estuardo. Los distintos rumores corrían por los mentideros españoles desde el mes de octubre de 1873. El más difundido decía que Serrano se aliaría a Cristino Martos y ambos darían el golpe de Estado el 2 de enero de 1874, el día de la apertura de las Cortes.

La reacción de los republicanos ante estos rumores fue hacer uan alianza entre Figueras, Salmerón y Pi, en contra del Presidente del Poder Ejecutivo, Emilio Castelar.

 

 

Las difíciles navidades de 1873.

 

A finales de diciembre de 1873, el próximo Golpe de Estado estaba cantado. Los republicanos intransigentes tratarían de llevarse la Presidencia del Gobierno y, en ese caso, los moderados y monárquicos darían el golpe de Estado. La calle lo sabía. El día 2 de enero de 1874 iba a ser crucial.

Castelar, en situaciones anteriores, había manifestado que tomar poderes excepcionales era dar ventaja a los federales intransigentes, y que lo más efectivo era actuar desde la legalidad constitucional y respetando siempre el poder legislativo. Pero los militares no pensaban lo mismo. Los militares decían que todo tenía un límite, y que no se podía claudicar frente a los cantonalistas que querían desmembrar España. En diciembre de 1873, los militares sugirieron un “Gobierno de concentración” del que sólo quedasen excluidos los carlistas y los federalistas. Y anunciaron que si Castelar era derrotado, irían al golpe de Estado.

A finales de diciembre de 1873, Castelar se puso muy nervioso cuando se enteró que sus compañeros republicanos le iban a poner la moción de censura el día 2 de enero siguiente. El nerviosismo no se debía tanto a la moción de censura en sí misma, sino a las informaciones que le llegaban de que si ello ocurría, el ejército intervendría y pondría un Gobierno militar. El general López Domínguez, sobrino de Serrano, el general Manuel Pavía, y otros generales, estaban diciendo que no se podía tolerar la vuelta a la situación de más revueltas cantonales, a que el Gobierno no hiciera la guerra a los carlistas, y que se estuviera haciendo el ridículo en Cuba mientras tanto, entre otras cosas, porque estaban muriendo muchos militares a lo tonto. Castelar habló con los generales y estaba al tanto del descontento militar. Se dice que Serrano y Castelar se estaban viendo dos veces por semana y que Serrano se había comprometido con Castelar a conservar la República, pero que sería una República Militar durante seis o siete años, tiempo para acabar con los republicanos federales.

Además, Castelar tenía previsto que, al producirse una situación como la que se le venía encima, propondría a Antonio de los Ríos Rosas[7] como Presidente de la nueva república, y con ello tendría una salida política, pero Ríos Rosas había muerto en noviembre de 1873, y el plan se había roto. Castelar no encontraba un nuevo hombre en el que confiar.

El 22 de diciembre de 1873 hubo restricciones a la prensa, cerrando la prensa extremista intransigente. Con ello, la República, que tanto había protestado a favor de la libertad de prensa, era la que cortaba esa libertad por la que tanto había suspirado.

El 24 de diciembre de 1873, Castelar citó al Capitán General de Castilla la Nueva (Madrid), Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, para rogarle que no dieran el golpe de Estado del que se hablaba. Manuel Pavía era un general muy prestigioso en ese momento: Pavía había estado en el golpe de 1866 apoyando a Prim, se había exiliado, había regresado en 1868 y se había puesto a las órdenes de Ruiz Zorrilla y Cristino Martos, del Partido Radical, el mismo de Prim, los cuales eran en ese momento republicanos, pero conservadores. En julio de 1873, Pavía había sido nombrado Capitán General de Andalucía y Extremadura y había combatido a los cantones de Córdoba, Sevilla, Jerez y Cádiz. Se había dejado algunos muertos por el camino luchando contra los republicanos intransigentes, y no admitía componendas con ellos. Desde septiembre de 1873, Manuel Pavía era Capitán General de Castilla la Nueva (Madrid).

En las conversaciones de 24 de diciembre, Castelar y Pavía constataron que ninguno de los dos quería la vuelta del cantonalismo. Pavía propuso prolongar el cierre de las Cortes y que Castelar siguiera gobernando hasta dominar a los cantonalistas. Castelar se negó, porque declararse dictador de hecho, o gobernar en situación excepcional, era contrario a sus principios. Entonces Pavía le dijo que si Castelar era despuesto el 2 de enero, daría el golpe de Estado e impondría un Gobierno de Concentración Nacional, o Gobierno de conciliación como se llamaba entonces, con representación de todos los partidos, excepto los federales y los carlistas. Informó a continuación de ello a los Capitanes Generales del Norte, Centro y Cataluña, a los líderes del Partido Constitucional y del Partido Radical. Les dijo que daría el golpe y que debían preparar un Gobierno de Concentración Nacional. El golpe no era pues un secreto.

Los socios de Pavía, liberales radicales de Ruiz Zorrilla y los constitucionales de Sagasta, prepararon las medidas complementarias al golpe, y Pavía se entrevistó con los embajadores de Francia y Gran Bretaña para asegurar su aceptación de un nuevo régimen político en España.

Un problema que se planteaba era que el Congreso estaba custodiado por la Guardia Civil y, si era atacado por el ejército, podía haber un tiroteo entre ejército y Guardia Civil, y fracasar todo. Se decidió que Pavía se pusiese en contacto con el coronel Iglesias, jefe de la Guardia Civil, para evitar el conflicto entre ambos cuerpos armados, pues los dos estaban en oposición al desorden republicano intransigente.

 

 

Insistencia republicana en sus planes.

 

El 31 de diciembre se reunieron los líderes republicanos Figueras, Pi y Salmerón para preparar la moción de censura a Castelar, para votar todos en contra de Castelar. Buscaron candidatos alternativos como el Teniente General Mariano Socías del Fangar y Lladó, y Eduardo Chao, que se negaron a prestarse al juego, y por fin encontraron al republicano Eduardo Palanca Asensi[8] en la madrugada del 3 de enero de 1874, cuando éste huía de Madrid y estaba en la estación de ferrocarril, tras haber oído que le buscaban para Presidente.

Todos los grupos políticos estaban pues preparados para el 2 de enero de 1873. No fue una sorpresa para nadie que hubiera cambios. Lo probable era que los republicanos tomaran el poder en las Cortes.

 

 

La caída de Castelar.

 

Efectivamente, La Asamblea Nacional (Cortes) se abrió el 2 de enero de 1874, porque Castelar no quería retrasar su apertura, pues decía que era necesaria la unión de todos los hombres de buena voluntad para salvar a la naciente República.

Habló Castelar sobre su gestión durante los últimos meses, y dijo que observaba aspectos positivos como que la fuerza pública hubiera recobrado su disciplina interna, y que los motines cantonales hubieran cesado por completo hasta el punto de que en adelante ya no serían necesarias las intervenciones militares.

Los republicanos intransigentes, Figueras, Pi y Salmerón, presentaron la “cuestión de confianza” al Gobierno, tal como habían acordado días antes. Salmerón resultaba en este momento aliado de su enemigo Pi i Margall. Criticaban a Castelar por haber luchado contra los Cantones, y no con la misma energía contra los monárquicos carlistas. El discurso era poco racional, y más bien justificativo.

Empezaron los discursos: Rafael María de Labra González Cadrana invitó a Castelar a marcharse. A las 11 de la noche del 2 de enero, Salmerón estaba dando la respuesta a Castelar en tono desairado.

En la madrugada del 3 de enero, se reunieron en Gabinete de Presidencia los líderes republicanos duros: Nicolás Salmerón, Francésc Pi, Estanislao Figueras, José Guisasola y Francisco Rispa Perpignà. El médico José Guisasola era propietario del periódico La Igualdad, que había servido a Figueras, José María Orense, y José Paúl y Angulo, y se oponía a las tesis del periódico de Castelar, El Orden. Rispa había dirigido el periódico El Combate en 1872, pero ante todo era el maestro masónico de la logia Giordano Bruno. Se ratificaron en el acuerdo de 31 de diciembre de votar en contra de Castelar y proponer juntos como nuevo Presidente a Eduardo Palanca Asensi. Y decidieron dar un golpe de Estado si Castelar ganaba la votación: Los Voluntarios de la República tomarían las calles de Madrid y darían el golpe republicano cantonalista.

Eduardo Palanca fue localizado en la Estación del Ferrocarril del Mediodía de Madrid, cuando se disponía a marcharse, pues había oído que le buscaban para Presidente. Fue forzado a acudir al Congreso.

La cuestión de confianza, presentada por Martín de Olías, se votó a las 05:00 horas de la mañana del 3 de enero. Castelar la perdió por 120 a 100 (otros autores dan 110 a 101). Castelar quedaba depuesto como Presidente por haber actuado contra los republicanos sin permiso de las Cortes. El hecho que más pesaba en esa decisión era que el 21 de abril de 1873, Castelar había renegado públicamente del federalismo y sus revoluciones cantonales en un artículo en La Discusión. Después, los cantonalistas fueron derrotados, encarcelados y deportados. León y Castillo envió a Víctor Balaguer a comunicar a Pavía la deposición de Castelar.

 

 

[1] Emilio Castelar Ripoll nació en Cádiz en 1832. En 1836 iba a la escuela en Elda (Alicante), estudió después en el instituto de Alicante y en la Universidad de Madrid, derecho y filosofía. Apareció en política en 1854 con un discurso sobre las libertades políticas y la democracia. En 1863 fundó un periódico, “La Democracia”, de carácter antimonárquico y por ello, por un artículo e su periódico titulado “El Rasgo” en el que censuraba a Isabel II, fue apartado de su cátedra de Historia de España de la Universidad Central en 1865, lo cual provocó alborotos estudiantiles que acabaron en la Noche de San Daniel de 10 de abril de 1865. Estuvo complicado en el levantamiento del Cuartel de San Gil de 1866. Estuvo exiliado hasta 1868. Al regresar fue uno de los tres dirigentes del Partido Republicano (Figueras, Pi y Castelar) y fue elegido diputado en 1869. Pero su idea de la república era unitaria y con libertad de asociación y se oponía al federalismo y al cantonalismo. Fue ministro de Estado en la Presidencia de Figueras. Fue Presidente en septiembre de 1873. Defendía una república en la legalidad y se oponía a los actos de fuerza cantonalistas. En 1876 sería diputado por Barcelona y defendería el sufragio universal la libertad de todos los cultos y el servicio militar obligatorio y estuvo en el Partido Republicano Posibilista que se oponía al Partido Republicano Radical de Ruiz Zorrilla. En mayo de 1893 se integró en el Partido Liberal de Sagasta. Murió en San Pedro del Pinatar (Murcia) en 1899.

 

[2] Juan Antonio Rascón Navarro Seña y Redondo, 1821-1902, conde de Rascón, se había apuntado a la Milicia Nacional siendo un niño, en 1834 ó 1836, y en 1841 ya era capitán de una Compañía de milicianos. Fue abogado y escribió en El Clamor Popular, estuvo en la Junta Superior de Armamento y Defensa de Madrid de Evaristo San Miguel en 1854 y luego salió como embajador español, durante la época de Unión Liberal, a Alemania, Italia, Holanda, Turquía y Gran Bretaña. Fuente: Luis Álvarez Gutiérrez, “El conde Rascón, un embajador del siglo XIX. De la Milicia Nacional a la diplomacia”. Cuadernos de Historia Contemporánea, 2007, 13-24.

[3] Augusto Ulloa Castañón, 1823-1879, era abogado por Santiago de Compostela y entendido en el tema de Cuba desde su puesto de Director General de Ultramar. Fue Ministro de Marina en 1863, Ministro de Fomento en 1864 y sería más adelante, en 1874, Ministro de Estado.

[4] Antonio de los Ríos Rosas, 1812-3 de noviembre de 1873, era un malagueño de Ronda, abogado por la Universidad de Granada, que se había dedidcado a la política desde muy joven, pues ya en 1836 había sido diputado por Málaga. Por entonces era isabelino narvaísta. Empezó a criticar el autoritarismo de Narváez y se sintió a gusto en 1856 entre los unionistas de O`Donnell, para el que fue Ministro de Gobernación en 1856. En 1863 fue Presidente del Congreso de Diputados y empezó a hacer crítica del autoritarismo de Narvçez y de O`Donnell, lo cual le condujo al confinamiento en Canarias. Fue partidario de Amadeo de Saboya en 1871, y en 1873, se hizo simpatizante de Castelar, y el apoyaba en su  política contraria a los pimargalianos, cantonalistas intransigentes e internacionalistas. Murió el 3 de noviembre de 1873.

[5] José López Domínguez, 1829-1911, fue un militar malagueño veterabno de las guerras de Crimea 1854, de África 1859-1860, y de la batalla de Alcolea 1868, junto a Serrano, en la que derrotaron a Manuel Pavía Lacy. En 1873 fue Jefe del Ejército del Norte para luchar contra los carlistas, hasta que Castelar le llamó para luchar contra el Cantón de Cartagena. Volvió a Bilbao y levantó el sitio carlista. En 1874, sería Capitán General de Cataluña, en 1883 feu Ministro de Guerra para Posada Herrera, y en 1906 sería Presidente del Gobierno.

[6] Francisco Ceballos Vargas, 1814-1883, I Marqués de Torrelavega, 1876-1883, nació en Torrelavega, y se alistó en la guardia de Corps de Fernando VII en 1833, pocos días antes de la muerte del Rey. se declaró isabelino, y en 1836-1838 luchó contra los carlistas en el País Vasco y ascendió a coronel. En 1845 fue destinado por primera vez a Cuba. En 1859-1860 estuvo en la Guerra de África de O`Donnell. En 1866 fue encargado de reprimir la sublevación progresista del Cuartel de San Gil. En 1872 fue enviado a Cuba por segunda vez y fue Capitán General y Gobernador cuando la isla estaba ya en guerra civil. en 1873 fue destinado a Cartagena a reprimir los restos del Cantón. En 1875 fue Ministro de Guerra. Estableció hospitales de guerra en Santander para atender a soldados heridos en la Guerra Carlista, y en 1876 recibió el título de Marqués de Torrelavega.

[7] Antonio de los Ríos Rosas, 1812-1873, era un abogado de Ronda (Málaga), de ideología moderada unionista, pero creyente en los verdaderos valores de l liberalismo, por lo que se había opuesto a autoritarismos como el de Narváez. Había creido encontrar una salida policía en Amadeo, pero tras su fracaso, hablaba de la acción conjunta de republicanos benevolentes y liberales, contra la barbarie cantonalista y federalista.

[8] Eduardo Palanca Asensi, 1834-1900, nació en Valencia, pero sus padres se trasladaron a Málaga al poco buscando mejores perspectivas de trabajo, y tras hacer bachillerato en Málaga, pasó a la Universidad de Madrid a hacer Letras y Derecho. Abrió bufete en Málaga y enseguida conectó con demócratas como José Carvajal Hué, José Moreno Micó y Antonio Luis Carrión, que acabaron en el republicanismo federal. En 1868 estuvo en la Junta Revolucionaria de Málaga, que se mantuvo firme frente al general Caballero de Rodas que vino a someterla, pero fueron derrotados en 31 de diciembre de 1868. En enero de 1869 fue diputado republicano federal, al igual que Federico Macías Acosta y Blas Pierrad Alcedar, éste por Ronda. Fue Ministro de Ultramar para Salmerón y tuvo que hacer frente, paradójicamente, a la revolución cantonal de Málaga. Fue propuesto a Presidente del Gobierno el 3 de enero de 1874, pero no llegó a ser proclamado debido al golpe de Estado de Manuel Pavía. Se marchó a Tánger en 1875 y volvió a Málaga para retomar su bufete, aunque siempre se mostró republicano.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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