Conceptos clave: Republica Federal y Federalismo republicano, Gobiernos de Pi, cantones de junio de 1873, cantones de julio de 1873, Pi contra los republicanos intransigentes.

 

 

 

             Gobierno de Pi i Margall,

              11 junio 1873 – 18 julio 1873

 

El 10 de junio de 1873, Figueras había huido de España al tiempo que los republicanos intransigentes habían salido a la calle. El 11 de junio, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar propusieron a Pi para Presidente del Poder Ejecutivo, y la Asamblea Nacional lo aceptó.

Los republicanos intransigentes amenazaban con levantamientos generalizados. A los diputados españoles se les ocurrió entonces que la solución podría ser nombrar Presidente del Poder Ejecutivo al líder de estos republicanos intransigentes, Francesc Pi i Margall, que era un poco más moderado que ellos. Pi tenía cierto prestigio entre los republicanos federales intransigentes por sus teorías sobre una Federación de Estados, en las que España tendría un Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y cada Estado, dentro de su ámbito de competencias, tendría otro Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y cada Municipio, también dentro de sus competencias, tendría instituciones similares. Pero Pi no tenía maduro el planning de competencias de cada nivel, sino que esperaba que se conformara espontáneamente, y los intransigentes se permitían hacer todo tipo de interpretaciones sobre el modelo político español, e incluso contemplaban la desaparición de España como Estado.

Pi y Margall era un abogado estrafalario, bajito, pobre, no demasiado inteligente, pero muy honrado, y resultaba muy popular, sobre todo cuando recurría a manifestaciones de su ascetismo personal. Pero a los pocos días de ejercer como Presidente del Poder Ejecutivo, perdió su popularidad, porque no daba satisfacción a las fantasías que se habían hecho los distintos grupos republicanos federales sobre él.

El 11 de junio de 1873, se proclamó una República Federal, cuyo primer Presidente era Pi i Margall.

Para expresar mejor la utopía de este caballero, hay que decir que permitió que las Cortes perdieran el tiempo en temas insubstanciales, como cuando discutieron si la Virgen María había tenido un solo hijo o varios. En cambio, Pi nunca anunció un plan en el que esbozara los poderes del Gobierno Central, los de las naciones, regiones y municipios, que debían, según él mismo, ser autónomos, las limitaciones de cada ente político resultante, las fronteras entre los nuevos Estados, con lo cual se creó un confusionismo generalizado, y se crearon Cantones descontrolados, inconexos y maximalistas que hacían inviable el proyecto de Estado español.

Pi anunciaba que quería la concordia entre todos los grupos de la Cámara, una generalidad de bonhomía.

Pero Pi no quería una República Federal, sino un Federalismo Republicano, con permanencia del Estado Español, que era una cosa distinta. Para Pi, la realidad de convivencia del Estado español se había manifestado en los últimos 500 años igual de clara que las diferencias regionales.

 

Gobierno de Pi i Margall.

Gobierno 11 junio de 1873 – 18 julio 1873.

Presidente del Poder Ejecutivo, Francisco Pi i Margall, Partido Republicano Democrático Federal.

Estado, José Muro López, Partido Republicano democrático Federal / 28 junio 1873: Eleuterio Maisonnave Cutáyar, Republicano Unitario.

Hacienda, Teodoro Larico Font, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: José Carvajal Hué[1], republicano unitario.

Gracia y Justicia, José Fernández González, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: Joaquín Gil Bergés, republicano unitario.

Guerra, Nicolás Estévanez Murphy, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: Eulogio González Íscar[2], republicano unitario como titular, pero ejercía Eduardo López Carrafa interinamente.

Marina, Federico Aurich Santamaría, militar.

Gobernación, Francisco Pi i Margall, Partido Republicano Democrático Federal.

Fomento, Eduardo Benot Rodríguez, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: Ramón Pérez Costales, Partido Republicano Democrático Federal.

Ultramar, José Cristóbal Sorní Grau, Partido Republicano Democrático Federal / 28 julio 1873: Francésc Sunyer Capdevila, Partido Republicano Democrático Federal.

Era un Gobierno monocolor de Republicanos federales. Pero no gustaba a los intransigentes cantonalistas. Incluso algunos de los tenidos por seguidores de Pi y Margall, se pasaron a los intransigentes y abandonaron a Pi cuando éste nombró un Gobierno no cantonalista. Pi había nombrado un Gobierno de coalición centro-derecha republicana, todos del Partido Republicano Demócrata Federal.

Ante la urgencia del problema cantonalista, Salmerón y Castelar exigieron un Gobierno más homogéneo y que fuera republicano unitario, pues de otro modo, si se aceptaba el cantonalismo, no se podría hacer frente a las guerras, la de Cuba, la carlista y la previsible cantonalista.

Castelar redactó en 24 horas una Constitución republicana federal que pudiera poner de acuerdo a los republicanos, pero los intransigentes no la aceptaron porque no declaraba tajantemente la República Federal cantonalista, tal y como ellos la entendían.

Estamos ante un enfrentamiento entre dos conceptos diferentes:

En la República Federal de los republicanos intransigentes cada cantón sería soberano y el futuro sería del todo incierto, pues sería voluntarista. Los intransigentes, en su teoría de que el pueblo tenía que decidir porque era soberano, exigieron su supremacía sobre el Presidente Pi i Margall. Y exigieron remodelación del Gobierno. Las Cortes deberían ser una Convención Nacional y propusieron que no se aceptase ningún Ministro. Fracasaron, pero el espíritu de rebeldía quedó muy patente. Lo siguiente fue que estos hombres se desplazaron a provincias a organizar núcleos rebeldes, los cantones, es decir, gobiernos populares autónomos y soberanos.

En el Federalismo Republicano de Pi, se organizaría un Estado, con Constitución republicana, Asamblea Nacional, Tribunales de Justicia Federales, y autonomías para las regiones históricas (sin definir) y municipios (sin definir cuáles tendrían o no ese derecho a la autonomía). Las Autonomías eran indefinibles porque no se sabía a dónde evolucionaria la voluntad de los cantones. Los municipios eran políticamente indefinibles porque nadie lo entendía, y quizás Pi i Margall tampoco.

En el panorama de los republicanos, Salmerón y Castelar representaban el ala derecha republicana unitaria, Pi el centro federal republicano, y José María Orense el ala izquierda intransigente cantonalista.

Pi entendió que los intransigentes se rebelaban contra el concepto mismo de Estado y se reforzó en hombres de Castelar, lo contrario de lo que las masas republicanas intransigentes pedían. Pi se daba cuenta de la incongruencia populista y decidió apoyarse en Salmerón y Castelar a los que propuso un Ministerio de Conciliación, pero éstos le contestaron que eso ya se había hecho y no había habido resultados, que lo que se necesitaba era un Ministerio homogéneo que resultara eficaz contra los muchos problemas que España tenía. Pi y los republicanos federales intransigentes habían roto.

 

Remodelación de Gobierno 28 de junio 1873:

Estado, Eleuterio Maisonnave

Gracia y Justicia, Joaquín Gil Bergés

Guerra, Eulogio González Íscar

  Hacienda, José Carvajal Hué

Fomento, Ramón Pérez Costales

Ultramar, Francisco Súñer Capdevila.

El nuevo Gobierno representaba la entrada en el Gobierno de cuatro republicanos unitarios en cuatro Ministerios de gran peso: Estado, Hacienda, Gracia y Justicia, y Guerra.

Sería bueno en este momento, recordar la ideología de Pi i Margall, pero puesto que ya la hemos expuesto anteriormente, en el capítulo 19.17.21., remitimos a esa entrada. Insistimos en el componente utópico de Pi y en la poca elaboración práctica de su teoría política que había desarrollado hasta 1873.

En conclusión, Pi i Margall, una vez Presidente del Poder Ejecutivo y a cargo de los problemas reales de un Estado, se vio enfrentado a las masas que creía capitanear, con ideas diferentes a las de los compañeros de partido que creía colaboradores inquebrantables, y sin posibilidad de hacer nada de lo que había venido predicando durante años. Su reacción fue dimitir inmediatamente, en lo cual fue digno de alabanza, en cuanto a no intentar encastillarse durante años en el poder y no gobernar al margen o en contra de la voluntad del pueblo, apoyado en el ejército y en algún grupo beneficiario de sus favores. Pi no era un caudillo.

 

 

Actuaciones del Gobierno Pi.

 

El 20 de junio se nombró una Comisión para crear un proyecto de Constitución Federal, que nunca llegó a ser aprobada. Eran 27 miembros y los presidía Emilio Castelar. Eran mayoría los benevolentes, pero los intransigentes como Francisco Díaz Quintero, Ramón Cala Barea y Eduardo Benot hacían mucho ruido. Los intransigentes abandonaron en su día al Comisión para elaborar su propio Proyecto Constitucional, el cual nunca llegó a las Cortes.

El proyecto Constitucional fue obra de Emilio Castelar, que redactó el borrador inicial en 24 horas y lo repartió a los comisionados el 26 de julio, fijando la fecha de 2 de agosto para iniciar su discusión. Las reuniones empezaron el 11 de agosto y duraron tres días, pues apenas hubo discusión. El único punto de discrepancia era por qué no se habían reunido el 2 de agosto como estaba programado. En las sesiones de discusión del anteproyecto constitucional, no había apenas nadie en los sillones de las Cortes, ni conservadores, ni republicanso radicales, ni republicanos intransigentes. No les gustaba ir por las Cortes y preferían la calle.

Y Pi presentó un amplio programa de reformas:

Hacer una Constitución

Reparto de tierras a colonos y arrendatarios.

Restablecimiento del ejército para imponer el orden. Reorganizar el ejército de modo que fuera utilizado para usos civiles (aunque también contra los Cantones de los republicanos intransigentes), promocionando las milicias de ciudadanos,

Separación de Iglesia y Estado.

Abolición de la esclavitud en el Caribe.

Enseñanza obligatoria y gratuita.

Limitación del trabajo infantil.

Ampliación del derecho de asociación de forma que fueran legales las asociaciones obreras. Establecer cauces de contacto entre patronos y obreros.

Reducción de la jornada de trabajo a nueve horas.

Regulación del trabajo de los menores y las mujeres, implantar un salario mínimo, ampliar el derecho de asociación a fin de que fueran legales las asociaciones obreras.

Hacer un Estado con Autonomías

Declarar la enseñanza obligatoria y gratuita,

Repartir tierras a los jornaleros y arrendatarios que las trabajaban.

El programa era demasiado amplio, sin bases económicas, sin apoyos políticos suficientes, y condenado al fracaso desde el principio.

Los republicanos federalistas, seguidores de los libros de Pi i Margall, exigieron que esas medidas se cumplieran inmediatamente, puesto que Pi había dicho que los derechos eran exigibles e indeclinables y la soberanía radicaba en el individuo. No estaban dispuestos a esperar la aprobación de una Constitución y de las leyes pertinentes. Algunas regiones se declararon independientes, crearon una policía propia, moneda propia, fronteras y leyes, y fortalecieron el cantonalismo. Como no estaban definidas las nuevas regiones autónomas, cada ciudad medianamente importante se declaró Cantón autónomo.

El 19 de junio de 1873 se creó el Instituto Geográfico y Estadístico, siendo su primer director Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Era un organismo que sucedía a la Junta General de Estadística de 1861 y a la Dirección General de Estadística de 1864. Entre tantos avatares políticos como sucedían en la época, tuvo poca efectividad, pues no controlaba los organismos políticos provinciales y municipales. Pertenecía a Fomento. Tratarían de revitalizarlo en 1902 instaurándolo en capitales de provincia, pero no funcionaría correctamente hasta que llamándose “Instituto Geográfico Catastral y de Estadística” en 1931, tenga acceso a todos los Ministerios del Estado. El 25 de abril de 1902 se intentó imponer un Servicio Municipal de Estadística en todos los Ayuntamientos mayores de 30.000 habitantes y en las capitales de provincia, pero fue mal aceptado y apenas captó más datos que migraciones. En 1932, al intervenir en todos los Ministerios manejaba una pluralidad de datos. En 18 de agosto de 1939 se creará la Dirección General de Estadística en el Ministerio de Trabajo. El 31 de diciembre de 1945 se creará el actual Instituto Nacional de Estadística.

El 23 de junio se hizo una proposición de reparto de la tierra, pero no de los comunales, que no prosperó. Fue el principio de una serie de infructuosos proyectos de ley, de los que ninguno salió adelante, que en síntesis pedían: que no se desamortizaran los propios (23 de junio); que se repartieran los comunes entre los pobres (12 de julio); que se devolvieran los comunes desamortizados a los pueblos (6 de agosto); que se repartieran entre los braceros las tierras mal cultivadas (18 de agosto). La única ley aprobada fue la de 20 de agosto redimiendo los foros, pero fue derogada el 20 de febrero de 1874 nada más caer la República.

El 30 de junio de 1873, Pi pidió poderes excepcionales para organizar la guerra contra los carlistas. Los diputados cantonalistas o intransigentes se opusieron, por principio, a conceder medidas excepcionales. Pi obtuvo el permiso, o poderes dictatoriales, en contra de sus propios diputados cantonalistas (o izquierda republicana). Castelar había pedido diez antes la dictadura para salvar a la República. Pero no toda la derecha republicana estaba de acuerdo.

En julio de 1873 hubo elecciones municipales. En Madrid la abstención fue del 88%. Salió un Ayuntamiento populista intransigente, que sería disuelto por Castelar, meses más tarde, por organizadores de alborotos.

 

 

La oposición al Gobierno de Pi.

 

Protestaron ante Pi los republicanos unitarios por el caos que Pi había originado, y a su vez, los republicanos federales acusaron a Pi de pacato, de no haberse atrevido a proclamar la República Federal que él mismo había anunciado, lo cual justificaba sus sublevaciones cantonales. Pi no gustaba a ninguno de los sectores republicanos.

Los militares prepararon un nuevo intento de golpe de Estado desde junio de 1873. Lo protagonizaban esta vez Balmaseda, Martínez Campos, Gasset, Marchesi, Bassols, el coronel Iglesias, con la colaboración de la Guardia Civil. Se retrasaron en la preparación del golpe y, al final, la dimisión de Pi y ascenso de Salmerón hizo que abandonaran el proyecto.

El 19 de junio los obreros de Barcelona pedían autonomía para el municipio, y constituyeron un Comité de Salud Pública, que fue disuelto por los Voluntarios de la Libertad el 20 de junio por orden del alcalde Buxó.

 

 

  Los movimientos cantonales de junio.

 

El nombramiento de Pi para Presidente del Poder Ejecutivo, fue una catástrofe personal para su prestigio político, pues ni hizo lo debido para contener a los intransigentes, ni dio satisfacción a los intransigentes. Se vio atrapado por la contradicción entre sus propias ideas y la realidad, provocó más rebeliones republicanas y, al final, fue despedido y sustituido en la Presidencia del Poder Ejecutivo el 18 de julio de 1873, momento en que los intransigentes se lanzaron a la revolución generalizada y violenta, inicio de una guerra civil, la guerra cantonalista de 1873.

Desde finales de abril, los intransigentes habían organizado un Comité de Salud Pública, al estilo de la Revolucion Francesa. En junio, hicieron un plan de levantamientos populares por toda España, en organismos autónomos y soberanos que denominaron “cantones”. Cada diputado intransigente tenía asignado el cantón que debía sublevar en caso necesario, a fin de que el levantamiento fuera de tipo generalizado.

Los movimientos cantonales eran una respuesta populista contra los que querían hacer una República federal ordenada y racional, controlada desde arriba. Los populistas querían una república desde abajo, salida de las asambleas populares de cada momento, un régimen asambleario, que actuara por improvisación. Como todos sabemos que las masas no saben de las complicaciones de la política en Ministerios, Gobierno, y Gobiernos provinciales y municipales, en la práctica, era un intento de teóricos populistas de hacerse con el poder, cada uno para poner en práctica su utopía personal en su puelo. Como los españoles estaban hartos de los políticos normales, que siempre prometían y nunca cumplían, que caían en la corrupción, que mentían y que les acribillaban a impuestos, aceptaron a los nuevos mesías que surgían por todos lados. Durante el Gobierno de Pi i Margall hubo muchos intentos, pero después de Pi, cuando Salmerón intentó acabar con ellos, todavía hubo más.

En junio de 1873 tuvo lugar una sublevación de carácter socialista anarquista en Jerez de la Frontera. Ya se habían levantado en marzo. Pero en junio, los trabajadores del campo promovieron una huelga general para pedir la supresión del trabajo a destajo y exigir que todos fueran contratados a jornal diario. Hubo varias semanas de paro. El alcalde decidió decretar estado de excepción y emplear la caballería contra los piquetes de huelguistas. Una vez tomada la ciudad de Jerez de la Frontera, se estableció allí el ejército, y utilizó la ciudad como base de operaciones para reprimir levantamientos comunales y comunistas de ciudades cercanas.

Otro caso distinto es el de Sevilla, que en junio de 1873 echó de la ciudad a parte de la guarnición que representaba al Gobierno de España. Pi les escribió un telegrama pidiéndoles que cesara la rebelión. Pi creó el Ejército de Andalucía y puso a su mando al general Ripoll, republicano federal, encargándole que impidiera el cantonalismo que también había surgido en Córdoba, Écija y Málaga.

El 28 de junio se reanudó el movimiento anarquista de Sanlúcar de Barrameda. El primer movimiento se había producido en febrero de 1873. La revuelta empezó con motivo de que un juez ordenara cerrar el local del Consejo de la Internacional de Trabajadores. Inmediatamente, y en previsión de violencias, los latifundistas y comerciantes de la ciudad abandonaron sus domicilios, porque temían los ataques campesinos. Efectivamente, los revolucionarios tomaron la ciudad y constituyeron un Comité de Salvación Pública o Gobierno Revolucionario Comunal. El Comité de Salvación Pública abolió los impuestos indirectos, puso tributos nuevos a los propietarios y ordenó exclaustar los conventos. Este Comité se mantuvo 33 días en el poder, hasta la llegada del ejército. En ese momento, centenares de trabajadores fueron detenidos, encarcelados o deportados.

El 30 de junio de 1873, el Gobernador Civil de Madrid, Juan Hidalgo Caballero, emitió un bando en el que anunciaba que las garantías constitucionales le estorbaban para perseguir a los federales intransigentes independentistas. Inmediatamente los intransigentes pidieron a Pi la destitución de Juan Hidalgo. Pi se negó.

 

 

Ruptura entre Pi y los intransigentes.

 

Los intransigentes abandonaron las Cortes el 1 de julio de 1873. Se quedó en las Cortes José Navarrete, el líder del grupo parlamentario republicano intransigente, aunque ya no estaba su grupo de federales intransigentes. La razón de que se quedara se vio al día siguiente:

José Navarrete, emitió un manifiesto el 2 de julio de 1873 diciendo que la burguesía había puesto sus esperanzas en la República Federal porque había creído las promesas de reducción del presupuesto del Estado y la disminución de los impuestos, había creído en la concesión de muchas reformas sociales, descentralización administrativa y abolición de quintas. Pero el Gobierno Republicano Federal les había defraudado porque: no había hecho las reformas sociales y políticas dichas, había aumentado los impuestos con excusa de la guerra carlista, e incluso había pactado con los progresistas radicales, que en ese momento se declaraban republicanos, pero eran monárquicos a su parecer. Incluso éstos, habían obtenido puestos en la Administración y en el Gobierno. En cambio no había disuelto el ejército, la fuerza con que el poder oprimía al pueblo.

Navarrete acusó a Castelar de enemigo del pueblo porque había dicho que estaba habiendo “exceso de República, exceso de libertad, y exceso de democracia”. Dijo que sólo un movimiento total purificaría la política. Anunció “la tormenta purificadora” del ambiente que conduciría a “un orden de la fuerza del hierro”. Navarrete iba en contra incluso de los republicanos unitarios como Castelar, es decir, significaba la radicalización completa del republicanismo.

Pi contestó a Navarrete que el republicanismo federal era algo muy distinto de lo que Navarrete anunciaba. No era provocar insurrecciones, no era que el pueblo provocase conflictos y perturbaciones del orden público que luego costaba mucho tiempo erradicar, y que la insurrección y desorden no conducían a la revolución.

Navarrete insistió en que sólo la acción y la agitación revolucionaria podían depurar la sociedad.

Los diputados intransigentes, que abandonaron el Congreso, se fueron a sus pueblos a organizar la lucha en los Cantones. El 2 de julio, mientras en las Cortes se producía la discusión entre Navarrete y Pi, los diputados intransigentes dimisionarios del día anterior, estaban ya por las diversas ciudades españolas preparando los levantamientos cantonales, la anunciada “violencia regeneradora”.

Los republicanos intransigentes constituyeron una Junta Republicana cuyo Presidente honorífico fue José María Orense marqués de Albaida, y vocales fueron Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, el general Juan Contreras San Román, el general Fernando Pierrad, Roque Barcia y Manuel Fernández Herrero. La presidencia de José María de Orense, ya muy viejo, de 70 años de edad, no tenía sentido, pero les daba prestigio.

 

 

Los movimientos cantonales de julio.

 

El 7 de julio de 1873 se produjo la rebelión en Alcoy. Era una revolución de tipo socialista internacionalista AIT. El alcalde, Agustí Albers “Pelletes”, tuvo la mala idea de ordenar abrir fuego contra el grupo de obreros que se estaba manifestando frente a “su Ayuntamiento”, y los obreros asaltaron el Ayuntamiento y mataron al alcalde. Severiano Albarracín, maestro del pueblo, exigió la dimisión del alcalde y la formación de una Junta Revolucionaria y un Comité de Salud Pública que asumiera el poder del Ayuntamiento. Y el 9 de julio declararon independiente a la ciudad de Alcoy, es decir, crearon el primer Cantón. El éxito de la huelga fue total, pero los empresarios se negaron a subir los salarios. La fuerza pública atacó a los internacionalistas y mató a uno. Las masas se lanzaron contra las fábricas y contra los propietarios y hubo 16 muertos más. Llegó el ejército el 13 de julio, tropas republicanas federales, y los internacionalistas huyeron. Los sindicalistas contraatacaron y se adueñaron de la ciudad. Los sindicatos dominaron la ciudad durante unos meses, hasta septiembre de 1873. La represión fue muy dura. Los acontecimientos de Alcoy fueron conocidos como la “revolució del petroli”.

El 12 de julio, Antonio Gálvez Arce “Antoñete” declaró el Cantón en Cartagena.

El 18 de julio de 1873, Roque Barcia, director de la Justicia Federal, presentó en el Centro Republicano de Madrid dos proposiciones de los intransigentes: un Directorio Federal integrado por intransigentes, y la formación de Cantones en todas las ciudades de España. Los intransigentes presentes en el Centro Republicano se sumaron a la propuesta y formaron un “Comité de Salud Pública”, el cual debía coordinar las sublevaciones cantonales en provincias, una “Comisión de Guerra” presidida por el teniente general Juan Contreras San Román que se encargaría de dar la adecuada asistencia técnica a los cantones.     Emigdio Santamaría se comprometió a sublevarse en Valencia. Pedregal y otros, a sublevarse en Sevilla. Fermín Salvoechea, a sublevarse en Cádiz, para lo cual pidió el asesoramiento de Juan Contreras. Jerónimo Poveda se comprometió a sublevarse en Murcia. Antonio Gálvez Arce, “Antoñete” se comprometió a liderar Cartagena. Otros se comprometieron en Barcelona, en Béjar y en Salamanca.

El 8 de marzo de 1873, los federales exaltados proclamaron de nuevo el Estado Federal Catalán. Formaron la “Junta de Salud Pública” y exigieron el mando sobre el ejército. Proclamaron el Estado Cantonal. Por ello, la declaración de 8 de marzo es distinta de la de 21 de febrero. Pero los cantonalistas eran minoría. La Diputación de Barcelona disolvió el ejército y creó, en su lugar un “ejército de voluntarios”.

En julio de 1873, Cataluña hizo un nuevo intento de proclamación del Estado Catalán aprovechando las rebeliones cantonales surgidas por toda España. Su mayor dificultad fue que se opuso el coronel de la Guardia Civil, Cayetano Freixas, y que el Gobierno de Madrid amenazó con la intervención militar. Entonces, la Junta Suprema de Salvación y Defensa se disolvió. Inmediatamente hubo contrarreacción carlista. Como los socialistas desistieron de formar Cantón ellos, el cantonalismo de Barcelona quedó en nada.

El 23 de junio hubo en Sevilla una revuelta popular. Las masas saquearon el museo, los comercios e industrias, y también casas de particulares, algunas de las cuales eran incendiadas. El 24 de junio llegaron algunos soldados a imponer el orden.

Los sublevados se constituyeron en Junta Revolucionaria, proclamaron el Cantón de Sevilla y se definieron como “república federal y social”. Conformaban esta Junta Revolucionaria de Sevilla: Juan Ponce, Luis Díaz, Lázaro Palomera, Ricardo Ripoll, Miguel Pidala, Miguel Mingorance, Narciso Marco, Deomarco, Juan Manuel Rodríguez, José Muñoz, Carlos Sainz, Melchor Lavilla y Luis González.

El 17 de julio había llegado la orden de los intransigentes de Madrid de que se generalizaran las insurrecciones. El 18 de julio volvió la insurrección, y el 19 de julio Sevilla proclamó el Cantón Federal de Andalucía Baja en el antiguo Convento de los Terceros Franciscanos, reconvertido en cuartel. Los anarquistas AIT eran los protagonistas de esta rebelión. Era Presidente Pedro Balboa, Vicepresidente Manuel Giráldez y vocales: Moquez, Mingorance y Ariza.

Anteriormente a los sucesos de julio, el 12 de febrero de 1873, los jefes federales locales constituyeron Junta de Gobierno en Montilla y decidieron hacerse con el control del movimiento populista que tenían delante

En julio de 1873, las masas de montillanos no se dejaron manipular por los burgueses sino que se lanzaron directamente contra las propiedades y las vidas de los burgueses que les habían sometido meses antes.

El 12 de julio de 1873 los federales intransigentes de Cartagena hicieron Junta Revolucionaria a fin de proclamar Cantón.

El 17 de julio se proclamó Cantón en Valencia a iniciativa Emigdio Santamaría y José Antonio Guerrero. Valencia fue un Cantón “regionalista” y burgués.

 

Por su gran extensión, dedicaremos un capítulo aparte a estos grandes cantones de julio de 1873. Será el 18.17.26.

 

 

Pi ante el cantonalismo.

 

Los republicanos decidieron poner a Pi al frente del Poder ejecutivo el 11 de junio de 1873. Pi era el líder más prestigioso del federalismo. Entonces Pi tuvo que enfrentarse a sus propias contradicciones, y no fue capaz de dominar el movimiento cantonal:

El 30 de junio Pi pidió poderes excepcionales para luchar contra los carlistas en el País Vasco y contra los regionalistas-cantonalistas en Cataluña. Fue una decepción para los republicanos intransigentes que consideraban a Pi uno de los suyos.

Pero Pi no quería atacar a los cantonalistas, sino que se aferró a la idea de aprobar lo más pronto posible una Constitución federal, y tras ello, llegar a acuerdos con los sublevados. El Ministro de Ultramar, Francisco Suñer Capdevila, anunció el plan de Pi: Se combatiría a los carlistas; Se castigaría a los incendiarios y asesinos, como era el caso de los de Alcoy; pero no se atacaría a los cantonalistas en general, porque eran hermanos políticos de los republicanos federales de Pi, ni incluso cuando estaba demostrado que incurrían en delito de sedición.

La postura de Pi era una dejación de funciones del Presidente del Gobierno. Y la Asamblea Nacional fue consciente de ello:

El 14 de julio, José Profumo Dodero, diputado republicano por Cartagena, sector unitario, acusó a Pi de haberse cruzado de brazos ante las insurrecciones que estaban surgiendo por toda España. La Asamblea Nacional decidió enviar contra los Cantones a la fuerza pública y ello provocó la dimisión de Pi y Margall pocos días más tarde.

El 14 de julio se declaró huelga general en Barcelona, al tiempo que los carlistas estaban atacando el norte de Cataluña. Los internacionalistas catalanes pasaron del antimilitarismo bakuninista a la militancia activa en milicias ciudadanas.

 

 

Los proyectos de Constitución.

 

El 16 de junio de 1873 se había nombrado una Comisión Constitucional integrada por 25 diputados, de los cuales eran del grupo de Castelar: Emilio Castelar; Eduardo Palanca; Santiago Soler Pla; Eduardo Chao; y Eleuterio Maissonave. Eran del grupo de Salmerón: Nicolás Salmerón; Joaquín Gil Berges; Manuel Pedregal Cañedo; y Rafael Carrera Royo. Eran del grupo de Pi i Margall: Francisco Pi i Margall; y José Antonio Guerrero. También estaban Luis del Río Ramos y Francisco de Paula Canalejas.

En realidad aparecieron varios proyectos, además del de Castelar, que venían siendo elaborados por los republicanos desde hacía tiempo:

El primer proyecto databa de 1870 y estaba elaborado por Nicolás Salmerón y Eduardo Chao. Este proyecto proponía la separación completa de Iglesia y Estado y la división de España en 17 Estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico entre ellos).

El segundo proyecto apareció el 14 de julio de 1873 y estaba elaborado por Francisco Díaz Quintero, Ramón de Cala Barea y Eduardo Benot, fue leído en Cortes en 16 de junio y desechado por dimisión del Gobierno de Pi en 17 de julio. Pedían hacer asambleas provinciales y que cada Asamblea decidiese si se declaraba Estado o se unía a otra provincia para formar Estado. Los Estados se conformarían por acuerdos interprovinciales libres y voluntarios, según la jerarquía de valores y soberanía cuya cúspide radicaba en el individuo, luego en el municipio, después en el cantón y por último en el Estado. Cada nivel por encimas del individuo tendría derecho a su propia Constitución. Nadie tendría derecho a contradecir la Constitucion Federal.

El Proyecto de Constitución de Pi i Margall se basaba en la idea de que el hombre, por su dignidad soberana, es un ser ingobernable por los demás. Cada individuo debe pactar con los demás en orden a la convivencia unos pactos libres, susceptibles de ser cambiados en cada momento por cada una de las partes, unos pactos sencillos entre pocas personas, que darán lugar a pactos más complejos entre grupos cada vez más extensos. El poder siempre estaría constituido desde abajo y cada uno de los pactantes debía conservar el poder de modificar, o dejar de aceptar los pactos. El conjunto social elemental sería el Cantón, el cual se debía organizar en torno a un sistema determinado de producción que permitiera el libre y pacífico intercambio de productos. De esta teoría tan compleja y utópica, el pueblo español sólo entendió que había que organizarse en Cantones, y que de esa manera todos serían libres y felices. En verano de 1873, la eclosión de los Cantones fue impresionante. Algunos Cantones abarcaban un pequeño municipio, otros eran un valle y una región judicial, y algunos una región natural entera, o un antiguo reino medieval.

El proyecto de Constitución de Pi de 1873 organizaba el territorio español en tres niveles: Municipios, Estados y Nación. Los Municipios serían autónomos y estarían dotados de una constitución local y representación de los tres poderes: Ayuntamiento, Alcalde y Juez. Los Estados serían autónomos y soberanos y cada uno de ellos tendría su propia constitución y representación de los tres poderes. El territorio se organizaba en “Cantones” que, básicamente, en el pensamiento de Pi, serían las provincias existentes en el momento (la realidad fue muy distinto a lo imaginado por Pi). El conjunto de los Ayuntamientos y Estados, generaría la Federación Ibérica, que incluía a territorios de España y de Portugal. La Federación Ibérica tendría su propia Constitución, y también representación de los tres poderes. El Congreso de la Nación se formaba por un diputado cada 50.000 habitantes elegidos por sufragio universal, proporcional y directo, y el Senado, por 4 senadores de cada Estado, designados por el Parlamento correspondiente. El Presidente de la Federación Ibérica sería Jefe del Gobierno Federal y Jefe del Ejército. La unidad española venía asegurada por un Tribunal Supremo Federal, integrado por jueces que accederían por oposición, que pondría la ley por encima de las veleidades de los distintos Estados. Quizás el término “español” está mal utilizado aquí, puesto que los republicanos pensaban en una federación de territorios peninsulares que incluía a Portugal.

En la práctica, aprobar una Constitución era muy difícil pues era casi imposible que hubiera entendimiento entre las muchas facciones republicanas como los republicanos puros, los cimbrios posibilistas, los repùblicanso unitarios, los republicanos federales benévolos, los republicanos federales intransigentes. Cada uno tenía su propio modelo de república.

El proyecto de Castelar constaba de un título preliminar y 17 títulos ordianrios, que se ordenaban en 117 artículos. Se basaba en la Constitución de 1869 española y en la Constitución de los Estados Unidos. De la Constitución de 1869 había tomado 29 artículos que los copió casi literalmente y los incluyó en el Titulo Preliminar. No hubo debate sobre ninguno de ellos. El mayor problema a resolver era el modelo de república que se adoptaría, y Castelar le había dedicado los títulos 3º y 4º: declaraba Estado a cada una de las regiones españolas que había fijado Javier de Burgos en 1832. Y también declaraba Estado a Cuba (que dejaba de ser por ello colonia), y la posibilidad de declarar Estado a Filipinas y Fernando Poo. Se respetaban así los antiguos reinos medievales, o al menos eso creían, pues la división territorial de Javier de Burgos no era exactamente eso. Cada Estado tendría capacidad para modificar la división provincial del territorio de su competencia.

El municipio sería autónomo a todos los niveles y estaría dotado de un legislativo representado en el Ayuntamiento, un ejecutivo personificado en el Alcalde, y un judicial ejercido por un Tribunal Municipal elegido por sufragio universal directo.

El Estado estaría constituido por cuatro poderes: legislativo de las Cortes, ejecutivo del Gobierno, judicial del cuerpo judicial, y de relación ejercido por el Presidente de la República.

El presidente de la República sería elegido por sufragio universal indirecto y su mandato duraría cuatro años. Sus poderes serían: nombrar y separar Presidentes del Gobierno; la iniciativa legislativa; la promulgación de las leyes; el nombramiento de embajadores; el derecho de gracia; el poder de convocar Cortes de modo extraordinario; y velar por la legalidad de las Constituciones Federales de los Estados miembros.

El poder judicial estaría encabezado por un Tribunal Supremo formado con tres magistrados de cada Estado Federado.

 

 

 Presentación del Proyecto Constitucional de Castelar.

 

El 17 de julio, Emilio Castelar dio lectura en las Cortes a un Proyecto de Constitución Federal de la República Española, para evitar la lectura de un proyecto de los republicanos intransigentes. Lo había preparado en 24 horas. Trataba de llenar el vacío que dejaba Pi y Margall, el cual había teorizado mucho sobre el federalismo, pero no había dado ningún modelo concreto y había generado mucha confusión entre los republicanos federales.

Pi entendió perfectamente el mensaje de Castelar, y pidió la moción de confianza. El resultado fueron 93 votos a favor de Pi y 119 en contra. Las Cortes reaccionaron culpabilizando a Pi de perder el sentido de Estado español.

 

 

La dimisión de Pi i Margall.

 

Por fin, los pequeños burgueses como Pi, Figueras, Salmerón y Castelar, se dieron cuenta de que no controlaban el movimiento cantonal que creían que era su apoyo, que los cantonalistas eliminaban cualquier poder existente, atentaban contra las personas y contra las propiedades, que su autoridad sobre los cantones era más teórica que real.

En Cataluña, Pi pidió a los cantonalistas que se disolvieran, el coronel de la Guardia Civil, Cayetano Freixas, decidió imponer la autoridad de Madrid y el regionalismo fracasó en Cataluña.

El 18 de julio, Pi dimitió ante las Cortes. Los intransigentes le llamaban traidor a la República, y Pi les contestó que él había sido Presidente del Poder Ejecutivo mediante un pacto con los republicanos unitarios y, por tanto, no debía lealtad a los intransigentes sino a la palabra dada a los unitarios con los que había pactado. Había permanecido en el poder 37 días, se había enfrentado a sus propias ideas y a sus propios correligionarios, y había fracasado estrepitosamente.

La causa de la dimisión de Pi era que una cosa es teorizar redactando un libro, y otra cosa es someter a los cantones que se habían independizado y que tenían que acatar una Constitución. Actuar contra las rebeliones era enfrentarse a la izquierda republicana, y no actuar, era enfrentarse a todos los demás grupos políticos, republicanos y monárquicos. Pi debía optar entre las ideas difundidas por él mismo de soberanía popular de las asambleas populares, manifestadas en cada momento a través de comités populares, y la posibilidad de un proyecto político sostenido por un Gobierno de forma estable, sin atender a los continuos cambios de opinión de los cantonalistas. La conciliación de ambas ideas era imposible. Pi no tenía carácter para reprimir a nadie, y dimitió. El encargado de someter a los cantonalistas fue Nicolás Salmerón, el siguiente Presidente del Poder Ejecutivo.

Pi era un utópico y no hizo frente con decisión al carlismo, a la indisciplina dentro de su partido, a la crisis de hacienda. Salmerón y Castelar se lo reprochaban en las Cortes y la realidad se impuso sobre las teorías de Pi, haciéndole dimitir.

A partir de este momento cabían dos caminos: o la solución republicana revolucionaria de resolver los problemas políticos del país dejando que los demás problemas se resolvieran solos, o la solución conservadora de mantener el orden público a toda costa y no destruir lo que ya se tenía, sino buscar soluciones políticas con tiento y con tiempo. Pi se inclinó por la solución de negociar con concesiones a los Cantones, pero las Cortes no estaban dispuestas a concesiones, y defendían que había que sofocar primero las rebeliones, y luego conceder las libertades políticas republicanas, y no al revés. Evidentemente no se podía negociar de forma global y generalizada con Cantones que unos eran regionalistas, otros localistas, unos populistas, otros libertarios, otros marxistas, y la mayoría irracionales, que querían lo imposible: trabajo para todos proporcionado por el Estado, bien sirviendo en Voluntarios de la República y funcionarios del Comité de Salvación Pública correspondiente (para ello expulsaban a los viejos funcionarios y se colocaban ellos), bien en jornales altos, con jornadas reducidas a la mitad de tiempo, eliminando a los propietarios burgueses como explotadores. Era la utopía llevada al grado máximo.

Pi dimitió el 18 de julio. Se sentía impotente. Los intransigentes le acusaron de traidor y de ambicioso.

Nicolás Salmerón fue el nuevo Presidente del Poder Ejecutivo de la República.

En resumen, el 18 de julio había en España cuatro focos revolucionarios importantes, que eran Barcelona, Valencia, Baja Andalucía y Murcia: Barcelona era un cantón muy complicado, con carlismo, socialismo internacional, federalismo republicano, y centralismo barcelonés sobre el resto de Cataluña; Valencia era un cantón de tipo conservador que había proclamado el Estado Regional y había sido secundado por Castellón. Baja Andalucía tenía muchas sublevaciones diferentes (Cádiz, Granada, Jaén, Andújar y Córdoba), y Cádiz era muy importante por ser la base naval más importante de España. Murcia era especialmente significativa pues Cartagena era una de las bases navales españolas.

 

 

[1] José Carvajal Hué, 1835-1899 fue ministro de Hacienda en junio de 1873, y de Estado en septiembre de 1873. Era accionista de Ferrocarriles Andaluces (Ronda- Málaga) y de la Caja de Ahorros de Ronda.

[2] Eulogio González Íscar 1817-1897 fue un militar de infantería que había sido partidario de Espartero y de Prim en su tiempo, y fue ministro de Guerra en junio de 1873 y en julio de 1873.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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