GOBIERNO NICOLÁS SALMERÓN[1].

18 julio 1873 – 4 septiembre 1873

 

Presidente del Poder Ejecutivo, Nicolás Salmerón Alonso. Partido Republicano Democrático Federal.

Estado, Santiago Soler Pla. Republicano unitario.

Hacienda, José Carvajal Hué. Republicano unitario.

Gracia y Justicia, Pedro José Moreno Rodríguez, Partido Republicano Democrático Federal.

Guerra, Eulogio González Íscar. Republicano unitario.

Marina, Jacobo Oreyro Villavicencio. Republicano unitario.

Gobernación, Eleuterio Maisonnave Cutayar. Republicano unitario.

Fomento, José Fernando González. Partido Republicano Democrático Federal.

Ultramar, Eduardo Palanca Asensi. Partido Republicano Democrático Federal.

Continuaban del Gobierno anterior los titulares de Guerra y de Hacienda.

Nicolás Salmerón fue designado Presidente del Poder Ejecutivo el 18 de julio de 1873 por 119 votos. Ya se estaban quedando solos los republicanos puros, y de los 258 votos de Figueras y su Gobierno de coalición con los radicales, quedaban menos de la mitad de los escaños en apoyo del Gobierno. La crisis de los republicanos era evidente. Pero como los repubicanos federales habían abandonado las Cortes, Salmerón podía aparecer como líder de los que se habían quedado.

 

 

Los carlistas durante el Gobierno Salmerón.

 

El 16 de julio de 1873, Carlos VII había entrado en España por Zagarramurdi y se puso personalmente al frente del ejército carlista.

El 16 de julio de 1873, día anterior a la presentación del proyecto de la Constitución Federal en la Asamblea Nacional, el obispo de Seo de Urgel, José Caixal, ungió en el santuario de Loyola como Rey de España a Carlos VII, al estilo medieval, y éste se instaló en Estella, la ciudad por antonomasia del carlismo. La parodia de la coronación no logró su efecto, que era que las potencias europeas le reconociesen, así que Carlos VII decidió poner sitio a Bilbao para desde allí reivindicar ese reconocimiento internacional. Allí acudió Serrano y logró levantar el sitio en abril.

Carlos VII estuvo en España hasta febrero de 1876, mientras su esposa Margarita de Parma, con quien se había casado en 1867, estaba en Pau, dirigiendo hospitales de guerra a través de una institución que llamaba “La Caridad”. Mantenía hospitales en Santurce, Irache y en el sur de Francia.

La República Española cambió al jefe del ejército gubernamental 4 veces, tantas como de presidente, y fueron sucesivamente Domingo Moriones Murillo[2], Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque, Ramón Nouvilas Rafols[3] y José Sánchez Bregua[4]. En la lucha, todos se mostraron inoperantes y a la defensiva, limitándose a defender el telégrafo y el ferrocarril de los sabotajes carlistas.

En agosto de 1873 el Papa Pío IX nombró vicario general castrense carlista a José Caixal, obispo de Urgel, lo cual era tomar bando y apostar por el carlismo. Los carlistas progresaron todo el periodo de la República e incluso tomaron Estella. La estancia en España de Carlos VII no fue del todo positiva para su causa, pues José Caixal, creía que el comportamiento de Carlos VII y de su Corte era inmoral e irreligioso.

Los carlistas se dividieron en “activistas” y “legalistas”. Los primeros querían el levantamiento militar a toda costa. Los segundos querían que la causa carlista triunfase por acatamiento de todos los españoles y sin necesidad de otra guerra civil. Como la mayoría de las masas conservadoras católicas españolas era alfonsina, los legalistas no tenían nada que hacer. Y como los activistas eran pocos, su derrota militar era segura en cuanto se acabasen las dificultades cantonalistas del Gobierno de España.

Uno de los legalistas de 1873 era el viejo Ramón Cabrera Griñó, el en otros tiempos belicoso y cruel líder carlista. Cabrera no veía factible una sublevación y menos una guerra civil, y llegó a ponerse en contra de los activistas. No obstante, los activistas iniciaron su guerra, conocida como Tercera Guerra Carlista, aunque el título de “guerra” nos parece un tanto pretencioso.

La ocasión de los carlistas surgió porque la mayor parte del ejército del norte desertó, como ya dijimos que también lo hicieron en el sur los acosados por el cantonalismo. Los carlistas aprovecharon para ocupar el País Vasco y Navarra, excepto las ciudades, y allí organizaron un Gobierno con sus sellos de correos, periódico, telégrafo, recaudación de tributos y una fábrica de armas en Eibar. La apariencia era de que renovaban las bases territoriales, pero sólo era un espejismo transitorio.

Su gran debilidad era que carecían de artillería y de caballería. Su punto fuerte fue que consiguieron la solidaridad de Cataluña, Valencia y Aragón. Su derrota final consistió en que cada grupo carlista sintió la llamada “cantonalista-regionalista” de defender su tierra y desertar en cuanto se les sacaba de la misma, con lo cual no había un carlismo, sino docenas de ellos independientes los unos de los otros.

Una vez restaurado un poder central en enero de 1874, el carlismo estaba condenado al fracaso: Cataluña se manifestaba por Alfonso XII, Martínez Campos se manifestó en diciembre en Sagunto por Alfonso XII y con ello se perdieron los apoyos levantinos al carlismo.

En 1875, el Gobierno monárquico de Alfonso XII, atacó a los carlistas aragoneses y dividió el territorio en guerra en dos territorios, uno vasco y otro catalán. En enero y febrero de 1876 acabaron con los vascos, y en marzo, la guerra se terminó porque los carlistas huyeron a Francia.

 

 

Los alfonsinos durante la crisis repúblicana.

 

Cánovas se entrevistó con Manuel Gutiérrez de la Concha[5], marqués de Duero, para hacerle jefe militar del movimiento alfonsino, ofreciéndole con ello la posibilidad de llegar al mando supremo del ejército. Manuel Gutiérrez de la Concha aceptó.

El 4 de agosto de 1873, Isabel II designó jefe del partido alfonsino a Antonio Cánovas del Castillo. Isabel II no tenía simpatía alguna por Cánovas y, de hecho en 1865, cuando O`Donnell le quiso nombrar ministro de Ultramar, le había suprimido de la lista. El motivo de la discordia es que Cánovas quería eliminar a gran parte de la camarilla de Isabel II, concretamente las monjas y sacerdotes, para dar seriedad a la causa alfonsina. Manuel Antonio de Acuña Dewitte marqués de Bedmar y José Osorio Silva[6] duque de Sesto siguieron luchando por Cánovas, mientras la Reina buscaba líderes alfonsinos en las personas del general Reina (posiblemente José María de Reyna Frías Latorre I conde de Oricaín), Carlos Marfori y José Güell i Renté, fracasando todas las veces.

En 1873, José Osorio Silva duque de Sesto, Alejandro de Castro y Jacinto María Ruiz volvieron a presentar la candidatura de Cánovas, y el 4 de agosto hubo una reunión en Francia entre Isabel II de Borbón, Alfonso de Borbón, el duque de Sesto, Mariano Roca de Togores y Carrasco I marqués de Molins, general Reina (posiblemente José María de Reyna Frías de la Torre), Alejandro de Castro, Jacinto María Ruiz y Antonio Cánovas, en la que salió designado éste como jefe del partido alfonsino.

El 22 de agosto, Isabel II firmó un documento concediendo a Cánovas plenos poderes para hacer y deshacer. En esta ocasión, Cánovas conoció la actualidad del príncipe Alfonso y se alegró de ver un joven despierto e inteligente, lo cual facilitaría mucho el trabajo restaurador. Pero Cánovas decidió esperar a la mayoría de edad del príncipe. No estuvo desacertado pues mientras tanto, la República fracasó, y un montón de problemas desaparecieron para el futuro Rey de España. También en ese tiempo, Francisco Serrano se desacreditó por no tener coherencia política. Y Cánovas no necesitó de folletos de propaganda ni de actos públicos para desacreditar a los contrarios o para proponer a Alfonso. Se limitaba a entrevistarse con la gente conveniente para constatar que la salida política para España era la monarquía alfonsina.

 

 

El Proyecto Constitucional de Castelar. Análisis.

 

El 18 de julio de 1873 se empezó a discutir el Proyecto Constitucional de Emilio Castelar.

El modelo de Estado era republicano, asumiendo las viejas aspiraciones progresistas de separación de Iglesia de Estado, libertad de cultos y abolición de los títulos de nobleza.

Los Estados federados serían los antiguos Reinos de España, más Cuba y Puerto Rico. Incomprensiblemente no se contaba con León, uno de los reinos más trascendentales y con historia propia más larga. Eran a saber: Andalucía Alta; Andalucía Baja; Aragón; Asturias; Baleares; Canarias; Castilla la Nueva; Castilla la Vieja; Cataluña; Cuba; Extremadura; Galicia; Murcia; Navarra, Puerto Rico; Valencia; y Regiones Vascongadas. Los Estados Regionales federados tenían la posibilidad de modificar las fronteras provinciales establecidas en 1832.

La soberanía recaía en en conjunto de todos los ciudadanos. Sería “representativa” de modo que el poder fuera ejercido por las instituciones del Estado: Municipio; Estado Regional; y Estado Federal o Nación, por personas idóneas para ejercer el gobierno. Trataba de evitar el populismo.

Los Municipios tendrían límites en las leyes emitidas por el Estado Regional.

Los Estados Regionales tendrían límites en las competencias atribuidas al estado Federal o Nación. Tendrían derecho a su propia Constitución, la cual no podía en ningún caso contradecir los principios de la Constitución Federal. Tendrían derecho a Gobierno propio y a Asamblea Legislativa propia. En ningún caso podrían legislar contra los derechos individuales, contra la unidad e integridad de España, ni contra la Constitución Federal. No se podía erigir un Estado dentro de otro Estado, con lo cual, los Estados Regionales que se constituyeran en 1873 serían prácticamente definitivos.  Tampoco se podrían unir en el futuro dos Estados Regionales, sino con autorización previa de las Cortes Federales.

Las competencias de los Estados Regionales serían: regir su propia política; industria; hacienda; obras públicas; Caminos regionales; beneficencia; instrucción; policía de seguridad interior (nunca en número tan grande que pudiera ser considerada ejército), y todos los asuntos no atribuidos al Gobierno Federal.

Los ciudadanos españoles tendrían iguales derechos en todos los Estados Regionales de España.

Las competencias del Gobierno Federal o de la Nación eran: relaciones exteriores; tratados internacionales de paz y comercio; declaraciones de guerra; mediación en conflictos territoriales entre Estados Regionales; conservación de la unidad e integridad española; fuerzas armadas; correos; telégrafos; ferrocarriles y caminos generales, tantopor tierra como por mar, y las obras públicas de interés general para el Estado Federal; la deuda nacional; los empréstitos nacionales; las contribuciones y rentas necesarias para pagar los servicios federales; el gobierno de territorios y colonias dependientes de España; el envío de cobradores de tributos a los Estados Regionales y el mando de las fuerzas militares necesarias para obligar a los Estados Regionales a guardar las leyes federales; los Códigos generales; la moneda, pesos y medidas a fin de que fueran iguales para todos; las aduanas y aranceles; la sanidad, faros y navegación; los montes, minas y canales de riego; una Universidad Federal, y cuatro Escuelas Normales de Agricultura, Artes y Oficios, que se instalarían en distintas ciudades españolas; la gestión de bienes y derechos de la Nación; el orden público y la declaración de estado de guerra civil; el restablecimiento de la ley por la fuerza ante sublevaciones contra la Federación.

La división de poderes: los poderes del Estado serían cuatro: Legislativo que residiría en las Cortes, Ejecutivo que residiría en los Ministros, Judicial que residiría en los jurados y los jueces, y de Representación que residiría en el Presidente de la República.

Elegibilidad: El Presidente y el Vicepresidente de la República serían elegidos por Juntas Electorales votadas en cada uno de los Estados Regionales en número de componentes doble al de representantes que ese Estado tuviera en las Cortes. Serían proclamados en las Cortes. En caso de que ningún candidato tuviera la mayoría absoluta, las Cortes elegirían entre los dos candidatos con más votos de las Juntas Electorales. El Presidente y el Vicepresidente serían elegidos por cuatro años y no serían reelegibles.

Las Cortes se compondrían de dos Cámaras: Congreso Federal y Senado Federal, renovables cada dos años. El Congreso Federal sería elegido directamente por los ciudadanos en razón de un diputado por cada 50.000 habitantes. El Senado Federal sería elegido por las Cortes de cada Estado Regional a razón de cuatro senadores por Estado Regional, independientemente del tamaño y población que tuvieran los Estados Regionales.

Competencias y limitaciones de los gobernantes: el Senado tendría voto suspensivo de una ley por un máximo de tres años, pero nunca tendría poder legislativo, que sería exclusivo del Congreso. Los Diputados y Senadores no podrían compatibilizar su cargo con el de Ministros. El Gobierno no podría asistir a las deliberaciones del Congreso ni del Senado.

El Tribunal Supremo Federal, estaría integrado por tres magistrados de cada Estado Regional. Sus competencias versarían en resolver y dirimir conflictos constitucionales y recursos de aconstitucionalidad, litigios entre Estados Regionales y litigios entre poderes públicos.

El poder ejecutivo: El Presidente del Consejo de Ministros sería nombrado por el Presidente de la República, y éste designaría a sus Ministros para el Gobierno.

 

 

La discusión de la Constitución de Castelar.

 

La discusión se hizo sobre el proyecto de Emilio Castelar a partir de 11 de agosto de 1873.

En principio, el proyecto Castelar no les había gustado a los intransigentes, que habían puesto el veto al proyecto Castelar. Lideraban el veto: Francisco Díaz Quintero, Ramón de Cala y Eduardo Benot. Pero estos diputados retiraron su veto el 8 de agosto, porque lo único que estaban haciendo era retrasar el hecho de que hubiera una Constitución, cuando la realidad era que había muchos problemas en España. Comprendieron que, o apoyaban la Constitución de Castelar, o no habría ninguna Constitución.

El modelo de Constitución intransigente defendía que los intransigentes pedían que se configuraran espontáneamente todos los Estados Regionales que los españoles deseasen, y habían acuñado el concepto de “Cantón”. Un Cantón sería la asociación de varias provincias limítrofes, sin necesidad de respetar tampoco los límites provinciales existentes en ese momento. Los intransigentes pedían la plenitud de soberanía de cada Cantón, excepto en los temas que el cantón delegase por propia iniciativa en la Constitución Federal. Admitían que la República Federal era necesaria para garantizar la independencia, la libertad y los derechos de los ciudadanos. Y admitían que los Cantones no pudieran unirse a naciones distintas a España. Y también que los Cantones aportaran dinero y hombres para la defensa de la Nación, cuando las Cortes Federales hicieran una movilización. Los intransigentes admitían que los Cantones no podrían poner impuestos sobre temas ya gravados por el Estado Federal, ni tampoco por motivos de tránsito de caminos o ríos por su territorio, ni podrían poner aduanas entre cantones españoles. Y admitían que no podrían hacer pactos entre Cantones. La disconformidad era pues una cuestión de soberanía, el poder de decidir en cada Cantón, y el concepto de que el Estado Federal sería producto del acuerdo entre Cantones.

El debate iniciado el 11 de agosto, se suspendió el 14 de agosto porque no lograban entenderse en lo más mínimo. El Partido Constitucional y el Partido Radical decían que era una Constitución preparada para la ruptura de España. y los intransigentes volvieron a las ideas del veto al proyecto de Castelar de soberanía cantonal.

El 20 de agosto, Castelar retiró definitivamente su proyecto de Constitución razonando que el sur de España se había entregado a la “demagogia roja”, mientras el norte lo había hecho a la “demagogia blanca”, y no tenía sentido seguir discutiendo entre personas que no querían acordar nada.

 

 

Crisis del Gobierno de Salmerón.

 

Los rebeldes cantonalistas fueron juzgados y condenados por tribunales militares. La izquierda acusó a Salmerón de tratar a los cantonalistas como a criminales, cuando se trataba de delitos políticos. Salmerón creyó que todo era cuestión de poner muchos guardias civiles y movilizar muchos más reservistas (unos 80.000), y las condenas le sorprendieron sin la decisión suficiente. Salmerón no quiso firmar ninguna pena de muerte y dimitió el 6 de septiembre.

 

 

 

[1] Nicolás Salmerón Alonso nació en Alhama la Seca (Almería) en 1838. Estudio Derecho y Filosofía y Letras en Granada. Marchó a Madrid y entró en contacto con Sanz del Río, un krausista. En 1858 era profesor del Instituto de San Isidro de Madrid. En 1866 fue catedrático de filosofía. En 1867 fue encarcelado acusado de ser revolucionario republicano. En 1869 era catedrático de Metafísica en Madrid, y se afilió al Partido Democrático. En 1868 se pasó al federalismo, pero discrepaba en varias cosas con Pi y Margall, discrepó del republicanismo acusándole de falta de ideas, de falta de madurez y fue rechazado por los republicanos. En 1873 fue ministro de Gracia y Justicia de Figueras y se esforzó por hacer una legislación laica. Se fue haciendo cada vez más conservador dentro del republicanismo y se negó a colaborar con Pi y Margall con el que no tenía ninguna simpatía. Las tesis de Salmerón eran incorporar a los sectores conservadores al modelo republicano, lo cual haría perdurable la república, y eso implicaba que la república no debía ser un monopolio de los “republicanos”. Llegó a Presidente de la República en julio de 1873. En 1874 fue destituido de su cátedra y se exilió a Francia. Allí colaboró con Ruiz Zorrilla en la fundación del Partido Republicano Progresista. Regresó a España en la amnistía de 1881 y fue diputado en 1886, representando a la minoría republicana. En 1887 fundó un nuevo partido llamado Partido Republicano Centralista que pretendía reunificar a los republicanos, como siempre había defendido. Y le llegó la vejez: En 1903 lo volvió a intentar con Unión Republicana, pero ahora apoyando al regionalismo catalán, idea contra laque había luchado en tiempos de Pi, y acabó siendo defensor del catalanismo y de los solidarios, rompiendo así con todo su pensamiento anterior y con los líderes de su propio partido, que incluso le obligaron a dimitir como presidente de Unión republicana. Murió en Pau en  20 de septiembre de 1908.

[2] Domingo Moriones Murillo, 1823-1881, marqués de Oroquieta, 1872-1881, había derrotado a los carlistas en Oroquieta en 1872, y fue nombrado Capitán General de Castilla la Nueva y General en Jefe del Ejército del Norte en 1873. En 1877, fue Capitán General de Filipinas.

[3] Ramón Nouvillas Rafols, 1812-1880, derrotó a Cabrera en 1849, fue Capitán General de Cataluña en 1872, Ministro de Guerra y Jefe del Ejército del Norte para Pi en junio-julio de 1873, y fue vencido por el carlista Savalls en Castelfollit.

[4] José Sánchez Bregua, 1818-1897, fue militar “chusquero” en Filipinas 1844-1850, y en la Guerra de África, pero fue ascendiendo y en 1868 llegó a general y Subsecretario de Guerra para el Gobierno Prim. Luego fue Ministro de Guerra para Castelar en septiembre de 1873-enero de 1874.

[5] Manuel Gutiérrez de la Concha había nacido en Tucumán (Argentina) y era hijo de un brigadier español que murió en la Guerra de Independencia americana, y hermano de José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana, que fue capitán general de Cuba. La fortuna militar de Manuel sobrevino cuando en 1832 se opuso a un golpe de Estado que pretendía Carlos María Isidro, salvando a María Cristina y a su hija Isabel, lo que le convirtió en un favorito de María Cristina. Conspiró contra Espartero en 1842 y tuvo que huir a Londres, y participó en el derrocamiento de Espartero de 1843. La Triple Alianza le encomendó un ejército para apoyar a María de la Gloria, reina de Portugal, contra el conde Das Antas, y Manuel venció a Das Antas en Oporto en junio de 1847 por lo que fue ascendido a capitán general. Se casó con la condesa de Cancelada, una rica propietaria, que le permitió gastar su dinero en empresas agrícolas e industriales que iban fracasando una tras otra. En 1873 se hizo cabeza militar del alfonsinismo. En 1874 fue llamado por Serrano para dirigir el Tercer Cuerpo de Ejército del Norte, y Manuel fue a Santander, y desde allí a Somorrostro, diseñando un plan para levantar el sitio de Bilbao, y se hizo con éxito. Desde allí fue a Estella, el centro del carlismo, pero fue derrotado en Monte Muru y muerto en combate. Cánovas había perdido su más firme apoyo en el ejército. Serrano, enemigo personal de Manuel, se declaró muy dolido, pero en el fondo estaba contento, pues se abría la posibilidad de su dictadura personal. Cánovas se puso a buscar otro jefe militar para el alfonsinismo.

[6] José Osorio Silva, 1835-1910, alias Pepe Alcañices, marqués de Alcañices y duque de Sesto, había sido preceptor de Alfonso XII.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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