EL GOBIERNO PI

 

 

             Gobierno de Pi i Margall,

              11 junio 1873 – 18 julio 1873

 

El 10 de junio de 1873, Figueras había huido de España al tiempo que los republicanos intransigentes habían salido a la calle. El 11 de junio, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar propusieron a Pi para Presidente del Poder Ejecutivo, y la Asamblea Nacional lo aceptó.

Los republicanos intransigentes amenazaban con levantamientos generalizados. A los diputados españoles se les ocurrió entonces que la solución podría ser nombrar Presidente del Poder Ejecutivo al líder de estos republicanos intransigentes, Francesc Pi y Margall, que era un poco más moderado que ellos. Pi tenía cierto prestigio entre los republicanos federales intransigentes por sus teorías sobre una Federación de Estados, en las que España tendría un Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y cada Estado, dentro de su ámbito de competencias, tendría otro Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y cada Municipio, también dentro de sus competencias, tendría instituciones similares. Pero Pi no tenía maduro el planning de competencias de cada nivel, sino que esperaba que se conformara espontáneamente, y los intransigentes se permitían hacer todo tipo de interpretaciones sobre el modelo político español, e incluso conemplaban la desaparición de España como Estado.

Pi y Margall era un abogado estrafalario, bajito, pobre, no demasiado inteligente, pero muy honrado, y resultaba muy popular, sobre todo cuando recurría a manifestaciones de su ascetismo personal. Pero a los pocos días de ejercer como Presidente del Poder Ejecutivo, perdió su popularidad, porque no daba satisfacción a las fantasías que se habían hecho los distintos grupos republicanos federales sobre él.

El 11 de junio de 1873, se proclamó una República Federal, cuyo primer Presidente fue Pi i Margall. Su programa era hacer una Constitución, separar la Iglesia del Estado, reorganizar el ejército de modo que fuera utilizado para usos civiles (aunque también contra los Cantones de los republicanos intransigentes), promocionar las milicias de ciudadanos, la abolición de la esclavitud en el Caribe, la jornada de nueve horas, la regulación del trabajo de los menores y las mujeres, implantar un salario mínimo, establecer cauces de contacto entre patronos y obreros, ampliar el derecho de asociación a fin de que fueran legales las asociaciones obreras, hacer un Estado con Autonomías, declarar la enseñanza obligatoria y gratuita, repartir tierras a los jornaleros y arrendatarios que las trabajaban. El programa era demasiado amplio, sin bases económicas, sin apoyos políticos suficientes, y condenado al fracaso desde el principio.

Para expresar mejor la utopía de este caballero, hay que decir que permitió que las Cortes perdieran el tiempo en temas insubstanciales, como cuando discutieron si la Virgen María había tenido un solo hijo o varios. En cambio, Pi nunca anunció un plan en el que esbozara los poderes del Gobierno Central, los de las naciones, regiones y municipios, que debían, según él mismo, ser autónomos, las limitaciones de cada ente político resultante, las fronteras entre los nuevos Estados, con lo cual se creó un confusionismo generalizado, y se crearon cantones descontrolados, inconexos y maximalistas que hacían inviable el proyecto de Estado español.

Pero Pi no quería una República Federal, sino un Federalismo Republicano, con permanencia del Estado Español. Para Pi, la realidad de convivencia del Estado español se había manifestado en los últimos 500 años igual de clara que las diferencias regionales. No era esa la idea de los republicanos intransigentes. Y los líderes intransigentes republicanos se opusieron a que Pi gobernase. Estamos ante un enfrentamiento entre dos conceptos diferentes: la República Federal de los republicanos intransigentes y el federalismo republicano de Pi. En el primer concepto, cada cantón sería soberano y el futuro sería del todo incierto, pues sería voluntarista. En el concepto pimargaliano, se organizaría un Estado, con Constitución republicana, Asamblea Nacional, Tribunales de Justicia Federales, y autonomías para las regiones históricas (sin definir) y municipios (sin definir cuáles tendrían o no ese derecho a la autonomía). Las Autonomías eran indefinibles porque no se sabía a dónde evolucionaria la voluntad de los cantones. Los municipios eran políticamente indefinibles porque nadie lo entendía, y quizás Pi y Margall tampoco.

En el panorama de los republicanos, Salmerón y Castelar representaban el ala derecha republicana unitaria, Pi el centro federal republicano, y José María Orense el ala izquierda intransigente cantonalista.

 

 

Gobierno de Pi i Margall.

Gobierno 11 junio de 1873 – 18 julio 1873.

Presidente del Poder Ejecutivo, Francisco Pi i Margall, Partido Republicano Democrático Federal.

Estado, José Muro López, Partido Republicano democrático Federal / 28 junio 1873: Eleuterio Maisonnave Cutáyar, Republicano Unitario.

Hacienda, Teodoro Larico Font, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: José Carvajal Hué[1], republicano unitario.

Gracia y Justicia, José Fernández González, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: Joaquín Gil Bergés, republicano unitario.

Guerra, Nicolás Estévanez Murphy, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: Eulogio González Íscar[2], republicano unitario como titular, pero ejercía Eduardo López Carrafa interinamente.

Marina, Federico Aurich Santamaría, militar.

Gobernación, Francisco Pi i Margall, Partido Republicano Democrático Federal.

Fomento, Eduardo Benot Rodríguez, Partido Republicano Democrático Federal / 28 junio 1873: Ramón Pérez Costales, Partido Republicano Democrático Federal.

Ultramar, José Cristóbal Sorní Grau, Partido Republicano Democrático Federal / 28 julio 1873: Francésc Sunyer Capdevila, Partido Republicano Democrático Federal.

Era un Gobierno monocolor de Republicanos federales. Pero no gustaba a los intransigentes cantonalistas. Incluso algunos de los tenidos por seguidores de Pi y Margall, se pasaron a los intransigentes y abandonaron a Pi cuando éste nombró un Gobierno no cantonalista. Pi había nombrado un Gobierno de coalición centro-derecha republicana, todos del Partido Republicano Demócrata Federal.

Ante la urgencia del problema cantonalista, Salmerón y Castelar exigieron un Gobierno más homogéneo y que fuera republicano unitario, pues de otro modo, si se aceptaba el cantonalismo, no se podría hacer frente a las guerras, la de Cuba, la carlista y la previsible cantonalista.

Castelar redactó en 24 horas una Constitución republicana federal que pudiera poner de acuerdo a los republicanos, pero los intransigentes no la aceptaron porque no declaraba tajantemente la República Federal cantonalista, tal y como ellos la entendían.

Los intransigentes, en su teoría de que el pueblo tenía que decidir, exigieron su supremacía sobre el Presidente Pi i Margall. Y exigieron remodelación del Gobierno.

Pi entendió que se rebelaban contra el concepto mismo de Estado y se reforzó en hombres de Castelar, lo contrario de lo que las masas republicanas intransigentes pedían. Pi se daba cuenta de la incongruencia populista y decidió apoyarse en Salmerón y Castelar a los que propuso un Ministerio de Conciliación, pero éstos le contestaron que eso ya se había hecho y no había habido resultados, que lo que se necesitaba era un Ministerio homogéneo que resultara eficaz contra los muchos problemas que España tenía. Pi y los republicanos federales intransigentes habían roto.

 

Remodelación de Gobierno 28 de junio 1873:

Estado, Eleuterio Maisonnave

Gracia y Justicia, Joaquín Gil Bergés

Guerra, Eulogio González Íscar

Hacienda, José Carvajal Hué

Fomento, Ramón Pérez Costales

Ultramar, Francisco Súñer Capdevila.

Representaba la entrada en el Gobierno de cuatro republicanos unitarios en cuatro Ministerios de gran peso: Estado, Hacienda, Gracia y Justicia, y Guerra.

Sería bueno en este momento, recordar la ideología de Pi i Margall, pero puesto que ya la hemos expuesto anteriormente, en el capítulo 19.17.14., remitimos a esa entrada. Insistimos en el componente utópico de Pi y en la poca elaboración práctica de su teoría política que había desarrollado hasta 1873.

En conclusión, Pi i Margall, una vez Presidente del Poder Ejecutivo y a cargo de los problemas reales de un Estado, se vio enfrentado a las masas que creía capitanear, con ideas diferentes a las de los compañeros de partido que creía colaboradores inquebrantables, y sin posibilidad de hacer nada de lo que había venido predicando durante años. Su reacción fue dimitir inmediatamente, en lo cual fue digno de alabanza, en cuanto a no intentar encastillarse durante años en el poder y no gobernar al margen o en contra de la voluntad del pueblo, apoyado en el ejército y en algún grupo beneficiario de sus favores. Pi no era un caudillo.

 

 

Actuaciones del Gobierno Pi.

 

El 16 de junio se nombró una Comisión para crear un proyecto de Constitución Federal, que nunca llegó a ser aprobada.

Y también se presentó un amplio programa de reformas:

Reparto de tierras a colonos y arrendatarios.

Restablecimiento del ejército para imponer el orden.

Separación de Iglesia y Estado.

Abolición de la esclavitud.

Enseñanza obligatoria y gratuita.

Limitación del trabajo infantil.

Ampliación del derecho de asociación de forma que fueran legales las asociaciones obreras.

Reducción de la jornada de trabajo.

Los republicanos federalistas, seguidores de los libros de Pi i Margall, exigieron que esas medidas se cumplieran inmediatamente, puesto que Pi había dicho que los derechos eran exigibles e indeclinables y la soberanía radicaba en el individuo. No estaban dispuestos a esperar la aprobación de una Constitución y de las leyes pertinentes. Algunas regiones se declararon independientes, crearon una policía propia, moneda propia, fronteras y leyes y fortalecieron el cantonalismo. Como no estaban definidas las nuevas regiones autónomas, cada ciudad medianamente importante se declaró Cantón autónomo.

El 19 de junio de 1873 se creó el Instituto Geográfico y Estadístico, siendo su primer director Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Era un organismo que sucedía a la Junta General de Estadística de 1861 y a la Dirección General de Estadística de 1864. Entre tantos avatares políticos como sucedían en la época, tuvo poca efectividad, pues no controlaba los organismos políticos provinciales y municipales. Pertenecía a Fomento. Tratarán de revitalizarlo en 1902 instaurándolo en capitales de provincia, pero no funcionará correctamente hasta que llamándose “Instituto Geográfico Catastral y de Estadística” en 1931, tenga acceso a todos los Ministerios del Estado. El 25 de abril de 1902 se intentó imponer un Servicio Municipal de Estadística en todos los Ayuntamientos mayores de 30.000 habitantes y en las capitales de provincia, pero fue mal aceptado y apenas captó más datos que migraciones. En 1932, al intervenir en todos los Ministerios manejaba una pluralidad de datos. En 18 de agosto de 1939 se creará la Dirección General de Estadística en el Ministerio de Trabajo. El 31 de diciembre de 1945 se creará el actual Instituto Nacional de Estadística.

El 23 de junio se hizo una proposición de reparto de la tierra, pero no de los comunales, que no prosperó. Fue el principio de una serie de infructuosos proyectos de ley, de los que ninguno salió adelante, que en síntesis pedían: que no se desamortizaran los propios (23 de junio); que se repartieran los comunes entre los pobres (12 de julio); que se devolvieran los comunes desamortizados a los pueblos (6 de agosto); que se repartieran entre los braceros las tierras mal cultivadas (18 de agosto). La única ley aprobada fue la de 20 de agosto redimiendo los foros, pero fue derogada el 20 de febrero de 1874 nada más caer la República.

El 30 de junio de 1873, Pi pidió poderes excepcionales para organizar la guerra contra los carlistas. Los diputados cantonalistas o intransigentes se opusieron, por principio, a conceder medidas excepcionales. Pi obtuvo el permiso, o poderes dictatoriales, en contra de sus propios diputados cantonalistas (o izquierda republicana). Castelar había pedido diez antes la dictadura para salvar a la República. Pero no toda la derecha republicana estaba de acuerdo.

 

 

Oposición al Gobierno de Pi.

 

Protestaron ante Pi los republicanos unitarios por el caos que Pi había originado, y a su vez, los republicanos federales acusaron a Pi de pacato, de no haberse atrevido a proclamar la República Federal que él mismo había anunciado, lo cual justificaba sus sublevaciones cantonales. Pi no gustaba a ninguno de los sectores republicanos.

Los militares prepararon un nuevo intento de golpe de Estado desde junio de 1873. Lo protagonizaban esta vez Balmaseda, Martínez Campos, Gasset, Marchesi, Bassols, el coronel Iglesias, con la colaboración de la Guardia Civil. Se retrasaron en la preparación del golpe y, al final, la dimisión de Pi y ascenso de Salmerón hizo que abandonaran el proyecto.

El 19 de junio los obreros de Barcelona pedían autonomía para el municipio, y constituyeron un Comité de Salud Pública, que fue disuelto por los Voluntarios de la Libertad el 20 de junio por orden del alcalde Buxó.

 

 

  Los movimientos cantonales de junio-julio.

 

El nombramiento de Pi para Presidente del Poder Ejecutivo, fue una catástrofe para él y para España, pues ni hizo lo debido para contener a los intransigentes, ni dio satisfacción a los intransigentes. Se vio atrapado por la contradicción entre sus propias ideas y la realidad, provocó más rebeliones republicanas y, al final, fue despedido y sustituido en la Presidencia del Poder Ejecutivo el 18 de julio de 1873, momento en que los intransigentes se lanzaron a la revolución generalizada y violenta, inicio de una guerra civil, la guerra cantonalista de 1873.

En junio de 1873 tuvo lugar una sublevación de carácter socialista anarquista en Jerez de la Frontera. Ya se habían levantado en marzo. Pero en junio, los trabajadores del campo promovieron una huelga general para pedir la supresión del trabajo a destajo y exigir que todos fueran contratados a jornal diario. Hubo varias semanas de paro. El alcalde decidió decretar estado de excepción y emplear la caballería contra los piquetes de huelguistas. Una vez tomada la ciudad de Jerez de la Frontera, se estableció allí el ejército, y utilizó la ciudad como base de operaciones para reprimir levantamientos comunales y comunistas de ciudades cercanas.

Otro caso distinto es el de Sevilla, que en junio de 1873 echó de la ciudad a parte de la guarnición que representaba al Gobierno de España. Pi les escribió un telegrama pidiéndoles que cesara la rebelión. Pi creó el Ejército de Andalucía y puso a su mando al general Ripoll, republicano federal, encargándole que impidiera el cantonalismo que también había surgido en Córdoba, Écija y Málaga.

El 28 de junio se reanudó el movimiento anarquista de Sanlúcar de Barrameda. El primer movimiento se había producido en febrero de 1873. La revuelta empezó con motivo de que un juez ordenara cerrar el local del Consejo de la Internacional de Trabajadores. Inmediatamente, y en previsión de violencias, los latifundistas y comerciantes de la ciudad abandonaron sus domicilios, porque temían los ataques campesinos. Efectivamente, los revolucionarios tomaron la ciudad y constituyeron un Comité de Salvación Pública o Gobierno Revolucionario Comunal. El Comité de Salvación Pública abolió los impuestos indirectos, puso tributos nuevos a los propietarios y ordenó exclaustar los conventos. Este Comité se mantuvo 33 días en el poder, hasta la llegada del ejército. En ese momento, centenares de trabajadores fueron detenidos, encarcelados o deportados.

El 30 de junio de 1873, el Gobernador Civil de Madrid, Juan Hidalgo Caballero, emitió un bando en el que anunciaba que las garantías constitucionales le estorbaban para perseguir a los federales intransigentes independentistas. Inmediatamente los intransigentes pidieron a Pi la destitución de Juan Hidalgo. Pi se negó. Los intransigentes abandonaron las Cortes el 1 de julio de 1873. Se quedó en las Cortes José Navarrete, el líder del grupo parlamentario republicano intransigente, aunque ya no estaba su grupo de federales intransigentes. La razón de que se quedara se vio al día siguiente.

José Navarrete, emitió un manifiesto el 2 de julio de 1873 diciendo que la burguesía había puesto sus esperanzas en la República Federal porque había creído las promesas de reducción del presupuesto del Estado y la disminución de los impuestos, había creído en la concesión de muchas reformas sociales, descentralización administrativa y abolición de quintas. Pero el Gobierno Republicano Federal les había defraudado porque: no había hecho las reformas sociales y políticas dichas, había aumentado los impuestos con excusa de la guerra carlista, e incluso había pactado con los progresistas radicales, que en ese momento se declaraban republicanos, pero eran monárquicos a su parecer. Incluso éstos, habían obtenido puestos en la Administración y en el Gobierno. En cambio no había disuelto el ejército, la fuerza con que el poder oprimía al pueblo.

Navarrete acusó a Castelar de enemigo del pueblo porque había dicho que estaba habiendo “exceso de República, exceso de libertad, y exceso de democracia”. Dijo que sólo un movimiento total purificaría la política. Anunció “la tormenta purificadora” del ambiente que conduciría a “un orden de la fuerza del hierro”. Navarrete iba en contra incluso de los republicanos unitarios como Castelar, es decir, significaba la radicalización completa del republicanismo.

Pi contestó a Navarrete que el republicanismo federal era algo muy distinto de lo que Navarrete anunciaba. No era provocar insurrecciones, no era que el pueblo provocase conflictos y perturbaciones del orden público que luego costaba mucho tiempo erradicar, y que la insurrección y desorden no conducían a la revolución.

Navarrete insistió en que sólo la acción y la agitación revolucionaria podían depurar la sociedad.

Los diputados intransigentes, que abandonaron el Congreso, se fueron a sus pueblos a organizar la lucha en los Cantones. El 2 de julio, mientras en las Cortes se producía la discusión entre Navarrete y Pi, los diputados intransigentes dimisionarios del día anterior, estaban ya por las diversas ciudades españolas preparando los levantamientos cantonales, la anunciada “violencia regeneradora”.

Los republicanos intransigentes constituyeron una Junta cuyo Presidente honorífico fue José María Orense marqués de Albaida, y vocales fueron Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, el general Juan Contreras San Román, el general Fernando Pierrad, Roque Barcia y Manuel Fernández Hererro. La presidencia de José María de Orense, ya muy viejo, de 70 años de edad, no tenía sentido, pero les daba prestigio.

El 7 de julio de 1873 se produjo la rebelión en Alcoy. Era una revolución de tipo socialista internacionalista AIT. El alcalde Agustí Albers “Pelletes”, tuvo la mala idea de ordenar abrir fuego contra el grupo de obreros que se estaba manifestando frente a “su Ayuntamiento”, y los obreros asaltaron el Ayuntamiento y mataron al alcalde. Severiano Albarracín, maestro del pueblo, exigió la dimisión del alcalde y la formación de una Junta Revolucionaria y un Comité de Salud Pública que asumiera el poder del Ayuntamiento. Y el 9 de julio declararon independiente a la ciudad de Alcoy, es decir, crearon el primer Cantón. El éxito de la huelga fue total, pero los empresarios se negaron a subir los salarios. La fuerza pública atacó a los internacionalistas y mató a uno. Las masas se lanzaron contra las fábricas y contra los propietarios y hubo 16 muertos más. Llegó el ejército el 13 de julio, tropas republicanas federales, y los internacionalistas huyeron. Los sindicalistas contraatacaron y se adueñaron de la ciudad. Los sindicatos dominaron la ciudad durante unos meses, hasta septiembre de 1873. La represión fue muy dura. El hecho fue conocido como la “revolució del petroli”.

El 18 de julio de 1873, Roque Barcia, director de la Justicia Federal, presentó en el Centro Republicano de Madrid dos proposiciones de los intransigentes: un Directorio Federal integrado por intransigentes, y la formación de Cantones en todas las ciudades de España. Los intransigentes presentes en el Centro Republicano se sumaron a la propuesta y formaron un “Comité de Salud Pública”, el cual debía coordinar las sublevaciones cantonales en provincias, una “Comisión de Guerra” presidida por el teniente general Juan Contreras San Román que se encargaría de dar la adecuada asistencia técnica a los cantones.     Emigdio Santamaría se comprometió a sublevarse en Valencia. Pedregal y otros, a sublevarse en Sevilla. Fermín Salvoechea, a sublevarse en Cádiz, para lo cual pidió el asesoramiento de Juan Contreras. Jerónimo Poveda se comprometió a sublevarse en Murcia. Antonio Gálvez Arce, “Antoñete” se comprometió a sublevarse en Cartagena. Otros se comprometieron en Barcelona, en Béjar y en Salamanca.

 

 

El Cantón regionalista catalán.

 

Joan Mañé i Flaquer, 1823-1901, director del Diario de Barcelona, empezó a hablar de “provincianismo” en su periódico para significar los que hoy conocemos como regionalismo. Se declaraba conservador y cristiano. Veía en la República la ocasión de “salvar a Cataluña de la mala política del Gobierno de Madrid”, que a su juicio era mala sobre todo por acabar con las tradiciones y creencias populares.

Valentí Almirall Llozer[3], barón de Papiol, 1841-1904, era un federalista activo, un hombre de izquierdas que, desde 1869, editaba El Diario Catalán. Desde 1868 colaboraba en El Federalista y en El Estado Catalán propugnando un Estado populista en el que las decisiones las tomaran las masas. En 1868 escribió “Bases para la Constitución Federal de la nación española y para el Estado de Cataluña”, hablaba de la constitución de Estados españoles en plano de igualdad, uno de los cuales sería Cataluña. Se callaba que, en ese pretendido “plano de igualdad”, una Cataluña industrializada tendría muchas ventajas sobre el resto de España atrasada y agrícola, es decir, Cataluña adquiriría una situación innegable de privilegio. También hacía, de inicio, un cambio de la realidad denominando a España nación, y a Cataluña Estado.

En 18 de mayo de 1869, Almirall había estado en el Pacto de Tortosa, reunión en la que los republicanos catalanes, valencianos, baleáricos y aragoneses, se confabularon para crear la República Española y crearon el Partido Republicano Democrático y Federal. Con ello aparecía la facción intransigente republicana, o Club de los Federalistas de Barcelona. Se les denominaba intransigentes por su lema “tot o res” (todo o nada), es decir que no aceptaban pactos o negociaciaciones en las que ellos tuvieran que ceder en algo respecto a la creación del Estado Federal como ellos lo entendían y de ningún otro modo.

En 1869, Almirall estuvo en las revueltas de Barcelona, fue apresado y encarcelado en Baleares, y huyó a Argel y Marsella, para regresar a Barcelona acogiéndose a una amnistía. Era un intransigente, republicano a ultranza. Fue elegido alcalde de Barcelona y no pudo ejercer porque se negó a jurar al Rey. La Diputación de Barcelona le ofreció un puesto de poca dedicación y se permitió organizar todo tipo de revueltas catalanistas y republicanas. En febrero de 1870 había fundado Jove Catalunya (La Joven Cataluña), un movimiento nacionalista al estilo de otros muchos por todo el mundo de entonces. El 11 de febrero de 1873 se fue a Madrid, viendo que los dirigentes republicanos, Figueras y Pi, eran catalanes, y se puso a escribir en El Estado Catalán un periódico que duró cuatro meses, defendiendo el federalismo. Pronto se decepcionó porque los Presidentes se mostraban unitarios y se volvió a Barcelona.

Posteriormente a los hechos aquí relatados, en 1879, Valentí Almirall apareció como nacionalista catalán y fundó Diari Catalá, un periódico escrito en catalán que se publicó hasta 1881. En 1880, reunió el Primer Congrés Catalanista defendiendo el federalismo republicano. En 1881 rompió con Pi i Margall y con el Partido Republicano Democrático Federal, que le parecían poco resolutivos. En 1881, reunió el “Congreso Catalán de Jurisconsultos” para reivindicar el Derecho catalán frente al español. En 1882 creó “Centre Catalá” un partido para defender los intereses culturales y económicos de Cataluña, constituido oficialmente en 1884. El movimiento Centre Catalá organizó en 1883 el Segundo Congreso Catalanista, el cual condenó la postura de los catalanes que militaban en partidos de ámbito español. En 1885 defendió el proteccionismo para los burgueses catalanes, a la vez que defendía el liberalismo en general, lo cual no parecía ser contradictorio para él.

El año 1885 es recordado por el escrito de Almirall “Memoria de defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña”, conocido en Cataluña como “Memorial de Greuges” (Memorial de Agravios), el cual fue entregado a Alfonso XII. 1886, fue el año culminante de los escritos de Almirall, porque publicó Lo Catalanisme,

A Valentí Almirall, para conseguir convencer, le valía todo, lo irracional o lo racional: cultivó el sentimentalismo contra “la tiranía castellana”. Más adelante, llegó a afirmar que los catalanes eran la única raza europea presente en la Península Ibérica y que los demás españoles eran descendientes de los árabes (para él eso era despectivo), que España era una sociedad decadente frente al espíritu catalán siempre positivo e históricamente de éxito, pues siempre habían llevado a cabo sus misiones históricas. El mensaje de las últimas décadas decía que los castellanos despreciaban todo lo catalán, que los catalanes eran muy trabajadores mientras el resto de los españoles eran bastante vagos, y que los catalanes eran explotados por el Gobierno de Madrid con unos impuestos injustos.

Otras campañas catalanas antiespañolas:

En 1870 existía también en Cataluña La Gramalla, una publicación que atacaba a los castellanos y pedía la expulsión de todos ellos de tierras catalanas. Para ellos, castellanos eran todos los españoles no catalanes.

En 1871 apareció una nueva revista literaria, La Renaixença, cuya finalidad era cultivar la lengua catalana, casi desaparecida y reducida a varios dialectos desconectados entre sí. Crearon un nuevo idioma barcelonés, layetano fundamentalmente, y trataron de imponerlo al resto de lenguas aragonesas, cosa que Mallorca aceptó, pero Aragón (aragonés y chapurreao) y Valencia (valenciano) no lo aceptaron, aunque, de hecho, sus idiomas se vieron modificados más adelante por el progreso del idioma catalán-barcelonés, y tendieron a igualarse.

Una vez establecida en 1873 la República en España, en febrero de 1873, los catalanistas se reunieron en la Lonja de Barcelona y se definieron como republicanos democrático-federalistas, tras lo cual exigieron la República Democrática Federal. Su acción era una protesta contra la alianza de los republicanos con los progresistas redicales que sostenía al Gobierno de Madrid. Con ello empezaba una rebeldía de la minoría federal y la reivindicación de Estados Federales. El núcleo grande de Barcelona era regionalista y burgués, pero no cantonalista como ocurría en el resto de España. Querían un Estado catalán y sometimiento de los municipios y regiones catalanas a Barcelona.

El 21 de febrero de 1873, se reunieron en la Plaza de San Jaime los regionalistas catalanes y pidieron el Estado Catalán. La Diputación de Barcelona tomó el mando del ejército allí presente y con ello se inició la indisciplina militar respecto al Gobierno Republicano. Las distintas Diputaciones catalanas decidieron constituirse en Estado Federal si la Asamblea Nacional convocaba Cortes Constituyentes.

El 8 de marzo de 1873, los federales exaltados proclamaron de nuevo el Estado Federal Catalán. Formaron la “Junta de Salud Pública” y exigieron el mando sobre el ejército. Proclamaron el Estado Cantonal. Por ello, la declaración de 8 de marzo es distinta de la de 21 de febrero. Pero los cantonalistas eran minoría. La Diputación de Barcelona disolvió el ejército y creó, en su lugar un “ejército de voluntarios”.

Los republicanos intransigentes catalanes creyeron, que la evolución de la República les daría la razón, pues todos creían en que, en una República Federal, cada región se organizaría a sí misma como mejor le conviniese. Pero se encontraron con que la República, de momento, era unitaria, como en Francia, en los Estados Unidos tras la Guerra de Secesión, y en la mayoría de los Estados del mundo. En esas condiciones no tendrían oportunidad de hacer efectivo un Gobierno de la República Catalana.

Pi i Margall, que era catalán, y Presidente del Gobierno de España, oficialmente “Presidente del Poder Ejecutivo”, se asustó de la evolución de los hechos y se dispuso a contener a los revolucionarios catalanes. Envió a Figueras a Barcelona, y éste logró detener la separación de Cataluña del resto del Estado español.

Valentí Almirall se trasladó entonces a Madrid, el centro donde se decidía la política, y se llevó con él su periódico, El Estado Catalán. Lo publicó en Madrid de 8 de mayo a 11 de junio de 1873, intentando provocar la revolución federal en toda España. No lo consiguió y regresó a Cataluña, convirtiéndose en nacionalista catalán. Estaba indignado con Pi. Valentí Almirall representa la unión de la idea cantonalista con la del “regionalismo catalán”, que es el nombre que entonces se le daba a una entidad con soberanía, que no se definía si era española o independentista. Valentí Almirall, pasada su etapa de agitador cantonalista-regionalista, patente en el periódico El Estado Catalán, se pasó en 4 de mayo de 1879 a un radicalismo catalanista en el periódico Diari Catalá que trataba de convencer a los catalanes de que debían hablar catalán, pensar en catalán y obrar en catalán.

El movimiento regionalista catalán era también burgués y conservador. Los burgueses creían poder adueñarse del Gobierno catalán y manejarlo a su gusto, ya que no podían, o no se atrevían a tomar el Gobierno de España. Utilizarían formas “de izquierda”, de levantar al pueblo, pero su movimiento era de derechas. La decepción de los burgueses regionalistas al no poder erigirse en Gobierno independiente fue grande, al igual que estaba pasando con otros Cantones españoles.

En julio de 1873, Cataluña hizo un nuevo intento de proclamación del Estado Catalán aprovechando las rebeliones cantonales surgidas por toda España. Su mayor dificultad fue que se opuso el coronel de la Guardia Civil, Cayetano Freixas, y que el Gobierno de Madrid amenazó con la intervención militar. Entonces, la Junta Suprema de Salvación y Defensa se disolvió. Inmediatamente hubo contrarreacción carlista. Como los socialistas desistieron de formar Cantón ellos, el cantonalismo de Barcelona quedó en nada.

El 18 de julio los carlistas tomaron Igualada y quemaron el Ateneo Igualadino de la Clase Obrera. Los anarquistas convocaron a la revolución, pero los obreros se pusieron de parte de la República y no del anarquismo, y el cantonalismo fracasó en Igualada.

En adelante, el pleito regionalista catalán estaría siempre presente en la historia de España y será importante en 1902-1931 (reinado de Alfonso XIII) y en 1931-1936 (Segunda República). En cada uno de sus intentos, los regionalistas catalanes insistirían siempre en el federalismo, pues en un sistema federal podrían ellos crear instituciones para su autonomía y desde esas instituciones crear la “unidad nacional catalana”. Para que esto tuviese lugar, debían tener unos signos de identidad propios, y diferentes del resto de España. Estos signos serían, en primer lugar la lengua, que habría que recuperar a partir de los dialectos residuales del viejo idioma aragonés, valenciano, aranés, ampurdanés, layetano, turtusí, chapurreao, etc. presente en las zonas rurales más cerradas, en segundo lugar la historia, que habría que reescribir con una trayectoria propia y diferente al del resto de la península, y también la geografía, que habría que describir como realidad distinta y como unidad territorial catalana, y la economía, o creencia en un conjunto de posibilidades catalanas inalcanzables para el resto de España. Los unos eran federalistas, los otros nacionalistas independentistas, y como también había mucho carlismo en zonas rurales hasta 1873, y habrá mucho anarquismo a partir de esta fecha, el movimiento catalán resultaría muy complejo.

Los regionalistas catalanes aprendieron mucho de sus vivencias durante la Primera República y, además, tomaron conciencia de sus posibilidades. Aprendieron de Pi que la autonomía era un derecho de todas las sociedades, y que debían iniciar la reconstrucción de las antiguas regiones históricas desaparecidas mil años antes (tenía que ser precisamente mil años, porque era la época en que Cataluña fue independiente, ni antes ni después). Aprendieron que las personas tenían derecho a reclamar sus derechos individuales en todo caso, tal y como decía Pi, y que se podía utilizar el federalismo como medio para conseguir cualquier fin.

Los nacionalistas catalanes convocaron en 1880 el Primer Congreso Catalanista, a partir del cual, Almirall se esforzó por tener una bandera catalanista.

En 1881, dos catalanes de relevancia nacional, Estanislau Figueras y Francésc Pi, se disputaron la jefatura del Partido Republicano Democrático Federal, y la reacción de Valentí Almirall fue abandonar ese partido. Almirall defendía un federalismo asimétrico, desigual para con cada región, donde Cataluña tuviera las máximas ventajas sobre el resto de regiones españolas. Almirall era más populista que Figueras y que Pi, y hablaba de una política interclasista que luchara contra el dominio ejercido por la burguesía catalana ejercido a través del caciquismo. Pero tampoco creía en el anarquismo o revolución destructiva para reconstituir una nueva sociedad, sino hablaba de sindicatos reformistas y de que las decisiones se tomarían por consensos populares.

En 1881, Pi i Margall realizó un viaje de propaganda federalista a Cataluña, y se encontró con un movimiento regionalista ya organizado en el que él ya no tenía cabida. Almirall fue cortés con Pi, pero publicó en Diari Catalá un artículo en el que le decía que el regionalismo catalán era algo completamente distinto al federalismo español que Pi predicaba. Almirall quería un partido catalanista desligado del Gobierno de Madrid, de cualquier Gobierno de cualquier tipo de Madrid, incluido un Gobierno federal de Pi. Pi se entrevistó con Martí Juliá, Presidente de la Juventud Federalista de Cataluña, y Martí le dijo que los catalanes no eran federales  sino nacionalistas catalanes radicales, que el federalismo sólo era un medio para alcanzar la independencia de Cataluña. Pi había desconectado de Cataluña y no se había enterado de que le estaban utilizando. Era el gran fracaso de Pi i Margall.

En 1881, tuvo lugar un Congreso Catalán de Jurisconsultos para reivindicar un Derecho Catalán distinto, autónomo y engarzado en las tradicones catalanas.

En 1882, se creó Centre Catalá, partido que creó la idea de “Cataluña para los catalanes”. En 1884 se constituyó como partido político.

En 1883, Centre Catalá organizó su Segundo Congreso Catalanista. Allí se exigió de los ciudadanos catalanes que no militasen en partidos de ámbito nacional español.

En 1885, Valentí Almirall redactó su Memoria de defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, conocido como “Memorial de Greuges”, que en 10 de mayo fue presentado al Rey Alfonso XII. En este escrito se jugaba con varias ambivalencias: por un lado se afirmaba España como Estado unitario; por otra parte se pedía que cada región tuviese Códigos legales diferentes adecuados a su tradición. En el escrito, Valentí se presentaba como federalista español, cuando ya no creía en el federalismo, y eso era la segunda ambivalencia. También pedía más proteccionismo para Cataluña, respeto a su cultura, lengua y creencias, lo cual tenía un sentido si se pedía para toda España, y otro si se pedía sólo para Cataluña. Y pedía la implantación del catalán en la escuela de Cataluña y en la Administración catalana. Repitiendo las ambivalencias, se declaraba partidario del librecambismo y del liberalismo (lo cual debemos interpretar que era para los demás, puesto que pedía proteccionismo para los industriales catalanes).

En 1886, Almirall redactó Lo Catalanisme, donde habló fundamentalmente de su concepto de “libertad”: la libertad era el valor fundamental de los derechos humanos, pero siempre tiene limitaciones. En el campo de estas limitaciones, un modelo es el centralismo francés y español, que defiende que el hombre es libre para hacer todo aquello que permite la ley; y un segundo modelo es el británico, cuyo mejor logro es poner límite a los poderes del Estado para que no interfieran en la libertad de los ciudadanos, y donde el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, lo cual era para Almirall la verdadera libertad. Por ello, se debía destruir el Estado centralista y dar paso a los regionalismos, sistema donde la variedad de Gobiernos permitiría más ámbitos de libertad. La libertad se mide por la capacidad de expresarse y actuar de las minorías, y de los disidentes, y de los extravagantes, los cuales son muy poco respetados en los Estados centralistas. Almirall no fue consciente de la contradicción en que incurría cuando pedía a España diversidad y libertades, y a Cataluña centralismo uniformizador gestionado desde Barcelona, lo cual aparece como una treta, un anzuelo o engaño, para sustituir un centralismo por otro.

En 1887, Almirall provocó una grave discusión dentro de Centre Catalá. Almirall ganó la discusión, pero la minoría perdedora se escindió y creó Lliga de Cataluña. Este partido se llamaría en 1891 Unió Catalanista, y trataba de unir a todos los disidentes contra Centre Catalá. En 1895 se disolvería Centre Catalá y se volvería a refundar pero ya integrado en Unió Catalanista.

Josep Puig y Cadafalch, 1867-1956, la siguiente generación catalanista, presente en la minoría catalanista en las Cortes de 1907, insistió en la separación de la idea de federalismo de la de regionalismo catalán. El federalismo hacía depender la unidad del Estado del voto de los ciudadanos. El regionalismo catalán ya tenía decidido de antemano el voto, pues se basaba en la fe de que Cataluña tenía una historia diferente, una economía distinta y unos intereses que no eran los de España. En esas condiciones, el catalanismo no era otra cosa que el reconocimiento de Cataluña como realidad histórica diferente a España. Puig estuvo en 1892 en la Asamblea de Manresa de Unión Catalanista, y en 1900 estuvo entre los fundadores[4] de Centro Nacional Catalán. Este grupo político se alió en 1901 con Unió Regionalista, y de ahí surgió Lliga Regionalista, que fue un partido dirigido por los burgueses catalanes regionalistas. En 1907, Puig fue Diputado y defendía la idea de que un Estado centralista disminuía por sistema las libertades de los pueblos sobre los que gobernaba, porque ciudadanos diferentes no pueden ser gobernados con leyes iguales y uniformizadoras. Puig pedía Estado unitario, pero atento a la diversidad regional. Estaba expresando que los intereses agrarios castellanos y andaluces no eran los mismos que los intereses industriales catalanes. Los elementos que debían facilitar la unidad del Estado eran las carreteras y ferrocarriles, así como la enseñanza. Pero Cataluña se debía fortalecer culturalmente y, para ello, se debían incrementar las instituciones culturales, como las excavaciones de Ampurias, y el Instituto de Estudios Catalanes. En 1913, Puig defendió la existencia de una Mancomunidad de Cataluña y trabajó por la reunión de los diputados de las cuatro provincias catalanas para aprobar la Mancomunidad, lo que sucedió el 23 de octubre de 1913. Los Estatutos se aprobaron en 6 de abril de 1914. Prat de la Riba fue el primer Presidente de la Mancomunidad hasta su muerte en 1917. Puig i Cadafalch fue el segundo Presidente, desde 29 de septiembre de 1917. Para entonces, su pensamiento había cambiado profundamente, pues pedía el derecho de autodeterminación para Cataluña, es decir, la soberanía, lo cual es incompatible con la unidad del Estado que había defendido hasta entonces. Efectivamente, Cataluña presentó en enero de 1919 un Proyecto de Autonomía, que no le fue concedido. Y Miguel Primo de Rivera se encargó en 1923-1930 de eliminar todo el movimiento catalán independentista.

Enric Prat de la Riba era regionalista puro y creía en que España era la unión de varías autonomías cuyos lazos debían ser federales. Cataluña cambiaría a España construyendo las autonomías federadas. Prat de la Riba creó Lliga Regionalista, un partido despreciado por Almirall.

Pi se empeñó en mantener sus viejas ideas en las que nadie creía ya y defendió que había dos tipos de catalanismos, los regionalistas-catalanistas, y los federales catalanes, pero que ambos catalanismos se basaban en ideas iguales. No pensaba igual el Partido Republicano Federal de 1902, que expuso que su finalidad era la separación de Cataluña del resto de España. A partir de entonces, el proceso hacía el federalismo español estaba muerto.

En Cataluña no hubo Cantones. Hay que tener en cuenta que había muchos carlistas y que éstos se oponían a los Cantones. Cataluña intentó un camino a la independencia que podía ser autonomía, federalismo o independentismo, según se interpretase, y según cada ocasión. Y Barcelona era la única ciudad de referencia, pues las demás quedaban anuladas. En este proyecto, incluso invitaba al resto de los países aragoneses a sumarse al dominio de Barcelona, pero los demás se negaron casi siempre a someterse a Barcelona.

 

 

El Cantón de Sevilla o de Andalucía Baja.

 

El 23 de junio hubo en Sevilla una revuelta popular. Las masas saquearon el museo, los comercios e industrias, y también casas de particulares, algunas de las cuales eran incendiadas. El 24 de junio llegaron algunos soldados a imponer el orden.

Los sublevados se constituyeron en Junta Revolucionaria, proclamaron el Cantón de Sevilla y se definieron como “república federal y social”. Conformaban esta Junta Revolucionaria: Juan Ponce, Luis Díaz, Lázaro Palomera, Ricardo Ripoll, Miguel Pidala, Miguel Mingorance, Narciso Marco, Deomarco, Juan Manuel Rodríguez, José Muñoz, Carlos Sainz, Melchor Lavilla y Luis González.

Pi y Margall sustituyó al Gobernador Civil de Sevilla Alberto Aguilera Velasco, de ideología liberal monárquica, por Gumersindo de la Rosa y Martínez del Cerro, de ideología republicana. Mientras tanto llegaba el nuevo Gobernador, e interinamente, ejerció Manuel García Herrera a partir de 28 de junio.

El 29 de junio, llegaron órdenes del Gobierno de Pi i Margall al Gobernador, de que acabara con los cantonalistas. Éste tomó un grupo de voluntarios del barrio de Santa Lucía, comandados por el capitán de milicias Balbontín, y asaltó el Ayuntamiento y depuso a la Junta Revolucionaria, que ya había huido.

El Gobernador reunió a dialogar a los miembros del Ayuntamiento, la Diputación y jefes de Voluntarios, y les comunicó que Pi y Margall creía un error la declaración unilateral y prematura del Cantón. Con ello, se calmaron un poco los Voluntarios.

Llegaron el 30 de junio de 1873 unos 1.200 voluntarios cantonalistas, procedentes de Málaga, Córdoba y Granada, mandados por Eduardo Carvajal, y el movimiento cantonalista se reavivó. Destituyeron al Gobernador interino Manuel Garcia Herrera y proclamaron la República Democrática Federal y Social. Enseguida se creó una Junta Revolucionaria del Cantón Andaluz, de ideología anarquista, presidida por Miguel Mingorance e integrada por: Pedro Ramón Balboa, Manuel García Herrera, José Ariza Sánchez, José Ponce Casado, Federico Dodero, Manuel Nogués, Luis González, Rafael Alonso, Emilio Carreño, Manuel Barreo, Manuel Silva, Manuel Ventana, Miguel Tavera, Genaro Gómez, Francisco Junco, Eduardo Aguirrevenga, Rafael Carrero y Miguel del Moral. Narciso de Castro fue nombrado Presidente de la Diputación. Pedro Ramón Balboa fue nombrado Presidente del Comité de Salud Pública, que hacía las veces de Ayuntamiento. Rafael Carrero, de profesión pintor y de ideas políticas anarquista, fue nombrado general de los Voluntarios de la República. Esta Junta, despidió a los antiguos empleados municipales y nombró otros nuevos de su ideología, repartió armas de fuego y decretó requisas o impuestos obligatorios para los ricos. Eduardo Carvajal se volvió a Málaga.

El 30 de junio de 1873, el Gobernador de Sevilla avisó al Gobierno de Madrid de que se iba a proclamar el “Estado de Andalucía”, que los republicanos llamaban “Cantón Federal de Andalucía Baja”. Pi le telegrafió inmediatamente que lo impidiese, y envió al general Ripoll, republicano federal, con un ejército que dominó Córdoba, Écija y Málaga. La Guardia Civil se encargó de mantener el orden público. El 2 de julio, el Gobernador había dominado la ciudad en nombre del Gobierno de España. La Junta Revolucionaria había sido anulada y sus dirigentes, Mingorance, Castro y Carrero habían sido apresados.

Había en Sevilla tres facciones republicanas: los radicales burgueses del Partido Republicano Radical de Nicolás María Rivero, que dominaban la Diputación (Gobierno Provincial); los internacionalistas obreros de signo anarquista; los Voluntarios de la República.

El movimiento insurreccional de 23 de junio lo habían iniciado los internacionalistas, los cuales ocuparon las calles y trataron de tomar el Ayuntamiento y la Diputación (Gobierno local y Gobierno provincial). Exigían eliminar el impuesto de consumos, y poner en su lugar un llamado impuesto de lujo, que gravaba sobre caballos y carruajes, es decir sobre los señoritos. Crearon un batallón de 800 hombres vestidos con gorras rojas y alpargatas de esparto que fueron llamados “Guías de Sevilla”.

La reacción de los burgueses sevillanos dueños de fábricas fue cerrar sus negocios y abandonar la ciudad, para evitar desmanes como los producidos durante las últimas “revoluciones”. Ello provocó el pánico social, pues miles de personas se encontraron en paro. Unos 10.000 obreros se apuntaron a Voluntarios de la República esperando que se les diese una solución a su problema laboral. Pero los rebeldes no tenían armas para tanta gente ni dinero para pagarles. Apenas tenían para unas 3.000 personas, así que estos voluntarios no tenían mucha efectividad en caso de una acción militar. Ocuparon las calles de la ciudad y pidieron armas al Ayuntamiento, pues creían que en La Maestranza se guardaban armas.

El Gobernador, la Guardia Civil, la guarnición militar y los carabineros, se habían acuartelado en la Fábrica de Tabacos y en el Cuartel de la Trinidad. Las masas rebeldes fueron contra ellos, mataron a algunos Guardias Civiles y se hicieron con unos 50 fusiles, recogidos de los muertos y prisioneros. Inmediatamente, ante la noticia de la llegada del ejército desde Córdoba, Carmona y otros pueblos, levantaron barricadas en La Macarena, Triana, San Lorenzo y La Alameda. El ejército invitó a los Voluntarios a rendirse. El Gobernador capturó a los integrantes de la Junta, y encerró a unas 40 personas, y organizó grupos de voluntarios para vigilar las calles.

El 17 de julio había llegado la orden de los intransigentes de Madrid de que se generalizaran las insurrecciones. El 18 de julio volvió la insurrección, y el 19 de julio Sevilla proclamó el Cantón Federal de Andalucía Baja en el antiguo Convento de los Terceros Franciscanos, reconvertido en cuartel. Los anarquistas AIT eran los protagonistas de esta rebelión. Era Presidente Pedro Balboa, Vicepresidente Manuel Giráldez y vocales: Moquez, Mingorance y Ariza.

El 19 de julio, Pedro Balboa telegrafió a Madrid informando de la situación. A las 9:00 horas, un grupo de Voluntarios de la República asaltó la cárcel y puso en libertad a sus compañeros detenidos y constituyó de nuevo el Comité de Salud Pública. El Alcalde y jefe teórico de los cantonalistas era Pedro Ramón de Balboa pero el líder de las masas era Miguel Mingorance. En su ideología anarquista: secularizó los edificios religiosos; cambió la fiscalidad poniendo una contribución única sobre la propiedad, impuestos extraordinarios a la burguesía; dio leyes laborales nuevas como la jornada de 8 horas, el derecho al trabajo de todos, y la prohibición del trabajo de las mujeres en los lugares en que trabajasen hombres; decretó el libre comercio del tabaco; nacionalizó los bosques; decretó la reducción a la mitad de todas las rentas rústicas y urbanas; prohibió cerrar las fábricas y dejar sin cultivar las tierras. Y además, para extender la revolución, envió hombres a Carmona, Écija y Jerez. Mientras tanto, estaban llegando a Sevilla, desde los pueblos cercanos, jóvenes revolucionarios a incorporarse a los nuevos revolucionarios.

El republicano intransigente, general Fernando Pierrad Alcedar, se trasladó a Sevilla para reforzar a los cantonalistas.

El 22 de julio, el general Ripoll, hombre republicano federal, desbarató el cantonalismo en Córdoba enviando al Diputado De la Rosa con una fuerza militar, y al día siguiente llegó el general Manuel Pavía, hombre monárquico, desde Madrid, vía Ciudad Real y Badajoz a sustituirle. El 26 de julio, Pavía salió hacia Sevilla para luchar contra el general Fernando Pierrad Alcedar que se había puesto al frente de los cantonalistas de Sevilla. El 28 de julio empezó el ataque. El 30 de julio hubo combate en el Ayuntamiento de Sevilla y el 1 de agosto, Pavía era dueño de la ciudad. Pavía no aceptó mediadores ni conversaciones con los rebeldes. Atacó Sevilla por varios puntos a la vez, para evitar el fuego de los pocos cañones que los rebeldes tenían, y mientras tanto, él bombardeaba la ciudad. De los 3.000 hombres armados por los revolucionarios, 2.000 decidieron no seguir combatiendo y dejaron solos a los de la Asociación Internacional de Trabajadores, los cuales aguantaron como pudieron. El 9 de septiembre hubo una represión concienzuda contra los revolucionarios. Pavía desarmó a la Milicia, nombró autoridades nuevas y reclutó a 200 Guardias Civiles, ya licenciados, para que se hicieran cargo del orden en la ciudad.

Sevilla pretendía ser un cantón “regionalista” que pretendía someter a los cantones de la Baja Andalucía: Córdoba, Utrera, Carmona, Jerez, San Fernándo, Sanlúcar y Cádiz, incluso tal vez Málaga, y formar un Estado andaluz en la Andalucía Baja.

 

 

El cantón de Montilla (Córdoba).

 

Anteriormente a los sucesos de julio, el 12 de febrero de 1873, los jefes federales locales constituyeron Junta de Gobierno en Montilla y decidieron hacerse con el control del movimiento populista que tenían delante. Era una tarea difícil. Las masas habían interpretado “república” como la hora de los obreros del campo, y habían asaltado la casa del Alcalde, Luis Albornoz Muñoz, y se dedicaron a robar, matar a alguno, y quemar el Registro de la Propiedad. Aquello era un motín típico de la Edad Media y Moderna. Hasta que llegó el ejército y restableció el orden público.

Con estos antecedentes, en julio de 1873, las masas de montillanos no se dejaron manipular por los burgueses sino que se lanzaron directamente contra las propiedades y las vidas de los burgueses que les habían sometido meses antes.

Los dirigentes socialistas-anarquistas vieron su oportunidad de una revolución campesina, y se lanzaron a la formación de organizaciones obreras, pues tampoco aceptaban el desorden que se estaba produciendo, sin sacarle partido en su favor. Un estudiante de Filosofía y Letras, Navarro Bruto, que trabajaba como redactor de La República Federal, y se había convertido en funcionario del Gobierno Civil, empezó a hablar de emancipación del trabajador por el trabajo mismo. La llegada del general Pavía cortó las iniciativas socialistas.

 

 

    La revuelta de Alcoy.

 

El 8 de julio hubo huelga general en Alcoy. El alcalde Albors apoyó a los patronos, y los obreros pidieron Junta Revolucionaria ante el Ayuntamiento. 32 guardias civiles protegían al alcalde y dispararon, quedando cercados durante 20 días hasta que murió el alcalde en las refriegas. Un Comité de Salud Pública dirigido por Albarracín se hizo cargo del Ayuntamiento.

Alcoy había descubierto la huelga como instrumento de acción política, y la huelga se trasladó al campo, a los jornaleros. El alcalde, Agustín Albors, quiso poner entonces orden, pero los obreros estaban sublevados contra los patronos, mataron al alcalde y arrastraron su cadáver por las calles de Alcoy. Tuvo que llegar el ejército para acabar con la revuelta.

En Alcoy los socialistas habían reproducido la Comuna de París de 1871, de modo que los socialistas se daban a conocer en España con un golpe discutible desde el punto de vista de la aceptación popular.

 

 

    El cantón de Cartagena, o Cantón Murciano.

 

Cartagena empezó como un cantón burgués, como casi todos los cantones. Pero en Cartagena trabajó el socialista Antonio de la Calle, colaborador en El Cantón Murciano, que publicaba ideas socialistas. Los socialistas se introdujeron en la Junta Revolucionaria infiltrando a Pablo Meléndez y a Pedro Roca, los cuales se hicieron atractivos a las masas.

El 12 de julio de 1873 los federales intransigentes de Cartagena hicieron Junta Revolucionaria a fin de proclamar Cantón. Exigieron la dimisión del Ayuntamiento de la ciudad. El Alcalde consultó qué debía hacer con Antonio Altadill Teixedó, Gobernador Civil de Murcia, su autoridad superior. El Gobernador de Murcia llamó a los diputados Jerónimo Pereda y Antonio Gálvez Arce “Antoñete”, que eran federales intransigentes y se trasladó con ellos a Cartagena. Altadill creyó oportuno evitar la violencia y entregó el poder a la Junta Revolucionaria, hizo dimitir al Ayuntamiento de Cartagena y puso a Gálvez al mando de las Fuerzas Voluntarias. Antonio Gálvez Arce proclamó el Cantón Murciano, más conocido como Cantón de Cartagena.

El 13 de julio se produjo un discurso de Gálvez a la marinería para que fueran en contra de la oficialidad militar. Logró la sublevación del Batallón de Infantería de Marina y del Regimiento Iberia que mandaba el coronel Pernas.

Ese mismo día, Pi i Margall telegrafió a Antonio Altadill Teixidó la orden de que repusiese el Ayuntamiento de Cartagena y abandonase la idea cantonal. Fiado de su prestigio personal, Pi i Margall pidió a Antonio Altadill que evitara la proclamación de Cantón en la ciudad de Murcia, para al menos no extender el conflicto. Pero Altadill ya no estaba en condiciones de poder decidir nada, pues los revolucionarios ya no le obedecían.

Los líderes intransigentes de la Asamblea Nacional de Madrid se fueron a Cartagena, donde Juan Contreras se convirtió en héroe popular, y Roque Barcia se hizo presidente del Cantón, dejando para Contreras la dirección militar.

Juan Contreras había subido al tren el 13 de julio en Madrid con el fin expreso de hacerse cargo del cantón Murciano. El 14 de julio de 1873, el general Juan Contreras San Román, Presidente de la Comisión de Guerra del Comité de Madrid, llegó a Cartagena. Ello quería decir que los cantonalistas daban una importancia capital a los sucesos de Cartagena y trasladaban allí su plana mayor. No creían tener oportunidades de Gobierno en España, pero sí en algunas regiones concretas. El Gobernador Militar de Murcia, Antonio Altadill, estaba personalmente muy decepcionado por la actuación del Gobierno de la República, y le pasó el mando a Juan Contreras sin presentar resistencia. La orden de Pi había llegado tarde. Altadill les comunicó la petición de Pi a los oficiales sublevados, y que en ese momento se habían puesto al mando de los Voluntarios de la República. Los sublevados consultaron con Antonio Gálvez Arce, y éste les remitió al Comité de Murcia, organización federalista intransigente que ya se había constituido en Cantón. Tras todo ello, Antonio Altadill abandonó Cartagena, y con él se fueron los Jefes militares no cantonalistas.

El Gobierno intransigente cantonal de Cartagena estaba integrado por el general Juan Contreras San Román, el general Félix Ferrer, y el diputado Antonio Gálvez Arce “Antoñete”. Antoñete era un huertano poco culto pero muy locuaz.

Llegó a continuación a Cartagena el Ministro de Marina, Federico Aurich, con intención de parar la sublevación, pero no lo logró. El Diputado por Cartagena, José Prefumo Dodero, republicano unitario, culpó a Pi de los sucesos de Cartagena por no tomar medidas contra la sublevación, pues Juan Contreras sí había llegado a tiempo de organizarla, pero los miembros del Gobierno llegaron tarde y sin fuerzas militares para impedirlo. Prefumo tenía razón en que Pi confiaba demasiado en su capacidad de persuasión y de liderazgo, en que siempre estaba hablando de diálogo y de evitar medidas extremas, y se había creído su propio discurso.

El 19 de julio, Jerónimo Pereda organizó en Murcia la Junta Revolucionaria y se puso a las órdenes de Juan Contreras.

Estos cantonalistas murcianos decidieron extender el cantonalismo por la fuerza. Decidieron recaudar dinero y víveres por la fuerza, al tiempo que proclamaban Cantones en las ciudades que asaltaban. Sus actos fueron calificados de piratería por el Gobierno de Madrid. Cartagena aprovechaba que contaba con dos fragatas de guerra, la Almansa y la Vitoria.

La fragata Vitoria fue sobre Almería y le exigieron pagarles, cosa a la que los almerienses se negaron, y entonces bombardearon la ciudad, la asaltaron y la saquearon. A continuación, la fragata Vitoria fue a Alicante y creó una Junta de Salúd Pública, tras asaltar la ciudad y llevarse una gran cantidad de dinero. El vapor El Vigilante fue a Torrevieja, en 20 de julio, a lo mismo.

Se habían convertido en piratas. Intervinieron la fragata británica HMS Swiftsure, y la fragata alemana Friedrich Carl, que derrotaron a los piratas cartageneros y les juzgaron por piratería, lo que supuso el final del Cantón de Cartagena. El Vigilante fue eliminado por Bismarck con la excusa de que navegaba con bandera roja. Bismarck creía tener dos enemigos principales, el clericalismo católico y el socialismo revolucionario. España, que ya era base del clericalismo ultramontano, podía convertirse en bastión de la revolución. Bismarck se opuso a una república cantonalista en España.

La represión llegó en agosto. Martínez Campos atacó primero el Cantón de Valencia. Cartagena se dispuso a ayudar a Valencia pero fueron derrotados y Valencia se rindió el 7 de agosto. El 12 de agosto, Martínez Campos fue sobre Murcia, y entonces Cartagena quedó aislada. El sitio de Cartagena duró hasta 12 de enero de 1874.

 

 

El cantón de Valencia.

El 17 de julio se proclamó Cantón en Valencia a iniciativa Emigdio Santamaría y José Antonio Guerrero. Valencia fue un Cantón “regionalista” y burgués. Regionalista en cuanto quería someter a su Gobierno a los posibles Cantones que se formaran de toda su región, unas 69 entidades poblacionales, y la adhesión de 178 pueblos de la provincia, además de Castellón en determinado momento. Y burgués porque estaba organizado por la burguesía de la ciudad. Los burgueses valencianos estaban descontentos con el Ministro de Fomento, Eduardo Chao, que había vinculado a la Universidad de Madrid a cinco Facultades Universitarias de Valencia y había cerrado la Facultad de Filosofía y Letras. Una comisión del Ayuntamiento de Valencia protestó.

El 19 de julio se formó Junta Revolucionaria, cuyo Presidente era Pedro Barrientos, secretario era Félix Pizcueta, y vocales destacados eran Vicente Noguera marqués de Cáceres, Vicente Boix, Juan Fontanals y Eduardo Pérez Pujol (salmantino, catedrático de Derecho y Rector de la Universidad de Valencia), José Pérez Guillem, el Enguerino, comandante de los Voluntarios de la Libertad, Francisco de Paula Gras (alcalde de la ciudad), Cristóbal Pacual Genís, y otros.

Se declaró Presidente de la Junta de Gobierno del Estado Regional Valenciano a José Antonio Guerrero Ludeña[5], el cual alegó que había crisis de autoridad del Gobierno central republicano, manifiesta en que no se perseguía a los delincuentes comunes, lo cual hacía preciso erigir una autoridad que ejerciera esa función. Dijo que se levantaba en apoyo a la propiedad, la industria y el comercio, y pedía para ello el apoyo de los militares. No pretendía una revolución social. Quería un regionalismo del País Valenciano dirigido desde Valencia.

Valencia no levantó bandera contra el Gobierno Republicano de Madrid, sino manifestó que se levantaba a fin de colaborar con él. Al momento, se sublevaron los “Voluntarios de Valencia”, nuevos revolucionarios que querían que el poder radicase en Valencia, y entonces, la Junta del Cantón de Valencia de José Antonio Guerrero se autodisolvió porque no estaba de acuerdo con la demagogia de los nuevos revolucionarios. La parte más importante del nuevo Gobierno Valenciano eran los socialistas de Primera Internacional.

El 21 de julio, Francisco González Chermá llevó un grupo de cantonalistas valencianos a Castellón de la Plana a proclamar el Cantón. El intento fracasó el 26 de julio, pues Castellón era carlista y rechazaba el cantonalismo republicano y el modelo de someterse a Valencia.

El general Arsenio Martínez Campos fue encargado por el Gobierno de Madrid para atacar los cantones de Valencia y Murcia, y éste se presentó en tierras valencianas el 24 de julio. Fue rechazado a la entrada de Valencia. El 2 de agosto, empezó a bombardear la ciudad, y los honrados ciudadanos valencianos protestaron porque se estaban maltratando los derechos humanos, así que lograron detener el bombardeo. Pero era una tregua. La Junta de Gobierno valenciana ofreció su rendición a cambio de amnistía, y Martínez Campos exigió rendición incondicional. Y el 8 de agosto, Martínez Campos entró en Valencia.

 

 

Pi ante el cantonalismo.

 

Los republicanos decidieron poner a Pi al frente del Poder ejecutivo el 11 de junio de 1873. Pi era el líder más prestigioso del federalismo. Entonces Pi tuvo que enfrentarse a sus propias contradicciones, y no fue capaz de dominar el movimiento cantonal:

El 30 de junio Pi pidió poderes excepcionales para luchar contra los carlistas en el País Vasco y contra los regionalistas-cantonalistas en Cataluña. Fue una decepción para los republicanos intransigentes que consideraban a Pi uno de los suyos.

El 14 de julio, José Profumo Dodero, diputado republicano por Cartagena, sector unitario, acusó a Pi de haberse cruzado de brazos ante las insurrecciones que estaban surgiendo por toda España.

El 14 de julio se declaró huelga general en Barcelona, al tiempo que los carlistas estaban atacando el norte de Cataluña. Los internacionalistas catalanes pasaron del antimilitarismo bakuninista a la militancia activa en milicias ciudadanas.

 

 

Los proyectos de Constitución.

 

El 16 de junio de 1873 se había nombrado una Comisión Constitucional integrada por 25 diputados, de los cuales eran del grupo de Castelar: Emilio Castelar; Eduardo Palanca; Santiago Soler Pla; Eduardo Chao; y Eleuterio Maissonave. Eran del grupo de Salmerón: Nicolás Salmerón; Joaquín Gil Berges; Manuel Pedregal Cañedo; y Rafael Carrera Royo. Eran del grupo de Pi i Margall: Francisco Pi i Margall; y José Antonio Guerrero. También estaban Luis del Río Ramos y Francisco de Paula Canalejas.

En realidad aparecieron varios proyectos que venían siendo elaborados por los republicanos desde hacía tiempo:

El primer proyecto databa de 1870 y estaba elaborado por Nicolás Salmerón y Eduardo Chao. Este proyecto proponía la separación completa de Iglesia y Estado y la división de España en 17 Estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico entre ellos).

El segundo proyecto apareció el 14 de julio de 1873 y estaba elaborado por Francisco Díaz Quintero, Ramón de Cala y Eduardo Benot, fue leído en Cortes en 16 de junio y desechado por dimisión del Gobierno de Pi en 17 de julio.

El Proyecto de Constitución de Pi i Margall se basaba en la idea de que el hombre, por su dignidad soberana, es un ser ingobernable por los demás. Cada individuo debe pactar con los demás en orden a la convivencia unos pactos libres, susceptibles de ser cambiados en cada momento por cada una de las partes, unos pactos sencillos entre pocas personas, que darán lugar a pactos más complejos entre grupos cada vez más extensos. El poder siempre estaría constituido desde abajo y cada uno de los pactantes debía conservar el poder de modificar, o dejar de aceptar los pactos. El conjunto social elemental sería el Cantón, el cual se debía organizar en torno a un sistema determinado de producción que permitiera el libre y pacífico intercambio de productos. De esta teoría tan compleja y utópica, el pueblo español sólo entendió que había que organizarse en Cantones, y que de esa manera todos serían libres y felices. En verano de 1873, la eclosión de los Cantones fue impresionante. Algunos Cantones abarcaban un pequeño municipio, otros eran un valle y una región judicial, y algunos una región natural entera, o un antiguo reino medieval.

El proyecto de Constitución de Pi de 1873 organizaba el territorio español en tres niveles: Municipios, Estados y Nación. Los Municipios serían autónomos y estarían dotados de una constitución local y representación de los tres poderes: Ayuntamiento, Alcalde y Juez. Los Estados serían autónomos y soberanos y cada uno de ellos tendría su propia constitución y representación de los tres poderes. El territorio se organizaba en “Cantones” que, básicamente, en el pensamiento de Pi, serían las provincias existentes en el momento (la realidad fue muy distinto a lo imaginado por Pi). El conjunto de los Ayuntamientos y Estados, generaría la Federación Ibérica, que incluía a territorios de España y de Portugal. La Federación Ibérica tendría su propia Constitución, y también representación de los tres poderes. El Congreso de la Nación se formaba por un diputado cada 50.000 habitantes elegidos por sufragio universal, proporcional y directo, y el Senado, por 4 senadores de cada Estado, designados por el Parlamento correspondiente. El Presidente de la Federación Ibérica sería Jefe del Gobierno Federal y Jefe del Ejército. La unidad española venía asegurada por un Tribunal Supremo Federal, integrado por jueces que accederían por oposición, que pondría la ley por encima de las veleidades de los distintos Estados. Quizás el término “español” está mal utilizado aquí, puesto que los republicanos pensaban en una federación de territorios peninsulares que incluía a Portugal.

En la práctica, aprobar una Constitución era muy difícil pues era casi imposible que hubiera entendimiento entre las muchas facciones republicanas como los republicanos puros, los cimbrios posibilistas, los repùblicanso unitarios, los republicanos federales benévolos, los republicanos federales intransigentes. Cada uno tenía su propio modelo de república.

 

 

 Presentación del Proyecto Constitucional de Castelar.

 

El 17 de julio, Emilio Castelar dio lectura en las Cortes a un Proyecto de Constitución Federal de la República Española, para evitar la lectura de un proyecto de los republicanos intransigentes. Lo había preparado en 24 horas. Trataba de llenar el vacío que dejaba Pi y Margall, el cual había teorizado mucho sobre el federalismo, pero no había dado ningún modelo concreto y había generado mucha confusión entre los republicanos federales.

Pi entendió perfectamente el mensaje de Castelar, y pidió la moción de confianza. El resultado fueron 93 votos a favor de Pi y 119 en contra. Las Cortes reaccionaron culpabilizando a Pi de perder el sentido de Estado español.

 

 

La dimisión de Pi i Margall.

 

Por fin, los pequeños burgueses como Pi, Figueras, Salmerón y Castelar, se dieron cuenta de que no controlaban el movimiento cantonal que creían que era su apoyo, que los cantonalistas eliminaban cualquier poder existente, atentaban contra las personas y contra las propiedades, que su autoridad sobre los cantones era más teórica que real.

En Cataluña, Pi pidió a los cantonalistas que se disolvieran, el coronel de la Guardia Civil, Cayetano Freixas, decidió imponer la autoridad de Madrid y el regionalismo fracasó en Cataluña.

El 18 de julio, Pi dimitió ante las Cortes. Los intransigentes le llamaban traidor a la República, y Pi les contestó que él había sido Presidente del Poder Ejecutivo mediante un pacto con los republicanos unitarios y, por tanto, no debía lealtad a los intransigentes sino a la palabra dada a los unitarios con los que había pactado. Había permanecido en el poder 37 días, se había enfrentado a sus propias ideas y a sus propios correligionarios, y había fracasado estrepitosamente.

La causa de la dimisión de Pi era que una cosa es teorizar redactando un libro, y otra cosa es someter a los cantones que se habían independizado y que tenían que acatar una Constitución. Actuar contra las rebeliones era enfrentarse a la izquierda republicana, y no actuar, era enfrentarse a todos los demás grupos políticos, republicanos y monárquicos. Pi debía optar entre las ideas difundidas por él mismo de soberanía popular de las asambleas populares, manifestadas en cada momento a través de comités populares, y la posibilidad de un proyecto político sostenido por un Gobierno de forma estable, sin atender a los continuos cambios de opinión de los cantonalistas. La conciliación de ambas ideas era imposible. Pi no tenía carácter para reprimir a nadie, y dimitió. El encargado de someter a los cantonalistas fue Nicolás Salmerón.

Pi era un utópico y no hizo frente con decisión al carlismo, a la indisciplina dentro de su partido, a la crisis de hacienda. Salmerón y Castelar se lo reprochaban en las Cortes y la realidad se impuso sobre las teorías de Pi, haciéndole dimitir.

A partir de este momento cabían dos caminos: o la solución republicana revolucionaria de resolver los problemas políticos del país dejando que los demás problemas se resolvieran solos, o la solución conservadora de mantener el orden público a toda costa y no destruir lo que ya se tenía, sino buscar soluciones políticas con tiento y con tiempo. Pi se inclinó por la solución de negociar con concesiones a los Cantones, pero las Cortes no estaban dispuestas a concesiones, y defendían que había que sofocar primero las rebeliones, y luego conceder las libertades políticas republicanas, y no al revés. Evidentemente no se podía negociar de forma global y generalizada con Cantones que unos eran regionalistas, otros localistas, unos populistas, otros libertarios, otros marxistas, y la mayoría irracionales, que querían lo imposible: trabajo para todos proporcionado por el Estado, bien sirviendo en Voluntarios de la República y funcionarios del Comité de Salvación Pública correspondiente (para ello expulsaban a los viejos funcionarios y se colocaban ellos), bien en jornales altos, con jornadas reducidas a la mitad de tiempo, eliminando a los propietarios burgueses como explotadores. Era la utopía llevada al grado máximo.

Pi dimitió el 18 de julio. Se sentía impotente. Los intransigentes le acusaron de traidor y de ambicioso.

Nicolás Salmerón fue el nuevo Presidente del Poder Ejecutivo de la República.

En resumen, el 18 de julio había en España cuatro focos revolucionarios importantes, que eran Barcelona, Valencia, Baja Andalucía y Murcia: Barcelona era un cantón muy complicado, con carlismo, socialismo internacional, federalismo republicano, y centralismo barcelonés sobre el resto de Cataluña; Valencia era un cantón de tipo conservador que había proclamado el Estado Regional y había sido secundado por Castellón. Baja Andalucía tenía muchas sublevaciones diferentes (Cádiz, Granada, Jaén, Andújar y Córdoba), y Cádiz era muy importante por ser la base naval más importante de España. Murcia era especialmente significativa pues Cartagena era una de las bases navales españolas.

 

 

[1] José Carvajal Hué, 1835-1899 fue ministro de Hacienda en junio de 1873, y de Estado en septiembre de 1873. Era accionista de Ferrocarriles Andaluces (Ronda- Málaga) y de la Caja de Ahorros de Ronda.

[2] Eulogio González Íscar 1817-1897 fue un militar de infantería que había sido partidario de Espartero y de Prim en su tiempo, y fue ministro de Guerra en junio de 1873 y en julio de 1873.

[3] Valentí Almirall Llozer, 1841-1904, barón de Papiol, era un tipo de familia bien, desaseado en el porte, sucio en el vestir, cáustico y socarrón en el hablar, estrafalario en su comportamiento social, muy duro con sus enemigos a los que no dudaba en insultar: a Castelar le llamó pedante y grandilocuente; a Pi le llamó proudhoniano torpe. Sus enemigos se lo hicieron pagar a partir de 1887, y se quedó olvidado y relegado los últimos 17 años de su vida, al tiempo que tenía problemas financieros por causa de su herencia y problemas personales por causa de su decadencia física e intelectual, a pesar de que sólo tenía 46 años en 1887. En 1869 se hizo miembro del Partido Republicano Democrático Federal y se integró con los intransigentes.

[4] Los fundadores de Centro Nacional Catalán eran Enric Prat de la Riba, Josep Puig y Cadafalch, Lluis Durán i Ventosa, Francésc Cambó Batlle, y Narcís Verdaguer y Callis.

[5] José Antonio Guerrero Ludeña, 1808-1891, había sido de la Milicia Nacional en 1834, y alcalde de Valencia en 1840. En 1843, debido a sus actividades revolucionarias, fue encarcelado por el Gobierno Progresista de Espartero en Mahón. En 1844 fue de nuevo Regidor de la ciudad. Estuvo en la Junta Revolucionaria de 1854, y en la de 1868, y fue Gobernador civil y Alcalde de Valencia en 1869 representando al Partido Republicano Democrático Federal. En 1873 fue Presidente de la Junta de Gobierno del Estado Regional valenciano.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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