LA DECLARACIÓN DE REPÚBLICA EN 1873.

 

 

Los antecedentes inmediatos.

 

Del Pacto de Ostende de 16 de agosto de 1866 habian salido dos iniciativas políticas contrapuestas e incompatibles, la monárquica y la republicana. El Pacto de Ostende fue un grito de “todos contra la monarquía corrupta de Isabel II”, y en ese “todos”, había grupos divergentes. Se mostraron unidos hasta el día del triunfo en septiembre de 1868, pero en el mismo día del triunfo, se mostró la incompatibilidad que les llevaría al fracaso.

Una cosa era la organización de Prim en Bruselas de tipo progresista monárquica, y otra muy distinta era la organización de París, liderada por Emilio Castelar Ripoll, Francesc Pi y Margall y Eduardo Chao Fernández, que se consideraban por entonces demócratas y más tarde republicanos. Ambas organizaciones eran incompatibles aunque ambos pactaron ir juntos contra Isabel II. Además, hay que tener en cuenta las incompatibilidades entre los distintos grupos de París, pues Castelar eran republicano, Pi era federalista, y Chao era del Partido Radical (progresista capaz de ir con los monárquicos o los republicanos), sin contar otras diferencias que complicarían mucho más esta exposición: los demócratas de finales del reinado de Isabel II habían aceptado en sus filas a tipos de ideología muy dispar, republicanos, cantonalistas, socialistas y populistas.

Otros participantes de la revolución de 1868 también tenían diferencias entre sí: Los unionistas, de Unión Liberal, tras la muerte de O`Donnell, se habían sumado al Pacto de Ostende, y concretamente al liderazgo de Prim. Y Prim era progresista, mientras los unionistas eran conservadores. Prim tenía de su parte a la alta burguesía catalana y a casi todo el ejército de España. Había preparado la revolución concienzudamente en el terreno práctico. Y este componente burgués era incompatible con la masa cantonalista pequeño burguesa, militar, agrícola y obrera que ocuparía las calles en 1873.

Otra de las contradicciones era la existente entre revolucionarios civiles y poder militar: Cuando llegó la hora del triunfo, las organizaciones civiles progresistas y demócratas, que arriesgaron sus vidas en el levantamiento de 1868, no entendían lo que estaba pasando. Iban siendo conminados a ceder el mando de las ciudades sublevadas a los militares. Lo hicieron, pero no quedaron satisfechos. Y quedó planteada una situación de contienda civil que Prim moderaba, pero Prim fue asesinado en los últimos días de 1870.

Poco antes, en el Pacto de Bruselas de 30 de junio de 1867, se había decidido ir adelante a pesar de todas las discrepancias, derrocar a Isabel II, y ya se vería lo que se podía hacer una vez que hubiera triunfado el golpe. Era un colosal error. Era un error porque todos eran conscientes de las enormes diferencias ideológicas y de programa político que había entre los coaligados. Ellos decían que podían ser superables. Los hechos demostraron lo contrario.

 

 

El fracaso demócrata de 1868.

 

Entre los triunfadores de septiembre de 1868 estaban los demócratas: el Partido Demócrata estaba integrado, en principio, por pequeños comerciantes, artesanos, obreros catalanes, campesinos andaluces… organizados en Juntas populares.

La idea de los revolucionarios de 1868 era hacerse con el poder y por eso formaron la Junta Superior Revolucionaria de Madrid antes de que los militares tuvieran tiempo de formar un Gobierno de España. Pero el general Juan Prim, de signo progresista, formó Gobierno, Gobierno Provisional de Serrano, y los militares exigieron a la Junta de Madrid la cesión del poder al ejército. Lo mismo estaba ocurriendo, por orden de Prim, en el resto de ciudades españolas sublevadas.

El primer tema sorprendente es cómo la Junta Superior Revolucionaria de los demócratas cedió el poder al Gobierno de Serrano, de los progresistas. Lo lógico con nuestra manera de imaginar las cosas hubiera sido un Gobierno de progresistas y Juntas demócratas. Pero lo que hubo fue un Gobierno de progresistas en exclusiva.

El 9 de octubre de 1868, los demócratas y republicanos excluidos del Gobierno se sintieron molestos, ofendidos e indignados.

La explicación de esta cesión del poder, sin mover un dedo los republicanos en contra de ella, debemos buscarla en las disensiones entre demócratas y republicanos por un lado, y federales y socialistas por el otro, cuyos proyectos eran también diametralmente opuestos. Los demócratas se reunieron tres veces, el 11, 18 y 25 de octubre en el Circo Price y no pudieron hacer otra cosa sino constatar las divergencias entre ellos.

 

 

La complejidad demócrata.

 

Los demócratas-republicanos quisieron autodenominarse “demócratas puros” y se conformaban con haber echado a Isabel II y poder proclamar la República. Creían que ello bastaría para limpiar la corrupción de la clase política. Incluso estaban dispuestos a aceptar una monarquía que sirviese de transición mientras ellos adoctrinaban a los españoles en los valores republicanos. Sólo exigían libertad para expresar y difundir sus ideas.

Los demócratas de izquierdas decidieron llamarse “federales democráticos” y no admitían componendas con ninguna monarquia, ni fases de transición hacia la república.

Dicho así, parecería que el problema era sencillo, pero resultaba mucho más complicado: entre ellos había “republicanos unitarios” que defendían el mantenimiento de la unidad del Estado como medio para mantenerse fuertes y poder lograr inversiones y desarrollo. Había “federalistas republicanos” que hablaban de repartir competencias de Gobierno entre el Estado español, las regiones, las provincias y los municipios. Y había “republicanos federales” que defendían el principio de autodeterminación regional y municipal permanente, principio que conduciría a muchos de ellos al cantonalismo, o Gobiernos comarcales independientes. Y una vez establecido el cantonalismo, el siguiente paso, era esperar a ver qué pasaba en los distintos Cantones, y ello fue la experimentación de varios sistemas políticos diferentes en los diferentes cantones, en torno a dos modelos básicos, socialista y populista. Era evidente que las minorías socialistas y populistas no tenían ninguna oportunidad en el conjunto de la nación, pero sí la podían tener en Cantones concretos que ellos dominaban, o dominaban la ciudad capital del Cantón.

Dentro del grupo de republicanos federales tenemos que distinguir los “republicanos federales socialistas”. Los socialistas eran en 1873 un grupo muy pequeño recién aparecido en el Congreso de Barcelona de 1870, y además muy heterogéneo pues estaban integrados por socialistas, anarquistas y varios utópicos. Eran muy activos entre los republicanos cantonalistas, pero querían algo distinto al resto de los cantones no socialistas: una revolución proletaria con socialización de la propiedad e internacionalismo. El federalismo de los republicanos cantonalistas no era de su gusto.

Los socialistas españoles (socialismo-anarquismo-utópicos) eran en general gentes de clase media, que nunca había pensado en la necesidad de un programa, y tenían ideas muy dispares entre ellos. Al lado de unos pocos dirigentes intelectuales, había entre ellos muchos “descamisados”, urbanos y rurales, dispuestos a cualquier violencia, una chusma que quería acabar con “todo lo existente”.

Karl Marx se asustó mucho de la categoría humana de estos socialistas españoles, que él consideraba anarquistas violentos y no marxistas, y envió a su cuñado, el cubano Paul Lafargue, a explicar el programa revolucionario marxista, y a intentar reconducir el movimiento socialista español hacia otra cosa que no fuera el desorden y violencia sistemática propio más bien de los kropockinianos de final del XIX.

 

 

El fracaso del Gobierno de 1869.

 

El Gobierno de 1869 creyó que la forma de triunfar frente a estos ensayos sociales y políticos era hacer pronto una Constitución elaborada por unas Cortes elegidas por sufragio universal. En esas elecciones salieron 160 progresistas, 80 unionistas, 80 republicanos federales, 40 demócratas puros dispuestos a transigir, 30 carlistas, 3 unionistas que todavía pensaban poder restablecer la vieja monarquia en la persona de Alfonso XII, y 3 republicanos unitarios. En resumen, 280 escaños eran monárquicos o toleraban la monarquía, y sólo 115 se oponían a la idea de la mayoría. La mayoría era superior a dos tercios. No debería haber habido problemas. La coalición de la mayoría hizo un manifiesto de unidad monárquica, siempre que la monarquía fuera democrática y no autoritaria y de derecho divino como había sido la de Isabel II, aunque ésta hubiera aceptado la existencia de Constituciones para darle aires modernos a su reinado. Y Serrano tomó el poder definitivamente.

Sin embargo, la minoría republicana de la oposición no aceptó el resultado de las elecciones y propuso un asamblearismo, un Gobierno de las Cortes, las cuales se debían valer de un Comité Ejecutivo (Gobierno) que realizara las decisiones de ese Gobierno asambleario (Parlamento). El Comité Ejecutivo sería responsable ante las Cortes.

La mayoría en las Cortes se dio prisa en elaborar una Constitución y ésta quedó aprobada en 1 de junio de 1869 por 214 votos a favor y 55 en contra. La finalidad era acabar pronto con la amenaza de insurrección de la minoría republicana federal.

La minoría republicana aprovechó las discusiones sobre la Constitución para hacer propaganda de sus ideas. Principalmente hablaban en contra de la Iglesia Católica, en contra de los Gobiernos autoritarios que tomaban decisiones por sí mismos, y en contra del ejército profesional que, según ellos, debía ser sustituido por la milicia ciudadana.

 

 

El fracaso monárquico en 1870-1873.

 

El 15 de julio de 1870, Serrano suspendió las sesiones de Cortes y las envió de vacaciones hasta 1 de octubre. Con ello, esperaba ganar el tiempo necesario para dejar entronizado a un Rey y para iniciar un nuevo periodo de Cortes más tranquilo, sin grandes decisiones por tomar. En esos dos meses y medio, Prim trabajó duro en buscar un Rey. Lo encontró pero, a fines de diciembre de 1870, Prim fue asesinado. Y el Rey tuvo que gobernar sin el gran valedor de su causa, sin un apoyo claro de la gran burguesía y del ejército.

Entonces, durante el reinado de Amadeo I de Saboya, se inventó un nuevo sistema político difícil de asimilar:

Los “constitucionales”, o Partido Constitucional, eran un acuerdo de unionistas, progresistas conservadores y demócratas conciliadores, capitaneados por Práxedes Mateo Sagasta, un hombre hábil en manejos políticos, formarían un partido dinástico conservador.

Los “radicales”, o Partido Radical, eran un acuerdo entre progresistas de izquierda y demócratas reformistas republicanos, que capitaneados por Manuel Ruiz Zorrilla, un hombre íntegro, formarían un partido dinástico progresista.

El conjunto de los dos partidos, debía formar un bloque contra los republicanos unitarios, republicanos federales, monárquicos carlistas y monárquicos alfonsinos, que no tendrían opción ninguna en las Cortes, puesto que los partidos dinásticos, constitucionales más radicales, representaban el 80% de los diputados.

El sistema político nuevo no funcionó. Tanto Constitucionales como Radicales estaban profundamente divididos entre ellos y no eran capaces de llegar a unos acuerdos mínimos para actuar como partidos que pudieran sostener un Gobierno y una alternativa de Gobierno. Era un sistema acordado por los cabecillas políticos de turno, pero no salido del conjunto de los políticos en activo.

Los grupos republicanos tampoco estaban cohesionados entre sí. Tras los violentos sucesos de la Comuna de París de marzo-mayo de 1871, y de otras comunas en Francia, el ensayo republicano socialista dejaba mucho que desear y muchos republicanos dejaron de creer en el mito del arreglo universal a través de la república. El 22 de julio de 1871, Emilio Castelar decidió que la única salida política posible, para los republicanos y para España, era la alianza entre Radicales y Republicanos. Esa decisión de Castelar, dividió a los republicanos en dos bandos: los “benevolentes” que aceptaban el juego parlamentario y el pacto con los grupos contrarios hasta que fuera posible la República, y los “intransigentes” que no aceptaban diálogo alguno con los monárquicos en general ni con los burgueses, y por tanto rechazaban de plano la nueva ficción de partidos Constitucional y Radical.

En abril de 1872 hubo elecciones: los resultados fueron decepcionantes para el plan regenerador de España de los progresistas: aparecieron “los conservadores” de Francisco Serrano como minoría mayoritaria con 129 escaños; tras ellos iban “los constitucionales” de Práxedes Mateo Sagasta con 82 escaños; “los radicales” de Manuel Ruiz Zorrilla con 62 escaños; “los republicanos federales” con 42 escaños; y “los carlistas” con 38 escaños. Era imposible el Gobierno de los constitucionales, el de los radicales e incluso el de una coalición de constitucionales y radicales, si no contaban con el apoyo de los moderados que manejaba Serrano.

Ningún Gobierno era posible: El Gobierno de Serrano se mostró imposible porque no le apoyaban ni los constitucionales ni los radicales, y al Gobierno “radical” de Ruiz Zorrilla le ocurría otro tanto.

La salida fue convocar en junio de 1872 nuevas elecciones para 24 de agosto de 1872. En esta ocasión, los Radicales (Partido Radical) de Ruiz Zorrilla obtuvieron 224 escaños y los Republicanos Federales 87. Las cifras nos sugieren que había habido una solución política, pero era todo lo contrario: los conservadores habían dado consigna de retraerse, no participar en las elecciones, y sólo sacaron escaño los 20 que se presentaron. Los carlistas se retrajeron todos. El triunfo de Ruiz Zorrilla era aparente, falso. Y los Radicales, ante la tensión política del momento, se dividieron en un “ala derecha” capitaneada por Servando Ruiz Gómez y Aduardo Gasset de Artime, y un “ala izquierda” capitaneada por Cristino Martos Balbi y Nicolás María Rivero. Cristino Martos Balbi y Nicolás María Rivero simpatizaban más con los republicanos que con los monárquicos.

Ruiz Zorrilla intentó reconducir la situación y cumplir el programa de 1868 que todavía nadie había llevado a cabo: abolir las quintas, y separar la Iglesia del Estado. Lo de eliminar los impuestos indirectos era un problema técnicamente irresoluble por no tener un catastro adecuado para cobrar impuestos directos.

A finales de 1872, Amadeo I decidió marcharse de España. Sólo necesitaba una oportunidad que justificase su abdicación. Utilizó una anécdota sin importancia, y el 11 de febrero de 1873 presentó su abdicación. La verdad era que Amadeo no soportaba una insurrección en Cuba, otra insurrección carlista en el norte de España, otra insurrección republicana en el sur y levante español, y que los políticos españoles se dedicaran mientras tanto a discutir e insultarse, sin intentar solucionar ni un solo problema. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la culpa de la abdicación de Amadeo la tuvieron los monárquicos con esas posturas de lucha interna entre ellos. Y mientras, la Constitución no era obedecida. Seguía siendo papel mojado como todas las otras Constituciones españolas del XIX.

 

 

El mito de la república en 1873.

 

Una vez terminado el periodo absurdo de luchas internas entre partidos conservadores, moderados, constitucionales, cimbrios (demócratas dialogantes) y demócratas republicanos, y habiendo fracasado todos ellos en conjunto, quedaba en pie el mito de las clases medias bajas, el mito de la “república”, el sistema político que traería el orden, la paz, la libertad y la prosperidad por sí mismo. Los republicanos federales les aseguraban a los españoles que no había nada que temer pues la igualdad en los derechos garantizaría por sí mismo todas esas circunstancias. Y los españoles estaban deseosos de creérselo. Y la taumaturgia de la palabra sustituyó a la realidad.

Se ocultaban a sí mismos que los intereses de las clases medias son contradictorios con las de las clases bajas, y que ambos grupos no podían ir juntos a una revolución: las clases medias quieren acceso a la propiedad; las clases bajas quieren trabajo y distribución de la riqueza entre todos. Y ambos conceptos son incompatibles, y generan por sí mismos la violencia si ambos se intentan poner en práctica a la vez: si se reparten las tierras, protestan los propietarios que las pierden. Si se reparten las casas, protestan los propietarios. Y lo que es peor, en ambos casos, nadie tiene interés en producir. La pequeña burguesía rural y los pequeños propietarios de casas, rentistas y familias acomodadas, no querían perder sus posiciones sociales y económicas. Las clases populares querían trabajo para todos y bien retribuido, pero esperaban que las condiciones para que ello fuera posible le vinieran dadas desde arriba, desde el Estado. Esto último significa grandes gastos públicos que en principio deben asumir las clases medias con sus impuestos, y las clases altas con parte de sus ganancias, y significa la ruina y desaparición de estas clases medias. En fin, y en pocas palabras, la burguesía no es compatible con la dictadura del proletariado. En estos momentos históricos, lo estaban descubriendo las clases medias españolas. La demostración práctica les vino cuando los cantones republicanos empezaron a hacer Gobiernos populares, y repartos de la propiedad. Las clases medias comprendieron que su error había sido muy grande, y que ya no podían dar marcha atrás porque las clases populares se habían constituido en mayoría y habían asumido el poder. Su primera reacción fue huir de las ciudades en que se habían asentado los Cantones. La segunda, fue esperar a que el ejército les resolviera la papeleta, o en el caso de los grandes poseedores, organizar fuerzas paramilitares que liquidaran a los revolucionarios.

Entonces hubo una reacción “unitarista” anticantonalista y las clases medias volvieron a pedir “orden social” al tiempo que denostaban el “orden en libertad” y la “paz en democracia” que les habían predicado los republicanos federales. Pero la salida ya no podía ser por la vía legal, sino por la vía violenta. Y apoyaron a Cánovas a partir de 1875.

Castelar se había equivocado al pensar que la República había sido generada por “el destino”, una vez que el moderantismo se había agotado y la monarquía había fracasado. Había otras causas, y había otros caminos al futuro, pero los españoles no estaban dispuestos al consenso, a perder algo cada uno para ganar todos. Castelar lo expresó muy claramente, pues era como si el destino, una vez cerradas las mentes de los españoles, les llevara por caminos forzados. Castelar tenía razón visto de esta manera.

Algunos historiadores conservadores dicen que el pueblo español no estaba preparado para la República. Pero “república” en 1872 no significaba para el gran público  Jefatura del Estado elegida, sino una nueva organización territorial del Estado, una redistribución de la propiedad, y unas nuevas relaciones sociales. Y nadie había meditado seriamente las condiciones en las que ello se tenía que producir, ni los inconvenientes que podría tener y que nadie quería. Los dirigentes republicanos identificaban “república” con autodeterminación territorial cantonal y con separación de Iglesia y Estado, y la realidad de los cantones hablaba a menudo de repartos de la propiedad. En esas circunstancias, el discutir si un Jefe de Estado es más democrático si es elegido que si es hereditario, es una nimiedad.

 

 

Relaciones internacionales de la Primera República.

 

Al establecerse la Primera República en España, sólo Estados Unidos y Suiza reconocieron el nuevo régimen político español.

Estados Unidos no contaba en la opinión de los españoles porque, desde hacía muchos años, era un enemigo de España, siempre dispuesto a atacarla en El Caribe.

Europa no quiso relaciones porque temía que hubiera en España, y se contagiase a Europa, un nuevo movimiento comunal, como el de 1871, que era por otra parte lo que defendían muchos republicanos españoles. Francia e Inglaterra, temían una alianza de España con Alemania. Así que la República Francesa de 1871 no reconoció a la República Española de 1873. Y la monarquía británica tampoco.

España no tenía hombres de prestigio para convencer a Europa de que no haría revoluciones cantonales ni pactos con Alemania. Los hechos demostraron que sí había ambas cosas.

Francia no simpatizó nunca con la República Española. Es más, la antipatía hacia España, muy grande en época de Adolphe Thiers, agosto de 1871-mayo de 1873, creció tras la caída de este Presidente de la Tercera República Francesa. Patrice MacMahon, Presidente de la República Francesa de mayo de 1873 a enero de 1879, dejó también libertad a los carlistas españoles para moverse por Francia.

Gran Bretaña tenía alguna simpatía por la República Española, pero no quería comprometerse individualmente, sino por un acuerdo entre los países europeos. Su política fue la de siempre, intentar un acuerdo de comercio ventajoso. Como los republicanos españoles no se lo concedieron, abandonó el proyecto de establecer relaciones con el Gobierno España. Pero les vendía armas a los carlistas, en guerra con ese Gobierno, y a los cantonalistas, también en guerra con el Gobierno.

Bismarck había visto en 1870 una posibilidad de establecer relaciones con España, pero había abandonado este proyecto político en tiempos de Amadeo de Saboya. El tema de España sólo le interesaba como baza política. En el conflicto de Cartagena, rebelde frente al Gobierno de la Primera República española, cuando España declaró piratas a los barcos cartageneros, Alemania apresó al vapor El Vigilante. Ello no agradó al Gobierno español de Madrid, que lo interpretó, no como una ayuda, sino como el secuestro de un barco español. Hubo incidente diplomático. En julio de 1874, ya abolida la República Española desde enero, los carlistas españoles fusilaron a un exoficial prusiano, y el incidente se magnificó, pues Alemania envió barcos a las costas españolas “para proteger a los alemanes”.

La causa de este desinterés general hacia España, era que todos veían, menos los españoles, el peligro de guerra civil, con la consiguiente internacionalización de la guerra, tras los sucesos de 1870-1871 entre Francia y Alemania.

Pero España logró la no intervención de los Estados europeos, lo cual favorecía a los republicanos federales españoles.

En otoño de 1874, cuando se echó abajo la República, y Serrano estableció una dictadura, los Estados europeos sí reconocieron al nuevo Gobierno de España.

 

 

Relaciones con la Iglesia.

 

El 21 de febrero de 1873, diez días después de proclamarse la República Española, José Fernández Jiménez, Encargado de Negocios de El Vaticano en Madrid, dimitió. Mostraba un completo desacuerdo con los republicanos españoles. Los asuntos de la Iglesia fueron entonces gestionados por un Secretario, Santiago Alonso Cordero, categoría muy inferior a la de Nuncio, y menor que la de Encargado de Negocios. Más tarde lo sería Siberio Baguer de Corsi. Y luego, Luis de Llanos. No hubo prácticamente relaciones con la Iglesia durante la Primera República.

Las relaciones con Roma, ya no existían desde Amadeo de Saboya, así que tras el advenimiento de la República, un sistema político contrario a los privilegios de la Iglesia, siguieron igual. Eso generó un problema de Gobierno, pues 20 sedes episcopales estaban vacantes.

Y los obispados eran muy importantes en España por motivos económicos, por motivos laborales y por motivos políticos.

El Papa quería designar él directamente a los obispos. José Carvajal Hué, Ministro de Hacienda con Pi y de Gobernación con Castelar, propuso un acuerdo por el que el Gobierno español hiciera una propuesta extraoficial, el Papa diera el visto bueno a quienes le parecían bien, el Gobierno hiciera la propuesta oficial ya con los candidatos acordados, y el Papa los nombrara como de motu propio.

 

 

Los monárquicos en 1873.

 

Tras la marcha de Amadeo, quedaban muchos monárquicos en España. Los provinientes del unionismo habían decaído tras el fracaso de la candidatura de Montpensier. Los provinientes del progresismo habían perdido fuerza tras la muerte de Prim y sólo quedaban Sagasta y Bugallal que eran alfonsinos. Los más eran alfonsinos provinientes del conservadurismo: Alejandro de Castro, Juan Martín Carramolino, Barzanallana, marqués de Bedmar, conde de Toreno, Nazario Carriquiri, José de Cárdenas, Arrazola…

Francisco Serrano capitaneaba los restos del unionismo monárquico, y Juan Bautista Topete los restos del unionismo-progresista.

 

 

Inicios de la Primera República

 

El Congreso dirigido por Nicolás María Rivero, y el Senado dirigido por Laureano Figuerola Ballester, se reunieron en sesión conjunta para constituir la Asamblea Nacional Soberana. La reunión conjunta de ambas cámaras era anticonstitucional, por lo que el hecho era ya revolucionario por sí mismo. La proclamación de Asamblea Nacional era completamente revolucionaria.

Las Cámaras reunidas en Asamblea Nacional el 11 de febrero de 1873 se proclamaron soberanas. Pi fue el hombre que presentó el proyecto de declaración de República y éste salió afirmado ese mismo 11 de febrero, por 258 síes contra 32 noes. Figueras declaró en vigor la Constitución de 1869, salvo lo concerniente a la monarquía, hasta que unas Cortes constituyentes hicieran una nueva Constitución.

Esta votación a favor de un modelo de Estado Republicano es un tanto sorprendente para nosotros pues la mayoría de las Cortes, un 80% de los diputados, era monárquica. Se había votado en espíritu en contra de Amadeo. Pero se había votado en la práctica la República, y con ello, se había producido un “golpe republicano”.

En estas condiciones, este mayoritario apoyo a la República no significaba acuerdos entre los partidos, que siguieron en tantas diferencias de opinión como antes, ni se puso fin a las conspiraciones y los pronunciamientos, aunque los que se pronunciaron a partir de entonces fueron los monárquicos, ni se acabó con las guerras coloniales, ni tampoco se acabaría con las guerras carlistas. No había programa. Simplemente se había cambiado de modelo político. La República tenía muy pocas posibilidades de prosperar desde el primer momento de su proclamación, y dio lugar a un sistema político más inestable que el que se pretendía sustituir.

¿Cómo explicar que se hubiera votado República? Pues porque los monárquicos no se atrevían a reaccionar y ello contrastaba con el entusiasmo y actividad de los republicanos. Cinco Ministros de Amadeo de Saboya aceptaron ser Ministros para la República.

Tampoco los republicanos estaban preparados para iniciar la República. Ni Castelar, ni Pi y Margall, ni Figueras, ni Salmerón tenían un plan de Gobierno para ese momento, por mucha teoría republicana que hubieran vertido en libros y conferencias. La República iba a durar 11 meses tras debatirse a lo largo de cuatro Gobiernos.

La masa republicana eran las clases medias bajas urbanas y estos hombres no sabían qué era una República. Creían que la República era libertad y justicia, reparto de la riqueza para todos los españoles e igualdad social. Es decir, ni remota idea de lo que era la república. Y enseguida, cuando vieron las medidas que tomaban los Gobiernos republicanos, las gentes comenzaron a abstenerse, pues las cosas no coincidían con lo que ellos creían que era la República. Poco a poco, fueron depositando sus esperanzas en el monárquico Antonio Cánovas del Castillo.

El 12 de febrero de 1873, al día siguiente de la proclamación de la República, se organizaron mítines, sobre todo en Barcelona, pidiendo enseñanza obligatoria, condiciones higiénicas de trabajo, prohibición del trabajo infantil, armas para el pueblo trabajador, autonomía para los municipios, menos horas de trabajo y mayor salario. Era su interpretación de la República.

Las amenazas que significaban estas peticiones en los mítines, surtieron efecto inmediato, y los patronos se reunieron el 14 de febrero acordando la semana de 74 horas y una subida del 7,5% de los salarios. El enfrentamiento social estaba planteado. Si en 1872, la Federación Regional Española de la Internacional tenía 236 centros sindicales con unos 20.000 afiliados, esa calculamos que sería su fuerza aproximada en febrero de 1873.

 

 

Los españoles frente a la República.

 

Los españoles hicieron muchas interpretaciones sobre lo que significaba la República. Empezando por los líderes:

Pi era partidario de un federalismo republicano, manteniendo todas las entidades históricas españolas, el conjunto de España, y los municipios, provincias (sobre todo las que habían sido históricamente reinos) y nacionalidades, bajo una forma de Estado republicano. Todos estos entes políticos tenían su personalidad forjada en la historia. El nuevo orden político se debía gestar mediante discusión pacífica en Cortes españolas, lo cual suponía disolver la Asamblea Nacional y convocar Cortes ordinarias. En la República Federal de Pi, la autonomía de las regiones federadas sería una realidad porque éstas estarían dotadas de soberanía cada una de ellas. Las cuestiones peculiares de cada entidad regional deberían ser gobernadas por esa entidad regional.  Las regiones estarían unidas por un pacto voluntario para la organización del Gobierno Central al que corresponderían los asuntos de interés común que las regiones tuviesen a bien entregarle. Pero Pi reconocía los 500 años de vida en común de los españoles como una realidad a respetar tan importante como la realidad regional o municipal. Todos eran entes soberanos. Pi tenía mucha teoría escrita, pero poca concreción de sus ideas, las redactaría años después de la Primera República. Y su indefinición permitió todo tipo de ensayos, incongruentes los unos con los otros.

Cuando a fin de siglo, el término región se cambie por el de nación, tendremos los nacionalismos catalán y vasco del XX, con la diferencia entre ellos de que Cataluña se mantendría en esta idea como idea vertebradora de un nuevo Estado Español, y el País Vasco querría simplemente la independencia. En el siglo XXI, los republicanos catalanes pasarían a pedir también la independencia. Pero en ambos casos, había confusionismo entre unas fuerzas burguesas muy de derechas, y unas tácticas comunistas-socialistas que sentían la imposibilidad de triunfar en el conjunto español y pretendían desmembrar el Estado para tener oportunidad de establecer sus modelos de Estado en territorios más pequeños. Pero la alta burguesía mantuvo el juego porque creía poder dominar en todo caso la revolución futura. Eran nacionalismos “raros” o “contranaturales”, pues el marxismo se había mostrado tradicionalmente antinacionalista, y el nuevo socialismo-comunismo interior a ellos se aferraba al nacionalismo para triunfar, y porque suponían una alianza entre burgueses y comunistas que era antinatural, pues ambos grupos sociales son enemigos a muerte.

Castelar era partidario de una República conservadora, que eliminase la figura del Rey, cuyo Gobierno había sido muy negativo en lo que iba de siglo XIX, y que se consttituyera un sistema que gobernase mejor que la monarquía. En su opinión, ello se conseguiría con una reducción o eliminación del ejército, lo cual, extendido a todas las naciones, traería la paz y con ella el progreso. Este pensamiento iba en contra del militarismo de Bismarck que es lo que se impondría en lo que restaba de siglo. También era utópico.

Salmerón quería una República radical unitaria. Radical quería decir que se hicieran todos los cambios que España precisaba y que los hicieran enseguida. Unitaria significaba que se mantendría a unidad del Estado. En algunos textos esta idea se cita como “república de los republicanos”.

Pavía creía en una República militarista o dirigida por militares, al modo en que las cosas estaban sucediendo en Francia y en Alemania.

Los que llamaremos internacionalistas marxistas, querían una oportunidad para su revolución socialista. Veían la nueva República como el último baluarte de la burguesía, como un paso adelante en su revolución, aunque no fuera exactamente la revolución que ellos pretendían. Aunque simpatizaban con los republicanos porque ello les daba más oportunidades para su revolución, no estaban exactamente en la idea de los republicanos españoles.

Los internacionalistas bakuninistas pero ya expulsados de la Internacional marxista en 1872, tenían un gran confusionismo de ideas: El grupo y periódico La Solidaridad, editado en Madrid, difundía ideas de anarquismo, colectivismo y ateísmo como las nuevas ideas de futuro, confundiéndolas todas. En Barcelona, el periódico La Federación, antes republicano, se hizo internacionalista y confundía constantemente el federalismo con el internacionalismo. En Córdoba, el periódico El Derecho hacía otro tanto.

Las masas populares identificaban República con un socialismo utópico que les daría la tierra, o un comunismo que daría trabajo a todos, o quizás una serie de Gobiernos cantonales en los que muchísima gente encontraría un sueldo para vivir del Estado, cosa que, según ellos, sería posible tras eliminar los sueldos del ejército y crear los Voluntarios de la República. Pero las insurrecciones cantonales demostrarían que, frente a la utopía popular, era imposible eliminar el ejército y, al contrario, éste se hacía más necesario que nunca. El 12 y 13 de febrero de 1873, los jornaleros de Montilla se sublevaron en contra de todos los propietarios, entendiendo la república como comunismo o redistribución de la tierra para los pobres. Los propios republicanos hubieron de explicarles que la república no era eso.

 

 

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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