Conceptos clave: Regencia de Serrano, Gobierno de Prim, la libertad de imprenta en 1869, la reforma Figuerola en los impuestos, la crisis de julio de 1869, la etapa de septiembre de 1869 a enero 1870, la sublevación republicana de septiembre de 1869.

 

 

 

GOBIERNO PRIM: JUNIO 1869-ENERO 1870

 

 

 

 

REGENCIA DE SERRANO,

    de 15 de junio de 1869 a 2 de enero de 1871.

 

El 7 de junio de 1869, al día siguiente de proclamar la nueva Constitución, las Cortes propusieron a Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre, como Regente hasta que se encontrase un Rey para España. El candidato juró la Constitución y fue reconocido oficialmente Regente el 15 de junio, y con ello quedó fuera del juego político, pues él era el Jefe Provisional del Estado, el encargado de nombrar Presidente del Poder Ejecutivo, pero el Gobierno lo nombraría el nuevo Presidente, Juan Prim i Prats. A Serrano le habían echado mediante el método de “la patada hacia arriba”.

La maniobra política había sido ejecutada por Juan Prim. Serrano, además del hombre de los cubanos, era un hombre de relumbrón, amante de las grandes ceremonias, y podía estar muy a gusto como Regente de España. En cambio Prim era un gestor nato, un hombre de acción, y podría llevar mejor su programa de gobierno desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, una vez que era Regente, Serrano dejó de tener prisa por nombrar un nuevo Rey, lo cual convenía a Prim. Así, Prim tenía un poco más de tiempo para resolver el problema de la sucesión. El problema era peliagudo porque los Habsburgo de Austria no le convenían, los británicos no eran del gusto de Napoleón III, y los Borbones estaban descartados por su relación con María Cristina, la esposa de Fernando VII, y con Isabel, la Reina depuesta.

Antonio de Orleans, duque de Montpensier, creyó que era su oportunidad de regresar a España. Prim se lo impidió un tiempo, pero Serrano lo permitiría más tarde, en junio de 1869.

 

 

Disolución de Cortes en 1869.

 

Las Cortes fueron disueltas en 15 de junio de 1869 por un error de un funcionario que creyó que se disolvían Cortes al aparecer un Regente, y hubo cierto revuelo por ello. No hubo prisa por volver a convocarlas. No volverían a reunirse hasta 1 de octubre de 1869, por lo que Prim, el nuevo Jefe de Gobierno, gobernaría sin Cortes tres meses y medio. Prim, en la cresta de su popularidad, se pudo permitir el lujo de prescindir de las Cortes un tiempo, sin grandes protestas de los progresistas. Serrano, con su alejamiento del poder directo, hizo olvidar su pasado oscuro. Pero no era lógico que, en un periodo de crisis y jefatura del Estado vacante, se disolviesen las Cortes, entrando de hecho en situación dictatorial o de excepción, aunque transitoria. ¿Pero cuánto dura una situación transitoria en política? A veces, días, a veces, años. No era normal la disolución de Cortes.

Serrano tuvo la suerte de ser perdonado por la opinión pública debido a su pasado de haber intervenido en la represión del Cuartel de San Gil en 1866. Tal vez ello se debió a que Serrano había participado en la revolución de septiembre de 1868. La culpa de esa innecesaria violencia del Cuartel de San Gil se la llevaría Hidalgo en 1873, como el hombre que arrastró a los demás y se quedó en la trinchera sin intervenir. Un oficial de segunda fila serviría como chivo expiatorio.

¿Y por qué estaba Serrano en lo alto del poder, como Regente? Porque una vez conseguida la popularidad, Serrano representaba la posibilidad de consenso entre los monárquicos y republicanos, y resultaba una pieza importante de la revolución. Varias veces intentó sondear la posibilidad de instaurar una dictadura militar al estilo de las de la Tercera República Francesa, pero nunca tuvo partidarios. Serrano tuvo bastante con presumir de sus galones de capitán general, sus tres laureadas de San Fernando y su grandeza de España. No sirvió al objetivo que Prim esperaba.

 

 

 

GOBIERNO DE JUAN PRIM,

          18 JUNIO 1869 – 4 ENERO 1871.

 

 

Primera etapa del Gobierno Prim.

          18 junio 1869 – 25 agosto 1869.

 

Prim se estaba comportando en todo momento, desde septiembre de 1868, como si fuera Jefe de Gobierno, aunque antes de junio de 1869 figurara como tal Francisco Serrano. Prim era el hombre fuerte que sostenía a Serrano y tenía la adhesión de los militares y de la alta burguesía. Prim se ocupaba resolviendo el encargo de buscar un Rey, puesto que las elecciones habían dado un 80% de monárquicos, y se ocupaba de la coordinación de las fuerzas que debían sostener al Gobierno.

Una vez resuelto el problema de consolidación del sistema político, Prim tomó personalmente la Presidencia del Gobierno, sin abandonar nunca el Ministerio de Guerra, que era la base de su poder. No podía dejárselo a nadie, porque significaba el liderazgo del ejército triunfador en septiembre de 1868. Prim remodeló el Gobierno anterior introduciendo algunos progresistas y buscando la colaboración de otras personas de izquierdas, y se quedó para él los dos puestos más importantes en ese momento, Presidencia y Guerra.

 

Prim formó Gobierno en 18 de junio de 1869:

Presidente del Consejo, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos, del Partido Progresista / 25 de agosto 1869: Juan Bautista Topete Carballo (interino) / 21 de septiembre de 1869: Juan Prim i Prats.

Estado, Manuel Silvela de La Vielleuze, de Unión Liberal / 1 de noviembre de 1869: Cristino Martos Balbí, progresista / 9 de enero de 1870: Práxedes Mateo Sagasta, progresista.

Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera[1], de Unión Liberal / 13 de julio 1869: Manuel Ruiz Zorrilla, progresista / 9 de enero 1870: Eugenio Montero Ríos, progresista / 25 de diciembre 1870: Práxedes Mateo Sagasta, progresista.

Guerra, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos, progresista / 25 de agosto de 1869: Juan Bautista Topete Carballo (interino) / 21 de septiembre de 1869: Juan Prim i Prats / 20 de marzo de 1870: Juan Bautista Topete Carballo / 25 de diciembre de 1870: Juan Prim i Prats.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo, de Unión Liberal / 6 de noviembre de 1869: Juan Prim i Prats (interino) / 9 de enero 1870: Juan Bautista Topete Carballo / 20 de marzo de 1870: José María Beránger Ruiz de Apodaca, progresista.

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, progresista / 13 julio 1869: Constantino Ardanaz Undabarrena, progresista / 1 de noviembre de 1869: Laureano Figuerola Ballester / 2 de diciembre de 1869: Segismundo Moret Prendergast.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, progresista / 9 de enero de 1870: Nicolás María Rivero, demócrata.

Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, progresista / 13 julio 1869: José Echegaray Eizaguirre, progresista.

Ultramar, Juan Bautista Topete Carballo, de Unión Liberal / 13 julio 1869: Manuel Becerra Bermúdez, progresista / 31 de marzo de 1870: Segismundo Moret Prendergast, progresista.

 

Laureano Figuerola en Hacienda, Manuel Ruiz Zorrilla en Fomento, y Práxedes Mateo Sagasta en Gobernación, eran los representantes de los progresistas. Prim también aparecía como progresista.

Prim estaba prescindiendo de Juan Álvarez Lorenzana, progresista procedente de Unión Liberal, hasta entonces en Estado, y de Antonio Romero Ortiz, también procedente de Unión Liberal y hasta entonces Ministro en Gracia y Justicia.

También se excluía a los republicanos del Gobierno, incluso a los republicanos moderados o “cimbrios”. En las negociaciones, Prim intentó atraer a los demócratas cimbrios Cristino Martos, Manuel Becerra y José Echegaray para debilitar más la postura republicana intransigente, pero estos se negaron a aceptar carteras. El consenso era imposible.

Prim hizo el discurso de presentación del Gobierno el 19 de junio y, en adelante, a partir de octubre de 1869, procuró ir poco a las Cortes “para no desgastarse”.

 

 

El cambio de táctica republicano.

 

Los republicanos, a finales de 1868, estaban convencidos de que la revolución la habían protagonizado ellos y de que el pueblo español les votaría masivamente en las siguientes elecciones. Luego llegó Prim y se hizo con el Gobierno para los militares, quedando los republicanos excluidos pues Prim pensaba restaurar una monarquía. Más tarde, en los preparativos de la Constitución monárquica, se vieron fuera del juego político. En mayo de 1869, decidieron cambiar su táctica política y volver a la calle, como en septiembre de 1868, cuando arrastraban a muchas Juntas populares. La idea era reconstruir las Juntas, lograr que éstas hicieran pactos entre ellas, y se impusieran al Gobierno monárquico que había salido de la Constitución.

Valentí Almirall acababa de escribir en 1868 Bases para la constitución federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña. Durante la discusión del articulado de la Constitución, Valentí Almirall estaba preparando una república en la Corona de Aragón.

Y el 18 de mayo de 1869 se reunió la Asamblea de Tortosa a la que asistieron representantes republicanos de Cataluña, Aragón, País Valenciano y Baleares, los cuales elaboraron el Pacto de Tortosa o Pacto de la Coronilla de Aragón. La idea era proclamar una República Demócrata Federal del antiguo Reino de Aragón. Estuvieron presentes en la Asamblea, Pi i Margall, Estanislao Figueras y Emilio Castelar.

A continuación, se hicieron el Pacto de Córdoba, el Pacto de Valladolid, el Pacto de Éibar, el Pacto de La Coruña. De esta manera, el “territorio republicano” quedó dividido en cinco entes territoriales.

El 12 de junio de 1869, el Pacto de Córdoba sumó al proyecto de República Federal a las regiones de Andalucía, Extremadura y Murcia.

El 15 de junio de 1869, la Asamblea de Representantes de la Federación Castellana, Pacto de Valladolid, reunida en Valladolid bajo la presidencia de José María Orense marqués de Albaida, se sumó al proyecto.

El 28 de junio, el Convenio de Éibar, Pacto de Éibar, sumó el País Vasco y Navarra al proyecto.

El 18 de julio, el Pacto Galaico Asturiano, celebrado en La Coruña, se sumó al proyecto.

La decisión republicana fue actuar mediante medios pacíficos mientras el Gobierno no atacase derechos individuales de los españoles y reconociese la autonomía de las personas y de las diversas entidades políticas españolas.

Todavía afirmaban los republicanos la unidad nacional de España, aunque reclamaban organización federal del Estado.

El 30 de junio de 1869, Pi i Margall llamó a un Pacto Nacional de todos los republicanos, Almirall se opuso, y con ello empezó el fracaso de Pi y de su idea federativa. Las sublevaciones republicanas empezarían en el otoño siguiente.

 

 

La libertad de imprenta.

 

Contrariamente a lo esperado para un Jefe de Gobierno que gobernaba con las Cortes disueltas, Prim se comportó como un demócrata liberal progresista.

El 20 de junio de 1869 presentó la ley de la libertad de imprenta o supresión de la censura previa. Con ello, intentaba acercarse a los demócratas.

El periodo de 1868-1873 se caracterizará por los esfuerzos a favor de estas libertades. La libertad de prensa morirá precisamente cuando lleguen al poder los republicanos que tanto demandaban libertad: en 20 de septiembre de 1873, los republicanos de Castelar, que tanto habían protestado contra la censura y la falta de libertad en la oposición, comenzaron a poner restricciones a la libertad de prensa, una vez que habían comprobado la maldad del cantonalismo. Y las leyes contra la libertad de prensa se endurecerían el 22 de diciembre de 1873, también durante el Gobierno Castelar. Luego, la llegada de los conservadores de Cánovas en 1874, significaría el completo control de la prensa por el Gobierno, y 13 de julio de 1874, facultaría a las autoridades gubernativas para supresiones urgentes de órganos de prensa.

 

 

Reforma impositiva de Figuerola[2].

 

El 12 de julio de 1869 se aprobó la Ley de Bases Arancelarias conocida como “ley Figuerola”. El problema que se trataba de combatir era la debilidad del comercio español en exportaciones. Paralelamente, se intentó paliar la deuda pública, que era de unos 22.000 millones de reales y se tomaron préstamos poniendo como garantía las minas, liberalizadas el 1 de enero de 1869.

En las alusiones a esta Ley de Bases Arancelarias de 1869 suele citarse esta ley como el “Arancel Librecambista”, o el “Arancel de Figuerola”. También se suele citar “la base quinta”, que decía que los derechos extraordinarios de aduanas comenzarían a desaparecer progresivamente a partir de 1875 y hasta 1881.

Este arancel fue la base de los monopolios extranjeros en España. Estos monopolios permanecieron veinte años hasta que surgió la industria vasca y les hizo competencia en el hierro. Esta ley será abolida en 1875.

La Ley de Bases Arancelarias de 12 de julio de 1869 suprimió restricciones para importar y exportar de España, y eliminó varios derechos extraordinarios sobre las mercancías, ponía un arancel máximo del 15%. El proyecto contemplaba una disminución progresiva del arancel hasta su total desaparición en 1881. La desaparición de los aranceles no suponía la desaparición de impuestos meramente fiscales.

La ley de Bases Arancelarias de 1869 intentaba un librecambismo que debería conducir a España a una integración en Europa.

Los antecedentes de la Ley Figuerola venían de 1845, primer sistema racional de cobro de impuestos en aduanas: el Estado gravaría la producción y el consumo en origen y para ello distribuía los gravámenes en tres grupos: las contribuciones directas (inmuebles, cultivos, ganado, industria, comercio, derechos civiles); las contribuciones indirectas (aranceles de aduanas, derechos de timbre, e impuestos al consumo de alimentos); y los monopolios del Estado (estancos de tabaco y sal, y loterías). La gente odiaba particularmente los impuestos sobre los alimentos, los llamados “consumos”, porque los precios en España eran altos y se echaba la culpa a estos impuestos, sin analizar problemas más serios como el proteccionismo y las ventajas y subvenciones para muchas empresas. Los consumos o contribuciones indirectas eran un impuesto injusto, pues gravaban por igual a los ricos que a los pobres, pues ambos tienen parecidas necesidades alimenticias. Pero si se suprimían, el Estado se hacía inviable, y se volvían a reponer. Antes de abolir los consumos era preciso obtener nuevas fuentes de financiación para Hacienda.

Pero la recaudación se había mostrado insuficiente para los enormes gastos del Gobierno español, algunos de ellos en ejército sobredimensionado por las muchas guerras, y otros en funcionarios con poca dedicación. En 1868 se debían 5 millones de pesetas. El recurso inmediato y tradicional fue recurrir a emitir deuda, pero ello tiene el problema de encontrar quién esté dispuesto a concederla y a qué precio.

La idea de Figuerola era que si se reducían los derechos extraordinarios de bandera que pagaban muchos artículos extranjeros, bajarían los precios españoles en general. Pero ello tenía el inconveniente de que los burgueses españoles se habían acostumbrado a fabricar con bajos costes y maquinaria anticuada, basándose en las subvenciones del Estado y en el monopolio sobre el comercio interior español. Y no estaban dispuestos a abandonar un negocio seguro, pues ello llevaría a invertir en maquinaria, tras lo cual no era seguro que fueran competitivos en el mercado.

En 1874, la deuda de Hacienda era ya de 12 millones de pesetas. Había más que duplicado en seis años. Y los precios no bajaban. La reforma Figuerola apareció como un fracaso.

Los resultados de la liberalización de Figuerola fueron: que las exportaciones se diversificaron y las importaciones cambiaron entrando menos alimentos y más materias primas al país; que llegaron los inversores europeos, pero no para crear en España las industrias de transformación, sino que se llevaban la materia prima a sus países de origen. Crearon puestos de trabajo para la extracción barata del mineral, pero no industrializaron a España. Al Gobierno le faltó una regularización de esa libertad de explotación minera, es decir, una cierta exigencia sobre los capitalistas, basada en una falsa concepción del liberalismo. En 1870 se concedió el mercurio de Almadén a los Rothschild, y en 1873 se vendió el cobre de Riotinto a los británicos. Como el Estado español estaba en constante bancarrota, se hizo rehén de los prestamistas extranjeros.

Se pensaba también suprimir el “impuesto de puertas y consumos” para favorecer el mercado interior y abaratar la comida, pero el tema iba a resultar muy difícil y se pospuso.

El 13 de julio de 1869, Figuerola abandonó el Ministerio de Hacienda.

 

 

Crisis de Gobierno Prim de julio de 1869.

 

Un mes después de formar Gobierno, el 14 de julio de 1869, le dimitieron a Prim los ministros de Justicia (Cristóbal Martín de Herrera, de Unión Liberal), de Hacienda (Laureano Figuerola, progresista) y de Ultramar (Juan Bautista Topete, de Unión Liberal) y fue necesaria una remodelación de Gobierno en la que se reforzó el Partido Progresista:

Gracia y Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla, progresista que abandonó Fomento.

Hacienda, Constantino Ardanaz, progresista.

Fomento, José de Echegaray Eizaguirre[3], progresista.

Ultramar, Manuel Becerra Bermúdez, progresista.

Con estos nombramientos se trataba de seguir acercándose a los demócratas cimbrios, al mismo tiempo que se atacaba a los demócratas federales republicanos, en este momento ya en contacto con los socialistas.

Prim lanzó al Ministro de Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, contra los republicanos federales. La idea era provocar rebeliones republicanas y acabar con ellos durante la represión de las sublevaciones. No imaginaban la gravedad de lo que estaban haciendo, pero se había hecho muchas otras veces con buen resultado para el Gobierno:

El 15 de julio, las Cortes suspendieron sesiones para irse de vacaciones en un momento muy inoportuno, pues los carlistas amenazaban guerra y los republicanos federales levantamientos. Y además, se estaba negociando con Estados Unidos la cesión de Cuba para librarse de un problema que ya se sabía irresoluble. El cierre de las Cortes fue aprovechado por Prim para restablecer la Ley de 17 abril de 1821 sobre conspiraciones y causas de rebelión armada. Esta medida había ido encaminada en su momento contra las sublevaciones republicanas y carlistas, y en verano de 1869, se retomaba de forma antidemocrática, con las Cortes cerradas.

Las manifestaciones republicanas se produjeron inmediatamente: En Madrid hubo una manifestación, organizada por el Casino Republicano de Calle Mayor, que decían querer conmemorar el tercer aniversario de los muertos del Cuartel de San Gil. La manifestación fue controlada por el Gobierno. Las manifestaciones se produjeron también en Andalucía, Cataluña y Levante, y su control fue mucho más difícil.

Las manifestaciones de Medinasidonia, Sevilla y Arcos de la Frontera fueron especialmente violentas y estaban organizadas por los republicanos. Se comentaba que el dinero llegaba de los insurrectos cubanos.

Simultáneamente a la acción en la calle, los republicanos hablaban en Madrid de que buscaban pactos y diálogo con el Gobierno, lo que era completamente falso, pero les servía para exigir la autonomía municipal y la posibilidad de la confederación de municipios en Cantones. Era simple propaganda y postureo político. Apareció entonces la palabra “cantón” como asociación de municipios. Valentí Almirall puso en marcha los primeros cantones.

Entonces Prim se mostró como un tipo conservador tradicional español, fusilando sin juicio previo y aterrorizando al enemigo para luego ofrecer clemencia y aparecer como pacificador. Estaba perdiendo las formas liberales progresistas. La idea final era pacificar España y ponerle un Rey que reanudara las condiciones favorables a los negocios.

 

 

El difícil verano de 1869.

 

Decimos difícil porque confluyeron en el tiempo todos los problemas que España tenía y no había sabido resolver: el de los republicanos federales, el de Cuba, el de los carlistas, y el del regionalismo catalán violento.

 

El 30 de julio de 1869 hubo reunión general de representantes republicanos de Tortosa, Córdoba, Valladolid, Éibar y La Coruña y elaboraron un manifiesto que declaraba la República Federal, la autonomía municipal, provincial y nacional. El Manifiesto se quedó en papel mojado, en una declaración de intenciones, pero debía ser tenido en cuenta porque muchos españoles no iban a colaborar con los Gobiernos del Sexenio.

 

El 1 de agosto de 1869 empezó la negociación con Estados Unidos sobre la venta de Cuba. El general Sickles, embajador de Estados Unidos en España, ofreció la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El Gobierno español no aceptó porque aceptar era lo mismo que regalarles la isla, pues nunca se marcharían. Ulises Grant declaró sus simpatías por los insurrectos cubanos e hizo campaña por declararles “beligerantes” en vez de llamarles “rebeldes” como España pretendía.

 

En verano de 1869 se produjeron los primeros alzamientos carlistas de esta época. Los carlistas se identificaban por la boina. Pero no llegó a haber insurrección generalizada sino solamente aparición de partidas de guerrilleros. Este fracaso condujo a los carlistas a acordarse de Cabrera, que en estos años era ya un personaje mítico. Se iniciaba la Tercera Guerra Carlista, aunque las acciones bélicas de alguna envergadura no tendrían lugar hasta 1872. Carlos VII había comprometido a la guarnición militar de Figueras y se dirigió hasta allí para iniciar la guerra, pero los soldados se volvieron atrás y Carlos regresó a Francia.

Entonces Carlos VII comprendió que no hallaría la cooperación del ejército, sino que tendría que levantar el suyo propio, y puso parte de su dinero en la compra de armas y uniformes. Consiguió 100 fusiles usados y 150 hombres. La dificultad para reclutar un ejército era mayor que la que se esperaba, pues la policía francesa embargaba las armas de los viajeros que transitaban los caminos de Francia. Decidió regresar a Fontainebleau. En julio de 1869, Carlos VII se trasladó a Burdeos, más cerca del País Vasco y de Navarra, donde tenía la mayor parte de sus seguidores, y donde se le había ofrecido la guarnición militar de Pamplona. Viajó por Bayona y San Juan de Luz hasta Ascain, pueblo francés muy cercano a San Sebastián. Allí le recibió el general Elío. Una vez más, el alzamiento de Pamplona fracasó. Y el 4 de agosto, Carlos VII se retiró a Toulouse. Daba la coincidencia de que el carlismo estaba teniendo más éxito en esos momentos en La Mancha y en León-Palencia, lejos de la Frontera, que en los lugares que se habían pensado como bases carlistas.

En efecto, el 23 de julio de 1869, se produjo el primer levantamiento de la Tercera Guerra Carlista: se había sublevado Vicente Sabariegos muy cerca de Ciudad Real. Sabariegos estaba casado con la hija de Manuel Adame, alias Locho, su colaborador. Sabariegos había estado en Londres y en Portugal y volvió a España en 1858 aprovechando una amnistía. La política anticlerical de los Gobiernos liberales hizo que se le ofrecieran muchos católicos para luchar por Don Carlos y para echar abajo la desamortización que les estaba quitando los comunales y los propios de los Ayuntamientos. Los carlistas de 1869 tomaron las localidades de Picón y Piedrabuena, al noroeste de Ciudad Real, gracias a que sorprendieron a la Guardia Civil. Pero enseguida la Guardia Civil se organizó y atacó Piedrabuena. El guerrillero carlista Polo fue apresado cerca de Daimiel, sometido a Consejo de Guerra y desterrado. Solariegos huyó a Portugal.

En otra parte, el cabildo de la catedral de Astorga (León) proclamó la insurrección carlista y se sumaron a la llamada varios curas párrocos de la zona. La policía municipal de Astorga se presentó en la catedral y fue después a las parroquias en donde los curas se habían manifestado carlistas y ordenó cerrar los templos para que las campanas no siguieran tocando a rebato. La acción fue continuada en la localidad de Valdeviejas, cercana a Astorga, pero los levantamientos fracasaron en Cameros, San Justo, Nistal, Celada y Murias.

En Palencia, intentó el levantamiento Pedro Balanzátegui, el cual fue capturado y condenado a muerte.

En Soria se alzó Francisco García Eslava, concretamente en Burgo de Osma, pero aguantó muy poco tiempo las dificultades de una guerra.

En Alcabón (Toledo), un pueblo de menos de 1.000 habitantes, se sublevó el cura Lucio Dueñas, conocido como el Cura de Alcabón, el Cura Milito, el Cura Matón. Fue detenido y posteriormente indultado por Serrano. Se volvió a sublevar y se mantuvo en esa actitud durante toda la guerra carlista.

 

Respecto al catalanismo, debemos apuntar que la Constitución monárquica de junio de 1869 y la poca “comprensión” del Congreso de los Diputados, incluidos los diputados republicanos, hacia el federalismo y el cantonalismo cuando las Cortes estuvieron abiertas, condujeron a los catalanistas a una nueva postura, la de ataque y destrucción del Estado español como vía para conseguir su Estado catalán.

 

 

Carlos VII de Borbón.

 

En julio de 1869 empezó de nuevo el movimiento carlista:

El primer líder del Carlismo fue Carlos María Isidro de Borbón, Carlos V durante 1833-1846. Era hermano de Fernando VII, el Rey de España en 1814-1833, y tío de Isabel II, la Reina en 1833-1868. Casado con Francisca de Braganza, tuvo dos hijos llamados Carlos y Juan. Carlos fue conocido como Carlos VI. Casado en segundas con María Teresa de Braganza princesa de Beira, ésta fue la verdadera “dirigente en la sombra” del carlismo en los años siguientes. En 1850, tras el escándalo del amancebamiento de Carlos VI con Adelina de Horsay, la princesa de Beira hizo que Carlos VI abdicara la jefatura de la Casa Real Carlista en su hermano Juan, Juan III. Juan fue jefe de la Casa Real de 1850 a 1868. Juan se había casado con María Beatriz de Austria Este, con la que tuvo dos hijos llamados Carlos y Alfonso. Juan era de ideas liberales, pero la princesa de Beira y su madre Beatriz se encargaron de educar a los hijos de Juan III, Carlos y Alfonso, en ideas católicas y autoritarias. Carlos se convirtió en Carlos VII. Se llamaba Carlos de Borbón y Austria de Este, Carlos VII. Había nacido en Laybach en marzo de 1848. Murió en Varesse en 1910. El absolutismo se veía ya inviable en Europa y sus apoyos exteriores fueron pocos.

En 1868 apareció pues, Carlos VII como nuevo candidato carlista al trono español y jefe de la Casa de Borbón rama carlista. Carlos VII se mostró a muchos viejos carlistas como un aventurero que, cuando vio próxima la caída de Isabel II, en julio de 1868, reunió a los carlistas en Londres y preparó su llegada al trono español. No creía en la causa del carlismo y sólo le interesaba la posibilidad de coronarse Rey. A esta reunión no asistió Cabrera, que estaba disgustado con el partido y con el candidato nuevo. Lo primero que hicieron los carlistas, al tener un nuevo líder, fue conseguir la abdicación formal de Juan III de Borbón, cosa que tuvo lugar en 3 de octubre de 1868 en París. Y el carlismo volvió a renacer. Carlos VII tomó el título de duque de Madrid y fijó su residencia en París. Isabel II le fue a ver algunas veces en París, y se habló de la posibilidad de casar a Alfonso de Borbón (Alfonso XII) con Blanca de Borbón, hija única de Carlos VII, pero se dijo que sólo eran habladurías.

Carlos VII entró en España a reivindicar sus derechos al trono en 1869, a los 21 años de edad, cuando sus partidarios habían preparado multitud de levantamientos (Pamplona, La Mancha, Extremadura, Astorga, Toledo, Palencia) que fueron siempre fracasos. Los carlistas llamaron de nuevo a Cabrera para que les dirigiera, pero Cabrera se negó a dirigir una masa tan heterogénea de gentes. El nuevo jefe provisional militar era el general Joaquín Elío Ezpeleta, sobrino del más conocido Francisco Javier de Elío, el protector de Fernando VII en 1814.

El primer pueblo en donde se intentó el pronunciamiento por el carlismo fue Figueras (Gerona) en julio de 1869, pero el pueblo no siguió a los que les arengaban y fue un fracaso. Luego sucedió lo mismo en Pamplona el 23 de julio. Tuvieron más éxito los carlistas en La Mancha, Extremadura, Astorga, Toledo y Palencia, pero se trataba de pequeños grupos que fueron reducidos en poco tiempo.

El mayor problema era conseguir la financiación para una guerra, pues los banqueros europeos consideraban muy arriesgado un préstamo a los carlistas.

Por fin Cabrera se decidió a ser el jefe de la sublevación en octubre de 1869 y esta se relanzó:

Cabrera era jefe político y militar del movimiento carlista. Puso como condición que Carlos VII se marchase de España y, efectivamente, Carlos se fue a Ginebra. Entonces Cabrera reorganizó el carlismo:

Creó una Junta Central con Joaquín Elío, José Martínez Tenaguero, Vicente Alcalá del Olmo y Cándido Ortiz de Pinedo.

Creó una “Asociación Católico Monárquica” que debía reclutar gente para el carlismo.

Redactó un documento de ideas básicas del carlismo. La redacción de un documento de ideas básicas era polémica: Cabrera entró en conflicto con los neocatólicos (ultramontanos o integristas), porque a éstos les parecía liberalizante el documento de ideas básicas de Cabrera.

Cabrera dimitió el 1 de marzo de 1870. Comprendió que todo era un desorden absurdo.

El asunto de la defección de Cabrera era grave, pues la única persona con prestigio se les iba, y Carlos VII decidió asumir personalmente la jefatura militar el 18 de abril de 1870.

Entonces hubo un intento de invasión de carlistas procedente de Francia y capitaneado por Regino Mergeliza Vera, pero que no era más que una trampa de Antonio Escoda, jefe de carabineros de Navarra que quería apresarles y apuntarse una medalla. Escoda fue descubierto a tiempo y los carlistas no cayeron en la trampa. Otra expedición carlista entró en Perpiñán, pero fue vencida y hubo de volver a Francia. Para colmo de males carlistas, se enteraron en diciembre de que el duque de Aosta, Amadeo, aceptaba el trono español y su causa estaba perdida.

Tras el fracaso de un golpe popular, decidieron presentarse a las elecciones de 1871, en el reinado de Amadeo y consiguieron 79 diputados, cuyo jefe era Cándido Nocedal y cuya labor en Cortes era votar contra todo. Su actitud les hizo perder diputados en 1872 y entonces se impuso el sector militar carlista y decidieron hacer la guerra. Francamente se lo pusieron difícil a Amadeo.

 

 

Gobierno interino de Topete[4],

25 agosto 1869- 21 septiembre 1869.

 

Prim viajó a Francia a finales de agosto de 1869. Dejaba a Juan Bautista Topete la Presidencia del Gobierno interinamente y el Ministerio de Guerra en titularidad. A Prim, le acompañaban en el viaje: Manuel Silvela, Ministro de Estado (Exteriores), y Salustiano Olózaga, embajador en Francia. Las funciones de Silvela en el ministerio de Estado las asumió interinamente Manuel Becerra Bermúdez.

La empresa de poner un Rey que no fuera Isabel II ni su hijo Alfonso, requería la aprobación de las potencias extranjeras, pues se podía romper el equilibrio de fuerzas en Europa, y también del consenso de los españoles, pues se pretendía que el sistema político fuese duradero.

En ese viaje, Prim habló con Napoleón III[5] sobre las posibles candidaturas al Reino de España. También se entrevistó con María Cristina y con su marido Agustín Muñoz duque de Riánsares, para que no pusieran inconvenientes a un nuevo Rey. Por último se entrevistó con Daniel E. Sickles, embajador de Estados Unidos planteándole la posibilidad de abandonar Cuba pero con la exigencia de que los rebeldes cubanos depusieran previamente las armas. Como los cubanos no tenían más argumento que sus armas, se negaron a abandonarlas.

 

 

El proyecto monárquico de Prim.

 

El primer candidato de Prim, a propuesta de los progresistas y demócratas, había sido Fernando de Coburgo. Fernando de Coburgo era viudo de María de la Gloria de Portugal y podía significar la unión ibérica. Ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Portugal, ni Fernando de Coburgo aceptaron. Ya hemos contado más arriba que este candidato estaba descartado.

El segundo candidato de Prim había sido el hombre que le había apoyado financieramente en el golpe de 1868, Antonio de Orleans duque de Montpensier y era el marido de Luisa Fernanda de Borbón, la hermana de Isabel II. En este caso, el discurso de Prim negando que un Borbón pudiera hacerse cargo de la Corona de España, se contradecía con la nueva candidatura, aunque fuera en otra línea de los Borbones. El duque de Montpensier era el candidato de los unionistas, y si este grupo iba a más, habría que tener en cuenta a su candidato. Prim rectificó diciendo que sólo vetaba a los Borbones descendientes de Isabel II.

Antonio Felipe de Orleans, duque de Montpensier, o más bien su esposa Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, eran apoyados por católicos y miembros de Unión Liberal, capitaneados por Juan Bautista Topete. Los Montpensier habían participado con dinero en contra de Isabel II en el golpe de 1868 y eso les descalificaba entre los sectores más conservadores. Napoleón III de Francia se oponía también a que un Borbón Orleáns reinase en España, porque Antonio de Orleáns, duque de Montpensier era el quinto hijo del depuesto rey de Francia en 1848, Luis Felipe de Orleáns. Su mujer, María Luisa Fernanda de Borbón, era hermana de Isabel II, y fue la que regaló al Ayuntamiento de Sevilla unos terrenos que se conocen con su nombre, “Parque de María Luisa”. Antonio Felipe de Orleans se había mostrado desde 1845 contrario a Isabel II, e incluso había apoyado las conspiraciones de 1868, pero estaba vetado por los militares progresistas españoles porque nunca se había comprometido con ningún golpe liberal o una guerra de las muchas que había hecho España en el reinado de Isabel II. También había coqueteado con los ultramontanos franceses antes de ofrecerse a los liberales españoles, y seguía siendo católico tradicional.

Otro proyecto de Prim fue el italiano, primero con Amadeo de Saboya I duque de Aosta, y después lo fue Tomás Alberto de Saboya duque de Génova, pero ambos rechazaron la propuesta. La prensa española añadió a éstos la candidatura de Eugenio Emmanuel de Saboya-Villafranca, príncipe de Carignano. Los italianos se negaron a aceptar una candidatura poco fiable tanto dentro de España como entre las potencias internacionales. El Ministro de Estado, Manuel Silvela, presentó el 17 de diciembre de 1869 la candidatura de Tomás Alberto duque de Génova, pero no tenía apoyos en España ni en Europa y fracasó enseguida.

Y una vez tratados los asuntos internacionales, con no mucho éxito, Prim volvió a España a asumir el poder.

 

 

La sublevación republicana de septiembre de 1869.

 

Los republicanos estaban descontentos desde que en septiembre-octubre de 1868 les habían birlado la revolución. Estaban decepcionados porque Prim había hecho una Constitución monárquica. Acusaron a Prim de traidor al pueblo. Acusaban al Ministro de Gobernación, Sagasta, de continuar la política anterior a la revolución de septiembre. Se podía argumentar que Sagasta trataba de controlar a los carlistas, pero los republicanos eran los más afectados.

En septiembre de 1869, los republicanos asesinaron a la máxima autoridad en Tarragona: Aconteció que mientras el general Blas Pierrad Alcedar, republicano intransigente, visitaba la ciudad. Aparecieron grupos republicanos que gritaban vivas a la República, y portaban banderas y pancartas republicanas de apoyo a Pierrad. El Secretario del Gobierno Civil Provincial, incidentalmente a cargo del Gobierno Civil Provincial por ausencia del titular, ordenó reprimir la manifestación. Entonces las masas se le enfrentaron y le lincharon. Luego, arrastraron su cadáver por las calles de la ciudad. Cuando el Gobernador Civil titular regresó a Tarragona, apresó a Pierrad y desarmó a los Voluntarios de la Libertad. El incidente no tuvo más consecuencias que crear un ambiente tenso y contrario al Gobierno. Sagasta ordenó desarmar a la milicia urbana, prohibió las manifestaciones y se enfrentó a los rebeldes.

Entonces, Sagasta envió una circular a todos los Gobernadores Civiles Provinciales, fechada en 25 de septiembre, y prohibió desacatos a la Constitución, amenazas a la propiedad y a la vida de los ciudadanos y ultrajes a la monarquía.

Inmediatamente, reaccionó la ciudad de Barcelona y levantó barricadas en las calles al tiempo que se destruían bienes públicos y privados. La revuelta se extendió por el Ampurdán y Aragón. La milicia catalana empezó a destruir ferrocarriles, telégrafo y puentes en acciones calificadas de bandolerismo. Prim suprimió algunos ayuntamientos republicanos y la milicia catalana hasta acabar con ellos.

La violencia se contagió a Zaragoza en Aragón, y a Valencia en Levante. El ejército tardó más de una semana en restablecer el orden. Las sublevaciones duraron hasta el 18 de octubre.

La represión contra los republicanos en Andalucía fue muy dura. Julián Antero de Zugasti y Sáenz[6] organizó una Partida de Seguridad Pública al servicio del Gobierno y empezó a aplicar “medidas reservadas”, entre ellas la “ley de fugas”, que causó un centenar de muertos republicanos en Andalucía, casi todos de partidas de guerrilleros-bandoleros. Muchos estudios tratan como bandolerismo la acción de los republicanos federales andaluces.

Habían tomado parte en esta sublevación unas 60.000 personas, o tal vez fueran sólo 45.000, según otros autores. Pero las cifras eran en todo caso importantes.

Los diputados republicanos de Madrid condenaron las acciones de violencia gubernamental y, en 5 de octubre de 1869, Sagasta decidió suspender las garantías constitucionales. Entonces, los republicanos se retiraron de las Cortes.

Los republicanos federales presentaban ahora su cara violenta:

En los últimos días de septiembre de 1869, los obreros mostraron su descontento con que la Constitución fuera monárquica y con que los Voluntarios de la Libertad hubieran sido desarmados. Se sublevaron unos 40.000 hombres en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía. En los desórdenes participaban dos diputados, Pau Alsina i Rius y Baldomer Lostau i Prats, y un periodista, Celso Gomis.

Pero la violencia que habían iniciado los republicanos federales se volvió contra ellos. Apareció un desacuerdo entre los catalanes y los andaluces:, los primeros querían una República Federal que permitiera una revolución socialista, en las regiones donde ello fuera posible, mientras los andaluces querían “juntismo”, es decir, democracia populista, y la posesión de la tierra. y apareció un segundo desacuerdo entre los obreros y los republicano-federales. Los dirigentes catalanes se exiliaron a Francia por precaución.

El proyecto de república de septiembre de 1868 había fracasado definitivamente y la táctica de imponerla por la fuerza no era agradable a muchos españoles, algunos porque estaban cansados de violencia, otros porque creían que no serviría para nada. Primero sería necesaria la unidad de todos los republicanos, unitarios y federales, y luego se podría plantear el cambio de modelo de Estado.

La rebelión republicana no era tan espontánea como parecía. Estos sucesos de septiembre-octubre de 1869 estaban ya preparados desde el verano anterior: Los federales se habían agrupado mediante pactos regionales y habían empezado a coordinarse para luchar por una República Federal. Andalucía, Extremadura y Murcia se reunieron en Córdoba; las dos Castillas, en Valladolid; Galicia y Asturias, en La Coruña; El País Vasco, en Éibar, con presencia de Pi y Margall con el pretexto de que su mujer, Petra Arsuaga, era vasca. Los representantes de todos los pactos se habían reunido en Madrid el 30 de junio de 1869  y habían hecho un Pacto Nacional (que en el lenguaje de la época significaba “general”), y creado un Consejo Federal, que publicó un manifiesto: “Constitución del País en República Democrática Federal”, que pedía autonomía municipal y regional-nacional.

Una vez más la violencia parecía hacer imposible el desarrollo democrático normal en España. Los militares opinaban que se debía eliminar física y sistemáticamente a los cabecillas que organizaban estos motines. Para Prim, dominar el ejército y mantenerlo dentro del campo de la democracia, era un gran esfuerzo.

El fracaso republicano convenció a los recién aparecidos anarquistas y regionalistas catalanes de que no había más solución que destruir el Estado, pues de otro modo no obtendrían el Estado catalán, que algunos pensaban transformar después en un territorio anarquista.

Igualmente pensaban los “regionalistas conservadores”, partidarios de un Estado catalán a la medida de los grandes empresarios. Comprendieron que no obtendrían su Estado por la vía de la negociación.

Argumentaban ambos que el Gobierno de Madrid no había cumplido las promesas de 1868: bajada de impuestos indirectos de puertas y consumos, y supresión de quintas. Al contrario, había suprimido la Milicia Nacional, que los progresistas presentaban hasta entonces como símbolo de la democracia, y los catalanistas y socialistas veían como la oportunidad de realizar sus respectivos proyectos. Entonces convocaron la rebelión de otoño de 1869 en todo el Reino de Aragón.

 

 

Segunda etapa del Gobierno de Prim,

          21 septiembre 1869 – 27 diciembre 1870.

 

El ministerio volvió a los Ministros titulares de 18 de junio 1869, con los cuatro cambios de 13 de julio de 1869.

Presidente del Consejo, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos / 27 diciembre 1870: Juan Bautista Topete Carballo.

Estado, Manuel Silvela La Vielleuze / 1 noviembre 1869: Cristino Martos Balví / 9 enero 1870: Práxedes Mateo Sagasta / 27 diciembre 1870: Juan Bautista Topete Carballo.

Gracia y Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla / 20 diciembre 1869: Eugenio Montero Ríos, interinamente / 9 enero 1870: Eugenio Montero Ríos, como titular / 25 junio 1870: Laureano Figuerola Ballester.

Guerra, Juan Prim y Prats, marqués de Castillejos / 25 agosto de 1869: Juan Bautista Topete Carballo, interino / 21 septiembre 1869: Juan Prim i Prats / 27 diciembre 1870: Juan Bautista Topete Carballo como titular, pero ejercía el puesto el Subsecretario, general José Sánchez Bregua.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo / 6 noviembre 1869: Juan Prim y Prats / 9 enero 1870: Juan Bautista Topete Carballo / 20 marzo 1870: José María Beránger Ruiz de Apodaca / 23 noviembre 1870: Juan Bautista de Antequera Bobadilla.

Hacienda, Constantino Ardanaz / 1 de noviembre 1869: Laureano Figuerola Ballester / 2 diciembre 1870: Segismundo Moret Prendergast.

Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta / 9 enero 1870: Nicolas María Rivero / 25 de diciembre 1870: Práxedes Mateo Sagasta.

Fomento, José Echegaray Eizaguirre.

Ultramar, Manuel Becerra Bermúdez / 31 de marzo de 1870: Segismundo Moret Prendergast / 27 diciembre 1870: Adelardo López de Ayala.

 

En los meses siguientes los cambios de Ministros fueron frecuentes. Del cuadro anterior se deduce que las fechas de cambios importantes en el Gobierno fueron:

1 de noviembre de 1869: tras la propuesta de Tomás Alberto de Saboya para Rey de España, dimitieron Francisco Silvela en Estado, y Constantino Ardanaz en Hacienda.

Estado, Cristino Martós Balbí, el 1 de noviembre.

Hacienda, Laureano Figuerola Ballester, el 1 de noviembre.

Marina, Juan Prim i Prats, el 6 de noviembre.

9 enero 1870:

Estado, Práxedes Mateo Sagasta.

Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos.

Marina, Juan Bautista Topete Carballo.

Gobernación, Nicolás María Rivero.

No era un Gobierno homogéneo. Las principales discordancias con Prim las tenían Nicolás María Rivero desde Gobernación y Eugenio Montero Ríos desde Gracia y Justicia.

19 de Marzo de 1870: día en que se produjo la ruptura entre Prim y los progresistas radicales por un lado y con los montpensieristas por el otro.

20 de marzo, abandonó Topete, montpensierista, el ministerio de Marina, y pasó a gobernarle el Contraalmirante José María Beránger Ruiz de Apodaca.

31 de marzo, abandonó Becerra, progresista radical, el ministerio de Ultramar y pasó a ejercerlo Segismundo Moret Prendergast.

27 de diciembre 1870, día del asesinato de Prim:

Presidencia del Consejo, Juan Bautista Topete Carballo.

Guerra, Juan Bautista Topete Carballo.

Ultramar, Adelardo López de Ayala.

 

Durante este periodo de Gobierno y como Presidente del Gobierno, Prim negoció personalmente con los Estados Unidos sobre el problema cubano, y no por intermedio de Manuel Becerra Bermúdez como venía haciendo hasta el momento. Eso era una ventaja, porque Becerra era un hombre poco flexible. Pero Prim no se bajó de la condición de desarme previo de los rebeldes y no hubo acuerdo. Es más, los cubanos mandaron dinero a España para apoyar sublevaciones republicanas y debilitar así al Gobierno de España.

 

 

Autoritarismo a fines de 1869.

 

El 1 de octubre de 1869 se abrieron las Cortes tras un periodo “vacacional” que había durado tres meses y medio. Para entonces ya se sabía que la sublevación federal estaba en marcha y se habían celebrado Pactos Federalistas.

El 5 de octubre, Sagasta decidió suspender las garantías constitucionales para mientras hubiese insurrecciones. Sagasta dijo que los derechos individuales, cuando se definían como absolutos, inalienables e imprescriptibles, eran “inaguantables”. Este dicho no era una ocurrencia, pues sabiendo que Sagasta era el jefe de la “partida de la porra”, la cual provocaba desórdenes públicos para, a continuación, hacer intervenir a las fuerzas del orden reprimiendo a sus enemigos políticos, tenían un significado muy especial. Práxedes Mateo Sagasta era un tipo inmoral, que se dedicaba a radicalizar a sus enemigos para luego hacer valer sus propias ideas. Por otra parte, era un hombre de palabra, y sería a partir de 1874, un buen complemento para el sistema canovista. Fue el jefe del Partido Liberal Fusionista, de tipo progresista.

El republicano Figueras se quejó de la política de Sagasta y acusó a Prim de buscar la dictadura. Figueras dijo que él condenaba la violencia, pero que los federalistas estaban actuando de buena fe, y que había que comprender los desórdenes habidos teniendo en cuenta los muchos abusos que había que corregir en España.

Posteriormente, los republicanos federales se levantaron de sus escaños y abandonaron el Congreso en protesta por la suspensión de garantías constitucionales. Se fueron a provocar y dirigir nuevas insurrecciones republicanas. Algunas fueron graves como las de Zaragoza y Valencia, donde las masas campesinas se unieron en las calles a los republicanos.

Había que votar un plan de Gobierno para 1870 y se planteó si habría llamamiento de quintas, pues el peligro de revolución era inminente, aunque la promesa de abolirlas, hecha en septiembre de 1868, no se cumpliera.

La finalidad de la suspensión de garantías constitucionales, aprobada el 5 de octubre, era doble. Se quería aprovechar el estado de excepción, primero, para atacar a los carlistas y, en segundo lugar, para combatir la sublevación de los federalistas.

 

 

La candidatura de Tomás Alberto de Saboya a Rey.

 

En octubre de 1869, Prim creía que debía ser Rey de España Tomás Alberto de Saboya, duque de Génova, un niño de 15 años que era sobrino de Víctor Manuel II de Italia y huérfano de padre. La idea era que no podía ser Rey un Borbón. Prim lo había dicho, pero se refería, según aclaración posterior, a que no podía ocupar la Corona ni Isabel de Borbón, ni su hijo Alfonso, ni el pretendiente carlista.

Prim presentó la idea a los Ministros y a las Cortes, y éstas admitieron la candidatura de Tomás Alberto por 128 votos a 62.

La presentación de Tomás Alberto significó la dimisión de Manuel Silvela en Estado, Constantino Ardanaz en Hacienda y Juan Bautista Topete en Marina, que reclamaban el cumplimiento de la promesa de Prim de poner a Antonio de Montpensier como Rey. Silvela fue sustituido por Cristino Martos en Estado, y Ardanaz por Laureano Figuerola Ballester en Hacienda el 2 de noviembre de 1869.

Topete retiró la dimisión en Marina, pero luego volvió a dimitir el 6 de noviembre definitivamente, y tomo la cartera el propio Juan Prim.

 

 

Las polémicas Cortes de fines de 1869.

 

El 27 de noviembre los republicanos volvieron a las Cortes. Pi y Margall explicó que venían a defender la libertad, y Prim les contestó que se habían marchado para ponerse al frente de los revolucionarios y que ahora volvían derrotados, no a defender la libertad, sino a tratar de imponer una minoría federal a la mayoría parlamentaria y social de España. Se planteaba una lucha en el Parlamento.

El 1 de diciembre de 1869, Laureano Figuerola resucitó una vieja polémica de 1854, cuando había acusado a María Cristina y a Isabel II de haber robado las joyas de la Corona. Se levantó un escándalo, y Prim lo resolvió nombrando una comisión que estudiara el asunto y que nunca hizo nada, cosa demasiado habitual en política  siguiendo el lema: “si quieres que nada se resuelva, nombra una comisión”, o según la versión de Napoleón: “Si quieres resolver un problema nombra un responsable, si quieres que nada se resuelva nombra una comisión”.

En diciembre de 1869 Prim restableció las libertades constitucionales y acabó el estado de excepción. Ello debería aplacar a los republicanos, pero no fue así.

El 18 de diciembre de 1869, Castelar acusó al Gobierno de debilidad por admitir en las Cortes a los diputados que se habían sublevado en octubre, y Prim respondió que tenía apoyos en la mayoría y que pronto tendría Rey en la persona del duque de Génova. Pero entonces se recibió una nota de Italia en la que no se aceptaba esa candidatura y el proyecto de Prim se vino abajo. Habría que esperar mucho más en estado de provisionalidad.

 

 

El catolicismo autoritario.

 

El 8 de diciembre de 1869 se reunió el Concilio Vaticano I y a él acudieron 43 obispos españoles. La Iglesia Católica se refundaba, evolucionando a un autoritarismo papal muy fuerte, confirmado más tarde en los dogmas decretados de “la Infalibilidad del Papa” y en “el dogma de la Purísima Concepción”, dos imposiciones que eran muestra del nuevo talante autoritario del Papa, que se imponía sobre el Concilio, y los españoles tenían mucho que ver con ese nuevo modelo católico. En España, quería ello decir que se abría un nuevo frente por la derecha del Gobierno, además del abierto por la izquierda.

Infalibilidad del Papa significa que el Sumo Pontífice no puede equivocarse cuando habla de dogma y moral con rango de declaración solemne ex cátedra. Es antiliberalismo puro y duro. Lo contrario sería apelar al Concilio como máxima autoridad.

La Purísima Concepción es un dogma por el que los católicos deben creer que Jesús fue concebido sin intervención de varón alguno, por obra del Espíritu Santo, resultando María, su madre, virgen durante el embarazo e incluso en el parto y después del parto. Es un ataque directo al racionalismo científico.

Los protestantes no se ven afectados por estas declaraciones católicas que supusieron alejamiento entre ellos y el catolicismo.

 

 

La reforma del Ministerio de Estado.

 

En 1869, Manuel Silvela inició la reforma del Ministerio de Estado, actuales Asuntos Exteriores. Esta reforma la había iniciado Floridablanca en el XVIII, la había adelantado Martínez de la Rosa en 1834 y había tratado de completarla Manuel Pando Pinedo marqués de Miraflores en 1851 en tiempos de Bravo Murillo. Silvela tampoco tuvo tiempo de llevarla a cabo, y la continuaron Fernando Fernández de Córdova y Cristino Martos en 1871, reinando Amadeo I de Saboya.

Se hicieron cambios significativos en la plantilla y estructura del Ministerio y sobre todo, se despejó el Ministerio de asuntos que no eran de política exterior, se rebajó el número de funcionarios y los salarios de los funcionarios, al tiempo que se rebajaban los de los demás Ministerios, se acometió la reforma consular, se reguló el escalafón de la carrera diplomática, de la carrera consular y de los intérpretes. Se dieron normas de funcionamiento interno para la gestión de cada asunto concreto.

En Ley orgánica de 1870, se decidió que los diplomáticos españoles tuvieran nivel de conocimientos suficiente, similar al de los diplomáticos europeos y se fijaron nuevas normas de ingreso en la carrera diplomática: se requería ser español, mayor de 18 años, haber acreditado buena conducta y aprobar el examen de ingreso en la carrera.

Había dos tipos de exámenes de ingreso:

El examen superior se hacía ante un tribunal presidido por el Subsecretario de Estado e integrado por dos Jefes de Secretaría y los profesores de Universidad que parecieran pertinentes. Los aspirantes eran examinados de Gramática Castellana, Geografía, Historia General e Historia de España, Elementos de Derecho, y una lengua viva distinta del francés, idioma que se consideraba obligado hablarlo fluidamente. Los que aprobaban este examen se saltaban los primeros grados de la carrera diplomática.

El examen inferior sólo daba acceso a agregado de tercera clase y la prueba constaba de dos exámenes, uno teórico y otro práctico, pero sin estar ante un tribunal: el examen teórico versaba sobre temas de Historia Política de España y América, Tratados Internacionales de Paz y comercio a partir del Tratado de Westfalia, Derecho Natural de Gentes, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Marítimo, Nociones de Economía Política y Administración, y una lengua viva distinta del francés que se suponía obligatorio. El examen práctico versaba sobre el modo de hacer un expediente con su extracto y su informe, el modo de redactar una nota diplomática, formulismos de cancillería, y conocimientos de reglamentos.

Aunque el intento fue loable, como lo habían sido los de 1834, 1835 y 1851, tampoco en 1870 se logró profesionalizar la diplomacia española en el sentido de que fuera gestionada toda ella por funcionarios de carrera bien preparados. Se recurría a un truco, el de nombrar Ministros Plenipotenciarios y Embajadores “en comisión de servicios” y “por circunstancias especiales”. De este modo, se nombraba a individuos que no eran de la carrera diplomática, que no habían aprobado ningún examen. Algunos gobernantes justificaban esta actuación porque estos funcionarios de comisión de servicios, al cesar en su misión, no cobraban, ni conservaban derecho alguno, y así el Estado se ahorraba unos sueldos. La realidad era que los políticos más destacados eran “retirados” a las embajadas de París, Londres, Roma o Lisboa, legaciones que estaban completamente copadas. A Dos Sicilias y a Rusia iban casi siempre nobles de las más altas casas nobiliarias, los cuales se pagaban sus propios gastos de viaje y estancia, y no cobraban nada del Estado. Y los hijos de diplomáticos importantes eran colocados, por su padre o su padrino, como agregados de embajada. Los profesionales de carrera diplomática sólo tenían acceso a legaciones de menos categoría. Y así, la diplomacia española seguía siendo casi tan mala como siempre.

El diplomático español no tenía miedo al ridículo de aparecer como un ignorante en cualquier Corte europea. Donoso Cortés, uno de nuestros más insignes pensadores del XIX, aceptó la embajada de Prusia en 1848 sin saber nada de alemán, y tampoco lo aprendió estando en su destino y, sin embargo, presumía tras su regreso de conocer perfectamente los asuntos alemanes. Istúriz, Presidente del Gobierno en 1836, tras estar en Londres en 1847-1848, en 1850-1854, y en 1858-1862, no aprendió nunca el inglés, y sólo lo chapurreaba. Todos los diplomáticos españoles decían saber francés, pero lo hablaban “españolizado”, de modo que ellos no entendían lo que se les decía en esa lengua y apenas se hacían entender por los franceses. Sabían lo suficiente como para aprobar un examen de poca exigencia, evaluado por españoles, pero nada más, y no les importaba. Algunos de ellos hacían informes del país en el que estaban  y era frecuente que se inventaban todo el informe, y lo normal era contratar a cualquiera que les hablara de los temas del país, darle credibilidad total sin contrastar los hechos, y realizar sus informes con esos pocos datos. Se culpó de este defecto de no saber idiomas a que los funcionarios pasaban poco tiempo en el cargo y, precisamente por ello, no presentaban ningún interés en aprender el idioma. Pero la verdad era que las embajadas se veían más bien como premios y como retiros políticos de determinados personajes. Era normal que un embajador se dedicase a un asunto concreto y descuidara todos los demás que iban surgiendo en el día a día.

Las embajadas españolas eran bastantes. El máximo número se alcanzó en 1865 con 40 legaciones. Cada legación estaba atendida por entre 3 y 5 personas más los agregados que tuviera atribuidos. Pero en épocas de escasez de recursos, el personal se reducía a dos personas por embajada.

Posteriormente a esta reforma de 1870, hemos de decir que la Primera República, que presumía de muy revolucionaria, apenas hizo más que cambios terminológicos. Por ejemplo: al Subsecretario de Estado le llamó Secretario General; suprimió el cargo de Introductor de Embajadores, entendiendo que aquello era propio de los reyes; extinguió las órdenes de Carlos III, Damas Nobles de España y Orden de Isabel la Católica, porque sonaban a monárquico; sustituyó la Comisaría General de los Santos Lugares por la Administración de la Obra Pía, y más tarde suprimió esta Administración; prescindió de tratamientos y de escalafones dentro de un mismo departamento, alegando que ello era más democrático que los antiguos tratamientos de respeto.

Las reformas reales hechas por la Republica se limitaron a crear una dependencia de Registros y Estafetas, y hacer una reorganización de plantillas. Y como además esas disposiciones apenas tuvieron tiempo de establecerse, pues los funcionarios de Estado se disgustaron y no las practicaban, y fueron abolidas en 1874, aunque alguna permaneció hasta 1888, no citaremos este apartado en el capítulo que dediquemos a la República. Pero sirva esto para adelantar que muchas de las reformas republicanas eran “de pacotilla”, populistas, torpes, hechos por el gusto de destruir lo que encontraban.

 

 

 

[1] Cristóbal Martín Herrera 1831-1878 fue ministro de Gracia y Justicia en junio de 1869, de Ultramar en enero de 1872, de Fomento en septiembre de 1875, de Gracia y Justicia en diciembre de 1875 y de Ultramar en enero de 1877.

[2] Laureano Figuerola Ballester nació en Calaf (Barcelona) en 1816 y fue catedrático de Derecho Administrativo y Economía Política en Barcelona. Murió en 1903.

[3] José de Echegaray Eizaguirre 1832-1916 era un ingeniero de Caminos, experto en matemáticas y física, hijo de un profesor de instituto de Murcia, que en 1846 fue a Madrid a estudiar en el Instituto de San Isidro y más tarde en la Escuela de Ingenieros de Madrid. Trabajó como ingeniero en Almería y en Granada, hasta que en 1854 fue profesor de la Escuela de Ingenieros, dando las asignaturas de matemáticas y de física y química. En 1868 ingresó en el Partido Radical de Ruiz Zorrilla y fue ministro de Fomento en 1869, y en 1872 (momento en que hizo una Ley de Ferrocarriles), y de Hacienda en 1872 y en 1874. En 1880 ingresó en el Partido Republicano Progresista, que en 1885 sería la izquierda del Partido Liberal. En 1904 le fue concedido el premio nobel de literatura, pero sus contemporáneos españoles no le apreciaban, sobre todo porque Clarín y Pardo Bazán habían hecho críticas despectivas de su teatro. El premio nobel se debió a que su obra le gustó a Bernard Shaw y a Pirandelo. En 1905 fue ministro de Hacienda.

[4] Juan Bautista Topete Carballo había nacido en Tlacotalpán (Méjico) en 1821. Hizo carrera de marino militar y ya era capitán de fragata en 1857. Se afilió a Unión Liberal y fue diputado en 1862. Regresó a la marina y estuvo en las campañas de Pacífico y del Callao. La Armada siguió los pasos de Topete y fue un elemento muy importante para convencer a la reina de que abandonara. La escuadra de Cádiz aportó a la revolución de septiembre dos fragatas, tres vapores y otros buques, comandados por Topete. Pero su actuación más notable en la historia es la dirección del manifiesto de septiembre de 1868 contra la reina, firmado también por Prim, Serrano y otros. En 1869 fue diputado, ministro de Marina y de Ultramar. En la disputa por elegir rey fue partidario de Montpensier y se sintió fracasado al ser escogido Amadeo de Saboya. Entonces dimitió de sus cargos. En agosto de 1869 sustituyó a Prim en la Presidencia del gobierno, pero sólo por un mes. Al ser asesinado Prim en diciembre, asumió la Presidencia de Gobierno por segunda vez. Recibió a Amadeo. En el gobierno de Sagasta de 1871, primer gobierno de Amadeo, fue ministro de Ultramar. A la llegada de la República se retiró de la política. Volvió a ella en 1874 siendo ministro de Serrano en 1874. Intervino en la Tercera Guerra Carlista. Estuvo en contra del pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto 1874 pero reconoció a Alfonso XII. Fue senador vitalicio. Murió en Madrid en 1885

[5] Napoleón III estaba casado con la española Eugenia de Montijo condesa de Teba.

[6] Julián Antero de Zugasti y Sáenz, 1836-1915, fue Gobernador de Toledo hasta 1870, Gobernador de Córdoba en 1870-1873 y Gobernador de Madrid en 1886. Organizó la Partida de Seguridad Pública con 100 hombres, apoyados por la Guardia Civil, para lo cual abrió algunos puestos nuevos de la Guardia Civil, y con reglamento similar al de la Guardia civil. Logró matar a 107 “bandoleros”.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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