LOS GOBIERNOS DE MIRAFLORES, ARRAZOLA Y MON

 EN 1863-1864.

 

 

 

Gobierno marqués de Miraflores[1],

          2 marzo 1863- 17 enero 1864

 

La Reina llamó a Manuel Pando y Fernández de Pinedo marqués de Miraflores y le ordenó formar Gobierno en un momento de crisis muy seria del Gobierno español. Miraflores era monárquico cerrado y estaba dispuesto a acatar órdenes venidas desde Palacio. Isabel II creía que así salvaba la Corona. Miraflores había salido a escena porque en febrero de 1863 había publicado “Reseña histórico-crítica de la participación de los partidos en los sucesos políticos de España en el siglo XIX”, un programa o ideario en el que defendía que los Gobiernos debían identificarse con los partidos que les sostenían y nunca debían tratar de identificarse con todas las tendencias políticas existentes como venía ocurriendo en los últimos años con Unión Liberal. Era un signo de la crisis de Unión Liberal, pues pedía el bipartidismo.

Miraflores no era líder de ningún partido ni facción política. No tenía detrás a los hombres de Narváez, ni a los de Mon, ni a los de González Bravo, los líderes moderados del momento. Su Gobierno era un fracaso previsible. Pero Miraflores era un optimista que pensaba que tras la consecución del Gobierno se produciría espontáneamente la reconciliación de los moderados, una vez que él anunciara un estricto cumplimiento de la Constitución de 1845. No ocurrió así, sino que los progresistas se retrajeron, Unión Liberal se situó en la oposición y la mayoría de los moderados siguieron con sus líderes en las facciones dichas, y todos en la oposición a Miraflores.

Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores, ya había gobernado durante 32 días entre febrero y marzo de 1846 y se había mostrado partidario de Gobiernos con autoridad y moderados. En 1863 se comprometió a restablecer la unidad de la Unión Liberal. “Conciliación y honradez” eran los lemas de su campaña, que coincidían con las ideas publicadas por Antonio Cánovas, por entonces ya influyente político. Entonces chocó con los retraimientos de progresistas y demócratas, lo cual era previsible, y con los moderados y parte de los unionistas en contra suya, lo cual ya no era tan previsible. El Gobierno, en estas condiciones, era imposible.

Retraerse se llamaba a no participar en la política, a no votar ni sí, ni no, ni abstenerse. Simplemente a no participar en nada y amenazar con la rebelión.

El tema candente desde 1857 era la Ley Constitucional por la que los Senadores hereditarios volvían al Senado, y por la que el Gobierno elaboraba por Ley los Reglamentos de Régimen interno de las Cámaras. Miraflores propuso la modificación de la Ley Constitucional de 1857 a fin de conciliarse con los diputados.

Pero Miraflores era un teórico y no un líder de diputados, y se iba a encontrar con muchas dificultades a la hora de hacerse cargo de un Gobierno.

Miraflores eligió como colaboradores a unionistas disidentes como el general José Gutiérrez de la Concha marqués de La Habana y Antonio Cánovas del Castillo. José Gutiérrez de la Concha era hermano de Manuel Gutiérrez de la Concha marqués de Duero, en esos momentos disidente de Unión Liberal más famoso que su hermano. Sabía que los odonellistas se movían tras de los cargos y prebendas obtenidas y esperaba poder comprar a algunos. Y una vez sumadas estas personalidades citadas, pensaba que los unionistas le votarían a él. Demasiado simple.

 

El Gobierno del 2 de marzo de 1863 era:

Presidente, Manuel Pando y Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores.

Estado, Manuel Pando y Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores.

Gracia y Justicia, Rafael Monares Cebrián

Guerra, José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana / 15 marzo 1863: Francisco de Mata y Alós, interino / 7 de abril de 1863: José Gutiérrez de la Concha / 16 de julio 1863: Francisco de Mata Alós, interino / 30 de julio 1863: José Gutiérrez de la Concha.

Marina, Francisco de Mata Alós / 19 junio 1863: José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana, interino / 16 de julio 1863: Francisco de Mata Alós.

Hacienda, José de la Sierra Cárdenas / 4 agosto 1863: Manuel Moreno López / 15 agosto 1863: Manuel Alonso Martínez / 13 octubre 1863: Victorio Fernández Lascoiti.

Gobernación, Florencio Rodríguez Vaamonde / 13 de julio de 1863: Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores, interino / 4 de agosto 1863: Florencio Rodríguez Vaamonde.

Fomento, Manuel Moreno López / 4 agosto 1863: Manuel Alonso Martínez.

Ultramar, Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores (conjuntamente con Estado) / Ministerio de Ultramar independiente, 20 mayo 1863: José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana / 16 julio 1863: Manuel Moreno López / 30 de julio: José Gutiérrez de la Concha / 6 agosto 1863: Francisco Permanyer i Tuyets / 29 noviembre 1863: José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana.

 

 

El Ministerio de Ultramar.

 

Ultramar venía siendo gestionado por Fomento, Estado o Guerra, según opiniones de cada Presidente del Consejo de Ministros. Pero era un negociado que tenía entidad distinta de cualquiera de esos negociados. Gestionaba los asuntos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

El 20 de mayo de 1863, Miraflores creó el Ministerio de Ultramar, completando el plantel de ministerios, pues ya existían los cinco clásicos del XVIII de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda y Marina e Indias, y los más recientes de Gobernación (creado en 1832 y llamado así desde 1835) y el de Fomento (creado en 1847 como Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, y cambiado de nombre en 1851 a Ministerio de Fomento).

La política exterior de España se reducía a la defensa de las colonias y a la posible unidad ibérica. Cuba y Filipinas estaban demasiado lejos y no se tenía capacidad militar para defenderlas, por lo que España se acogía en ese tema a la protección de Francia y Gran Bretaña, y eso era lo esencial de la política exterior.

El Ministerio de Ultramar se creó con la finalidad de ocuparse de los problemas militares derivados de la necesidad de gobernar las colonias. La creación de este Ministerio se puede considerar un fracaso, pues tenía necesariamente que absorber temas hasta entonces dispersos entre otros Ministerios, y ello dio lugar a diversos conflictos interministeriales. Y al final se decidió que, para cualquier actuación de Ultramar, el Ministro correspondiente debía pedir permiso a los otros Ministerios implicados y al Consejo de Ministros. Es decir, el Ministerio de Ultramar no actuaba con capacidad de decisión por sí mismo, sino que dependía de la personalidad del titular y de sus compañeros en los demás Ministerios. No era un Ministerio propiamente dicho. Además, tenía poco presupuesto. Como consecuencia de ambas premisas, los Ministros de Ultramar pasaron a velocidad de vértigo, uno cada seis meses, y los funcionarios de este Ministerio pedían traslado a otras dependencias en cuanto podían.

Ningún Ministro de Ultramar llegó a estar ni nueve meses en su cargo antes de 1874. Y además, los Capitanes Generales gobernantes de las colonias muchas veces no les obedecían: unas veces porque eran de partido distinto el Gobernador y el Ministro, y otras porque lo ordenado por el Ministro le parecía absurdo al Capitán General Gobernador de la colonia. Algo tenía que ver también el hecho de que las órdenes llegasen con quince días o un mes de retraso desde su salida de Madrid, y la costumbre era que el Gobernador actuase por su cuenta, pues no podía estarse a esperar órdenes.

El problema de fondo económico era que los beneficios de las colonias se los repartían muy pocos españoles y estos pocos debían recurrir al sentimiento del “patriotismo herido” para implicar al resto de los españoles, que actuaban como tontos útiles, lo cual daba muy poca fuerza al sistema colonial. En estas condiciones, se recordó que en 1845 Estados Unidos intentó comprar Cuba y que España se había negado. En 1868, Prim estaba dispuesto a venderla, pero la opinión pública (unos cuantos periodistas de dudosa moralidad o discutibles conocimientos sobre el tema) protestó y Prim se asustó, lo cual significó el inicio de la Guerra de independencia de Cuba.

Pero, objetivamente considerado, España sí que necesitaba un Ministerio de Ultramar, pues España tenía problemas en el norte de África, tanto por su posición peninsular vecina, como por la defensa de las plazas españolas en el norte de África. Tenía que cuidar las islas de Fernando Poo y Annobón en el Golfo de Guinea. Tenía que atender la defensa de Cuba y Puerto Rico, ambicionadas por los franceses, mucho más por los británicos y muchísimo más por los estadounidenses. Y tenía que defender las Filipinas, Marianas, Carolinas y Palaos en el Pacífico. En conjunto, las colonias españolas sólo daban al Estado problemas y gastos, pues los beneficios se los llevaban unos pocos empresarios privados que imponían su propia ley en sus territorios y se embolsaban muy buenos beneficios. Muchas de las fortunas españolas de segunda mitad del XIX tuvieron su origen en la explotación de fincas en colonias, tema relacionado con la esclavitud, aunque muchos de ellos fueran católicos e hicieran declaraciones de amor al prójimo y a la Iglesia y regalaran templos y dinero a la Iglesia para así comprar su silencio. Las causas por las que España mantenía las colonias eran, además de la protección a estos grandes empresarios coloniales, actitudes emocionales por mantener un imperio sin lo cual creían que España ya no sería una potencia, y conceptos de honor y prestigio de “España”.

Aún con Ministerio de Ultramar, España no tenía capacidad económica ni militar para sostenerse en las colonias y tenía que recurrir a las potencias internacionales. Las colonias se mantenían por la necesidad de equilibrio entre las grandes potencias. Francia evitaba que cayeran en manos de Gran Bretaña, y viceversa, y Estados Unidos prefería que fueran españolas, una potencia débil, a que cayeran en manos de Gran Bretaña o Francia a las que nunca podría expulsar de Cuba o Filipinas si llegaban a dominarlas.

Un problema de fondo político era que España no tenía directrices claras y concretas en política exterior ni en política colonial. O cuando las tenía, no perduraban mucho tiempo, sino hasta la llegada de un nuevo Ministro o un nuevo Gobierno, que lo cambiaba todo sin tener a veces ni idea de la realidad colonial. Unos equipos pensaban que no se debía ceder en nada ni promover ningún cambio, porque ello denotaría debilidad. Otros decían que, mientras se poseyesen colonias, España sería considerada una potencia entre las grandes, pero si se abandonaban las colonias, España no sería nada en el concierto internacional. Una minoría defendía que era preciso hacer concesiones a los revolucionarios e iniciar un proceso de abandono progresivo de las colonias. A nadie se le ocurría plantear un desarrollo económico en las colonias, una igualdad social y un proceso de generalización cultural, porque ni siquiera en la península se estaban consiguiendo estos objetivos. La idea de abandonar las colonias no apareció hasta 1868 y se fundamentaba en ahorrar gastos militares y en la posibilidad de ceder colonias a cambios de empréstitos. Pero la oferta de Mendizábal a Palmerston en ese sentido no era aceptada por Gran Bretaña porque le significaría un enfrentamiento con Estados Unidos.

Tampoco era nueva la idea de entregar colonias a cambio de empréstitos: en 1839, Miraflores había gestionado en París la cesión del usufructo de las colonias a cambio de un préstamo, y entonces alegó que a España las colonias apenas le producían nada. En 1839 se gestionó la entrega de Fernando Poo y Annobón, e incluso la Regencia lo aceptó, aunque el Senado se opuso y no se pudo aprobar esa cesión. En 1845, Estados Unidos se había ofrecido para comprar Cuba y en 1848, Buchanam ofreció una cifra concreta, 100 millones, pero la respuesta del Gobierno español fue absolutamente romántica: “antes verla sumergida en el océano que en manos de otra potencia”. En los años siguientes, Estados Unidos hizo muchas ofertas, y España siempre se negó. En 1868, España cambiaría su postura cuando el general Silkles propuso la independencia de Cuba a cambio de que Estados Unidos pagara una indemnización a España, lo cual era bien visto por el Ministro Becerra y por el general Juan Prim, pero entonces fue una campaña de prensa la que se opuso al proyecto, y como los revolucionarios de 1868 no estaban para pérdidas de prestigio entre los españoles, desistieron. En 1873, los republicanos españoles volvieron sobre la idea de abandono o cesión de la isla de Cuba, porque sólo daba gastos al Estado, aunque grandes beneficios a los empresarios instalados en Cuba, pues tras la victoria de los unionistas americanos, era de esperar una ofensiva de los Estados Unidos sobre el Caribe, y España se podía evitar esa guerra. Entonces trabajaron los hacendados cubanos, la Casa de España en La Habana, y se ganaron a los políticos españoles con grandes cantidades de dinero. Nunca se emprendieron políticas sociales y económicas para el beneficio general, sino que la política se puso al servicio de los hacendados, y así hasta la independencia en 1898.

Ante estas posturas, los Gobiernos apenas podían hacer otra cosa que ocuparse de las cuestiones militares y relegaban al infinito los problemas económicos y sociales. Estos problemas eran cosa de los hacendados y hombres de negocios coloniales, hombres que actuaban a su aire, sin mucho miramiento por la ley ni por el Gobierno español. Al fin y al cabo, muchos españoles ni siquiera sabían que España dominaba unas colonias, que los cubanos o filipinos no tenían los mismos derechos que los españoles, que seguía existiendo la esclavitud en colonias españolas (aunque veían con horror que existiera en otros países, cosa que sí publicaba la prensa).

Las relaciones comerciales y culturales de España con sus colonias eran muy escasas: Cuba, la isla más relacionada con España, sólo apareció en los periódicos españoles con motivo de la guerra de su independencia colonial. Los partidos políticos no incluían en sus programas nada sobre política colonial. Y los intelectuales decían simplezas como que las colonias eran la herencia de un pasado glorioso y una cuestión de prestigio para España. Simplezas, porque un verdadero intelectual debería haber denunciado los problemas económicos, sociales y políticos que se estaban produciendo en colonias españolas. Así que, cuando ya era patente que las colonias se independizaban, la cuestión fue una sorpresa para muchos españoles, y la pérdida de las colonias una crisis de los sentimientos españoles de grandeza y glorias pasadas.

Cuba y Puerto Rico eran las colonias españolas más relacionadas con la metrópoli, y eran las que más fuerte presión estaban sufriendo desde los Estados Unidos para incorporarlas a su República. En la primera mitad del siglo XIX, Gran Bretaña y Francia apoyaron a España para evitar que los Estados Unidos se adueñaran de todo el Caribe. Y Estados Unidos por su parte, decidió que era mejor que fueran españolas, una potencia débil con la que era fácil el contrabando, que el caso de que fueran británicas, una potencia fuerte que les haría pagar impuestos por su comercio con las islas. El embajador de España en Washington en septiembre de 1839-enero de 1844, Pedro Alcántara Argaiz, cometió un error de bulto solicitando la presencia de la escuadra de los Estados Unidos en Cuba, y el inicio de una alianza entre España, Estados Unidos y Francia. Intentaba reaccionar contra la presión británica sobre el Caribe, pero lo hacía entregando las islas a la administración militar estadounidense. Argáiz fue exonerado. Entonces, el Presidente de los Estados Unidos manifestó que se opondría a cualquiera que quisiera arrebatar Cuba al Estado español. El Gobierno de los Estados Unidos esperó, y cuando Gran Bretaña se debilitó, empezó de nuevo su campaña para quedarse con las islas del Caribe. En 1845, la presión por quedarse con las islas venía de Estados Unidos, y España sondeó la posición de Gran Bretaña y Francia sobre el asunto, de donde resultó una declaración del Gobierno británico diciendo que se opondría a cualquiera, y especialmente a Estados Unidos, que se opusiese a la presencia de España en Cuba y Puerto Rico. Era la misma respuesta que había dado Estados Unidos poco antes, pero al revés. A continuación, Gran Bretaña ofreció a España un tratado entre Francia, Gran Bretaña y España, para proteger las islas. Contestó Martínez de la Rosa, Ministro de Estado español, alegando que en un tratado como el propuesto por Gran Bretaña, a cambio de la protección militar, las potencias exigirían a España determinadas condiciones que su Gobierno no estaba dispuesto a conceder. La postura de Martínez de la Rosa tenía sentido en el tema de conservar las colonias, pero era absurda en el concierto europeo, pues España se quedaba aislada, sola ante todos, sin posibilidades de negociar alianzas con nadie en adelante.

Durante la Guerra de los Estados Unidos con México en 1848, se comprobó el interés de los Estados Unidos por el Caribe: Estados Unidos entró por la fuerza en Texas y con ello avanzaba hacia el sur. Pero en el trascurso de la guerra, Estados Unidos accedió al Pacífico, encontró un nuevo campo de expansión y disminuyó un poco la presión en el Caribe y sobre México. Ya dominaba Florida y Texas, además de Louisiana, todo el norte de ese mar. Desde entonces, Estados Unidos cambió de táctica respecto a España y combinó dos estrategias complementarias: por un lado hacía nuevas ofertas de compra, y por el otro enviaba filibusteros a atacar las haciendas cubanas y puertorriqueñas y a promover insurrecciones que hicieran comprender a España que le era conveniente aceptar las ofertas de compra. España pidió ayuda a Londres y a París para combatir la piratería en el Caribe, pero todos entendían cuál era el fondo del asunto, y Estados Unidos les dijo a las potencias europeas que aquello no era una cuestión europea sino americana. Donoso Cortés, embajador de España en París, habló con Napoleón III para forzar un acuerdo internacional contra la piratería. Y Francia recomendó a España conceder más derechos civiles a los cubanos y puertorriqueños, ponerles al mismo nivel que los españoles y evitar de esa manera conflictos en las islas. Era la sensatez, vista desde fuera de España.

A partir de 1865, Estados Unidos ofreció a los independentistas cubanos todo tipo de ayudas. Y aprovechando el mito “antiesclavista” creado durante su Guerra de Secesión por los nordistas, llevó el mismo sentimiento y propaganda “antiesclavista” a Cuba: en 1817, España se había comprometido internacionalmente a suprimir el tráfico de esclavos, pero no había dado ninguna ley al respecto; en 1835, Gran Bretaña le había recordado a España que había firmado el Tratado de 1817 y España hizo por fin una ley antiesclavista en 1845, pero tan ambigua que no obligaba a nada. En 1853, España puso legalmente fin al tráfico de esclavos en Cuba, pero era papel mojado. Sólo en 1867 España declaró delito la trata, o compraventa, de negros, 50 años tarde respecto a las potencias con las que trataba. Pero en 1867, lo que pedían las potencias era ya la abolición de la esclavitud y no la prohibición de la compraventa de esclavos. España siguió tomando pequeñas medidas contra la esclavitud, pero no suprimió la esclavitud hasta 1873 en Puerto Rico y 1886 en Cuba. En esta última isla había 130.000 trabajadores en régimen de esclavitud, lo que implicaba a unas 450.000 personas contando a sus parejas e hijos (no podemos decir esposas, porque el esclavo tenía prohibido tener mujer propia). Los periódicos de los Estados Unidos, tenían suficiente tema para llenar páginas, hablando de la esclavitud española.

 

 

Actuación del Gobierno de Miraflores.

 

Unión Liberal no se manifestó sobre el nuevo Gobierno. Les venía bien que no estuvieran en el poder ni el general Concha, ni el general Narváez.

El problema surgió en el momento en que Miraflores planteó las primeras iniciativas de Gobierno, que no eran las de Unión Liberal. Miraflores habló con Salustiano Olózaga, el líder progresista, y los unionistas creyeron que se iba a una coalición de Miraflores con los Progresistas, cosa que sería muy extraña, pues Miraflores era muy moderado. Entonces, Unión Liberal se puso en contra de Miraflores.

El 6 de mayo Miraflores pidió prórroga de sesiones del Congreso de Diputados. Los diputados se enfadaron porque no hubiera elecciones, y se cerró el Congreso. El 12 de agosto fueron disueltas las Cortes y se preparaban nuevas elecciones para 11 de octubre de 1863. Miraflores obtuvo disolución de Cortes, pero no le sirvió para nada.

En agosto de 1863, Moreno López dimitió en Fomento y José Rodríguez de la Concha en Ultramar.

Se juzgó y condenó la actuación de Prim en México, causando divergencias internas en el ejército. Por ejemplo, Saturnino Calderón Collantes, ministro de Estado, dimitió en solidaridad con Prim.

En 1863 se nombró visitadora de prisiones de mujeres a Concepción Arenal[2], entrando excepcionalmente una mujer en cargos políticos.

 

 

La campaña electoral de verano de 1863.

 

El 12 de agosto de 1863, Miraflores disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones.

El 13 de agosto de 1863, el Ministro de Gobernación, Florencio Rodríguez Vaamonde manifestó que deseaba terminar con el enfrentamiento existente entre los Gobiernos y la Cortes desde la Ley Constitucional de 1857.

Los progresistas creían que unas elecciones les darían una gran cantidad de votos, suficientes incluso para que gobernase Prim, el general que se había prestigiado en África y en México, o al menos así lo decían los artículos de prensa publicados. Prim, tras su aventura de México, había vuelto al Partido Progresista, pues discrepaba de Unión Liberal desde 1862 y había roto con O`Donnell en febrero de 1863. Los líderes intelectuales progresistas creyeron que Prim era un gran valor para el Partido, pues tenía el prestigio popular que a ellos les faltaba y en otros tiempos había tenido Espartero. Iniciaron una política de “exaltación del héroe” y en 19 de marzo de 1863 le acogieron en el Partido en casa de Olózaga.

Con esta campaña progresista, ocurrió que, si los unionistas habían exaltado a Prim en la época anterior, y los progresistas lo hacían ahora, la crítica a Prim no se produjo nunca. Prim servía para unir a los progresistas puros y a los resellados en un solo partido.

Pero el acogimiento de Prim en el Partido Progresista tenía el inconveniente de que el partido tendría en adelante dos líderes, Prim y Olózaga, el militar popular y el teórico que sostenía al partido desde hacía décadas. Todo se sacrificaba a poder ganar las siguientes elecciones.

El autosacrificio de Salustiano Olózaga por su partido fracasó porque el Comité Central del Partido Progresista cayó en manos de radicales progresistas, profesionales de la retórica, partidarios de levantar las masas en la calle como forma de hacer política. Olózaga y Prim, los teóricos líderes máximos del partido, decidieron que la labor de los dos líderes progresistas debía ser convencer a la gente de que no era necesario salir a la calle para hacer política, pero eso era contradictorio con toda una trayectoria secular y con una tendencia numerosa de su propio partido. Era tarea muy difícil librarse del populismo y aceptar la democracia liberal, la Constitución y la legalidad.

Y sobrevino la contradicción dentro del progresismo: Prim quería a toda costa ser Jefe de Gobierno, pues contaba ya con la palabra de la Reina, pero los progresistas duros de su partido quisieron retraerse en esas elecciones.

La causa de esta crisis progresista fue el decreto de 20 de agosto de 1863: El 20 de agosto de 1863, el ministro de Gobernación Florencio Rodríguez Vaamonde, dirigió una circular a los Gobernadores Civiles para asegurar el resultado de las siguientes elecciones: los Gobernadores autorizarían las reuniones de electores y cuidarían de que solamente los electores residentes en cada distrito electoral acudieran a ellas. Un agente de la autoridad cuidaría de ello y estaría presente en la reunión para, en cuanto se tratase de algún tema ajeno a las elecciones, disolverla.

La circular de 20 de agosto provocó la dimisión de Manuel Moreno López, nombrado Ministro de Hacienda en 5 de agosto y dimitido el 15 siguiente. Tiempo después, Moreno López, cuando ya no era Ministro, manifestó que la circular de 20 de agosto era ilegal porque a nadie se le podía prohibir asistir a una reunión legal y pacífica, y porque con ella, el Gobierno estaba entrando en asuntos que no eran de su competencia, pues un derecho no podía ser anulado sino por Ley, y nunca por Decreto o por una simple Circular. A ello le replicó Françesc Permanyer que la Circular era legal porque no se había derogado ninguna Ley y sólo se trataba de evitar desórdenes sociales. Alegaba que no existía ningún derecho del ciudadano reconocido por ley, sino que la participación de los ciudadanos corrientes en las asambleas de distrito era sólo una costumbre y, por tanto, no se había atacado ningún derecho con la circular.

Además, el Gobierno quería que la provincia fuera circunscripción, pues en circunscripciones de distrito (partidos judiciales) con un solo candidato, los gubernamentales no tenían apenas posibilidades de ganar nunca en los suficientes distritos como para gobernar.

Los progresistas puros se encolerizaron con esta decisión del Gobierno que les impedía acudir a los distintos distritos electorales a hacer propaganda electoral y a hacer sus mítines. El 8 de septiembre de 1863, los puros emitieron un “manifiesto” donde declaraban que iban a retraerse en las elecciones nacionales, aunque sí participarían en las elecciones locales. Retraerse era no participar en las elecciones. Era una decisión extraña en cuanto participaban en unas y se retraían en otras elecciones. Veinte años antes, el líder progresista Mendizábal había dado el mismo decreto y los progresistas no habían dicho nada, porque entonces les convenía callarse. De todas formas, el retraimiento dejaba sin salidas a la Reina para nombrar Gobiernos alternativos. La actitud de retraimiento inaugurada en 1863 se mantuvo ya siempre hasta 1868.

Retraerse no significaba entrar en la vía revolucionaria, pero preparaba el camino hacia ella.

Prim se sintió frustrado por la actitud de su partido y decidió que fuera la Reina quien anulase el Decreto de 20 de agosto de 1863 de Rodríguez Vaamonde. Se entrevistó con la Reina tres veces en La Granja tratando de convencerla de que el retraimiento de los progresistas sería un mal para España, y por lo tanto se debía modificar el Decreto. La Reina accedió a pedir a Miraflores que, al menos, rectificase el Decreto de 20 de agosto en el sentido de suavizarlo. Vahamonde se negó a rectificarlo y ello provocó una crisis de Gobierno en 4-6 de agosto de 1863: el Ministro de Fomento, Manuel Moreno López, que se había hecho cargo también de Ultramar en julio en sustitución de José Gutiérrez de la Concha, cayó y fue sustituido en Fomento por

Manuel Alonso Martínez, y en Ultramar por Francesc Permanyer un disidente unionista.

O`Donnell empezó una campaña personal contra Miraflores: Miraflores, en agosto de 1863, esperaba con la maniobra de cambiar algunos ministros, ganarse a algunos de Unión Liberal y fortalecer sus opciones de continuar en el Gobierno. Pero el asunto se estaba complicando: O`Donnell había exigido a la Reina no disolver Cortes y Miraflores había exigido disolver. Y la Reina había disuelto. El hecho de que Miraflores nombrara en agosto de 1863 ministro de Ultramar a Francesc Permanyer, un disidente de O`Donnell, fue considerado por éste como una afrenta personal. O`Donnell empezó una campaña de prensa durísima contra “Alonsito Martínez”, como él llamaba al Ministro de Hacienda, el cual parecía el niño mimado de Miraflores pues había accedido a Fomento en 4 de agosto y a Hacienda en 15 de agosto.

 

 

Las elecciones de octubre de 1863.

 

En las elecciones de 11 de octubre de 1863 hubo un clima de apatía. Votó poca gente, solamente un sexto (ni un 17% siquiera) de los posibles electores. Las causas eran que el Gobierno no permitía actuar libremente a los progresistas, y que éstos decidieron retraerse.

El Gobierno obtuvo 248 diputados. La oposición sacó muy pocos diputados: 31 independientes, 8 progresistas de los cuales sólo uno se presentó a ocupar el escaño, y otros 26 diputados no gubernamentales. Ese Congreso de Diputados no tenía ninguna credibilidad. En el Senado, Miraflores se encontró una dificultad, tenía que discutir personalmente con O`Donnell, Narváez y Prim, que eran senadores y se habían declarado enemigos suyos.

El 4 de noviembre se abrieron las Cortes.

El 16 de noviembre de 1863 Miraflores propuso en el Senado la modificación de la Ley Constitucional de Narváez de 4 de mayo de 1857 en el sentido de no conceder a la nobleza la posibilidad de hacer vinculaciones. Sólo serían Senadores los Grandes de España que poseyesen 200.000 reales de renta. Además garantizaba la autonomía de los dos Cuerpos Colegisladores. La propuesta fue rechazada en el Senado y Miraflores dimitió el 16 de enero de 1864.

El motivo aparente de su caída era que el Senado no había aprobado la Ley de Abolición de los Mayorazgos, ley que sin embargo aseguraba a los Grandes su permanencia en el Senado con carácter hereditario. El motivo real era que ya no era útil a Palacio, pues en vez de cumplir con los fines que se le suponían, se convertía en motivo de discordia y desórdenes públicos. Se rumoreaba que Isabel II había pedido a algunos Grandes de España que votaran en contra de la Ley de Mayorazgos para provocar la crisis del Gobierno Miraflores.

 

 

 

GOBIERNO LORENZO ARRAZOLA GARCÍA[3],

          17 enero 1864- 1 marzo 1864

 

Presidente, Lorenzo Arrazola García.

Estado, Lorenzo Arrazola García.

Gracia y Justicia, Fernando Álvarez Martínez.

Guerra, Francisco Lersundi Hormaechea.

Marina, Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba Casal

Hacienda, Juan Bautista Trúpita

Gobernación, Antonio Benavides Fernández de Navarrete.

Fomento, Claudio Moyano Samaniego.

Ultramar, Alejandro de Castro Casal.

 

Lorenzo Arrazola era del partido moderado histórico. Se le encargó gobernar pero no se le dio disolución de Cortes. Tenía en su contra a todos los restos de Unión Liberal y a los progresistas, es decir, al “centro parlamentario”, que era un grupo de unos 90 diputados moderados dirigidos por Alonso Martínez que se había formado expresamente para esa ocasión, y también a los progresistas resellados y a los progresistas puros. Contaba tan solo con un grupo de moderados templados conciliadores, que pretendía, al igual que lo había intentado Miraflores, la reconciliación de los moderados. También tenía de su lado a la Corona, pues la Reina deseaba la vuelta de los moderados, pero la Reina no estaba ya en un momento de esplendor que arrastrara a los diputados por sus solas palabras.

El problema a explicar es por qué la Reina llamó a Arrazola, un don nadie en política, si quería que los moderados permaneciesen en el poder. Y es que la Reina se había comprometido con Prim a nombrar un Gobierno moderado, pero sin Narváez, y a que ese Gobierno convocara elecciones libres, de modo que los progresistas participasen en ellas, pero se preparara un partido moderado fuerte. En este momento, Prim hubiera podido organizar un Gobierno con los moderados, pues como hemos dicho, Prim no era un hombre de ideologías fuertes, sino de ideas fuertes como la regeneración de España. Tal hubiera podido intentar una nueva alianza de moderados y progresistas.

Narváez se dio cuenta de la jugada política de Prim por los debates que ambos sostenían en el Senado. Y al descubrirse la maniobra de Isabel II – Prim, O`Donnell y Unión Liberal apoyaron a Narváez. La Unión Liberal se le oponía en bloque a Arrazola y el Gobierno era imposible.

Arrazola solicitó disolución de Cortes, como estaba pactado, pero Isabel II se negó a concedérsela. Y como la situación no tenía sentido alguno, pues las Cortes estaban enfrentadas a todos los Gobiernos por causa de la Ley Constitucional de 1857, Arrazola dimitió el 1 de marzo de 1864.

 

 

 

GOBIERNO ALEJANDRO MON[4],

          2 marzo 1864 – 12 septiembre 1864.

 

El 2 de marzo de 1864, Alejandro Mon Menéndez se presentó ante las Cortes afirmando que iba a reunir un equipo liberal conservador de ánimo conciliador, en el que había integrado moderados y unionistas, un equipo que se proponía derogar la Ley Constitucional de 1857, a cambio de lo cual, pedía a los diputados su colaboración. Había sido hombre fuerte entre los moderados en 1844. Su Gobierno aguantó seis meses:

Presidente, Alejandro Mon Menéndez.

Estado, Joaquín Francisco Pacheco Gutiérrez / 30 abril 1864: Alejandro Mon Menéndez, interino / 13 de mayo de 1864: Joaquín Francisco Pacheco Gutiérrez.

Gracia y Justicia, Luis Mayans y Enríquez de Navarra / 14 junio 1864: Alejandro Mon Menéndez, interino / 25 de junio: Luis Mayans y Enríquez de Navarra / 3 de julio de 1864: Alejandro Mon Menéndez, interino / 11 de julio: Luis Mayans y Enríquez de Navarra.

Gobernación, Antonio Cánovas del Castillo / 13 agosto 1864: Alejandro Mon Menéndez, interino / 2 de septiembre: Antonio Cánovas del Castillo.

Guerra, José Marchessi Oleaga.

Marina,  Alejandro Mon Menéndez, interino / 11 de marzo de 1864: José Pareja Septién.

Hacienda, Pedro Salavarría Charitu.

Fomento, Augusto Ulloa Castañón.

Ultramar, Diego López Ballesteros.

 

Siete de los ministros eran hombres de O`Donnell y entre ellos destacamos a Cánovas en Gobernación y Salavarría en Hacienda, los que parecían más activos odonellistas en ese momento. O`Donnell entendió que este Gobierno sí podía servir de puente para la vuelta de Unión Liberal. Pero tenía pocos colaboradores, hasta el punto de que las interinidades de Estado, Justicia y Gobernación, las hacía el propio Alejandro Mon Menéndez.

Alejandro Mon había sido líder conservador narvaísta en 1844, se había mostrado partidario de Unión Liberal en 1856 y anunció en 1864 que buscaba la conciliación de moderados y unionistas. Cánovas aceptó ser ministro y se le dijo que escogiera cartera, y eligió Gobernación.

El 20 de abril de 1864, Mon derogó la Ley Constitucional de 1857 de Narváez y obtuvo en ello mayoría abrumadora en las Cortes, 188 por 17 votos. Trataba de volver al estado primigenio de la Constitución de 1845. Así se liquidaba un tremendo conflicto entre las Cortes y los diversos Gobiernos existentes entre 1857 y 1864, por los reglamentos internos de las Cámaras que el Gobierno quería hacer por Ley y las Cámaras querían hacerlas cada una para sí, y por los Senadores hereditarios con vinculación de bienes a la casa señorial correspondiente. La derogación permitía que fueran Senadores los Grandes de España que tuvieran 200.000 reales de renta, pero no permitía las vinculaciones. Los unionistas creían que mediante esta medida se reconciliarían todos los liberales entre sí, bajo la Constitución de 1845.

La supresión de la Ley Constitucional no gustó a los integristas católicos, que con esa ley habían tenido a las autoridades católicas en el Senado. Cándido Nocedal se quejó de la supresión “porque la aristocracia había estado presente en las Cortes desde época de los visigodos” y porque, según él, la nobleza española tenía arraigo popular, pues todos los nobles habían salido en algún momento de entre el pueblo tras prestar servicios extraordinarios a España en el Ejército o en la administración. Nocedal acabó prometiendo nuevos años de esplendor para España cuando se conquistasen Gibraltar y Portugal. Nocedal argumentaba que, si las Cámaras hacían sus propios Reglamentos de Régimen Interno, quedaban en una situación de privilegio, pues mientras el Rey tenía que someterse a la constitución y a las Leyes, ellos no se sometían sino a sus propios reglamentos. Y además, terminaba Nocedal, se abría una puerta para que las Cámaras derribasen Gobiernos a su capricho y trajesen inestabilidad a España.

Cánovas, como Ministro de Gobernación, derogó la Ley de Prensa de Nocedal, e hizo una nueva ley menos restrictiva, excepto en el tema de las Fuerzas Armadas, que para Cánovas eran un tema tabú Las fuerzas armadas eran incriticables.

 

 

Dificultades internas del Gobierno Mon.

 

Prim se sentía traicionado y preparaba un golpe. En realidad, ya había comunicado a los progresistas que la Reina le iba a llamar para formar Gobierno, y se encontró que lo que se preparaba en Palacio era la vuelta de O`Donnell. Su ira fue incontenible y lanzó un grito: “Caballeros, a conspirar”. Con ello, Prim se ponía en contra de Isabel II. No estaba todavía comprometido con los republicanos, ni con los revolucionarios, pero empezó a entablar conversaciones con diversos generales y preparó un golpe de Estado. Olózaga tuvo una indiscreción y el golpe de Prim se vino abajo: La indiscreción había tenido lugar con motivo del 2 de mayo de 1864, fiesta nacional española, pues los progresistas celebraban un banquete el 3 de mayo de 1864 en los Campos Elíseos, cuando Olózaga dijo que Espartero ya no era útil en el Partido Progresista. La frase causó conmoción entre los militares presentes, pues Espartero seguía siendo el mito intocable de los progresistas.

Había un cierto malestar entre los militares, porque se concedían ascensos a los carlistas del Convenio de Vergara de 1839. Prepararon una acción contra el Gobierno en la que estaban implicados moderados y progresistas, pero más hombres progresistas que moderados.

Tras la declaración de Olózaga del 3 de mayo, algunos militares abandonaron a Prim y a Olózaga, y la trama golpista se vino abajo. Prim volvería a empezar, pero aquella ocasión se había perdido. El Gobierno investigó y decidió enviar a Prim a Oviedo en julio de 1864, lejos de Madrid. Prim calculaba que su destierro duraría unos meses, pocos.

Los odonellistas, dirigidos por Cánovas, presentaban exigencias que no gustaban a Mon. Pero si se prescindía de Cánovas se perdía el apoyo de todos sus seguidores y la mayoría en las Cortes.

Los Tribunales Militares empezaron a dar absoluciones a todos los casos implicados en la Ley de Prensa de Cánovas, con intención de dañar a Cánovas.

Francisco de Paula, marido de Isabel II, también había sido indiscreto: había manifestado en París que España reconocería al Gobierno Italiano de Víctor Manuel II, el cual había sido excomulgado por el Papa, y que se autorizaría la vuelta de María Cristina a España.

 

 

Neocatolicismo en 1864.

 

En 1864, apareció la “Carta a los Españoles” firmada por la Princesa de Beira y redactada por el obispo José Caixal y por Pedro de la Hoz, en la que se pedía unidad católica y monarquía pura, es decir, monarquía absolutista, y con ello se reconducía la línea carlista. En ese documento se negaba la legitimidad del líder carlista Juan III (que había cedido sus derechos a Isabel II) por no reconocer éste los principios básicos y tradicionales del carlismo, que eran el catolicismo-absolutismo, es decir, integrismo católico. En esta nueva teoría de la legitimidad, que presentaba la Princesa de Beira, entraba la tradición y la historia según los carlistas, y ello dejaba como líder del carlismo a Carlos VII, hijo de Juan III.

A partir de 1864 se observa una evolución del catolicismo hacia posiciones de autoritarismo papal, y culto a la personalidad.

En 8 de diciembre de 1864, el Papa Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura, y con ella un apéndice, el Syllabus, condenando el liberalismo, lo cual legitimaba a Carlos VII y a los movimientos absolutistas europeos. El Papa enumeraba “los 80 errores de los tiempos modernos”, y se creía con poder de interpretar la realidad de manera infalible.

La cuestión del autoritarismo papal se había planteado en junio de 1862, cuando Pío IX convocó una gran manifestación de exaltación del Papa a la que acudieron unos 4.000 sacerdotes y cerca de 100.000 fieles, lo que iniciaba los baños de multitudes de los grandes dictadores. La excusa utilizada para el momento era intrascendente: canonizar a los mártires japoneses del siglo XVI.

La cuestión de la infalibilidad del Papa se propuso definitivamente en 18 de julio de 1870, a fines del Concilio Vaticano I, pero sin la iniciativa del Concilio, y se impuso con el apoyo de los jesuitas y de todos los católicos ultramontanos y las revistas vaticanas entre las que destacaba Civiltá Católica. El periodo de exaltación personal del Papa se acabó en 1871, cuando Pío IX tuvo la idea de hacer una macromanifestación en su apoyo para celebrar los 25 años de su pontificado. Esperaba el Papa que se sumasen todos los reyes y gobernantes católicos del mundo, pero sólo asistió Bélgica, y los demás mandaron legaciones protocolarias, constituyendo un gran fracaso de Pío IX y de su hombre de confianza Jacopo Antonelli. Europa no quería integrismo católico.

El cardenal Jacopo Antonelli dirigió El Vaticano durante casi todo el pontificado de Pío IX (1846-1878), pues desempeñó su cargo desde 1846 a 1876. Era un hombre astuto, ambicioso, capaz de hablar durante horas sin decir nada y esperar que la impaciencia de su enemigo le traicionase. No hacía mucho caso a las obligaciones religiosas del católico, que le traían despreocupado. Era un político nato.

El integrismo católico español se hizo muy fuerte. Se atrevieron a defender la guerra, la Guerra de África, o Guerra de Marruecos, como una “cruzada” contra la “Media Luna”. En los seminarios se enseñó la adopción de un tono de habla patriarcal y de bonhomía que perduró más de un siglo con modos característicos, bajo los cuales se podían decir las más grandes inconveniencias. También se enseñó a solidarizarse todos con todos.

 

En el aspecto político de la cuestión, en Italia, los absolutistas integristas o neocatólicos luchaban contra Víctor Manuel II de Saboya y contra su ministro Cavour, que en 1860 habían empezado la unificación italiana, y tenían para ello apoyo de absolutistas franceses y españoles. Españoles conocidos que participaban en la guerra de Italia fueron: José Borges, que fue fusilado en Italia en noviembre de 1861, y Francisco Savalls y Alfonso de Borbón que simplemente lucharon en esta guerra.

Los absolutistas integristas empezaron a ser conocidos en Alemania como “ultramontanos” (partidarios del de más allá de los Montes Alpes) y en España como “neocatólicos”. Estos neocatólicos habían introducido al padre Antonio María Claret como confesor de Isabel II y tenían grandes esperanzas en triunfar mediante su mediación ante la reina.

 

 

Caída del Gobierno Mon.

 

El 22 de junio de 1864, las Cortes aprobaron la Ley del Derecho a la Reunión Electoral. Esta ley legalizaba la pérdida de derechos y el problema de 20 de agosto de 1863, decreto por el que los Gobernadores Provinciales controlaban totalmente las elecciones.

El 29 de junio de 1864, Cánovas hizo una Ley de Imprenta confirmando la Ley Nocedal de julio de 1857, es decir muy dura con los delitos de imprenta. Además añadía una jurisdicción militar para los delitos de imprenta que afectasen a la fidelidad o la disciplina militar. La dureza de esta posición no será muy distinta de la de González Bravo en 7 de marzo de 1867, aunque este último todavía la endurecería más con el depósito anticipado, la censura previa gubernativa y judicial, y sanciones tanto en metálico como de prisión.

Por su parte es posible que los progresistas se hubieran radicalizado en sus posturas. Lo cierto es que la Reina tomó una actitud netamente contraria a ellos, lo cual es impropio de sistemas políticos liberales, pues Isabel II excluía de hecho lo que toleraba en teoría, el pluralismo político.

Mon se fue quedando poco a poco sin ministros y en agosto de 1864 ejercía casi todas las carteras personalmente.

En septiembre de 1864, el Gobierno entró en crisis. Cánovas hizo un informe sobre la actividad revolucionaria golpista de Prim, y el Ministro de Guerra, José Marchessi, un hombre del levantamiento de Vicálvaro de 1854 y fiel a Prim, dijo que él no podía controlar a los generales. Entonces, Augusto Ulloa, Ministro de Fomento, demócrata resellado en Unión Liberal, dimitió. El resto de los ministros dimitieron en cadena, y Mon presentó su dimisión personal a la Reina, pues se había quedado sin Gobierno.

La verdadera intención de los ministros era forzar la vuelta de O`Donnell.

 

 

 

[1] Manuel Pando Fernández de Pinedo, marqués de Miraflores, nació en Madrid en 1792. Siendo representante del gobierno español, logró en 1834 en Londres la formación de la Cuádruple Alianza contra el carlismo y así se hizo famoso y fue Presidente del Estamento de Próceres en 1836. Era partidario de la violencia contra los amotinados de 1836 y hubo de emigrar a Francia cuando triunfaron los liberales. Regresó en 1838 y negoció que el gobierno francés no apoyara a los carlistas. Espartero significó su apartamiento de la política, pero Narváez volvió a llamarle. Fue Presidente del Gobierno en 1844 pero sólo 33 días. Con Bravo Murillo, otro ultraconservador, será ministro de Estado en 1851. En 1856 se apuntará a Unión Liberal y fue colaborador de O`Donnell. Formó gobierno, por segunda vez en 1863. Murió en Madrid en 1872.

[2] Concepción Arenal había nacido en Galicia en 1820 y fue a Madrid en 1834, donde estudió historia, sociología, filosofía, idiomas y derecho. En 1847 se casó y escribía en La Iberia. En 1855 enviudó. Estuvo en Potes y en Galicia fundando Asistencia Domiciliaria y el Patronato de Señoras para la Visita y Enseñanza de los Presos, que luego llevó a Madrid. Se mostró partidaria de tutelar familias pobres, de hacer construcciones benéficas para obreros pobres, de colaborar con la Cruz Roja, de educar a los presos, de abandonar el sistema carcelario represivo y la utilización de la cárcel para reeducar a los presos.

 

[3] Lorenzo Arrazola García había sido ministro de Gracia y Justicia en diciembre de 1838 y varias veces más, además de ministro de Estado.

[4] Alejandro Mon Menéndez nació en Oviedo en 1801. Fue ministro de Hacienda con Ofalia en 1837, con Narváez en 1844, con Istúriz en 1846 y con Narváez en 1849 y fue el autor de la reforma de Hacienda de 1845, Reforma Ofalia. En 1856 ingresó en Unión Liberal y como miembro de ese partido fue Presidente del Gobierno en 1864. Murió en Oviedo en 1882. Alejandro Pidal y Mon, 1846-1913, era su sobrino.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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