Gobierno O`Donnell,

        30 abril 1860 – 2 marzo 1863.

 

Presidente del Consejo de Ministros y encargado de Ultramar, Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán.

Estado, Saturnino Calderón Collantes / 5 de agosto de 1860: Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán, interino / 30 de agosto 1860: Saturnino Calderón Collantes / 20 de octubre de 1860: Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán, interino / 6 de febrero de 1861: Saturnino Calderón Collantes / 3 de agosto de 1862: Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán, interino / 2 de noviembre de 1862: Saturnino Calderón Collantes / 17 de enero de 1863: Francisco Serrano Domínguez duque de la Torre.

Gracia y Justicia, José Posada Herrera, interino / 14 julio 1860: Rafael de Bustos y Castilla, marqués de Corvera, interino / 2 de agosto de 1860: Santiago Fernández Negrete / 13 agosto 1862: José Posada Herrera, interino / 30 de octubre de 1862: Santiago Fernández Negrete / 17 enero 1863: Nicomedes Pastor Díaz Corbelle (murió el 22 de marzo de 1863) / 9 febrero 1863: Pedro Nolasco Aurioles Aguado[1].

Guerra; Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán.

Marina, José MacCrohon Blake como titular pero ejerciendo Augusto Ulloa / 9 julio 1860: Juan Zabala de la Puente, marqués de Sierra Bullones / 13 julio 1861: Leopoldo O`Donnell Jorís, interino / 7 de octubre de 1861: Juan Zabala de la Puente / 30 de agosto de 1862: Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán / 14 de septiembre de 1862: Juan Zabala de la Puente / 17 enero 1863: José María Bustillo Barreda, conde de Bustillo como titular, pero ejercía Leopoldo O`Donnell Jorís conde Tetuán interinamente/ 9 febrero 1863: Augusto Ulloa

Hacienda, Pedro Salavarría Charitu

Gobernación, José Posada Herrera / 6 julio 1860: Saturnino Calderón Collantes / 1 de agosto de 1860: José Posada Herrera / 21 de agosto de 1861: Saturnino Calderón Collantes, interino / 29 de septiembre de 1861: José Posada Herrera / 10 julio 1862: Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega de Armijo, interino / 30 de agosto de 1862: José Posada Herrera.

Fomento, Rafael de Bustos y Castilla, marqués de Corvera / 21 noviembre 1861: José Posada Herrera / 18 diciembre 1861: Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega Armijo[2]  / 17 enero 1863: Francisco de Luján Miguel y Romero.

 

 

Aires de crisis en Unión Liberal en 1860.

 

La quietud política que había traído Unión Liberal se rompió cuando surgieron las primeras voces críticas dentro del Partido. Sorprendentemente para muchos, O`Donnell acusó a los críticos de soberbia y les expulsó del Partido, sustituyéndoles por gente más comprometida. O`Donnell no era tan tolerante como la opinión pública había querido creer en 1858.

Por suerte para O`Donnell, los moderados y progresistas se peleaban todos los días en el Congreso de Diputados, y O`Donnell actuaba como el hombre bueno que intermedia poniendo la paz. La ruptura del Partido de Unión Liberal surgió por dentro, pero apenas estaba empezando.

Unión Liberal era un amalgama de amigos de Leopoldo O`Donnell, los unos moderados puritanos, los otros progresistas resellados. Sus ideas eran contradictorias entre los distintos grupos, pero estaban unidos en torno al reparto de prebendas que hacía Posada Herrera. Antonio Alcalá Galiano decía que Unión Liberal era como “la familia feliz de los circos”, una jaula en la que convivían gatos con ratones, zorras con gallinas y lobos con corderos, gracias a la presencia del látigo del domador. El domador de aquella “jaula de grillos” era O`Donnell, y la forma de gestionar el circo era presentar planes a muy largo plazo, de los que no comprometen a los políticos a nada, no hacer ninguna declaración categórica ni comprometedora, no expresar nunca un principio político, ni una idea de base por la que se le pudiera criticar. Con ello, ni se le podía criticar desde dentro, pues estaban todos amenazados por el compromiso firmado con Posada Herrera, ni se le podía criticar desde fuera, pues no sabían si se estaba haciendo algo o no. Pero esa situación no es sostenible a largo plazo.

Respecto a las relaciones con políticos de fuera del partido, O`Donnell se mostraba condescendiente con los progresistas puros y con los demócratas. No era tan condescendiente con los moderados cerrados, a los que nunca perdonó haberle dejado tirado en Vicálvaro en 1854. También procesó a muchos “polacos” de 1859 (seguidores de Luis José Sartorius).

 

 

La primavera de 1860.

 

Tras la victoria sobre Marruecos y el gran entusiasmo popular y político desatado, volvió el Gobierno de la Unión Liberal a sus tareas ordinarias. Pero O´Donnell no había aprendido nada en esos dos años, más bien se había dejado llevar por las adulaciones, y continuaría sus absurdos proyectos de grandeza de España, o tal vez de grandeza personal.

En primavera de 1860 regresó O`Donnell de Marruecos con aires de general triunfador. El tratado de paz que había negociado, Tratado de Tetuán de 1860 (ver el capítulo 19.15.6.) no era ventajoso para España, pero los unionistas hicieron valer en la prensa la idea de una “España triunfadora”, y la Corona, las Cortes, el ejército y el país entero se sintieron “orgullosos” de un general “que había reverdecido los laureles militares de Castilla y había remozado la política nacional, el hombre que había llegado a acuerdos con el Papa para invertir el dinero de la Iglesia en el desarrollo económico de España”. O`Donnell llegó a ser reconocido y admirado por todos los militares de ese momento. O`Donnell no era capaz de imaginar que el apoyo de la Reina podía ser circunstancial y que los vítores del pueblo de Madrid se podían cambiar en insultos en 24 horas.

Y ocurrió lo que es frecuente en estos casos cuando llega la época de gloria y el líder no sabe asumirla: O`Donnell empezó a cometer errores, a mostrar intolerancia respecto a la oposición, respecto a los otros partidos y respecto a los disidentes de su propio partido, los que no le eran tan incondicionales de entre los resellados.

La oposición y la prensa emprendieron una campaña contra supuestos casos de corrupción en el Gobierno, como la compra de buques carcomidos y compra de grano rancio para dar de comer a la tropa de Marruecos. Y sobre todo, la prensa criticaba el que O`Donnell no legislaba lo que había prometido hacer en 1854.

El 25 de mayo de 1860 se produjo la apertura de Cortes. En el Discurso de la Corona, la Reina se felicitó por las victorias en África y explicó que había decidido conceder la amnistía. Esta amnistía afectaba a los Borbones que habían protagonizado la rebelión de San Carlos de la Rápita. Olózaga contestó que, según la Constitución, la amnistía no era un tema del Ejecutivo, pues el Rey debía estar autorizado para ello por una Ley especial dada en Cortes. O`Donnell contestó que el Acta Adicional no era aplicable en este caso concreto y que la Reina y el Gobierno podían conceder amnistías. Posada Herrera dijo que la facultad de amnistiar pertenecía al Legislativo, pero que era necesario delegar ciertas funciones en el Ejecutivo por razones de oportunidad y ligereza de actuación. Pero las Cortes aprobaron la conducta del Gobierno y O`Donnell siguió adelante.

En 6 de julio de 1860 se produjo la exoneración del cargo del Ministro de Gobernación, José Posada Herrera. Una Comisión dirigida por Manuel Alonso Martínez, estudió el Proyecto de Ley Orgánica de los Municipios, en el que se proponía que los alcaldes fueran elegidos, en vez de designados por el Gobierno. Posada Herrera, el que nombraba los alcaldes, función que le otorgaba todo su poder y su ascendiente sobre el Gobierno, se enfureció. La discusión entre Posada Herrera y Alonso Martínez fue tan dura que rompieron para siempre. La ruptura hirió a O`Donnell, pues Alonso Martínez había sido su protegido y su favorito hasta entonces. Dijo de Alonso Martínez, que aquello era un acto de ingratitud y falsedad imperdonables. Los improperios contra “alonsito” se hicieron frecuentes. Alonso Martínez siempre había destacado por su moderación y su espíritu de conciliación. El pase a la oposición que hizo Alonso Martínez en 1860 fue un golpe muy duro para Unión Liberal. Algunos empezaron a ver que Unión Liberal no sería un partido de amplia trayectoria en futuros Gobiernos de España. Era un partido más y podía caer como habían caído otros. Los resellados y los antiguos moderados de Unión Liberal, empezaron a distanciarse de las posiciones oficiales del Partido. Posada Herrera fue sustituido por Antonio Aguilar correa marqués de Vega Armijo.

 

 

EL PROBLEMA DE LA UNIFICACIÓN DE ITALIA.

 

El 15 de mayo de 1860, el conde Grifeo llegó a Aranjuez y solicitó ayuda a España en la lucha por la unificación italiana que se estaba llevando a cabo. En España hubo diversidad de opiniones: Isabel II quería apoyar a su familia napolitana y no podía luchar a favor de Cerdeña. O`Donnell le dijo que España no estaba en condiciones de emprender una guerra. España se quedó al margen del problema italiano y, cuando el 13 de marzo de 1860, Víctor Manuel II de Saboya se proclamó rey de Italia, España no reconoció al nuevo Estado italiano. Los progresistas españoles estaban a favor de apoyar a los nacionalistas italianos, que eran liberales y a Víctor Manuel II en particular. Pero Isabel II se negaba a hacerlo. Sólo el 15 de julio de 1860, O`Donnell convenció a la Reina de que había que reconocer al nuevo Estado. El reconocimiento del Reino de Italia, significó la protesta de los obispos españoles, argumentando que España iba contra el Papa.

La unidad de Italia era un suceso seguido con mucha emoción en España. Se denominaba “la cuestión romana”, porque el tema principal era si el Papa sería Rey de Italia o perdería sus Estados en beneficio de un Rey laico que fuera Rey de Italia.

La cuestión se había originado en 1859 cuando Cerdeña-Piamonte hizo una alianza secreta con Francia, Cavour con Napoleón III, por la que Cavour esperaba ganar Italia, y Napoleón III esperaba introducir su influencia en Italia desplazando de allí a Austria. El pacto consistía en que Francia ayudaría a Saboya-Piamonte en caso de ser atacada esta potencia por Austria. Austria conocía esta alianza secreta y hacía política antifrancesa.

El trabajo siguiente de Cavour fue provocar la declaración de guerra de Austria a Cerdeña-Piamonte. El 10 de enero de 1859, Víctor Manuel II de Saboya hizo un discurso antiaustríaco en el Parlamento. A continuación se utilizó la prensa para hacer correr el rumor de que se iba a atacar la zona italiana dominada por Austria: Lombardía, Véneto y Toscana, al grito de “Vittorio Emmnuelle Rege D`Italia”, cuyas siglas eran VERDI. La campaña fue efectiva en cuanto los republicanos italianos se dieron cuenta de la oportunidad de expulsar a Austria y decidieron apoyar al Rey Víctor Manuel II de Saboya. Ello condujo a que muchos voluntarios nacionalistas, liberales y socialistas, se concentraran en Saboya, al norte del Piamonte.

En Lombardía y Véneto gobernaba el Virrey Maximiliano de Austria. En Toscana gobernaba el Duque Leopoldo II de Austria, primo del padre del emperador Francisco José I de Austria.

Camilo Benso conde de Cavour siguió con su campaña de provocación. En los primeros meses de 1859, llevó el ejército piamontés a la frontera con Lombardía. Y el 26 de abril de 1859, Austria cayó en la trampa: lanzó un ultimátum a Cerdeña-Piamonte exigiendo desmovilizar en tres días o le declararía la guerra. Cavour no tenía más que esperar tres días.

Leopoldo II de Toscana se declaró neutral ante el conflicto que se avecinaba, pero los nacionalistas le hicieron abdicar y en 27 de abril de 1859 huyó a Bolonia, territorio del Papa. Los toscanos instalaron un Gobierno Provisional y le ofrecieron Toscana a Víctor Manuel II de Saboya. El plan Cavour funcionaba.

El 29 de abril de 1859, Austria declaró la guerra y los austriacos entraron en Piamonte. El 30 de abril ocupó Novara y el 2 de mayo Verceil, cerca de Turín. Era el momento de que Cavour invocara el pacto con Francia. Francia, que estaba previamente alertada, entró inmediatamente en Piamonte por el oeste.

El general austriaco Karl Buol tuvo una idea “brillante” pero estúpida, hacer retroceder su ejército hasta el Mincio, para que la batalla tuviera lugar en el mismo lugar en que los sardos-piamonteses habían sido derrotados en 1848. El lugar está en la frontera entre Lombardía y Véneto. El 4 de mayo fue destituido Karl Buol.

El 11 de mayo de 1859, Carlo Buoncompagni se hizo con el Gobierno de Florencia, capital de la Toscana, y el 29 de mayo se puso al servicio de Piamonte.

El 14 de mayo de 1859, Napoleón III de Francia estaba en Piamonte.

El 20 de mayo empezaron los enfrentamientos militares en Montebello. El 26 de mayo, los 4.000 “Cazadores de los Alpes” de Garibaldi derrotaron a Karl von Urban en Varese. El 31 de mayo, Víctor Manuel II de Saboya derrotó a los austriacos en Palastro en una batalla de cierta importancia. El 3 de junio, Napoleón III y Víctor Manuel II vencieron en Turbigo. El 4 de junio vencieron en Magenta. El 8 de junio, entraron en Milán y derrotaron a los austríacos en Melegnano. El 14 de junio, entraron en Módena y el 17 de junio, en Brescia.

Tras la campaña victoriosa de los franceses y piamonteses, de mayo y junio, el emperador Francisco José I de Austria se puso al frente de su ejército. El 24 de junio de 1859 tuvo lugar la batalla definitiva en Solferino, con 100.000 hombres de cada lado. Austria tuvo 20.000 bajas.

La guerra no fue bien acogida en Francia, que pagaba una guerra en la que no parecía que fuera a ganar nada. Además, defender que Italia fuera para los nacionalistas italianos, era atacar al Papa, y los franceses eran católicos. Así que, Napoleón III decidió acabar la guerra y capituló con Francisco José I de Austria el 11 de julio de 1859 en Villafranca. En el Armisticio de Villafranca se acordó que Austria cedería Lombardía a Francia y conservaría Véneto, Toscana, Módena y Parma. Que se organizaría Italia como una confederación de Estados presidida por el Papa y para ello se convocaba un Congreso en Zurich. Parma se convertía en un Estado independiente gobernado por los Duques de Parma. Además, Napoleón III dio una amnistía que pretendía congraciarse con los franceses.

El 12 de julio de 1859 dimitió Cavour porque estaba indignado por los sucesos de Villafranca, y fue sustituido por Urbano Rastazzi. Víctor Manuel II de Saboya aceptaba el Armisticio de Villafranca, porque Napoleón III le cedía Lombardía al rey de Cerdeña-Piamonte.

El 11 de noviembre tuvo lugar el Tratado de Zurich entre Austria, Francia y Cerdeña, firmando la paz. Se preveía de nuevo un Congreso en Zúrich, pero éste nunca llegó a reunirse.

Cavour argumentó el derecho de las naciones a decidir su futuro, argumento típico nacionalista. El ducado de Parma votó su anexión a Piamonte, lo cual molestó en España. Pero el 15 de julio de 1860, España reconoció al nuevo Reino de Italia en la persona de Víctor Manuel II de Saboya.

 

 

Política respecto a los Estados Unidos.

 

En 1860 España debía tomar una posición respecto a la guerra de los Estados Unidos. España desconfiaba de los sudistas creyendo que éstos se adueñarían de Cuba. También desconfiaba de los yanquis o nordistas, creyendo que atacarían las posiciones españoles del Caribe. Así que buscó sistemas para lograr unos Estados Unidos débiles, que no le quitaran su dominio colonial. Fue un fracaso.

 

 

 

ADHESIÓN DE SANTO DOMINGO A ESPAÑA.

 

En mayo de 1861, O`Donnell aceptaba la incorporación de la isla de Santo Domingo a España.

En 1795, la isla había sido cedida por España a Francia en el Tratado de Basilea. Desde el primer momento un grupo importante de dominicanos se habían sublevado contra los franceses en 1801 declarándose españoles.

En 1804, Ahití se había independizado de Santo Domingo. Allí se habían refugiado antiguos esclavos negros y mulatos y procedieron al exterminio de blancos, por muerte o expulsión de la zona.

En 1810, La Junta Central de Cádiz envió un Gobernador a Santo Domingo. Los “patriotas” españoles seguían considerando la isla territorio español.

En 1821, durante el Trienio Constitucional español, José Núñez de Cáceres en Santo Domingo se había independizado de Francia mediante una indemnización. Pero Núñez de Cáceres se olvidó de formar un buen ejército y cayó ante Haití, que dominó la totalidad de la isla hasta 1843.

Desde 1822, la parte occidental de la isla de Santo Domingo fue dominada por los negros allí residentes de Ahití. En ese año, Ahití ocupó la isla La Española entera, produciéndose la paradoja de que los antiguos esclavos dominaban a los antiguos señores de esclavos.

En 1837, Felipe Benicio Alfau Bustamante fundó “La Trinitaria”, una asociación militar para librarse de los ahitianos e integrar Santo Domingo en España. Alfau era un militar dominicano, hijo de un venezolano y una dominicana[3].

El 19 de febrero de 1844 hubo un levantamiento de los blancos dominicanos que declaró la independencia de la República Dominicana respecto a los negros ahitianos. El Estado Dominicano era débil y necesitaba una protección exterior. Pensaron, o bien incorporarse a los Estados Unidos, o bien convertirse en un protectorado español. También buscaron protección de algún país hispano de Caribe, pero no la encontraron.

En 1846, el Presidente de Santo Domingo, General Santana, dijo al capitán de fragata Pablo Llanes que prefería la protección española a la estadounidense. El francés Guizot, presidente de la antigua metrópoli de Santo Domingo, estuvo de acuerdo con que pasara a España, pero España cambiaba de Gobierno cada poco y cada Gobierno tenía un criterio diferente. En general, en España no se quería esa aventura. Sólo en 1855, España aceptó el hecho de la independencia de Santo Domingo, requisito previo a aceptar la adhesión a España.

Faustino Soulouque, “emperador” de Haití, invadió Santo Domingo en 1858, y los Estados Unidos vieron la oportunidad de hacerse con la isla, por lo que los dominicanos volvieron a pedir ayuda a España, acudiendo a La Habana a visitar al general español Leopoldo Serrano.

Santana envió al general Felipe Benicio Alfau Bustamante a España a gestionar un Tratado de Alianza. El enviado fracasó. En octubre de 1860, Santana decidió enviar al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Hacienda a La Habana, a fin de hablar con el General Serrano y negociar si Santo Domingo se incorporaba a España como protectorado o como un territorio español más. Las condiciones que pedía Santana eran que no se volviera a la esclavitud, y que los ciudadanos dominicanos tuvieran iguales derechos que el resto de los españoles.

Santana quería evitar una invasión de los Estados Unidos, que veía próxima, y así se lo comunicó a Madrid. Pero sobre todo, los dominicanos querían librarse de la dictadura de los haitianos. Había que aprovechar la guerra interna de los Estados Unidos, 1860-1865, llamada Guerra de Secesión.

El Gobierno de Madrid argumentó que un protectorado tendría todos los inconvenientes de una anexión y ninguna ventaja para España, así que la única solución que aceptaba era la anexión.

Pero, tratado el asunto objetivamente, la anexión no era oportuna para España por muchas razones:

España no era suficientemente fuerte como para sostener un ejército al otro lado del Atlántico y ni siquiera tenía Marina suficiente para asegurar los abastecimientos y necesidades de ese ejército.

La anexión sería vista por las demás repúblicas hispanoamericanas como una agresión, un intento de reconstruir el imperio, y se pondrían en contra incluso en el caso de una guerra civil.

La guerra civil existente en los Estados Unidos desde 1860 podía terminar en cualquier momento, y entonces Estados Unidos pondría en vigor la “doctrina Monroe” expresada en 1823 y conocida como “América para los americanos”. El proyecto de anexión de Santo Domingo sólo sería viable si Estados Unidos se dividía en dos, nordistas y sudistas, pues en ese caso, uno de los dos Estados resultantes sería necesariamente aliado de España.

Santo Domingo debía pedir por unanimidad la anexión a España y no era aceptable que la pidiera sólo Santana, pues de otro modo, lo que ocurría era que España se hacía cargo de una guerra civil.

La situación europea del momento era muy difícil y España no podía correr aventuras en contra de las potencias europeas.

Por todas estas razones, O`Donnell se pidió un año para pensar. Debía calcular los costes económicos y militares que llevaría un proceso de anexión y debía negociar con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia su neutralidad en la cuestión.

La opinión pública española se mostró favorable a la anexión: los absolutistas mostraron entusiasmo por recuperar territorios; los demócratas no tuvieron ninguna duda en que era conveniente, los progresistas se sentían patriotas al aceptarla y los moderados estaban fuera de sí, como si ello fuera un triunfo de España. Es decir, dominó en España la irracionalidad de tipo populista, sin meditar a fondo las ventajas e inconvenientes.

El 18 de marzo de 1861, Santa Ana proclamó la soberanía de España sobre Santo Domingo al grito de “¡Viva Isabel II”, e izó bandera española. Escribió a la Reina de España presentando hechos consumados y manifestando la adhesión de la totalidad de Ayuntamientos de la isla al proyecto político. Santana estaba forzando la adhesión a España.

La sorpresa en La Habana y en Madrid fue mayúscula. Serrano dijo que había que aprovechar la ocasión y envió desde La Habana 3.000 hombres y varios barcos. El Consejo de Ministros de Madrid aprobó la conducta de Serrano, pero pidió una ratificación por unanimidad de todos los dominicanos.

Estados Unidos protestó, y Ahití y Perú se sumaron a la protesta contra España.

En 19 de mayo de 1861, O`Donnell decidió aceptar el territorio de Santo Domingo para la Corona de España, pero no consultó sobre ello a las Cortes. Se limitó a elevar una Exposición a la Reina y a emitir un Decreto de aceptación de la incorporación. A pesar de ello, la prensa, con torpeza evidente, recibió la incorporación territorial con entusiasmo. O`Donnell se excusó más tarde diciendo que las Cortes estaban cerradas en marzo. Lo más seguro es que lo hiciera como lo hizo para evitar discusiones y preguntas sobre los gastos y riesgos que el hecho conllevaba.

La Administración española que se hizo presente en Santo Domingo en 1861 lo hizo bastante mal en cuanto a obtener simpatías, aunque bien para los costos de la operación: decretaron un sistema impositivo duro, más duro que el que tenían antes de la anexión. Y el nuevo arzobispo de Santo Domingo impuso una moral dura a la que tampoco estaban acostumbrados los dominicanos. Llegaron hombres desde España, Cuba y Puerto Rico, e hicieron una mala gestión, pues se plantearon enriquecerse de forma rápida, pagando salarios bajos. Se pusieron en contra a casi toda la población dominicana que poco antes simpatizaba con la idea de España.

La oposición dominicana a la anexión a España, Cabral, Báez y Sánchez, hizo en 1861 una invasión de la zona oriental de la isla desde Ahití. La anexión de Santo Domingo significaba que España debía pagar la guerra que el general Santa Ana no estaba en condiciones de pagar. Y además, el coste humano, se pagaría con vidas de españoles.

En 1863 la sublevación dominicana contra España era general. Protestó Estados Unidos que quería que España se marchase definitivamente de toda América y organizó un movimiento latinoamericano contra la presencia de España en Santo Domingo. Con ese apoyo de Estados Unidos nordistas, en 1863, se sublevaron José Cabrera y Benito Monzón y el 16 de agosto proclamaron la República Dominicana independiente de España.

La anexión resultó un mal negocio para España: en 1862 se gastaron 49 millones de reales y apenas se obtuvieron ingresos. España tenía que mantener una guerra, pero sólo O`Donnell tuvo voluntad de hacerlo y se cesó en el empeño una vez desaparecido este gobernante español. El nuevo Presidente del Gobierno español, Narváez, cortó la guerra fulminantemente en 1864. El Gobierno lo manifestó en las Cortes pidiendo la venia para abandonar, y el General Gándara, Gobernador de Santo Domingo lo supo al poco. Se decidió llevar la artillería a La Habana y concentrar las tropas españolas en la ciudad de Santo Domingo a fin de salir en poco tiempo en cuanto llegase la orden. Además, se contaba con barcos en el puerto para embarcar deprisa, y abandonar en pocas horas. En enero de 1865, Narváez presentó a las Cortes españolas el decreto por el que España abandonaba Santo Domingo y argumentaba que, de lo contrario, había que prepararse para una guerra que España no estaba en condiciones de afrontar. Narváez argumentó que la Constitución decía que para enajenar un territorio de la Corona, el Rey debía estar autorizado por un Ley especial. Por ello el abandono era comunicado a las Cortes, mientras la incorporación, que no estaba prevista en la Constitución, no fue comunicada. El 1 de mayo de 1865, las Cortes españolas aceptaron el abandono de la isla de Santo Domingo. En realidad se limitaron a derogar el Decreto de anexión dado por el Gobierno en 1861.

Al abandono de Santo Domingo se opuso Augusto Ulloa Castañón diciendo que ello era un desprestigio para España y un agravio a la bandera española. También se opuso Antonio Cánovas que optaba por apoyar el populismo español imperialista y auguraba la ruina de España si se abandonaban los territorios americanos.

La evacuación fue tan rápida que hasta se abandonó a los prisioneros españoles que estaban en ese momento en manos de independentistas, cuyo rescate se negoció con posterioridad.

Estados Unidos terminaba su guerra justo en esos días, ganaban los yanquis y mostraban deseos de que España se marchase de América. La nueva república de Santo Domingo, en manos de los insurrectos, sería reconocida por España en diciembre de 1874.

 

 

LA GUERRA DE MÉXICO.

 

En 31 de octubre de 1861, Francia, Gran Bretaña y España firmaron el Tratado de Londres para exigir al Gobierno mejicano la restitución de las fincas y negocios incautados a los europeos en México, así como el pago de la deuda del Estado mejicano a estos tres países. Acordaron que la expedición a Méjico no sería de conquista, no serviría para arrebatar negocios a los mejicanos y respetaría los derechos de los mejicanos a constituir su propio Gobierno.

De nuevo el Gobierno español actuaba al margen de las Cortes, pues nunca pensó en que éstas ratificaran el tratado firmado. Se limitó a comunicárselo.

Desde el punto de vista diplomático, la Guerra de México es incomprensible para los españoles: Es cierto que la Guerra de Secesión de los Estados Unidos daba una oportunidad a los europeos para levantar una gran colonia al sur de los Estados Unidos, colonia imperialista de nuevo cuño, comercial y minera. Pero hasta el más tonto sabía que no iba a ser España la que sacase el fruto de una expedición militar dirigida por Francia y Gran Bretaña.

Pero resultó que desde un punto de vista de la política exterior, convenía que España estuviese en México. La Guerra de Marruecos de 1859 y la paz consiguiente de 1860, un auténtico desastre para España a pesar de la victoria, habían servido para cambiar la imagen exterior de España. En efecto, Napoleón III cambió su concepto sobre España, país al que hasta entonces Europa consideraba una nulidad, y creyó que se podía contar con él en un caso tan peculiar como el de México, una antigua colonia española. La reacción de Gran Bretaña fue de no permitir que España se integrase en la órbita política francesa, y se sumó a la idea de contar con España. Como veremos al final de esta exposición, ambos países se equivocaban. España no era un socio fiable ni valioso, aunque pudiera haber sido capaz de organizar una campaña en Marruecos.

Los antecedentes del problema con México, tanto franceses y británicos, como españoles, databan de la independencia de México reconocida por España en 28 de diciembre de 1836.

Cuando un país se independiza de otro, no puede prescindir de su pasado, de la parte de la deuda del país inicial y de los errores cometidos cuando estaban unidos. Declararse independiente y pretender empezar de cero, sería algo apetecible para todos si ello supusiera el perdón de las deudas y el olvido de los pecados. En la firma de las independencias hispanoamericanas, los nuevos países se comprometían a pagar la parte de la deuda exterior española del momento de la independencia que les correspondía y las indemnizaciones que correspondían a las empresas y particulares expropiados por causas políticas. Pero no se concretó a cuánto ascendía esa deuda. Como la deuda española a partir de 1790 era altísima, los nuevos países independizados debían una gran suma. Entre otras causas, precisamente por no pagarla, y no pagar altos impuestos debidos a la necesidad de pagar esa deuda española, se habían independizado. En 1846 se firmó un acuerdo entre España y México para crear en México un “fondo de reclamaciones españolas” que se proponía pagar la deuda con España. El fondo de reclamaciones españolas se nutriría de un 3% de los derechos de importación de mercancías a México, y estaba conformado por una Junta de cinco individuos nombrados por el representante diplomático español en México.

Con motivo de la Guerra de Texas, entre Estados Unidos y México de abril de 1846, México suspendió los pagos a España. Y cuando la guerra terminó, en febrero de 1848, México denunció el Acuerdo de 1836 con España, alegando que el Ministro de Exteriores mejicano había firmado ese convenio sin haber contado con el Congreso de Diputados. Ello dio inicio a un contencioso entre España y México, que duraría muchos años. Se resolvió el tema en el Convenio de 14 de noviembre de 1851, en el Tratado de 12 de noviembre de 1853, en el Protocolo de 12 de julio de 1856, y en el Convenio de 26 de septiembre de 1859. En todas estas ocasiones, México prometió pagar, pero inmediatamente encontraba excusas para no hacerlo: unas veces porque había cambiado el Gobierno y el nuevo Gobierno creía que no debía aceptar lo que había firmado el anterior, y otras porque se acusaba a España de exigencias injustas. En todo caso, excusas de mal pagador. El Plan de Ayutla de 1 de marzo de 1854 intentó obtener dinero para sacar al Gobierno de México de la quiebra técnica, y pensó en una expropiación de bienes de la Iglesia católica. Ello provocó una guerra civil en México. Y los elementos conservadores mejicanos solicitaron de Francia, Gran Bretaña y España una intervención en México. Creían que una intervención europea evitaría la intervención de Estados Unidos, la cual acabaría seguramente en anexión.

México, en 1859, tenía al liberal Benito Juárez en Veracruz legislando la separación de la Iglesia del Estado y nacionalización de los bienes eclesiásticos.

En diciembre de 1859, España envió a México a Joaquín Francisco Pacheco, un ex-ministro español, que también había sido senador y era buen abogado. Había sido designado para la misión de fortalecer a México en el Convenio Mon-Almonte de 26 de septiembre de 1859. Joaquín Francisco Pacheco presentó sus Cartas Credenciales ante el Presidente de México, Miguel Miramón, en el momento en que el general liberal mejicano González Ortega se dirigía a Ciudad de México a terminar con el Gobierno conservador de Miramón.

Joaquín Francisco Pacheco, líder de los puritanos (moderados de izquierda) había sido Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado en España en 1847, y Ministro de Estado (Asuntos Exteriores) para Espartero en 1854. Su misión era negociar la reanudación del pago de la deuda mexicana. Joaquín Francisco Pacheco Gutiérrez presentó sus credenciales al general Miramón, líder de los conservadores mexicanos. Y enseguida venció Benito Juárez, líder de los liberales mexicanos.

El 14 de diciembre de 1859, Estados Unidos hizo su jugada en contra de las potencias europeas: firmó el tratado McLane-Ocampo reconociendo como legal al Gobierno de Juárez y haciéndose reconocer por éste. Tras la firma, atacó y hundió a los barcos que Miguel Miramón había contratado en Cuba, lo cual dejaba expedito el camino de la victoria a Benito Juárez. Éste, atacó y derrotó definitivamente a Miramón en 22 de diciembre de 1860. El Presidente derrocado salió para La Habana, donde se hospedó en casa de un cuñado de Joaquín Francisco Pacheco.

Benito Juárez entró en México D.F. el 1 de enero de 1861. El nuevo Gobierno mejicano, el de Benito Juárez, declaró persona non grata al diplomático español, Pacheco, y le expulsó de México.

La expulsión de Pacheco pasó desapercibida en España, se vio como algo natural, dada la equivocación al presentar credenciales. El Gobierno de España, de Saturnino Calderón Collantes, no quiso responder a la afrenta mejicana por varias razones: porque no podía afrontar una guerra y porque la actuación de Joaquín Francisco Pacheco había sido torpe y sectaria, firmando con una parte en guerra y sin esperar la resolución del conflicto interno mejicano.

Benito Juárez llevó el tema al punto máximo de tensión cuando decidió suspender la deuda con Francia, España y Gran Bretaña por dos años. Declaró que castigaba a Pacheco, pero que su intención era tener las mejores relaciones posibles con España. Estas declaraciones eran de una osadía irracional, una provocación a España y a las demás potencias europeas.

El 11 de enero de 1861, Juárez dictó medidas contra los terratenientes conservadores (muchos de ellos españoles) y contra la Iglesia católica, porque acaparaban la riqueza del país. Dictó fuertes impuestos a los extranjeros. Juárez decidió poner a los terratenientes europeos un impuesto del 2,5% y suscribir un préstamo forzoso de 500.000 pesos al Gobierno. Los conservadores mejicanos, que acababan de perder el poder ante Benito Juárez, pidieron ayuda a los países afectados, contra la intervención de Juárez.

En la situación de la Hacienda española, era un grave quebranto no recibir el dinero mexicano, pero tampoco tenía recursos como para empezar una nueva guerra. España no intervino directa e inmediatamente, dado que se rumoreaba que iba a hacerlo Napoleón III de Francia imponiendo el imperio de Maximiliano de Austria y ello le ahorraba a España gastos y pérdidas de prestigio. España tampoco podía tomar la postura contraria, de ayuda a México, por razones obvias.

Ante la nula reacción de España, Francia y Gran Bretaña, el 17 de julio de 1861, Juárez suspendió el pago de la deuda externa, y ello fue decisivo para decidir la intervención europea. El gobernante mejicano se había pasado en su chulería.

En julio de 1861 se produjo la reacción europea: La suspensión de pagos mejicana incomodó a Gran Bretaña y a Francia tanto como a España. Los dos primeros países reclamaban a México sumas más grandes que las de España, pues le habían prestado recientemente grandes cantidades de dinero. Estas dos potencias hicieron un plan para una invasión militar que se apoderase de Veracruz y de Tampico, de modo que se pudieran cobrar los intereses de la deuda mediante el control del comercio exterior mejicano. El Gobierno de España se enteró de estas conversaciones entre Gran Bretaña y Francia, por medio de su embajador en París, y quiso adelantarse a todos haciendo una declaración grandilocuente de que estaba dispuesto a colaborar con Francia y Gran Bretaña para restablecer un Gobierno responsable en México.

En la nueva situación, el encargado del Ministerio de Estado, Saturnino Calderón Collantes, esgrimió en octubre de 1861 como un motivo de guerra, la expulsión de Francisco Pacheco. Por parte de Calderón Collantes, era recurrir de nuevo a los sentimientos románticos españoles, presentar una afrenta, cuando los verdaderos motivos de intervención eran otros.

En octubre de 1861, y tras el cambio de actitud de Francia y Gran Bretaña, España decidió enseguida la intervención en México. Pero acordó sondear la opinión de Francia y Gran Bretaña, pues sin ellos no se iba a poder hacer nada, pues España no tenía ejércitos ni dinero suficiente para una guerra. España propuso a Francia y a Gran Bretaña la implantación en México de un Gobierno fuerte, que perdurase en el tiempo, que fuera capaz de conservar la integridad del territorio y que fuera capaz de pagar su deuda. Todo ello, manteniendo el Estado mejicano independiente. Creía que ello sólo sería posible si se actuaba en conjunto, con gran potencia militar, y se tranquilizaba a los Estados Unidos para que no intervinieran. España redactó incluso las bases de la actuación conjunta en México: primero se firmaría un armisticio de 6 ó 12 meses entre los contendientes en la guerra civil mejicana, y luego se pondría orden en el nuevo Estado mejicano.

España quería aparecer como el líder, organizador y responsable de la represión contra Méjico. Era un error español evidente que ponía mal a España ante Francia y Gran Bretaña y ante Méjico. Las potencias europeas estuvieron considerando el problema en conjunto: no se podía restablecer una situación colonial, porque Estados Unidos nunca lo permitiría, pero se podía forzar una dependencia de algún otro tipo, aprovechando que Estados Unidos tenía por entonces problemas internos muy serios y que no le convenía una guerra con las potencias europeas. Estados Unidos entraba en la Guerra de Secesión en 1861. De todos modos, Estados Unidos sugirió que en pago del dinero que México también debía a los Estados Unidos, se le compensara a Estados Unidos entregándole Sonora, Chihuahua y Baja California.

Y en ese punto se llegó al acuerdo de 31 de octubre de 1861 o Convenio de Londres entre Gran Bretaña, Francia y España: Se haría una intervención conjunta en fortalezas y posiciones militares cercanas a la costa; se protegería en todo caso a los civiles y propiedades de los mejicanos, pues los objetivos eran puramente políticos y militares; se protegería el dinero que México debía a Gran Bretaña, Francia y España; y se impondría un Gobierno estable y fuerte, que debían poner los propios mejicanos libremente. Se enviarían 6.000 soldados españoles; 3.000 soldados franceses; dos navíos, cuatro fragatas y 700 marinos ingleses, y se exigiría la reparación de perjuicios, sin por ello intervenir en otros asuntos internos mejicanos ni ocupar sus territorios.

En la firma del Convenio de Londres para ir contra México, el Gobierno español no contó con las Cortes españolas y de nuevo se alegó que estaban cerradas. Se iba a una declaración de guerra en clara inconstitucionalidad. Y además, se estaba cometiendo un error práctico notable: los empresarios españoles sabían que Juárez tenía mucho apoyo popular mexicano, y por tanto, la intervención en México era muy arriesgada. Sabían también que estaban interviniendo en “zona estadounidense”, declara así por Monroe en el discurso “América para los Americanos” en 1823, lo que significaba que Estados Unidos intervendría en cuanto estuviera en condiciones de hacerlo, cuando superara su Guerra de Secesión. Los españoles no eran ignorantes de estas circunstancias, y el general Serrano, Capitán General de Cuba, advirtió de ello. Una vez más se mostró que España tenía motivos diferentes a Gran Bretaña y Francia. Los motivos se hicieron patentes una vez iniciada la guerra en México, cuando Francia se quedó sola. Francia fue vencida en 1866 y expulsada de México.

 

En noviembre de 1861 se abrieron las Cortes Españolas. El Discurso de la Corona sirvió para anunciar el Tratado de Londres, es decir, la guerra. Salustiano Olózaga protestó de que España estuviera en la guerra, de que las cosas se siguieran haciendo al margen de la Constitución y de las Cortes, de que en este momento, ya no era una acción puramente defensiva, sino una alianza militar ofensiva, y de que el Gobierno se basaba en un supuesto “sentimiento nacional español” para actuar.

Le contestó Saturnino Calderón Collantes, ministro de Estado, diciendo que se trataba de un “convenio” y no de una alianza, ni ofensiva ni defensiva que tuviera que ser sometida al criterio de las Cortes. Era un convenio para ejercer los derechos de restitución de los bienes quitados a los británicos, franceses y españoles por los mejicanos. Estaba jugando con el lenguaje para justificar la entrada en guerra. Un convenio no requería aprobación previa de las Cortes.

Se enfadaron entonces los moderados de Ríos Rosas, pues Calderón Collantes estaba afirmando que la entrada en una guerra no era asunto de Cortes, y argumentó que no era admisible incumplir la Constitución con la simple excusa de cambiar de denominación un conflicto. Afirmó que el Convenio de Londres era ilegal y anticonstitucional, y una guerra emprendida en esos términos daría lugar a muchos males. Y afirmó que Calderón Collantes estaba mintiendo a todos los españoles con juegos de palabras de si llamar a una cosa convenio o alianza, para cambiando la palabra sacar el asunto de la Constitución.

El Congreso sin embargo, el 16 de diciembre de 1861, refrendó la actuación del Gobierno por 200 votos contra 80 y la guerra fue adelante.

El 12 de noviembre de 1861, Juan Prim, el líder progresista español, fue nombrado Ministro Plenipotenciario y Comandante del ejército español en México. Los progresistas españoles se sentían decepcionados porque su líder pidiera ser jefe de esa expedición militar que atacaría a los progresistas mejicanos, pero Prim quería quedar bien con Napoleón III y sacrificaba principios ideológicos por esa causa. Eugenia de Montijo y Napoleón III hubieran preferido otro jefe español, pues pensaban que Prim se creería conquistador. Calderón Collantes, ministro de Estado efectivo, instruyó a Prim de que no se buscaban anexiones territoriales.

O`Donnell, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro interino de Estado, fue quien nombró a Prim, porque era un general prestigioso en España, porque creía que Prim era bien visto en Francia y en Gran Bretaña. Prim se prestó voluntario. Estaba viejo para dirigir un ejército, pero veía la posibilidad de rehacer una fortuna, pues ya había dilapidado la de su mujer y quería volver a empezar. Prim exigió tener todos los poderes, el político y el militar, para actuar en México. Prim no era el hombre más adecuado para dirigir la expedición española a México, pues era un liberal progresista, claramente posicionado a favor de uno de los bandos mejicanos en guerra, y sobre todo, porque su habilidad diplomática siempre se había manifestado como muy escasa.

Francia y Gran Bretaña nombraron cada uno dos plenipotenciarios, uno político y otro militar, para resolver el conflicto.

España envió a México a 10.000 hombres desde La Habana. Gran Bretaña quería que la base conjunta de operaciones fuera Jamaica, pero España no esperó. España tenía prisa por llegar antes que sus aliados y poder decidir las cosas incluso antes de que estos llegasen, aprovechando que España estaba a pocas horas de navegación hasta México, y Francia y Gran Bretaña a varias semanas de distancia.

Los españoles llegaron a San Juan de Ulúa en Veracruz el 17 de diciembre de 1861. La actuación precipitada de España disgustó a Francia y a Gran Bretaña, que sentían que España quería engañarles. España opinaba que las reclamaciones de dinero de Francia y Gran Bretaña eran exageradas e injustas.

Los soldados españoles pasaron a Orizaba y exigieron que el Gobierno mejicano de Juárez negociara la restitución de la deuda (Convención de Soledad de 19 de febrero de 1862). En prenda, decidieron ocupar Orizaba, Córdoba y Tehuacán. Los conservadores mexicanos, aliados de los españoles y encabezados por el general Almonte, querían acabar con la república de Juárez e imponer una monarquía autoritaria, casi absolutista. Pero los conservadores eran una minoría muy pequeña.

Una vez llegados a México los cinco delegados plenipotenciarios de las potencias, Prim, los dos franceses y los dos británicos, las desavenencias entre unos y otros fueron muy evidentes: Un plenipotenciario francés exigió a México el pago de las indemnizaciones a un banquero suizo que, en los últimos días del Gobierno Miguel Miramón, Presidente de México de febrero de 1859 a agosto de 1860, había negociado con él un préstamo leonino, abusivo e inmoral. El banquero había fracasado en su intento de colocar el préstamo, pero trataba de recuperarse a costa de los invasores. Gran Bretaña y España no estuvieron de acuerdo en que el negocio lo gestionara ese banquero corrupto.

En cuanto al Convenio de Soledad, hecho por Prim, los plenipotenciarios lo aceptaron en principio, y gustó a Gran Bretaña, pero Napoleón III enseguida se dio cuenta de que ese convenio representaba un paso atrás en su proyecto de un imperio francés en México, y protestó por él. Napoleón no quería aceptar que Juárez permaneciese en el Gobierno mejicano, pues tenía otros planes. Napoleón III decidió promover la candidatura de Maximiliano de Austria para el trono de México, cosa propuesta por los conservadores mejicanos. Los exiliados mejicanos en Europa y la emperatriz María Eugenia, hicieron campaña a favor de una monarquía en México, y el Embajador español en París, Alejandro Mon, así se lo comunicó al Ministro de Estado español.

El 6 de marzo de 1862, llegó el ejército francés a Veracruz, mandado por el general Lorenzez y el almirante Julien de la Graviere, y decidieron que estaban allí para poner a Maximiliano de Austria como rey. Entonces, el español Prim y el británico Wycke decidieron retirarse y no acompañar a los franceses en su lucha, pero a continuación llegaron órdenes de O`Donnell de que se colaborase con los franceses. Los mexicanos no presentaban hostilidad contra los ejércitos extranjeros que les estaban ocupando e incluso abolieron los decretos e impuestos extraordinarios y empréstito forzoso.

El 20 de marzo de 1862, el Almirante Jurien de la Graviere, Comandante de las fuerzas expedicionarias francesas, comunicó a Prim y a Wycke que Napoleón III había decidido imponer en México un Imperio cuyo trono sería ocupado por Maximiliano de Austria. Los representantes español y británico protestaron. Precisamente estaban llevando a cabo conversaciones con Benito Juárez para una buena solución del pago de la deuda, el problema que habían ido a resolver. Francia insistió.

El 9 de abril de 1862, en la Conferencia de Orizaba, la alianza entre franceses, españoles y británicos se rompió. En principio, España temía represalias de los nordistas de Estados Unidos en las Antillas, una vez que España había pactado con los sudistas, pero cuando Francia impuso a Maximiliano, Prim entendió que las cosas no tenían sentido, que había falta de ideas políticas pues las ventajas serían para Francia y las posibles represalias para España. Por eso, Prim se retiró de la guerra. El 22 de abril de 1862, Prim embarcó a sus soldados en Veracruz y se los llevó a La Habana. No había pedido permiso ni comunicado a Madrid su decisión de abandonar México. Tampoco había pedido permiso a Serrano, Gobernador de Cuba y superior directo de Prim, el cual deseaba la colaboración con los franceses y la invasión militar de México. Estaba cometiendo un delito militar muy grave. Prim fue acusado de deslealtad y los franceses aprovecharon para difundir el bulo de que Prim quería ser él el rey de México.

Es obvia la pregunta de por qué Prim desobedecía al Gobierno español y a su superior militar en La Habana, y cometía alta traición con ello. Una de las razones es que tenía muchas bajas por fiebre tropical. Otra, que tenía deseos de protagonismo, que no podía alcanzar junto a los franceses y británicos. Una tercera, que no entendía el sentido de las órdenes de Madrid, pues Madrid parecía ignorar lo que estaba sucediendo en México. El Gobierno español vivía la ilusión de que podía liderar a la coalición europea e incluso poner un rey español en México. Cuando Francia obligó a todos a reconocer a Maximiliano como Rey de México, se sintió decepcionado. Pero el principal problema era que el Gobierno español no asumía todavía su papel de potencia secundaria en Europa, y potencia expulsada de América 50 años antes.

Prim tenía razón en que no se podía colaborar a favor de Francia en imponer un imperio al servicio de Napoleón III, pero estaba haciendo las cosas mal, por su cuenta, sin consultar a las autoridades españolas naturales. Estaba actuando en rebeldía con sus superiores y con el Gobierno de España. Los mejicanos agradecieron la postura de Prim, y la de España en consecuencia, porque les dejaba libres frente a los franceses.

En Madrid, O`Donnell consideró que Prim se había insubordinado. Fue a ver a la Reina antes de desautorizar a Prim. Pero en el camino a Palacio, Francisco de Asís y Paula, marido de Isabel II, le comunicó que la Reina ya había felicitado a Prim y se había congratulado con la posibilidad de poner un Borbón en el trono de México, tal vez su hermana Luisa Fernanda. O`Donnell se calló.

Isabel II y O`Donnell aceptaron la retirada de Prim con la condición de que éste no hablara para nada de la postura de Serrano ante el conflicto, una postura netamente agresiva.

Los británicos se retiraron a Jamaica para observar los acontecimientos desde cerca.

Francia se indignó por la actitud de Prim, pero no llegó a romper relaciones con España. España le propuso a Francia un nuevo convenio entre Francia, Gran Bretaña y España sobre México, pero Napoleón III lo rechazó de pleno.

Maximiliano llegó a México en 1864 como aliado de los sudistas estadounidenses. Al perder éstos la guerra en 1865, se quedó en una posición desventajosa, pues los yanquis apoyaban a los mexicanos de Juárez. Los franceses se quedaron solos, vencieron a Juárez y coronaron rey de México a Maximiliano el 12 de junio de 1864. Pero las cosas iban a cambiar mucho con la derrota de los sudistas estadounidenses en 1865, y la reacción mejicana cambió la situación hasta derrotar a Maximiliano y fusilarle el 19 de junio de 1867.

Tras la finalización del conflicto, algunos españoles empezaron a asimilar que ya no eran una potencia mundial. Tras una salida vergonzante de Prim, y la descalificación de Napoleón III, comprendían que España sólo era una ficha en un tablero en el que movía Francia.

 

 

 

GUERRA DE ESPAÑA CON PERÚ Y CHILE.

 

En 1862, España inició una demostración de fuerza en las costas del Pacífico y se ganó la enemistas general de las fuerzas de la zona. La pidieron las Juntas de Comercio de las ciudades comerciales portuarias españolas, los mismos que treinta años antes habían pedido el reconocimiento de la independencia latinoamericana y que en años siguientes habían visto cómo iban perdiendo posiciones comerciales en contra de su argumento de que ganarían con unas relaciones normalizadas. En 1862 zarpó de España una escuadra con destino al Pacífico.

España estaba pendiente de la opinión de Gran Bretaña y Francia y se olvidó y despreció la opinión de los Estados de la zona y la de Estados Unidos. Además, no era muy prudente colaborar con quien treinta años antes había traicionado a España, pues estaba claro que se trataba de oportunistas que podían cambiar de bando según les conviniera a ellos.

La situación política en la zona era la siguiente:

En 1861, tras la independencia peruana, todavía no había un tratado de paz entre España y Perú. Las causas eran que España exigía que los hijos de los españoles nacidos en Perú pudieran optar por una nacionalidad o la otra, y Perú decía que todos eran peruanos, y en segundo lugar, que España exigía que Perú se hiciera cargo de la deuda exterior proporcional en el momento de la independencia. Perú exigió ser tratado como Chile, al que se le había reconocido la independencia sin condiciones.

Cuando España se anexionó Santo Domingo en mayo de 1861, Perú declaró que ello era una agresión a todos los países hispanoamericanos, y para manifestar su enojo, rechazó al Vicecónsul de España en Lima, Marino Ballesteros, y fortificó El Callao insinuando que los españoles atacarían.

Madrid comunicó al Encargado de Negocios de España en Santiago de Chile, Salvador Tavira, que viajara a Perú y negociara los problemas surgidos.

En agosto de 1862, salió de Cádiz una escuadra española de 5 buques al mando de Luis Hernández Pinzón. La escuadra llegó a Buenos Aires y fue bien recibida por el Presidente Bartolomé Mitre, y a Chile, donde también fue bien recibida. No ocurrió lo mismo en El Callao. El Plenipotenciario de Perú en Chile había hecho llegar un informe “incendiario” para provocar a la población peruana contra España.

La irresponsabilidad del diplomático peruano provocó un incidente en Talambo, localidad del Estado de Chiclayo (Perú), donde vivían unas familias vascas. Unos soldados borrachos asaltaron una noche las casas de los vascos, mataron a dos personas y dejaron heridas a cinco más. Los tribunales de justicia peruanos demoraron la apertura de juicio hasta que, por fin, el asunto lo tomó el Tribunal Supremo de Perú, el cual sobreseyó el caso. El crimen quedaba impune y los asesinos apoyados por el Tribunal Supremo peruano. Entonces, España ordenó al Cónsul de España en Lima que reclamara un castigo para los asaltantes de Talambo. Perú se dispuso a juzgarlos.

El marqués de Miraflores, Presidente del Gobierno de España de marzo de 1863 a enero de 1864, ordenó a la Escuadra española que se dirigiera a Santo Domingo y se retirara de las cosas peruanas, para no dar la impresión de amenaza militar. Pero Eusebio Salazar Mazarredo, diputado progresista enviado por el Gobierno de España para representarle ante el Gobierno de Perú, convenció a Hernández Pinzón para que permaneciera en Perú, y él se trasladó a España para pedir la permanencia de la flota. Explicó en España la verdadera situación en Perú, y la necesidad de que la flota permaneciese allí. Volvió a Lima reforzado como “Comisario Especial Extraordinario” para investigar el caso Talambo. Salazar Mazarredo no fue recibido en Lima y decidió ir a las Islas Chinchas, donde estaba la escuadra española. Ordenó a Hernández Pinzón que tomara las islas, aunque no tenía tanta autoridad como para dar una orden de ocupación de territorio enemigo. De todos modos, era una ocupación simbólica, pues los comerciantes de grano seguían entrando y saliendo de las islas sin control alguno de nadie y en servicio a la flota española.

Entonces, los países hispanoamericanos recelaron de que España quisiese volver a dominar sus antiguos territorios y se reunieron en el Congreso de Lima en el que estuvieron Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Chile. No consiguieron ponerse de acuerdo en nada. Se limitaron a enviar a Hernández Pinzón unas notas de protesta, que éste rechazó, y ellos se las enviaron una y otra vez con el mismo resultado. España no valoró correctamente el significado de la Alianza de Lima, la minusvaloró.

El Gobierno español negó que se quisiese conquistar ningún territorio, y afirmó que la flota española estaba en las islas Chinchas para reclamar justicia en el caso Talambo.

El caso “Talambo” se había originado en 1859 cuando el hacendado Manuel Salcedo había pedido permiso para importar 1.000 campesinos para su hacienda de Talambo. En julio de 1859 llegaron a Callao 269 vascos, de los cuales 95 eran hombres, 49 mujeres y 125 niños. Una vez llegados a Callao, unos 80 españoles huyeron. El resto fue llevado a Talambo. Manuel Salcedo quería que cultivasen algodón, que ellos no sabían cultivar, y ellos se pusieron a cultivar hortalizas, surgiendo un conflicto con el patrono. El 4 de agosto de 1863, Manuel Salcedo recriminó a un colono, Marcial Miller, que le hizo frente, cosa a la que no estaba acostumbrado Salcedo. El patrón le mando detener, pero los colonos apoyaron a su compañero y hubo tiros, circunstancia en la que murió un colono y uno de los enviados por el patrón. Salcedo apeló al juez de Chepén, que inmediatamente mandó detener a los colonos y condenó a dos de ellos. Recurrieron los vascos, y la Corte Superior de la Libertad no sólo anuló el juicio, sino que mandó detener a Salcedo y al juez de Chepén. Recurrieron los detenidos y un nuevo juez anuló la sentencia de la Corte Superior y volvió a ordenar la detención de los vascos. En ese momento, el Almirante Luis Hernández-Pinzón Álvarez, que estaba en Callao, se enteró del suceso y decidió intervenir a favor de los españoles.

Y la vida en las islas Chinchas era normal, los barcos españoles iban a puertos peruanos y compraban todo tipo de productos para aprovisionar, los comerciantes de Pisco enviaban madera, agua, víveres y jarcia a la flota española, una goleta abastecía de carbón a los españoles y, una vez al mes, una lancha española iba a El Callao a por el correo de los españoles que llegaba desde Lima a Callao.

Las cosas estaban en situación de parada, hasta que Narváez decidió que había que terminar con el asunto Talambo. Destituyó a Luis Hernández-Pinzón y le sustituyó por José Manuel Pareja, ex-ministro de Marina español, al que envió en un barco de vapor, el Numancia, un barco de tecnología moderna. Las instrucciones de Pareja eran de llegar inmediatamente a un acuerdo y exigir la correspondiente satisfacción a las víctimas.

José Manuel Pareja habló con el general peruano Manuel Ignacio Vivanco, con el que firmó un acuerdo, Acuerdo Vivanco-Pareja: España devolvería las Chinchas; España saludaría al pabellón peruano en prueba de respeto a Perú; España se retiraría de Aguas peruanas. Perú pagaría tres millones de pesos fuertes por los gastos ocasionados; aceptaría reabrir el juicio del caso Talambo; saludaría al pabellón español en señal de respeto.

El Gobierno español quedó disconforme porque era poco dinero el que pagaba Perú. El Gobierno de Perú dijo que el acuerdo era una humillación para Perú.

Pareja hizo una visita de cortesía a El Callao y permitió el desembarco de sus hombres. Los soldados españoles fueron atacados y un cabo de marina resultó muerto, tras lo cual se originó un combate en el puerto entre la multitud peruana y los soldados españoles.

Esta vez, Pareja exigió un castigo para los atacantes peruanos y el Gobierno peruano se excusó una vez más y se limitó a destituir al Prefecto de la ciudad. Poco después empezó la guerra civil peruana. La ganó el Coronel Manuel Ignacio Prado, uno de los del grupo que había atacado a los españoles, acción premeditada para enfrentar a los españoles con el Gobierno peruano, que tuvo completo éxito porque el Gobierno no reaccionó con justicia sino con miedo.

Pareja abandonó Callao y fue a Santiago de Chile, donde exigió explicaciones de por qué no se le había suministrado carbón durante los incidentes de Callao. El boicot era obvio, pues los chilenos suministraban carbón a todos los barcos franceses que pasaban por allí, sin preguntarles nada.

Salvador de Tavira, representante del Gobierno español en Chile, recomendó prudencia a Pareja. Pareja no hizo ningún caso a Tavira y en 24 de diciembre de 1865 presentó un ultimátum a las autoridades chilenas para que en 48 horas pagasen 3 millones de reales por haber declarado que el carbón era contrabando de guerra, con el único fin de boicotear a la escuadra española. Entonces Chile declaró la guerra a España. Se pusieron de parte de Chile: Ecuador, Bolivia y Perú.

La provocación de Pareja dio en guerra abierta en 1866, en la que España no tenía ninguna base de abastecimiento o descanso. La guerra se prolongó hasta 1868 inútilmente.

España decretó el bloqueo de los puertos chilenos, lo cual era teoría, pues no tenía tantos barcos como para cubrir la enorme distancia de las costas chilenas ni todos sus puertos. Realmente, el bloqueo se ejercía sobre Valparaíso.

La corbeta chilena Esmeralda, apresó a la goleta española Covadonga en 25 de noviembre de 1865. Pareja se disgustó tanto por el fallo táctico, que se suicidó. Le sustituyó en el mando de la flota española el Brigadier Casto Méndez Núñez. Casto Méndez atacó a la flota chilena en Abtao, y luego bombardeó Valparaíso: el 27 de marzo de 1866 avisó al Gobernador de Valparaíso que bombardearía el 31 de marzo. Le daba un plazo para que las autoridades organizasen el abandono de la ciudad, señalasen las iglesias y hospitales que no debían ser bombardeados y avisaran a los buques extranjeros para que abandonasen el puerto. El bombardeo tuvo lugar el sábado santo. No hubo desgracias personales porque se habían tomado las medidas oportunas. Pero fueron dañados muchos establecimientos comerciales y la Aduana, que ardieron, y muchas casas, que fueron derruidas por las bombas. Chile hubo de gastar mucho dinero en reconstruir la ciudad, y además, perdió el 90% de su flota mercante.

Europa y América protestaron por el bombardeo de Valparaíso.

Casto Méndez, mientras tanto, se dirigió a Callao y bombardeó la ciudad. Esta ciudad estaba bien artillada y hubo duelo de cañones el 2 de mayo de 1866. No hubo más, ni victoria ni derrota para ninguno.

La escuadra de Casto Méndez entendió que regresar por el Estrecho de Magallanes iba a ser complicado y decidió cruzar el Pacífico para regresar a España.

España había tenido unos gastos muy grandes para mantener la escuadra en el Pacífico y no había obtenido nada a cambio.

 

 

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO ITALIANO.

 

En el asunto de la conquista de los Estados Pontificios por Piamonte, España había defendido la tesis de “un pontificado independiente, en una Italia independiente”. España quería enviar soldados a defender al Papa, y de hecho fueron allí católicos extremistas y carlistas, pero Napoleón III se opuso a este envío, y España se abstuvo “oficialmente”. En 1865, se reconocerá oficialmente al Estado italiano, porque así lo habían hecho Gran Bretaña y Francia, las potencias de referencia para España.

 

 

 

LA POLÍTICA INTERIOR DE O`DONNELL EN 1861-1863.

 

 

Reanudación de la desamortización.

 

En 1861 se dio un impulso a la desamortización firmando una convención adicional al Concordato de 1851 por la que la Santa Sede recibía unos títulos de deuda al 3% y el derecho a adquirir bienes, a cambio de lo desamortizado. La desamortización seguirá hasta el siglo XX, sin levantar ya ruidos ni tensiones. El 45% de lo desamortizado serán fincas de ayuntamientos, el 37% del clero secular, el 8% del clero secular (ya estaba desamortizado de 1836) y el 7% de tierras del Estado.

 

 

         Las Reformas incumplidas de O`Donnell.

 

En 1861, Posada Herrera anunció su deseo de hacer algunos cambios políticos sobre vinculación de patrimonios y sobre el carácter hereditario de algunos escaños en el Senado. Eso requería una reforma constitucional. En 1862, Posada Herrera y  Leopoldo O`Donnell anunciaron que querían derogar la Reforma Constitucional de 1857. Pero en 1863 cayó O`Donnell y no se había hecho ninguna reforma constitucional.

También fue una promesa incumplida la reforma de las leyes electorales.

E igualmente, la prometida descentralización del poder, la principal reforma de Unión Liberal prometida a los progresistas, tampoco se había hecho en 1863, después de tres años de gobierno de O`Donnell.

El paso del tiempo desacreditaba a O`Donnell y a todos los suyos. Hablaban y prometían mucho, y luego no hacían casi nada. Los Gobiernos de O`Donnell creyeron que dando más dinero a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos, los progresistas se callarían. Entonces dieron un 70% más de presupuesto a cada uno.

Con promesas y dinero, creía O`Donnell poder tener de su parte a Unión Liberal y callados a los progresistas. Y el engaño político fue más allá en el caso de las Diputaciones: En otoño de 1861, el Gobierno sacó una ley que decía que, en caso de que por dos veces consecutivas, la mayoría de los electores no concurriese a las urnas, el Ministro de Gobernación nombraría directamente a los integrantes de las Diputaciones Provinciales. Eso daba mucha capacidad al Gobierno de intervención en las Diputaciones. Pero el Gobierno iba más allá y decía que si una Diputación Provincial no mostraba suficiente celo en su trabajo, el Ministro de Gobernación podría disolverla. Esta ley hizo sospechar a los progresistas de que estaban ante un engaño, que Unión Liberal era un engaño, un montaje para que los progresistas no protestaran.

 

 

El catalanismo y O`Donnell.

 

En 1844-1854, la burguesía catalana no había participado activamente en la política española y se había conformado con lo que Narváez les daba, orden social. Cataluña se había enrocado sobre sí misma, se había provincializado. Ello no tenía sentido, pues Narváez estaba produciendo legislación centralista que les perjudicaba. Como era muy habitual, y también lo practicaban los moderados y los progresistas, cada vez que no les gustaba una cosa, se inhibían, como si ello pudiera hacer algún daño al político de turno. En 1854, los burgueses catalanes apoyaron la vicalvarada porque así acababan con Narváez. Durán i Bas, Secretario de la Municipalidad de Barcelona proclamó en 14 de julio su adhesión a O`Donnell, tres días antes del pronunciamiento de Madrid. La postura de retraimiento, tal vez pueda explicarse por el bombardeo de Barcelona que hizo Espartero en 1842, lo que les llevó a no participar para nada en la gestión de las leyes que se producían en Madrid.

O`Donnell correspondió a la burguesía catalana que le había apoyado en 1854, enviando a Domingo Dulce Garay, su mano derecha en el golpe de 1854, como Capitán General de Cataluña en 1854-1855 y en 1858-1862. Dulce hizo política de tranquilización de la burguesía catalana. Y en Cataluña surgió una alianza de burgueses e intelectuales, unidos bajo el lema “conservar progresando”, pero abandonaron su retraimiento político.

 

 

La crisis de la popularidad de O`Donnell.

             Disidencia Ríos Rosas.

 

En 1861 se empezaba a notar un desgaste de O`Donnell: En 11 de abril de 1861 se había producido la disidencia de Ríos Rosas, puritano viejo, considerado hasta entonces número dos de Unión Liberal, respecto a O`Donnell, número uno.

Ríos Rosas volvió de su embajada en Roma, 1858-1861, donde había negociado con el Papa para poder seguir desamortizando en paz con la Iglesia, e hizo un manifiesto acusando a O`Donnell de incumplir el programa de Unión Liberal, de cometer varios errores políticos, de aprovechar la confianza del país para inclinarse hacia lo reaccionario y retrógrado, propio de los moderados más cerrados, de la nefasta política interior de Posada Herrera manteniendo “estados de sitio” frecuentes y múltiples (hoy diríamos estados de excepción), de no hacer la reforma constitucional prometida, de no hacer la descentralización con autonomía para los ayuntamientos (se había hecho una ley pero no había incluido ningún avance en este sentido), de la deficiente labor de Salaverría en Hacienda por no hacer las reformas pertinentes en los impuestos.

Ríos Rosas, criticaba a O`Donnell por no haber hecho política liberal a secas como era lo propio de Unión Liberal, sino política liberal moderada, propia del Partido Moderado teóricamente apeado del poder en 1854.

Ríos Rosas pedía una Ley de Gobiernos Provinciales, una declaración del Gobierno de que se profesaban los principios por los que se había constituido Unión Liberal y una democratización en la elección de los alcaldes. Ríos Rosas dijo que Unión Liberal era “una sucesión de ceros con un uno en la cabeza, cifra que cuando perdiera el uno, se quedaría en cero”.

Ríos Rosas era un magnífico orador parlamentario, inteligente, conocedor de los problemas sociales y políticos de España, luchador, acostumbrado a discrepar. Tal vez por estas cualidades le habían enviado a Roma, lo más lejos posible de Madrid.

A la disidencia de Ríos Rosas de abril de 1861, se sumaron varios diputados de la tendencia moderada del partido unionista. Los diputados Pascual Madoz, Manuel Cortina y Moreno López fueron en 1861 a ver a la Reina para que cambiase el Gobierno.

Cánovas dimitió en 1861 de sus cargos políticos. Quizás intuía que se había acabado una etapa de gobierno, pero sobre todo se quejaba de que no había programa político de la Unión Liberal, que no había unidad de criterio entre las personas que dirigían el partido y mucho menos entre los miembros del Gobierno.

La queja llegó a Cortes y se votó, y O`Donnell ganó por 189 a 68, pero una vez que se había votado en Cortes, la disidencia estaba consolidada oficialmente.

En noviembre de 1861 O`Donnell abrió las Cortes y prometió en el discurso de inauguración la derogación de las reformas de la Constitución de 1845, pero nunca llevó a las Cortes esa iniciativa prometida.

O`Donnell no hizo caso alguno de las advertencias de Ríos Rosas de 1861. Evolucionó al autoritarismo y al centralismo.

Manuel Alonso Martínez trató de conciliar a Ríos Rosas con O`Donnell, pero fracasó.

En los años siguientes, Ríos Rosas y los suyos, se convirtieron en el azote del Gobierno. Razonaban vehementemente, amenazaban la ruptura de Unión Liberal y causaban muchos quebraderos de cabeza al Gobierno.

 

 

Revueltas en Andalucía en junio de 1861.

 

Los trabajadores de la tierra estaban decepcionados ante el liberalismo. Los colonos de la tierra del siglo XVIII, eran auténticos condueños de la misma, y permanecían sobre la tierra por tiempo indefinido, pero los trabajadores del siglo XIX habían perdido en derechos: La abolición del señorío y la desamortización, quedaban muy bien sobre el papel, pero suponían para el campesino la pérdida de derechos sobre la tierra que trabajaban. Los señoritos, dueños de la tierra, captaron muy bien la situación y se pasaron al liberalismo y a apoyar a Isabel II, en vez de a Carlos V, el carlista. Los precios de los arrendamientos habían subido, los campesinos habían perdido los aprovechamientos, legales e ilegales, de los comunales y propios. Por eso los campesinos pobres tuvieron tendencia a apoyar al carlismo, que significaba la continuidad del Antiguo Régimen.

En Andalucía, la tierra con más jornaleros de España, hubo una reacción extraña al resto peninsular: pedían un liberalismo más radical. Era la condición de jornaleros, situación que era masiva en Andalucía, la que hacía ver las cosas a esta gente no asentada sobre la propiedad de manera distinta: los jornaleros nunca habían sentido la tierra como suya, porque no lo era. Lo que exigían los jornaleros andaluces del liberalismo era el reparto de la tierra. Desde 1837 hubo ocupaciones de tierras seguidas de repartos que se hacían ellos mismos, los ocupantes, lo cual no tenía perdurabilidad ninguna. Entonces los campesinos reaccionaban airados quemando cosechas y matando ganado: si la tierra no iba a ser para ellos, no sería para nadie.

En este ambiente se reforzó el bandolerismo en Andalucía, no ya el bandolero romántico de principios de siglo, un hombre que se jugaba la vida para hacer “su justicia social” tal y como él la veía, y para hacer vivir a un grupo de familias, sino un bandolerismo de tipo “mafioso”, origen sórdido de muchas de las fortunas andaluzas posteriores. La organización criminal era gestionada por familias aparentemente honorables, que imponían la ley del silencio, como todas las mafias. Se dedicaban al robo a lo grande, a los secuestros para pedir rescates, a las extorsiones. Los jornaleros sin trabajo se prestaban a servir en este trabajo sucio, porque daba dinero, los unos como caballistas, soldados con capacidad de desplazamiento rápido, pues estaban en continuo movimiento para no ser localizados por la Guardia Civil, creada en 1844, los otros como informadores de las posibilidades de robo y de las posiciones de la Guardia Civil. El andaluz, muy dicharachero en teoría, sabía en qué temas debía callarse. Y todo ello no hubiera sido posible sin la connivencia de políticos corruptos. Pero en definitiva, el pequeño campesino y el jornalero que colaboraba con el bandolerismo, con su colaboración luchaba contra los propietarios de la tierra.

Tras la Desamortización de Madoz de 1855, no quedó tierra por repartir y ninguna esperanza de obtener tierras. Y las fortunas de los grandes propietarios no paraban de crecer. Cada gran propietario tenía su cortijo, perfectamente aislado y defendido del exterior por sus propios caballistas. La única esperanza para el campesino sin tierras era la revolución social. Simpatizaron con las facciones más a la izquierda del abanico político, primero con los demócratas, más tarde con los republicanos, los federales y los socialistas. Pero también encontraron que estos grupos políticos querían la revolución política, pero no los repartos de la propiedad de la tierra. De todas formas estuvieron juntos un tiempo.

En 1857, Sixto Cámara, un dirigente republicano, organizó levantamientos campesinos y artesanos en Málaga, Sevilla y Jaén. Partidas de campesinos y artesanos de Sevilla recorrían los pueblos de la provincia llamando a la insurrección. Los campesinos de los pueblos reaccionaron como sabían, asaltando cuarteles de la Guardia Civil, incendiando archivos municipales y notariales. Los hechos eran tan contradictorios con las palabras de los republicanos, que Sixto Cámara negó haber tenido relación con ellos. Narváez persiguió a los agitadores y ejecutó a un centenar de ellos.

Revueltas en Loja: El Loja, en la provincia de Granada en la confluencia de las carreteras de Granada, Córdoba y Málaga, había una sociedad secreta organizada por demócratas, que tenía seguidores en Málaga, Granada y Jaén. En 28 de junio de 1861, Manuel Pérez del Álamo organizó un grupo de campesinos que se apoderó de Iznájar, un pueblecito al noroeste de Loja, y proclamó la república. Reunió en Iznájar unos 6.000 hombres y caminó sobre Loja llegando a ocupar la ciudad. Siguieron llegando hombres a ese ejército popular, y se dice que llegaron a ser más de 40.000, unos 40.000 armados y otros 10.000 en espera de tener un arma. Pérez del Álamo no sabía qué hacer con tanta gente que le pedía tierras y él no podía dárselas porque creía en la Ley, en la conducta sometida a la legalidad. De hecho no hizo nada, y cuando llegó el ejército, se limitó a huir. La represión del movimiento de Loja fue muy dura. Se había constatado que la falta de teorización, la falta de un programa de acción, era catastrófica.

 

 

Defección de Rafael de Bustos.

 

En noviembre de 1861 renunció a la Cartera de Fomento Rafael de Bustos marqués de Corvera. Sólo era una dimisión, pero era insólito que alguien le dimitiera a O`Donnell. Posada Herrera tuvo que hacerse cargo de la cartera. Nadie aceptaba ser Ministro de Fomento y se tardó más de un mes en conseguir que Antonio Aguilar Correa marqués de Vega de Armijo aceptase la cartera, lo cual tuvo lugar el 18 de diciembre. Antonio Aguilar Correa era un joven educado, de ideas avanzadas. Se le utilizaba como posible puente para atraer a los progresistas a Unión Liberal. Había sido de los primeros odonellistas, y su mujer, Zenobia, era hija de doña Manuela, la esposa de O`Donnell. Como yerno de O`Donnell, conocía perfectamente los manejos de Posada Herrera, y había manifestado que no le gustaban. Su más preciado valor político era que estaba en relación con los jóvenes políticos de aquel tiempo, entre los que destacaba Cánovas. O`Donnell caía en el nepotismo como necesidad política.

 

 

Disidentes en 1862.

 

En 1862 hubo más gente de la tendencia moderada que se sumó a los disidentes, tales como Manuel Alonso Martínez, Antonio Cánovas del Castillo, Nicomedes Pastor Díaz, Manuel Gutiérrez de la Concha, Alejandro Mon Menéndez y Antonio Aguilar Correa marqués de Vega de Armijo.

La política se fue volviendo hostil en las Cortes, no era siempre bien vista en el extranjero. La revuelta de campesinos en Loja negaba que Unión Liberal hubiera traído la paz al campo español como decía la propaganda oficial que estaba ocurriendo.

Enseguida, Unión Liberal encontró sus propias contradicciones. Se habían sublevado contra la corrupción y la centralización de los Gobiernos Narváez, pero para gobernar creyeron imprescindible recurrir a corruptelas y centralización.

Los burgueses catalanes, en esos momentos, estaban en auge económico y agradecían la tranquilidad social que O`Donnell había llevado a la calle, pero poco a poco, empezaron a inquietarse y mostrar malestar: El Gobierno se inclinaba por el liberalismo económico, por el fin de subvenciones y privilegios en forma de limitaciones a la importación de paños extranjeros. Ello era insoportable para una burguesía catalana que montaba su negocio precisamente sobre el proteccionismo.

En 1862 hubo crisis del algodón y se notó en los despidos de obreros en este sector, sobre todo en Barcelona. La crisis se prolongaría varios años. A fines de 1862, Cataluña envió una comisión a Madrid para pedir el restablecimiento del proteccionismo. El proteccionismo molestaba al resto de España, sobre todo a Cádiz, que podía tener tejidos más baratos y venderlos en España con más margen y todavía más baratos que los catalanes.

Y en marzo de 1862 surgió el problema de México: Prim tenía lazos familiares con un ministro de Benito Juárez y, por ello, Juan Prim marqués de Castillejos era la persona menos adecuada para representar los intereses de España en México. Prim se negó a colaborar con los franceses para crear un imperio en la persona del archiduque Maximiliano de Habsburgo y se retiró de México. Ello podía ser presentado como pacifista a los españoles y a los mejicanos, pero creaba un gran problema a la política exterior española. Los moderados y conservadores españoles y los jefes militares de todos los signos políticos y apolíticos sabían que aquello era un inmenso error y se sumaron a la cólera de Napoleón III. Consiguieron que O`Donnell cambiara sus declaraciones anteriores y censurara la acción de Prim de abandonar a sus aliados en plena guerra. Entonces intervino la Reina defendiendo a Prim y defendiendo que fuese un Borbón español el emperador de México, o de lo contrario, que los soldados españoles regresaran a España como había decidido Prim.

Prim era un “resellado”, es decir un progresista integrado en Unión Liberal. Los resellados acusaron al Gobierno O`Donnell de haber metido a Prim en una ratonera, culparon a O`Donnell, y algunos abandonaron Unión Liberal para volver al Progresismo.

Por fin, O`Donnell discutió con los militares y con los políticos por causa de Prim: Pacheco, el líder puritano y exembajador en México; Francisco Serrano, Capitán General de Cuba que había sido desairado por Prim; Alejandro Mon embajador en París, que no estaba de acuerdo con el abandono o deserción en la guerra; Cánovas y los jóvenes conservadores que no entendieron el papel de España en esa guerra.

En verano de 1862 el Gobierno daba síntomas de agotamiento: los progresistas puros y los moderados atacaban al Gobierno en las Cortes y en la prensa más que nunca. Y el Gobierno no sabía reaccionar sino que se mostraba intolerante con la prensa progresista y demócrata. Los líderes de la oposición se veían hostigados en la prensa oficialista y en las Cortes. El Gobierno recurría a los militares, a algunos puritanos que le permanecían fieles, y en algunos conservadores jóvenes e inexpertos.

Prim rompió con Unión Liberal constituyendo la disidencia más notable, por popular. A fines de 1862 era patente la crisis del Gobierno y de Unión Liberal, y los progresistas llamaron a Prim para ser su líder militar en sustitución de Espartero. Prim estaba en plena popularidad tras su regreso de México. Entonces Prim rompió con Unión Liberal, grupo formado por Concha, Ros y Serrano, los partidarios de atacar en México, y se puso de nuevo al frente de los progresistas. El líder civil del grupo progresista era Salustiano Olózaga. El líder militar pasó a ser Prim. Prim justificó ante los progresistas su paso por Unión Liberal como fruto de una amistad personal con O`Donnell, y le fueron aceptadas las excusas. Tuvo que recordar su odio a Narváez, el hombre que deportaba sin juicio previo y condenaba sin pruebas, para convencer a los progresistas. Narváez le contestó entonces que Prim era un arribista, que se acercaba a cualquier partido en donde hubiera alguna ventaja personal y que sólo perseguía sus intereses particulares, en este caso, que la Reina le hiciese Jefe de Gobierno, pero como una dádiva de la Reina y no como una conquista de su partido progresista.

 

 

La penúltima legislatura de O`Donnell.

 

El 31 de octubre de 1862 se cerró la tercera legislatura de Cortes. La cuarta duraría tan solo un mes.

El 1 de diciembre de 1862 se abrió la cuarta legislatura del Parlamento Largo. En la apertura de Cortes de diciembre de 1862, el Discurso de la Corona trató de muchos temas como el problema de México, la reincorporación de Santo Domingo a España, la revuelta de Loja, el proyecto de una nueva Ley de Prensa, la reforma electoral y unas nuevas leyes orgánicas. Unión Liberal seguía haciendo multitud de promesas en la creencia de que con promesas y proyectos se conquistaba a la gente.

El asunto de México era el más polémico. El Gobierno rechazó con mucho esfuerzo una enmienda hostil que había propuesto Mon, el cual proponía añadir a la contestación al Discurso de la Corona la petición de un castigo para los expedicionarios que habían ido a México y habían abandonado a sus aliados para regresar a España.

La Ley de Aranceles de 1 de enero de 1863 fue dulcificada levemente por influjo de las peticiones catalanas, pero no se les dio la razón en cuanto al proteccionismo. Prim defendía las peticiones de los empresarios catalanes. Joan Jaumandreu, presidente de la comisión catalana en Madrid y el periodista Joan Mañé i Flaquer, escribieron en Diario de Barcelona en contra de la política de Unión Liberal. Era el inicio del regionalismo catalán. El Gobierno de O`Donnell tenía entonces amplia mayoría en las Cortes y no se preocupó adecuadamente por el complicado tema del sector textil catalán. La burguesía catalana se estaba cansando de O`Donnell.

Como punto interesante de la Ley de Aranceles de 1 de enero de 1863, hay que decir que introducía el sistema decimal en las cuentas de Hacienda.

El problema catalán pasaba desapercibido en el resto de España. Era un problema complejo y difícil de entender para la mayoría de los españoles poco informados: En Italia, los progresistas apoyaban a Cavour y a Garibaldi y sus programas de industrialización, mientras los moderados apoyaban los derechos del Papa y de los Borbones italianos. En España, los progresistas iban en contra de los burgueses catalanes, representantes de la mayor parte del sector textil, pero ello era explicable porque éstos pedían subvenciones para Cataluña y un proteccionismo que perjudicaba a Andalucía y Castilla.

La parte menos crítica y menos consciente del momento político español fue el periodismo españolista: Las guerras internacionales, tenían entretenidos a los periodistas, y permitían al Gobierno pedir en los periódicos solidaridad a los españoles con su Gobierno.

 

 

Deserción de Cánovas en 1863.

 

El 5 de enero de 1863, Cánovas, Subsecretario de Gobernación, y varios de sus amigos, renunciaron a sus cargos políticos en protesta a la postura débil del Gobierno en el tema de México.

El Ministro de Fomento, Antonio Aguilar marqués de Vega de Armijo, decidió tomar medidas drásticas: planteó la imposibilidad de mantener un Gabinete desprestigiado. O`Donnell entendió que le pedían el sacrificio de Posada Herrera y que con ello volvería la armonía entre los miembros del Gobierno. Algunos dicen que doña Manuela, la esposa de O`Donnell, se impuso a su marido y le exigió la caída del Gobierno para adelantar la carrera de su yerno Vega de Armijo.

O`Donnell decidió cambiar de Gobierno y ello se entendió como un “pasteleo” más de este general. Hubo nuevo Gobierno el 19 de enero de 1863.

 

 

EL ÚLTIMO GOBIERNO O`DONNELL: 1863.

 

El entusiasmo e iniciativas de Unión Liberal que hemos visto a partir de 1857, se acabaron en 1863. El Gobierno se negaba a evolucionar y admitir debates internos. Ríos Rosas se había marchado del Partido en abril de 1861 llevándose consigo decenas de diputados. En 1862 se habían ido Alonso Martínez, Cánovas del Castillo, Manuel Concha y Pastor Díaz, cansados de que se hablara siempre de cambios en sentido progresista, pero nunca se cumplieran  las promesas, y del sentido autoritario que tomaba el partido en manos de O`Donnell.

El 17 de enero de 1863 los moderados forzarían un reajuste ministerial. La solución cerraba en falso el problema político y la sustitución de ministros duró desde enero a marzo de 1863 porque hasta seis personas propuestas rehusaron formar Gobierno. Y el 2 de marzo de 1863, se acabó en la dimisión de O`Donnell.

Ante la posible disidencia de las distintas tendencias de Unión Liberal, Antonio Aguilar Correa marqués de Vega de Armijo habló con los jefes de los distintos grupos con la misma táctica que había practicado hasta entonces Posada Herrera, les prometió prebendas personales a cambio de colaboración. Pero los disidentes no aceptaban prestar su colaboración para gobernar, y exigieron un programa de Gobierno al que pudieran decir sí o no. Vega de Armijo les dijo que ya no estaba Posada Herrera sino que él era el nuevo Ministro de Gobernación, lo cual mejoraría las cosas por el mismo hecho de desaparecer Posada Herrera. Era muy complicado que los disidentes aceptaran este razonamiento de Vega Armijo. Entre los más disconformes, estaba Cánovas.

La cartera de Fomento fue ofrecida a Francisco Luján, el cual ya la había desempeñado en 1854 para Espartero y había sido el promotor de la Ley de Minas de 1859. Se intentaba un acercamiento a los progresistas moderados.

O`Donnell se puso también al habla con los conservadores, el grupo más crítico con el tema de México. Se nombró al general Francisco Serrano Domínguez Secretario de Estado, un hombre que venía de La Habana y era enemigo personal de Prim. Se introdujeron en el Gobierno hombres de Ríos Rosas como Pastor Díaz, el general Serrano y el general José María Bustillo.

La Reina Isabel es tenida como la causa del reajuste ministerial, explicando los historiadores que se trataba de provocar crisis en los partidos para que ninguno tuviera demasiada fuerza como para poner en discusión la autoridad de la Corona.

 

 

El Gobierno de 19 enero 1863 incluía en:

Presidente del Consejo de Ministros y encargado de asuntos de Ultramar, Leopoldo O`Donnell Jorís conde de Lucena.

Estado, Francisco Serrano Domínguez duque de la Torre (caía Saturnino Calderón Collantes que lo ejercía interinamente aunque el titular fuera O`Donnell)

Guerra, Leopoldo O`Donnell Jorís conde de Lucena.

Gobernación, Antonio Aguilar Correa marqués de Vega de Armijo.

Marina, José María Bustillo Barreda conde de Bustillo, que nunca ocupó la cartera. O`Donnell quería que Juan Zabala de la Puente aceptase en Marina, pero Zabala no quería repetir tras su dimisión en julio de 1861. Entonces ofreció la cartera al general José María Bustillo, que también se negó a aceptarla. 19 de enero de 1863: Leopoldo O`Donnell Jorís conde de Lucena / 9 de febrero de 1863, a duras penas se encontró a Augusto Ulloa, un civil, que se hiciera cargo del Ministerio de Marina. El caso Augusto Ulloa como Ministro de Marina, estaba a debate porque oficiales jóvenes de Marina argumentaban que Ulloa no era militar, sino que era un joven periodista sin conocimiento alguno de la Armada y, al conocerse su nombramiento como Ministro de marina, presentaron sus renuncias. El Gobierno llevó el asunto a los tribunales de justicia.

Fomento, Francisco de Luján Miguel y Romero (lo dejaba Vega de Armijo, el cual pasaba a Gobernación).

Hacienda: Pedro Salaverría Charitu se mantuvo en el Ministerio de Hacienda.

Gracia y Justicia: Nicomedes Pastor Díaz, (caía Posada Herrera) / 9 de febrero de 1863: Pedro Nolasco Aurioles por muerte de Nicomedes Pastor.

Ultramar no existirá como Ministerio hasta 20 de mayo de 1863, por lo que esos asuntos los gestionaba Marina, Estado o Presidencia.

Ríos Rosas creyó que O`Donnell quería reconciliarse con los disidentes de Unión Liberal y aceptó que su colaborador, Nicomedes Pastor Díaz, se colocase como Ministro. Pastor Díaz murió en 22 de marzo de 1863. El nuevo ministro fue Pedro Nolasco Aurioles.

 

Manuel de la Concha, embajador de España en París, interpretó los cambios en el Gobierno como un mea culpa y promesa de colaboración con Francia.

En este Gobierno había muchas discrepancias entre el grupo de Ríos Rosas, unionista puro, el de Cánovas del Castillo, más moderado pero que ya había roto con el unionismo, y el de Alejandro Mon, más narvaísta. Los líderes estaban en las Cortes discutiendo todos los días.

El programa de Gobierno decía que se aprobarían leyes de autonomía municipal y provincial, lo cual era el punto clave de las discrepancias de progresistas y demócratas. Con ello se consiguió que Ríos Rosas aceptase que sus hombres entrasen en el Gobierno.

Pero entonces, Prim, los resellados y los progresistas se sintieron ofendidos por el nombramiento de Francisco Serrano para Ministro de Estado, pues entendían que con Serrano no habría autonomía municipal ni provincial, y Prim dimitió como Director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para remediar la situación, se le prometió a Prim la cartera de Marina.

Se enfadó entonces el general Concha ante la maniobra que había acabado con Prim como Ministro de Marina in péctore. Prim fue borrado de la lista de ministrables y se nombró a Augusto Ulloa Ministro de Marina. La reacción de Prim fue darse de baja en Unión Liberal. Y con ello seguían las deserciones.

 

 

La disidencia en febrero de 1863.

 

El 24 de enero de 1863, Rivero inició un debate parlamentario complicado en el que Ríos Rosas criticó el hecho de forzar la votación sobre elecciones municipales, Cánovas se mostró disidente y calificaba al Gobierno de dictatorial, Mon también atacaba al Gobierno, y Pastor Díaz, por indicación de Ríos Rosas, no defendió al Gobierno. El 7 de febrero, Nicomedes Pastor Díaz renunció a su cartera de Gracia y Justicia.

La situación gubernamental en febrero de 1863 era lamentable: O`Donnell y Vega de Armijo estaban indignados. Se había hecho un reparto de cargos del Gobierno, como había sido habitual en otras crisis y, aun así, nadie estaba conforme en Unión Liberal.

En las Cortes, la oposición trataba de organizar una gran coalición para forzar la dimisión de O`Donnell. El Gobierno hizo, en 7 de febrero de 1863, una prórroga de las sesiones de Cortes a fin de evitar las elecciones en un momento tan confuso. Para todos era obvio que el Gobierno iba a cerrar las Cortes, pues hacía meses que no se aprobaba ninguna ley.

Isabel II empezó a dudar de la capacidad de O`Donnell.

Le había nombrado Jefe de Gobierno para lograr una estabilidad política, y resultaba que todo eran disidencias en el sistema creado por O`Donnell. Además, el sistema de impulsar hasta el Gobierno a Vega de Armijo provocaba muchas críticas y disconformidades.

Y había otro problema sin resolver: María Cristina había pedido poder volver a Madrid. O`Donnell y María Cristina habían sido aliados en 1841, contra Espartero, enemigos en 1854 tras la vicalvarada. Y el asunto llegó a un punto culminante cuando O`Donnell le dijo a Isabel II en 1863 que si volvía María Cristina, él se marchaba. A esta discusión entre la Reina y O`Donnell se la llamó de las “crisis orientales” porque se producían en el Palacio de Oriente, otro nombre del Palacio Real.

 

 

El cese de O`Donnell.

 

El 25 de febrero de 1863, el Presidente del Gobierno, Leopoldo O`Donnell, propuso disolver las Cortes. Ante las discrepancias dentro del unionismo, pedía disolución de las Cortes, pero Isabel no concedió disolución a O`Donnell, como sí la concedería a Miraflores meses más tarde. O`Donnell estaba de muy mal humor porque las cosas no le salían como él quería.

La disolución de Cortes no parecía tener sentido pues O`Donnell tenía mayoría en las Cortes. Tampoco el Gobierno tenía rupturas entre ministros. Y lo más grave era que no había posibilidad de un Gobierno alternativo. Se especula con que O`Donnell quisiera hacer una Reforma Constitucional que  esas Cortes no iban a aceptarle, y necesitase unas Cortes más adictas. En esa reforma constitucional, hipotéticamente se aboliría la Reforma Constitucional de 17 de julio de 1857 y se presentaría otra en la que las Cortes elaboraran sus propios Reglamentos de Régimen Interno, y en la que hubiera Senadores por derecho propio.

Isabel II pidió que Antonio Aguilar Correa marqués de Vega Armijo, el yerno de O`Donnell, y Augusto Ulloa, el periodista metido a Ministro de Marina, saliesen del Gobierno. Eran los ministros peor aceptados en las Cortes. O`Donnell se negó a eliminar a sus peones, pero una negativa a una petición de la Reina era exponerse a la destitución inmediata.

El jueves 26 de febrero de 1863, La Correspondencia de España publicó un artículo en el que exponía que, o se disolvían las Cortes o se hacía crisis del Gabinete ministerial. Mediante este artículo de prensa, O`Donnell trataba de presionar a la Reina para que disolviese las Cortes.

El 27 de febrero de 1863, O`Donnell fue cesado. Llevaba en el poder 4 años, 7 meses y 28 días, periodo conocido como “El Gobierno Largo”. 1863 iniciaba así la descomposición del sistema de Unión Liberal.

 

 

El fracaso de Unión Liberal en 1863.

 

La Unión Liberal no había sabido institucionalizar el poder, crear una Constitución de consenso, legislar las normas de comportamiento político oportunas, nuevas y abiertas. Las opciones eran varias: se podía haber intentado un bipartidismo entre unionistas de clases medias y altas, y progresistas de clases populares. Pero para ello habría que haber cedido el poder alguna vez a los progresistas, pero ello era un riesgo que Unión Liberal se sentía incapaz de correr. Y los progresistas no querían ser testigos mudos de los acontecimientos políticos como lo habían sido en 1844-1854, sino querían tomar algunas decisiones de Gobierno. En fin, gobernar sin partidos políticos, como lo estaba intentando O`Donnell mediante el invento de Unión Liberal, era imposible a largo plazo.

 

 

El callejón sin salida en febrero de 1863.

 

La Reina se negaba a dejar gobernar a los progresistas por cuestiones de religión, porque consideraba que no se les podía perdonar la desamortización. Contribuía con ello a agrandar la crisis española. Los progresistas puros y los resellados se negaban a colaborar en el Gobierno, pero en el fondo se veían desorganizados y divididos y eran incapaces de formar un Gobierno. Los progresistas puros habían mantenido viva la llama del progresismo tradicional, y los “resellados” que huyeron del Partido Progresista para integrarse en Unión Liberal estaban dispuestos a volver al Partido Progresista y rehacer la unión progresista, pero no encontraron vías de acuerdo. En 1863, los moderados habían tenido muchas deserciones, pero no querían de ninguna manera unirse a O`Donnell. Tampoco los moderados eran capaces de unirse entre ellos. Y el Partido Demócrata cada día se hacía más fuerte y más radical aprovechando el caos político existente.

La Reina llamó a todos los líderes políticos a intentar formar Gobierno, pero nadie consiguió las colaboraciones precisas.

El problema de ingobernabilidad había sido detectado con anterioridad, en 17 de diciembre de 1862, cuando Narváez había propuesto la formación de un bipartidismo, fueran los partidos que fuesen, aunque uno de ellos, en el parecer de Narváez, debía ser el moderado. Además creía que era conveniente una amnistía que permitiera la formación de estos dos partidos y unas elecciones honestas, acordes con la realidad política española. No se le había hecho caso, porque Narváez había despreciado a los progresistas frecuentemente.

Prim, por su lado, ambicionaba el poder desde el lado progresista. Entonces, O`Donnell propuso a la Reina el nombramiento de Prim como Jefe de Gobierno, y la consiguiente entrada de los progresistas que se sumarían al juego democrático. Es decir, Prim formaría un partido en el Gobierno, y O`Donnell un partido en la oposición. Pero los progresistas no aceptaron. El enfrentamiento personal entre ambos líderes acabó definitivamente con la posibilidad de acuerdo.

También por esos días llegó desde Cuba, tras terminar su cargo de Capitán General, el general Francisco Serrano, enemigo de Prim, pues Prim le había desobedecido al abandonar México cuando él le ordenó atacar junto a los franceses. Era otro inconveniente para nombrar a Prim jefe de Gobierno.

La Reina había mostrado siempre preferencias por los moderados, pero en ese momento, los moderados no tenían ninguna opción política, eran minoría. Las posibilidades estaban entre Unión Liberal y los Progresistas. Pero la política de Palacio era muy contraria a los progresistas y ello no facilitaba la aparición del bipartidismo monárquico. La Reina no recibía a los progresistas nunca. Los progresistas se manifestaban públicamente como antidinásticos. Y en el momento crucial de 1863, la Reina se reforzó más en su idea de defender a los moderados, con lo cual, los siguientes 5 años fueron de lucha de todos contra los Gobiernos moderados de Isabel II.

El problema político generado entre Prim y O`Donnell se convirtió en problema entre Palacio y la calle. Los Gobiernos y las cortes pasaron a temas políticos de segunda fila. Se planteaba la posibilidad de la República.

La Reina recibió a los Jefes de los partidos políticos y todos le exigieron disolución de Cortes y elecciones. Todos entendían que imposible gobernar con unas Cortes que se habían enfrentado a O`Donnell y a Posada Herrera, y que no representaban a los progresistas. Pero la Reina no quería disolver porque, precisamente, había despedido a O`Donnell cuando éste le sugirió disolver las Cortes.

 

 

Crisis del reinado de Isabel II.

 

La caída del Gobierno O`Donnell el 27 de febrero de 1863, marca un hito en la historia de España, el del comienzo de la crisis del reinado de Isabel II. No se trataba e haber perdido la mayoría, pues tenían mayoría, y no se trataba de que lo pidiera la Reina, sino de discrepancias internas de partido. Hay que advertir que en esos días O`Donnell preparaba la abolición de la Reforma Constitucional de 17 de julio de 1857, abolición que quedará en suspenso y realizará Mon en 1864.

La inestabilidad de los Gobiernos españoles en el siglo XIX a partir de entonces, 1863, va a ser cada vez mayor. La disgregación de los partidos sería progresiva. La insolidaridad o incapacidad para formar coaliciones de gobierno, una constante. Y el empeño de Isabel II en tener gobiernos moderados e impedir el paso a los progresistas llevará a éstos al retraimiento primero, y a la conspiración después.

 

 

[1] Pedro Nolasco Aurioles Aguado 1804-1884 fue ministro de Gracia y Justicia en febrero de 1863 y en marzo de 1879.

[2] Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega-Armijo, 1824-1908, era de Unión Liberal y se inició en la alta política en 1861. Sería ministro de Fomento en 1865. En 1867 se pasó al grupo de Serrano que estaba contra la reina, y eso prolongó su carrera política, en el Partido Liberal, siendo ministro de Estado en 1881, 1888 y 1892, y presidente del gobierno en 1906.

[3] Francisco M. de las Heras Borrero, Felipe Alfau Bustamante: un trinitario contradictorio. Boletín del Archivo General de la Nación. Año LXXIV, Vol. XXVII, nº 133, mayo agosto de 2012.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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