EL GOBIERNO O`DONNELL en 1858-1860.

 

 

El llamado “Gobierno Largo” de O`Donnell duró de 1858 a 1863. Como lo normal era que los Gobiernos duraran unos meses, resultaba insólito que uno durara cuatro años. No obstante, el periodo O`Donnell se vio interrumpido interinamente de noviembre de 1859 a abril de 1860 por el deseo del Presidente del Gobierno de estar al frente de la Guerra de África, lo cual sirve para partir la etapa en dos. La primera parte la veremos en este capítulo, incluyendo el Gobierno directo de O`Donnell hasta noviembre de 1859 y el Gobierno a través de Saturnino Calderón Collantes hasta marzo de 1860.

El país estaba cansado de tantos cambios de Gobierno que no resolvían nada. Los progresistas habían constatado que su paso por el poder en 1854-1856 no había servido para nada en cuanto a los cambios principales que ellos se proponían. Los moderados se sentían fracasados tras los Gobiernos de Narváez, Armero e Istúriz. Y todos estaban hastiados de tantos desórdenes en la calle, algaradas y motines.

O`Donnell tenía algún prestigio entre los militares y se ganó la confianza de muchos cuando dijo que las Cortes se debían poner a legislar los muchos asuntos pendientes y deberían dejar de discutir reformas constitucionales y derechos de las Cámaras.

Tal vez por ello, fue un periodo de relativa calma social y política, y como casi siempre en la historia de España, de progreso material, que suele coincidir con periodos de tranquilidad.

 

 

Gobierno de O´Donnell,

     30 de junio de 1858- 7 noviembre de 1859.

 

Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O`Donnell Jorís conde de Lucena.

Estado y Ultramar, Leopoldo O`Donnell Jorís / 2 de julio 1858: Saturnino Calderón Collantes / agosto 1859: Leopoldo O`Donnell Jorís, interino.

Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete / 10 agosto 1859: José Posada Herrera.

Guerra, Leopoldo O`Donnell Jorís, conde de Lucena.

Marina, José María Quesada / 25 noviembre 1858: Leopoldo O`Donnell Jorís, interino / 5 de diciembre de 1858: José MacCrohon Blake / 14 septiembre 1859: Leopoldo O`Donnell Jorís.

Hacienda, Pedro Salavarría Charitu.

Gobernación, José Posada Herrera.

Fomento, Rafael de Bustos y Castilla, marqués de Corvera.

 

Los hombres fuertes de este Gobierno eran O`Donnell, Posada Herrera y Calderón Collantes[1]. Los dos primeros por detentar poder en el ejército e interior. Saturnino Calderón Collantes, por ser una inteligencia brillante y un hombre capaz, que además sabía idiomas y era perfecto para los problemas del Ministerio de Estado (Exteriores) en unos años en los que había que tratar con Francia y con Estados Unidos. Los tratados de historia le tienen como el auténtico Ministro de Estado durante el periodo O`Donnell. El resto del Gabinete eran mediocridades. O`Donnell consultaba sus decisiones con sus Ministros y ello era una forma de gobernar distinta de la de Narváez, era una forma menos autoritaria.

José Posada Herrera era el hombre más independiente del Gobierno. Era alto, calvo, con los ojos pequeños y hundidos, orejas grandes y puntiagudas, bigote de brocha, semblante agudo y travieso. Tenía sus ideas propias y aparecía como el coordinador de las acciones del Gobierno, el sistematizador. Desgraciadamente, era organizador de corruptelas y corrupciones electorales porque creía que así se manejaba la política, y se hizo manipulador de nombramientos de gobernadores, alcaldes y candidatos en las elecciones. Ello era posible porque, desde 1845, las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos se venían nombrando desde Madrid y actuaban al dictado del Gobierno, y ya se había hecho algo normal en el sistema que esto funcionase así. La pérdida de la capacidad de iniciativa política municipal indignaba a muchos hombres de provincias de las clases medias, que quedaban excluidos de la política, y ese era el campo de acción de los progresistas, donde captaban votos. Cada vez eran más los descontentos con el sistema, porque en 1854 se había prometido independencia para los Ayuntamientos de forma que pudieran defender sus propios intereses, y el Acta Adicional, donde se les concedía esta “autonomía”, duró pocas semanas.

José Posada Herrera fue conocido como “el gran elector”. Con él se dice que se inició una nueva fase en la historia de España, el caciquismo, del que nos ocuparemos ampliamente más adelante. El 6 de julio de 1858 se dio un Decreto Electoral rectificando las listas electorales para incluir a un tercio de personas que no estaban en ellas y excluir otro tercio que estaban irregularmente. En teoría el decreto era correcto, pero una cosa era la necesidad de rectificar el censo electoral, totalmente cierta, y otra cosa fueron las supresiones y añadidos que se hicieron a favor de Unión Liberal. Los moderados pidieron a partir de entonces, y durante mucho tiempo, la rectificación de las listas electorales y la supresión del decreto de 6 de julio 1858. Decían que no se atenía a ninguna Ley anterior cuando debiera respetar la Ley electoral de 1846. Posada Herrera admitió que quizás se movía en el borde de la legalidad, pero su decreto era altamente moral y acorde con la justicia y la verdad. El Decreto de 6 de julio de 1854 fue discutido durante muchos años.

Leopoldo O`Donnell se enmascaraba detrás de una sonrisa, que ponía nerviosos a sus interlocutores. En realidad, era frío y desenfadado, de habla lenta y en tonos bajos y guturales. No era buen orador, pero era persuasivo. Le gustaban los retruécanos. No era un ideólogo e incluso despreciaba a los ideólogos. Decía que la gente no quería derechos, sino pan. No tenía planes políticos, e iba gobernando sobre la marcha. Hablaba muy mal el español.

 

 

El Partido Moderado en 1858.

 

El Partido Moderado estaba en crisis debido a que Narváez no había dudado en prescindir de la Constitución cuando le parecía conveniente, y muchos moderados, los llamados puritanos, eran partidarios de observar fielmente la Constitución. Otro aspecto de la crisis era que Isabel II se había enemistado con Narváez, el principal líder de los moderados. Isabel II y Narváez estaban de acuerdo en no seguir con la desamortización, pero en nada más. Este desacuerdo de la Reina y de los constitucionalistas del partido moderado, con Narváez, permitió un Gobierno de O`Donnell y de Unión Liberal casi sin oposición, con mucha estabilidad de Gobierno.

Los unionistas que siguieron a O`Donnell se llamaron “resellados”, tanto si provenían del moderantismo (Martínez de la Rosa, Mon, Isturiz), como si venían del progresismo (Lafuente, Cortina, Zabala, Prim). Se hablaba de moderados resellados y progresistas resellados. A menudo el término “resellado” sin más adjetivos, alude a los progresistas de Unión Liberal porque la historia la escribieron los progresistas y llamaron así a los suyos pasados del lado de O`Donnell. Pero no desaparecieron los partidos moderado y progresista, ahora más pequeños pero más radicalizados en el moderantismo y en el progresismo.

 

 

La oposición a Donnell.

 

Frente al indiscutido líder de los unionistas, O`Donnell, había otros grupos parlamentarios:

Los diputados absolutistas, la mayoría neocatólicos o católicos integristas, estaban liderados por Antonio Aparisi Guijarro[2].

Los moderados estaban acaudillados por Luis González Bravo. Este hombre tenía a Claudio Moyano Samaniego en el Congreso, y a Ángel Saavedra y Rodríguez Baquedano III Duque de Rivas y a Mariano Roca de Togores Carrasco Marqués de Molíns, en el Senado

Los progresistas, que se llamaban a sí mismos “puros”, estaban acaudillados por Salustiano Olózaga Almandoz. Este hombre tenía a Pedro Calvo Asensio como principal colaborador hasta su muerte en 1863.

Los demócratas tuvieron como líder a Nicolás María Rivero.

 

 

GUERRA DE LA COCHINCHINA o de Annam.

 

El 31 de agosto de 1858 una flota francoespañola desembarcó en la península de Turana y los soldados construyeron un fuerte allí. Con ello empezaba una guerra que se proponía dominar la Cochinchina (Laos, Camboya, Vietnam actuales), denominada también Anam o Annam. Además, es el origen de la muy conocida Guerra de Vietnam del siglo XX (1955-1975), pues los franceses se quedaron allí hasta que hubo un movimiento nacionalista que les echó, y entonces fueron sustituidos por los Estados Unidos, protagonistas de esta guerra.

El conflicto del siglo XIX se había originado a mediados de 1857, cuando el dominico Francisco Roy se presentó ante el Consulado General de España en Macao a solicitar ayuda para liberar al obispo José María Díaz, vicario apostólico de Tonkín, que había sido apresado en mayo de 1858 y condenado a muerte. El cónsul español solicitó ayuda al cónsul plenipotenciario francés en China, Bourboulou y éste le trasladó la petición al almirante francés en la zona, que le prestó un buque. El cónsul español disponía de otro buque y aprovecharon para explorar juntos las costas de Tonkín buscando a José María Díaz. En octubre de 1857 hallaron por fin noticias del obispo español y supieron que el obispo había sido decapitado en 20 de julio de 1857. Entonces, Napoleón III ordenó a su flota en China que atacara al Imperio Annamita de Hué y exigieran el fin de la política anticatólica de este personaje. Al mismo tiempo, envió mensajes a Ángel de Saavedra duque de Rivas, embajador de España en París, para que España se sumase a la flota francesa. Le pedía unos 1.000 ó 2.000 hombres que debían ser puestos a las órdenes del almirante Rigault en Filipinas. España prometió 1.400 hombres y dos barcos de vapor, el Reina de Castilla y el Elcano, y se avino a ponerlos a las órdenes de Rigault.

Francia tenía un plan estratégico y diplomático, el de abrir un territorio en Asia frente a las aspiraciones británicas desde la India y rusas desde Manchuria. España no tenía más objetivos que los “humanitarios” de proteger a los cristianos, y los honoríficos de defender “su honra y dignidad ofendida”. También recibió la promesa de poseer el puerto del Tonkín central, desde donde podía conectar con Filipinas, pero era una dádiva, un punto dentro de la gran colonia china que Francia se proponía construir. La diferencia de concepciones era muy obvia. Y España se entregaba a Napoleón III en esta empresa, sin exigir garantías formales de nada. Lo que ocurrió fue que, tras tomar Saigón, España se quedó sin objetivos y se retiró. La retirada fue interpretada como una traición y, cuando España quiso beneficiarse del triunfo en el tratado de paz de 5 de junio de 1862, se le negaron los beneficios que pedía. España podía considerar un fracaso su intervención en la Cochinchina.

Con el inicio de la empresa de Annam, España se adentraba en una aventura para la que no había concebido un plan estratégico, unos objetivos políticos y militares precisos y sin haber pensado en la financiación de la misma. Ni siquiera fue comunicada a las Cortes. En resumen, España iniciaba un desastre en planificación militar, política y económica.

El 31 de agosto de 1858, los franco-españoles desembarcaron en Turana. Nada más llegar, los franceses enfermaron masivamente, pues eran europeos que llegaban a un país tropical. Los españoles conservaban perfectamente su salud, porque eran tagalos, acostumbrados al clima tropical y a beber el agua del trópico. En febrero de 1859, los coaligados tomaron Saigón, capital de la Baja Cochinchina.

El 10 de marzo de 1859, Olózaga pidió en las Cortes españolas explicaciones de cómo se había llegado a un Tratado con Francia y cómo se había gastado un dinero sin conocimiento de las Cortes. Aunque todo estaba consumado, decía que las Cortes españolas tenían derecho a estar informadas. Calderón Collantes le respondió que la expedición a Cochinchina había sido anterior al Gobierno O`Donnell, y que era un asunto que ellos se habían encontrado al llegar al Gobierno. Añadió que, por prudencia, consideraron que, mientras durase la guerra, no se debía hacer público lo que estaba pasando; que España había coincidido con Francia en sus intereses respectivos pero que no había habido ningún tratado formal entre ambas potencias, y por ello no había sido constitucionalmente preciso comunicárselo a las Cortes; que, en realidad, no había habido ninguna alianza con Francia, ni ofensiva ni defensiva, sino sólo una coincidencia de intereses. Y las Cortes votaron en contra de Olózaga por 165 a 20.

Francia entró en discrepancia con España después de tomar Saigón. El esfuerzo bélico lo habían hecho los españoles, pues ya hemos dicho que los franceses estaban enfermos. Entonces, España reclamó un puerto en las costas de Annam, y Francia se negó a concederlo. Respecto al puerto de Saigón, Francia decidió que era un puerto francés y que quedaría abierto a todas las potencias amigas. En esta declaración, ni siquiera se mencionaba a España, y los españoles se sintieron ofendidos pues creían haber sido los protagonistas de la conquista.

Francia buscó una alianza con Gran Bretaña y ello indignó a los militares españoles en Extremo Oriente. Los españoles decidieron retirarse de la Guerra de la Cochinchina, cosa que se hizo progresivamente, marchándose la mayoría inmediatamente, y dejando una representación para negociar la paz, los cuales se fueron en 1862, tras el poco favorable acuerdo de paz. Pero la retirada también se hizo sin consultar al Gobierno español, por iniciativa militar de los allí presentes. En Filipinas, las cosas funcionaban así, porque España estaba muy lejos, y tardaba mucho en resolver los asuntos de Filipinas, lo que les había llevado a funcionar como una autonomía de hecho, gobernada por el Capitán General de Filipinas.

Posteriormente a los hechos, en septiembre de 1861, España exigió a Francia ser tratada como aliado de Francia y no como fuerza auxiliar militar.

Y el 5 de junio de 1862 se firmó el Tratado de Perpetua Paz y Amistad entre Francia y España, por un lado, y Annam, por el otro: las potencias europeas exigían respeto a los cristianos extranjeros y a los aborígenes, cesión a Francia de tres provincias, libertad de navegación de las costas y ríos de Annam, tanto para Francia como para España, y el pago que el Gobierno de Hué debía hacer como indemnización de guerra, cuatro millones de dólares a pagar en 10 años. España no consiguió ningún puerto para su dominio exclusivo.

En adelante, el cobro del dinero de Annam fue muy difícil para España. Francia se reservaba la mayor parte, y sólo en 1863 aceptó partirlo a la mitad. España cobró en los años anteriores a 1880.

En 1862 procedió Francia a quedarse en Saigón como dueña del territorio. En 1862, Francia declaró que la expedición a la Cochinchina había sido francesa y que las tierras de la Cochinchina le pertenecían. Los españoles regresaron a su base de Manila en 1863, sin sacar ningún provecho de esa guerra a la que habían ido en 1858. La guerra se había hecho sin objetivos políticos, simplemente para acompañar a Napoleón III, y acabó en una descoordinación notable, en un no saber qué hacer. Los franceses se quedarán allí hasta 1954.

 

 

EL CACIQUISMO DE POSADA HERRERA.

La circular de 21 de septiembre de 1858 de Posada Herrera.

 

El 11 de septiembre de 1858, a propuesta de Nocedal, fueron disueltas las Cortes, que llevaban cerradas desde mayo de 1858.

El 20 de septiembre de 1858 se convocaron elecciones al Congreso de Diputados para 31 de octubre de 1858.

El 21 de septiembre, Posada Herrera emitió una circular que retocaba la autonomía municipal, el tema de más polémico del momento, y prometía una mayor autonomía provincial y municipal, que como otros muchos propósitos de estos Gobiernos, nunca se cumplió. Tardó dos años en concretar las medidas propuestas y, cuando lo hizo, el fondo de la cuestión se quedaba en nada. Sólo era propaganda para el consumo político. Y tenía que ser así, porque precisamente el poder de Posada Herrera era manipular las elecciones y los cargos políticos, y si daba autonomía  en esos terrenos políticos, perdía él sus poderes fácticos.

La circular de 21 de septiembre de 1858, complementaba el decreto de 6 de julio 1858. Era una circular enviada por Posada Herrera a los Gobernadores Civiles manifestándoles los fines que perseguía Unión Liberal. Esta Circular se considera el programa de Unión Liberal, pues O`Donnell repitió pocos días después ante las Cortes los mismos puntos:

Gobernar con la Constitución de 1845.

Terminar la desamortización civil.

Aplazar la desamortización eclesiástica hasta que hubiera un acuerdo entre la Reina y el Papa.

Organizar la administración territorial, Diputaciones y Ayuntamientos, de forma que éstos tuvieran autonomía pero estuvieran sometidos a la autoridad superior del Gobierno de la nación.

Restablecer el jurado para delitos de imprenta. Derogar la Ley Nocedal vigente y establecer que el jurado determinara en casos de posibles delitos de prensa.

Apoyar en todo momento a la Corona.

Buscar el progreso moral y material de la nación y extender la libertad dentro del necesario orden social.

Elegir a los funcionarios por méritos.

Para conseguir estos fines, les dijo que acogieran en el Partido de Unión Liberal a todos los que estuviesen dispuestos a aceptar a Isabel II y a luchar por el progreso moral y material de la nación, y por la libertad con el respeto debido al orden público. No importaba el pasado político con tal de que estuvieran dispuestos a colaborar con el Gobierno.

Y respecto a las elecciones, que era el tema que veníamos siguiendo, la Circular decía que los Gobernadores no fijaran candidatos en los pueblos, pero que tampoco consintieran la violencia en contra de algunos candidatos progresistas. Los Gobernadores debían ejercer su influjo y poder, su “influencia moral a favor del candidato ministerial”, y en favor del partido mayoritario que era Unión Liberal, impidiendo que la oposición ejerciera la violencia para imponer sus criterios.

Es decir, Posada Herrera aconsejaba que cada Gobernador influyera en las elecciones con el argumento de que una autoridad dependiente del Gobierno ”no puede ni debe renunciar a ejercer en las elecciones el influjo legal que su posición le permite, impidiendo que los electores oigan sólo la voz de las oposiciones”.

Ante este Decreto, Olózaga calificó a Posada Herrera como “El Gran Elector”. Los progresistas, amantes de motes y remoquetes para sus enemigos, adoptaron éste, y como los historiadores siguientes fueron “progresistas”, se recrearon en él como si fuera gracioso. Pero Olózaga, cuando pronunció este calificativo, no pensaba sólo en la Circular de 21 de septiembre de 1858, sino que hacía alusión a toda una realidad bien conocida por todos sus escuchantes:

Posada Herrera tenía una red de “caciques” que dominaban todo el espectro político. El término “cacique” lo inventó Juan Valera en su novela Doña Luz, en 1879, novela que pasaría totalmente desapercibida si no fuera por este detalle, pues su calidad deja mucho que desear. Los caciques eran personajes rurales, intermediarios entre el Gobierno y la región en la que vivían, que recibían favores del Gobierno a cambio de los votos en un determinado sentido. Por diversos métodos, se las arreglaban para que el resultado fuera el que pedían desde Madrid. Por eso, se les denominó grandes jefes indios, caciques.

Posada Herrera manejaba también a los Diputados, a los cuales otorgaba favores o no, nombramientos, negocios, colocaciones de familiares… y el resultado fue una deserción masiva de las filas del moderantismo y del progresismo con valores morales, para ingresar en las filas de Posada Herrera. Lo malo del sistema era que las promesas requeridas eran tantas, que no podían cumplirse, pero Posada Herrera las renovaba cada vez más grandes y jugosas, intentando aguantar el sistema indefinidamente. El sentido moral se estaba perdiendo, y los tontos lo justificaban diciendo que “así era la política”.

En verano de 1858 Herrera organizó bien su sistema: La costumbre cuando aparecía un Gobierno nuevo era cesar a todos los cargos públicos y nombrar otros nuevos. Posada Herrera nombraba cargos a cambio de compromisos. Ya no importaba el origen y el pasado del comprometido, sino el compromiso que estuviera dispuesto a aceptar. El Gobernador de una provincia podía ser progresista, su secretario moderado y el Capitán General vicalvarista. No importaba, porque todos estaban comprometidos con Posada Herrera y todos estaban dispuestos a beneficiarse del sistema aunque tuvieran que soportar a los demás.

En febrero de 1859, Aparisi Guijarro presentó una Proposición de Ley para que ningún Gobernador influyese en las elecciones ni directa ni indirectamente, pues Posada Herrera les había prohibido la influencia directa pero había insinuado las recomendaciones indirectas sobre el candidato preferido por el Gobierno. Igualmente, pedía que ningún juez de primera instancia o fiscal de distrito interviniera en las elecciones. Posada Herrera le contestó a Aparisi que la influencia moral del Gobierno era necesaria en tanto fuera necesario eliminar otras influencias nocivas y para garantizar que las elecciones fueran libres. Además, añadió que todos los Gobiernos de todo el mundo lo hacían.

Antonio Aparisi Guijarro, 1815-1872, se mostraba consciente de que el sistema político español, llamado liberal, entraba en la inmoralidad. Era un valenciano que había estudiado Derecho en Valencia y en Madrid, en 1843 había fundado La Restauración y en 1855 El Pensamiento de Valencia. En 1858 había salido elegido diputado y era católico integrista. El tema moral consistía en si se podía practicar una inmoralidad para evitar otras inmoralidades que practicaban los liberales de izquierdas levantando la calle continuamente y actuando coactivamente ante las urnas.

 

 

Las elecciones de 31 de octubre de 1858.

 

El 31 de octubre de 1858 los hombres de Unión Liberal ganaron las elecciones. En esa fecha, el partido todavía no se había constituido oficialmente pero ya funcionaba desde mayo de 1857.

El proyecto de Unión Liberal empezó poco democráticamente: Las listas electorales, que se había dicho que iban a ser revisadas para ampliarlas, eliminar electores falsos e incluir electores de la oposición que no figuraban, fueron revisadas el 6 de junio de 1858, pero por decreto, rectificando las listas electorales de 1857, pero la rectificación fue un fraude más pues Posada Herrera, desde Gobernación, manipuló las nuevas listas a favor de los Unionistas. Además el 20 de septiembre de 1858 se permitió la “influencia legal” del Gobernador Provincial en las elecciones. La intervención debía hacerse para impedir que se impusieran las fuerzas de la oposición coactivamente, pero que se utilizaron para impedir participar a la oposición, lo cual llevaría a los progresistas a la retracción sistemática durante una década y a la revolución en 1868.

Podemos afirmar que, en 31 de octubre de 1858, se estrenaba una nueva democracia burguesa: Las listas electorales de las elecciones de 31 de octubre de 1858 fueron completamente nuevas. Los electores eran distintos.

La campaña electoral había sido tranquila, inusualmente tranquila. Los progresistas estaban desconcertados por el gesto del Gobierno de ampliar el número de electores. No cayeron en la cuenta del sistema de corrupción que se ponía en marcha. No lo podían sospechar. Posada Herrera trabajó mucho en septiembre y octubre: analizó, uno por uno, a cada candidato a Diputado. No se fió de recomendaciones y dichos de confidentes. Quería compromisos por escrito de los candidatos a los que iba a apoyar.

El resultado de las elecciones fue el previsto por Posada Herrera: Unión Liberal ganó de calle. Los moderados tuvieron sólo 30 escaños y los progresistas sólo 20.

Las Cortes de octubre de 1858 estarían reunidas hasta 12 de agosto de 1863, casi los cinco años que permitía la Constitución, y ello era completamente nuevo en España y fue un caso insólito, pues lo normal había sido que durasen menos de un año y estuviesen cerradas casi todo el tiempo. Además, las Cortes estuvieron abiertas casi siempre, al contrario de las épocas anteriores donde lo habitual era que estuvieran cerradas. Ello se debió a que la mayoría unionista en las Cortes apoyó siempre al Gobierno y a que tanto los moderados como los progresistas estuvieron en crisis internas de partido.

Sin embargo, la actuación de estas Cortes fue más bien irrelevante: Hicieron algunas leyes de mediana importancia, como la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado, juzgaron a algún Ministro corrupto, dieron vida al poder municipal y provincial, no atacaron a la prensa quizás porque la mayor parte de ella apoyaba fervorosamente al Gobierno y se mantenía en los debates amplios y solemnes, pero nunca conflictivos. Y también aprobaron todos los años el presupuesto del Estado y reanudaron la desamortización. Pero no hicieron ningún cambio radical e importante, ninguna ley de las que marcan hitos en un país. Cayeron en la monotonía, y ello las llevó al cansancio y al aburrimiento, a su propio desgaste y desaparición en menos de una década.

 

 

Las Cortes de diciembre de 1858.

 

El 1 de diciembre de 1858 fueron abiertas de nuevo las Cortes, y se leyó el Discurso de la Corona. La Reina dijo que no era tiempo de constitucionalismos nuevos, sino de gobiernos eclécticos y tolerantes que se pusieran a legislar.

Se planteó como primer tema la posible guerra con México. La guerra no tendría lugar hasta 1861.

En enero de 1859 se presentó un Proyecto de Ley de Prensa, el cual entró en Cortes en diciembre de 1861. Esa Ley de Prensa estableció la creación de jurados para ver los casos de prensa y prohibió la recogida de periódicos y las demoras en su distribución, a la vez que eximía a los directores de responsabilidad personal. Esta Ley de Prensa no se votó nunca, y por ello siguió vigente hasta 1864 la Ley Nocedal de 1857.

El 14 de febrero de 1859, a propuesta de Sagasta, se abrió proceso a Agustín Esteban Collantes[3], ministro de Luis José Sartorius conde de San Luis en 1854. Se le acusaba de corrupción en las obras del Canal del Manzanares, aunque la opinión pública le calificaba de ingenuo y no de ladrón, cuando “perdió” 130.000 cargas de piedra. Sartorius conde de San Luis contestó que el proceso no tenía sentido, pues las Cortes de 1854-1856 no habían entrado en el tema y sólo era un rumor. El 10 de marzo de 1859, las Cortes aprobaron juzgar a Esteban Collantes y nombraron la Comisión que investigara si era pertinente el juicio ante el Senado. El 16 de marzo, Álvarez Bugallal reclamó que se juzgara a Collantes sin necesidad de dilatar el tema por medio del nombramiento de Comisiones políticas que sólo sirven para enredar un tema y dilatar en el tiempo su solución. El 18 de marzo hubo una nueva Comisión para estudiar las responsabilidades de Agustín Esteban Collantes. El 5 de abril de 1859 la Comisión tenía formuladas tres acusaciones: fraude, falsificación de documentos y estafa, y recomendaba que el asunto pasase al Senado. Collantes se defendió alegando que nunca había pasado una cosa así en la política española, un asunto que podía dejar muchas huellas en toda la sociedad y donde se había cometido la ilegalidad de eliminar una primera Comisión, para nombrar una segunda que daba por culpable de antemano al acusado. El Congreso nombró acusadores de Agustín Esteban Collantes a Saturnino Calderón Collantes y a Antonio Cánovas del Castillo. El asunto pasó al Senado, el cual el 3 de junio de 1859 oyó a Cortina, abogado defensor de Collantes, y a la acusación nombrada por el Congreso. La condena necesitaba de dos tercios de los votos de los senadores. En la acusación de fraude, hubo 47 votos ratificándolo y 40 en contra. En la acusación de estafa hubo 44 votos afirmándolo y 43 diciendo que era inocente. En la acusación de falsificación de documentos estaban de acuerdo 45 senadores y en contra 42. Pero, como se necesitaban dos tercios de los votos del Senado, es decir, 59 votos en cada caso, Agustín Esteban Collantes fue absuelto. La polémica fue grande. En 1860 Collantes se vio beneficiado por una amnistía. Los moderados quedaron muy dañados al resultar que Agustín Esteban Collantes había sido declarado culpable en todo, pero salía absuelto por no tener dos tercios de los votos en contra. Unión Liberal se sentía muy fuerte, pero estaba dejando guiñapos por el camino.

 

 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 1859.

 

La economía española seguía su desarrollo iniciado en 1857, lo que también obraba a favor del Gobierno unionista. La época 1859-1864 fue de euforia económica en España.

Con la mejora económica, crecieron los ingresos del Estado y con ello pudieron aumentar los gastos militares, que habían empezado a aumentar en 1841 y llegaron a máximos en 1854-1856, durante el Bienio Progresista.

En el desarrollo económico de estos años, el predominio del capital francés fue evidente, y Gran Bretaña perdió su hegemonía económica sobre España. Quizás la causa de esta llegada de capital francés estuviera relacionada con el hecho de que Napoleón III creía en la existencia de un “bloque latino” supeditado a Francia, que le permitiera la hegemonía económica sobre Europa entera. De la mano de Francia, España osó correr aventuras militares en el exterior. También tenía relación con ello el comienzo de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos en 1861, American Civil War, que debilitaba la posición de Gran Bretaña.

El inicio de la Guerra de Secesión de Estados Unidos en marzo de 1861 favorecía a España en sus intereses en el Caribe, pues desaparecían los contrabandistas americanos en Cuba y Puerto Rico. Pero enseguida sobrevino el bloqueo británico a España en el Atlántico y las cosas empeoraron. España apostó por los sudistas, el bando que perdió la guerra. Oficialmente, España era neutral, al igual que Francia, pero en la realidad todos sabían en qué bando estaba cada uno. Y la posición de España no era nada fácil, porque si ganaban los sudistas, estaba claro que éstos reclamarían Cuba, su competidor en el cultivo del azúcar. Los sudistas pidieron a España el reconocimiento oficial y, sabiendo cuál era el problema de España, prometieron no atacar Cuba si ganaban. España no se atrevió a hacerlo, porque si ganaban los nordistas perdería automáticamente la isla.

Entre los políticos españoles del momento, no muy avispados, corría el comentario de que la Guerra de Secesión americana favorecía a España, pues debilitaría a ambos bandos, nordista y sudista, pero que era preferible que los Estados Unidos permanecieran unidos a que hubiera una escisión, pues cualquiera de los dos bandos, los comerciantes de Boston o los azucareros de Nueva Orleans, desearían las islas del Caribe.

De modo colateral, y dada la propaganda usada por los nordistas en esa guerra, surgió en España la polémica esclavista. Aparecieron los abolicionistas.

En el caso de la unificación italiana, España se mantuvo neutral, pero al igual que ocurría en el tema de los Estados Unidos, la postura de España respecto a Italia era equívoca: por un lado apoyaba a Francia, la cual apoyaba a Cavour y la unificación de Italia. Por otro lado, España simpatizaba con Nápoles, Parma y los Estados Pontificios, que eran atacados por Cavour.

En el caso de Roma, los progresistas y los puritanos (moderados a la izquierda del Partido Moderado) defendían el principio de “un pontificado independiente, en una Italia independiente”. Pero Napoleón III no aceptó las propuestas españolas de preservación del Papa, y entonces España prefirió no definirse, y así se mantuvo hasta 1865, cinco años después de la unificación italiana. Gran Bretaña y Francia se habían definido a favor de Cavour, y reconocido a Víctor Manuel II de Saboya en 1860.

 

 

La Ley de Minas de 1859.

 

Tras los intentos de implantar industria del hierro en 1827 y en 1848, se produjo el definitivo impulso minero a partir de 1857.  En 1859 se produjo la tercera Ley de Minas del siglo XIX, que sustituía a las de 1825 y 1849. La cuarta ley será la de 1868.

Lo específico de 1859 fue la liberalización de la propiedad del subsuelo, o de las minas, que hasta ahora habían sido propiedad del Estado.

La Ley de Minas de 6 de julio de 1859[4], era socialmente demandada desde hacía tiempo y ya en 2 de diciembre de 1854 se había presentado en Cortes el Proyecto de Ley por iniciativa del ministro de Fomento Francisco Luján. Cuando cayó el Gobierno  progresista de 1854-1856, los moderados de 1856 presentaron un nuevo proyecto a iniciativa de Claudio Moyano. Y la Ley de Minas se aprobó en 6 de julio de 1859 y se publicó el 9 de octubre de 1859. Su principal objetivo era eliminar incertidumbres jurídicas, fijar los impuestos adecuados, conciliar los derechos del explotador de la mina con los de los propietarios del suelo afectados y eliminar fraudes de ley. La Ley de Minas de 1859 estableció un sistema de registro y denuncia de la mina que iniciaba un proceso en el que se distinguía la fase de petición de la concesión de la fase de concesión definitiva, y establecía plazos improrrogables para pasar a la concesión definitiva. La ley también reducía los impuestos mineros y eximía a los empresarios mineros de impuestos diferentes a los propios de explotación de la mina. Se derogaba la prohibición de acumular cotos mineros y la de tener grandes superficies de terrenos bajo concesión. Se consideraba a las empresas mineras como sociedades privadas de carácter civil sometidas al Derecho Común. Se identificaban los titulares en tres categorías: colectivos, comanditarios y sociedades anónimas. Se regulaba cada uno de los tipos de titularidad con arreglo al Código de Comercio. No se exigía un mínimo de capital, pero sí declarar las acciones de forma nominativa. Se exigía a los empresarios mineros, previamente a obtener la concesión, que fuesen propietarios de los terrenos que solicitaban, que obtuvieran el correspondiente permiso de explotación, y que todo ello constara en escritura pública aprobada por el Gobernador Provincial correspondiente.

Los problemas que se originaron con la Ley de Minas de 1859 fueron: que no se especificaba cómo afectaba esta legislación a españoles y a extranjeros, pues los extranjeros no tenían presencia física en el Estado español y eso les libraba de estar presentes en las reclamaciones jurídicas; y que no se podía evaluar el valor de la mina en cada momento a fin de aplicar el Código Mercantil y la fiscalidad pertinente.

La Ley de Minas de 1859 fue sustituida por el Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1868 y el Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, los cuales trataban de mejorar estos defectos jurídicos.

 

 

La minería del hierro.

 

El hierro fue un caso especial dentro de la minería. El primer alto horno se había instalado en Marbella en 1833 y funcionaba con madera de los bosques de las sierras cercanas. El inversor era Manuel Heredia y la empresa se llamaba La Constancia. Joan Giró abriría poco después tres hornos más, también de carbón vegetal. Marbella llegó a producir 8.000 toneladas de hierro colado. Otras 1.000 toneladas se producían en un alto horno de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y el resto en fundiciones diversas.

Hacia mediados de siglo, Asturias puso sus altos hornos alimentados con carbón (en 1857 Pedro Duro abrió “Sociedad Duro y Cía.” una siderúrgica de coque, en La Felguera-Asturias) y consiguió reducir los precios de coste de fabricación del hierro un 30% respecto a Marbella (el coste del kilo de hierro colado era de 15,82 pesetas si se producía con madera, y de 10,38 pesetas si se hacía con coque), de modo que en 1865 el hierro asturiano y el vasco ya alcanzaban juntos el 50% de la producción nacional. En 1855 el hierro obtenido con carbón vegetal salía a 632 reales la tonelada, mientras que si se hacía con carbón mineral se obtenía por 348 reales. Marbella, Huelva y Sevilla estaban condenadas al fracaso, y Santander, que no invirtió lo suficiente (por falta de comunicaciones portuarias y terrestres adecuadas) se hundió con ellas. Los altos hornos asturianos fracasaron porque el precio del carbón asturiano nunca fue competitivo a nivel internacional.

Los vascos tenían por costumbre el que todos los negocios de su territorio tuvieran que ser vascos y, habiéndoles respetado ese derecho la Ley de Minas de 1825, habían iniciado un negocio con Gran Bretaña por el que exportaban mineral de hierro y traían en retorno carbón inglés que era el más barato del mundo entonces. En esa circunstancia se descubrió el convertidor Bessemer en 1855, un gran avance en la fabricación de hierro, pero esta máquina no toleraba el fósforo, común en todos los yacimientos de mineral de hierro. El mineral de hierro vasco-santanderino no tiene apenas fósforo y era el ideal para el Bessemer. Toda Europa quería mineral vasco y los Krupp alemanes y Denain franceses invirtieron en el País Vasco. Con el dinero de las exportaciones, los vascos montaron bancos, navieras y altos hornos, y se sentían muy orgullosos de sus fueros. Empezaron un nacionalismo diferenciador del resto de la nación española. En 1860, Ibarra puso altos hornos en Baracaldo y en 1865 los transformó para que consumieran coque, momento en que Vizcaya tomó la delantera sobre el resto de España en la producción de hierro. Al mismo tiempo se constituía en Bilbao la sociedad del Ferrocarril Bilbao-Tudela.

La circunstancia favorable a los vascos duró hasta 1900 ó 1914, cuando se inventaron nuevos convertidores que trabajaban bien el mineral con fósforo y ya nadie se interesaba por un mineral caro habiendo otros más baratos. En ese momento los vascos se hicieron proteccionistas, pidieron exenciones de impuestos para seguir siendo competitivos, radicalizaron su nacionalismo y tuvieron que afrontar el problema de una decadencia industrial y minera.

A la sombra del negocio vasco, apareció la minería en Cantabria, muchas industrias mineras que producían para los vascos o para los británicos y se limitaban a exportar mineral de hierro, sin apenas desarrollo siderúrgico, o al menos no tan importante como el vasco.

 

 

Relanzamiento de la siderurgia.

 

En 1859 se abrió un alto horno en Baracaldo, propiedad de la familia Ibarra y otro en La Felguera propiedad de Petro Duro, que iniciaban una nueva etapa minera y siderúrgica en España.

La producción de arrabio española era muy modesta. Se puede calcular entre el 1% y el 2% de la producción británica en el XIX o entre el 5% y el 10% de la francesa. Estos países trazaron su ferrocarril y construían máquinas que necesitaban mucho más hierro que España. España, con poco consumo, necesitaba más hierro del que producía.

En 1866 había en España 27 altos hornos de carbón vegetal y 8 de coque.

En 1882 nació en Bilbao la empresa “Sociedad de Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero”, empresa que instaló el primer convertidor Bessemer en España en 1884.

También en 1882 se creó en Vizcaya “La Vizcaína”, la mitad en tamaño que la anterior.

En 1902 nacería, por fusión de varias empresas (Sociedad de Altos Hornos, La Vizcaína, y una tercera), Altos Hornos de Vizcaya, que casi era un monopolio dada su importante producción nacional. El 62% del hierro fabricado en España era vasco.

 

 

Relanzamiento de la metalurgia.

 

A raíz de esta producción siderúrgica nació la metalúrgica, principalmente en Cataluña y País Vasco:

En Cataluña surgieron pequeños altos hornos que se dedicaron a fabricar maquinaria para la industria textil. Primero fue la fábrica El Vapor, y más tarde Nuevo Vulcano, que ya fabricaba maquinaria naval. Ambos talleres se fusionaron formando una empresa grande en 1855 llamada Maquinista Terrestre y Marítima, que estaba en Barcelona. Luego surgiría en 1881 “Material para Ferrocarriles y Construcciones”, y en 1887 “Arsenal Civil”. Pero como los altos hornos catalanes eran pequeños y sólo abastecían el 10% de lo que necesitaban, Cataluña dependía del hierro vasco.

En 1857, se abrió una fábrica de máquinas de vapor en Sevilla, promovida por Portillo Hermanos & White, pero que fue un fracaso pues sólo fabricó 47 máquinas en 10 años.

En 1859 se inició un programa de renovación de la Armada.

 

 

La aventura del submarino en 1859.

 

Narciso Monturiol Estarriol 1819-1885, pudo, en este ambiente de relanzamiento intelectual e industrial, realizar un sueño de la humanidad, navegar bajo el agua como los peces.

Narciso Monturiol era un abogado de Figueras, de ideas republicanas y socialistas utópicas, que le llevaron en 1846 a imprimir revistas y panfletos para poder hablar de feminismo, pacifismo y del comunismo de Cabet. Acabó exiliado en Francia en 1848-1849.

En Francia se empezó a interesar por temas de ingeniería, y en 1858 presentó un proyecto de submarino que se llamaría “El Ictíneo”, que efectivamente botó en 28 de junio de 1859 y sumergió en 23 de septiembre de 1859 durante dos horas y media. No consiguió financiación del Gobierno y el proyecto no fue adelante. En 1864 botó “El Ictíneo II” con capital privado, pero su compañía quebró y el proyecto se abandonó. El inventor siguió intentando otras cosas el resto de su vida, pero murió arruinado y olvidado en el seno de una comuna icariana sita en San Martín de Provençals, entonces en las cercanías de Barcelona (y hoy dentro del casco de la ciudad).

 

 

POLÍTICA RELIGIOSA DE O`DONNELL.

 

El 25 de junio de 1859 se hizo un Convenio adicional al Concordato de 1851 por el que los sacerdotes pasaban a recibir una paga del Estado. La Iglesia lo aceptó y se contradijo en que no quería depender del Estado, pues de hecho, al aceptar la paga, dependía del Estado. El asunto requirió muchas justificaciones “morales” y doctrinales y economicistas, pero no tenía vuelta de hoja, pues los sacerdotes no podían subsistir de otro modo.

En julio de 1856, O`Donnell había acabado con los Gobiernos progresistas, los cuales habían intentado terminar la desamortización privando a la Iglesia católica española de la mayor parte de sus bienes. Esto ponía de su lado a la Iglesia católica.

Cuando cayó el Gobierno Espartero-O`Donnell en julio de 1856, Narváez amenazó con derogar la Ley de Desamortización. La declaró en suspenso en 14 de octubre de 1856, pero no la derogó. Ríos Rosas se encargó en Roma de resolver el problema suscitado, y él consiguió el Convenio de 25 de junio de 1859. En sus líneas básicas, el Convenio ratificaba lo dicho en el Concordato: la Iglesia tendría derecho a la propiedad; la Iglesia mantenía la propiedad de los bienes devueltos mediante el Concordato de 1851; y debido al estado de deterioro en que se hallaban esos bienes en 1859, se proponía a la Santa Sede que permitiera permutar esos bienes en deuda consolidada al 3%.

El Convenio de octubre de 1855 no gustó ni a los progresistas ni a los demócratas, pero sobre todo no gustó su aplicación, el hecho de que primero se entregaran los títulos de deuda a la Iglesia, y sólo después el Estado procediera a hacerse cargo de los bienes en cuestión, unos bienes que todos reconocían como muy deteriorados. En ese momento se produjo un cambio total en la perspectiva del cambio de bienes por deuda: los obispos fijaron los precios de los bienes desamortizados mucho más alto del precio real de mercado, a fin de obtener muchos títulos de deuda, y ello significaba que el Estado asumía pérdidas. Los obispos tasaron los bienes desamortizados a valor anterior al Concordato, cuando estaban bien cuidados y en valor, y los bienes se habrían de vender a valor de mercado, cuando estaban en completa ruina y abandono. El desfase era muy grande.

La Iglesia quedó muy satisfecha del Convenio de 1859. No sólo por el buen dinero que obtenía, sino porque se le reconocía la capacidad de poseer y de volver a rehacer su patrimonio. Era un error de perspectiva, pues convertía a los sacerdotes en dependientes del Estado y ello significaría un deterioro en credibilidad para la Iglesia.

Y para rematar el negocio, el Estado español unionista, que tampoco tenía dinero, nunca entregó los títulos de deuda a la Iglesia, sino que se comprometió a entregarle el equivalente a ese 3% prometido. Resultó así, que parecía que el Estado entregaba a la Iglesia todos los años una cantidad enorme de dinero, una limosna a la Iglesia, pero la realidad es que estaba pagando los títulos de deuda. Con este as en la mano, el Estado español podía dejar de pagar su parte de ingresos a un obispo concreto en una situación determinada, cuando el obispo era rebelde al Estado. Los unionistas no dejaban tan libre a la Iglesia como publicaban en sus declaraciones.

Y el en Convenio de 1859 quedaron todavía muchos asuntos por resolver:

Un asunto peliagudo eran las capellanías de sangre, aquellos beneficios dejados por el donante para un miembro descendiente de su familia. El problema radicaba en que un punto del Concordato de 1851 decía que lo no acordado en el Concordato quedaba bajo disciplina de la Iglesia, y otra parte del Concordato decía que quedaban salvas e ilesas las prerrogativas de la Corona de España y se reconocía la validez de todas las leyes, decretos y órdenes emitidas por la Corona de España, que era el caso de las capellanías de sangre, pues todas ellas debían preceptivamente haber sido autorizadas por el Rey. El asunto no se resolvió hasta el Convenio de Madrid de 16 de junio de 1867 y Ley 24 de junio de 1867. Por estas leyes, los interesados liberarían sus capellanías entregando al obispo títulos de deuda consolidada al 3% por el valor estimado de la capellanía, es decir, recompraban al obispo el bien antes entregado a la Iglesia en capellanía. Para ello, en cada diócesis se formaría un “fondo de capellanías” para bienes no redimidos y no redimibles, y se dilucidaría quién tenía derecho a redimir una capellanía, asunto complejo cuando el bien se había entregado siglos antes a la Iglesia y las familias se habían complicado con matrimonios diversos. Algunas veces se determinó, que los beneficios de una capellanía se disfrutaban por turnos, una ocasión una familia, y en la siguiente ocasión la otra.

 

 

POLÍTICA IMPERIALISTA DE UNIÓN LIBERAL.

 

El 10 de marzo de 1859, Olózaga reclamó en las Cortes que el Gobierno cumpliese la legalidad de dar cuenta a las Cortes de las guerras que emprendía. El Gobierno le contestó que era una cosa que se había encontrado ya pactada por el Gobierno anterior y que no le había parecido prudente informar sobre cuestiones militares que debían ser lo más discretas posible. Se estaba hablando de la Guerra de la Cochinchina, o Guerra de Annam, citada más arriba y que había tenido lugar en 1858.

Recordemos que en 1858 se había iniciado, junto con Francia, una expedición a la Cochinchina (Annam, Indochina o Vietnam posteriores) con el pretexto de que los indígenas habían hecho una matanza de misioneros. Las tierras de Annam, en la Cochinchina, estaban siendo misionadas por frailes españoles desde hacía tiempo y los asiáticos habían matado un obispo y varios misioneros antes de 1850, lo que fue tomado como pretexto para mandar soldados españoles y franceses a la zona. La guerra se inició haciendo el Gobierno español un acuerdo con Francia sin conocimiento de las Cortes. Mandaba las tropas españolas el coronel Palanca, pero el mando de la expedición se le confió a Francia. El asunto evolucionará a nada en 1862 y la Cochinchina se abandonará en 1863, dejando allí solos a los franceses, que permanecerían un siglo más, hasta su derrota en Dien Bien Fu en 1956.

El caso es que el Gobierno español, por algún motivo difícil de entender para nosotros, tal vez por prestigio internacional, tal vez por prestigio para consumo interno, decidió hacer intervenciones en el extranjero. Lo estaban haciendo Francia y Gran Bretaña, y algunos españoles, como Cánovas, creyeron que interviniendo se entraba en el grupo de los dirigentes mundiales. La pérdida de contacto con la realidad española era muy grande y el Gobierno se llegó a indignar por el hecho de que Prim les dijese en 1860 que la aventura de México era una equivocación. España se creía una de las grandes potencias, como en siglos pasados, o así lo quería presentar.

 

 

LA GUERRA DE ÁFRICA.

 

En 1 de octubre de 1859 se inició un proyecto de conquista de Marruecos que fue llamado Guerra de África, y que fue abandonado en 1860. Desde 1834, Francia había intentado estar presente en las costas africanas sin que España pensase que era definitivo, sino sólo castigo a los piratas, pero era definitivo. Ese era uno de los motivos que aconsejaban a España dominar el norte de África.

El otro motivo era que los conflictos con África eran constantes, sobre todo desde el momento en que los moros sabían que España era débil y no podía reaccionar ante sus ataques: Martínez de la Rosa creía en la necesidad de un ataque a los piratas berberiscos al tiempo que España debía abandonar las plazas africanas más conflictivas. En 1843, el Bajá de Tánger había ampliado sus territorios a costa de Ceuta, ciudad española. En 1844 lanzó otro ataque rifeño contra Ceuta.

En 1844, España empezó a pensar en la urgencia de una intervención en África, es decir, norte de Marruecos y de Argelia. O`Donnell lanzó un ultimatum al sultán Muley Sulimán, contestado éste negativamente, y España fue apoyada por Francia, mediando Gran Bretaña en el problema y logrando que se devolvieran a España los territorios de Ceuta y Melilla ocupados por Marruecos. Los terrenos ocupados fueron devueltos sólo sobre el papel. Francia atacó realmente, y España no hizo más que secundarla. Reclamó de nuevo el Gobierno español en 1848, y se le contestó desde Marruecos que la ocupación de Chafarinas hecha por España en 1847 era ilegal. España creó una Capitanía en las posesiones españolas del Mediterráneo. Pero el problema general seguía siendo el mismo: los políticos españoles pensaban a veces que había que dar más autoridad a los militares españoles para poder reaccionar ante los ataques, y Miraflores les contestó que, para poder intervenir en África, debían contar con el beneplácito de Gran Bretaña y Francia.

El problema de fondo era el modo de vida de las cábilas del norte de Marruecos, un modo de vida primitivo, de ataque continuo a los demás para arrebatarles la comida, los niños y las armas. Cada cábila era un ente independiente que no obedecía a nadie, ni al sultán de Marruecos, o de Fez si se prefiere. Las cábilas eran como las tribus prerromanas que encontraron los romanos, que vivían atacándose unos a otros, y no reconocían autoridad alguna sobre ellos. Los romanos impusieron la pax romana en Europa, pero ello no había tenido lugar en el Magreb. Era un sistema de vida completamente diferente, extraño a los europeos, de saqueo continuo a los vecinos e incluso a ciudades y tribus alejadas, cuando tenían noticias de que en ellas abundaba la comida y las riquezas. En ello, no tenían nada que ver ni el sultán de Fez ni ninguna otra autoridad, si bien algunos sultanes aprovechaban el espíritu belicoso de las cábilas para lanzarlas contra objetivos determinados, lo cual servía también para evitar que atacaran a las ciudades dominadas por el sultán.

El 25 de agosto de 1859 se firmó el Convenio de Tetuán entre España y el Sultán de Fez. El Sultán de Fez aseguraba a España que las posesiones españolas no serían atacadas y que los cárabos musulmanes permitirían la libre navegación de barcos españoles por el Estrecho de Gibraltar. Como hemos comentado antes, era difícil prometer que las cábilas no actuasen, pero los españoles creían que el sultán, líder espiritual del Islam, podría imponerlo. España casi nunca entendió el problema marroquí.

La ruptura definitiva entre España y Marruecos tuvo lugar en 25 de agosto de 1859, cuando se estaba firmando el Convenio de Tetuán, en el que Marruecos aceptaba las tesis españolas. España podría castigar a las cábilas pero no haría anexiones territoriales. Francia dio su visto bueno al convenio de Tetuán, pero Gran Bretaña se opuso porque temía perder Gibraltar. España dio garantías a Gran Bretaña sobre Gibraltar y Gran Bretaña dio su placet.

Al mismo tiempo que firmaban España y Marruecos, la cábila de Anghera decidió atacar Ceuta y destruir las fortificaciones que España estaba levantando y que impedirían en adelante que las cábilas entraran en la ciudad. Las cábilas creían que entrar y cobrar o llevarse alimentos, era un “derecho” suyo inmemorial.

En 5 de septiembre de 1859, España pidió explicaciones a Marruecos. La oposición progresista acusaba al Gobierno de lentitud en emprender operaciones de castigo contra Marruecos. Muley Sulimán murió el 9 de septiembre y se proclamó sultán Sied Mohammed.

 

El 1 de octubre de 1859, el Gobierno de España pidió autorización a las Cortes para enviar 100.000 hombres a África, ampliables a 160.000 si era necesario con sólo comunicar el hecho el Gobierno a las Cortes, y las discusiones versaron en si debía hacerse por contribución directa o por empréstitos, nadie dudó si debía hacerse o no. Los congresistas veían como inminente la Guerra de África y el 3 de noviembre aprobaron la solicitud del Gobierno.

Los periódicos españoles estaban entusiasmados por la guerra. Incluso la oposición, antes de ser declarada la guerra por el Gobierno, pedía la guerra de África. Los progresistas y los demócratas españoles  estaban en la postura de que era necesaria. Precisamente eran lo moderados los más temerosos de una nueva derrota española.

Enseguida surgieron los primeros problemas en España: la financiación y la recluta de hombres. El Gobierno solicitó el 21 de octubre impuestos para pagar la guerra, que se aprobaron junto a la aceptación del reclutamiento. Se añadieron a los impuestos para 1860. La oposición, en este caso, protestó. Unos querían una contribución extraordinaria que gravase a todos los españoles, y otros querían que el Gobierno contratase un empréstito. El Gobierno optó por impuestos extraordinarios, y también elevó la cuota de redención del servicio militar, desde los 6.000 a los 8.000 reales, al tiempo que emitía una Ley de Reemplazos extraordinaria. Como se trataba de movilización efectiva para la guerra, hubo muchos interesados en eximirse, y pagaron sus 8.000 reales, con lo que el Gobierno obtuvo algunos fondos. También hubo enganches de voluntarios, donativos y suscripciones, lo que era muestra de entusiasmo popular en esa guerra.

El 22 de octubre de 1859, O`Donnell, que no entendía nada del problema de Marruecos, confirmó a las Cortes la ruptura con el Gobierno de Marruecos, y las Cortes españolas aprobaron la declaración de guerra. O`Donnell había preparado este ambiente en las Cortes comunicando periódicamente las posibilidades de guerra en Marruecos. Lo que no había dicho a las Cortes era que la guerra ya había empezado cuando estaba pidiendo permiso para iniciarla eventualmente.

El 22 de octubre de 1859, O`Donnell fue aplaudido en el Congreso por los unionistas y progresistas y vitoreado posteriormente en la calle por los madrileños, gentes que sabían que ellos no iban a ir a la guerra y que tampoco sabían nada de lo que en verdad era el problema en Marruecos. Los diputados entraron alegre e irracionalmente en una guerra que desconocían. Muy pocos reaccionaron con inteligencia. Era el caso de González Bravo, el cual, aunque votó que sí, pidió que el Gobierno dijese las causas de la guerra, las negociaciones habidas, los recursos disponibles, la previsión de eventualidades, las condiciones que se exigirían para hacer la paz… Un entusiasmo irracional de todos los partidos sustituyó al pensamiento racional.

España recibió el apoyo moral de Portugal, Francia, Prusia, Austria y Rusia, pero Gran Bretaña exigió que la intervención española no fuera ocupación definitiva de Tánger, sino solamente se prolongase el tiempo suficiente para firmar un tratado de paz y se cobrasen las indemnizaciones de guerra pertinentes. El sultán se sintió apoyado por Gran Bretaña y se negó a entablar ninguna negociación con España, y ésta declaró la guerra a Marruecos el 22 de octubre de 1859 en medio del entusiasmo político de casi todos los partidos políticos españoles. Las Cortes autorizaron al Gobierno a enviar sus hombres a Marruecos en 3 de noviembre de 1859. En diciembre, el ministro de la Guerra español, José Mac Crohón, autorizó la formación de batallones de voluntarios en diversas regiones españolas, pagando 200 reales por enganche, 90 mensuales y dos pagas al terminar la contienda. Como había crisis económica se apuntaban muchos, en Cataluña por ejemplo se apuntaron unos 400 Voluntarios Catalanes.

España reforzó la guarnición de Ceuta y decidió concentrar en Algeciras un “Cuerpo de Observación” y una flota que debía transportar esos hombres hasta Ceuta. También ordenó al cónsul general de Tánger que pidiese al sultán de Fez pago de reparaciones por lo ocurrido a los españoles de Ceuta por los ataques de 1859. El cónsul español era Juan Blanco del Valle y efectivamente presentó esa reclamación y anunció al sultán la presencia de tropas españolas en el norte de África con el objetivo de proteger las obras de fortificación de Ceuta. El cónsul exigió también que los asaltantes de Ceuta fueran capturados y castigados por autoridades marroquíes y lo hicieran en Ceuta. De lo contrario, el ejército español “se vería obligado a entrar en Marruecos y capturar por sí mismo a los guerreros de las cábilas rebeldes. Es decir, aquello era decirle al Sultán de Fez que, o hacía él la guerra a las cábilas, o la haría España.

El Ministro marroquí de Negocios Extranjeros, ante la petición de Juan Blanco, pidió algún tiempo, pues no se puede preparar una guerra de hoy para mañana. Juan Blanco le concedió hasta el 15 de octubre de 1859. O sea, España no quería que Marruecos interviniese, sino intervenir ella directamente. El Ministro marroquí se quejó de que el Gobernador de Ceuta estaba empeorando las cosas cada día, pues hacía alardes de tropas y de banderas ante la población marroquí cercana y amenazaba continuamente a los moros y les insultaba. Teniendo en cuenta que se trataba de gentes ignorantes, el Gobernador de Ceuta estaba incitando a los moros a atacar para tener motivo para masacrarles. Y ello no tenía sentido alguno, pues eran unos pocos los que habían colaborado con las cábilas asaltantes de Ceuta, y estaba provocando a la totalidad de la población mora con ánimo de exterminio.

El Ministro de Estado de España, Saturnino Calderón Collantes, contactó con las cancillerías europeas, Francia, Gran Bretaña y otras, y consultó la posibilidad de que España interviniese en Marruecos a fin de exigir satisfacciones por el ataque hecho sobre Ceuta, prometiendo que nunca haría ampliaciones territoriales a favor de España. Portugal y Piamonte apoyaron a España. Austria dijo que simpatizaba con los españoles, pero que la guerra no era la solución oportuna y no la aceptaría, salvo si la aceptaban Francia y Gran Bretaña. Rusia y Francia aceptaron la intervención de España en Marruecos. Y Gran Bretaña exigió que España no ocupase Tánger, pues esa ocupación amenazaba al puerto de Gibraltar, cuyo negocio podía ser trasladado a Tánger, y se ofreció como mediador entre España y Marruecos a fin de que Marruecos tuviera tiempo para cumplir sus compromisos de ataque a las cábilas.

O`Donnell cedió a las peticiones británicas y aseguró que España se retiraría de Tánger si en el transcurso de la guerra se veía precisada de ocupar la ciudad. O`Donnell expuso a Gran Bretaña que el asunto del norte de África era de interés para toda Europa. Creyó España que con ese argumento se ganaría el apoyo de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña siguió considerando el tema de Marruecos como un asunto marginal a Europa. Entonces, Marruecos se sintió protegido por Gran Bretaña, la única potencia europea que paraba a España, y decidió parar las pretensiones españolas sobre Marruecos.

La campaña de prensa hecha en España acerca de “las ofensas marroquíes” acabó “cazando al Gobierno español en su  propia red”. Surgieron españoles exaltados, y muy poco informados, que pedían venganza contra Marruecos. Y el Gobierno español se encontró que ya no podía dar marcha atrás. El 22 de octubre de 1859 declaró la guerra. Además, lo hizo huyendo hacia adelante, pues O`Donnell declaró que España tenía el apoyo de toda Europa, menos de la hostil Inglaterra. Es decir, se ponía en su contra a Gran Bretaña sin motivo.

La guerra fue corta porque O`Donnell tenía poco ejército y poca Marina de guerra: se fortificó Ceuta, se hizo una marcha desde Ceuta a Río Martín y se luchó en Castillejos del 1 al 15 de enero de 1860, se reorganizó en la segunda quincena de enero el ejército español para una empresa más amplia que el simple castigo a una cábila, y en febrero de 1860 se atacó Tetuán, se tomó al asalto y se saqueó la ciudad obteniendo los españoles un gran botín de los hermanos del Sultán de Fez, que se habían desplazado a Tetuán. Los vencidos en Tetuán pidieron capitulación a O`Donnell y éste puso como condiciones la ampliación del territorio del entorno de Ceuta dominado por Ceuta, y la cesión del territorio de Santa Cruz de Mar Pequeña, al sur de Marruecos. El cónsul británico en Tánger opinó que el Sultán de Fez no debía aceptar este chantaje, y no hubo acuerdo.

Tras la toma de Tetuán, la prensa española pidió al Gobierno la toma de Tánger. Los políticos españoles comprendían que no podrían ir sobre Tánger sin antes acordarlo con Gran Bretaña y con Francia. O`Donnell y Calderón Collantes opinaban que ir contra las potencias europeas llevaría al desastre. La oposición les contestó que la toma de Tetuán sólo generaba gastos, mientras la toma de Tánger daría ingresos mediante el control del comercio.

Entonces O`Donnell se lanzó a una ofensiva completa sobre Marruecos y el 23 de marzo de 1860 venció en Wad-Ras. Desde allí, se dirigió a Tánger, al tiempo que la Marina española bombardeaba Larache y Arcila. El sultán se sintió intimidado y envió la Príncipe Muley el Abbás a firmar la paz con España, el cual firmó en 25 de marzo de 1860 unos Preliminares de Paz, por los que Marruecos entregaba algún terreno en Ceuta, los territorios que creía que eran Santa Cruz de Mar Pequeña, 20 millones de duros y un Tratado de Comercio que reconocía a España el trato de nación más favorecida en sus relaciones comerciales con Marruecos. Además, España podía retener en prenda la ciudad de Tetuán y el territorio del Bajá de esta ciudad.

España envió 40.000 hombres en tres cuerpos de ejército mandados por Echagüe, Zabala y Ros de Olano, quedando en reserva otro mandado por Juan Prim. Se hizo un ataque a Tetuán, y el 1 de enero de 1860 tuvo lugar la victoria de Castillejos, inicio de la fama de Juan Prim. El ejército marroquí estaba mandado por Muley el Abbás, hermano del sultán Sied Mohammed. Los combates empezaron en enero de 1860 en medio de una epidemia de cólera, llegando los españoles cerca de Tetuán en 4 de febrero y entrando en la ciudad el 5. Prim fue nombrado marqués de Castillejos por sus acciones ante Tetuán. Muley el Abbás se retiró a Wad Ras, protegiendo el camino a Tánger y pidió la paz. Pero sólo era una treta para ganar tiempo y los días pasaban sin respuesta marroquí. España atacó entonces Larache y Arcila por mar y Wad Ras por tierra (23 de marzo 1860), decidiéndose Muley a firmar la paz el 26 de abril. Marruecos, por el Tratado de Tetuán de 26 de abril de 1860, “Paz Chica”, cedía un tramo de la costa, Ifni (identificado como la antigua Santa Cruz de Mar Pequeña, que no se sabía exactamente donde estaba), ampliaba los territorios españoles en Ceuta y concedía una indemnización de 400 millones de reales. En España se sufrió una decepción por no obtener Tetuán, la ciudad comercial que interesaba. Los progresistas pedían que se ocupara Tánger, así como las plazas importantes del norte de Marruecos. Marruecos dilató el pago de indemnizaciones hasta 1888.

La guerra de Marruecos fue muy popular en España, pues fue contada por los periodistas con rasgos épicos, rememorando la grandeza antigua de España, pero no era más que una insensatez sin sentido alguno. La oposición progresista, formada por ricos burgueses igual que el partido moderado, se sintió unida a O`Donnell y volvió a surgir ese espíritu de unión que ya se había visto en 1856. Prim y O`Donnell fueron aclamados por la multitud y agasajados por la reina. Prim fue agasajado posteriormente por Napoleón III en Francia. Los militares progresistas se sentían entusiasmados con la guerra, pues esperaban muchos beneficios personales de ella.

La guerra de Marruecos fue motivo de exaltación del integrismo católico español: El integrismo católico apoyó la Guerra de África como una cruzada contra “la media luna”, y a O´Donnell como el paladín del catolicismo.

La guerra de Marruecos de 1859 fue una mala experiencia para el Gobierno español, pues el Gobierno experimentó que los periódicos, las Cortes y la gente de la calle se solidarizaba con el Gobierno en periodo de guerra, lo que le animó a entrar en nuevos conflictos bélicos, algunas veces sin más sentido que buscar de nuevo la solidaridad de los españoles.

La Guerra de Marruecos fue un desastre económico apara España. España tuvo 10.000 muertos y 200 millones de reales en gastos. Los “nacionalistas españoles”, atontados por la propaganda hecha en aquellos días, creyeron que se iba a conquistar medio Marruecos, y se encontraron que España ganaba unos metros en Ceuta y en Melilla. Denominaron a la paz con Marruecos “Paz Chica”, porque no se ganaban territorios, no se tomaba Tánger ni España ganaba Tetuán. Pero la realidad era que España no tenía el apoyo de Gran Bretaña, ni tampoco el de Francia si se decidía a ampliar territorios, y para evitar entrar en guerra con estas potencias en Marruecos, no podía hacer mucho más. España tampoco tenía recursos para ocupar Marruecos por sí misma. O`Donnell calculaba que una operación como la ocupación efectiva de Marruecos, le costaría a España unos 20 ò 25 años a razón de 1.000 millones de reales al año, y una aportación de 4.000 soldados al año para reponer bajas.

 

 

La paz con Marruecos.

 

El Gobierno español nombró plenipotenciarios al Teniente General Luis García, Jefe de Estado Mayor Expedicionario, y a Tomás de Lignes y Bardají, diplomático español, para visitar al Ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Mohamed el Jatib y al Jefe del Ejército de Tánger, Hadeb Ajinad, y ellos firmaron el tratado de paz definitivo, Tratado de Tetuán de 26 de abril de 1860, o Paz Chica como fue llamada en España, que sustituía a los Preliminares de 23 de marzo: Marruecos cedía a España territorio del entorno de Ceuta; se establecía una zona neutral entre el territorio español de Ceuta y el territorio de Marruecos; se ratificaba el convenio de 24 de agosto de 1859 por el que Marruecos cedía territorio en el entorno de Melilla de una extensión del tiro de un cañón de 24 libras, y se ponía también un territorio neutral en torno a este territorio español; se organizaban contingentes marroquíes, mandados por un caíd, encargados de evitar en adelante los ataques de las cábilas; se concedía a España a perpetuidad el territorio de Santa Cruz de Mar Pequeña y las costas correspondientes en el Atlántico, a fin de que España pudiese instalar un establecimiento pesquero, y se acordó que Santa Cruz de Mar Pequeña, que nadie sabía qué era, fuese un territorio al sur de Agadir; se fijó la indemnización a pagar por Marruecos a España en 400 millones de reales, los cuales se pagarían en cuatro plazos, y en tanto no estuvieran pagados, España ocuparía en prenda Tetuán, donde podría levantar una iglesia católica (aunque no poner campanas), y podría establecer una casa de misioneros en Fez; el representante de España en Marruecos podría residir donde el Gobierno de España considerase conveniente; y en el futuro, se firmaría un Tratado de Comercio en el que España sería reconocida como nación más favorecida. Ese Tratado de Comercio se firmó efectivamente el 20 de noviembre de 1861.

La Reina resaltó que no había hecho falta recurrir a los 60.000 soldados adicionales previstos en octubre de 1859 y además anunció que las ventajas del Tratado de Tetuán compensarían con creces los gastos de la guerra.

Y el 4 de junio de 1860, el Gobierno informó a las Cortes sobre las causas de la Guerra de Marruecos y sobre los tratados de paz, cuando ya había pasado todo. Las Cortes permanecieron en la irracionalidad y aprobaron todo lo que se les propuso.

 

 

Gobierno Calderón Collantes[5] – O`Donnell,

          7 noviembre 1859 – 30 abril 1860

 

Presidente del Consejo de Ministros, Saturnino Calderón Collantes, interino.

Estado, Saturnino Calderón Collantes.

Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete.

Guerra, José MacCrohon Blake, interino (el titular era Leopoldo O`Donnell).

Ultramar, Augusto Ulloa. (Ultramar no existió como Ministerio independiente hasta 20 de mayop de 1863).

Marina, José MacCrohon Blake como interino (el titular, Leopoldo O`Donnell, estaba en la guerra).

Hacienda, Pedro Salaverría Charitu.

Gobernación, José Posada Herrera.

Fomento, Rafael de Bustos y Castilla, marqués de Corvera.

Era un Gobierno de continuación del de O`Donnell de junio 1858, con cambios en Presidencia y en Guerra. Era un “Gobierno interino, mientras O`Donnell se ocupaba de la Guerra de África.

 

Calderón Collantes gobernó con la guerra declarada a Marruecos y hasta que los marroquíes fueron vencidos. Sustituía a O`Donnell, que prefería dirigir la guerra en Marruecos a estar en Madrid.

Aparte de los sucesos de Marruecos ya relatados, lo único reseñable fue una sublevación carlista en San Carlos de la Rápita:

En 1 de abril de 1860, el general Jaime Ortega, Capitán General de Baleares, con las tropas de Baleares, desembarcó en San Carlos de la Rápita intentando una sublevación carlista y allí contactó con Carlos Luis de Borbón Braganza, conde de Montemolín, llamado Carlos VI, y con su hermano Fernando de Borbón y Braganza, con el general Elío y otros, que se presentaron en el lugar. Aprovechaban la circunstancia de que el ejército español estaba en la Guerra de África. Carlos VI y su hermano Fernando habían alquilado dos barcos ingleses, el City of Norwich y el Huveaune, y habían embarcado en ellos en Marsella, yendo a Palma de Mallorca, donde cargaron a Ortega y 4.000 hombres que no sabían a dónde iban ni por qué. El 1 de abril desembarcaron en San Carlos de la Rápita dirigiéndose a Amposta, donde durmieron el 2 de abril. Cuando los soldados se enteraron de que estaban protagonizando una rebelión carlista, desertaron en masa, y los sublevados, Jaime Ortega, Carlos VI Montemolín, Fernando el hermano de Montemolín y el general Elío, fueron fácilmente detenidos.  Carlos y Fernando fueron apresados en Tortosa por la Guardia Civil y firmaron ambos, en 23 de abril, la renuncia al trono de España. Ortega fue fusilado el 18 de abril. Las presiones de Austria y Rusia aconsejaron liberar a Montemolín y a su hermano en la frontera tras firmar ambos su renuncia al trono español el 23 de abril. Carlos y Fernando fueron desterrados.

Era un asunto complicado, porque Jaime Ortega había sido amigo personal de Prim, general progresista que estaba luchando en África y era muy popular. El 1 de mayo de 1860, el Gobierno O`Donnell propuso la amnistía para los delitos políticos anteriores a 19 de octubre de 1856, lo cual incluía a los Borbones, aunque no exclusivamente a ellos.

Se considera que el golpe de San Carlos de la Rápita estaba promovido por la Condesa de Montijo y su yerno Napoleón III. Se decía que el Ministro de Justicia, Santiago Fernández Negrete, y Don Francisco de Asís, sabían de los planes para entronizar a Carlos VI. Incluso era posible que Isabel II supiera algo del tema.

 

El carlismo entró en crisis tras la renuncia al trono de Carlos Luis y de Fernando. Juan de Borbón Braganza, el segundo hermano de los tres (Carlos Luis era el mayor y Fernando el pequeño), reclamó sus derechos al trono el 2 de julio de 1860 y lo hacía renunciando a la lucha armada y al absolutismo. Juan de Borbón Braganza, había nacido en 1822, se llamaba Juan III en el carlismo y vivía en Londres. Pero Juan era liberal y amigo de Isabel II y rechazaba a los carlistas, lo cual era un inconveniente para los que se decían legitimistas, que eran absolutistas.

El carlismo estaba decepcionado, y el 15 de julio, Carlos y Fernando se retractaron de sus abdicaciones. El periódico La Esperanza llamaba “bobo” a Juan de Borbón. No hubo guerra entre hermanos porque Carlos VI y su hermano Fernando murieron en enero de 1861. Como además, éstos murieron sin descendencia, el carlismo se hallaba sin salidas políticas legitimistas. El carlismo elaboró una teoría nueva, la de la “legitimidad de ejercicio”, por la cual Juan III era ilegítimo porque no representaba los intereses del carlismo.

Los hijos de Juan III, Carlos y Alfonso, habían sido educados por su madre María Beatriz de Austria Este, lejos de su padre, y no estaban “contagiados” de liberalismo. La princesa de Beira pidió a Juan III que renunciase al trono, pero éste respondió reconociendo a Isabel II como legítima reina de España, lo cual dejaba a los carlistas completamente desarmados. La revuelta carlista no volvería a España hasta 1864.

La Princesa de Beira se convirtió en oposición a Juan de Borbón y en 1864 publicó una “Carta a los Españoles”, escrita en realidad por el obispo Caixal y por Pedro de la Hoz, proponiendo como líder del carlismo a Carlos de Borbón y Austria de Este, Carlos VII, hijo de Juan de Borbón y nacido en 1848. Con ello, el carlismo se reactivaba.

El partido carlista de Carlos VII se llamaba Comunión Católico Monárquica, e integraba a viejos carlistas absolutistas, a integristas católicos allegados al carlismo recientemente y a monárquicos que estaban en contra de la república de 1873. En 1872 iniciaron de nuevo la guerra, que mantuvieron hasta 1876.

Este neocarlismo de Carlos VII era más “neocatólico” que absolutista, es decir, integrista católico. Se oponía al régimen representativo democrático; exigía unidad de poder según las Leyes Fundamentales de España, es decir, las Leyes Antiguas; creía en el absolutismo como un derecho divino; ofrecía como solución de acuerdo y compromiso una constitución “autoritaria católica”; reivindicaba el foralismo o estatus político diferente  para Navarra y País Vasco.

Los carlistas destacados de final del siglo XIX fueron Aparisi, Vildózola, Llauder, Tejado y el canónigo Manterola. En sus escritos, siempre rechazan el sistema liberal democrático, los partidos, la existencia de una oposición política, la libertad de expresión… y defienden una monarquía popular, personalista y templada.

 

 

[1] Saturnino Calderón Collantes, 1799-1864, había sido exaltado en 1820 e inició su brillante carrera política a partir de 1833. Fue Ministro de Gobernación para Evaristo Pérez de Castro en noviembre 1839-abril de 1840, de Comercio, Instrucción Pública y Obras públicas para Narváez en noviembre de 1850-enero de 1851, y destacaría como Ministro de Estado para O`Donnell en noviembre de 1859-enero de 1863. En esta época era el sustituto interino de los ministros, y sustituyó a O`Donnell en la Presidencia del Gobierno en julio de 1859-abril de 1860 y a Posada Herrera en agosto 1861-septiembre de 1861. Su carrera política terminó cuando apoyó la polémica intervención de Juan Prim en México. Murió en 1864.

[2] Antonio Aparisi Guijarro, 1815-1872,  había estudiado Derecho en Valencia, su tierra, y se había licenciado en Madrid. Fue líder integrista del Partido Tradicionalista, de signo carlista y católico. En 1843 fundó la revista La Restauración y en 1855 el periódico El Pensamiento, que dedicaba a defender el catolicismo cerrado. Se declaró enemigo del liberalismo, de la democracia y del krausismo, y admirador de Jaime Balmes y de Donoso Cortés.

[3] Agustín Esteban Collantes 1815-1876, un hombre que había estado contra Espartero en 1843 y con Narváez desde la constitución de 1845 y había sido ministro de Fomento para Lersundi y de Marina para conde de San Luis, exiliándose a Francia en 1854 acusado de malversación de fondos. Regresó a España en 1856 y se vio beneficiado por la amnistía de 1860. En 1868 fundaría El Eco de España para defender la causa de los Borbones, y en 1875 se puso al servicio de Alfonso XII.

 

[4] Elena Naharro Quirós, La legislación de minas y la regulación de sociedades en la segunda mitad del siglo XIX. La Ley de Sociedades Especiales Mineras de 6 de julio de 1859.

[5] Saturnino Calderón Collantes nació en Reinosa en 1799. Fue elegido diputado en 1820 y represaliado en 1823 como todos los liberales. Regresó a España en 1833 y fue ministro de Espartero. No pudo superar el carácter dictatorial de Espartero y se pasó al bando moderado, siendo ministro de Narváez. Luego se hizo de Unión Liberal y colaboró con O`Donnell. Murió en París en 1864.

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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