LA LEY MOYANO DE 1857.

Ley General de Instrucción Pública.

 

La regulación más efectiva y duradera de la enseñanza española tuvo lugar en 9 de septiembre de 1857 con la Ley de Instrucción Pública, conocida como ley Claudio Moyano[1]. El 17 de julio de 1857 se promulgó una Ley de Bases autorizando al Gobierno a promulgar una ley de instrucción pública. Estaban en la Junta que debía preparar la ley: José de la Revilla Gironza[2], supernumerario de la Real Academia Española de la Lengua; Antonio Gil y Zárate[3], Subsecretario del Ministerio de Gobernación; José Posada Herrera[4], hombre de confianza del partido moderado; y otros. Antonio Gil y Zárate ya había estado en la redacción del Plan de Estudios de 1845.

En 9 de septiembre de 1857 se promulgó la “Ley General de Instrucción Pública”, o Ley Moyano, presentada por Claudio Moyano entonces ministro de Fomento.

La ley Moyano estaba basada en la del Duque de Rivas de 4 de agosto de 1836 y en el proyecto de Ley de Instrucción Pública de 9 de diciembre de 1855 de Manuel Alonso.

Lo más extraordinario fue que esta ley estuvo en parte vigente hasta 1970, Ley General de Educación, con muy pocas reformas, aunque haya que citar por medio la Ley de Libertad de Enseñanza de 1868, el Plan Ruiz Zorrilla de 1869, la Ley de Equiparación de Maestros y Maestras de 1883 y la Ley de Educación Primaria de 1945.

Esta ley escolarizó a muchos niños, creó un cuerpo de catedráticos de escalafón único e introdujo asignaturas de ciencias y técnicas restando la mitad del tiempo a las de latín y griego que ocupaban la mayor parte del tiempo en las enseñanzas medias o de segundo grado anteriores a la ley. En cuanto al libro de texto, era obligatorio para el alumno y lo elegía el profesor de entre una lista autorizada por el Gobierno, excepto en religión y lengua, en donde había un texto obligatorio.

Era una ley de bases, que no detallaba demasiado el sistema educativo, dejando a los gobernantes hacerlo por decreto, por lo que hubo muchas variantes y cambios.

Los eclesiásticos tendrían derecho a inspección sobre la enseñanza, de acuerdo con el Concordato de 1851, pero no obtuvieron otros derechos que reclamaban como el derecho a nombrar profesores y el de aprobar los libros de texto. Los obispos podían inspeccionar todos los niveles de la enseñanza, y los párrocos la primera enseñanza, para velar por la pureza de la doctrina católica, la fe, las costumbres y la educación religiosa.

La Ley Moyano de 1857, Ley General de Instrucción Pública, encomendaba la financiación de la enseñanza primaria a los ayuntamientos en que estuviesen enclavadas las escuelas, la secundaria a las Diputaciones Provinciales, y la superior al Estado.

La enseñanza, igual que la de 1836, se dividía en tres grados: primaria, secundaria y superior.

 

 

La enseñanza primaria en la Ley de 1857.

 

La enseñanza primaria se hizo obligatoria hasta los 12 años de edad, pero no gratuita. Era gratuita si la pagaban los municipios o la iniciativa privada. Era obligatoria, al menos, una escuela por pueblo, y más si había muchos habitantes. Eran los ayuntamientos los que debían sufragar los gastos de escuela y maestro, y como muchos ayuntamientos no tenían local propio, se recurrió a locales sustitutos, muchas veces el atrio de la iglesia, casi al aire libre. De esta manera, la escuela primaria quedó sin control estatal y de hecho se atribuyó a los párrocos en municipios de población inferior a los 500 habitantes.

Podía haber escuelas privadas aparte de las municipales y provinciales. Cabía también estudiar con preceptores particulares.

Las escuelas existentes eran unas 16.000, que son muy pocas si tenemos en cuenta que en España había unos 16.000 municipios y que cada pueblo debería tener al menos dos escuelas, una de niñas y otra de niños, amén de ciudades grandes que necesitaban 10 ó 20 escuelas como mínimo.

La primera enseñanza se cursaba desde los 6 a los 9 años de edad, edades en que la escolarización era obligatoria.

 

Las escuelas de primera enseñanza de 1857 eran de cuatro tipos: superiores, completas, incompletas y temporales:

En la primera enseñanza superior se impartía: doctrina cristiana e historia sagrada; lectura; escritura; gramática; aritmética; agricultura, industria y comercio; geometría, dibujo y agrimensura; física e historia natural. Era obligatoria en las capitales de provincia (había 263 escuelas de enseñanza primaria superior en 1870). Era obligatoria al menos una escuela de enseñanza superior en cada capital de provincia.

Los pueblos de más de 500 habitantes debían tener dos escuelas elementales completas, una de niñas y otra de niños (había 12.202 escuelas completas en 1870).  En la primera enseñanza elemental completa se impartían las enseñanzas de la elemental superior citadas, menos las dos asignaturas de “geometría, dibujo y agrimensura” y “física e historia natural”.

Los pueblos de menos de 500 habitantes podían agruparse para tener escuelas completas, u optar por tener escuelas incompletas o temporales.

La escuela incompleta era la que era llevada, a falta de maestro, por un voluntario del pueblo, que sólo enseñaba a leer, escribir y doctrina cristiana. Había 8.247 escuelas incompletas en 1870, lo cual significaba el 45% de los casos.

La escuela temporal era la que sólo funcionaba durante determinados periodos del año (había 294 en 1870).

Se insistía en la obligación de un texto a fin de que los maestros no se pasaran las clases hablando de temas de política, toros o cantaores, y de que el inspector pudiera comprobar fehacientemente que se trabajaba. El texto lo escogía el gobernador civil de la provincia, un cura y tres padres de familia, en comisión educativa.

 

Los valores que se perseguían en los alumnos eran el desarrollo de la paciencia, sobriedad, docilidad y valor para defender la patria.

Los resultados obtenidos no debían ajustarse mucho a lo esperado por los Gobiernos conservadores, pues de los pueblos con más maestros salían chicos más liberales progresistas.

Los padres de clases humildes no ponían demasiado interés en que sus hijos asistieran a la escuela, pues se consideraba que estudiar no era propio de los pobres y no servía para nada en la vida, además de ser caro y perder el tiempo que se podía aprovechar trabajando. Si hablamos de las niñas, entonces el concepto de que no iban a necesitar la enseñanza para nada era casi unánime.

Los grandes pueblos tenían pocas escuelas proporcionalmente a su población, los pueblos muy pequeños no tenían escuela y las ciudades sólo tenían escuelas en los barrios de familias de poder adquisitivo medio (los ricos tenían privadas y los pobres no creían necesitar escuela). El resultado fue que hacía 1870-1880, la mitad de los niños españoles estaban sin escolarizar.

 

Lo novedoso de la Ley Moyano en la primera enseñanza era:

Las exigencias nuevas de que los niños estudiasen, además de las asignaturas del plan duque de Rivas de 1836, el sistema métrico decimal y nociones de agricultura, industria y comercio, y las niñas incorporasen higiene doméstica y dibujo de labores del hogar.

Los profesores serían pagados por entes públicos, lo cual les convertía en funcionarios.

La necesidad de que los maestros estudiasen en una Escuela Normal de Magisterio antes de opositar.

Los nuevos sueldos, que eran de 6.000 reales para los maestros y 5.000 para las maestras.

 

Las mayores dificultades de la Ley Moyano en esta etapa tenían que ver con que las escuelas y los institutos estuvieron siempre mal dotados y fuesen considerados una carga molesta para los ayuntamientos y diputaciones que los tenían que sufragar.

 

Complementariamente a la ley, en 1857 se publicó el primer epítome de la gramática española para uso escolar[5], lo cual es la primera regla uniformada del castellano en la escuela. El epítome era un resumen de la gramática de la Real Academia, preparado para su enseñanza en la escuela. Habrá varios entre 1857 y 1931.

 

 

La Segunda Enseñanza en la Ley de 1857.

 

Quedaban englobados en la Segunda Enseñanza los seminarios eclesiásticos, los colegios privados de segunda enseñanza, los institutos provinciales, las escuelas normales de magisterio y las escuelas preparatorias a la Academia Militar.

Había un Instituto de Segunda Enseñanza por provincia, y dos en Madrid y ciudades grandes. Había 58 en toda España y tenían unos 20.000 alumnos en total. Los institutos eran financiados por las Diputaciones Provinciales, que podían abrir más institutos que el obligatorio, pero debían acreditar que podían financiarlos. Ello fue así hasta que, en 1887, el Estado asumió la responsabilidad sobre los institutos. Se decía que los centros religiosos tendrían especial consideración.

Los Institutos de Segunda Enseñanza constaban de unos “estudios generales” de 6 años, y unos “estudios de aplicación” como alternativa.

Los Estudios Generales tenían dos ciclos, un primer periodo de dos años que se cursaba ente los 9 y 11 años, previo un examen de ingreso, y un segundo periodo de 4 años que se cursaba a continuación, y cuando se terminaba, se obtenía un título de bachiller en artes. El instituto daba título de bachiller en artes, lo cual daba acceso a la Universidad.

Los Estudios de Aplicación, eran la vía alternativa, que se usaba sobre todo en áreas rurales y para clases sociales pobres con pocas esperanzas de seguir estudios. Se cursaba agricultura, arte, industria, comercio y náutica y, al acabar, se obtenía el certificado de perito.

Los profesores lo eran por oposición, y luego ascendían una serie de grados, remunerados de forma progresiva, desde el catedrático de entrada, pasando por el catedrático de ascenso, y terminando en el catedrático de término.

Había 59 seminarios diocesanos para preparar sacerdotes católicos, con unos 21.000 alumnos. Había más alumnos seminaristas que de institutos de segunda enseñanza.

Había colegios privados, dirigidos en su mayoría por monjas y frailes, a donde iban los niños de buena familia, puesto que eran de pago.

La ley exigía una Escuela Normal de Magisterio por provincia y en 21 de marzo de 1858 se inauguró la Escuela Normal Central de Madrid a cargo de la Junta de Damas de Honor y Mérito, con una escuela aneja de niños. Ya había habido Escuelas Normales según ley 12 de julio de 1838 y tras la Escuela Normal de Madrid de 8 de marzo de 1839. Ahora la de Madrid era Central, y había Escuelas Superiores de tres años de estudios, Escuelas Normales y Escuelas Elementales de dos años de estudios. A pesar de ello, la realidad se volvió a topar con la financiación y en 9 de diciembre de 1868 se hubo de volver a insistir en la obligatoriedad de una Escuela Normal en cada provincia. El problema no se resolverá hasta que en el curso 1887-1888 el Estado se haga cargo de los gastos de estas escuelas.

Sobre Escuelas preparatorias a las academias militares no tengo documentación.

 

 

La enseñanza superior en la Ley de 1857.

 

Quedaban englobadas en la enseñanza superior las Academias Militares, las Universidades y la Escuela de Ingenieros. Estas entidades serían gestionadas por el Estado. Complementariamente, se mandaba que, para acceder a los distintos cargos del Estado, serían necesarios los títulos universitarios.

La cúpula de la enseñanza era la Universidad Central, de la que dependían las diez universidades de España: Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza, Santiago, Salamanca y Oviedo. La más grande en 1857 era Madrid con 2.500 alumnos, seguida de Barcelona con 800, Valladolid con 450, Valencia con 400, y las demás con cifras progresivamente más pequeñas según el orden dado más arriba. Los alumnos universitarios no llegaban a 12.000 y la carrera preferida (30% de los estudiantes) era Derecho, seguida por Filosofía y Letras (20%) y Medicina (10%). Otros estudiaban Bellas Artes, Veterinaria, Farmacia, Ingeniería, Música y Teología. Llama la atención que lo que conocemos hoy por “ciencias” sólo era seguido por un 1% de los estudiantes.

La reforma de la Universidad de 1857 se debe contemplar junto a la desaparición de la Facultad de Teología de los estudios estatales, producida en 1852, aunque la restauraron los progresistas en 1854, pero sería definitivamente suprimida en 1868. La Facultad de Teología venía perdiendo peso dentro de la Universidad desde la aparición de Leyes y Cánones. Quedará la teología en facultades eclesiásticas o centros de estudios superiores regidos por autoridades eclesiásticas que conferían grados académicos equivalentes a los de facultades universitarias estatales. Las facultades eclesiásticas eran Derecho Canónico y Teología. Ambas habían aparecido en el XIII y XIV y son las conocidas como primeras universidades. La de Derecho Canónico estaba en Palencia, Salamanca, Lérida, Valencia, Valladolid y Lisboa. Al ser suprimidas en 1852, se crearon cuatro seminarios religiosos especializados en Toledo, Salamanca, Valencia y Granada. En el siglo XX se crearían además la Universidad de Comillas, 1904, de la Compañía de Jesús, y la de Navarra, 1960, del Opus Dei. La Facultad de Teología se podía encontrar en Salamanca, Lérida y en colegios universitarios de Sigüenza y Alcalá, y en algunos conventos como San Esteban de Salamanca, que acabará creando en 1947 una Facultad Pontificia de Teología en Salamanca, o como Oña, convento que mantuvo una facultad de Filosofía llevada por los jesuitas desde 1880 y que en 1850 pasó a Loyola y en 1967 a Bilbao, Deusto, donde ya existían otras facultades universitarias. Otros centros religiosos creados más tarde por los jesuitas serán el Instituto Católico de Artes e Industrias ICAI (Madrid 1908), Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa EUTG, para técnicos de empresas, y Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE (Barcelona 1958).

 

En 1857, las facultades de Ciencias se desgajaron de la de Filosofía: La Facultad de Filosofía se dividía en dos y separaba la Facultad de Filosofía y Letras por un lado, y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por otro.

 

La enseñanza superior de 1857 establecía facultades universitarias, enseñanzas superiores y enseñanzas profesionales:

Las Facultades Universitarias, eran filosofía y letras, ciencias exactas, ciencias físicas y naturales, farmacia, medicina, derecho y teología.

Filosofía y Letras enseñaba Literatura, Filosofía e Historia (qué se convertirían en licenciaturas individuales a partir de 1913). Favorecía las distintas ramas de humanidades como geografía, literatura e historia, en detrimento relativo de la teología que era el saber más extendido anteriormente.

La Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, que había aparecido en el proyecto Alonso Martínez, desapareció en la redacción final, pero en 1857 se abrió la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fueron elevadas a la categoría de facultad y abrieron tres secciones correspondientes a Fisicomatemáticas, Químicas y Naturales.

La Facultad de Derecho se dividió en tres que fueron Leyes, Cánones (esta suprimida el 6 de agosto de 1858) y Administración. Esta facultad de Derecho provenía de la Facultad de Leyes (derecho romano) y Cánones (derecho eclesiástico), que habían sido denominadas Facultad de Jurisprudencia en 1842. En 1900 se denominarían Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y tendría dos secciones que eran Derecho, y Ciencias Sociales.

En Medicina se intentó poner un poco de orden en el caos profesional en que esta profesión estaba inmersa desde 1843, reforma de Pedro Mata, y 1849, creación de los cirujanos de segunda clase: el orden había empezado ya desee 1855 con la ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855 que creaba Juntas Provinciales de Sanidad presididas por el Gobernador Civil, Juntas Municipales de Sanidad presididas por el Alcalde y un Jurado Médico de Calificación para juzgar faltas cometidas por profesionales y para perseguir a los falsos profesionales que falsificaban títulos. Pero en 1857, la Ley Moyano suprimió los médicos de segunda clase y los ministrantes, al tiempo que creaba el médico-cirujano habilitado para pueblos de menos de 5.000 habitantes. Al mismo tiempo creó el “practicante”, que debía acreditar dos años de oyente en facultades de Medicina, dos años practicando en hospitales y aprobar el examen correspondiente. Esta reforma será interrumpida en 1866 por Orovio, que restablece los médicos de segunda clase, pero Manuel Ruiz Zorrilla volverá a la Ley Moyano en 27 de octubre de 1868

Las Enseñanzas Superiores eran ingenieros de canales, caminos y puertos, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, titulados en bellas artes, titulados en diplomática, titulados notariales.  Estos estudios pasaban a la categoría de Facultades Superiores, lo que se consideraba de mayor rango.

Las Enseñanzas Profesionales eran veterinaria, profesores mercantiles, náutica, maestros de obras, aparejadores, agrimensores, maestros de primera enseñanza. Estos estudios se consideraron rebajados de categoría o de categoría inferior, pero de hecho mejoraban puesto que recibían alumnos preparados por los Institutos de Enseñanza Media.

 

Las Facultades Universitarias y Escuelas Universitarias de Ingenieros de Caminos, Veterinarios, etc. serían sostenidas por el Estado, y funcionaron mejor que los demás niveles.

 

 

[1] Claudio Moyano Samaniego 1809-1890 había nacido en Fuente de la Peña, cerca de Bóveda de Toro (Zamora) y había estudiado filosofía, latín y leyes en Salamanca y en Valladolid. Era catedrático en Valladolid y en 1841 fue alcalde de esta ciudad y en 1843 rector de la Universidad. Estaba con los moderados e hizo carrera con Narváez. En 1850 fue rector de la Universidad de Madrid. En 1853, ministro de Fomento. En 1855 se opuso a la desamortización de Madoz. En 1856 era de nuevo Ministro de Fomento cuando propuso la ley de enseñanza.

[2] José de la Revilla Gironza, 1796-1859,  había estudiado en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, y en 1815 era funcionario del Estado. En 1820 ingresó en la Milicia Nacional junto a los exaltados, y en 1823 fue represaliado excluyéndosele de cargos públicos. En 1838 fue readmitido. Fue miembro de la Real Academia Española, daba clases de literatura y, en 1845, fue catedrático de literatura en el Real Conservatorio de Música y Declamación. Fue funcionario de la Dirección General de Estudios.

[3] Antonio Gil y Zárate, 1793-1861, había estudiado en Francia desde los 8 años de edad a los 18 y desde los 23 a los 26. En el Trienio Constitucional se había mostrado exaltado y miembro de la Milicia Nacional. Escribía comedias y fue catedrático de francés y de historia. En 1856 era Subsecretario del Ministerio de Gobernación. Más tarde, sería Director General de Estudios.

[4] José Posada Herrera, 1815-1885, había estudiado Derecho en Oviedo y había sido profesor de Economía Política en esa Universidad en 1838. Se hizo del Partido Progresista hasta que en 1841 se decepcionó por la actuación de Espartero y sus seguidores y se pasó a los moderados. Fue Secretario del Consejo de Estado y Ministro de Gobernación para Istúriz y para Narváez. Era el portavoz del Partido Moderado en las Cortes, donde destacaba por su sangre fría y su ironía. Era intrigante y maquinador, capaz de manipular cualquier elección. En 1865 volvería al Ministerio de Gobernación para O`Donnell.

[5] Encinas Manterola, María Teresa. La Contribución de la Real Academia Española a la Enseñanza de la Gramática en las escuelas entre 1857 y 1938. Tesis doctoral en la Universidad de Salamanca. 2015.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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