EL GOBIERNO DE NARVÁEZ,

          12 OCTUBRE 1856 – 15 OCTUBRE 1857.

 

Ramón María Narváez se encontró en octubre de 1856 una situación política distinta a la que él había manejado anteriormente en sus Gobiernos de 1843, 1847 y 1849: el Partido Moderado en 1856 ya no era más que una coalición de intereses, de círculos palatinos, de círculos políticos, y de generales del ejército, no siempre bien avenidos. Faltaban ideas políticas y moralidad. La situación era mucho más complicada de manejar. Y en los meses siguientes, de 1857 y 1858, contemplaría el agotamiento del Partido Moderado, tras ceder el poder a Francisco Armero en octubre de 1857 y a Javier Istúriz en enero de 1858.

 

El equipo de Gobierno era:

Presidente, Ramón María Narváez y Campos duque de Valencia.

Estado, Pedro José Pidal Carniado, marqués de Pidal.

Gracia y Justicia, Manuel Seijas Lozano / 23 julio 1857: Pedro José Pidal Carniado.

Guerra, Francisco Lersundi Hormaechea, interino / 16 de octubre de 1856: Antonio Urbistondo Eguía / 16 diciembre 1856: Francisco Lersundi Hormaechea, interino / 23 de diciembre de 1856: Francisco de Paula Figueras Caminals, marqués de la Constancia.

Marina, Francisco Lersundi Hormaechea / 23 julio 1857: Francisco de Paula Figueras Caminals, marqués de la Constancia.

Ultramar, Claudio Moyano Samaniego / 16 de diciembre de 1856: Pedro José Pidal Carniado marqués de Pidal.

Hacienda, Manuel García-Barzanallana García-Frías.

Gobernación, Cándido Nocedal Rodríguez de la Flor[1]

Fomento, Claudio Moyano Samaniego.

 

 

Reformas de choque a fines de 1856.

 

En 1856, lo más urgente en lo social, era restablecer el orden público, pero gran parte del trabajo ya lo había hecho O`Donnell en julio-octubre de 1856. Narváez completó la tarea de dominar las sublevaciones campesinas. Dominada Castilla, su principal labor consistió en restablecer el orden público en Andalucía donde los campesinos, quejándose de la falta de alimentos, asaltaban las ciudades y los cuarteles.

 

En lo político, las primeras medidas de Narváez, tomadas con toda urgencia fueron de anulación de todas las leyes del Bienio Progresista de 1854 a 1856 que molestaban a los moderados de derecha:

El 13 de octubre anuló todas las disposiciones legales que alterasen el Concordato de 1851. Alegó que se trataba de un Tratado Internacional que sólo podía ser alterado por negociaciones entre las partes y no por intervención del Gobierno o de las Cortes.

El 14 de octubre suprimió la aplicación de la desamortización de 1855 hasta que la Corona y las Cortes decidieran cómo debían hacerse las cosas.

El 14 de octubre de 1856, derogó el Acta Adicional a la Constitución que había hecho O`Donnell un mes antes y así devolvía sus prerrogativas a la Corona. Se volvió a la Constitución de 1845 en toda su pureza. En enero de 1857, Narváez hizo su propia reforma de la Constitución de 1845 en la Ley Constitucional correspondiente. Se alegó que el Acta Adicional se había hecho por decreto y, aunque había sido sancionada por la Reina, no habían intervenido las Cortes. Era sorprendente esta argumentación en un hombre que imponía las cosas por decreto y le molestaban las Cortes.

El 16 de octubre restableció la ley de 8 de enero de 1845 sobre Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

El 2 de noviembre de 1856 restableció la ley de imprenta de 6 de julio de 1845 restringiendo así la libertad de prensa. Esta anulación de la Ley de Imprenta progresista era anticonstitucional, pues la Constitución de 1845 eliminaba la censura previa, pero a Narváez le importaban muy poco las Constituciones. El diputado Santa Cruz denunció la contradicción entre que la Constitución de 1845 permitiera a todos los españoles imprimir y publicar libremente sus ideas, sin censura previa, y el Decreto de 2 de noviembre de 1856 que sometía a la prensa a la censura previa. Igualmente, este diputado decía que la Constitución prohibía confinar y deportar a los españoles mientras el Gobierno Narváez estaba confinando y deportando. Continuaba este diputado alegando que la Constitución decía que la potestad de hacer las leyes radicaba en las Cortes con el Rey, y resultaba que el Gobierno Narváez suspendía o aprobaba por decreto leyes suspendidas o aprobadas en Cortes como restablecer las contribuciones de consumos, suspender la desamortización, tomar un empréstito de 300 millones y duplicar las fuerzas militares. A Narváez le importaba un bledo todo ello.

Para lograr mayor estabilidad política, a Narváez se le ocurrió la restauración de los mayorazgos en el caso de los Grandes de España.

 

En lo económico, Narváez tomó un empréstito de 300 millones sin consultar a las Cortes. Los hechos no deberían haber llevado a los españoles a ninguna conclusión optimista, pero los sentimientos eran otros y, desconfiando de Narváez, cayeron en manos de O`Donnell.

 

 

Las Cortes de mayo de 1857.

 

El 16 de enero de 1857, Narváez convocó, según ley electoral de 1846, elecciones a Cortes para marzo de 1857, y ese mismo 16 de enero anunció la reforma del Senado, y su propósito de anular el Acta Adicional de 1856 y aprobar una Ley Constitucional. Hasta 1857 no se había atrevido a tocar el tema constitucional porque el ambiente político era muy agresivo y complicado.

El 25 y 26 de marzo de 1857 hubo elecciones y se hicieron con todas las corruptelas propias del XIX, tanto de los líderes en el poder que suspendían corporaciones municipales y detenían a los candidatos no deseados, como de los líderes de oposición que gastaban dinero en comprar votos e intentar falseamientos. España no había cambiado en nada tras el bienio 1854-1856. En estas elecciones hubo todo tipo de coacciones y pucherazos hasta el punto de que Espartero, que era senador, dimitió en protesta por las irregularidades electorales. La dimisión de Espartero planteó un problema, pues no estaba previsto que un senador pudiera dimitir y que dimitiera ante órgano distinto a quien le había nombrado, que era el Rey, la Reina en este caso.

Las Cortes se reunieron en mayo de 1857. Inmediatamente se produjeron varias discusiones conflictivas:

Se pidió una investigación sobre las elecciones de marzo de 1857. La propuesta de investigarlas fue derrotada por  185 votos a 9.

Espartero pidió que la Reina aceptase su renuncia al escaño de Senador, en un gesto innecesario, hecho para la grada. Pero el Gobierno pasó el asunto al Senado y, en la respuesta al Discurso de la Corona, el General Calonge pidió que se juzgase a los Gobiernos anteriores. El propio Narváez tuvo que dar explicaciones de su conducta pasada y de su manera de pensar en el presente. O`Donnell también se sintió aludido y dio explicaciones de sus actuaciones.

La corrupción electoral había sido tan evidente que se produjo una chanza política de denuncia:  Manuel Pando Fernández de Pinedo marqués de Miraflores presentó en mayo de 1857 un proyecto de Ley Electoral por el que proponía que se eligiera senadores y diputados por insaculación entre los mayores de 30 años que hubieran contribuido con más de 4.000 reales los dos últimos años. El sistema electoral era tan corrupto, que la simple suerte sería mejor sistema que el que se usaba en ese momento. El Marqués de Miraflores era un conocido moderado de derechas, partidario de la monarquía constitucional en tiempos de Fernando VII, colaborador del levantamiento liberal de 1820, pero no de los exaltados de 1822, colaborador de Cea Bermúdez en 1832, colaborador de Martínez de la Rosa en 1834, Presidente del Gobierno en febrero de 1846, y colaborador de Bravo Murillo en 1851.

La elaboración de las listas electorales era la clave de la corrupción, y éstas se hacían tan arbitrariamente, que los excluidos no podían alegar nada, por falta de tiempo, de plazos. Los candidatos gubernamentales eran protegidos por el sistema. Los candidatos de la oposición se encontraban todas las trabas posibles y caían en cualquiera de ellas. A veces, ninguno de los candidatos reunía las condiciones exigidas para serlo. Y el elector tenía que optar por cualquiera de los candidatos de la lista, sin opción alternativa, votando nombres que no siquiera conocía y que no eran del distrito por el que habían sido presentados por el Gobierno.

Miraflores decía que fueran candidatos todos los que fueran españoles, mayores de 30 años y hubieran pagado en los dos últimos años 4.000 reales de contribución directa, o 1.500 reales de contribución territorial, y que entre todos ellos se sacaran por insaculación los diputados. No se aceptó el nuevo sistema por insaculación. Los Senadores se rieron mucho con el proyecto de Miraflores, hicieron muchas chanzas. Poco tiempo después tuvieron que arrepentirse de no haberlo aceptado.

Hubo un proyecto de Ley de Imprenta preparado desde mayo de 1856, que se convertiría en Ley de Imprenta de 13 de julio de 1857 (Ley Cándido Nocedal). La Ley sustituía a una serie de Decretos de Imprenta difíciles de interpretar y siempre a gusto del Gobierno de turno. Nocedal imponía la censura previa de un fiscal de imprenta, y exigía un depósito de una gran cantidad de dinero (300.000 reales si eran de Madrid, y 200.000 si eran de provincias) al que quería abrir una imprenta, dinero que se podía perder en caso de delito de imprenta si eran multados. Podía ser delito cualquier cosa que el juez de imprenta estimase como tal, pues la ley era suficientemente vaga en esa materia. La Ley decía que no se podía vender ningún ejemplar de un periódico hasta dos horas después de haber entregado al Gobierno un ejemplar y no recibir orden de suspender la tirada. Con ello quedaban fuera de la posibilidad de editar periódicos todos los pobres. La abrogación de esta ley se convirtió en bandera de los unionistas, progresistas en los siguientes años, bandera de la oposición a Narváez. Esta ley era anticonstitucional, pues la Constitución de 1845, que era la vigente, daba libertad de expresión sin censura previa. Se nombró la Comisión correspondiente y el 23 de junio de 1857 se tenía el informe provisional, que fue aprobado por vía de urgencia, aunque las Cortes estaban enfrascadas en el Proyecto de Ley de Imprenta definitivo. El 13 de julio de 1857 se aprobó la Ley, a pesar de que todos los diputados eran conscientes de que era anticonstitucional.

 

 

La Reforma Constitucional de Narváez.

 

El 4 de mayo de 1857 Narváez propuso en las Cortes una reforma constitucional o Ley Constitucional de 1857, que complementaba la anulación del Acta Adicional de O`Donnell hecha por Narváez en 14 de octubre de 1856. Era una reforma distinta y afectaba a las Cortes en dos temas: el Senado y el Reglamento Interno de cada Cámara.

El Senado, en la Reforma Constitucional, se compondría de Senadores de designación regia, Senadores natos, y Senadores hereditarios. Se reformaba la condición de Senador hereditario.

El Reglamento Interno de cada Cámara sería elaborado por Ley, propuesta por el Gobierno, discutida por ambas Cámaras y sancionada por el Rey. Narváez argumentaba que la actuación de las Cámaras afectaba a la totalidad del Estado, y debía ser regulada por todos.

Los Senadores protestaron porque veían en el Proyecto de Ley Constitucional una reedición del proyecto Bravo Murillo, que había sido rechazado en su día. Además no consideraban necesario reformar la Constitución de 1845 porque no parecía ese trabajo el más urgente de España cuando estaban pendientes leyes tan importantes como la de Ferrocarriles, la de Banca, la de Beneficencia, la de Instrucción Pública… y hubo mucha polémica.

En cuanto a la reforma del Senado propuesta por Narváez, no se aceptaba que hubiera de nuevo Senadores hereditarios, pues la genética no garantiza que los hijos hereden el talento de sus padres. Se argumentaba que con el Senado hereditario se estaba creando un cuerpo social aparte y distinto del resto de la sociedad. Se decía que la Cámara más importante era la Cámara Baja, el Congreso de Diputados, y no tenía sentido volver a las vinculaciones de la tierra.

A pesar de todas estas objeciones, las Cortes aprobaron que hubiera senadores hereditarios y bienes vinculados.

En cuanto a la discusión sobre los Reglamentos Internos de las Cámaras, Campoamor se opuso a que los hiciera el Gobierno, mientras Cándido Nocedal defendía la propuesta de Narváez. Campoamor decía que la intervención del Gobierno en ese tema era un atentado a la soberanía de las Cortes, y que se atacaba la libertad de los parlamentarios. Nocedal argumentaba que, hechos por ley, los Reglamentos serían mejores y tendrían más garantías de acierto, pues habrían pasado por el Gobierno, por cada una de las dos Cámaras y por la sanción del Rey. Nocedal añadía que si los Reglamentos de las Cámaras obligaban al Gobierno a su cumplimiento, el Gobierno debía tener la capacidad de intervenir en su elaboración.

Las Cortes aprobaron que los Reglamentos Internos de las Cámaras se hicieran por Ley.

En 17 de julio se aprobó la Ley Constitucional modificando el Senado (hereditarios, vitalicios y natos) y elevando el número de electores hasta unos 150.000 ó 170.000 desde los 100.000 en que habían quedado en 1846.

 

 

GRANDES INICIATIVAS EN 1857.

 

1857 fue un año mágico en la historia del progreso español, un año de grandes ilusiones entre las que es preciso citar el nuevo plan de enseñanza Moyano (al que dedicaremos un estudio aparte), el Servicio de Estadística, las nuevas perspectivas educativas del krausismo, la renovación de la Armada, la aparición de bancos como Bilbao y Santander, las iniciativas siderúrgicas y metalúrgicas, la remodelación de Madrid, la realización de una Exposición Agrícola, la fundación de la Academia de Ciencias Morales y Políticas… iniciativas desgraciadamente frustradas por las torpes decisiones políticas de ese mismo año y por el inicio de una crisis internacional a fines de 1857.

Y aun así, los progresistas protestaban por la pérdida de tiempo en estas discusiones teóricas, cuando había problemas como los ferrocarriles, bancos y enseñanza que necesitaban legislación y había otros muchos temas de tipo progresista a abordar.

También 1857 fue el año de inicio de la crisis, lo cual dejaría la mayor parte de todas estas grandes iniciativas políticas en nada. Pero es obligado que las consideremos una a una:

 

 

EL SERVICIO DE ESTADÍSTICA en 1857.

 

La Comisión de Estadística General del Reino funcionaba desde 1856. El proyecto era realizar el censo de población, que se hizo en 1857, un nomenclator de España y un anuario estadístico que se hizo en 1859 para recoger los precios de los cereales, vino y aceite, que luego eran publicados en La Gaceta de Madrid.

En 1857 empezó a funcionar el Instituto Nacional de Estadística elaborando el primer censo oficial, que se hará cada diez años los años acabados en 7, hasta 1900 en que se haga con referencia a 31 de diciembre de los años acabados en cero.

El censo de 1857 contabilizó 15.464.340 habitantes para España. Se nota en estos años un despoblamiento del interior y primera inmigración en Barcelona. Madrid tenía 281.170 habitantes; Barcelona, 183.787; Sevilla, 112.529; Valencia, 112.529; Málaga, 94.293; Murcia, 89.314; y Cádiz 70.814. El resto de las ciudades eran mucho más pequeñas.

El censo de 1860 dio 15.673.536 habitantes. El de 1877, distinguió ya población de hecho y población de derecho, y especificaba confesión religiosa y defectos físicos de cada individuo, y dio 16.634.345 habitantes. El de 1887 dio 17.565.632 habitantes. Por ley de 3 de abril de 1900 se decidió hacer los censos los años acabados en cero y dar la ocupación profesional de cada individuo según clasificación de Bertillón en 91 categorías profesionales, y dio una cifra de 18.618.086 habitantes. En 1910 se obtuvieron 19.995.686 habitantes. En 1920, 21.303.162 habitantes. En 1930, 23.563.867 habitantes. En 1940, 25.827.571 habitantes. En 1980 se tomó la decisión de hacer los censos en los años acabados en 1, y en ese año no hubo censo, sino que lo hubo en 1981 y ya cada diez años. A partir de 1981 se hace en los años acabados en uno con referencia a los meses de febrero-marzo. Posteriormente, y una vez introducida la informática, el censo es automático y continuo.

Intento de hacer un catastro: En 1857, también se pensaba unir los trabajos de Estadística y los de la Comisión Topográfica Catastral, de uso militar, para elaborar un catastro, como el que venía utilizándose en Barcelona desde 1715 y había mejorado Ensenada en 1750, a fin de que Hacienda recaudase lo preciso para financiar las reformas necesarias en España. Este Catastro, se inició en la provincia de Madrid y no progresó hacia el resto de España por la gran oposición encontrada. Los militares hicieron su red geodésica con hitos geodésicos por toda España, pero la elaboración de un mapa catastral de todas las fincas de España no sería posible hasta un siglo después. En 1870, aprovechando el trabajo militar, se avanzó en el trazado de los límites municipales y grandes áreas de cultivo, lo cual ya fue suficiente para demostrar que las áreas de cultivo eran mucho mayores que las que tributaban a hacienda como tales campos de cultivo, pero la elaboración de los mapas parcelarios fue imposible de momento.

El 10 de mayo de 1860, en otro trabajo estadístico, se ordenó llevar un registro demográfico sanitario y, a partir de la orden de 28 de junio de 1879, el Negociado de Estadística de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad publicará los resultados en un boletín demográfico sanitario apoyado en los registros civiles. Se publicaban resúmenes provinciales por semestres de nacimientos, defunciones, enfermedades de declaración obligatoria y accidentes, según acuerdo del Consejo de Budapest de 1879.

La institución de estadística sufrió muchos avatares pues el 11 de noviembre de 1861 se llamó Junta General de Estadística del Reino y constaba de dos secciones que eran la geográfica y la estadística, cuya obra principal fue la publicación del Movimiento Natural de Población en 1863 (trata del periodo 1858-61), y en 1865 un censo pecuario.    En 1865 se creó la Dirección General de Estadística elevando de categoría estos servicios. En 1870 se creó el Instituto Geográfico y se incorporó a la Dirección General de Estadística, pasando a depender del Ministerio de Fomento al lado de la Junta Consultiva de Estadística. En 1873 apareció la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico dependiendo de Instrucción Pública. En 1901 se hizo un esfuerzo estadístico más serio cuando se ordenó a los ayuntamientos dar informes de natalidad, mortalidad… y se creó un Servicio de Estadística Sanitaria con un Boletín Demográfico Sanitario que incluía enfermedades infecciosas y que desde 1910 se llamó Boletín Mensual de Estadística Demográfico Sanitaria. Se publicó hasta 1920. En 1920 se publicó un anuario de la Dirección General de Sanidad, que duró hasta 1925. En 1922, Estadística pasó a depender del ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. El 23 de abril de 1931, Estadística pasó a la Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística. Y en diciembre de 1945 se creó el Instituto Nacional de Estadística.

Además de muchos cambios, en estadística hubo dispersión de fuentes, falta de uniformidad de criterios a la hora de elaborar datos y de publicarlos. Era una materia complicada hasta bien entrado el siglo XX. Con estos datos sobre la realidad española, la política del siglo XIX tenía muchas posibilidades de errar, aunque se realizara con la mejor intención del mundo, que tampoco era siempre el caso en el ambiente de caciquismo.

 

 

EL KRAUSISMO.

 

En 1857, Julián Sanz del Río[2] hizo el discurso inaugural del curso académico y creó una doctrina sobre la que se basarían algunas reformas de estudios españolas posteriores, es decir, aportó unas ideas de valor universal que podían competir con las tradicionales de la Iglesia que, en sentido estricto, se empezaban a abandonar en esa época. Bien entendido, que Sanz del Río era católico y no iba en absoluto en contra de la Iglesia, ni abandonaba la cultura cristiana.

España estaba dividida en dos grandes bloques sociales, el catolicismo integrista y el laicismo, o catolicismo tolerante. Los católicos habían aceptado el liberalismo en 1833 por razones políticas, y los más cerrados habían perdido la guerra carlista en 1839. Pero los laicistas necesitaban una base de pensamiento contra los integristas. El hombre que lideró ese pensamiento fue Julián Sanz del Río, recogiendo las teorías de Krause, un teórico casi desconocido en Alemania. Fichte, Schelling y Hegel, por el contrario, pasaron casi desapercibidos en España.

Julián Sanz del Río había sido nombrado catedrático interino de Historia de la Filosofía en 14 de junio de 1843, por la Universidad de Madrid. Allí consiguió una beca para ir a Alemania dos años para estudiar la filosofía alemana, que se consideraba la más avanzada en aquella época. Sanz del Río se fue a Bruselas y allí encontró a Ahrens, un krausista. Había buscado a Ahrens porque había leído Curso de Derecho Natural, de este autor, publicado en Madrid en 1841, y consideraba que aquello estaba entre lo más moderno de Europa. Partió para Alemania en 1843, a sus 39 años de edad, y regresó muy impresionado por los métodos krausistas.   En 1845, Sanz del Río regresó a España como titular de la cátedra de filosofía. Empezó a enseñar a Karl Cristian Friedrich Krause, un filósofo alemán considerado secundario en Alemania, pero era lo que Sanz del Río conocía.

Sanz del Río se retiró a Illescas y allí estudió filosofía durante nueve años. En 1850, escribió Lecciones sobre el sistema de la filosofía cualitativa de Krause. En 1853, tradujo el Compendio Doctrinal de la Historia Universal, obra que había escrito Weber. Volvió de su retiro en Illescas en 1854, en el momento del triunfo de los liberales de Espartero. Entonces fue profesor de “Ampliación de la Filosofía y su Historia”.

En 1854, Sanz del Río se había incorporado de nuevo a la docencia universitaria, creando un grupo de profesores en el que todos asistían a las clases de todos, lo cual originó el grupo conocido como krausista. Con la Ley Moyano de 1857 ya eran posibles grupos con cierta libertad de cátedra, aunque seguían bajo supervisión de la Iglesia. El grupo krausista estaba en contra del sistema de enseñanza y aprovechaba la ley Moyano para reformarlo según sus propias ideas. Este grupo será importante por la persistencia en sus creencias educativas a lo largo del siglo XX. El movimiento es pues ligeramente anterior a la Ley Moyano, pero se extendió al mismo tiempo que dicha ley.

En junio de 1855, Sanz del Río se licenció en Filosofía y Letras, tratando de legalizar los nombramientos a dedo que disfrutaba, su beca en Alemania y sus cátedras de filosofía. En mayo de 1856 leyó su tesis doctoral que tituló “Filosofía novísima”.

Sanz del Río no creía que la síntesis de Hegel fuera la única posible, pues según él, hacía falta conjugar experiencia, ciencia positiva y fe en Dios. Hegel no se había planteado este problema porque era panteísta. Sanz del Río era católico y mezclaba sus convicciones científicas con su fe. En general, la sociedad europea del XIX era teísta, pero creía en un Dios que no excluía el saber científico que el hombre poseía. Frente al panteísmo europeo, Krause propuso el “panenteísmo” o inclusión del cosmos con el Ser Supremo, pero manteniendo a Dios como persona. Dios era para él el principio fundamental de la realidad. A partir de estos prejuicios, se propuso hallar una salida para explicar la realidad del mundo, la realidad social y se perdió en elucubraciones. Los krausistas acabaron chocando con los católicos integristas, pues era imposible salir de la maraña de pensamiento en que se habían metido. Así que no lograron elaborar un sistema de pensamiento aceptable para ellos y para el resto de la sociedad española y el krausismo fue un fracaso. Hubo cenáculos de krausistas, reuniones, grupos pequeños de seguidores, pero nada masivo ni importante. Propiamente dicho, no existió nunca una escuela krausista.

En 1857, Sanz Del Río escribió el Discurso de inauguración del curso 1857-1858. Y Sanz del Río se puso de moda entre los liberales progresistas que trataban de conciliar una filosofía laica con la metafísica cristiana. Se organizó una tertulia en la calle Cañizares de Madrid. Como se trataba de demostrar que había moralidad al margen del catolicismo integrista, las tertulias krausistas hablaban de modos de vida, de actitudes morales de la sociedad y de los políticos, de necesidad de una moral honesta y rigurosa, respetuosa con el pensamiento diferente e incluso con el discrepante. Naturalmente, el integrismo católico se dio cuenta de que le atacaban y se mostró intransigente con los krausistas, a la vez que los krausistas fueron evolucionando a la intransigencia para con los integristas católicos. Y, sorprendentemente para muchos españoles y extranjeros, los krausistas tenían muchos seguidores en España.

En 1860, Julián Sanz del Río, 1814-1868, tradujo, en traducción libre, a Karl Cristian Friedrich Krause en El Ideal de la Humanidad para la Vida, sucediendo que el original tuvo muy poca repercusión en Alemania, pero la traducción sí que tuvo gran repercusión en España. También escribió “Sistema de la filosofía Metafísica. Primera parte: Análisis”.

Los católicos fueron duros y lograron incluir en el Índice de Libros Prohibidos El Ideal de la Humanidad de Karl Krause, y en 1865 expedientar a Sanz del Río.

 

Karl Cristian Friedrich Krause, 1781-1832, fue un filósofo alemán de principios del siglo XIX, de la época del historicismo hegeliano. Creía en la teoría del autoperfeccionamiento, basado en el axioma del equilibrio que Dios ha puesto en la creación, de modo que de una conducta ejemplar saldría siempre una buena educación. El estudiante debería ser considerado como individuo en vez de como número dentro de un colectivo, y ser educado en la rectitud moral. Una vez puesto en el buen camino moral, los conocimientos académicos los iría adquiriendo por sí mismo, no importando el ritmo ni la cantidad de conocimientos, tanto como la personalidad que se forma. Krause defendía que el hombre se realiza a sí mismo de modo que primero se traza un ideal y, luego, trata de aproximarse a ese ideal. Ambos procesos son necesarios y dependen de cada individuo. La realidad de la persona se producirá en el grado de calidad del ideal y en el grado de cumplimiento o acercamiento a ese ideal. Bajo este planteamiento o convicción filosófica, resulta fundamental el ideal trazado, que debe contener estas características:

respeto a sí mismo entendido como fidelidad a su propio ideal;

respeto a los derechos de los demás llegando a la cooperación amistosa con ellos en la búsqueda del bien común. Las relaciones con los demás se producen en dos niveles: Las relaciones sociales, que se producen individuo a individuo, y son relaciones personales elegidas y aceptadas libremente, una de las cuales es el matrimonio o formación de pareja. Las relaciones grupales o de asociaciones de individuos, las cuales pueden ser, a su vez, de dos tipos: A) asociaciones reales directamente encaminadas a producir bienes y servicios. B) asociaciones formales encaminadas a mejorar la convivencia, como pueden ser el municipio y el Estado.

En cuanto a sus ideas religiosas, Krause decía de sí mismo que era “panenteísta” (no panteísta), es decir, que: El mundo no estaba en Dios ni tampoco era Dios mismo, sino que “era en Dios y mediante Dios”, expresión que quería decir que: El mundo no agotaba la esencia de Dios; El mundo ocupaba un lugar subordinado a Dios y era parte de la esencia divina; El mundo era una serie de manifestaciones de la esencia divina en el tiempo y en el espacio; El conocimiento del mundo es el conocimiento de Dios en sus manifestaciones.

 

La teoría krausista fue adoptada en principio por algunos católicos españoles: Fernando de Castro, 1814-1874, confesor de la Reina, se vio atraído por el krausismo y lo defendió ante la Reina, lo cual explica en parte el éxito del krausismo.

Sanz del Río fue encargado de introducir en España las ideas de respeto a sí mismo, libertad, tolerancia, reconocimiento de la dignidad de la persona, idea del Estado al servicio de los derechos fundamentales del hombre. Eran aproximadamente las mismas ideas que defendía el Partido Demócrata y ambas corrientes, cristianos no integristas y progresistas y demócratas, confluyeron en este tipo de pensamiento y de moral. Con Sanz del Río, nació en España un tipo nuevo, el demócrata de cátedra (similar al victoriano inglés), que era intelectual, madrugador, puntual, respetuoso, austero, enemigo del alcohol y del tabaco, republicano, laico, defensor de las libertades políticas individuales, y que, además, vestía de negro para dar seriedad a su aspecto exterior. El krausismo dotó de sistema ideológico a los demócratas y los demócratas apoyaron al krausismo.

Resultó así, que la izquierda agnóstica española adoptó esta teoría de Krause, en principio cristiana, como una moral laica cuando, en un momento prerrevolucionario como 1867, fueron expulsados de la universidad los catedráticos krausistas. Los neocatólicos, o integristas, partidarios de Isabel II, querían disciplina respecto a los programas escolares y los krausistas significaban la liberación del profesor respecto al programa. La expulsión dio mucha popularidad a los expulsados y se convirtieron en líderes de muchos estudiantes progresistas.

En 1861, el krausista Francisco de Paula Canalejas fundó Revista Ibérica para defender las ideas demócratas y afirmaba que los políticos debían abandonar el eclecticismo francés (doctrinarismo), para adoptar ideas de democracia.

El demócrata Ignacio Cervera creó escuelas nocturnas para los obreros, que pronto evolucionaron a células demócratas, pues editaban panfletos, folletos y hasta libros. La salida de la gente a la calle y el nuevo ambiente de 1868 no será una casualidad.

En 1865, el ministro Orovio, integrista católico duro, expedientó a Julián Sanz del Río. Exigió al catedrático que afirmara en sus clases una fe religiosa, política y dinástica sin lugar a dudas. Sanz del Río se negó a hacer este tipo de declaraciones. Le costó la cátedra. Muchos profesores dimitieron en solidaridad con él. El escándalo fue internacional.

En octubre de 1868, los expulsados de la Universidad fueron repuestos en sus cátedras. Y a partir de 1868, el krausismo se puso de moda entre estudiantes y políticos, no era un pensamiento de mucha enjundia, pero había sido defendido valientemente frente al integrismo católico. En 12 de octubre de 1869 murió Sanz del Río. Había defendido un nuevo sistema ético laico, un estilo de vida diferente al oficial defendido por los gobernantes tradicionalmente en España.

En 1868 se publicó Lecciones sobre el sistema de la filosofía analítica de Krause, Madrid 1868.

En 1869 aparecieron unos apuntes de clase de Sanz del Río titulados El Hecho Humano, y que eran los apuntes de los últimos años académicos del profesor recién fallecido.

En 1874 fueron publicadas Cartas Inéditas publicadas por Manuel de la Revilla, Madrid.

También en 1874 se publicó Sistema de filosofía: Metafísica, Segunda Parte: Síntesis. Dos volúmenes.

En 1877 se publicó Análisis del pensamiento racional, Madrid 1877, y Filosofía de la Muerte, Sevilla 1877, cuyo autor era Manuel Sales y Ferré, el cual poseía e hizo públicos algunos manuscritos de Sanz del Río.

En 1883 se publicó El Idealismo absoluto, Madrid 1883.

Por entonces se conoció la Teoría de las sensaciones, un escrito que se atribuye a Sanz del Río y que debió escribir hacia 1844-1845.

El momento de apogeo del krausismo es el canovismo a partir de 1874 y hasta 1931.   El ideal krausista fue retomado en 1876 por Francisco Giner de los Ríos 1839-1915, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Colaboraron con él, Alfredo Calderón, Laureano Calderón, Manuel Bartolomé Cossío, y Joaquín Costa[3]. El krausismo y su concepción de la enseñanza se convirtieron en un mito, en una creencia dogmática de la izquierda española.

En 1874, en el momento de triunfo del krausismo, éste se encontró con dos enemigos muy fuertes: el catolicismo integrista e intransigente, que se mostraba enemigo de toda la ciencia que estaba apareciendo; el positivismo intransigente que se mostraba enemigo de todo lo no racional, al estilo ilustrado. Gran parte del problema de la intransigencia lo había generado el Papa al crear una teocracia absolutista a partir del decreto de infalibilidad de 1869-1870, Concilio Vaticano I. La Iglesia exigía a todos los católicos adhesión incondicional y luchaba contra los Estados liberales, lo cual provocaba que se aceptase al Papa, intransigencia católica, o no se le aceptase, intransigencia positivista. El liberalismo y el positivismo fueron declarados pecados por la Iglesia.

Los católicos hicieron más bien estudios de letras y ahí destacó Marcelino Menéndez Pelayo, 1856-1912, católico a machamartillo, que hizo una historia de la filosofía y de la literatura españolas. Apenas hubo científicos en España.

Según Gabriel Jackson, los krausistas eran europeístas liberales, católicos de orientación laica, antisecularizantes, una nueva ilustración que admiraba la razón y gustaba de las ciencias sociales. Ningún krausista fue ateo. Creían que el hombre era producto de la divina inteligencia y evolucionaba hacia un racionalismo armonioso creado por Dios. Por ello, cultivaban el amor a la belleza (Historia del Arte) y el amor a la naturaleza (labores manuales y oficios) porque eran la obra de Dios. Pero sus colegios resultaban eclécticos porque no imponían las creencias cristianas a nadie. Frente a ellos, los católicos eran mucho más tradicionalistas en el sentido de exigir que todo lo nuevo se ajustase a las tradiciones católicas y españolas, aunque Menéndez Pelayo, 1856-1912, supo hacer un pensamiento católico al margen de la Iglesia tradicionalista española en sus trabajos a partir de 1874 (Miscelánea) y como catedrático de Madrid a partir de 1878 y director de la Biblioteca Nacional en 1898.

 

Nuestra opinión personal sobre el proceso de la enseñanza española en los siglos XIX y XX, a partir del krausismo, es la siguiente: A partir de entonces, la autoformación del alumno va a ser un axioma constante en todos los programas de la izquierda española, como una resistencia a la enseñanza oficial y a la clase discursiva a la que tachan de “reaccionaria” o antiprogresista por sistema, sin que ello tenga visos de racionalidad ninguna, sino un simple acto de fe, una postura política. En efecto, cuando la enseñanza es conservadora y atrasada, o incluso retardataria, la autoformación es la única posibilidad de acceder a un acervo cultural diferente de conocimientos, que es el caso de la Institución Libre de Enseñanza, ILE. Pero si la enseñanza es avanzada y progresista, la autoformación del alumno puede no ser otra casa que una pérdida de oportunidades para su progreso intelectual, si el alumno carece de una adecuada dirección de un experto. Ello no está en contradicción con que el trabajo personal del alumno, en contacto con las enseñanzas recibidas de su profesor, sea la única manera de aprender, pues el simple escuchar a su maestro no lleva nunca a un buen aprendizaje. Así pues, negamos la idoneidad de la enseñanza basada exclusivamente en la clase discursiva, “de la que el alumno debería aprender”, al tiempo que negamos la idoneidad del saber adquirido exclusivamente por el alumno por sus propios medios, aun utilizando bibliotecas y medios tan poderosos como internet, sin aprovechar los conocimientos y orientaciones que le pueda aportar un profesor. En resumen, la enseñanza se politizó en la segunda mitad del XIX, en el mal sentido de esta expresión, y no saldría de esa situación hasta el día de hoy.

 

 

Grandes figuras del Krausismo español.

 

Fernando de Castro y Pajares, 1814-1874, se hizo franciscano y, al cerrarse su convento en 1837, fue al Seminario Conciliar de León. Fue profesor de Filosofía en el monasterio de San Froilán y fue secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1845 fue a Madrid como profesor sustituto de Mitología y Principios de Historia General, en la Facultad de Letras. En 1852 pasó a catedrático. Allí conoció a Sanz del Río en 1854 y quedó impresionado por las nuevas ideas. A partir de 1857 viajó a Francia, Suiza, Alemania, y ello le supuso una crisis de conciencia, porque empezó a analizar la Biblia y no concordaba con lo que le habían enseñado en España. Luego leyó la historia de los Papas del Renacimiento y decidió abandonar el sacerdocio. Castro no rechazaba la fe sino la mediación de la Iglesia entre Dios y los hombres, tal como decían los protestantes, porque si había que fiarse de la Iglesia, y la Iglesia era un nido de corrupción y de inmoralidad, no parecía coherente. Decidió que su entierro no fuera hecho por ningún sacerdote. Definitivamente se escandalizó cuando los integristas católicos declararon en 1870 el dogma de la infalibilidad del Papa. Creía en la razón y la ciencia, y no podía creer en la jerarquía católica.

 

Nicolás Salmerón Alonso, 1837-1908, escribió en 1866 Juicio crítico sobre la filosofía alemana, Madrid 1866, para sus oposiciones a la cátedra de Metafísica de la Universidad Central. Expuso la filosofía alemana desde el punto de vista del krausismo. También en 1866 escribió La Filosofía Novísima en Alemania, en la Revista Hispanoamericana. Concepto de la Metafísica y plan de su parte analítica, fue publicado en el Boletín Revista de la Universidad de Madrid, nº 15, 10 de mayo de 1870. Principios analíticos de la doctrina del tiempo, fue publicado en la Revista de la Universidad de Madrid, Tomo I, abril de 1873, nº 4-5. Salmerón fue krausista algún tiempo, luego se hizo positivista, y acabó en un krausismo-positivismo.

 

Patricio de Azcárate, 1800-1886, era leonés y estudio Derecho en Oviedo y Santiago. Se licenció en 1826. En 1822-1823, tiempo de los liberales exaltados, había pertenecido a la Milicia Nacional cuando las masas tomaron el poder. Fue abogado en Gijón y en León. En 1835 fue Secretario de la Diputación Provincial de León y se mostró liberal progresista, pero nunca se afilió a ningún partido. Alternaba los cargos políticos con su afición a la filosofía. No era del círculo krausista, pero simpatizaba con ellos. Tenía una concepción liberal de la vida distinta al estereotipo español, pues era tolerante, abierto y renovador de ideas. Colaboró con la Institución Libre de Enseñanza aportando dinero para que funcionaran los colegios.

 

 

 

RENOVACIÓN MILITAR EN 1857.

 

En 1857 se inició un proceso de renovación de la Armada española. Se creó el Cuerpo de Artillería 1857 y un programa de construcción de barcos de hélice que botará la fragata Resolución en 1859, la Lealtad en 1860, la Villa de Madrid en 1860, la Zaragoza en 1862, la Almansa en 1864, la Gerona en 1864, la Navas de Tolosa en 1865, la Sagunto en 1869, la Arapiles… Desgraciadamente, la renovación sólo llegaba al nuevo sistema de propulsión y no al blindaje. La tecnología del blindaje no era fácil de improvisar y se compraron dos fragatas blindadas, la Numancia a Francia en 1863, y la Victoria a Gran Bretaña en 1865, de las que se aprendió lo suficiente para construir una fragata blindada en El Ferrol que se llamaría Tetuán, y reforzar con planchas de acero cuatro de las fragatas de hélice recién construidas. Con ello, y a partir de 1868, España podía decir que tenía otra vez una Armada de cierta importancia: 6 fragatas blindadas, 5 fragatas de hélice, 8 goletas, 3 transportes, 8 vapores de rueda, 5 buques escuela y 100 pequeños buques de vigilancia costera.

 

 

REMODELACIÓN DE MADRID EN 1857.

 

En 1857 se dio un Real Decreto aprobando el ensanche de Madrid y se remodeló la Puerta del Sol (obra acabada en 1862). El ensanche fue el remate de un proceso de modernización, pues Madrid contaba ya con alumbrado, alcantarillas y agua potable del Canal de Isabel II.

 

 

LA IGLESIA CATÓLICA EN ÉPOCA DE NARVÁEZ.

 

La Iglesia estuvo muy contenta con los Gobiernos de 1856-1868.

En 5 de diciembre de 1857 llegó de Roma monseñor Lorenzo Barili con la misión de hacer abortar toda la legislación del Bienio Progresista inconveniente para la Iglesia. Tenía experiencia como nuncio en Brasil 1848 y en Colombia 1851. Empezó pidiendo más dinero para “culto y clero”, subvenciones para las capellanías familiares, y exenciones tributarias para la Iglesia. A más largo plazo, exigiría que se cumpliesen los acuerdos del Concordato de 1851 que favorecían a la Iglesia. También promovió la formación de sínodos diocesanos que unieran  los sacerdotes en opiniones únicas, concilios provinciales que unieran a los obispos. Emitió “Boletines Eclesiásticos” para hacer saber la opinión de Roma a los obispos y sacerdotes, de modo que esa opinión conjunta de sacerdotes o de obispos fuera siempre la de Roma. Y todo ello se complementó con la recomendación de Pío IX de que se predicara en las celebraciones dominicales y de días festivos, a fin de la opinión de la Iglesia llegara a los creyentes, y de que se organizasen “misiones populares” y se organizasen “ejercicios espirituales” en las parroquias a fin de los creyentes se coinvirtieran en defensores de las ideas de la jerarquía católica.

En 1857 fue nombrado Confesor Real de la Reina Antonio María Claret, 1807-1870, el cual había sido arzobispo de Santiago de Cuba en 1850. Al llegar al cargo, dijo que seguiría una vida pobre, apartado de la política. Era el fundador de una orden religiosa nueva de misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María, institución creada en 1859 mediante la cual se había propuesto evangelizar España a través de la difusión de libros y revistas. Era un integrista católico. Aprovechó su cargo en la Corte para conocer las distintas regiones de España. En 1858 fundó la Academia de San Miguel para difundir libros y folletos católicos, estampas, crucifijos, medallas, escapularios… todo lo que los ilustrados y reformadores de la Iglesia consideraban supersticiones y falso cristianismo. Por otra parte, se propuso restaurar el Monasterio de El Escorial. Desde su puesto de Confesor Real, donde aconsejaba a la Reina para que hiciera las propuestas de obispos que debía nombrar el Papa, escogió siempre a candidatos papistas e integristas católicos. También favoreció la fundación de nuevas congregaciones religiosas. El integrismo quedó en posición tan dominante que muchos católicos de los siglos posteriores consideraron que el único catolicismo posible era el integrista. La Iglesia, más tarde, declaró santo a Antonio María Claret, y confirmó la tendencia integrista en todo los territorios sobre los que tenía influencia.

Isabel II se encargó de proteger a los integristas más cerrados que encontraba en toda España. Una de ellos era la monja María Micaela del Santísimo Sacramento.

Otra protegida de la Reina fue María de los Dolores Quiroga y Capodarro, 1811-1891, monja concepcionista que se hacía llamar Sor Patrocinio y tenía un ansia especial por fundar nuevos conventos y reformar otros. La individua en cuestión decía tener revelaciones divinas, vivir éxtasis frecuentes, y la gente común empezó a atribuirle milagros y reconocer en su cuerpo las cinco llagas de Cristo. Isabel II no podía dejar pasar un caso así, y la llamó como consejera y confidente de ella y de su marido. La labor de esta monja debió ser muy importante, pues se le atribuyó la caída de varios ministros y de algún Jefe de Gobierno, así como ser la causa de la colocación en altos puestos de la Administración a conocidos y cerrados integristas católicos. Al igual que Antonio María Claret, era partidaria de que se fundaran muchas congregaciones religiosas y de admitir en España otras que funcionaban en el extranjero.

Isabel II llegó a perder la cabeza con el tema de la religión y pidió al Papa exenciones y privilegios para los concepcionistas, lo cual era volver a siglos pasados y crear tensiones dentro de la Iglesia española. El Papa tenía mejor visión del problema desde Roma, y se negó a la petición. La Reina de España insistió. El Papa hizo comprender a la Reina que no era justo privilegiar a una orden religiosa respecto a las demás, lo cual estaba dentro de la ortodoxia integrista y era aceptable para  Isabel II y su “Corte de los milagros”, pero no de las conveniencias de la Iglesia. No le dijo que volver a una Iglesia de privilegios podía desatar la violencia entre integristas católicos y todos los demás católicos, aparte de una posible ruptura de la Iglesia española.

 

 

La génesis de Unión Liberal

 

En mayo de 1857 dio inicio definitivamente el proyecto de Unión Liberal.

Unión Liberal fue fruto de la reacción ante una evolución del Partido Moderado hacia la derecha. La transformación hacia la derecha había sido dado liderada en 1851 por Bravo Murillo, Lersundi y Roncali y había culminado con Luis José Sartorius en 1853-1854. Estaban apoyados en ello por las Camarillas de Palacio. En ese momento, la facción más a la izquierda del Partido Moderado, los puritanos, se sintieron incómodos en el partido. Eran Ríos Rosas, Pastor Díaz y Cánovas del Castillo. Al principio se constituyeron en oposición al Gobierno en el Congreso, aunque seguían en el Partido Moderado. Su posición disconforme había empezado en 1852.

La crisis del Partido Moderado e involución hacia la derecha se había producido cuando Isabel II y las Camarillas de Palacio, la de la Reina, la de María Cristina y la de Francisco de Asís, plagadas de religiosos integristas, apoyaron al marqués de Viluma, Miraflores y Bravo Murillo para que formasen Gobierno en 1851-1852. Isabel II pecaba de inexperiencia, deficiente formación política e inestabilidad temperamental, lo cual era aprovechado por las Camarillas. Tenía 21 años cuando llamó a gobernar a Bravo Murillo. Las Camarillas eran gentes de pensamiento absolutista y conciencia católica integrista. Les molestaban los moderados por sí mismos, y mucho más los que trataban de dialogar con los progresistas.

A la crisis del Partido Moderado contribuían también las escasas convicciones democráticas de Narváez y los demás gobernantes de 1843-1854: La Constitución era violada frecuentemente, sistemáticamente, sin que nadie se alterase en el seno de esos Gobiernos. Se suspendían Leyes por Decreto, se suspendían libertades individuales bajo el pretexto de desorden público.

El “sistema de poder” establecido se basaba en el control total de la Corona sobre la totalidad del sistema político. El “sistema de poder” decía respetar el sistema político liberal, pero actuaba en contra de sus propias declaraciones. No le importaba inmiscuirse en los diversos poderes del Estado. Creía en la necesidad del autoritarismo. Las Cortes, las Diputaciones y los Ayuntamientos eran simples cartelones de propaganda, obligados a colaborar en el falseamiento de las elecciones en la medida en que el poder se los demandaba.

Y un sistema de poder autoritario y sin control exterior ninguno, evolucionó como todos los casos similares en la historia: se corrompió. La especulación productora de grandes fortunas, y los negocios protegidos desde el Estado, eran demasiado atractivos como para no corromperse en la impunidad: la especulación bursátil de 1846, las concesiones de líneas de ferrocarril como la Madrid-Aranjuez y la Madrid-Irún, la contrata del puerto de Barcelona, el proyecto de canalización del Manzanares, eran ocasiones en las que participaban Ministros, el Rey consorte, María Cristina y mucha gente de Palacio. A medida que el Partido Moderado se corrompía, se fortalecía la disidencia puritana y el problema no tenía arreglo posible: cada facción del Partido Moderado, acostumbrada al absolutismo, decía ser la única intérprete del sentir del pueblo español y trataba de imponerse a las demás, para lo cual no tenía más que conseguir el favor de la Reina. Los moderados de derecha querían que el Partido Moderado fuera un “partido nacional”, homogéneo, que defendiese la monarquía, el catolicismo, el orden público y la prosperidad nacional. Los moderados narvaístas, o de centro moderado, defendían la incorporación al partido de la clase de los grandes propietarios que aceptasen luchar por una Monarquía fuerte con alguna limitación en las Cortes, el respeto a la propiedad privada, la limitación de la participación en política a los grandes propietarios e intelectuales, y la necesidad de cuidar de las clases populares desde el poder. Los puritanos, o izquierda del Partido Moderado, pensaban que el Partido Moderado debía evolucionar al estilo del Partido Conservador británico, aceptando la monarquía constitucional, pero con política tolerante para con los demás partidos liberales y luchando por una modernización de la sociedad. La conciliación entre las tres tendencias era muy difícil.

En esta tesitura, los Gobiernos impuestos por las Camarillas de Palacio no podían ser estables, pues nunca conseguían la mayoría en las Cortes. Y la solución de disolver las Cortes constantemente de forma ilegal, encolerizaba más a los grupos excluidos del Gobierno de turno.

Luis José Sartorius, en su Gobierno de septiembre de 1853 a julio de 1854, entendió el problema y mostró buenos deseos iniciales por resolverlo: reabrió las Cortes, retiró el Proyecto Constitucional de Bravo Murillo, y presentó un paquete de Proyectos de Ley que debían cambiar los sistemas de contratación de obras del ferrocarril. El ferrocarril era el mayor escándalo del momento, pues se otorgaban las concesiones a favoritos de la Reina y del Gobierno, a la Reina Madre, al Rey consorte, a José Salamanca ministro del Gobierno, a Sotomayor, y el concesionario revendía la concesión, unas veces sin haber empezado ninguna obra, otras veces cuando las había iniciado. En los últimos días del Gobierno Federico Roncali conde de Alcoy, diciembre de 1852 a abril de 1853, el progresista Infante había presentado ante el Senado un Proyecto de Ley para que las concesiones de líneas de ferrocarril fueran otorgadas por Ley, es decir, por las Cortes, y no por el Gobierno o por sugerencias de Palacio. Se argumentaba que, de esta manera, se podían otorgar las concesiones de acuerdo a un plan general de ferrocarriles que el Estado podría controlar. Este Proyecto de Ley estaba en el Senado cuando Luis José Sartorius envió otro proyecto al Congreso sobre el mismo tema, lo cual era ilegal, pues cuando una Cámara estaba polemizando sobre un tema no se podía introducir la misma Ley en la otra Cámara. Sartorius alegó que el Proyecto de Ferrocarriles necesitaba mucho dinero y ello era cosa de Hacienda y se tramitaba en el Congreso de Diputados según el artículo 36 de la Constitución. El 28 de noviembre de 1853, pidió que el Senado abandonase la discusión de la Ley de Ferrocarriles para que ésta pasase al Congreso. La Comisión del Senado que estaba llevando el tema alegó que Sartorius estaba violando la Ley de Relaciones entre los Cuerpos Colegisladores mencionada más arriba. El Duque de Rivas alegó que el Senado estaba intentando acabar con la corrupción y la inmoralidad en el tema del ferrocarril, y que Luis José Sartorius quería eliminar los cambios que proponía el Senado a fin de que el gobierno tuviese potestad de conceder las licencias de construcciones ferroviarias.

El 9 de diciembre de 1853, el Senado aprobó el dictamen de su Comisión sobre ferrocarriles por 105 a 69 votos. Con ello desobedecía al Gobierno y se planteaba un conflicto entre Gobierno y Senado. La decisión de Sartorius fue la de pedir a la Reina disolución de Cortes y privar de empleo y sueldo a los senadores que eran funcionarios y habían votado en contra de la petición del Gobierno.

El 29 de diciembre de 1853, El Clamor Público, La Época, Las Novedades, La Nación, El Diario Español y El Oriente, protestaron por la falta de libertad de prensa, y Sartorius detuvo a los más destacados periodistas madrileños. Entonces se planteó la ruptura del Partido Moderado. El 13 de enero de 1854, se emitió una Exposición a la Reina Constitucional en la que se quejaban del cierre de las Cortes, el cierre de la prensa y de la continuación de los muchos males que afectaban al sistema de poder establecido. Incluso se aludía a que había sido cerrado el Senado, un órgano tradicionalmente conservador, por intentar eliminar la corrupción.

Los militantes progresistas se sintieron apoyados en sus proyectos de levantamientos y motines, porque el Manifiesto de 13 de enero de 1854 se difundió ampliamente. Los progresistas estaban en ese momento en el mismo campo que los moderados puritanos. El único trabajo que faltaba era organizarse para el golpe. Trabajaron en ello los generales Serrano, Mesina, O`Donnell, y los políticos Antonio de los Ríos Rosas, Antonio Cánovas del Castillo, Somoza, Oria, Fernández de los Ríos y León Medina. Acordaron sublevarse el 22 de febrero de 1854. Captaron a muchos oficiales del ejército, entre ellos al general Domingo Dulce.

El fracasado levantamiento de Zaragoza obligó a replantearse el golpe: la nueva situación política era mucho más difícil pues se había declarado estado de sitio y varios generales habían sido confinados, varios políticos detenidos y el Ateneo cerrado. Pero O`Donnell, Ros de Olano, Domingo Dulce, y Mesina continuaron en el proyecto y lo realizaron el 28 de junio de 1854. Intentaban una demostración de fuerza que intimidase al Gobierno y provocara su dimisión. Milans del Bosch llevó a la Reina una Exposición de los rebeldes acusando a los ministros de abusos, rapacidad y venalidad, al tiempo que manifestaban defender a la Reina, la monarquía y los intereses de la nación. Pero pedían un cambio de Gobierno. Sartorius organizó la resistencia, llamó a los generales adictos a su persona y llevó a la Reina a Madrid para que no cayera en manos de los rebeldes. Un segundo Manifiesto de los amotinados, pidió la sublevación del pueblo.

Ya hemos contado como evolucionaron las cosas, de modo que un golpe de los moderados acabó en manos de los progresistas y demócratas, que habían tomado la calle. Entonces la Reina tuvo la ocurrencia de llamar a formar Gobierno al mito de las masas progresistas, Espartero. Las barricadas no desparecieron por ello. Hubo que negociar con la Junta de Armamento, Salvación y Defensa de los progresistas. Evaristo San Miguel fue nombrado Capitán General de Madrid y Ministro interino de Guerra. El 23 de julio, San Miguel condenó la violencia practicada en las barricadas y pidió a los madrileños que se retiraran de la calle. El problema era que en esos pocos días, los demócratas habían salido a las barricadas y se habían hecho líderes en muchas ellas, así como en el Cuartel del Sur. Tampoco se podía dejar el Gobierno en manos de los moderados autores de la represión.

El 26 de julio, hubo un Manifiesto de Isabel II pidiendo la unión del pueblo con la Corona bajo los principios de libertad y derechos populares. Y entonces las masas decidieron abandonar la calle, adornaron las barricadas con faroles de colores y pusieron música convirtiendo las barricadas en verbenas. La fiesta culminó con la entrada de Espartero en Madrid en 30 de julio. Espartero y O`Donnell de abrazaron en público, lo que significaba la paz de los progresistas con los moderados puritanos.

Con la llegada de Espartero al poder, se esforzaron más que nunca los que estaban preparando la Unión Liberal. El periódico progresista El Clamor Público habló de la necesidad de un partido nacional que abarcase a todas las clases sociales, incluida la de los trabajadores. El periódico conservador La Época, habló de olvidarse de la división entre progresistas y moderados para empezar a hablar de liberales patriotas.

El 30 de julio de 1854 se inició el Gobierno Espartero-O`Donnell, con Espartero en la Presidencia y O`Donnell en Guerra. Faltaba saber si este Gobierno daría cumplimiento a los deseos de la mayoría de los políticos del momento, deseos de unidad.

Este Gobierno tomó medidas que rompieron con el régimen político de 1845: exilió a María Cristina, eliminó los Decretos de Imprenta de Sartorius, y restableció la Ley de Gobierno Provincial de 1823. También el Gobierno liquidó la posibilidad de que los demócratas alcanzaran el poder y para ello prohibió las reuniones públicas, y neutralizó las Juntas de Defensa provinciales que controlaban los demócratas. Por último, convocó Cortes Constituyentes y elecciones según la Ley Electoral de 20 de agosto de 1837.

En el periodo preelectoral, el Gobierno promovió una coalición liberal integrada por los moderados González Bravo y Morón (que se habían opuesto a Sartorius), los puritanos Concha y Ríos Rosas, y los progresistas San Miguel y Olózaga.

El 17 de septiembre de 1854 el Gobierno hizo un Manifiesto a favor de la Unión Liberal, llamando a todos los partidos de buena fe que quisieran reformar la política y estuvieran dispuestos a unirse para ello, bajo un programa revolucionario que llevase a cabo lo expuesto en el Manifiesto de Manzanares, es decir: soberanía nacional y respeto al trono de Isabel II; respeto al Parlamento; orden público; libertad de imprenta; Ayuntamientos y diputaciones electivos; reforma de la Ley de Presupuestos; cumplimiento de las obligaciones del Tesoro; reorganización del ejército; Ley de Instrucción Pública; Ley de funcionarios; Responsabilidad de los ministros. Lo presentaba Claudio Antón de Luzuriaga, Ministro de Gracia y Justicia.

La idea era constituir una mayoría parlamentaria amplia que permitiera abordar la aprobación de una Constitución nueva y la aprobación de las Leyes correspondientes. No fue posible conseguir esa mayoría.

Las elecciones se celebraron en un ambiente de libertad y de tolerancia, aunque el Partido Moderado y el Carlista se retrajeron. Ganó ampliamente Unión Liberal, pues sólo competía con ellos el conservador de derechas Cándido Nocedal. Dentro de Unión Liberal, eran mayoría de diputados los progresistas.

Espartero dimitió al terminar las elecciones y pidió la confianza de las Cortes, se la dieron, y continuó como Presidente del Gobierno.

En noviembre de 1854 se reunieron las Cortes y enseguida se vio que los unionistas estaban desunidos en tres grupos, unionistas propiamente dichos, progresistas y demócratas. Les dividían cuestiones de soberanía nacional, libertad religiosa y funciones o poderes de la Corona. El cambio iba a ser muy difícil. De hecho fracasó.

Los moderados pusieron un voto de censura al Gobierno. Eran minoría y la censura estaba destinada a fracasar, pero el objetivo político lo consiguieron: provocaron la ruptura del grupo de moderados que se había integrado en Unión Liberal, con el resto de los grupos unionistas.

Durante 1855, la derecha se dedicó a hostigar al Gobierno por diversos motivos. La izquierda radical hostigaba también en una política ciega de ataque a todos los monárquicos. Espartero advirtió, con buen tino, que así no se podía gobernar. La oposición provocó desórdenes en Andalucía, Valencia, Cataluña y Castilla, los cuales significaron la crisis definitiva del Gobierno Espartero y la posibilidad de evolución hacia la liquidación del viejo sistema neoabsolutista. Utilizaban manifestaciones obreras por temas salariales y descontento campesino por alzas de precios de los alimentos, y lo combinaban con motines de tipo revolucionario de izquierdas.

Las Camarillas de Palacio, que seguían existiendo, aconsejaron a Isabel II apoyar de nuevo la vuelta al poder de los moderados y la conspiración empezó a trabajar:

La primera crisis de Gobierno se produjo con motivo de la Ley de Desamortización, pues Isabel II se negó a sancionarla. La Reina tuvo que ceder y firmar la Ley porque Espartero y O`Donnell amenazaron con dimitir, lo cual era enfrentar a los moderados con las masas, una guerra civil. Isabel II le comunicó al Papa que anularía la Ley de Desamortización en la primera ocasión que hubiera.

La segunda parte de la intriga palaciega fue apoyar a O`Donnell contra Espartero, con el compromiso de éste de eliminar a los progresistas del Gobierno. O`Donnell se dejó llevar por su ego y aceptó ser el nuevo líder salvador de la patria.

En 1854-1856 los progresistas moderados o de derecha se apercibieron de que el progresismo de Espartero, incluso matizado por la presencia de O`Donnell en el Gobierno, no respondía a sus convicciones políticas. Igualmente los moderados de izquierda estaban decepcionados por la actuación de O`Donnell.

El 13 de enero de 1856 se produjo la crisis de Gobierno. Alonso Martínez, Ministro de Fomento, alegó la existencia de desacuerdos en el seno del Gobierno. Y el 13 de enero se decidió cambiar a tres ministros: aparecieron Escosura, Arías Uría y Luján.

Alonso Martínez dimitió para dedicarse a tiempo completo a recuperar la idea de unión de los liberales que ya veía rota: organizaba reuniones en casa de Cantero y en casa del Marqués de Perales. A primeros de marzo de 1856, se reunían en esas convocatorias unos 65 individuos entre los que estaban Alonso Martínez, Manuel Cortina, Claudio Antón de Luzuriaga, Serrano, Prim, León y Medina, Bruil, Manuel de la Concha, Ríos Rosas, Coello, Laserna y Ros de Olano. Así nació Centro Parlamentario.

El 15 de marzo de 1856, una Comisión compuesta por Perales, Vega Armijo, Bayarri, Alonso Martínez, Olea, Rodríguez y Laserna, fue a ver a Espartero para exigirle el restablecimiento del principio de autoridad “sin el cual no habría libertad ni orden social”.

Varios colaboradores de Espartero como Allende y Saravia, se incorporaron entonces a Centro Parlamentario.

En abril de 1856, Alonso Martínez, Ríos Rosas y Antonio Cánovas del Castillo crearon “Centro Parlamentario”. Era una facción neopuritana que defendía el eclecticismo político, tolerante para con los progresistas y capaz de colaborar con ellos.

Los líderes de la nueva organización política eran Perales, Vega Armijo y Bayarri. Sus fines eran dominar la Cámara de Diputados de forma que fueran posibles las decisiones claras y unánimes en cuanto al partido del Gobierno a fin de poder hacer las reformas oportunas. De momento, se propusieron intervenir en todas las cuestiones que se planteasen en Cortes a fin de hacerse oír. Claudio Antón de Luzuriaga y Laserna eran los portavoces de Centro Parlamentario en el Congreso. El grupo contaba con 81 diputados y eran minoría mayoritaria.

Colaboraban además con Centro Parlamentario La Época, El Clamor Público y La Nación, los cuales publicaron las ideas básicas del nuevo grupo político: aceptación del cambio político operado en 1854; aceptación de la legalidad vigente; necesidad de un Gobierno fuerte que estuviera en condiciones de hacer frente a la crisis; necesidad de orden público; necesidad de recuperar el prestigio de las instituciones parlamentarias; necesidad de regenerar la vida del país.

La mayoría de los moderados, excepto la facción de Bravo Murillo y Cándido Nocedal, estaban dispuestos a colaborar en el proyecto, aunque se habían opuesto a ello en 1847-1856. Pero la experiencia de los últimos años había llevado a algunos a pensar en la conveniencia de estar unidos.

E inesperadamente, las Cortes hicieron dejación de sus deberes de regeneración política del país: en julio de 1856, cuando debían aprobar la Constitución, se tomaron vacaciones. Prometieron que volverían a reunirse el 1 de octubre para hacer las muchas leyes que estaban pendientes. Era un momento de lo más inoportuno.

El problema se originaba en que O`Donnell se oponía a Escosura. Patricio de la Escosura Morrogh había sido moderado puritano hasta 1847. Fue Ministro de Gobernación de agosto de 1847 a octubre de 1847, y en ese momento se pasó al Partido Progresista. La Reina decidió apoyar a O`Donnell aun en contra de la mayoría parlamentaria de ese momento en las Cortes. Y el 13 de julio de 1856 hubo Gobierno O`Donnell.

Los progresistas vieron la oportunidad de difundir sus ideas desde Unión Liberal. En ese momento, carecían de líderes aceptados por todos. Si colaboraban con O`Donnell tendrían la oportunidad de tocar poder e intentar hacer alguna reforma progresista.

El 18 de mayo de 1857 hubo una reunión multitudinaria  en la Sala de Reuniones del Palacio de Doña María de Aragón de Madrid, a la que acudieron senadores, diputados, periodistas y curiosos. O`Donnell hizo un alegato sincero y apasionado de la necesidad de estar unidos, y denunció que Narváez, Cándido Nocedal y Luis González Bravo habían estado comprometidos en el movimiento habido en el Campo de Guardias en 1854, aunque luego se habían rajado. Denunció que estos hombres habían mostrado deslealtad a la Reina y a su propio partido moderado cuando conspiraron contra el Gobierno del Conde de San Luis. Parece ser que el discurso se lo había redactado Antonio de los Ríos Rosas.

La declaración de O`Donnell acababa con los moderados, cuyo argumento más repetido era su fidelidad a la Reina y su defensa del orden público. Todo era una pose, todo era falso, pues habían participado en las revueltas de 1854, aunque habían tenido buen cuidado en ocultar los hechos.

A continuación, O`Donnell presentó el programa del Partido de Unión Liberal que se proponía encabezar:

Desamortización civil y eclesiástica, previo un acuerdo con el Papa que lo facilitase.

Oposición al centralismo radical de Narváez, a las proposiciones de descentralización de 1854-1856, por su inadecuación a las circunstancias españolas. Proponía una vía media que protegiese mejor los intereses de las provincias y de los municipios.

Renovación del sistema político en torno a la idea de armonía entre los partidos.

El 29 de mayo de 1857, Ríos Rosas hizo un discurso definitivo sobre la necesidad de un partido de Unión Liberal: criticó a los moderados ultras a los que consideraba corruptos; definió la política como un juego entre la libertad y el orden en el que el punto de equilibrio lo debe establecer el Derecho; pidió la descentralización administrativa; abogó por la desamortización civil; y reanudación de la eclesiástica, pero por acuerdos con el Papa; pidió tolerancia y conciliación entre los políticos dentro del espíritu de respeto a la ley; argumentó que sólo en un ambiente de orden se lograría el progreso.

El discurso de Ríos Rosas convenció a los moderados templados en la idea de que ello era la mejor manera de servir a la constitución y a la monarquía.

En los meses siguientes al 18 de mayo de 1857 se negoció con los progresistas ofreciéndoles un programa de reformas, el cual fue publicado en La Época para que no cupieran dudas. Y se negoció con los moderados prometiendo el orden en la calle, pues una vez puestos de acuerdo la mayoría de los políticos en orden a gobernar, no habría opciones para los disidentes que levantaban la calle como modo de actuación política.

Posteriormente, los Unionistas vigilaron los tejemanejes revolucionarios, amenazaron cuando les convenía, intrigaron en Palacio e hicieron caer a Istúriz. Entonces, la Reina llamó a Unión Liberal, la alternativa organizada que se esperaba como medio de pacificación y de progreso.

La popularidad de O`Donnell les permitió implantarse en toda España. En junio de 1858 ya estaban implantados, y ello permitió que O`Donnell gobernase cuatro años seguidos.

 

 

LA CRISIS DE FINES DE 1857.

Fin de la etapa de progreso tras 1857.

 

En 1857 hubo una crisis económica en Europa, una fase de retracción económica. En España, el Tesoro continuaba con sus penurias desde fines del XVIII, puesto que nadie había solucionado ese problema, pero la crisis europea eliminaba la posibilidad de financiación exterior.

El periodo de progreso y desarrollo español se acabó poco después de 1857, tanto por la crisis política sobrevenida en España, como porque en ese año surgió una gran crisis financiera mundial: Tras un gran boom bancario, los nuevos establecimientos británicos, franceses, españoles… emitían bonos, acciones y pagarés con toda libertad, como si recoger dinero fuera un derecho sin límite. Un banco es un negocio que recoge dinero y, siendo consciente de que no todos los depositarios de ese dinero van a retirar sus depósitos al mismo tiempo, se permite invertir por su cuenta una parte de ese dinero. Cuando los bancos se encuentran en etapa expansiva y ven que los depósitos no paran de crecer, surge la tentación de una dinámica excesivamente expansiva que es muy difícil de reconducir cuando llega una crisis y las entradas de depósitos disminuyen o los clientes retiran directamente algunos depósitos con saldo negativo para el banco. En un momento se van a encontrar con el límite de que no pueden hacer frente a sus obligaciones, y simplemente cierran, quiebran. La ruina no suele ser para los propios banqueros, que ven con antelación lo que sucede y retiran gran parte de sus dineros antes de la quiebra final, y los colocan en inversiones más seguras, sino para los pequeños hacendados, clase media y obreros, que han puesto sus ahorros en manos de unos bancos que prometían beneficios cuantiosos y fáciles, y que son sorprendidos directamente por el cierre o quiebra del banco. La crisis del 1857 hizo desaparecer el dinero de Europa y encareció mucho los créditos británicos y franceses, en el raro caso de conseguirlos. España, que vivía de esos créditos, estaba perdida, no podía financiar sus proyectos. La solución era liberalizar la producción y el comercio y volver a iniciar una economía sobre bases más sólidas, pero España, dominada por unas pocas familias terratenientes en la Península, y explotadoras de colonias con miles de esclavos, no estaba dispuesta a liberalizar, sino que exigía proteccionismo, precios altos para mantener el statu quo de la aristocracia. No era la solución adecuada, la que se impuso en el futuro. La crisis no vino del todo mal a España, pues pasado el primer momento de pánico, España se convirtió en refugio temporal de capitales europeos que huían de la crisis.

España no estaba preparada para abordar una crisis de los tiempos contemporáneos debido a su rigidez de mercados: Castilla producía trigo para Cuba y para Cataluña; La Rioja producía vino para Cuba; Cataluña producía textiles, papel y jabón para un mercado peninsular, y de cercanías en el Mediterráneo; y el resto de la economía era especulación sobre los precios, de ventas en el interior, de importaciones, de concesiones de ferrocarril y de construcción de viviendas. La readaptación de mercados e incluso de producciones no estaba considerada.

Otros signos de crisis fueron:

En 1857 hubo una revuelta campesina en Arahal. Fue reprendida violentamente y muchos de los participantes fueron condenados a trabajos forzados en Leganés.

En 1857 aparecieron dos núcleos carlistas, uno en Nápoles y otro en Madrid, pero estaban en fase de recogida de recursos y recluta de soldados. En ellos participaban Pablo Morales, el fraile carmelita Juan Maldonado, Antonio Quintanilla, Joaquín Elío, Rafael Cabrera y el marqués de Salamanca. El apoyo más firme que obtuvieron fue el de Jaime Ortega, que llegaría a ser capitán general de Baleares en 1860.

 

 

Dimisión de Narváez en 1857.

 

Hay muchos aspectos de la crisis política de 1857 que condujeron al desánimo, a la pérdida de fe en el sistema político y a la dimisión de Narváez:

Los levantamientos populares en Andalucía pidiendo la República, fueron reprimidos con tal dureza que los propios miembros del Gobierno mostraron desacuerdos con el grado de represión.

Hacia 1857, los generales españoles empezaron a pensar que era mejor un poder civil que un dictador militar, dada la experiencia habida con Narváez.

Los éxitos económicos recientes se estaban viniendo abajo a mediados de 1857.

Isabel II estaba molesta por no participar en las decisiones de Gobierno como había visto que lo había hecho María Cristina hasta 1854. Le pidió a Bravo Murillo ser ella la que designara Presidente del Gobierno. La Reina quería imponer a un favorito suyo, el capitán de ingenieros Enrique Puig Moltó, al que se tiene por padre de Alfonso XII, nacido en noviembre de 1857, y Narváez se opuso. Naturalmente, se le dijo a la Reina que no podía ser. Isabel II no entendía qué era un rey constitucional.

Los acontecimientos de Palacio fueron tapados como ya era costumbre: Don Francisco recibió la cantidad de dinero acordada y reconoció como hijo suyo al futuro Alfonso XII. Y quién fuera el padre biológico se convierte en una anécdota. Puigmoltó fue enviado a su tierra valenciana, lejos de la Reina, y se le obligó a casarse para evitar el escándalo.

Narváez tenía dificultades para gobernar pues le faltaban apoyos suficientes. Sólo tenía a Isabel II y algunos barones del Partido Moderado, los más conservadores. El conflicto con la Reina le puso las cosas todavía más difíciles. A la Reina le molestaba que Narváez se presentase siempre ante ella como “macho político dominante” y que la chantajeara amenazándola con divulgar su vida privada. La Reina preguntó a Bravo Murillo si era posible que la Reina fuera Presidente del Consejo de Ministros, y Bravo Murillo le contestó que no, porque el Rey era inviolable, mientras el Presidente del Gobierno era responsable de sus propios actos y de los de los Ministros de su Gobierno. Le explicó que, hasta el propio Fernando VII, había tenido Consejo de Ministros.

A fines de agosto de 1857, Isabel hizo dimitir a Narváez. Narváez se incomodó mucho con la Reina, y esta enemistad explica en parte el éxito de O`Donnell y su persistencia en el Gobierno en los años siguientes, a pesar de ser O`Donnell un tipo más bien mediocre y Narváez el hombre que dominaba la política.

Hubo un mes y medio sin Gobierno, hasta 15 de octubre de 1857. Narváez se enrabietó y se fue por fin en octubre. Pero su marcha fue toda una crisis, pues no había Gobierno que le pudiese sustituir.

 

 

[1] Cándido Nocedal Rodríguez de la Flor, 1821-1885, había estudiado Derecho en Alcalá y Madrid y se licenció en 1840. Se apuntó entonces al Partido Progresista en el grupo de Espartero, desde el que irá evolucionando durante toda su vida hacia la derecha, pues sus creencias católicas integristas le llevaban por ese camino. Era evidente que su ideología era incompatible con su filiación política en el progresismo y en 1843 se pasó al moderantismo de Narváez. Colaboró en La Gazeta de Madrid y fue diputado por Zaragoza. En 1854 era el líder de los moderados cerrados, participó en la Vicalvarada y fue uno de los redactores del Manifiesto de Manzanares. En 1854, en el Bienio Progresista trató de mantener unidos a los moderados y se enfrentó a O`Donnell debido a la reanudación de la desamortización. Atacaba al Gobierno desde la publicación “El padre Cobos”.  En 1856 fue ministro de Gobernación para Narváez, y como tal, derogó las leyes del Bienio Progresista y aprobó una Ley de Imprenta completamente restrictiva en libertades. Se esforzaba por mantener un Partido Moderado fuerte y católico. O`Donnell trató de atraerle y le ofreció la Presidencia del Congreso de Diputados y la embajada en Roma, pero Nocedal se negó a aceptar la colaboración. Por el contrario, desde “La Constancia”, se dedicó a atacar a unionistas, progresistas y demócratas vaticinando que ellos traerían la revolución. En 1868 se hizo carlista, y fue el representante de Carlo VII en España. Se hizo muy intransigente. En 1874 se exilió a Portugal por el ataque que se estaba haciendo a los carlistas en la Guerra Carlista, pero regresó en 1875 y creó el órgano de prensa más conocido del carlismo, “El Siglo Futuro”, editado hasta 1936. Su hijo, Ramón Nocedal Romea, heredó el liderazgo carlista en 1885, y en 1888 creó el Partido Católico Nacional, que provocó la escisión del carlismo en Comunión Católico Monárquica, y Partido Católico Nacional.

 

[2] Julián Sanz del Río 1814 -1869 nació en Torrearévalo (Soria) en casa de labriegos pobres, pero un tío sacerdote se lo llevó a Córdoba y le dio primeros estudios y luego le envió a Granada y a Madrid y en 1843 era catedrático de Historia de la Filosofía en Madrid. Fue dos años a Heildeberg (Alemania) y allí conoció las ideas de Krause. En 1867 sería acusado de panteísta y corruptor social y le quitaron la cátedra, que le fue devuelta en 1868. Se haría famoso a través de su discípulo Giner de los Ríos.

[3] Joaquín Costa 1846-1911, fue discípulo de Giner de los Ríos en 1874 y colaborador de la I.L.E. en 1877. A partir de ahí desarrolló una serie de ideas para el desarrollo de España proponiendo hacer escuelas, política hidráulica, arbolado, política quirúrgica frente al caciquismo y la oligarquía… que se conocen como regeneracionismo.

 

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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