EL OBRERISMO ESPAÑOL HASTA 1868.

 

Introduzco el término “obrerismo” para significar los primeros estadios del sindicalismo, cuando todavía los movimientos obreros no estaban contaminados por el sindicalismo unido a los partidos políticos, o por ideologías políticas como el sindicalismo violento de Georges Sorel.

En la época de Isabel II, podemos hablar de sindicatos de empresa, sindicatos de oficio y sindicatos de ramo industrial como mucho, en forma de mutualismos o sociedades de ayuda mutua. El tema se complicará mucho a finales del XIX con la aparición del sindicalismo anarquista o libertario, sindicalismo socialdemócrata, sindicalismo comunista, sindicalismo puro al margen de partidos políticos y sólo para defender intereses laborales, sindicalismo cristiano, sindicalismo revolucionario de Georges Sorel, sindicalismo vertical en el XX…

Contra lo que se viene asumiendo como origen de la izquierda y derecha política en la Revolución Francesa de 1792, cuando los jacobinos se sentaron a la izquierda del Presidente de la Asamblea, creo que estos conceptos citados se elaboraron a lo largo del XIX, cuando los movimientos obreros se vieron enfrentados a los movimientos patronales. Los obreros decidieron denominarse a sí mismos “la izquierda”, aludiendo a los jacobinos franceses, y llamaron a sus opositores, los patronos y sus aliados políticos, iglesia y ejército, la derecha. El interés de esta época que estamos estudiando es la conformación de un sentido de unidad de los trabajadores, unidad que definieron como “la izquierda”.

Aparte de eso, de aludir a los trabajadores como grupo, la dicotomía entre izquierda y derecha no tiene sentido. La política tiene muchos campos de acción, muchas posturas distintas ante los problemas, en absoluto reductibles a una simpleza como ser de izquierdas o de derechas.

 

 

El obrerismo español.

 

El obrerismo español es un tanto peculiar y debe ser entroncado en los tres problemas fundamentales y claves del XIX español: El reparto de la propiedad en el XIX, la necesidad de aclarar la nueva concepción de la empresa, y el populismo.

El reparto de la propiedad en la época 1812-1868, fue un reparto de la tierra del que quedaron excluidos los pobres, creándose un ambiente de decepción de las masas, de propensión a la violencia en algunos grupos, y de utopía que defendía la irracionalidad de que había tierra para todos y bastaba repartir los grandes latifundios para que ello fuera posible.

En cuanto a la industria, la sociedad española estaba en fase de industrialización y no estaba definido el papel de los integrantes de la empresa. Por una parte, los empresarios habían decidido que las empresas eran suyas, porque ellos ponían la iniciativa y el capital, además de muchas veces la gestión. Por otra parte, los obreros estaban también pensando en la posibilidad de que la empresa fuera suya, pues recibían las migajas del mucho dinero que se movía en los nuevos negocios. Casi nadie pensaba en que el factor fundamental en aquella relación era la propia empresa, valor a cuidar por encima de los intereses de los empresarios y los de los obreros, y punto de coincidencia de ambos. Y el Estado se inhibía, excusándose en el liberalismo, para no frenar los abusos empresariales, aunque sí frenaba los abusos obreros como huelgas y luddismo. El Estado, aunque en teoría estrictamente liberal no debe participar, sí debe evitar abusos inmorales de los unos y de los otros y con ello salvaguardar las empresas. Otro asunto diferente es que el Estado entre en el tema de mejorar y subvencionar los resultados con políticas proteccionistas, subvencionistas, y patrocinadoras, lo cual suele ser un error muy grande cuando una empresa no es viable, pues las pérdidas van sobre las cuentas estatales y los beneficios sobre la parte protegida. Pero en un tema nuevo, como era aquel, no había legislación pertinente. Y da la impresión de que en España hubo mucho interés en que no hubiera legislación empresarial, pues cuando otros países la habían hecho, España se resistía durante décadas a tomar medidas similares. Toda la España de fines del XIX y de todo el XX fue deficitaria en leyes actualizadoras, y de ello se beneficiaron muchos estratos sociales.

También hay que enmarcarlo en una tradición mediterránea populista, que venía de muy antiguo y consideraba sagrada, en todos los casos, la voluntad del pueblo aun en contra de los derechos humanos individuales y de las minorías. Desde esta perspectiva tradicional, es muy fácil confundir socialismo o acceso generalizado a los derechos sociales además de a los individuales, con populismo o soberanía del pueblo aun en contra de esos derechos de las minorías y de los individuos, lo cual es común al comunismo y al fascismo.

Algunos casos concretos españoles ilustrarán lo dicho:

En Badajoz en 1855-67 se habían vendido en la desamortización un 50% de los montes sin previa parcelación. La razón oficial, absolutamente correcta desde un punto de vista económico, era que como se trataba de tierras de muy poca calidad y utilidad muy dudosa para la agricultura, que sólo conservarían algún valor y aprovechamiento si no se subdividían. La interpretación popular fue que les quitaban esas tierras comunales a los pobres y se las vendían a mitad de precio a los ricos. Su indignación fue tan grande como errónea su interpretación, y los obreros del campo se afiliaron a diversos movimientos socialistas.

Igualmente, los jornaleros andaluces con un 50% de paro y unos jornales miserables que iban desde la simple manutención a la mitad del salario pagado normalmente en el resto de España, mantenían una rebeldía primitiva y salvaje, que pronto (entre 1848 y 1868) se hizo receptiva a las doctrinas de Fourier (comunismo de falansterio) y, a partir de 1868, a las de Bakunin[1] (anarquismo).

 

 

El error liberal de base.

 

El liberalismo construyó magníficos sistemas doctrinales en economía, sociedad y política, con una gran carencia, la necesidad de moralidad para aplicarlos rectamente. Entendió que toda intervención en estos temas era perniciosa, y concluyó que lo mejor era no legislar sobre ello, y que el Estado no interviniera en absoluto, porque sólo empeoraba las cosas. Los liberales acertaban en ello en la inmensa mayoría de las ocasiones, pues todos los legisladores o eran ignorantes, o estaban interesados como parte del problema, lo cual era actuación a favor de parte, y por lo tanto injusta y negativa para la economía y la sociedad. El liberalismo asumió en el fondo que todos los hombres son buenos, y del “dejar hacer” se derivaría la justicia, lo mejor para cada tema en cada ocasión. En todo caso, argumentó que los demás sistemas eran más inmorales todavía. El tema de la moralidad es la clave en estos asuntos económicos, sociales y políticos. La acusación de inmoralidad para con el liberalismo, no significa que los demás sistemas tengan un mayor grado de moralidad. El problema fue considerar que el liberalismo no necesitaba de un sistema represivo contra la inmoralidad.

En la industria y en la agricultura, y como consecuencia de este vacío de legislación y de moralidad en los empresarios y en los obreros, se abrió un enfrentamiento entre empresarios y trabajadores que deformó toda la vida política de la segunda mitad del XIX y de todo el XX. Los empresarios se identificaron con el Estado, el cual estaba apoyado por la Iglesia y el Ejército, formando un bloque que fue denominado por los obreros “la derecha”, y los obreros de autodenominaron “la izquierda”. Se estableció así un dogma, irracional como tantos otros, como si los obreros no pudieran ser defendidos desde posiciones moderadas y conservadoras y los partidos de derechas fueran necesariamente “propiedad” de los capitalistas. Y cada bloque se creyó dueño de una moralidad superior al del otro, los unos porque generaban la riqueza, los otros porque tenían teorías distributivas mejores.

A veces se llegó a la torpeza de simplificar los temas como un mero enfrentamiento de derechas y de izquierdas, cuando la realidad es mucho más compleja. El obrerismo no es el único problema del mundo, no es toda realidad, sino sólo una parte de ella, y sus problemas no se pueden solucionar sin tener en cuenta el conjunto de la realidad. Pero los temas obreros son una parte muy importante de la sociedad que no se puede abandonar en manos de los empresarios y de la buena conciencia social. El Estado debe intervenir en la vigilancia contra la inmoralidad de los empresarios, de los obreros, de los gestores empresariales, de los gestores del propio Estado. El dogma del laisser faire debe ser corregido.

Hay muchos intereses distintos, muchos planteamientos, muchos partidos políticos, muchas formas de distribución de la riqueza… Y la socialdemocracia demostrará que no todos los obreros están por la lucha cerrada contra la propiedad, contra el Estado burgués, el ejército o la Iglesia, y no todos los burgueses están en el pensamiento atribuido a la derecha. En el siglo XX se pondrá de moda “el centro” y casi todos los políticos querrán hacerse ver como de centro, incluso los extremistas. Y a pesar de que la dicotomía entre izquierda y derecha está superada, muchos políticos y sindicalistas políticos siguen utilizándola.

A finales del XIX, los teóricos se preocuparán sobre todo por el tema de la moralidad social, incluso los tenidos por economistas. En el siglo XX llegaron sistemas que dijeron que ya tenían resuelto el tema a su manera, como los comunismos y fascismos, totalitarismos en todo caso, e implantaron las mayores inmoralidades sociales que el mundo ha conocido. Y de nuevo se recurrió al populismo como fuente de moralidad, algo que ya parecía superado en el XVIII, y se dijo que las votaciones de la mayoría son siempre norma moral por sí mismas, lo cual es una barbaridad, un retroceso cultural de cientos de años.

En el XIX, las manifestaciones obreras sustituyeron a las manifestaciones campesinas antiguas, y los obreros del campo desalojados de la propiedad hicieron piña con los obreros industriales, y a ellos se sumaron las decenas de miles de artesanos en proceso de desaparición.

 

 

Manifestaciones obreras en España

 antes de 1868.

 

En el mundo, hubo manifestaciones de intranquilidad obrera y campesina siempre, en Roma, en la Edad Media y en la Moderna. En la Edad Contemporánea, no las consideramos muy importantes hasta 1834. En España, los movimientos obreros más conocidos propios de la modernidad, fueron:

En 1730 tenemos noticia de una huelga en Manufacturas Reales de Paños de Guadalajara.

El 2 de marzo de 1821 hubo huelga en Alcoy con unos 1.200 participantes que quemaron 17 máquinas de hilar. Los dueños de las máquinas fueron indemnizados por el Estado.

En 1823 hubo destrucción de máquinas de hilar en Camprodón.

En 1833 apareció en España la “Comisión de Fábricas” una asociación de patronos patrocinada por el Capitán General de Cataluña para defenderse de los conflictos obreros que se estaban generando en Cataluña desde 1823.

Los movimientos obreros españoles de cierta importancia se produjeron a partir de 1834. Es importante tener en cuenta el alza de precios que se produjo a partir de 1834 y hasta 1836. Los precios habían descendido entre 1800 y 1835 y volverían a descender a partir de 1839, pero no los del trigo y harina que iban siempre en alza. El despido se hacía en cualquier momento, sin previo aviso y sin indemnización alguna. Las tendencias hacia movimientos asociacionistas estaban motivadas. La tendencia a traducir el malestar en violencia infundada, sin programa ni fines concretos predeterminados, se explica por falta de cultura y por engaños de los teóricos socialistas extremistas.

Podemos dar la fecha de 1835 como de inicio de grandes manifestaciones sociales-obreras españolas: las primeras manifestaciones son difícilmente distinguibles de las viejas manifestaciones populares, salvo que las viejas eran campesinas y artesanas, y las nuevas obreras:

El 25 de julio de 1835, mientras la gente abandonaba los toros en Barcelona, surgió un movimiento de masas exaltadas que se dirigieron a unos conventos y los quemaron. El asunto provenía de que los carlistas habían entrado en Reus y habían perseguido a los no católicos. Al marcharse, algunos reusinos asesinaron a unos frailes.

El 5 de agosto de 1835, los catalanes asaltaron el Palacio de Capitanía de Barcelona y asesinaron al Capitán General Pedro Nolasco Bassa, asaltaron una comisaría de policía, incendiaron algunos archivos de Hacienda, e incendiaron por fin la fábrica de telas “El Vapor” propiedad de Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía, atacando a la milicia urbana que la protegía antes de incendiar el edificio. Atacaron después la fábrica de blanqueos Juan Vilaregut, que también usaba vapor. Los atacantes eran marineros, pescadores, campesinos, trabajadores en su propio domicilio y no exactamente los obreros de esas fábricas, que más bien defendieron la fábrica. El hijo de Bonaplata, capitán de la Milicia urbana tomó algunos obreros para defender la fábrica de su padre, lo que demuestra que no eran todos los obreros los que estaban en la revuelta, sino un grupo minoritario.

Los obreros estaban descontentos desde 1827 cuando los fabricantes habían acrecentado el tamaño de las piezas de tela y seguían pagando lo mismo por pieza fabricada. El 6 de agosto de 1835 asaltaron el domicilio y fábrica de Muné. El 7 de agosto empezó la represión siendo fusilado un marinero llamado Narciso Pardiñas, a lo que siguieron más fusilamientos el día 10 de agosto: Alejo Bell, José Prats y Juan Jaldi, que, según el Gobierno “eran los incendiarios” de la fábrica Bonaplata. Lo cierto es que las víctimas fueron obligadas a confesar el delito, y nos queda la duda de si la tortura hizo aparecer la verdad, o no. Los periódicos de Barcelona criticaron la quema de fábricas pero no dijeron nada de la muerte de frailes y quema de conventos.

El Gobernador Civil interino en 1835-1836, José Melchor de Prat, hizo un bando general por el que el obrero podía expresar quejas a una Comisión inspectora pero, si organizaba protestas, dentro o fuera de la fábrica, la primera vez tendría ocho días de arresto, y la segunda sería expulsado de la ciudad y colocado en una lista negra que se repartiría entre todos los empresarios, además de ser entregado a un tribunal de justicia.

En 1838 los obreros de Barcelona pidieron autorización para asociarse y lo conseguirían en 1839.

 

 

Las Sociedades de Ayuda Mutua.

 

El 28 de febrero de 1839, Espartero decidió promover las sociedades de ayuda mutua, siempre que no realizasen actividades políticas, y el 10 de mayo de 1840 nació la “Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera”, asociación legal que daba cobijo a otra ilegal llamada “Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón”, llamada vulgarmente Sociedad de Tejedores, que sí realizaba actividades políticas. Esta sociedad llegó a reunir 50.000 socios y sus dirigentes eran Juan Muns, José Sert Rull, José Sugrañes Pascual, Vicente Martínez, Pedro Mártir Cardeñas y Pedro Vicheto. Su objetivo era un comité paritario para la resolución de conflictos obreros. Su funcionamiento era el siguiente: cada fábrica elegía unos delegados que se reunían por zonas o ciudades y elegían a sus dirigentes locales. La Mutua llegó a crear talleres propios para dar trabajo a los mutualistas parados, pero sobre todo, organizaba huelgas para defender salarios altos. Vista su efectividad, fue declarada ilegal el mismo año de 1840.

Ilegal y todo, surgió un movimiento de imitación de la Sociedad de Tejedores entre los hiladores, impresores, blanqueadores, tintoreros, alpargateros, zapateros, medieros, carpinteros, pintadores, serradores y claveteros, que intentaron hacer sus propias mutuas. Ello era muy complicado y decidieron unirse a la Sociedad de Tejedores en una confederación obrera, declarando jefe a Juan Muns y eligiendo una Junta Central Directiva. Una vez formada la Junta Central, se adhirieron a ella los sogueros y tejedores de velos. La Junta funcionó ocho meses y organizó cajas de resistencia que hacían préstamos a los obreros y redactaron un manifiesto el 28 de febrero de 1841 pidiendo: represión del contrabando, proteccionismo arancelario, derecho de asociación, respeto a la propiedad privada y a la libertad individual, enseñanza gratuita a los niños y mejor reparto de los beneficios de las empresas.

 

 

A partir de 1839 hubo pequeños conflictos obreros en otras regiones de España:

1839, en Granada, los tejedores de lana y seda, zapateros y alpargateros.

1840, en Madrid, los sombrereros.

1842, en Madrid, los cajistas de periódicos y los albañiles.

1843, en Valencia, los sederos.

Estos conflictos de fuera de Cataluña no eran estrictamente obreros, sino que en estos primeros conflictos participaban artesanos y pequeños empresarios, y parecían conflictos gremiales de estilo antiguo.

 

 

Las Comisiones de Arbitraje.

 

En noviembre de 1840 se crearon Comisiones de Arbitraje integradas por propietarios y obreros. Pronto se vio que no servían para nada, porque siempre se llevaban la razón los propietarios, y los obreros las abandonaron en marzo de 1841.

En enero de 1841, el ayuntamiento de Barcelona creó una comisión mixta arbitral, integrada por patronos y obreros, para tratar de negociar antes de las huelgas. Esa comisión fijó el tamaño de las piezas de paño y el salario de cada una para el obrero. Pero los empresarios no cumplieron lo dictado por la comisión y las huelgas volvieron en marzo de 1841.

 

 

La prohibición de las asociaciones obreras.

 

En abril de 1841, Espartero aclaró que sólo estaban permitidas las asociaciones obreras que tuvieran como fin la  mutua protección y socorro. Ello quería decir que la Asociación de Tejedores era ilegal. En 1842, las “mutuas” que Espartero toleraba, estaban implantadas en toda Cataluña y escondían a las asociaciones obreras. Estaba en el problema de tolerar la defensa de los salarios y condiciones de trabajo, que los burgueses no querían y Espartero no hizo, e impedir que las asociaciones obreras fueran manejadas con intereses políticos en contra del sistema establecido. No supo resolver correctamente el tema.

A finales de 1841 hubo una crisis de superproducción y los empresarios amenazaron con el lock out, lo que dio como resultado que los obreros abandonasen las huelgas y trabajasen en peores condiciones, tal y como pedían los empresarios. Pero siguió habiendo huelgas puntuales, con muertos incluso, aunque ya no huelgas generalizadas.

En 1841, Abdón Terradas se interesó por el comunismo icariano de Cabet y tradujo Icaria. Hacia 1847, un grupo de icarianos marchó a Estados Unidos a hacer un poblado icariano, que resultó un fracaso.

 

 

Rebelión en Barcelona en 1842-1844.

 

En 1842 Espartero hizo un proyecto de libre importación de manufacturas de algodón con intención de hacer bajar los precios. Ello unió a los empresarios, que estaban en contra del librecambismo, y a los obreros que ya estaban en la oposición a la política burguesa de Espartero, en la lucha contra Espartero. Una vez iniciada la lucha, los empresarios cerraron fábricas para calentar más el conflicto mediante los despidos. Cuando se conoció el nuevo impuesto a los barceloneses por el derribo de la Ciudadela que habían hecho las masas el año anterior, y una nueva llamada a quintas, se produjo el máximo de exaltación.

En noviembre de 1842 se produjo la sublevación de Barcelona, que se declaró republicana y proclamó una Junta dirigida por Juan Manuel Carsy (ex militar), Vidal Gual (empresario), Ramos Castro (empresario) y Jaime Giralt (dependiente de comercio) y otros menestrales. Esta Junta creó tres batallones de obreros llamados “Tiradores de la Patria”.

En septiembre de 1843 una Junta Suprema, integrada de nuevo por obreros, se hizo cargo del poder en Barcelona. De nuevo crearon milicias obreras. Eran conocidos popularmente como “La Jamancia” (jamar es comer, y jamancia son el grupo de los hambrientos). Intentaron conectar con otros oficios distintos a los de tejedor, lo que demuestra que empezaban a sentir que la fuerza estaba en la clase obrera como conjunto.

El 27 de noviembre, los jefes de la Milicia y los alcaldes de barrio de Barcelona, eliminaron la Junta anterior, nombrada pocos días antes, eliminaron los Tiradores de la Patria, y proclamaron otra Junta, ya burguesa, integrada por: Salvador Bonaplata, Valentín Esparó y Nicolás Tous. (Todavía habría una tercera Junta integrada por Crispín Gabiria, Sardá, Borrés, Altés, Fargas).

Los militares de Barcelona se refugiaron en Montjuich y La Ciudadela. Era Capitán General Antonio Seoane. Se propusieron acabar con las asociaciones obreras.

En 1844 llegó la represión de Narváez y el Sindicato de Tejedores pasó a clandestinidad. Los obreros crearon en cada fábrica unas comisiones de trabajadores que funcionaron sobre todo en Barcelona, Igualada y Sabadell.

 

 

Los Talleres Cooperativos.

 

Pero las asociaciones obreras se habían implantado profundamente y era muy difícil erradicarlas: con un préstamo del Ayuntamiento, los obreros de Barcelona  fundaron Talleres Cooperativos y dieron trabajo a unos 200 obreros, y fueron capaces de resistir hasta 1848, momento en el que la ruina les hizo vender a una empresa privada. El taller cooperativo obrero producía con altos costes, acabó por ofrecer salarios muy bajos, más bajos que los que pagaban los burgueses, y se demostró inviable.

 

 

El cooperativismo entre patronos y obreros.

 

En 1847 se inició una relación social distinta, la cooperación entre patronos y obreros. Los patronos ponían un dinero, y los sindicalistas organizaban clases nocturnas para los obreros, guarderías y servicios de búsqueda de empleo y de socorro a los enfermos. Ejemplos de esta nueva cooperación son: De 1847 fue Fomento de las Artes de Madrid, de 1850 fue el Orfeón Popular de José Anselmo Clavé en Barcelona, y de por entonces fue la Escuela de Adultos de Antonio Ignacio Cervera, de Madrid. No tuvieron el éxito esperado.

 

 

Los sucesos de 1848 en Madrid.

 

En 1848, los trabajadores de Madrid, tras conocer los sucesos de Francia, el 26 y 27 de marzo organizaron su propia lucha tomando las armas, y saliendo a ocupar el centro viejo de Madrid. No hubo consecuencias positivas para los obreros. Entre 1.500 y 2.000 personas fueron enviados a colonias. La represión de Narváez se hizo más fuerte que en épocas anteriores.

 

 

El obrerismo español de 1849 a 1854.

 

Teniendo en cuenta que los partidos liberales habían caído en manos de los grandes propietarios, se habían hecho “burgueses”, era lógico que los revolucionarios acudieran a los obreros para sus luchas contra el poder establecido, como los revolucionarios de la Edad Media acudían a los campesinos. Así surgió el obrerismo revolucionario.

En 1849, Antonio Ignacio Cervera, maestro de escuela, mallorquín, organizó mutuas obreras y fundó en Madrid el periódico “El Amigo del Pueblo” en 1849, que fue cerrado y cambió de nombre para llamarse “El Trabajador” en 1851, y “El Taller” en 1852. El periódico se vendía en Málaga, Sevilla, Antequera, Almería y Valencia, a artesanos semiindependientes que aspiraban a una independencia económica de los obreros al estilo utópico proudhoniano.

En 1849, 30.000 trabajadores hicieron una petición a Narváez para que no aprobara la ley de Aranceles.

En 1850 aparecieron nuevas agrupaciones obreras en Cataluña como los grabadores de estampados y galoneros del algodón.

El músico Anselm Clavé organizaba coros que no eran sino tapaderas de sociedades obreras ilegalizadas.

En 1853, el Gobernador Civil de Barcelona hizo comisiones mixtas de patronos y obreros para calmar las tensiones sociales y las huelgas, y simultáneamente, reprimió fuertemente a los huelguistas.

En 1854 las comisiones de trabajadores se federaron en “La Unión de Clases”. Convocaron huelga bajo el lema “asociación o muerte”.

En marzo de 1854 se produjo la primera huelga general en Barcelona. Empezó en La España Industrial por problemas de disciplina de trabajo, pero el Capitán General de Barcelona encarceló a algunos obreros y entonces, el 27 de marzo, empezó la huelga en la empresa. El Gobernador ordenó detener a los dirigentes de la huelga y ello llevó a la huelga en las demás fábricas. El 30 de marzo los obreros estaban en la calle en barricadas luchando contra el ejército y así se permaneció hasta 1 de abril. El 3 de abril se prometió liberar a los detenidos y legalizar las mutuas, y los obreros volvieron al trabajo. Setenta obreros fueron deportados a La Habana.

Pero el Capitán General decidió que los obreros debían obedecer permanentemente a las autoridades y que la libertad de contratación era el derecho prioritario a guardar. Para ello exigió que todos los obreros llevaran una cartilla identificativa. Decretó la pena de muerte para todos aquellos que coartasen la libertad de los demás para ir al trabajo.

 

 

Obrerismo en el Bienio Progresista, 1854-1856.

 

Las acciones socialistas durante el Bienio Progresista de 1854-1856 fueron muy agitadas, y pusieron las cosas difíciles a los gobernantes, pues encontraron las contradicciones propias de los progresistas:

El 14 de julio de 1854, en Barcelona, algunos grupos armados asaltaron las fábricas de hilados y destruyeron selfactinas e incendiaron plantas industriales. Aparecieron encapuchados destruyendo máquinas en varias ciudades industriales. Hubo 7 muertos entre los guardianes de las fábricas. Se detuvo a 15 asaltantes, y fueron juzgados y fusilados. Barcelona estaba casi toda en huelga. En esto, el Capitán General Ramón de la Rocha decidió apoyar el pronunciamiento liberal de Madrid de 1854. Desde entonces fue odiado por los conservadores por pasarse al bando de los progresistas, y por los progresistas por su pasado conservador. La Rocha quiso entonces ganarse a los obreros y negoció con el dirigente obrero José Barceló la prohibición de las selfactinas. Los empresarios boicotearon la orden de La Rocha y los obreros no cesaban en la huelga.

Para colmo de males, llegó una epidemia de cólera. Entonces los sindicatos cedieron y volvieron al trabajo. Pero con motivo del cólera, las autoridades abandonaron Barcelona y los únicos capaces de dirigirla eran los sindicatos. El peligro era grande. Entonces fue designado Gobernador Civil de Barcelona Pascual Madoz. Madoz incorporó 5 dirigentes obreros a la Junta Consultiva de Gobierno de la provincia, y 3 de ellos fueron nombrados concejales de Barcelona. José Barceló y Ramón Masseras fueron nombrados oficiales de la Milicia Nacional. Pascual Madoz también preparó convenios colectivos mejorando los sueldos de los obreros.

En septiembre de 1854 hubo otro motín de tipo luddista en Antequera contra la introducción de mule-jennies en el hilado.

El resultado de la incorporación de las asociaciones obreras catalanas al poder fue que los obreros se sintieron fuertes, y el 24 de enero de 1855 crearon la Junta Central de la Clase Obrera, integrada por los directores de 30 sindicatos. El ministro de Fomento mandó realizar un informe sobre las condiciones de vida del obrero, estando Madoz en la comisión parlamentaria habilitada al efecto.

Pero en las ciudades cercanas a Barcelona, los empresarios se negaron a subir los sueldos, como pedía Madoz. También los obreros se negaban a aceptar las subidas propuestas por el Gobierno, por insuficientes. Había agresiones a los empresarios.

Era anormal que los progresistas, burgueses que utilizaban el liberalismo en beneficio de sus empresas, accedieran a subir sistemáticamente el sueldo de sus obreros.

Ante esta situación políticamente confusa, los progresistas de 1855 decidieron que la libertad de contratación estaba por encima de la libertad de reunión y entonces el Capitán General de Barcelona, Juan Zapatero Navas, ordenó detener al líder obrero José Barceló y le condenó a muerte bajo la acusación de ser dirigente obrero. Los obreros se sublevaron, Barcelona hubo de ser ocupada militarmente, Barceló fue ejecutado. Y en junio de 1855 se prohibieron los sindicatos obreros y se eliminó a los dirigentes obreros de la Milicia Nacional para que los obreros no tuvieran armas.

Hubo, también en 1855, un pequeño conflicto de huelga de los sombrereros de Granada, pero sin relevancia apenas.

El 2 de junio de 1855 hubo huelga general indefinida en toda Cataluña. Los huelguistas eran miles. Los soldados fueron retirados a los cuarteles para evitar que fueran masacrados. Se envió a la Milicia Nacional contra los huelguistas. Pero la Milicia no quiso disparar sobre los obreros.

La Junta Central de los obreros formó dos comisiones para negociar en Madrid la libertad de asociación, la jornada de 10 horas y un tribunal laboral mixto de patrones y obreros. La Junta negoció con Rafael Saravia el mantenimiento de los salarios y el tribunal mixto. Pero el Gobierno no cumplió. Al contrario, tras las negociaciones, el Gobierno concentró tropas en Barcelona y, cuando tuvo las suficientes, el 10 de junio de 1855, ordenó acabar la huelga.

La huelga general de Barcelona de 1855 demostró los límites de la huelga como forma de lucha política. Se vio que era necesario el sindicalismo, la organización, el programa político, la asociación de un partido político con una asociación obrera, es decir, el sindicato, porque tras la huelga hubo mucha represión, prisiones y destierro, y ello sólo conducía a más huelgas sin ningún progreso para los obreros. También se vio que los liberales progresistas no eran amigos de los obreros sino de los patronos. Eran ante todo burgueses. Los obreros se hicieron entonces demócratas y republicanos apelando a políticos como Narciso Monturiol, Clavé, Montaldo, Cerdá, Juan Bautista Guardiola…

Los obreros crearon entonces su propio periódico que se llamó “El Eco de la Clase Obrera”, publicado en Madrid por el sindicalista Ramón Simó Badía con la colaboración de Pi y Margall, que era hijo de un tejedor barcelonés y sabía algo de los problemas obreros.

Pi y Margall redactó un informe sobre los problemas obreros y lo envió a las Cortes con 22.000 firmas de trabajadores catalanes. El Gobierno estaba haciendo entonces un proyecto de ley, proyecto Alonso Martínez, y nombró una comisión integrada por Madoz y Figuerola, que perjudicaba mucho a los obreros.

Los progresistas creían en las libertades del patrono, de contratación y de ganancias, y no cayeron en la cuenta que los aumentos de precios y bajadas de salarios perjudicaban los derechos de muchas personas. Eran más burgueses que progresistas.

De enero a marzo de 1856 hubo huelga de tejedores en Béjar reclamando aumentos de sueldo. Las huelgas se multiplicaron este año: marinos de Vigo, zapateros de Lugo y La Coruña, Astilleros de Bilbao, obreros de la carretera Huesca-Barbastro, sastres de Albacete, obreros del arsenal de Cartagena, carpinteros de Granada, portuarios y zapateros de Almería, portuarios de Cádiz, panaderos de Málaga.

En mayo de 1856 hubo una huelga grande en Alcoy con los obreros textiles, los del papel, carpinteros y otros.

En mayo de 1856 hubo en Barcelona un gran problema por la “cuestión de la media hora” o proyecto de los patronos de hacer trabajar a los obreros media hora más los sábados cada vez que había un festivo entre semana. Los obreros protestaron.

 

 

El obrerismo en el periodo unionista.

 

En julio de 1856 cayó el Gobierno llamado “progresista” y fue sustituido por otro moderado unionista.

Los obreros de Barcelona pusieron barricadas protestando contra los militares conservadores golpistas y las barricadas duraron hasta el 22 de julio de 1856. El gobernador civil, Juan Zapatero, decidió el 21 de julio atacar las barricadas y ponerse del lado de los moderados que tomaban el poder. Los obreros capturaron al coronel Magín Rabell, juez militar que hacía los consejos de guerra contra los obreros (y había condenado a Barceló) y le cortaron la cabeza. Zapatero atacó con saña, y hubo 63 soldados muertos, y 403 obreros muertos.

Tras la represión de los obreros y caída de los progresistas, los obreros pasaron a una mayor clandestinidad, pero siguieron existiendo y organizaron varias huelgas en 1857. La causa de todos estos movimientos huelguísticos de 1856 y 1857 eran las subidas de precios y bajadas de salarios. Las huelgas sólo cedieron cuando el Gobierno unionista bajó los precios del pan en 1857.

Entre los campesinos, el socialismo era entendido como redistribución de la tierra, la vieja idea milenaria, y los pobres entendían que las tierras de la nobleza y de la Iglesia serían repartidas entre ellos, y todos serían propietarios. Creían en la utopía de que había tierra para todos. En Pozal (Valladolid) se organizó un falansterio llamado República de los Pobres.

En 1856, en Andalucía, ya no quedaban tierras a repartir y el mito del reparto de tierras entre los campesinos ya no pudo sostenerse como venía haciéndose desde 1843. La forma de protesta tradicional de ocupar las fincas no desamortizadas ya no tenía sentido y fue sustituida por la de incendiar cosechas, matar ganado y asaltar cortijos para robar en ellos.

En 1857, Sixto Cámara organizó un levantamiento en Málaga, Sevilla y Jaén recorriendo los pueblos para lograr un levantamiento general. Pero la reacción de los campesinos fue muy intrascendente: asaltaron un cuartel de la Guardia Civil y quemaron varios archivos notariales y municipales. Narváez detuvo a los cabecillas y ejecutó a un centenar de ellos.

En 1861, Rafael Pérez del Álamo levantó una partida de jornaleros en tierras de Loja y se sumaron unos 6.000 campesinos que tomaron Loja el 29 de junio de 1861. Entonces se sumaron muchos más llegando a juntarse 20.000, de los cuales 10.000 estaban armados. Llegaron a tomar Loja, Iznájar, y 43 pueblos más de las provincias de Sevilla, Granada, Málaga, Almería y Jaén. El general Serrano decidió intervenir con el ejército. Pérez del Álamo no supo qué hacer con esos hombres y esperó en Loja la llegada del ejército, y huyó en cuanto vio llegar la fuerza armada, perdiendo toda oportunidad de hacer algo. Serrano ejecutó a seis y deportó a Fernando Poo a un centenar de campesinos.

España empezó a crear casinos en muchos pueblos, casinos que eran centro de reunión y de financiación de huelgas y actividades obreras, y también de las patronales, en sus propios casinos. Muchas veces, no se entiende de otra manera, si no es teniendo en cuenta estas reuniones obreras y patronales, la obsesión de los gobernantes españoles por prohibir el juego, cuando en España se jugaba por todas partes y a la vista de todos.

En 1861-65 llegó la crisis algodonera que significó el cierre de muchas empresas y despido de obreros. Los sindicatos obreros se debilitaron con ello.

Por entonces, se difundió el cooperativismo de Fernando Garrido el cual convenció a muchos obreros para que se asociasen y trabajasen por su cuenta. En estos momentos, tanto los moderados como los republicanos creían en el cooperativismo como salida para los obreros. Los mutualistas obreros denunciaron la utopía y el 25-27 de diciembre de 1865, Congreso Obrero de Barcelona, se defendió el asociacionismo y se condenó el cooperativismo.

 

 

El federalismo.

 

En esta época que estamos considerando, los españoles más progresistas se fueron escindiendo en múltiples grupos. Los demócratas de 1847 ya hemos dicho que eran una escisión de los progresistas. Posteriormente, se escindieron los demócratas monárquicos de los demócratas republicanos, y de éstos saldrían los republicanos federalistas y también, más tarde, los anarquistas y los socialistas.

El Partido Republicano Federal fue fundado con la colaboración de Figueras, Castelar y Pi, entre otros, en 1868. Respondía, este partido a problemas generados por la revolución industrial que se venían planteando en España desde 1850 y que, según ellos había que destruir o renovar:  El liberalismo a ultranza que defendía la actuación individual, e impedía con ello la actuación de los desprotegidos. Y el librecambismo, en el que los ricos podían hacer y deshacer a su antojo.

Era evidente la existencia de una descompensación de poder entre los ricos y los desafortunados. Esta descompensación llevaba al abuso por parte del empresario, y a la reducción del trabajador a condiciones míseras de vida. Ello impulsó a Marx, a Proudhom, a Pi y Margall y a tantos otros, a escribir sobre relaciones económicas y sociales.

La diferencia entre Marx y el federalismo es que Marx pedía la actuación del Estado para regular las relaciones socioeconómicas, de un Estado socialista por supuesto, y los federalistas temían al Estado en cualquiera de sus formas, aproximando sus ideas al anarquismo.

El federalismo fue tanto un principio de organización política, como una ideología.

Como principio político, el federalismo intenta ser una solución armónica y equilibrada entre las necesidades de gestión de los intereses privativos de cada comunidad regional, y los intereses comunes a todas las comunidades. Pero el origen del Estado Federal, puede situarse tanto los pequeños Estados que se asocian, como el gran Estado unitario que se descentraliza. De ahí que la conformación de un Estado Federal sea diversa: puede hacerse por asociacionismo para conseguir objetivos superiores a las posibilidades de cada Estado particular, o por segregacionismo para atender a las peculiaridades regionales que no se sienten bien administradas por sistemas gubernativos generales. En el caso de España se hacía por segregacionismo. De todos modos, el federalismo no es separatismo, pues en el concepto de “Estado Federal” hay dos partes: las instituciones que se van a mantener en común y que entran en la parte de “Estado” y las instituciones que se van a descentralizar y entran en la parte de “Federal”.

Uno de los problemas que se le plantea al federalismo español en el campo de la organización política es el de la soberanía:

Si los Estados asociados o federados mantienen cada uno su soberanía o independencia hablaremos de “confederación”. En ese caso, estarán sometidos a un pacto voluntario para determinadas cuestiones previamente acordadas y podrán salir del pacto cuando cada Estado asociado lo desee. Fue la idea sudista estadounidense. En España, muchas veces entre los políticos, a los que pensaban así se les llamó “federados” creándose un equívoco importante. El problema es que a pocas cosas que pacten en común, estarían sometidos a la disciplina de respetar el pacto, y ello es contrario a la idea de libertad que en principio sugiere el término confederación. En ese punto, la libertad del sistema confederado para abandonar la federación en cada momento, se convierte en desorden político intolerable en cualquier proyecto político. Por eso los Estados Unidos hicieron una guerra y liquidaron a los sudistas.

Si los Estados asociados o federados toman una Constitución común de la que emanan leyes y actuaciones que los asociados no pueden obviar, aunque no estén de acuerdo con ellas, y no tienen el derecho de no acatar determinadas leyes ni de abandonar la federación cada vez que no estén a gusto con la mayoría que decide, hablaremos de “federación” o “unión federal”. Este caso no se diferencia mucho del concepto de Estado Autonómico adoptado por España en 1978. A pocas leyes y actuaciones que se tomaran en común en un Estado Federal, los Estados asociados tendrían menos iniciativa que en el Estado Autonómico de 1978.

Como principio ideológico, el federalismo puede ser considerado como una derivación del liberalismo, derivación que intenta adaptar las tradiciones viejas al progresismo democrático social. Las tradiciones viejas representan casi siempre la voluntad de defensa de situaciones de privilegio. Estas situaciones de privilegio habían sido atacadas en vano mediante la uniformización del Estado de tipo napoleónico o centralista. El progresismo social considera que el regionalismo, por sus dimensiones más reducidas, conseguiría más rápidamente la democratización política y la integración económica de los distintos sectores sociales, así como un seguro de paz al no poder las regiones pequeñas tener pretensiones imperialistas como las que tenían los grandes Estados del XIX.

Los ideólogos federalistas presentaron casi siempre al Estado Federal como neutral, sin cargas ideológicas y sin grupos sociales que dominasen el Estado. Esa es la gran utopía. Esto se debía a que los federalistas hablaban casi siempre de los males del Gobierno centralista y muy poco de un modelo real de funcionamiento de un Gobierno regional federal. La identificación del Gobierno central con el mal y del Gobierno federal como el bien como punto de partida, puede dar lugar a mucho populismo, a muchas falacias.

En efecto, cuando Proudhon habló de Estado Federal hablaba de contrato entre Estados regionales a fin de resolver las cuestiones económicas entre ellos, hablaba de necesaria igualdad, pluralismo, libertad y equilibrio entre los diversos Estados federados, hablaba de decidir las cuestiones internacionales por pacto entre los Estados federados, pero no hablaba del Gobierno de esos Estados, sobreentendiendo que sería un pacto entre trabajadores libres asociados en federaciones de trabajadores, que funcionarían perfectamente. Esto último es lo que está por demostrar y es la base de la utopía de Proudhon. Bakunin viene a ser lo mismo, pero con explotación colectiva o comunista de los medios de producción.

 

El federalismo español recogió la ideología de su tiempo y la aunó con algunas tradiciones populistas como las Juntas Provinciales, o el derecho a mantener la personalidad por encima de las instituciones (“que al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”), así como la autonomía reclamada tanto por las ciudades españolas como por los diferentes reinos medievales.

El ideólogo del federalismo español es Pi y Margall (1824-1901). Pi escribía sobre temas político sociales en la prensa y en libros y, al tiempo, traducía las obras de Proudhom del francés al español[2].

Frente al librecambismo, se esgrimió la doctrina del liberalismo político de izquierdas: La soberanía radica en los individuos de los que emanan los principios que deben regir la sociedad. La sociedad está para el bien de todos los individuos que la componen y no para el lucro de quien más pueda. El ideal sería respetar la soberanía en cada individuo pero, mientras ello no sea posible, es mejor un Estado débil, federativo, que no pueda ir contra los intereses de los ciudadanos en los temas más fundamentales.

Posteriormente, Pi irá asumiendo la realidad de los colectivos sociales, siempre que estén formados desde abajo por asociación de individuos y, por fin, hacia 1857-63, aceptará la intervención del Estado como necesaria. El Estado sería el encargado de promover asociaciones entre individuos con fines económicos y sociales. Por todas estas ideas, a finales del siglo XIX, será mejor aceptado por los anarquistas que por los marxistas, pero no será ni lo uno ni lo otro.

La idea federalista era altamente atractiva durante la revolución española de 1868-74. Los republicanos tenían con ella un modelo alternativo al centralismo monárquico o, al menos, creían tenerlo. No olvidemos que hablaban más de los defectos del centralismo que de los modelos concretos federativos.

 

 

El socialismo español a partir de 1867.

 

En 1864 había tenido lugar la Primera Internacional en Londres.

En 1867, Fernando Garrido[3], líder de la Legión Ibérica de Barcelona, decidió adherirse a la AIT, que estaba en Lausana en su Tercer Congreso. Con ello entraba en la escena política española el socialismo, otra fuerza minoritaria más de la izquierda.

Hasta 1868, todos los grupos socialistas estaban en el republicanismo, pero no quiere decir que todos pensaran como los republicanos. Incluso Pi y Margall estaba en estos grupos socialistas y no pensaba como cuando estuvo más tarde en el poder en 1873. En 1868 todavía se pensaba que los ideales de libertad e igualdad se conseguirían con los demócratas y los republicanos federales. Se pensaba que la revolución de 1868 era la revolución del pueblo.

Pero en 1868, los políticos de la revolución utilizaron lenguajes populistas e hicieron política burguesa, y lo mismo pasó en el periodo de Amadeo y, sospechosamente, otro tanto sucedió en la república de 1873-1874. Las masas se sintieron decepcionadas hacia 1872, y los políticos pusieron su mayor empeño en que no obtuviesen armas para evitar el desorden, pero no hicieron los cambios que predicaban. Los políticos de 1868-1874 asumieron compromisos imposibles como dar trabajo a todos, subir los salarios, abolir los impuestos, eliminar las quintas, implantar la república federal sin autoridad ninguna del Estado… Los políticos habían prometido esas cosas para contar con medios para llegar al poder, para conseguir las armas y apoyos de la Milicia Nacional y del pueblo, pero después de llegar al poder les sobraban las armas y el pueblo.

 

Del 6 al 13 de septiembre de 1868 se estaba celebrando el III Congreso de la I Internacional en Bruselas y actuó en ella un español autodenominado Sarro Magallán, mecánico catalán, que informó de que en España había asociaciones obreras organizadas. Se trataba de un maquinista catalán cuyo verdadero nombre era Antonio Marsal Anglora, un hombre enviado por Fernando Garrido en nombre de la Legión Ibérica. Fernando Garrido se había entrevistado con Bakunin en Florencia en 1861, antes de la Internacional, y había fundado una asociación republicana llamada Legión Ibérica.

Posiblemente como consecuencia de ello, en octubre de 1868 llegó a España Giuseppe Fanelli que estuvo 5 meses en Barcelona y en Madrid, hasta febrero de 1869. Fanelli era uno de los dirigentes anarquistas junto a Bakunin. Fanelli habló de luchar por las reformas, pues las clases dominantes no entregarían nunca voluntariamente sus privilegios.

El 18 de septiembre, el día de la insurrección contra Isabel II, el socialismo español organizado estaba empezando a dar síntomas de madurez. Pero su desarrollo pertenece ya a otra época posterior a Isabel II.

 

 

 

 

[1] Mijail Alexándrovich Bakunin había nacido en Pryamukhino, al noroeste de Moscú. Estudió en la Universidad de Artillería de San Petersburgo y en 1834 era oficial del ejército ruso, siendo destinado a Minsk (Lituania) en la actual Bielorrusia. Abandonó el ejército en 1835 y fue a Moscú a estudiar filosofía, entrando en contacto con las ideas de Kant, Schelling, Fichte y Hegel. En 1842 viajó a Alemania y los socialistas de Berlín le llevaron a París a conocer a Proudhon y a George Sand. Fue a residir a Suiza. El Gobierno ruso le ordenó regresar a Rusia y, al desobedecer, le confiscó sus propiedades. Entonces Bakunin comenzó a escribir duramente contra el Gobierno ruso y Francia, en 1848, le expulsó de territorio francés, pues viajaba mucho a París. Bakunin empezó una campaña de agitación democrática en toda Europa y participó en la insurrección de Dresde de 1849 por lo que fue condenado a muerte, luego conmutada a cadena perpetua. Fue entregado a las autoridades rusas, que le enviaron a Siberia en 1855. Escapó a Japón y de allí fue a California y más tarde a New York, para terminar en 1861 en Inglaterra y en Suiza. En 1864 estuvo en la creación de la Primera AIT y también vivió en Nápoles y, desde allí, proyectaba crear federaciones de trabajadores por todos los puertos del Mediterráneo. En 1868 fundó Alianza Internacional de la Democracia Socialista con el siguiente programa: Supresión de Estados nacionales y formación de federaciones; abolición de las clases sociales y de las herencias; igualdad de sexos; organizaciones obreras al margen de los partidos políticos. En 1870 fundó un Comité para la Salvación de Francia y en 1871 dirigió la comuna de Lyon. En 1872 rompió con Marx. Falleció en el hospital de Berna en 1876.

Kropockin criticó que el federalismo de Bakunin llevaba a la proliferación de la burocracia, empeorando las cosas sobre el sistema burgués con el que se pretendía acabar, y propuso un anarquismo comunista o comunismo libertario beligerante con el Estado hasta el punto de legitimar la violencia contra el que él llamaba monopolizador de la violencia.

    [2] Obras de Proudhom fueron “La Idea General de la Revolución” de 1851 y “El Principio Federativo” de 1863.        Obras de Pi fueron “La reacción y la Revolución” de 1854 y “Las Nacionalidades” de 1876. No obstante, las ideas federativas que expone Proudhom en 1863, se pueden también encontrar en varios artículos periodísticos publicados por Pi en “La Discusión” en años anteriores.

[3] Fernando Garrido Tortosa 1821-1883 nació en Cartagena, pero fue a Cádiz en 1849 a sus 18 años, y allí estudió pintura y dibujo. En 1846 fue a Madrid y se consideraba fourierista y difundía las ideas del falansterio, y por un folleto que publicó en 1848 fue a la cárcel. En 1851 marchó a Londres y conoció a Mazzini. En 1854 volvió a España como republicano. En 1856 huyó a Gibraltar y de allí a  Lisboa. En 1858 volvió a Cádiz y de allí a Barcelona trabajando como publicista. Volvió a exiliarse a París y a Londres. En 1868 volvió a España como republicano federal, Partido Demócrata, y defendía la acción política de la clase obrera. La República de 1873, desconfiaba algo de él, puesto que le mandó como embajador a Filipinas. En 1874 regresó a París. En 1879 entró en España y en 1883 murió en Córdoba.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *