Gobierno Narváez,

          10 julio 1866 – 23 de abril 1867

 

El nombramiento de Narváez para Presidente del Gobierno era el regreso de la persona con más autoridad que podía presentar la Reina, si es que había alguna con la autoridad suficiente. Con Narváez volvía González Bravo en Gobernación. Debemos hablar de una época autoritaria de Narváez y González Bravo, casi dictatorial.

La situación política no tenía marcha atrás: los progresistas y demócratas habían hecho planes de rebelión. Los moderados se inclinaban por la dureza. Todo se solucionaría en un enfrentamiento entre el Gobierno y los sublevados, y se preveía que iba a ser muy violento.

Narváez era consciente de la tensión que se estaba viviendo y suspendió las ejecuciones sumarias de los sargentos de San Gil. González Bravo hizo de hombre bueno ayudando a muchos cabecillas de la rebelión del 22 de junio de 1866, a huir a Francia. Y se envió a Prim a decirles a los progresistas que volvieran a la legalidad. Pero volver a escuchar la misma promesa de siempre después de tantos incumplimientos y muertes de progresistas, era prácticamente imposible de lograr.

La vuelta de Narváez no iba a mejorar las cosas. Su Gobierno se basaba en la represión como en los tiempos más duros: primero prorrogó las Cortes existentes cuando ya había finalizado su legislatura, como si no hubiese pasado el tiempo límite que mandaba la Constitución. Algunos diputados exigieron que, o se convocase a los Diputados, o se disolviesen Cortes y se convocasen elecciones.

Narváez no convocó las Cortes. Gobernó, primero, sin Cortes y, después, con unas Cortes formadas exclusivamente con moderados, debido al retraimiento general de los demás. Con ello, la revolución se anunciaba próxima. Y Narváez, falto de dinero, tuvo que subir el impuesto sobre la tierra un 10%, y además economizar en gastos. A la represión se unió una mayor presión fiscal. La revolución iba a ser muy dura.

Ríos Rosas, Cánovas y otros diputados disidentes, fueron extrañados de Madrid. Incluso Francisco Serrano, que era Presidente del Senado y Grande de España, fue extrañado.

 

 

El 20 de julio de 1866 hubo Gobierno:

Presidente, Ramón María Narváez Campos, duque de Valencia.

Estado, Lorenzo Arrazola García / 13 julio 1866: Eusebio Calonge Fenollet / 9 junio 1867: Alejandro de Castro Casal / 27 junio 1867: Lorenzo Arrazola García.

Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola García / 27 junio 1867: Joaquín Roncali Ceruti, marqués de Roncali.

Fomento, Manuel Orovio Echagüe marqués de Echagüe.

Gobernación, Luis González Bravo.

Hacienda, Manuel García Barzanallana García Frías / 10 febrero 1868: José Sánchez Ocaña

Guerra, Ramón María Narváez Campos, duque de Valencia / 18 abril 1868: Francisco Parreño Lobato.

Marina, 10 julio 1866: Eusebio Calonge Fenollet / 13 julio 1866: Joaquín Gutiérrez Rubalcaba Casal / 27 junio 1867: Martín Belda Mencía del Barrio / 11 febrero 1868: Carlos Marfori Callejas, interino/ 13 febrero 1868: Severo Catalina del Amo.

Ultramar, Alejandro de Castro Casal / 9 junio 1867: Carlos Marfori Callejas.

 

 

La represión de Narváez en 1866.

 

El Gobierno Narváez inició inmediatamente una campaña de represión. Estaba con ello definiendo lo que iba a ser este Gobierno, una continuidad de lo que habían sido su Gobierno de 1864 y el de O`Donnell de 1865. Para esta represión, el Gobierno tenía desde 8 de julio la suspensión de garantías constitucionales. Recordemos que los progresistas se habían situado en posición de retraimiento amenazando con la revolución y el destronamiento de Isabel II. Narváez les había ofrecido un pacto, y al no aceptarlo los progresistas, decidió someterles por la fuerza.

El 11 de julio de 1866, el siguiente día de ser nombrado Presidente del Consejo de Ministros, Narváez hizo un discurso ante el Congreso prometiendo orden público. Ese mismo día suspendió las Cortes a fin de que el Gobierno tuviera las manos libres. La actuación era propia de un Gobierno con miedo dispuesto a implantar el terror.

Se inició un programa de represión masivo: clausura de periódicos, suspensión de las Cortes, depuraciones en el ejército. Al mismo tiempo, tomaba unas medidas que intentaban la popularidad, como el perdón a los sargentos de San Gil y convocatoria de elecciones. Pero no por ello obtuvo popularidad, porque Narváez ya no era creíble, y porque poco después expulsó de la Universidad a Sanz del Río, a Nicolás Salmerón y a Giner de los Ríos.

Luis González Bravo, el encargado de ejercer esta represión, puso a sus hombres en la cabeza de los Ayuntamientos y Diputaciones de todo el país. González Bravo, Ministro de Gobernación, recomendó el 30 de julio a los Gobernadores Civiles dureza para con los rebeldes y organizadores de actos contra la Reina y el Gobierno.

El ejército fue purgado eliminando a los jefes unionistas, los cuales fueron enviados lejos de Madrid. Teniendo en cuenta que los progresistas ya estaban castigados, la medida era un desafío muy grave al estamento militar.

Manuel Orovio[1], desde Fomento, se propuso en 20 de julio de 1866 acabar con el liberalismo en la Universidad e impuso que se debía respetar el catolicismo y la monarquía. En la enseñanza media favoreció la enseñanza privada de la Iglesia.      La enseñanza se puso en manos de católicos integristas y ello causó problemas a los intelectuales que amaban la libertad de pensamiento.

El problema de la enseñanza era que, desde 1834, estaban luchando en España el Estado contra la Iglesia, por el dominio de la escuela. La enseñanza estaba en manos de la Iglesia por el Concordato de 1851. Los Gobiernos moderados trataban de normalizar todas las cosas con leyes y reglamentos, y dominarlas desde el Estado, lo cual, desde el punto de vista de la Iglesia, contradecía las palabras de libertad que pronunciaban. La Iglesia no se sentía nada cómoda. Los progresistas estaban abiertamente contra las injerencias de la Iglesia. La Universidad trataba de romper las normativas impuestas al pensamiento desde los bandos integristas católicos y moderados, pero los moderados se habían dado cuenta de que perdiendo la enseñanza peligraba el mantenimiento del poder. Por ello, los moderados habían hecho un Estatuto del Funcionariado que debían cumplir los catedráticos, y ello acababa con toda posibilidad de libertad de cátedra tanto en un campo, el liberal, como en el otro, el neocatólico.

 

 

La reunión de Ostende.

 

En 2 de agosto de 1866 se convocó para el 16 de agosto reunión de los progresistas y demócratas en Ostende (Bélgica), reunión conocida como el Pacto de Ostende. Ostende está en la costa belga, lugar central que resultaba conveniente a todos los sublevados: Prim estaba en Bruselas[2]; Sagasta y Ruiz Zorrilla, en París[3]; Espartero, en Londres; Salustiano Olózaga, en Florencia; y Figueras, Rivero y Madoz en Madrid. Todos estaban escasos de fondos, y los progresistas hicieron campañas para ayuda a los exiliados, cuyo verdadero fin era preparar el golpe de Estado y pagar estos gastos.

Se reunieron en Ostende unas 50 personas progresistas y demócratas en torno a Prim, jefe conjunto. Estaban allí Joaquín Aguirre de la Peña, asesor por los progresistas; Manuel Becerra Bermúdez, asesor por los demócratas; Manuel Ruiz Zorrilla y Práxedes Mateo Sagasta como encargados de propaganda. También estaba el brigadier Blas Pierrad Alcedar, mano derecha de Prim, y se sumó más tarde José María Orense Milá de Aragón IX marqués de Albaida. Los que más complicado lo tenían para llegar a Ostende eran los golpistas que seguían residiendo en Madrid, como Estanislao Figueras Moragas, Nicolás María Rivero y Pascual Madoz Ibáñez.

Entre los reunidos en Ostende había muchas ideologías: los demócratas eran republicanos e incluso algunos de ellos eran socialistas; los progresistas eran monárquicos liberales y de ideología oligárquica.

Prim, el jefe de los progresistas, desconfiaba de los demócratas, y en enero de 1866 había excluido, en su pronunciamiento de Villarejo de Salvanés, a algunos demócratas civiles porque desconfiaba de ellos. Prim necesitaba a los demócratas porque no contaba con la mayoría de los generales, que estaban recelosos de Prim porque apoyaban a Espartero y éste no era amigo de Prim. Prim quería un pronunciamiento clásico militar, sin levantamiento civil que pudiese acabar en revolución populista o socialista. Era más bien conservador. Confiaba en que una vez que hubiera triunfado el golpe, los militares le secundarían, y entonces se podría librar de los demócratas.

Los progresistas y demócratas de Ostende no encontraban salida ninguna a la situación política española sin eliminación de la Reina. En Ostende, se confabularon en estar juntos para derribar la monarquía y convocar elecciones para asamblea constituyente. Los fines que se propusieron fueron: destruir lo existente, y formar una asamblea constituyente. La iniciativa minoritaria estaba llamada a ser bandera de muchos y triunfar en su idea de echar a la Reina. Se creó un Centro Revolucionario Permanente presidido por Prim, que radicaría en Bruselas.

 

 

O`Donnell en Biarritz.

 

Durante los acontecimientos de 1866, O`Donnell vivía en Biarritz. A fines de 1866 visitó París como invitado de Napoleón III, y allí se había visto con Olózaga. Olózaga le propuso una monarquía “panibérica” bajo la Corona de Fernando de Sajonia-Coburgo, viudo de María II de Portugal.

O`Donnell no quería destronar a Isabel II y consideraba a Prim un traidor a los compromisos liberales.

Prim necesitaba a O`Donnell para poder tener éxito, necesitaba a los generales del bando de O`Donnell. En septiembre de 1866 escribió a Ruiz Zorrilla que si O`Donnell se decidía por la revolución, él le secundaría en todo caso. Incluso estaba dispuesto a cederle a O`Donnell el mando de la revolución.

Juan Prim vivía en Londres y pidió a Pascual Madoz que visitase Biarritz y persuadiese a O`Donnell para integrarse en el grupo golpista. Pero O`Donnell no quería destronar a Isabel II, y argumentó que no estaba con el Gobierno de Narváez, pero tampoco contra el trono de Isabel II.

Los progresistas no estaban nada satisfechos con la postura de O`Donnell pero sabían que sin él no llegarían a nada. O`Donnell se sintió reforzado tras el fracaso de Prim en Villarejo de Salvanés. Proponía que Isabel II abdicase en Alfonso de Borbón, el entonces Príncipe de Asturias.

En octubre de 1867, O`Donnell cayó enfermo. Parecía una indigestión, pero era tifus. El 5 de noviembre de 1867 falleció. Desaparecía un estorbo para que el ejército estuviese con los golpistas de Ostende.

 

 

Nerviosismo de Narváez a fines de 1866.

 

Del 3 al 8 de septiembre de 1866 tuvo lugar en Ginebra el Primer Congreso de la I Internacional. Allí dominó el mutualismo de Pierre Joseph Proudhon. Propusieron la jornada de 8 horas y afirmaron rotundamente que la emancipación de los trabajadores había de ser obra de los propios trabajadores. El Congreso se había decidido en septiembre del año anterior en una conferencia de la Internacional y ello había sido publicado por “El Obrero” de Barcelona, así que Narváez conocía el asunto. Hasta entonces, la Internacional no se había puesto en contacto con los españoles pues M.L. Otto, encargado de hacerlo en noviembre de 1864, no lo había hecho. Tampoco Paul Lafargue, elegido miembro del Consejo durante 1866-1870 por sus conocimientos de español, lo había comunicado. El primer contacto no llegaría a España hasta 1868. No  era la Internacional lo que más asustaba a Narváez, porque todavía no conocía las posibilidades de la revolución socialista, pero Narváez conocía esos sucesos.

A partir de octubre de 1866 las medidas represivas de Orovio superaban los ámbitos de lo constitucional: Se disolvieron las Cortes en 2 de octubre sin el decreto de convocatoria de otras nuevas. No se abrieron las Cortes ese año hasta diciembre (las cerradas en 11 de julio de 1866 eran las de 1865). Se impusieron nuevos planes de enseñanza en Facultades y Magisterio. Se depuró a los profesores sin respetar la libertad de cátedra. El 21 de octubre de 1866, González Bravo reformó por Decreto los Ayuntamientos y Diputaciones restringiendo sus atribuciones.

Para justificar tanta incorrección política, se prometía dar cuenta de todo a las Cortes cuando éstas se reunieran.

Naturalmente, mientras el Gobierno se justificaba en que todo sería remitido a las Cortes en su día, surgió la polémica de por qué estaban cerradas las Cortes. El Gobierno defendió que habían estado abiertas hasta julio de 1866 y con ello se cumplía el precepto constitucional de que debían estar abiertas todos los años. La oposición decía que el Decreto de 2 de octubre de 1866 disolviendo Cortes sin convocar otras nuevas era inconstitucional.

En diciembre de 1866, nada más abrirse las Cortes, los presidentes de las Cámaras, Antonio de los Ríos Rosas, del Congreso, y Francisco Serrano Domínguez duque de la Torre, del Senado, elaboraron una “Representación a la Reina” para que las Cortes se reunieran por derecho propio sin esperar a que las reunieran los Gobiernos. Incluso hubo malos modos: El Gobierno envió al Capitán General de Madrid, Juan de la Pezuela conde de Cheste, a las Cortes a retirar el escrito de los Presidentes. Juan de la Pezuela conde de Cheste entró por la fuerza en el Congreso y lo cerró el 27 de diciembre. Ante las protestas de los Presidentes de las Cortes, Ríos Rosas fue confinado en Canarias. Francisco Serrano, Presidente del Senado, aun con las Cortes cerradas, llevó de todas maneras el escrito, o Representación, a la Reina el 28 de diciembre. Por ello fue confinado en Baleares.

El 30 de diciembre de 1866, fueron cerradas oficialmente las Cortes y convocadas elecciones para 30 de marzo de 1867. El Decreto recomendaba a los diputados que se ocuparan de sus propios asuntos y que no tomaran medidas que incitaban a la rebelión. Mientras tanto, el Gobierno Narváez gobernaría por Decreto.

El 30 de diciembre de 1866 Narváez pretendió reformar la Constitución argumentando que no se ajustaba a la “constitución interna” del país, o sea, a la esencia de la historia de España en el criterio de Narváez. Según Narváez, había que darle más poder al Gobierno y menos a las Cortes. Narváez pretendía que el Gobierno pudiera legislar por Decreto para así interpretar mejor los deseos del pueblo, para ajustarse a la “constitución interna” o verdadero sentir del pueblo. Decía que las Cortes, en sus discusiones, no se ajustaban a esa “constitución interna”, no se atenían al sentimiento común de todos los españoles. Para un correcto funcionamiento de la política, según Narváez, las iniciativas debían partir de la Reina, y las Cortes debían seguir las indicaciones de la Corona y prescindir de discusiones parlamentarias que sólo entorpecían los planes del Gobierno y el sentido de las Leyes, con lo cual debilitaban a los Gobiernos. El Gobierno debía ser dotado de más fuerza para que tuviera más eficacia. Y habría que pensar un modo de que las Cortes representaran mejor al pueblo.

Tras esta exposición de Narváez ante las Cortes, el Gobierno anunció el cambio de los Reglamentos Internos de las Cámaras con la idea de racionalizar su funcionamiento y ello consistía en reducir las discusiones y facilitar la tarea a los Gobiernos. El Reglamento estuvo listo en 25 de junio de 1867.

El 30 de diciembre de 1866 se decretó disolución de Cortes, y elecciones para 10 de marzo de 1867, recomendando que los diputados se dedicaran a las tareas propias de su condición y no a hacer política. La Ley electoral hecha ad hoc, la cuarta en 4 años, fue muy restringida.

Pero la medida en que más se equivocó Narváez fue en la depuración de militares sospechosos, que fueron enviados a Filipinas. Eso puso en contra de Narváez a casi todo el ejército, por el miedo a que en cualquier momento le tocase a otro.

 

 

Campaña europea contra la represión española.

 

En marzo de 1867, la prensa europea se mostraba en contra de la dictadura de Narváez. Los disidentes españoles tenían acceso a los periódicos de Europa occidental, porque estos países sabían de la situación dictatorial en que vivía España.

El 4 de marzo de 1867, el Ministro de Estado, Eusebio Calonge, dirigió una circular a los embajadores calificando de calumnias lo que se decía de España sobre la Reina Isabel II y sobre el Gobierno.

El 7 de marzo, el Ministro de Gobernación, González Bravo, envió una circular a los Gobernadores Civiles para que contrarrestasen la información que pudiera llegar del extranjero, concretamente de periódicos de Inglaterra, Francia, Bélgica e Italia.

Pero las opiniones en contra de la política española eran demasiado fuertes: el Infante de España, Enrique de Borbón y Borbón-Dos Sicilias[4], publicó en París una carta denunciando a Narváez y a Isabel II por persecuciones contra los españoles y terror de Estado. Narváez reaccionó inmediatamente y el 9 de marzo de 1867 privó al Don Enrique de su condición y dignidad de infante de España, de los honores y títulos españoles y de los empleos que pudiera tener en España.

Los Duques de Montpensier, decidieron intervenir, porque el Duque tenía educación liberal y valoraba correctamente lo que estaba pasando en España: llegó a España la Infanta Luisa Fernanda de Borbón duquesa de Sevilla, esposa del Duque de Montpensier y hermana de Isabel II. Fue a visitar a su hermana Isabel y le habló para que abandonara la política de represión. Isabel consideró impropio de una Infanta dar consejos a una Reina. Narváez se consideró insultado y habló de que siempre se había mostrado benevolente con la oposición al Gobierno. Montpensier, viendo que el Gobierno y la Corona española insistía en el error, decidió ponerse en contacto con los revolucionarios españoles.

 

 

La reconciliación progresista en Mons, 1867.

 

Las facciones progresistas más importantes eran las de Prim, Espartero y Olózaga.

En enero de 1867, los progresistas de Prim, o grupo de Ostende-Bruselas, pactaron con los de Olózaga, o grupo de Florencia. Pero Olózaga prefería al grupo de París (Sagasta y Ruiz Zorrilla) sobre el de Bruselas (Prim). La reconciliación de las facciones progresistas era fundamental para el éxito del golpe que se preparaba.

El 10 de marzo de 1867 se reunieron por fin Prim, Olózaga, Sagasta, Castelar, Martos y otros, en Mons (Bélgica) para coordinar el golpe y conseguir la reconciliación.

Propusieron los progresistas como rey de España a Fernando de Portugal, pero los republicanos Castelar y Martos se opusieron a mantener la monarquía y exigieron una asamblea constituyente elegida por sufragio universal que decidiera la suerte de la forma de gobierno en España. Prim aceptó y Olózaga se negó, por lo que los demócratas y republicanos, que hasta entonces habían estado en contra del protagonismo y componendas de Prim, se pusieron del lado de Prim y en contra de Olózaga, momento que creemos definitivo para la suerte de Prim. Sólo a fines de mayo de 1867, Olózaga consintió en que hubiera Cortes constituyentes decisorias, a fin de que triunfara la causa revolucionaria antiborbónica, aun renunciando a sus ideas.

 

 

 El Decreto de Imprenta de marzo de 1867.

 

El 7 de marzo de 1867, González Bravo presentó a la Reina un Decreto sobre Imprenta, el cual debía servir para preservar el orden público y para reprimir a los revolucionarios.

 

 

El Decreto de orden público de marzo de 1867.

 

El 20 de marzo de 1867, González Bravo dio un decreto de Orden Público. En este decreto distinguía tres situaciones de orden: el “estado normal” en el que el Gobernador podía tomar todo tipo de medidas preventivas, el “estado de alarma” en el que la autoridad podía actuar contra cualquier sospechoso simplemente por la misma sospecha, y el “estado de guerra” en el que la autoridad militar se hacía cargo de todos los poderes del Estado. Esta norma gubernativa será abolida en 23 de abril de 1870 dejando solamente “estado de prevención” y “estado de guerra”.

El 25 de junio de 1867 se abrieron las Cortes. González Bravo se había encargado de que los Diputados fueran moderados y católicos integristas.

Los decretos represivos no fueron pasados por las Cortes, como era de esperar de un Gobierno que se había vuelto dictatorial. Se pidió que las Cortes refrendaran al Gobierno por razones de evitar el proceso revolucionario, y con ello quedaban justificadas todas las leyes represivas. Las Cortes acusaron al Gobierno de represor, de cerrar las Cortes arbitrariamente, de autoritarismo en los ayuntamientos, de enemigo de la enseñanza y de la libertad, aprobando este discurso por 246 votos a 4. Votaron en contra: Pérez Molina, Sardoal, Gisbert y Cánovas del Castillo.

 

 

Las Cortes de 30 de marzo de 1867.

 

Las Cortes se abrieron en marzo de 1867.

Aunque el Gobierno había utilizado la muletilla que todo sería ratificado por las Cortes en su momento, los Decretos emitidos por el Gobierno nunca fueron llevados a las Cortes para su ratificación como Leyes.

Al contrario, lo que presentó el Gobierno fue un Proyecto de Ley de Autoamnistía, o de Inmunidad del Gobierno, muy propia de todos los dictadores: Esta Ley eximía de responsabilidad a los gobernantes, Ministros, en todas sus actuaciones recientes en las que hubieran presentado Decretos-leyes porque “hubieran quebrantado la Constitución del Reino”, pues se entendía que lo habían hecho en bien de la sociedad. Se declaraban leyes a todas las disposiciones tomadas por los Ministros.

Era inaudito que reconocieran que habían quebrantado la Constitución, que no les interesaba nada legalizar sus actuaciones mediantes las leyes correspondientes, y que pidieran inmunidad.

Los diputados no podían permanecer impasibles ante la dictadura de Narváez: Gisbert acusó al Gobierno de represor, de falseamiento del sistema representativo, de ataque a las libertades, de cerrar arbitrariamente las Cortes para organizar la represión, de modificar el régimen político de las Diputaciones y Ayuntamientos sin permiso de las Cortes, de modificar la enseñanza con prisa y parcialidad evidente y de haber maniatado a los periódicos. Estaba claro que todos eran conscientes de lo que estaba sucediendo.

Por ello mismo, porque todos eran conscientes de lo que estaba sucediendo, los diputados aprobaron la inmunidad del Gobierno por 246 votos contra 4, con una unanimidad típica de las dictaduras. Los cuatro votos en contra eran de Manuel Pérez Molina, moderado, Ángel Luis de Carvajal y Fernández de Córdoba marqués de Sardoal, demócrata radical, Lope Gisbert, conservador, y Antonio Cánovas del Castillo, conservador.

 

 

Polémica en el mundillo científico.

 

En abril de 1867, el médico José de Letamendi pronunció una conferencia en el Ateneo de Barcelona en la que habló de la evolución, el evolucionismo, para explicar las razas animales y la humana. Inmediatamente se levantó la polémica. En un ambiente católico cerrado, la idea del evolucionismo sólo era aceptada con matices:

El asunto de fondo era que, en materia científica, los tenidos por “progresistas” en la España de finales del XIX eran los krausistas[5], un grupo de científicos que de estar en Europa occidental no hubiera sido considerado progresista ni puntero en materia de ciencia. Habían introducido una concepción racionalista de la ciencia basada en el antropocentrismo, pero no habían penetrado en los entresijos de la ciencia moderna de Descartes y Newton donde lo importante eran las causas de los fenómenos al margen de prejuicios. No era así en España. Los krausistas españoles habían elaborado una concepción del mundo que creía en una unidad formal del mismo, es decir, que las cosas ocurrían igual en el resto de la realidad que en el hombre. Habían elaborado una serie de evidencias filosóficas que podían ser probadas científicamente por el experimento, pero partían de supuestos filosóficos anticuados a los que no estaban dispuestos a renunciar.

En este campo krausista estaban Augusto González Linares, Enrique Serrano Fatigati, Salvador Calderón, Francisco Quiroga, Ignacio Bolívar o Eduardo Bosca. El líder del grupo era Giner de los Ríos en 1867-1874.

Según estos principios, los krausistas aceptaron la teoría de la evolución, pero se negaron a aceptar la idea de la selección natural. Al contrario, hablaban de un deseo humano de transformación que el hombre sentía para lograr un contacto más íntimo con Dios. Evidentemente, ésta no era una posición científica, y el debate de la ciencia estaba por hacerse en España, pero no podía tener lugar hasta que hubiera un poco más de libertad, lo cual ocurrió después de 1868, y sobre todo hacia 1872-1874.

Aun así, los krausistas fueron víctimas de la represión como demasiado revolucionarios. En 1867 Sanz del Río[6] fue expulsado de la Universidad. A raíz de ello, varios catedráticos renunciaron a sus cátedras: destacamos a Francisco Giner de los Ríos[7] que en 1868 era catedrático de Derecho Natural en Madrid, y dimitió en solidaridad con Sanz del Río, pero fue repuesto en su cátedra ese mismo año. En 1876, Sanz del Río trabajaría en la Institución Libre de Enseñanza. En 1881 sería de nuevo repuesto en su cátedra. Creía que la enseñanza transformaría España, por lo que podemos englobarle entre los regeneracionistas.

 

 

La crisis económica de 1866-1867.

 

La crisis económica mundial empezó en mayo de 1866 con la quiebra del “Overend, Gurney and Cía” de Londres. Poco después cayó la banca de Barcelona y enseguida la de Madrid: En 1866, cerraron en Madrid cinco de las diez Sociedades de Crédito existentes, y en el resto de España 14 de las 28 existentes. También cerraron 6 bancos de los 21 que había. Y tras los bancos empezaron a cerrar las empresas.

En España, el verano de 1867 fue malo porque la cosecha fue muy corta, subieron los precios del pan y sobrevino el hambre. Se autorizaron importaciones, pero éstas sólo valían para paliar el hambre en los puertos de mar, pues el grano se encarecía mucho con el transporte hacia el interior.

 

 

Trabajos de las Cortes en 1867.

 

Una reforma que pasó casi desapercibida debido al ambiente político de la época y a su poca persistencia, fue la reforma impositiva de 1867 de García Barzanallana. Este ministro trató de imponer un tributo sobre rentas, sueldos, haberes y asignaciones de los empleados públicos (no de los empleados de empresas particulares), y es un antecedente de la reforma Figuerola de 1869-70 que intentó lo mismo pero ampliándolo a empleados de banca, sociedades y administraciones particulares, con poco éxito también. El pago de impuestos por rendimiento del trabajo personal se intentará de forma más general en 1900, cuando casi toda Europa ya lo había planificado, y aun así España no lo aceptaría y no se generalizaría hasta 1957, y en 1977 definitivamente.

Quizás para congraciarse con Europa, en 1867 se hizo una ley prohibiendo el tráfico de esclavos en las colonias españolas, lo cual era mucho menos de lo que Europa esperaba, que era la abolición completa de la esclavitud. La prohibición del tráfico se había hecho en Europa entre 1806 y 1822, siendo España la última que había prohibido el tráfico, en 1822. A partir de 1834 y empezando por Gran Bretaña, se estaba procediendo a la abolición de la esclavitud, y tras abolir Estados Unidos en 1864, sólo quedaban Brasil y España como países esclavistas. Una reiterada prohibición del tráfico de esclavos en colonias, era una medida vacía. España fue acusada de inhumanidad.

En 1867 se decretó la obligatoriedad del sistema métrico decimal en España para 1 de julio de 1868. Ya era obligatorio para la administración desde enero de 1853.  No fue posible imponerlo por los cambios políticos habidos en estos días y la revolución de septiembre de 1868.

 

 

El Imparcial, 1867.

 

En 1867 nació en Madrid el diario El Imparcial fundado por Eduardo Gasset Aritme, José Bravo y Mariano Milego, para defender la ideología liberal. Este diario triunfó tras la revolución de 1868. En 27 de abril de 1874, inició la publicación de un suplemento titulado Los Lunes del Imparcial, dedicado al ensayo y creación literaria, dando otro sentido al periodismo de su época. En 1893 haría otro suplemento titulado Los Lunes Ilustrados de El Imparcial, integrando las nuevas tecnologías de la imagen. Cuando Ricardo Gasset, hijo de Eduardo, fue nombrado ministro de Fomento en 1900, El Imparcial empezó a perder lectores. En 1917 pasó a estar controlado por Nicolás María Argoiti, industrial papelero, que se enfrentó a la familia Gasset y produjo una crisis profunda en el periódico, que acabó desapareciendo en 1933.

 

 

Muerte de Narváez.

 

Narváez se había quedado solo en su proyecto de orden y de doctrinarismo. Su reacción fue incrementar la represión. Pero el 23 de abril de 1867, murió Ramón María Narváez y Campos, duque de Valencia. El único general de relevancia que sostenía por entonces el trono de Isabel II había desaparecido. O`Donnell, el hombre que contenía a los unionistas para no colaborar en el destronamiento de Isabel II, moriría en noviembre de 1867. La revolución parecía inminente.

Los funerales fueron pomposos, pero llenos de preocupaciones. No había un sustituto capaz de asegurar el poder frente a los revolucionarios. González Bravo sólo representaba el ala derecha de los moderados.

 

 

González Bravo, líder de los moderados.

 

La jefatura de los moderados pasó a Luis González Bravo, un católico reaccionario que acabó sus días en el carlismo de Carlos VII. Ya no era un general quien dirigía la política española. No tenía detrás el respeto de una buena parte de los generales. Tampoco tenía el apoyo de todo el Partido Moderado. Los líderes moderados empezaron a mostrar que eran diferentes de González Bravo. Era evidente que sentían la proximidad de la revolución.

González Bravo desconfiaba de los unionistas y empezó a desterrar generales confinándolos lejos de Madrid: Méndez Núñez fue privado del mando de la Armada y se le canceló el programa de construcción de barcos; los duques de Montpensier, cuñado y hermana de la Reina, fueron desterrados a Lisboa.

 

 

[1] Manuel Orovio Echagüe, marqués de Echagüe, 1817-1883, había nacido en Alfaro (Logroño) y había estudiado derecho en Zaragoza. Se hizo del partido moderado. En 1865 había sido ministro de Fomento. En 1866 trató de destruir la reforma Moyano mediante una nueva reforma del Consejo de Instrucción Pública que daba un mayor control al clero y al Gobierno sobre la enseñanza y creaba una supervisión por unos funcionarios próximos al gobierno. Repetiría como ministro de Fomento en 1867. En 1868 fue ministro de Hacienda y recibió el título de marqués de Echagüe. Pero en septiembre de 1868, el nuevo ministro, Ruiz Zorrilla, recuperó la Ley Moyano. Orovio volvería al ministerio de Fomento en 1875, año en que de nuevo expulsó de la Universidad a los librepensadores y controló los libros de texto y los programas de enseñanza. Murió en Madrid en 1883.

[2] Prim se instaló en Bruselas al frente de un Centro Revolucionario que coordinaba a los progresistas. Todavía creía que O`Donnell se sumaría al golpe una vez organizado éste.

[3] Los demócratas republicanos, cuyos líderes eran Castelar, Pi y Margall, García López y Chao, abrieron un centro en París, para coordinar la revolución. Intentaban arrebatar a los monárquicos la dirección del golpe de Estado. Junto a ellos estaban los progresistas Sagasta y Ruiz zorrilla.

 

[4] Enrique de Borbón y Borbón Dos Sicilias, 1823-1870, I duque de Sevilla, era el cuarto hijo de Francisco de Paula de Borbón y Borbón Parma, con su primera esposa Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias. Como nieto de Carlos IV de España llevaba el título de Infante de España. Pero se había mostrado progresista. Fue exiliado varias veces, la última en 1867.

[5] Hablamos más ampliamente del krausismo en “Periodo Cánovas 1875-1881”.

[6] Julián Sanz del Río nació en Torrearévalo (Soria) en 1814 y era hijo de labradores pobres. En 1824 murió su padre, y un tío materno le llevó al seminario de Córdoba. En 1830 empezó el bachiller en Granada, en 1834 hizo cuarto curso en Toledo, en 1835-1836 hizo sexto y séptimo en Granada y en 1836 pasó a Madrid (Universidad de Alcalá por entonces) a estudiar Jurisprudencia Civil, licenciándose en 1840. En 1843 fue becado a Alemania, y Ruperto Navarro Zamorano le recomendó estudiar a Krause, muerto en 1832, pero de moda todavía. Sanz del río estudió en París y en Heidelberg con discípulos de Krause. Volvió a España con muchas ideas de tipo moral, de cómo había que comportarse, comer, vestir, y fue nombrado catedrático de Derecho r la Universidad de Madrid. Era visto como un panteísta por los ultracatólicos y fue expulsado de la Universidad en 1867, reintegrado en su cátedra en 1868. Murió en 1869.

[7] Francisco Giner de los Ríos 1839-1915, nacido en Ronda (Málaga), hijo de un funcionario de hacienda que se trasladaba continuamente (Cádiz, Alicante, Barcelona y Granada), empezó filosofía y letras en Barcelona y la terminó en Granada. Como era sobrino de Antonio Ríos Rosas, éste le proporcionó un empleo en el Archivo del Ministerio del Estado en Madrid, y allí hizo doctorado y conoció a Sanz del Río.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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