EL GOBIERNO O`DONNELL DE 1865-1866.

 

 

La vuelta de O`Donnell en 1865 significaba otro Gobierno conservador y represor. Ya no encajaba en el molde de convivencia de todas las tendencias, que había querido presentar en 1858. Se confiaba en O`Donnell como menos duro y más dialogante, pero ya no representaba el acuerdo de los liberales, sino una nueva iniciativa moderada, ahora de salvación del sistema político y de la monarquía.

Narváez no estaba de acuerdo con haber sido cesado, y sin el apoyo de Narváez, ni el de los progresistas, ni el de muchos unionistas, ni el de algunos moderados, era imposible el Gobierno. El espíritu de concordia de 1858 y 1860 ya no era posible y la situación era muy distinta a la que hubo en Gobiernos anteriores de O`Donnell. Los propios unionistas desconfiaban de su partido y, además, había que combatir la crisis económica, lo cual no se solucionaba con retórica.

 

El nuevo O`Donnell era el de siempre, un personaje que confiaba en que la retórica bastase para gobernar, en que los demás confiasen en sus palabras. No le gustaba el esfuerzo de realizar los cambios propuestos en sus discursos. O`Donnell, prometió medidas liberalizadoras como la rehabilitación de catedráticos expedientados, una ley de prensa más liberal, un sufragio más amplio… Pero ya no era tiempo de promesas y de retórica vacía de contenidos. La idea de la revolución estaba muy adelantada.

O`Donnell tenía difícil el momento de gobernar porque había crisis económica, porque había que decidir entre si reconocer a Italia y pasar con ello por alto las pretensiones del Papa de gobernar sobre Italia en nombre del catolicismo, o apoyar al catolicismo cerrado ultramontano e ir en contra de toda la corriente europea de negar que el Papa tuviera los derechos políticos que el catolicismo integrista le atribuía. Y además, había que resolver los asuntos del Pacífico.

En su afán de protagonismo político personal, O`Donnell se estaba metiendo en una ratonera.

 

 

Gobierno O`Donnell,

          21 de junio 1865 – 10 julio 1866.

 

Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O`Donnell Jorís duque de Tetuán.

Guerra, Leopoldo O`Donnell Jorís (estaba unida a Presidencia).

Estado, Manuel Bermúdez de Castro Díez.

Fomento, Antonio Aguilar Correa, marqués de Vega Armijo.

Hacienda, Manuel Alonso Martínez / 28 mayo 1866: Antonio Cánovas del Castillo, interino / 10 de julio de 1866: Manuel Alonso Martínez.

Gracia y Justicia, Fernando Calderón Collantes, marqués de Reinosa[1]

Ultramar, Antonio Cánovas del Castillo / 2 julio 1865: Leopoldo O`Donnell Jorís, interino / 27 de julio de 1865: Antonio Cánovas del Castillo.

Marina, Juan de Zabala de la Puente, marqués de Sierra Bullones y de la Puente y Sotomayor / 4 enero 1866: Leopoldo O`Donnell Jorís, interino / 24 de enero: Juan de Zabala de la Puente, marqués de Sierra Bullones y de la Puente y Sotomayor.

Gobernación, José Posada Herrera.

 

El nombramiento de Manuel Alonso Martínez para Ministro de Hacienda trataba de captar a un disidente a cambio de una prebenda, el Ministerio, como venía siendo habitual en la política española.

A Ríos Rosas se le ofreció la Presidencia del Congreso de Diputados, con el encargo de que negociara con los progresistas la vuelta de éstos a la política normal.

O`Donnell puso a Cánovas como Ministro de Ultramar, ministerio menos importante que Gobernación que Cánovas había desempeñado con anterioridad, pero es que Gobernación se lo había entregado a Posada Herrera, el gran elector imprescindible para las elecciones que vinieran. La retórica de O`Donnell se complementaba con una manipulación de elecciones que garantizase la continuidad en el poder.

Sorprende que una persona inteligente como Cánovas aceptara implicarse en un Gobierno en fase de derribo, y que fuera Ministro de Ultramar y sustituto de Hacienda en su momento. Cánovas, a sus 37 años de edad, pecaba de inexperto entrando en un Gobierno al que ya casi nadie quería. Cánovas creyó que su simple capacidad de razonamiento y facilidad de palabra podría dar aires aperturistas al Gobierno y que podría defender que los progresistas volvieran al Congreso con una Ley Electoral adecuada. O`Donnell le impuso la dura realidad: él pensaba que los progresistas sólo querían la rebelión y, en esas condiciones, no se les podían dar facilidades. Cánovas tuvo que aceptar que se derogara su Ley de Prensa de 1864, hecha cuando era Ministro de Gobernación. Cánovas no se sintió derrotado y continuó con su labor de racionalizar la política: decidió recopilar información sobre los problemas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cuando ya se había iniciado la guerra de independencia de Cuba, y quiso hacer comprender a O`Donnell que el mayor problema era haber mantenido la esclavitud, lo cual debía cambiarse. O`Donnell no le hizo ningún caso. La cuestión entonces, y volvemos al principio, es por qué O`Donnell llamó a Cánovas: porque era un joven de moda en las tertulias y periódicos y podía darle credibilidad a su Gobierno. En mayo de 1866, a punto de venirse abajo el Gobierno O`Donnell, Cánovas seguía colaborando y fue Ministro interino de Hacienda. Cánovas no estaba mostrando visión de futuro.

 

 

Las promesas de O`Donnell en 1865.

 

O`Donnell volvió a su vieja técnica de gobernar: dar unas pocas leyes que atrajeran a los políticos a colaborar con su Gobierno, tal vez con él personalmente, y hacer que las cosas cambiasen para que no cambiase nada:

El 22 de junio de 1865, presentó, por el procedimiento de urgencia, un Proyecto de Ley Electoral que fue aprobado como Ley en 28 de junio. Cambiaba el sistema electoral y se hacían circunscripciones más grandes, casi del tamaño de una provincia, como en 1837. Trataba de que la nueva circunscripción fuera más difícil de manejar por un cacique cualquiera. No eran tan grandes como las provincias, como ocurre hoy en día, pero no tan pequeñas como un partido judicial como hasta entonces y no elegían diputado único. También se bajaba a la mitad la cantidad de riqueza exigida para ser elector, de forma que se incrementaba mucho el número de electores. Incluso permitía votar a quien no llegando a la cantidad fijada tuviera un nivel determinado de estudios. Casi triplicó el posible número de votantes, pasando de unos 150.000 en 1864, a los 420.000 en 1865. Con ello trataba de contentar a los progresistas cuyos líderes en ese momento eran Prim en lo militar, y Madoz y Sagasta en la rama civil. No logró hacer dudar a los progresistas.

Repuso a los catedráticos que habían dimitido de sus cátedras y les amnistió de todos los delitos que hubieran cometido.

Dio amnistía para los delitos de prensa. Y en junio de 1865 eliminó la Ley de Prensa de 1864 de Cánovas, que había puesto tribunales militares para ciertos delitos de prensa. En su lugar los delitos de prensa serían juzgados por “jurados especiales” no militares. La libertad de prensa fue aprovechada por los periódicos progresistas y demócratas para atacar al integrismo católico español, lo cual no era precisamente lo más oportuno en ese momento político. La política antiintegrista de los progresistas contrastaba con la campaña neocatólica de Isabel II y su camarilla de monjas y clérigos, insistiendo en restablecer las órdenes religiosas y en conceder todo tipo de favores a la Iglesia. Esta postura de Isabel II fue recompensada por el Papa Pío IX con la Rosa de Oro para Isabel II en abril de 1868.

Intentó reorganizar la Administración de modo que los funcionarios fueran inamovibles cuando llevaran seis o más años de permanencia en el mismo empleo. Y los ascensos y promociones de funcionarios se harían atendiendo al celo, honradez y años de servicio del funcionario.

Reconoció al Gobierno de Italia el 20 de julio de 1865 y al Rey Víctor Manuel II, Rey de Italia desde 17 de marzo de 1861. Protestó el Papa, protestaron los carlistas españoles que estaban luchando en Italia contra Víctor Manuel II, y protestaron los moderados españoles católicos, como era natural, pues consideraban que el Papa era quien debía ser Rey de Italia. Y Antonio Aparisi Guijarro, líder integrista católico, profetizó poca duración al Gobierno O`Donnell. La profecía es muy natural en todos los políticos de la oposición, pero tampoco tenía mucho mérito la profecía, pues ningún Gobierno español duraba mucho. En cambio, los progresistas se alegraron de la medida del Gobierno español de reconocer al Gobierno italiano.

Antonio María Claret, Confesor de la Reina, declaró que el Gobierno estaba atacando al Papa y que en esas condiciones se veía obligado a abandonar la Corte. El arzobispo Antonio María Claret, Confesor de la Reina, y la monja María Josefa de los Dolores Anastasia de Quiroga y Capopardo, conocida como Sor Patrocinio, principales inductores de que Isabel II fuera tan integrista católica, fueron alejados de la Corte española por hacer declaraciones que comprometían a la Reina. Pasado el primer rebote de la Reina, Isabel II le pidió a Antonio María que regresara a su cargo de Confesor Real, y así lo hizo el 27 de diciembre de 1865.

En 1865, España se adhirió al convenio telegráfico internacional celebrado en París, para dar pleno rendimiento a este nuevo invento.

Consecuentemente a esto, Prim había sido perdonado por la amnistía y estaba dispuesto a pactar con O`Donnell. A fines de junio regresó a España y fue a visitar a O`Donnell. Le dijo que estaba de acuerdo con las nuevas medidas de Gobierno que se estaban tomando y que se esforzaría por que los progresistas no se retrajesen. Además se comprometía a no conspirar. Prim consideraba que la revolución progresista podía esperar, al menos hasta ver en que quedaban las elecciones de diciembre. El 26 de junio había decretado la paz a los suyos, el 3 de julio se felicitaba por la convocatoria de elecciones. El 12 de agosto de 1865, Prim consiguió que el Comité Central del Partido Progresista ordenase a los Comités Provinciales que participasen en las elecciones. Personalmente, Prim aconsejó a los líderes progresistas que participasen en las elecciones.

Con este conjunto de medidas, O`Donnell esperaba, si no ganar algunas simpatías de los progresistas y que se animasen a participar en las elecciones y a abandonar la política de desórdenes en la calle, por lo menos ganar simpatías de antiguos militantes de Unión Liberal. Pero las medidas tomadas sin credibilidad se volvían en su contra y, ni ganaba a los progresistas, ni conservaba a los católicos.

El Partido Progresista puso el tema de participar en las elecciones a votación de sus bases y éstas rechazaron la oferta del Gobierno, que no estaba hecha para las bases sino para uso de unos pocos dirigentes. El 29 de octubre de 1865 Olózaga dijo en la Junta General del Partido Progresista que no participaría en las siguientes elecciones. El 20 de noviembre de 1865, un Manifiesto progresista rechazó oficialmente la oferta de O`Donnell porque el partido no debía aceptar concesiones sino mantener izada la bandera de la lucha por los derechos y libertades de los españoles. La suerte estaba echada.

El “fingido progresismo” de O`Donnell no era novedoso y las iniciativas con verdadero calado progresista de su ministro Cánovas, un proyecto de abolición de la esclavitud y la petición de que se hiciesen concesiones de modo que los progresistas volvieran al Congreso, no fueron escuchadas por O`Donnell.

 

 

Las elecciones de diciembre de 1865.

 

El 10 de octubre de 1865, O`Donnell disolvió Cortes y convocó elecciones para 1 de diciembre de 1865, invitando expresamente a los progresistas a participar.

El 16 de octubre de 1865 llegó la ya consabida Circular de antes de cada elección a los Gobernadores Civiles, recalcando que se había ampliado el censo electoral como pedían los progresistas.

El 29 de octubre de 1865 hubo asamblea de progresistas. Salustiano Olózaga insistió en mantener la revolución como meta y como método, es decir, expulsar a Isabel II del trono y recobrar democráticamente la dirección del Partido Progresista que Prim se había autootorgado. El Partido Progresista acordó mantener su objetivo de “revolución”, que para ellos era la República. Creían que renunciar a la revolución era lo mismo que mostrarse débiles. Decían que O`Donnell les atraía a las Cortes para tratar de destruirles en ellas.

Entonces Prim entendió que, si colaboraba con O`Donnell, perdería la cabeza del Partido Progresista, y se sumó al objetivo revolucionario, se desdijo de sus declaraciones de junio, julio y agosto.

Los progresistas contestaron a O`Donnell el 20 de noviembre anunciando que seguían en su postura de retraimiento porque, aunque había más electores, el problema era el mismo al no poder participar los no electores en los debates previos a las elecciones. Que el sistema seguía siendo corrupto y el Gobierno trataba de taparlo y que no fuera demasiado público. Los progresistas habían iniciado ya conversaciones con lo demócratas a fin de acabar con el trono de Isabel II y el problema ya no tenía solución.

Para las elecciones, como las de 1 de diciembre, se había reclutado de nuevo a Posada Herrera como Ministro de Gobernación. Los progresistas no esperaban nada bueno de su presencia en el Gobierno ya desde su nombramiento en junio de 1865. Efectivamente, Posada Herrera envió como siempre una circular a los Gobernadores Civiles de provincias para que se lograra una libre expresión de la voluntad popular, lo cual se debe traducir en que dejaran votar a los progresistas. Los periódicos progresistas agradecieron el gesto y dejaron de atacar sistemáticamente al Gobierno.

Cuando O`Donnell supo de la decisión del Partido Progresista de no participar, se preparó para la represión. Quería que los progresistas entendiesen que por ese camino no lograrían nada. Quería que los progresistas eligieran líderes menos violentos. Adoptó la misma postura que Narváez un año antes, una postura autoritaria de tipo militar.

En otoño de 1865, los españoles estaban convencidos de que habría desórdenes en la calle y sucesos en el Gobierno, antes o después. Al ambiente de frustración política, se sumó una oleada de cólera, miedo a la epidemia.

La campaña progresista empezó en la prensa atacando a la Reina por no socorrer a los enfermos de cólera. Aquel razonamiento irracional no tenía más sentido que desprestigiar a la Reina.

En las elecciones de 1 de diciembre, los moderados sacaron unos 20 escaños, los progresistas 4 escaños de disidentes que quisieron participar a pesar de las recomendaciones de su partido. Los Unionistas tenían una abrumadora mayoría de más de 280 escaños. Pero eso no supuso tener más fuerza, sino la ocasión de escisiones y división en facciones: Ríos Rosas, Alonso Martínez, Cánovas y O`Donnell eran los líderes de las distintas facciones unionistas.

 

 

La nueva legislatura.

 

El Discurso de la Corona estuvo lleno de lugares comunes y no aportó nada. Los diputados estaban desalentados. La impresión general era que “ni se legislaba, ni se gobernaba”.

O`Donnell se estaba preparando para el día de la revolución, aunque no se sabía cuándo sería. Luis Mayans y Enríquez de Navarra, Presidente del Congreso de Diputados en 1848-1851, colaborador de la redacción del Concordato de 1851, Ministro de Gracia y Justicia en 1864 para Alejandro Mon, también vaticinó la catástrofe próxima en el Gobierno. No era el único. El Marqués de Miraflores dijo que, aunque O`Donnell lograse sofocar la revolución en la calle, ya nada sería igual en adelante.

 

 

El Congreso Obrero de Barcelona.

 

Del 24 al 26 de diciembre de 1865 hubo en Barcelona un Congreso Obrero, organizado por “El Obrero” de Antonio Gusart Vila. Asistieron delegados de 40 asociaciones obreras. Se acordó que se hiciesen federaciones obreras en las localidades donde había más de una asociación obrera, y que se pidiera al Gobierno la libertad de asociación.

El movimiento obrero, aparecido con fuerza desde 1855, se fortaleció más aún a partir de 1861 debido a que la crisis del algodón castigaba también sus salarios. Había empezado la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, y aunque España tomó partido por los productores de algodón, los sudistas, el algodón faltaba en las grandes potencias textiles algodoneras europeas y los precios de la materia prima subían. A medida que las fábricas no eran rentables, estaban siendo cerradas, con los consiguientes despidos de obreros.

Los sindicatos clandestinos de Cataluña no eran capaces de luchar por los puestos de trabajo de las fábricas cerradas. Muy pronto se les acabó el dinero porque los gastos de las “cajas de resistencia” y las obligaciones de los socorros mutuos, eran muy altos. Y cuando los sindicatos no eran capaces de ayudar al obrero, perdían su atractivo, el que habían tenido de 1855 a 1865.

Fernando Garrido, en esta época, hizo propaganda del cooperativismo. Algunos grupos de obreros se pusieron a gestionar talleres de hilados por su cuenta, pero eran un fracaso: los obreros obtenían a duras penas lo necesario para sobrevivir. Aquello servía a los muy fanáticos para poder decir que no aceptaban las condiciones del empresario, pero era evidente que los talleres obreros pagaban menos todavía que el empresario, aunque éste estuviera bajando salarios por culpa de la crisis. Entonces surgió una protesta sindical contra el cooperativismo obrero, como una falsa salida a los problemas obreros.

Éste fue el sentido del Congreso Obrero de Barcelona de 24 a 26 de diciembre de 1865. Lo convocó El Obrero, un periódico dirigido por Antonio Gusart. La conclusión de este Congreso fue que el método de lucha del obrero era la asociación sindical, a fin de mejorar las retribuciones y la moral del obrero, pero no el cooperativismo.

En marzo de 1866, La Asociación, periódico de Barcelona, transcribía artículos del periódico L`Association de Eliseo Reclus de París. El autor de estos artículos o traducciones era José Roca Galés, de ideas iniciales cooperativistas y no marxistas, no partidario de la lucha política de los obreros. Defendió la postura del “no al cooperativismo”. Era un nuevo tipo de socialismo en España.

 

 

Los sucesos de enero de 1866.

 

Las Cortes se abrieron el 2 de enero de 1866.

Prim se pronunció el 3 de enero de 1866 en Villarejo de Salvanés contra el estado de cosas existente en la monarquía. No tuvo éxito directo, pero su pronunciamiento hizo de Prim un mito popular por su reivindicación de elecciones completamente libres. El pronunciamiento Había empezado en Aranjuez y Ocaña, estando Prim en Francia. Estaban complicados el brigadier Milans del Bosch, el comandante Manuel Pavía, el auditor F. Monteverde y el periodista Carlos Rubio. Esperaban el levantamiento de Alcalá de Henares, que era fundamental, y la incorporación de Prim en Villarejo de Salvanés. Alcalá no se sublevó. Prim decidió retirarse hacia Andalucía, pero le fue cortado el paso por el general Juan Zabala de la Puente I marqués de Bullones, y peregrinó por varios pueblos de Madrid esperando levantamientos civiles que nunca se produjeron. Le vitoreaban al llegar, pero no se prestaban a colaborar. Prim no tuvo más remedio que exiliarse a Portugal. Al pronunciamiento le faltó un manifiesto, un programa político al que pudieran sumarse algunos dirigentes civiles. El grito de ¡Abajo Isabel II! No era suficiente para mover a las masas. Por otra parte, las masas ya estaban cansadas de ser carne de cañón para revoluciones que siempre acababan en nada para el pueblo. Pero Prim aparecía como un líder progresista, sin que podamos afirmar que tuviera convicciones en ese sentido.

O`Donnell reaccionó al levantamiento de Prim aumentando la represión. Clausuró periódicos, cerró asociaciones progresistas. Cada vez se parecía más a Narváez. Dejó de hablar de confianza, generosidad y libertad, y empezó a hablar de orden, autoridad y principios para salvar las instituciones parlamentarias de la monarquía. Esta nueva actitud no hizo sino dar más fuerza a los revolucionarios.

El 8 de enero de 1866, Cándido Nocedal aconsejó en las Cortes mayor dureza y represión para evitar levantamientos como el de Prim, así como los comentarios subsiguientes de la prensa. Cándido Nocedal y Rodríguez de la Flor había iniciado su vida política en el progresismo de Espartero, se había pasado a los moderados de Narvaéz en 1844, y tras los acontecimientos de 1854-1856 se había mostrado neocatólico y moderado extremo. O`Donnell decidió adoptar esta política de Nocedal en nombre del amparo a la propiedad, defensa del orden y defensa de la autoridad. O`Donnell estaba acabado como persona y, bajo las apariencias de sonrisa permanente, aparecía el lobo que llevaba dentro. El diálogo estaba definitivamente roto.

 

 

Guerra con Perú.

 

En enero de 1866, Perú declaró la guerra a España. Tras la intervención de España en México en 1861, y la anexión de Santo Domingo por España en 1861, Perú expulsó al vicecónsul español en ese Estado, y España decidió hacer una demostración naval en sus costas con dos fragatas y dos goletas. En la visita de esa flota a Callao, en 1863, hubo incidentes en los que un obrero español fue muerto, y cuatro más heridos en una granja. Se pidieron explicaciones y Perú se negó a darlas y España ordenó al Almirante Luis Pinzón, jefe de la escuadra que visitaba las costas peruanas, ocupar las islas Chinchas, en un abuso manifiesto español. Intervinieron, como siempre en los casos americanos, Francia y Gran Bretaña y se sumó Chile para pedir que España se retirase de las Chinchas, pero España se negó a rectificar en 1864 e incluso envió cuatro fragatas más a la zona. El Almirante José Manuel Pareja Setién iba en la fragata Numancia con la orden de llevar la escuadra a Callao y dar un ultimatum a Perú, cosa que hizo en 25 de enero de 1865. Perú, representado por el señor Manuel Ignacio Vivanco Iturralde (siendo Presidente Juan Antonio Pezet Rodríguez de la Piedra), se avino a pagar una indemnización y se devolvieron las islas y se dio por terminado el incidente. Pero entonces, los marinos españoles que habían desembarcado en Callao fueron atacados por las masas, que mataron a un cabo. El Gobierno peruano entró en crisis y fue sustituido por otro, que no reconoció el tratado Pareja-Vivanco y fue quien declaró la guerra a España en 1866. La flota española fue a abastecerse a Valparaíso, pero los chilenos no quisieron recibirla ni abastecerla. Pareja se suicidó el 30 de noviembre de 1865. El Brigadier Casto Méndez Nuñez se hizo cargo del mando y ordenó bombardear Valparaíso, castigo gratuito porque la ciudad no tenía defensas militares, y desde allí se fue hacia Callao, en Perú. Llegó a Callao el 2 de mayo de 1866 y entró en las fortalezas del puerto destruyendo la mayor parte de ellas, pero recibiendo 200 muertos. Casto Méndez consideró salvado el honor con aquella victoria pírrica y se retiró[2] sin obtener nada positivo. La estupidez, o quijotismo, españoles habían llegado a uno de sus momentos históricos culminantes. La gesta de Méndez Núñez fue incorporada al acervo de mitos españoles, como gloriosa, y Callao pasó a ser conocido popularmente. Por su parte, Perú se declaró vencedor, lo cual se acercaba más a la realidad que la visión española del suceso. El armisticio con Perú y Chile no se firmó hasta 1871.

La derrota de El Callao cayó sobre el Gobierno español como una pedrada. Y la anulación, por falta de presupuesto, de la compra de barcos que O`Donnell había prometido a la Armada, desmoralizó a ésta.

La crisis consiguiente a esta medida afectó a la industria siderúrgica pues en España había 27 altos hornos de carbón vegetal y 8 de coque, que iban a perder esos pedidos de barcos. El carbón vegetal estaba en la ruina. Lo altos precios y la falta de buenas comunicaciones por mal emplazamiento de los altos hornos, condenaban a la industria del hierro al fracaso. El cierre de la cartera de pedidos del Estado, significaba una crisis importante.

 

El 28 de febrero de 1866, Prim fue expulsado de Lisboa y se embarcó para Londres llevando consigo a muchos oficiales y civiles comprometidos, lo cual le originaba grandes gastos.

Mientras tanto, España juzgaba a los rebeldes de enero de 1866 y condenó a muerte a 28 cabecillas de los sublevados, entre ellos a Prim. Sólo fueron ejecutados 2 sargentos y un capitán que no habían salido de España. El resto estaba en el séquito de Prim, que parecía un jefe de Estado viajando por Europa, de Londres a París, y de París a otros lugares de Francia.

 

 

Crisis del Gobierno O`Donnell.

 

En abril de 1866, La Reina pensó en desembarazarse de O`Donnell y poner un Ministerio de transición que pudiera hacer volver a los progresistas a la política. Nazario Carriquiri, un moderado amigo de la Reina, prominente hombre de negocios, se puso en contacto con Ruiz Zorrilla y Manuel Cantero, progresistas y comerciantes en Madrid, y les prometió un Gobierno moderado sin Narváez que sirviese de puente para hacer elecciones libres. Era una cantinela ya muy repetida eso del “Gobierno Puente”. Los citados personajes aceptaron al general Francisco Lersundi Hormaechea como organizador de ese Gobierno-puente. O`Donnell se enteró de esas negociaciones y envió a Cuba al general Lersundi para que no se entrometiera entre él y la Reina.

Por entonces, se recibió la noticia de que Casto Méndez Núñez había vencido en Callao. No fue celebrada. El Gobierno estaba más preocupado por la inminente sublevación progresista que por organizar fastos.

Durante los meses de mayo y junio, el Gobierno estuvo intentando que las Cortes le aprobaran todo tipo de medidas excepcionales en política y en economía, que le debían servir para evitar la sublevación y para salir del marasmo de Hacienda. Quería gobernar por decreto como las dictaduras, y cobrar impuestos no aprobados en Cortes de modo que pudiese gravar los sueldos de los empleados públicos, ajustar libremente los egresos, poder negociar libremente con los acreedores extranjeros y aumentar a voluntad el número de integrantes de las fuerzas armadas. Los progresistas se pusieron muy nerviosos pues se anunciaba la dictadura.

 

La crisis económica de 1866.

 

En mayo de 1866 se inició un nuevo pico de la crisis económica europea. Los picos anteriores más significativos se habían producido en 1848 y 1856. En 1866, la crisis empezó con la quiebra del Overend Gurney and Cía de Londres. La crisis estaba originada en los abusos de la banca. El exceso de dinero creado por los préstamos bancarios produjo una crisis general que se inició con muchas bancarrotas bancarias en Gran Bretaña y continuó con las empresas dependientes de esos bancos, como los ferrocarriles españoles y el Estado español en el caso que nos interesa. La crisis se empezó a notar como desastre de las bolsas al descubrirse que las empresas del ferrocarril estaban produciendo pérdidas en casi toda Europa. El valor que parecía más seguro desde mediados de siglo, no era rentable. Inmediatamente las siderúrgicas redujeron su producción y naturalmente muchas minas tuvieron que cerrar y muchos obreros se fueron al paro. Los bancos se encontraron sin efectivo porque habían confiado en los ingresos de la bolsa y la minería, así como del ferrocarril, y muchos quebraron y arrastraron a muchos negocios, con lo que el paro se generalizó.

España no tenía más relación con esas empresas europeas en quiebra que ser beneficiaria de sus inversiones y préstamos, pero ello bastó para contagiarse de la crisis: una semana después, en mayo de 1866, se hundió la bolsa de Barcelona (tenía más de la mitad de su dinero en ferrocarriles) y en 14 de mayo suspendió pagos la Sociedad Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, seguidos en junio por Crédito Comercial de Cádiz y ello provocó el hundimiento de la de Madrid y, a continuación, de bancos y empresas ferroviarias. Lo más importante en España fue la paralización de las obras del ferrocarril que daban trabajo a tanta gente: en 1865 se habían terminado y puesto en servicio 929 kilómetros, en 1866 sólo se terminarán 40 km., en 1867 180 km., y en 1868 55 km. La paralización de obras dio lugar a menos percepción de subvenciones y la consiguiente disminución de rendimientos de las acciones ferroviarias. A ello se sumaba la paralización de la construcción naval estatal, que dejaba a muchos obreros en paro. Las siderúrgicas y las minas de hierro y carbón también se veían afectadas.

Como las guerras de España en el mundo (Cochinchina, Marruecos, México, y el Pacífico) no se habían producido en un momento económicamente viable, el Gobierno de España arrastraba un déficit exagerado y no podía poner remedio o paliativos a la crisis. Hacienda arruinada no podía ser una oportunidad para salir de la crisis, sino una carga más para las empresas.

Para culminar la crisis, sobrevino de repente una caída general de precios de exportación que afectó a los cosecheros, éstos recortaron la producción y ello provocó escasez de alimentos. La agricultura también se contagiaba.

En agricultura se podían poner algunas soluciones, que no se habían tomado antes, cuando hubiera sido su tiempo y así, en 1866, se regularon por la Ley de Aguas, las obras de regadío que habían sido acabadas hacia 1852, como Canal de Castilla, Canal de Isabel II, Canal del Esla… La Ley de Aguas introdujo también cambios en el Canal Imperial de Aragón acabado en 1784: Este canal se financiaba con “diezmos de novales” que eran tributos en especie sobre las cosechas de la zona regada, tributos que habían causado enfrentamientos entre la Iglesia, que cobraba su diezmo ordinario, y el canal que cobraba el suyo. La ley 1866 reguló la contribución por el riego, creó un sindicato de regantes y fijó el régimen jurídico de las aguas y fue completada por el Reglamento de Aprovechamientos del Canal Imperial de Aragón, de 30 de octubre de 1869.

 

 

Sublevación de los sargentos de San Gil.

 

El 22 de junio de 1866 se pronunciaron los sargentos del Cuartel de Artillería de San Gil de Madrid (actual Plaza de España de Madrid), en donde era  capitán Baltasar Hidalgo, porque los jefes eran de infantería y retrasaban los ascensos de la artillería, lo cual producía cierto enfrentamiento entre oficiales y jefes. El levantamiento era promovido por progresistas y demócratas. Los sargentos entraron armados en el cuarto de oficiales y mataron a algunos de ellos, lo cual fue un error que les enfrentó entre ellos durante algunas horas e impidió salir a la calle inmediatamente. Unos 1.200 sublevados atacaron poco después con 30 piezas de artillería el Ministerio de Gobernación para establecer allí un Gobierno Provisional progresista en Puerta del Sol. Leopoldo O`Donnell y Francisco Serrano salieron a la calle a combatirles y hubo cien muertos y más de quinientos heridos. El movimiento estaba preparado como más amplio, con más participación de otros sitios de España, pero ya no se produjeron nuevas sublevaciones una vez derrotados los de Madrid. Sólo Gerona se sublevó.

La revuelta de 22 de junio no era exclusivamente militar ni exclusivamente de los progresistas. En Madrid la dirigieron los demócratas, y éstos aprovecharon el descontento de los soldados de artillería para lanzarlos a la calle y levantar barricadas, aunque no encontraron apoyo más arriba de los sargentos.

O`Donnell, cuando supo de la sublevación del Cuartel de San Gil, llamó a Narváez y con ello consiguió la adhesión de los generales de signo moderado, y encargo a Serrano ir sobre el cuartel y tomar al asalto las barricadas de los sargentos. Hubo un número importante de muertos. Acabada la insurrección militar, las fuerzas gubernamentales fueron contra las barricadas de los civiles. Fue una lucha dura, fragmentada e incoherente.

Los sargentos del Cuartel de San Gil fueron juzgados y condenados a muerte, y 66 de ellos (casi todos sargentos, cabos, un soldado y un ex-oficial carlista) fueron fusilados cerca de la Puerta de Alcalá de Madrid. El 8 de julio de 1866, 118 soldados vieron conmutada su pena de muerte por 10 años de presidio en Filipinas. Como tantas veces en España, los verdaderos impulsores del movimiento, Castelar, Martos, Sagasta, Becerra y otros, huyeron a Francia, y el Gobierno quiso dar una sensación de fortaleza y ejecutó a militares y cabecillas de poco pelo. Incluso O`Donnell era consciente de este desatino y pidió el indulto para no tener que ejecutar a tantos, sin tocar a nadie de los importantes que se habían sublevado. Isabel II se negó al indulto y fue el primer roce importante entre O`Donnell e Isabel II.

Entre los huidos a París, estaba el capitán de artillería Baltasar Hidalgo de Quintana y Trigueros, el cual había estado completamente comprometido en la sublevación del 22 de junio de 1866, y en 28 de octubre de 1866 hizo un relato de los hechos que no gustó a ninguno de los militares.

La causa de aceptar tantas muertes poco justificadas fue que las barricadas infundieron mucho miedo a los políticos, que recordaban lo ocurrido en Francia en 1848, y todos pidieron la protección del Gobierno y que se tomaran represalias.

Esta rebelión era apoyada por los demócratas y progresistas que animaban a la gente, a ir a las barricadas al grito de ¡Viva la gorda! ¡se va a armar la gorda!. “La gorda” era la revolución que pensaban hacer.

El 25 de junio de 1866, O`Donnell informó de los hechos del 22 de junio y culpó a los progresistas y a los demócratas de haber provocado la violencia. Presentó la sublevación del 22 de junio como la más terrible de todos los tiempos. Posada Herrera habló de insurrección militar y de sedición. El objetivo de esa exageración era pedir la suspensión de garantías constitucionales. O`Donnell pidió en Cortes suspensión de las garantías constitucionales, y el goce de poderes excepcionales, cosas que le fueron concedidas el 8 de julio por escasa diferencia de votos.

Fue el inicio de una feroz represión. O`Donnell quedaba así invalidado para pactos políticos posteriores y acuerdos con los progresistas. Se había roto el mito de que Unión Liberal y O`Donnell conducirían al entendimiento entre liberales, y al final de los pronunciamientos militares y algaradas populares. En adelante ya no era posible la avenencia. Se había derramado sangre y en España, cuando un Jefe de Gobierno derrama sangre, la tradición es que debe dimitir, debe abandonar. En este caso eran unos 200 muertos y más de 600 heridos, además de un millar de detenidos, civiles y militares.

Dentro de este ambiente represivo, el periódico El Obrero, que publicaba en España cosas de la Internacional, fue cerrado.

 

 

Exoneración de O`Donnell.

 

Isabel II quiso entonces quitarse de encima el terrible baldón que significaban tantas muertes, como las 22 de junio y 8 de julio de 1866, e insinuar que la Corona no había tenido nada que ver con ellas, sino que habían sido cosa de O`Donnell. Pero O`Donnell decidió que la Corona debía comprometerse con quien estaba luchando por salvarla y se negó a aceptar ser el único culpable. Los muertos pesaban cada día más en la opinión de los españoles.

La Reina creyó conveniente cambiar a O´Donnell para acallar un poco las protestas por tanta dureza, pues los oficiales de infantería, molestos por los asesinados en el Cuartel de San Gil, y los de caballería, molestos por los ajusticiados después, se estaban metiendo en un enfrentamiento entre sí sin salida en mucho tiempo. O´Donnell se enfadó mucho con la Reina por esta destitución y llegó a pronunciar una frase muy dura para la Reina: “no volvería a pisar palacio mientras reinase esa Reina”. Se exilió en Francia hasta su muerte en Biarritz en noviembre de 1867.

La Reina culpó de excesiva represión a O`Donnell para ganarse la simpatía de la gente y entregó el poder de nuevo a Narváez. El Partido de La Unión Liberal había perdido a su jefe y con ello su razón de ser.

El 8 de julio de 1866, O`Donnell tenía su Ley de Suspensión de Garantías Constitucionales pedida 15 días antes. Esta ley sirvió para iniciar una represión dura, pero ya no le correspondió a O`Donnell, sino al siguiente Gobierno, el de Narváez.

En los primeros días de julio de 1866, O`Donnell redactaba un borrador de Real Decreto para la creación de nuevos Senadores. Isabel II sabía que aquel Decreto no tenía sentido y lo dijo en público. Leopoldo O`Donnell se presentó de todos modos a que le firmara el Decreto, y lo que obtuvo en 10 de julio de 1866 fue su despido. Los Ministros se indignaron porque creían que estaban salvando a España, pero una vez cesados, daba igual su indignación.

 

[1] Fernando Calderón Collantes, marqués de Reinosa, 1811-1890, excelente jurista, fue ministro de Gracia y Justicia en junio de 1865- julio de 1866,y en septiembre de 1875-diciembre de 1875. Fue Ministro de Estado interino en noviembre de 1875-diciembre de 1875, fecha en que pasó a titular hasta enero de 1877. Era hermano de Saturnino Calderón Collantes, muerto en 1864.

[2] Ante la pregunta de por qué corrió tantos riesgos asaltando Callao, Casto Méndez Núñez pronunció la estupidez de “más vale honra sin barcos que barcos sin honra”, lo cual denota ningún aprecio a la vida humana, a la vida de sus soldados, con tal de quedar bien su honor y mérito personal de cara a los ascensos y medallas. Ningún buen jefe militar puede aceptar una postura así. La interpretación de que buscaba la honra de España, queda más bien para ingenuos y radicales nacionalistas.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor
Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.


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