Gobierno Narváez, duque de Valencia,

          16 septiembre 1864 – 21 junio 1865,

 

 

El Gobierno de 16 de septiembre de 1864:

Presidente, Ramón María Narváez Campos, duque de Valencia.

Estado, Alejandro Llorente Lannas / 10 diciembre 1864: Antonio Benavides Fernández de Navarrete / 19 abril 1865: Lorenzo Arrazola García, interino / 3 mayo 1865: Luis González Bravo, interino / 4 de mayo de 1865: Antonio Benavides Fernández de Navarrete / 8 junio 1865: Lorenzo Arrazola García.

Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola García.

Fomento, Antonio Alcalá Galiano / 16 abril 1865: Manuel Orovio Echagüe[1].

Guerra, Fernando Fernández de Córdova Valcárcel / 30 marzo 1865: Felipe Rivero Lemoyne

Marina, / 16 septiembre 1864: Luis González Bravo, interino / 27 de septiembre de 1864: Francisco Armero Peñaranda.

Hacienda, Manuel García Barzanallana / 20 febrero 1865: Alejandro de Castro Casal.

Gobernación, Luis González Bravo.

Ultramar, Lorenzo Arrazola García, interino / 19 de septiembre de 1864: Manuel de Seijas Lozano.

 

Los periódicos del momento decían que Narváez había sido llamado para restablecer el orden público. Esa era la versión para consumo de la calle. Pero los periódicos mentían como tantas otras veces, para favorecer los intereses de determinados políticos.

La realidad política era otra: el 13 de septiembre de 1864, O`Donnell había presentado su Programa de Gobierno a la Reina, el cual fue divulgado el 19 de septiembre en una Circular del Gobierno, cuando ya había sido nombrado un Gobierno nuevo: no iban a tolerar exigencias exageradas de ningún partido de ningún signo; todos los españoles eran ciudadanos dotados de derechos iguales.

En ese programa de O`Donnell, uno de los puntos era reconocer al Reino de Italia, y ello no gustaba a los católicos integristas de Palacio, entre los que se encontraba Isabel II. Isabel II le propuso a O`Donnell que permitiese el regreso de María Cristina a Madrid. Allí acabó la entrevista, pues ninguno quería ceder ante las peticiones del otro. O`Donnell no fue presentado a Presidente del Gobierno. Y la Reina sorprendió a todos volviendo a llamar a Narváez.

Es posible que, en esa entrevista, O`Donnell recomendase a Narváez para Presidente, pero no lo sabemos. Narváez había prometido avenirse con Unión Liberal y ello era una posibilidad de ampliar Unión Liberal por el lado conservador.

Este Gobierno de Narváez de 1864 representa el comienzo de las crisis de la Unión Liberal y del Partido Moderado, que culminará con la desaparición de esos partidos en 1868. Como casi todas las épocas finales de un sistema político, es una época dura, en la que los tenedores del poder intentaban mantenerse a toda costa, incluyendo la corrupción y la violencia de Estado, todo ello en medio de una crisis económica que favorecía el descontento y la impopularidad del Gobierno. Tras la salida de escena, en 1868, los moderados españoles, la mayoría del país, tendrían que inventar un nuevo partido, el Partido Conservador, pero no serían capaces de hacerlo hasta 1875, siendo liderados por Cánovas. Si el Partido Moderado evolucionó hacia el Partido Conservador, el Partido de Unión Liberal, simplemente desapareció para siempre.

 

 

El panorama político español en 1864.

 

El principal problema político de España en 1864 era incorporar a los progresistas a la política, pues, en caso contrario, eran previsibles muchos levantamientos y alteraciones del orden. Pero Narváez, obstinado antiprogresista, no era el hombre idóneo para ello.

El papel de Narváez en 1864 era mucho más difícil que lo había sido en 1845-1864. Narváez ya no podía imponer la política del orden público como bandera del Gobierno, porque la mayoría unionista estaba en contra de ello y ahora pedía respeto a la Constitución y entendimiento entre partidos, cosa en la que nunca había creído, e incluso había despreciado, Narváez.

La minoría progresista estaba directamente en contra de la política de Narváez y de la propia Reina Isabel, porque había constituido de hecho, un sistema de alternancia de Gobiernos moderados y unionistas con total exclusión de los progresistas.   Pero los progresistas debían parte de esta exclusión a sus propias contradicciones. En 1864 abandonaron a Espartero y buscaron nuevos líderes: encontraron como jefe militar a Juan Prim, y como jefe civil a Salustiano Olózaga.

Siguiendo la línea de siempre, Narváez empezó por intentar reforzar la base conservadora y unionista del Gobierno: concedió una amnistía política que permitió el regreso de María Cristina y de algunos militares confinados en provincias. Visto desde nuestra perspectiva actual, el Gobierno de Narváez nos parece que no tenía más sentido que la obstinación de la Reina, tal vez a favor de los moderados, o tal vez en contra de todo progresismo, incluso el unionista.

En 1864 había empezado la crisis del algodón, la cual se recrudeció en 1866. El ambiente económico tampoco era el bonancible que Narváez había encontrado en sus Gobiernos anteriores.

 

 

Planteamientos del Gobierno Narváez en 1864.

 

Narváez inició su Gobierno en septiembre de 1864 en son de paz: No expulsó a todos los funcionarios de signo político distinto, como ya venía siendo habitual a la llegada de cada nuevo Gobierno. Concedió amnistía política para todos los delitos de prensa habidos desde 1857. Perdonó a los militares desterrados por Mon y Cánovas, incluido Prim. Quería ser magnánimo y ampliar la base del Gobierno. No parecía el general duro que en 1844 había cambiado la política española hacia el moderantismo. Incluso entendía que los progresistas debían volver al juego político y estaba dispuesto a ceder en muchas cosas para conseguirlo. Sabía que si los progresistas pactaban, la Corona estaría a salvo.

En busca de ese fin, Narváez disolvió Cortes el 13 de octubre de 1864 y convocó elecciones para 22 de noviembre de 1864. Puso a González Bravo como Ministro de Gobernación, a fin de que las elecciones fueran “de resultados adecuados” para los progresistas y para él.

El 14 de octubre de 1864, el ministro de Gobernación González Bravo envió una nueva Circular a los Gobernadores Civiles afirmando que, en ese momento, las prohibiciones de la circular de 20 de agosto de 1863 (control absoluto de las elecciones a cargo del Gobernador Civil de cada provincia) eran legales, eran ya una ley y no un capricho de un ministro. Dijo que los elegibles gozaban de libertad en las elecciones.

Esta decisión no gustó a los progresistas. El 28 de octubre lanzaron un comunicado en el que calificaban las elecciones de noviembre de 1864 como un engaño al pueblo español, una farsa. Con ese comunicado, se rompió el ambiente de reconciliación a los 42 días de ser anunciada. Narváez volvió a su línea de autoritarismo y represión.

 

 

Vuelta de Narváez a la línea dura.

 

El ala derecha del progresismo, liderada por Pascual Madoz, temía las consecuencias de una revolución progresista, pues los progresistas habían vuelto a animar la revuelta en la calle.

Narváez se sorprendió en octubre de 1864, a causa de un manifiesto del general Prim, de quien no esperaba una reacción progresista.

La postura de Narváez fue de represión y dureza, mucho mayores de lo que habían sido antes, en años más jóvenes. Si los progresistas no aceptaban sus planteamientos por las buenas, tendrían que afrontar los hechos por las malas.

Esta actitud gubernamental provocó que los demócratas empezaran a tener cada vez más audiencia entre los progresistas, estuvieran cada vez más cercanos. Estaban entre los demócratas: Orense, Castelar, Pi, Rivero, Salmerón… y, tras este vaivén político, se veía que podían obtener cantidades importantes de votos.

El 16 de octubre de 1864 se reunieron los progresistas en el Circo Price para elegir su Comité Central del Partido Progresista de cara a las elecciones de noviembre. Prim estuvo callado. Olózaga y Ruiz Zorrilla hablaron de republicanismo. El Comité Central del Partido Progresista decidió el retraimiento por 66 votos a 4. Habían decidido, aunque no abiertamente, no volver a colaborar con la monarquía, ir a la república. Espartero protestó por esa postura antimonárquica y renunció a la Presidencia del Partido Progresista. Espartero era un Presidente honorario, sin capacidad alguna de decisión en el Comité Central. Era solamente un gesto.

El progresista Antonio Pirala Criado empezó una campaña en El Progreso Constitucional, a favor de participar en las elecciones. Pero la mayoría progresista estaba por la revolución y no por la participación política.

El 28 de octubre, los progresistas denunciaron la pérdida de derechos de los españoles y reiteraron el retraimiento como política del partido. Olózaga iba más allá del retraimiento y empezó a proponer la política del “todo o nada”, entendiendo por “todo” el derribo del trono de Isabel II. Olózaga estaba en contra de la simple política de retraimiento preconizada por Prim, quien tenía esperanzas de ser nombrado Jefe de Gobierno, pero se atuvo a la disciplina de partido. El 20 de noviembre ambos hicieron pública la postura de retraimiento, de no asistir a las Cortes y al Senado, y de no presentarse a elecciones.

El 28 de octubre fue el día de la ruptura que decidió a Narváez a un enfrentamiento con todas las fuerzas que poseía. Si ganaba Narváez, se iniciaría una dictadura. Si ganaban los progresistas, se eliminaría a Isabel II, tal vez se fuera a la República.

El 22 de noviembre de 1864 hubo elecciones. Narváez, ante el retraimiento progresista, cambió el tono de su Gobierno. Decidió volver a la represión. No estaba dispuesto a tolerar que la prensa progresista excitara todos los días a la gente a la revuelta, ni que algunos generales, como Prim, se prestaran a capitanear cualquier golpe de Estado, o la revolución si se daba la ocasión. Entonces Unión Liberal se puso en contra de Narváez.

 

 

La Primera Internacional de Londres.

 

El 28 de septiembre de 1864 tenía lugar la fundación de la Primera Internacional en Londres. El Consejo General se reunió el 5 de octubre, y Marx redactó durante el resto del mes el Manifiesto de la AIT que fue publicado en noviembre de 1864 en inglés (en España casi nadie de entre el pueblo hablaba inglés).

Narváez tuvo conocimiento de estos hechos, pero le daría poca importancia pues, de momento, eran casi irrelevantes para España. Pero quizás se debiera haber preocupado, porque en algunas zonas españolas sí había inquietudes socialistas.

 

 

El socialismo cristiano.

 

Uno de los primeros socialismos españoles organizado, además del socialismo marxista y el anarquismo, fue el socialismo cristiano.

Simultáneamente a la Primera Internacional, pero ya en 1865, el padre Antonio Vicent, jesuita, creaba un Círculo Católico en Manresa, primero de otros muchos, que tenía como fin el que los obreros no cayeran en la apostasía, lo que nosotros podemos identificar con que no cayeran en el socialismo marxista o anarquista. Ello quiere decir que se percibía en Cataluña bastante inquietud entre los obreros.

Los “Círculos” católicos son los más conocidos de los movimientos socialistas cristianos: El padre Vicent viajó a Francia a ver otros Círculos Católicos y tuvo ocasión de vivir en Francia los sucesos de la Comuna de 1871 y se inquietó mucho por los extremos a que podía llegar el obrerismo, e insistió todavía más en los Círculos Católicos.

Fray Ceferino González y Antonio Vicent abrieron muchos de estos Círculos. Para 1880 ya habían fundado 10 Círculos Católicos en Tortosa y alrededores, pero desde 1870 los socialistas y comunistas les estaban ganando el terreno.

El socialismo cristiano nació en los mismos lugares que se desarrollaba el socialismo en general, es decir, las zonas desarrolladas de Cataluña, Madrid y algunas ciudades con obispos inquietos por la pobreza social que causaba la industrialización.

Entre los primeros movimientos cristianos podemos considerar la Escuela de la Virtud, 1855, del carmelita Francisco Palau, para dialogar con los obreros y ayudarles económicamente, pero no era propiamente un sindicato. Del mismo tipo serían la Asociación de Artesanos Jóvenes de 1867, el Círculo de Alcoy de 1872 de Pablo Castells, y la Asociación de Amigos de los Obreros de 1879.

 

 

El neocatolicismo en El Vaticano.

 

En 8 de diciembre de 1864 se produciría en la Iglesia Católica un acontecimiento importante que definió su postura política para muchas décadas. El Papa Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura y su apéndice Syllabus Errorum, denunciando al liberalismo y al socialismo e incluso a la democracia. El efecto de la encíclica fue grande: por una parte perjudicaba a los progresistas y se enfrentaba radicalmente a los socialistas de todo tipo; pero por otro lado, y complicando más las cosas, Narváez se negaba a que se publicasen en España la encíclica y su apéndice, cosa a la que tenía derecho por el Patronato Regio, pero que no gustaba a los obispos y curas españoles. Con ello, los moderados se enfrentaban también a la Iglesia.

La Quanta Cura afectaba al regalismo español y al derecho público español, pues exigía que se reconociese al Papa su poder temporal como rey. La situación política española era que España deseaba reconocer a Italia como reino de Víctor Manuel II de Saboya, y no podía reconocer al Papa como Rey de Italia. Barili y los obispos españoles argumentaron que el Papa era rey de los Estados Pontificios y no podían arrebatarle sus territorios los italianos rebeldes o nacionalistas.

Los periódicos franceses publicaron el Syllabus el 25 de diciembre de 1864 y España se vio comprometida a publicarlo en enero de 1865.

Entonces surgió un escándalo entre los progresistas españoles, que se manifestaron el La Iberia y en Las Novedades lamentando la intromisión del Papa en asuntos temporales. Incluso La Democracia acusó al Papa de antiliberal e inmoral. El Reino también censuró la encíclica papal.

La prensa pro-gubernamental española, como El Contemporáneo, El Gobierno y La Época, no quisieron valorar la encíclica.

La prensa católica como El Pensamiento Español, La Esperanza o La Regeneración, se puso abiertamente del lado del Papa y aprovechó para despotricar contra liberales y socialistas. La polémica estaba montada.

Entonces los obispos difundieron la Encíclica y no pidieron autorización a la Reina ni a las Cortes, incurriendo en ilegalidad. El Gobierno calló y las Cortes protestaron por ese silencio del Gobierno. El Nuncio Barili se permitió amenazar al Gobierno para caso de que se opusiese a la difusión de la encíclica, y como el ministro de Gracia y Justicia, era Lorenzo Arrazola García, católico integrista, la Iglesia se salió con la suya.

La Encíclica Quanta Cura decía: que los obispos no necesitaban permisos ni consentimientos del Gobierno para publicar lo que les parecía oportuno. Que los obispos podían publicar las ideas que quisieran. Que el Papa podía hacer nombramientos de obispos como le viniese en gana. Que el poder civil debía evitar seguir cometiendo abusos sobre la Iglesia. Aparte de esas cosas, había otros puntos de la encíclica que en España no molestaban, como la condena del panteísmo, del naturalismo, del racionalismo absoluto y del moderado, del indiferentismo, del socialismo y comunismo, de las sociedades anticlericales, de las intromisiones en normas del matrimonio cristiano y de las críticas a la autoridad temporal del Papa.

El 6 de marzo de 1865, Isabel II firmó la autorización para difundir la encíclica entera, el Quanta Cura y el Syllabus, pero exigió que el Papa aceptara los derechos del regalismo español.

 

 

La crisis económica de 1864.

 

En 1864 se inició la crisis económica española más importante del XIX antes de 1898. La crisis se inició cuando dejó de llegar dinero francés para el ferrocarril lo cual provocó el estancamiento del negocio ferroviario, extendiéndose la crisis a los demás sectores económicos desde los bancos y bolsa a los demás sectores productivos. En 1865-1875 hubo una crisis importante por retirada del capital francés, pero en 1875 llegó nuevo capital extranjero y se reanudaron las obras.

A este problema del ferrocarril, se sumará enseguida la falta de algodón en rama procedente de los Estados Unidos que provocará la crisis del sector textil catalán. Y así, los dos pilares de la economía, ferrocarril e industria textil entraron en crisis simultáneamente. Lo lógico hubiera sido bajar los precios para intentar reactivar comercio exterior, pero los empresarios se negaban a perder proteccionismo y preferían políticas de altos precios y reserva del mercado interior. Con esta postura, no había solución. Sobrevino el paro. Con la crisis se acentuó el déficit del Estado que ya era muy notorio en 1866. Y en ese momento llegó la mala cosecha de 1867 y consiguiente subida de precios de los alimentos, y la crisis se acentuó, y como la cosecha fue igual de mala en la primavera de 1868, se llegó a una situación límite, en la que se produjo la revolución.

A raíz del inicio de la crisis, Pedro Salaverría Charitu, Ministro de Hacienda de Alejandro Mon en marzo-septiembre de 1864, decidió abandonar el criterio monetarista tradicional de la moneda española o moneda objeto mercancía con valor en sí misma, por un nuevo tipo de moneda, la moneda signo, a la que se da un valor nominal cualquiera aunque el soporte real sea muy bajo. Se estaba adelantando al concepto de moneda propio del XX, pero se volvería al soporte metálico en 1868 con la peseta de plata. El país todavía no estaba preparado para este adelanto monetario, por falta de medios de control bancario.

Una manifestación de la crisis fue la incapacidad de los Gobiernos para elaborar un Plan de Ferrocarriles: En 1864, se concibió la necesidad de un plan de ferrocarriles, una necesidad concebida como urgente, y el plan no estuvo listo hasta 1877, trece años después. La crisis impedía los nuevos gastos que un plan ferroviario implicaba.

 

 

Problemas económicos del Gobierno Narváez.

 

En 1865, el principal problema de Narváez era la financiación del Estado. Las aventuras españolas en Marruecos, Santo Domingo, Perú y Cochinchina habían dejado arruinada a Hacienda. La crisis disminuía más aún los ingresos del Estado.

Manuel García Barzanallana, ministro de Hacienda en septiembre 1864-febrero de 1865, hizo esfuerzos muy grandes por captar dinero para Hacienda. En diciembre de 1864, elevó el interés que ofrecía la Caja de Depósitos hasta el 9%. La medida fue un fracaso y se suprimió en febrero de 1865. También se inventó un impuesto nuevo, por el cual, los contribuyentes que pagasen de impuestos 40 reales o más al año, quedarían obligados a suscribir un empréstito de 600 millones de reales que el Estado iba a lanzar. La calle se enfureció. Narváez hizo dimitir a Barzanallana y anuló su proyecto.

 

 

La subasta de los bienes de la Corona.

 

A partir de febrero de 1865 fue Ministro de Hacienda Alejandro de Castro. Este ministro propuso subastar propiedades del Estado por valor de 150 millones de reales. Algunos de los bienes a subastar eran de la Corona. “Para compensar a la Reina”, ésta recibiría el 25% de lo recaudado en las ventas de estos bienes. Las Cortes agradecieron a la Reina el detalle de que permitiera vender parte de sus bienes. El 20 de febrero de 1865, Isabel II decidió desprenderse de casi todos los bienes de la Corona, venderlos e ingresar el 75% en Hacienda, quedándose el 25% para ella.

Los moderados se deshicieron en elogios hacia la magnanimidad de la Reina. Era una nueva campaña de prensa para engañar al país.

Emilio Castelar les replicó en el periódico “La Democracia” denunciando, en un artículo titulado “El Rasgo”, que se trataba de un fraude al país pues se negociaba con bienes que ya eran españoles, de la Corona, y no de la Reina, y que el país salía perdiendo pues, antes, cobraba rentas de aquellos bienes, y ahora, que iban a ser vendidos, no se volverían a cobrar esas rentas. En los términos en que se proponía la venta de bienes que los moderados “vendían como una dádiva de la Reina”, la Reina recibía el 25% de unos bienes que no eran suyos, lo cual era ya un fraude al país, pero es que los moderados se apropiarían de muchos bienes como lo habían hecho en la desamortización años antes. Era lo que en el siglo XX se conocería como un “pelotazo”, que atribuiría a los ricos unas tierras que antes eran patrimonio del Estado, y a Isabel II le proporcionaría mucho dinero.

Este primer gran fallo político de Narváez, la venta de supuestos bienes de la Reina, que en realidad eran de la Corona, facilitó en marzo de 1865 la alianza entre progresistas y demócratas para acabar con la oligarquía conservadora.

El asunto de los bienes de la Corona trajo mucha cola: el Gobierno decidió atacar a Emilio Castelar, catedrático de Historia de España en la Universidad de Madrid, y ello provocó nuevo desgaste del Gobierno. En la Universidad se inició una campaña contra Alcalá Galiano, ministro de Fomento y de Educación. La campaña se fundamentaba en que el Ministro, por indicación de Narváez, quería expulsar de la Universidad a Emilio Castelar tras el artículo publicado criticando a Isabel II, y así se lo pidió al Consejo de Instrucción Pública, pero éste se negó, e incluso el Rector de la Universidad, Juan Manuel Montalbán, se negaba a reunir al Consejo y fue destituido y cambiado por Diego Manuel Bahamonde Jaime marqués de Zafra. Entonces los estudiantes anunciaron una serenata de apoyo a Juan Manuel Montalbán el 8 de abril de 1865. El 10 de abril tomó posesión el marqués de Zafra y los estudiantes produjeron alborotos y convocaron otra reunión nocturna en Puerta del Sol. Era la Noche de San Daniel, 10 de abril de 1865. La reunión estudiantil fue dispersada con 9 muertos, 193 heridos y más de 200 detenidos.

Muchos de los detenidos eran simples viandantes que fueron sorprendidos en la calle aquella noche.

José Posada Herrera y Antonio Cánovas del Castillo, líderes del Partido Conservador, denunciaron la violencia del Gobierno en la noche del 10 de abril argumentando que no se podía atacar a una multitud sin intimación previa a disolverse. Se preguntaba cómo era posible que para atacar en una guerra exterior se tuvieran tantas precauciones y se llamara a tantas embajadas, y para un ataque al pueblo español, a españoles inermes y pacíficos, a niños y mujeres que pasaban por allí, el ejército cargara sin aviso y sin precaución alguna. Hubo en el Congreso una proposición para que el Congreso declarara que las autoridades españolas habían violado las leyes de seguridad de los españoles, lo cual era gravísimo si se aprobaba, y no se hizo.

Narváez quedó tocado con esta defección de los moderados y ya no pudo seguir gobernando normalmente, pues parte de su propio partido discrepaba.

Alcalá Galiano, Ministro de Fomento murió el 11 de abril de 1865.

Los españoles no toleraban que hubiera muertos por acción del Gobierno. Era costumbre que quien provocaba muertos, dimitía. Y pidieron la destitución de Narváez. Pero Isabel II no quería despedir a Narváez en aquellas circunstancias tan difíciles para España, y para la Corona en particular. La Corona quedó también tocada en 1865, pues el asunto se había iniciado en un “pelotazo” de la Reina.

La Noche de San Daniel provocó también que varios unionistas pensaran en unirse a los progresistas, aunque ponían condiciones como que éstos aceptaran poner a Alfonso XII como Rey, y a O`Donnell como Regente. También el unionismo se estaba rompiendo.

Diez días después de la Noche de San Daniel, el 20 de abril de 1865, Castelar fue expulsado de su cátedra. Nadie quiso ocupar la vacante. Los progresistas rompieron el retraimiento por un día, y acudieron al Senado a exponer que la represión estaba sobrepasando los límites de lo permisible, y a anunciar que volvían al retraimiento y que sólo estaban allí porque querían denunciar los hechos. González Bravo, ministro de Gobernación, les contestó que la responsabilidad era suya, de los progresistas, porque con su postura de retraimiento excitaban a la gente en la calle y obligaban al Gobierno a ejercer la autoridad. Aquel argumento no tenía sentido alguno. Es el argumento típico de los dictadores sanguinarios. González Bravo estaba cayendo en la misma locura que Narváez.

Los progresistas comprendieron entonces que no había más camino que la insurrección y contactaron con militares de Zaragoza, Valencia, Alicante y Aranjuez (Capitán General de Castilla la Mancha). Es significativo que en el proyecto de rebelión no estuviera Barcelona y la explicación es que Cataluña se había hecho antimilitarista y no seguía consignas de militares, ni conservadores ni progresistas. Esto no quería decir que los catalanes no estuvieran en una posible revuelta, y se contaba con que a la hora de la verdad apoyarían. Más tarde se sumó Pamplona.

 

 

Ruptura del Partido Moderado.

 

El 1 de mayo de 1865 Narváez decidió que España abandonara la isla de Santo Domingo y entonces, algunos moderados, abandonaron el partido de Narváez. La base del Gobierno seguía debilitándose. Narváez, insistiendo en el orden y disciplina, estaba completamente acabado.

Narváez decidió abandonar Santo Domingo, porque ese país daba gastos a España y no colaboraba en nada con los intereses españoles. Pero el momento no era seguramente el más adecuado para el Jefe del Gobierno.

Cánovas y O`Donnell aprovecharon la circunstancia para atacar a Narváez como hombre que abandonaba viejas colonias españolas, que hacía una traición a la historia de España.

Narváez exigió a la Reina que alabase públicamente la decisión de abandonar Santo Domingo en el Discurso de la Corona de apertura de Cortes. La Reina se negó, y Narváez dimitió. La Reina le hizo permanecer unos días más al frente del Gobierno antes de admitirle la dimisión.

 

 

Política internacional en 1865.

 

En febrero de 1865 hubo un enfrentamiento en Perú con muertos españoles y peruanos. En 1864, una escuadra española al mando del almirante Luis Pareja, salió para Perú y negoció con Vivancos un Tratado de paz (Tratado Pareja-Vivancos) por el que España devolvía al Perú las islas Chinchas, y Perú pagaba a España tres millones de pesos. Pero los sucesos de febrero de 1865 rompían el tratado de paz y volvió la guerra.

España bloqueó los puertos de Valparaíso, Caldera, Concepción, Coquimbo y El Callao, y provocó que Chile declarara la guerra a España. España contaba con seis barcos en la zona y era imposible bloquear Chile, la goleta Covadonga fue capturada por los chilenos y Pareja se suicidó. El mando de las fuerzas españolas pasó al brigadier Casto Méndez Núñez. Los chilenos se refugiaron en las islas Abato, islas rodeadas de arrecifes, y sus barcos no podían ser capturados por los españoles. Éstos decidieron bombardear Valparaíso el 31 de marzo de 1866, y Callao el 2 de mayo de 1866. Era una venganza sin sentido, fruto de un ambiente de derrota.

 

El tratado de Comercio de 1865 fue un acuerdo con Francia hecho, en principio, por 12 años, que reducía los aranceles de tráfico terrestre entre ambos países. Los proteccionistas lograron reducir al mínimo el número de artículos afectados y en la práctica tuvo pocos efectos.

 

También en 1865 se suprimió el derecho diferencial de bandera para mercancías procedentes de Europa. Derecho Diferencial de Bandera son los impuestos que se pagan por transportar mercancías, según la nacionalidad del buque transportador.

 

 

El pronunciamiento de Prim en junio de 1865.

 

Prim organizó un pronunciamiento en junio de 1865. Tuvo seguidores en Aranjuez, Pamplona y Valladolid. Juan Prim y Prats marqués de Castillejos, fue llamado a Madrid, pero no pareció conveniente nombrar Presidente del Gobierno a un hombre complicado en un golpe de Estado, como era el caso de  Prim.

Entonces, Leopoldo O`Donnell decidió repetir una vieja jugada política: “quitarse de en medio” para hacerse ver como necesario: O`Donnell envió a un amigo suyo a ver la Reina y a comunicarle que se ausentaba de España y que no quería tener arte ni parte en lo que ocurriera en la política española. Ello era una decisión grave, pues la Reina perdía el apoyo de gran parte del ejército, la única barrera que la monarquía tenía contra los revolucionarios que trataban de tomar la calle todos los días. Con O`Donnell fuera del país, cada general optaría por un partido político diferente y el peligro de crisis política era evidente. O`Donnell estaba repitiendo la estratagema política que en 1858 le había llevado al poder. Su ausencia le haría necesario.

La situación en 1865 era prerrevolucionaria y todos eran conscientes de ello: El 29 de abril de 1865 había habido alborotos en Valencia, en 2 de junio los hubo en Pamplona y el 10 de junio en Valladolid.

Un proyecto de pronunciamiento iniciado en Valencia fracasó el 10 de junio de 1865, y Narváez aprovechó para hacer una nueva represión de las suyas: cerró casinos y sociedades progresistas, censuró la prensa, y las cosas fueron a peor.

 

 

Las maquinaciones de O`Donnell en junio de 1865.

 

El 17 de junio de 1865, la Reina cambió al tutor del Príncipe de Asturias, y Narváez dimitió por no haber sido consultado. Ya había dimitido en mayo y le habían hecho quedarse.

O`Donnell fue llamado a gobernar, a pesar de que la Reina le odiaba tras los sucesos de febrero de 1863, cuando O`Donnell había querido forzar la voluntad de la Reina. Los moderados y progresistas acusaron a O`Donnell de haber forzado la voluntad de la Reina, y Las Novedades publicó un artículo en el que se acusaba a O`Donnell de oportunismo político y de chaquetero pues, a cambio del poder, se oponía a todo lo que venía reclamando como injusticias a abolir en España.

En efecto, O`Donnell había jugado con dos barajas: En las Cortes, su Unión Liberal aparecía como una oposición leal a Narváez, aunque boicoteaba todos los proyectos de Narváez. Se había comprometido con Olózaga y con otros progresistas a reconocer a Italia y a hacer una nueva Ley Electoral. Había escrito en la prensa contra la posibilidad de que Narváez convocase elecciones. Había enviado un recado a la Reina diciendo que se marchaba de España y que dejaba que los hechos transcurrieran sin él. Todo se contradecía.

Es probable que muchos unionistas, e incluso O`Donnell, estuvieran complicados en el intento de golpe de Estado de junio de 1864. Y era seguro que, al menos, O`Donnell estaba enterado del golpe.

O`Donnell pidió a la Reina, una vez más, un Gabinete de transición y propuso a Istúriz como Presidente. La Reina dudó. Pidió a Narváez que continuara un tiempo más. Trataba de evitar la crisis ministerial en el mismo momento en que se inauguraban las Cortes, pues ello recordaba los sucesos de la Revolución Francesa, y el ambiente en España era de republicanismo.

 

En la Ley electoral de 18 de junio de 1865 se abandonó el sistema de circunscripciones por partidos y se volvió a las circunscripciones provinciales como en 1837. También se bajó un poco la cuota para poder votar, pero ya era tarde para reformas, y ello no eliminaba las corruptelas de Posada Herrera antes citadas.

 

Una vez conseguidas las condiciones para poder continuar la política, Isabel II pidió la renuncia de Narváez el 20 de junio de 1865.

 

 

[1] Manuel Orovio Eghagüe, 1817-1883, fue ministro de Fomento en abril de 1865, en julio de 1866, momento en que es recordado por sus prohibiciones a los enseñantes, de Hacienda en abril de 1868, y en julio de 1877, de Fomento en diciembre de 1874, cuando volvió a repetir sus prohibiciones a los enseñantes y de Ultramar en 1879.

Acerca de Emilio Encinas

Emilio Encinas se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en 1972. Impartió clases en el IT Santo Domingo de El Ejido de Dalías el curso 1972-1973. Obtuvo la categoría de Profesor Agregado de Enseñanza Media en 1976. fue destinado al Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en 1976-1979, y pasó al Instituto Santa Clara de Santander 1979-1992. Accedió a la condición de Catedrático de Geografía e Historia en 1992 y ejerció como tal en el Instituto Santa Clara hasta 2009. Fue Jefe de Departamento del Seminario de Geografía, Historia y Arte en 1998-2009.

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